Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.
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Constitución Española · Art. 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley regula al Defensor del Pueblo? → Ley orgánica.
- ¿Quién designa al Defensor del Pueblo? → Las Cortes Generales.
- El Defensor del Pueblo depende de las Cortes, no del Gobierno: por eso supervisa a la Administración y les rinde cuentas a ellas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Defensor del Pueblo, regulado por ley orgánica, es alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan para defender los derechos del Título; puede supervisar la Administración y da cuenta a las Cortes.
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Constitución Española · Art. 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables.
Datos clave
- ¿De qué dos cámaras se componen las Cortes Generales? → El Congreso de los Diputados y el Senado.
- ¿Qué tres funciones básicas ejercen las Cortes Generales según el art. 66.2? → La potestad legislativa, la aprobación de los Presupuestos y el control de la acción del Gobierno.
- Tres funciones clave de las Cortes: legislar, aprobar los Presupuestos y controlar al Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes Generales representan al pueblo español, se forman por Congreso y Senado, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan al Gobierno y son inviolables.
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Constitución Española · Art. 67
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
Datos clave
- ¿Qué principio impide que alguien «ordene» el voto de un parlamentario? → El mandato no imperativo (art. 67.2).
- ¿Qué efecto tienen las reuniones de parlamentarios sin convocatoria reglamentaria? → No vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres reglas del estatuto parlamentario: no ser miembro de las dos Cámaras a la vez ni acumular acta autonómica y de Diputado, sin mandato imperativo, y reuniones sin convocatoria reglamentaria que no vinculan a las Cámaras.
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Constitución Española · Art. 68
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Datos clave
- ¿Entre qué cifras oscila el número de Diputados según la Constitución? → Un mínimo de 300 y un máximo de 400.
- ¿En qué plazo deben celebrarse las elecciones al Congreso? → Entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato.
- ¿En qué plazo debe convocarse el Congreso electo? → Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
- ¿Cuál es la circunscripción electoral del Congreso? → La provincia; Ceuta y Melilla están representadas por un Diputado cada una.
- Cinco adjetivos del sufragio, siempre en el mismo orden: universal, libre, igual, directo y secreto.
- Serie numérica del artículo: 300-400 Diputados, 1 Diputado por Ceuta y por Melilla, 4 años, 30-60 días, 25 días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Congreso: entre 300 y 400 Diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; circunscripción provincial; representación proporcional; cuatro años de mandato y plazos de treinta a sesenta y de veinticinco días.
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Constitución Española · Art. 69
1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores −Gran Canaria, Mallorca y Tenerife− y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
Datos clave
- ¿Cuántos Senadores se eligen en cada provincia? → Cuatro, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
- ¿Qué islas eligen tres Senadores? → Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
- ¿Cuántos Senadores designa cada Comunidad Autónoma? → Uno, y otro más por cada millón de habitantes de su territorio.
- ¿Cuántos Senadores eligen Ceuta y Melilla? → Dos cada una de ellas.
- Las tres islas mayores eligen tres Senadores cada una: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
- Las ocho islas de un Senador son ocho nombres: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
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El Senado, Cámara de representación territorial: cuatro Senadores por provincia, reglas propias para islas, Ceuta y Melilla, Senadores designados por las Comunidades Autónomas y mandato de cuatro años.
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Constitución Española · Art. 70
1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.
Datos clave
- ¿Cuántos grupos de inelegibles/incompatibles lista el art. 70.1? → Seis, en las letras a) a f).
- ¿Quién está exceptuado de la incompatibilidad de los altos cargos del Estado? → Los miembros del Gobierno.
- ¿Quién controla la validez de actas y credenciales parlamentarias? → La Jurisdicción, mediante control judicial, según la ley electoral.
- Son seis grupos, letras a) a f): TC, altos cargos de la Administración, Defensor del Pueblo, jueces y fiscales, militares y policías, y Juntas Electorales.
- Dato que se pregunta mucho: los miembros del Gobierno SÍ pueden ser Diputados o Senadores a la vez.
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La ley electoral fija la inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que incluye en todo caso seis grupos; la validez de actas y credenciales está sometida a control judicial.
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Constitución Española · Art. 71
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Datos clave
- ¿En qué caso puede detenerse a un Diputado o Senador sin autorización de la Cámara? → Solo en caso de flagrante delito.
- ¿Qué órgano juzga las causas contra Diputados y Senadores? → La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- ¿Qué protege la inviolabilidad parlamentaria? → Las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
- Truco: inVIOLABILIDAD va con las VOces (opiniones); INMUNIDAD va con la libertad (detención y procesamiento).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prerrogativas de Diputados y Senadores: inviolabilidad por sus opiniones, inmunidad durante el mandato (detención solo en flagrante delito y autorización de la Cámara para inculpar o procesar), aforamiento ante el Supremo y asignación fijada por las Cámaras.
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Constitución Española · Art. 72
1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige la votación final de un Reglamento de una Cámara? → Mayoría absoluta, en votación sobre su totalidad.
- ¿Quién ejerce los poderes administrativos y de policía dentro de cada Cámara? → El Presidente de esa Cámara, en nombre de la misma.
- La mayoría absoluta aparece dos veces en el artículo: para aprobar el Reglamento propio y para el de sesiones conjuntas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Autonomía de las Cámaras: sus Reglamentos, presupuestos y Estatuto del Personal, con mayoría absoluta para el Reglamento; eligen Presidentes y Mesas; el Presidente del Congreso preside las sesiones conjuntas.
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Constitución Española · Art. 73
1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
Datos clave
- ¿Cuáles son los dos períodos ordinarios de sesiones? → El primero, de septiembre a diciembre; el segundo, de febrero a junio.
- ¿Quién puede pedir una sesión extraordinaria? → El Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
- ¿Cuándo se clausura una sesión extraordinaria? → Una vez agotado el orden del día determinado sobre el que se convocó.
- Los meses que faltan son los de vacaciones parlamentarias: enero, julio y agosto.
- Tres peticionarios de sesión extraordinaria: Gobierno, Diputación Permanente y mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
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Calendario de las Cámaras: dos períodos ordinarios de sesiones al año y la posibilidad de sesiones extraordinarias, que solo pueden pedir tres sujetos y que se clausuran al agotar su orden del día.
Esquema
| Ordinarias | Extraordinarias | |
|---|---|---|
| Cuándo | Septiembre a diciembre y febrero a junio | Cuando se piden, fuera o dentro de esos períodos |
| Quién las pide | Se reúnen anualmente por mandato constitucional | Gobierno, Diputación Permanente o mayoría absoluta de los miembros de la Cámara |
| Orden del día | No se exige uno determinado | Deben convocarse sobre un orden del día determinado |
| Final | Al terminar el período | Se clausuran al agotarse el orden del día |
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Constitución Española · Art. 74
1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
Datos clave
- Si Congreso y Senado no llegan a acuerdo en estas decisiones, ¿quién tiene la última palabra? → El Congreso, por mayoría absoluta, tras fracasar el texto de la Comisión Mixta.
- ¿Cómo se compone la Comisión Mixta prevista en este artículo? → Con igual número de Diputados y Senadores.
- Quién abre el procedimiento: el Congreso en el art. 94.1; el Senado en los arts. 145.2 y 158.2 (el Senado abre los otros dos).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sesión conjunta para competencias no legislativas del Título II y procedimiento de las decisiones de los arts. 94, 145 y 158: mayoría de cada Cámara, Comisión Mixta si no hay acuerdo y, en último término, el Congreso por mayoría absoluta.
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Constitución Española · Art. 75
1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- ¿En qué órgano pueden delegar las Cámaras la aprobación de proyectos de ley? → En las Comisiones Legislativas Permanentes.
- ¿Qué materias quedan excluidas de esa delegación? → Reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases, y Presupuestos Generales del Estado.
- Las cuatro materias que nunca se delegan: reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases, y Presupuestos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones y pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de leyes, salvo cuatro materias; el Pleno puede recabar en cualquier momento lo delegado.
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Constitución Española · Art. 76
1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.
Datos clave
- ¿Vinculan a los Tribunales las conclusiones de una comisión de investigación? → No; tampoco afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal.
- ¿Es obligatorio comparecer ante las Cámaras? → Sí; la ley regulará las sanciones por incumplir esa obligación.
- Tres sujetos que pueden crearla: Congreso, Senado o las dos conjuntamente.
- Cadena de salida del artículo: conclusiones no vinculantes, pero el resultado va al Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Congreso, Senado o ambos conjuntamente pueden crear comisiones de investigación sobre asuntos de interés público; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales, y comparecer a requerimiento de las Cámaras es obligatorio.
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Constitución Española · Art. 77
1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.
Datos clave
- ¿Cómo deben presentarse las peticiones a las Cámaras? → Siempre por escrito; nunca de forma directa mediante manifestaciones ciudadanas.
- ¿Cuándo debe el Gobierno explicarse sobre una petición que le han remitido las Cámaras? → Cuando las Cámaras se lo exijan.
- Dos filtros del derecho de petición: la forma (por escrito) y la vía (nunca por manifestación directa).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cámaras reciben peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito y nunca por presentación directa en manifestaciones; pueden remitirlas al Gobierno, que debe explicarse sobre ellas si las Cámaras lo exigen.
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Constitución Española · Art. 78
1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. 2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Datos clave
- ¿Cuál es el número mínimo de miembros de la Diputación Permanente? → Veintiuno.
- ¿Qué debe hacer la Diputación Permanente cuando la Cámara vuelve a reunirse? → Dar cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
- Número clave: mínimo 21 miembros.
- Piensa en la Diputación Permanente como la Cámara «en modo standby»: sigue viva cuando esta no puede reunirse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Cámara tiene una Diputación Permanente de al menos veintiún miembros, presidida por su Presidente, que vela por los poderes de la Cámara cuando no está reunida o ha sido disuelta y luego da cuenta.
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Constitución Española · Art. 79
1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
Datos clave
- ¿Puede un Diputado o Senador delegar su voto? → No: el voto es personal e indelegable.
- ¿Qué quorum hace falta para que la Cámara pueda adoptar acuerdos? → Asistencia de la mayoría de sus miembros.
- El artículo exige dos mayorías distintas: la asistencia de la mayoría de los miembros para adoptar acuerdos, y la aprobación por la mayoría de los presentes para que esos acuerdos sean válidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para que la Cámara pueda adoptar acuerdos hace falta quorum de asistencia y luego mayoría de los presentes, salvo mayorías reforzadas; y el voto es siempre personal, nunca delegable.
Esquema
| Para reunirse (quorum) | Para aprobar el acuerdo | |
|---|---|---|
| Base de cálculo | mayoría de los miembros de la Cámara | mayoría de los miembros presentes |
| Excepciones | ninguna en este artículo | mayorías especiales de la Constitución, leyes orgánicas o Reglamentos (elección de personas) |
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Constitución Española · Art. 80
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
Datos clave
- Las sesiones plenarias de las Cámaras son públicas por regla general.
- Cada Cámara puede acordar lo contrario.
- Ese acuerdo requiere mayoría absoluta o ajustarse al Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sesiones plenarias de las Cámaras son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
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Constitución Española · Art. 81
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
- Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
- Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué materias van por ley orgánica (derechos fundamentales, Estatutos, régimen electoral general y demás previstas) y con qué mayoría: absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto.
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Constitución Española · Art. 82
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
- ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
- ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
- ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
- Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
- La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno dictar normas con rango de ley: ley de bases para textos articulados, ley ordinaria para refundir. Delegación expresa, para materia concreta, con plazo y sin subdelegación.
Esquema
| Ley de bases | Ley ordinaria | |
|---|---|---|
| Objeto | Formación de textos articulados | Refundir varios textos legales en uno solo |
| Qué debe fijar | Objeto y alcance, principios y criterios | Ámbito normativo; mera formulación o también regularizar, aclarar y armonizar |
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Constitución Española · Art. 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Datos clave
- Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- Tampoco pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos cosas que una ley de bases tiene vedadas «en ningún caso»: autorizar que se modifique la propia ley de bases y facultar para dictar normas retroactivas.
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Constitución Española · Art. 84
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Datos clave
- ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
- ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.
- Frente a la oposición del Gobierno a la tramitación, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una proposición de ley o una enmienda contraría una delegación legislativa en vigor, el Gobierno puede oponerse a su tramitación; entonces cabe una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación.
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Constitución Española · Art. 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Datos clave
- Las disposiciones de legislación delegada se denominan Decretos Legislativos.
- Es el Gobierno quien las dicta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nombre que reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada: Decretos Legislativos.
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Constitución Española · Art. 86
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Datos clave
- ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
- ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
- ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
- Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno puede dictar Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin afectar a cuatro materias; el Congreso los convalida o deroga en treinta días y las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley.
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Constitución Española · Art. 87
1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Datos clave
- ¿Cuántas firmas mínimas exige la iniciativa legislativa popular? → 500.000 firmas acreditadas.
- ¿Cuántos miembros de la Asamblea autonómica pueden defender su proposición de ley ante el Congreso? → Un máximo de tres.
- ¿En qué materias no procede la iniciativa popular? → Ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, y prerrogativa de gracia.
- Número clave: 500.000 firmas acreditadas.
- Materias vetadas a la iniciativa popular: Tributarias, Internacional, Orgánicas, Prerrogativa de gracia («TIOP»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La iniciativa legislativa es del Gobierno, Congreso y Senado; las Asambleas autonómicas pueden pedir o remitir textos; la iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas y está vetada en ciertas materias.
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Constitución Española · Art. 88
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Datos clave
- Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros.
- Después se someten al Congreso.
- Deben acompañarse de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los proyectos de ley los aprueba el Consejo de Ministros y los somete al Congreso, acompañados de exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse.
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Constitución Española · Art. 89
1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.
Datos clave
- ¿Qué ocurre cuando el Senado toma en consideración una proposición de ley? → Se remite al Congreso, que la tramita como proposición de ley.
- Ojo al verbo: el Senado «toma en consideración», no «aprueba»; y lo que llega al Congreso sigue siendo proposición, nunca proyecto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las proposiciones de ley se tramitan según los Reglamentos de las Cámaras; la prioridad de los proyectos no impide la iniciativa del art. 87, y las que toma en consideración el Senado pasan al Congreso como proposición.
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Constitución Española · Art. 90
1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
Datos clave
- ¿Cuánto tiempo tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley ordinario? → Dos meses desde la recepción del texto.
- ¿A cuánto se reduce ese plazo si el proyecto es urgente? → A veinte días naturales.
- ¿Qué mayoría necesita el veto del Senado para ser válido? → Mayoría absoluta.
- Encadena los plazos: 2 meses tiene el Senado para vetar o enmendar; 20 días naturales si es urgente; y otros 2 meses cuentan desde el veto para que baste mayoría simple en el Congreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tramitación en el Senado de los proyectos aprobados por el Congreso: dos meses (veinte días naturales si son urgentes) para vetar por mayoría absoluta o enmendar, y cómo levanta el Congreso el veto.
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Constitución Española · Art. 91
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
Datos clave
- El Rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
- El plazo para sancionarlas es de quince días.
- Tras sancionarlas, las promulga y ordena su publicación inmediata.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Rey sanciona en quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulga y ordena su inmediata publicación.
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Constitución Española · Art. 92
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
Datos clave
- ¿Quién convoca el referéndum consultivo del artículo 92? → El Rey.
- ¿Qué dos trámites previos exige antes de la convocatoria? → Propuesta del Presidente del Gobierno y autorización previa del Congreso de los Diputados.
- Encadena los tres actores en orden: propone el Presidente del Gobierno, autoriza el Congreso, convoca el Rey.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia: lo convoca el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso. Una ley orgánica regula sus modalidades.
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Constitución Española · Art. 93
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley exige el artículo 93 para atribuir a un organismo internacional el ejercicio de competencias constitucionales? → Ley orgánica.
- ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de esos tratados? → A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
- No se cede la competencia entera: se cede su ejercicio, y siempre necesita ley orgánica, nunca ley ordinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ceder el ejercicio de competencias constitucionales a una organización internacional (la vía que permitió entrar en la UE) exige siempre ley orgánica. Vigilar que se cumplan esos tratados es cosa de las Cortes o del Gobierno, según el caso.
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Constitución Española · Art. 94
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
Datos clave
- ¿Cuántos supuestos exigen autorización previa de las Cortes para un tratado? → Cinco, tasados en el artículo 94.1 (a-e).
- ¿Qué exige el artículo 94.2 para el resto de tratados? → Que el Congreso y el Senado sean inmediatamente informados de su conclusión.
- Son cinco letras, de la a) a la e): político, militar, territorial/derechos fundamentales, financiero y legislativo. Si no encaja en ninguna, solo hace falta informar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo cinco tipos de tratados exigen que las Cortes autoricen antes de firmar: políticos, militares, los que tocan la integridad territorial o los derechos fundamentales, los que cuestan dinero público y los que exigen cambiar una ley. El resto, solo hay que informarlos después.
Esquema
| Los 5 supuestos del art. 94.1 | El resto de tratados (art. 94.2) | |
|---|---|---|
| Trámite en Cortes | Autorización previa de las Cortes Generales | Ninguno; no hace falta autorizarlos |
| Momento | Antes de prestar el consentimiento del Estado | Inmediatamente después de su conclusión |
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Constitución Española · Art. 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Datos clave
- ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
- ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
- Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.
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Artículo 96
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Datos clave
- Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
- Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
- La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.
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Constitución Española · Art. 117
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
Datos clave
- ¿De quién emana la justicia y en nombre de quién se administra? → Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
- ¿En qué consiste el ejercicio de la potestad jurisdiccional? → En juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.
- ¿Qué establece el artículo 117.6? → Se prohíben los Tribunales de excepción.
- ¿Cuál es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales? → El principio de unidad jurisdiccional.
- Las cuatro notas del juez van siempre juntas y en este orden: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- Binomio que define la potestad jurisdiccional: juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
- El apartado 6 es el más corto de todo el artículo y el más preguntado: se prohíben los Tribunales de excepción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los pilares del Poder Judicial: justicia que emana del pueblo, jueces con cuatro notas de estatuto, monopolio de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, unidad jurisdiccional y prohibición de los Tribunales de excepción.
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Constitución Española · Art. 118
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Datos clave
- ¿Qué dos deberes impone el artículo 118? → Cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
- Dos verbos y dos momentos: cumplir lo firme y colaborar en el proceso y en la ejecución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos deberes frente a la Justicia: cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y colaborar cuando lo requieran Jueces y Tribunales, en el proceso y en la ejecución.
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Constitución Española · Art. 119
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Datos clave
- La justicia es gratuita en los casos que determine la ley.
- Es gratuita en todo caso para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Justicia gratuita por dos vías: cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
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Constitución Española · Art. 120
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
Datos clave
- ¿En qué materia es la oralidad del procedimiento más exigida según el art. 120.2? → En materia criminal.
- ¿Deben motivarse siempre las sentencias? → Sí, sin excepción, según el art. 120.3.
- Tres principios, tres palabras: publicidad, oralidad, motivación. Los tres del art. 120 se preguntan sueltos o combinados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios de la Justicia: actuaciones públicas salvo excepciones de las leyes procesales, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en lo criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
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Constitución Española · Art. 121
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
Datos clave
- ¿Qué daños dan derecho a indemnización conforme al artículo 121? → Los causados por error judicial y los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- ¿A cargo de quién va esa indemnización? → Del Estado, conforme a la ley.
- Dos supuestos y un único pagador: error judicial y funcionamiento anormal, siempre a cargo del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los daños por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
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Constitución Española · Art. 122
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Datos clave
- ¿Por cuántos miembros y por cuánto tiempo se nombra el Consejo General del Poder Judicial? → Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- ¿Cómo se reparten los veinte vocales? → Doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.
- ¿Qué requisitos deben reunir los vocales propuestos por las Cámaras? → Ser abogados u otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, elegidos por mayoría de tres quintos.
- Cuenta de tres números: 20 vocales, 5 años, 3/5 de mayoría en cada Cámara.
- Reparto 12 + 4 + 4: doce judiciales, cuatro del Congreso y cuatro del Senado.
- Las cuatro funciones citadas expresamente: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La LOPJ regula juzgados, jueces (Cuerpo único) y personal; el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial: su Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años.
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Constitución Española · Art. 123
1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
Datos clave
- ¿En qué materia el Tribunal Supremo NO es el órgano superior? → En materia de garantías constitucionales.
- ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo y a propuesta de quién? → Lo nombra el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- El truco está en la excepción: TS = superior en todo salvo garantías constitucionales.
- Cadena de nombramiento: el CGPJ propone, el Rey nombra al Presidente del TS.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
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Constitución Española · Art. 124
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- ¿Conforme a qué principios ejerce sus funciones el Ministerio Fiscal? → Unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad.
- ¿Cómo se nombra al Fiscal General del Estado? → Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Puede actuar el Ministerio Fiscal de oficio? → Sí, de oficio o a petición de los interesados.
- Dos parejas de principios: cómo se organiza (unidad de actuación y dependencia jerárquica) y a qué se sujeta siempre (legalidad e imparcialidad).
- Cadena del nombramiento en tres pasos: Gobierno propone, Consejo General del Poder Judicial es oído, Rey nombra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Misión del Ministerio Fiscal, sus cuatro principios (unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad) y nombramiento del Fiscal General del Estado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
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Constitución Española · Art. 125
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Datos clave
- ¿Mediante qué institución participan los ciudadanos en la Administración de Justicia según el art. 125? → Mediante la institución del Jurado.
- Además del Jurado, ¿en qué otros tribunales pueden participar los ciudadanos? → En los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
- Recuerda las 3 vías de participación popular en Justicia: acción popular, Jurado y tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ciudadanos participan en la Justicia por tres vías: la acción popular, el Jurado en los procesos penales que la ley determine y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
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Constitución Española · Art. 126
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Datos clave
- ¿De quién depende la policía judicial? → De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
- ¿En qué funciones existe esa dependencia? → En las de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
- Tres superiores (Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal) y tres funciones (averiguación del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La policía judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
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Constitución Española · Art. 127
1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
Datos clave
- ¿A qué dos cosas de tipo político no puede pertenecer un Juez, Magistrado o Fiscal en activo? → A partidos políticos ni a sindicatos.
- ¿Qué debe asegurar el régimen de incompatibilidades del poder judicial? → La total independencia de sus miembros.
- Tres noes mientras estén en activo: ni otros cargos públicos, ni partidos políticos, ni sindicatos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos o sindicatos; la ley regula su asociación profesional y las incompatibilidades del poder judicial.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 1
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley.
Datos clave
- ¿Cómo define el artículo 1 al Defensor del Pueblo? → Como el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.
- ¿Qué puede hacer el Defensor del Pueblo para cumplir su función y ante quién responde? → Supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
- Tres palabras que resumen el artículo y caen literales: alto comisionado, Título I, dar cuenta.
- Comisionado de las Cortes y designado por las Cortes: la dependencia es parlamentaria, nunca gubernamental.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué es el Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos del Título I de la Constitución, con poder de supervisar a la Administración y obligación de dar cuenta a las Cámaras.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 2
Uno. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del senado, respectivamente. Dos. Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Tres. Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y del Senado, y en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. Cuatro. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Cinco. Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Seis. Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquél.
Datos clave
- ¿Para qué periodo se elige al Defensor del Pueblo? → Para un periodo de cinco años.
- ¿Qué mayoría y qué plazo se exigen en el Senado en la primera votación? → Ratificación por las tres quintas partes de los miembros del Senado, en un plazo máximo de veinte días desde la designación por el Congreso.
- ¿Con qué mayoría adopta sus acuerdos la Comisión Mixta Congreso-Senado? → Por mayoría simple.
- ¿Qué mayorías bastan si no se alcanzan las del apartado Cuatro? → Tres quintos en el Congreso y mayoría absoluta del Senado, tras sucesivas propuestas de la Comisión en el plazo máximo de un mes.
- Escalera de números: 10 días mínimo, 3/5 en el Congreso, 20 días máximo, 3/5 en el Senado. Y en segunda vuelta el Senado baja a mayoría absoluta.
- La Comisión Mixta decide por mayoría simple: es el único quórum flojo del artículo, porque solo propone.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Elección del Defensor del Pueblo: cinco años de mandato, propuesta de la Comisión Mixta Congreso-Senado y mayorías de tres quintos, que se rebajan en el Senado si la primera votación no sale.
Esquema
| Primera propuesta (apdo. Cuatro) | Propuestas sucesivas (apdo. Cinco) | |
|---|---|---|
| Congreso | Tres quintas partes de sus miembros | Tres quintas partes de sus miembros |
| Senado | Ratificación por esa misma mayoría de tres quintos | Mayoría absoluta |
| Plazos | Pleno del Congreso en término no inferior a diez días; Senado, máximo veinte días | Nueva sesión de la Comisión en plazo máximo de un mes |
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Artículo 3
Esta sección recoge el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que se reproduce a continuación.
Artículo tercero.
Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
Datos clave
- Puede ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad.
- Debe encontrarse en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Requisitos para ser elegido Defensor del Pueblo: basta ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 4
Uno. Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Dos. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.
Datos clave
- ¿Quién acredita el nombramiento del Defensor del Pueblo y dónde se publica? → Los Presidentes del Congreso y del Senado, conjuntamente con sus firmas; se publica en el Boletín Oficial del Estado.
- ¿Ante quién toma posesión el Defensor del Pueblo? → Ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.
- Presidentes para firmar, Mesas para tomar posesión. Ambos, conjuntamente: nada se hace en una sola Cámara.
- Juramento «o promesa»: la ley admite las dos fórmulas, no solo el juramento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se formaliza el acceso al cargo: los Presidentes de ambas Cámaras acreditan el nombramiento con sus firmas, se publica en el BOE y la toma de posesión es ante las Mesas reunidas conjuntamente.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 5
Uno. El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas: Uno) Por renuncia. Dos) Por expiración del plazo de su nombramiento. Tres) Por muerte o por incapacidad sobrevenida. Cuatro) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. Cinco) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso. Dos. La vacante en el cargo se declarará por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Tres. Vacante el cargo se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior a un mes. Cuatro. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo.
Datos clave
- ¿En qué plazo se inicia el nombramiento de un nuevo Defensor tras la vacante? → En un plazo no superior a un mes (art. 5).
- ¿Quién sustituye interinamente al Defensor cesado? → Los Adjuntos, por su propio orden (art. 5).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las cinco causas por las que cesa el Defensor del Pueblo, quién declara la vacante en cada caso y quién le sustituye mientras no se nombra sucesor.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 6
Uno. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Dos. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. Tres. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuatro. Las anteriores reglas serán aplicables a los Adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones.
Datos clave
- ¿Qué comprende la inviolabilidad del Defensor del Pueblo? → No puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.
- ¿Quién decide sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio del Defensor del Pueblo? → Exclusivamente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- ¿En qué único caso puede ser detenido o retenido fuera del ejercicio de sus competencias? → En caso de flagrante delito.
- ¿Se aplican estas reglas a los Adjuntos? → Sí, el apartado Cuatro las declara aplicables a los Adjuntos en el cumplimiento de sus funciones.
- Cinco verbos de la inviolabilidad, en el orden de la ley: detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado.
- Cuatro decisiones reservadas al Supremo: inculpación, prisión, procesamiento y juicio.
- El apartado Cuatro extiende todo a los Adjuntos: si la pregunta habla de los Adjuntos, la respuesta suele ser «lo mismo».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Estatuto personal del Defensor del Pueblo: sin mandato imperativo ni instrucciones, inviolable por sus opiniones y actos del cargo, y aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en los demás casos. Se aplica igual a los Adjuntos.
Esquema
| Opiniones y actos del cargo (apdo. Dos) | Los demás casos (apdo. Tres) | |
|---|---|---|
| Alcance | No puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido ni juzgado. | Puede ser perseguido y juzgado, con garantías reforzadas. |
| Detención | Excluida por razón de esas opiniones o actos. | No cabe detenerlo ni retenerlo salvo flagrante delito. |
| Órgano competente | No procede enjuiciamiento. | Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en exclusiva. |
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 7
Artículo séptimo.
Uno. La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública; con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.
Dos. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento.
Tres. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe cesar el Defensor en sus incompatibilidades tras el nombramiento? → En los diez días siguientes, antes de tomar posesión (art. 7).
- ¿Qué pasa si la incompatibilidad surge una vez en el cargo? → Se entiende que renuncia desde la fecha en que se produjo (art. 7).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las incompatibilidades del cargo de Defensor del Pueblo (mandato representativo, cargo político, empleo público activo, partidos y sindicatos, carreras judicial y fiscal, actividad profesional) y los plazos para cesar en ellas antes de tomar posesión.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 8
Uno. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. Dos. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos. Tres. El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Cuatro. A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para el Defensor del Pueblo en los artículos tercero, sexto y séptimo de la presente Ley. TÍTULO SEGUNDO Del procedimiento
Datos clave
- ¿Quién nombra y separa a los Adjuntos del Defensor del Pueblo? → El propio Defensor del Pueblo, previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos.
- ¿En qué supuestos sustituyen los Adjuntos al Defensor del Pueblo? → En los de imposibilidad temporal y en los de cese, sustituyéndole por su orden.
- ¿Qué artículos de la Ley se aplican a los Adjuntos? → Los artículos tercero, sexto y séptimo.
- Nombra y separa el Defensor, consiente la Cámara, publica el BOE. Tres actores, tres verbos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los dos Adjuntos: auxilian al Defensor del Pueblo, pueden actuar por delegación y le sustituyen por su orden; los nombra y separa él con la conformidad previa de las Cámaras y su nombramiento se publica en el BOE.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 9
Uno. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo ciento tres, uno, de la Constitución, y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero. Dos. Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas.
Datos clave
- ¿Puede el Defensor del Pueblo investigar sin queja previa? → Sí: puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración.
- ¿Hasta dónde llegan las atribuciones del Defensor del Pueblo según el artículo 9.2? → A la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas.
- ¿A la luz de qué precepto constitucional investiga? → Del artículo 103.1 de la Constitución, y con respeto a los derechos proclamados en su Título I.
- Cuatro escalones en el apartado Dos, de arriba abajo: ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquiera al servicio de las Administraciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Facultad investigadora y ámbito subjetivo: puede investigar de oficio o a petición de parte los actos y resoluciones de la Administración, y sus atribuciones alcanzan desde los ministros hasta cualquiera que actúe al servicio de las Administraciones públicas.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 10
Artículo diez.
Uno. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder público.
Dos. Los Diputados y Senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, principalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo podrán solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.
Tres. No podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia.
Se modifica el apartado 2 por el art. único.5 de la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo. Ref. BOE-A-1992-5304 .
Datos clave
- ¿Puede una autoridad administrativa presentar una queja ante el Defensor del Pueblo sobre asuntos de su competencia? → No, se lo prohíbe expresamente el art. 10.3.
- ¿Qué deben invocar las personas que se dirigen al Defensor del Pueblo? → Un interés legítimo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo puede dirigirse al Defensor del Pueblo sin restricciones; también pueden solicitar su intervención Diputados, Senadores y comisiones, pero ninguna autoridad administrativa puede presentar quejas sobre asuntos de su propia competencia.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 11
Uno. La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. Dos. En las situaciones previstas en el apartado anterior, el Defensor del Pueblo se dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tres. La declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirán la actividad del Defensor del Pueblo, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cincuenta y cinco de la Constitución.
Datos clave
- ¿A quién se dirige el Defensor del Pueblo si las Cortes están disueltas o no reunidas? → A las Diputaciones Permanentes de las Cámaras.
- ¿Interrumpen su actividad los estados de excepción o de sitio? → No, ni su actividad ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.
- Tres situaciones del apartado Uno: no reunidas, disueltas o con el mandato expirado. En las tres, interlocutor único: la Diputación Permanente.
- Excepción y sitio, no alarma: si la pregunta mete el estado de alarma, está añadiendo lo que la ley no dice.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Continuidad de la institución: ni el cierre, la disolución o el fin del mandato de las Cortes, ni los estados de excepción o de sitio interrumpen la actividad del Defensor del Pueblo.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 12
Uno. El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido por esta Ley. Dos. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá solicitar su cooperación.
Datos clave
- ¿Puede el Defensor del Pueblo supervisar la actividad de una Comunidad Autónoma? → Sí: en todo caso, de oficio o a instancia de parte, y por sí mismo, en el ámbito de competencias definido por la Ley.
- ¿Qué deben hacer los órganos similares de las Comunidades Autónomas? → Coordinar sus funciones con las del Defensor del Pueblo, que podrá solicitar su cooperación.
- Dos verbos que no son lo mismo: los órganos autonómicos coordinan (obligación) y el Defensor solicita cooperación (facultad).
- «En todo caso» y «por sí mismo» en la misma frase: la supervisión autonómica nunca queda excluida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Relación con las Comunidades Autónomas: el Defensor del Pueblo puede supervisar por sí mismo su actividad, y los órganos autonómicos similares coordinan sus funciones con él.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 13
Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.
Datos clave
- ¿Qué hace el Defensor del Pueblo con las quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia? → Deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación.
- ¿Puede referirse a esas quejas ante las Cortes? → Sí, sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.
- Dos destinatarios y una válvula de escape: Ministerio Fiscal o CGPJ, y siempre le queda el informe general a las Cortes.
- La palabra que decide la respuesta correcta es «deberá»: la remisión es obligatoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hace con las quejas sobre la Administración de Justicia: no las resuelve, las dirige al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial según el tipo de reclamación, y puede aludir al tema en su informe a las Cortes.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 14
El Defensor del Pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución en el ámbito de la Administración Militar, sin que ella pueda entrañar una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.
Datos clave
- ¿Qué límite tiene la actuación del Defensor del Pueblo en el ámbito de la Administración Militar? → No puede entrañar una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.
- ¿Qué derechos vela el Defensor del Pueblo en la Administración Militar? → Los proclamados en el Título I de la Constitución.
- Un artículo, dos mitades: lo que puede (velar por los derechos del Título I en el ámbito militar) y lo que no (interferir en el mando de la Defensa Nacional).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Extiende su vigilancia a la Administración Militar para proteger los derechos del Título I, con un límite expreso: no puede interferir en el mando de la Defensa Nacional.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 15
Uno. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Dos. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusará recibo.
Datos clave
- ¿Plazo máximo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo? → Un año, contado a partir del momento en que se tuvo conocimiento de los hechos.
- ¿Qué datos debe contener el escrito de queja? → Nombre, apellidos y domicilio del interesado, e ir firmado por él, en escrito razonado y en papel común.
- Cuatro exigencias del escrito: firma, identidad (nombre, apellidos y domicilio), razonamiento y papel común. Y un único plazo: un año.
- «Gratis y sin togas»: ni coste para el interesado, ni Letrado, ni Procurador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se presenta una queja: firmada, con los datos del interesado, en escrito razonado y dentro del año siguiente a conocer los hechos. Para el ciudadano todo es gratis y sin abogado ni procurador.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 16
Artículo dieciséis.
Uno. La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo.
Dos. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y cualquier otra persona de las enumeradas en el apartado anterior.
Datos clave
- ¿Qué ocurre con la correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo desde un centro de detención? → No podrá ser objeto de censura de ningún tipo.
- ¿Qué protege el apartado dos del artículo 16? → Las conversaciones entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y las personas del apartado uno: no pueden ser escuchadas ni interferidas.
- Dos vías y dos verbos: censura para la carta, escucha o interferencia para la conversación.
- Tres tipos de centro, en este orden: detención, internamiento y custodia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La comunicación con el Defensor del Pueblo desde centros de detención, internamiento o custodia queda blindada: ni censura de la correspondencia, ni escucha o interferencia de las conversaciones.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 17
Uno. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes. Dos. El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante las Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados. Tres. El Defensor del Pueblo rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso.
Datos clave
- ¿Puede recurrirse la decisión del Defensor de rechazar una queja? → No, sus decisiones no son susceptibles de recurso (art. 17).
- Si ya está pendiente una resolución judicial, el Defensor no entra en el examen individual de la queja; si se interpone demanda o recurso tras haber iniciado su actuación, la suspende.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo el Defensor admite o rechaza las quejas, la paralización cuando hay pleito judicial en curso sobre el mismo asunto y los motivos de rechazo, sin posibilidad de recurso contra su decisión.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 18
Uno. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su Jefe en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo. Dos. La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío del informe inicial solicitado podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, a las Cortes Generales.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe remitirse el informe escrito solicitado al organismo? → En plazo máximo de quince días, ampliable a juicio del Defensor del Pueblo.
- ¿Cómo puede calificarse la negativa o negligencia al enviar el informe inicial? → Como conducta hostil y entorpecedora de las funciones del Defensor, que la hará pública de inmediato y la destacará en su informe anual o especial a las Cortes Generales.
- Quince días para el informe inicial: es el único plazo del artículo.
- La consecuencia de callarse no es económica, es publicidad: inmediata y además en el informe a las Cortes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Admitida la queja se abre una investigación sumaria e informal y se pide informe escrito al organismo en quince días; no enviarlo puede calificarse de actitud hostil y hacerse público.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 19
Uno. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. Dos. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo su Adjunto, o la persona en quien él delegue, podrán personarse en cualquier centro de la Administración pública, dependientes de la misma a afectos a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria. Tres. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo veintidós de esta Ley.
Datos clave
- ¿Con qué carácter deben auxiliar los poderes públicos al Defensor del Pueblo? → Con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones.
- ¿Quiénes pueden personarse en un centro de la Administración pública? → El Defensor del Pueblo, su Adjunto o la persona en quien él delegue.
- Tres personas pueden personarse: Defensor, Adjunto y persona en quien delegue.
- El único límite que el artículo pone al acceso es la remisión al artículo veintidós.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos deben auxiliar al Defensor con carácter preferente y urgente; él, su Adjunto o su delegado pueden personarse en cualquier centro y no se les puede negar el acceso a la documentación, salvo lo del artículo 22.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 20
Artículo veinte.
Uno. Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la Administración, en relación con la función que desempeñan, el Defensor del Pueblo dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo de quien aquél dependiera.
Dos. El afectado responderá por escrito, y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a diez días, pudiendo ser prorrogado, a instancia de parte, por la mitad del concedido.
Tres. El Defensor del Pueblo podrá comprobar la veracidad de los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista ampliatoria de datos. Los funcionarios que se negaren a ello podrán ser requeridos por aquél para que manifiesten por escrito las razones que justifiquen tal decisión.
Cuatro. La información que en el curso de una investigación pueda aportar un funcionario a través de su testimonio personal tendrá el carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo.
Datos clave
- ¿Qué plazo mínimo tiene el funcionario afectado para responder por escrito? → Diez días, prorrogable por la mitad (art. 20).
- ¿Qué carácter tiene el testimonio del funcionario en la investigación? → Reservado, salvo denuncia de hechos delictivos (art. 20).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la queja afecta a la conducta de personal al servicio de la Administración, el Defensor da cuenta al afectado y a su superior; el afectado responde por escrito en un plazo no inferior a diez días, y su testimonio tiene carácter reservado.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 21
El superior jerárquico u Organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico.
Datos clave
- ¿A quién se dirige el escrito del superior que prohíbe al funcionario responder al Defensor del Pueblo? → Al funcionario y al propio Defensor del Pueblo.
- ¿Qué consecuencia tiene esa prohibición sobre la investigación? → El Defensor del Pueblo dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico.
- Dos requisitos del escrito (por escrito y motivado) y dos destinatarios (funcionario y Defensor del Pueblo).
- Efecto práctico: quien prohíbe se convierte en el nuevo destinatario de las actuaciones investigadoras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un superior prohíbe al funcionario responder o entrevistarse con el Defensor, debe hacerlo por escrito motivado dirigido al funcionario y al propio Defensor, y desde ese momento el interlocutor pasa a ser el superior.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 22
Uno. El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquéllos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Dos. Las investigaciones que realice el Defensor del Pueblo y el personal dependiente del mismo, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, tanto con respecto a los particulares como a las dependencias y demás Organismos públicos, sin perjuicio de las consideraciones que el Defensor del Pueblo considere oportuno incluir en sus informes a las Cortes Generales. Se dispondrán medidas especiales de protección en relación con los documentos clasificados como secretos. Tres. Cuando entienda que un documento declarado secreto y no remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado a que se refiere el artículo 2.° de esta Ley.
Datos clave
- ¿Quién puede acordar no remitir un documento secreto al Defensor? → El Consejo de Ministros (art. 22).
- ¿A qué debe acompañarse la negativa del Consejo de Ministros? → A una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio (art. 22).
- ¿Con qué carácter se realizan las investigaciones del Defensor? → Con la más absoluta reserva (art. 22).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el acceso del Defensor a documentos secretos, la reserva absoluta de sus investigaciones y la vía para reaccionar si un documento negado frena de forma decisiva su trabajo.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 23
Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada presumiblemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de dicho escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.
Datos clave
- ¿Qué conductas del funcionario abren el supuesto del artículo 23? → Abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión.
- ¿Cuándo se da traslado del escrito al superior jerárquico? → Con la misma fecha, formulando las sugerencias que se consideren oportunas.
- Seis conductas, en este orden: abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión.
- Retén la expresión «con la misma fecha»: el funcionario y su superior se enteran a la vez.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la queja nace de la actuación de un funcionario concreto, el Defensor puede hacerle constar su criterio y, con la misma fecha, trasladar el escrito a su superior jerárquico con las sugerencias que estime oportunas.
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Artículo 24
Esta sección recoge el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que se reproduce a continuación.
Uno. La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de cualquier Organismo, funcionarios, directivo o persona al servicio de la Administración pública podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual.
Dos. (Derogado)
Datos clave
- La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación puede ser objeto de un informe especial.
- Además se destaca en la sección correspondiente del informe anual.
- El apartado 2 está derogado por la disposición derogatoria única.1 f) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una Administración o su personal persiste en obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, este puede dedicarle un informe especial y, además, destacarlo en su informe anual.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 25
Uno. Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado. Dos. En cualquier caso, el Fiscal General del Estado informará periódicamente al Defensor del Pueblo, o cuando éste lo solicite, del trámite en que se hallen las actuaciones iniciadas a su instancia. Tres. El Fiscal General del Estado pondrá en conocimiento del Defensor del Pueblo todas aquellas posibles irregularidades administrativas de que tenga conocimiento el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿A quién comunica el Defensor del Pueblo los hechos presumiblemente delictivos? → Al Fiscal General del Estado, de inmediato.
- ¿Qué debe poner el Fiscal General en conocimiento del Defensor del Pueblo? → Todas las posibles irregularidades administrativas de que tenga conocimiento el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.
- La vía es de doble sentido: delitos hacia el Fiscal, irregularidades administrativas hacia el Defensor.
- «Periódicamente o cuando lo solicite»: no hace falta petición previa para que el Fiscal informe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Relación con el Ministerio Fiscal: el Defensor comunica de inmediato al Fiscal General del Estado los hechos presumiblemente delictivos, y el Fiscal le informa del trámite y le traslada las irregularidades administrativas que detecte.
Esquema
| Del Defensor al Fiscal | Del Fiscal al Defensor | |
|---|---|---|
| Quién comunica | El Defensor del Pueblo | El Fiscal General del Estado |
| Qué se comunica | Conductas o hechos presumiblemente delictivos | El trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia y las posibles irregularidades administrativas |
| Cuándo | De inmediato | Periódicamente o cuando el Defensor lo solicite |
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 26
El Defensor del Pueblo podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito.
Datos clave
- ¿Necesita el Defensor del Pueblo reclamación previa por escrito para ejercitar la acción de responsabilidad? → No: no es necesaria en ningún caso, y puede ejercitarla de oficio.
- ¿Contra quiénes puede ejercitar la acción de responsabilidad? → Contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local.
- Tres sujetos (autoridades, funcionarios y agentes civiles), dos órdenes (gubernativo o administrativo) y un añadido que cae en examen: incluso local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Defensor puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluido el local, sin necesidad de reclamación previa por escrito.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 27
Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan promovido la queja al ser llamados a informar por el Defensor del Pueblo, serán correspondidos con cargo a su presupuesto una vez justificados debidamente. TÍTULO TERCERO De las resoluciones
Datos clave
- ¿Con cargo a qué se abonan los gastos de los particulares llamados a informar? → Con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo, una vez justificados debidamente.
- ¿Qué particulares tienen derecho a ese abono? → Los que no hayan promovido la queja y sean llamados a informar por el Defensor del Pueblo.
- Regla de tres: quién (el que no promovió la queja), qué (gastos y perjuicios materiales) y con cargo a qué (el presupuesto de la institución).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien es llamado a informar sin haber presentado la queja no carga con el coste: sus gastos y perjuicios materiales se abonan con cargo al presupuesto de la institución, una vez justificados.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 28
Uno. El Defensor del Pueblo, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquéllos. Dos. Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. Tres. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.
Datos clave
- ¿Puede el Defensor del Pueblo modificar o anular actos de la Administración? → No; aunque no es competente para ello, puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para producirlos.
- ¿Qué puede instar cuando el servicio lo prestan particulares con acto administrativo habilitante? → El ejercicio, por las autoridades administrativas competentes, de sus potestades de inspección y sanción.
- Tres apartados, tres destinatarios: la Administración que dicta el acto, el órgano legislativo (o la Administración) que hace la norma y la autoridad que inspecciona y sanciona.
- La frase que resume el artículo: «aun no siendo competente para modificar o anular… podrá, sin embargo, sugerir».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Defensor no anula ni modifica actos: sugiere cambiar los criterios con que se dictan, puede proponer la modificación de la norma que genera injusticias e instar a la Administración a inspeccionar y sancionar.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 29
El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Datos clave
- ¿Qué recursos está legitimado para interponer el Defensor del Pueblo? → Los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
- Dos recursos y dos normas de referencia: inconstitucionalidad y amparo; Constitución y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo de una línea y de mucho peso: el Defensor del Pueblo está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 30
Artículo treinta.
Uno. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes.
Dos. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o éste no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento del Ministro del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.
Datos clave
- ¿En qué plazo deben responder por escrito autoridades y funcionarios al Defensor del Pueblo? → En término no superior a un mes, en todos los casos.
- ¿Qué puede formular el Defensor del Pueblo con ocasión de sus investigaciones? → Advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.
- Cuatro instrumentos: advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias.
- Tres peldaños: al funcionario o autoridad, al Ministro o máxima autoridad, y al informe con nombres y apellidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las herramientas del Defensor (advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias), la obligación de responderle por escrito en un mes y la escalada hasta el informe con nombres si nadie reacciona.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 31
Uno. El Defensor del Pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión así como de la respuesta que hubiese dado la Administración o funcionario implicados, salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas. Dos. Cuando en intervención se hubiere iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado dos del artículo diez, el Defensor del Pueblo informará al parlamentario o Comisión competente que lo hubiese solicitado y al término de sus investigaciones, de los resultados alcanzados. Igualmente, cuando decida no intervenir informará razonando su desestimación. Tres. El Defensor del Pueblo comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado,
Datos clave
- ¿Cuándo puede el Defensor del Pueblo no informar al interesado del resultado? → Cuando las investigaciones o la respuesta de la Administración sean, por su naturaleza, de carácter reservado o estén declaradas secretas.
- ¿Qué hace si decide no intervenir en el caso planteado por un parlamentario o Comisión? → Informa razonando su desestimación.
- Tres destinatarios: interesado, parlamentario o Comisión, y autoridad o dependencia afectada.
- El único que puede quedarse sin el detalle es el interesado, y solo por carácter reservado o secreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A quién informa el Defensor cuando acaba: al interesado (salvo reserva o secreto), al parlamentario o Comisión que pidió la intervención —también si decide no intervenir— y a la Administración afectada.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 32
Uno. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones. Dos. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas. Tres. Los informes anuales y, en su caso los extraordinarios, serán publicados.
Datos clave
- ¿Cuándo presenta el Defensor del Pueblo su informe anual? → Ante las Cortes Generales, cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.
- ¿Qué justifica la presentación de un informe extraordinario? → Que la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen.
- Anual → Cortes en periodo ordinario de sesiones. Extraordinario → Diputaciones Permanentes si no hay sesiones.
- Se publican los dos: el anual siempre, el extraordinario «en su caso».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Informe anual ante las Cortes reunidas en periodo ordinario de sesiones, informe extraordinario a las Diputaciones Permanentes cuando las Cámaras no están reunidas, y publicación de ambos.
Esquema
| Informe anual | Informe extraordinario | |
|---|---|---|
| Cuándo procede | Anualmente, sobre la gestión realizada | Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen |
| Ante quién | Las Cortes Generales, reunidas en periodo ordinario de sesiones | Las Diputaciones Permanentes de las Cámaras, si estas no se encontraran reunidas |
| Publicación | Sí | Sí, en su caso |
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 33
Artículo treinta y tres.
Uno. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas.
Dos. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veinticuatro punto uno.
Tres. El informe contendrá igualmente un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda.
Cuatro. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los Plenos de ambas Cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura.
Datos clave
- ¿Qué contiene el anexo del informe anual y quién es su destinatario? → La liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda; su destinatario son las Cortes Generales.
- ¿Ante quién se expone oralmente el resumen del informe anual? → Ante los Plenos de ambas Cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.
- Cuatro apartados, cuatro ideas: contenido, anonimato, anexo presupuestario y resumen oral.
- El informe no se queda en las quejas: también lleva el dinero, en el anexo con la liquidación del presupuesto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contenido del informe anual: número y tipo de quejas, rechazadas con sus causas e investigadas con su resultado, sin datos personales identificables, con anexo de liquidación del presupuesto y resumen oral ante ambos Plenos.
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Artículo 34
Esta sección recoge el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que se reproduce a continuación.
El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.
Datos clave
- El Defensor del Pueblo designa libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones.
- Lo hace de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Defensor del Pueblo elige libremente a sus asesores, con dos límites: lo que diga el Reglamento y lo que permita el presupuesto.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 35
Uno. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo, y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como persona al servicio de las Cortes. Dos. En los casos de funcionarios provenientes de la Administración Pública se les reservará la plaza y destino que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del Defensor del Pueblo, y se les computará, a todos los efectos, el tiempo transcurrido en esta situación.
Datos clave
- ¿Cómo se considera a quienes están al servicio del Defensor del Pueblo? → Como personas al servicio de las Cortes, mientras permanezcan en la institución.
- ¿Qué se garantiza al funcionario proveniente de la Administración Pública? → La reserva de la plaza y destino que ocupaba con anterioridad y el cómputo del tiempo a todos los efectos.
- Dos reglas, una por apartado: asimilación a personal de las Cortes, y reserva de plaza y destino con cómputo del tiempo a todos los efectos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal del Defensor del Pueblo se considera personal al servicio de las Cortes mientras dure su adscripción, y al funcionario que viene de la Administración se le reserva plaza y destino y se le computa el tiempo a todos los efectos.
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Artículo 36
Esta sección recoge el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que se reproduce a continuación.
Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo destinado por las Cortes.
Datos clave
- Los adjuntos y asesores cesan automáticamente.
- El cese se produce en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo destinado por las Cortes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando un nuevo Defensor del Pueblo toma posesión, sus adjuntos y asesores anteriores cesan automáticamente: el equipo va ligado al titular.
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LO 3/1981 del Defensor del Pueblo · Art. 37
La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución constituirá una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales. Disposición transitoria. A los cinco años de entrada en vigor de la presente Ley, el Defensor del Pueblo podrá proponer a las Cortes Generales y en informe razonado aquellas modificaciones que entienda que deben realizarse a la misma.
Datos clave
- ¿Dónde se integra la dotación económica del Defensor del Pueblo? → En una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales.
- ¿Qué prevé la disposición transitoria de la Ley? → Que a los cinco años de su entrada en vigor el Defensor del Pueblo podrá proponer a las Cortes Generales, en informe razonado, las modificaciones que entienda que deben realizarse.
- Un único número en la disposición transitoria: cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La institución se financia con una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales; el texto incorpora además la disposición transitoria que permite proponer reformas de la Ley a los cinco años.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 26
Artículo 26.
Los Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes:
a) Jueces y juezas de paz.
b) Tribunales de Instancia.
c) Audiencias Provinciales.
d) Tribunales Superiores de Justicia.
e) Tribunal Central de Instancia.
f) Audiencia Nacional.
g) Tribunal Supremo.
Se modifica por el art. 1.9 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el párrafo segundo por la disposición adicional 10.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se modifica por el art. 2.1 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Se modifica el inciso segundo por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- ¿Qué órgano ocupa la letra e) del artículo 26 LOPJ? → El Tribunal Central de Instancia.
- ¿Cuántos tipos de tribunales enumera el artículo 26 LOPJ y cuál abre la lista? → Siete, de la a) a la g); abre la lista los jueces y juezas de paz y la cierra el Tribunal Supremo.
- Son siete letras, de la a) a la g): abren los jueces de paz, cierran el Tribunal Supremo y en medio van dos «de instancia» (b y e), dos territoriales (c y d) y la Audiencia Nacional.
- La letra e) es la trampa del artículo: el Tribunal Central de Instancia va antes que la Audiencia Nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad jurisdiccional se atribuye a siete Tribunales, de la a) a la g): jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, TSJ, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 27
1. Cuando las Salas de los Tribunales se dividan en Secciones y hubiere dos o más, se designarán por numeración ordinal. 2. Las plazas judiciales que integran los Tribunales de Instancia y el Tribunal Central de Instancia se designarán por numeración cardinal dentro de la misma Sección.
Datos clave
- ¿Cómo se designan las Secciones de las Salas cuando hay dos o más? → Por numeración ordinal.
- ¿Cómo se designan las plazas judiciales de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia? → Por numeración cardinal dentro de la misma Sección.
- Regla de dos palabras: Sección = ordinal, plaza = cardinal. Si te suena «plaza segunda», está mal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de las Salas, cuando hay dos o más, se designan con numeración ordinal (primera, segunda); las plazas de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia, con numeración cardinal dentro de la Sección.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 29
1. La planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades. 2. La revisión de la planta de los tribunales podrá ser instada por las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.
Datos clave
- ¿Cada cuánto se revisa la planta de los tribunales y con qué informe previo? → Al menos cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Quién puede instar la revisión de la planta de los tribunales? → Las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia, para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.
- Tres parámetros expresos y uno abierto: cargas de trabajo, población y «otros que se consideren relevantes».
- El quinquenio se repite en esta parte de la LOPJ: revisión de la planta (art. 29) y revisión de la demarcación (art. 35).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La planta de los tribunales la fija una ley y se revisa al menos cada cinco años, previo informe del CGPJ. Las comunidades autónomas con competencia en Justicia pueden instar la revisión.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 30
El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.
Datos clave
- La organización judicial territorial del Estado tiene 4 niveles.
- Municipios.
- Partidos.
- Provincias.
- Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas: cuatro demarcaciones que hay que saber nombrar en ese orden.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 31
El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
Datos clave
- El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
- Comparten, por tanto, la misma denominación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, el municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre: no se crea un municipio judicial distinto del administrativo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 32 · 1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provin
Artículo 32.
1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia.
2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.
3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.
Datos clave
- ¿Qué es el partido judicial según el art. 32 LOPJ? → La unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia.
- ¿En función de qué se modifican los partidos judiciales? → Del número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales.
- Cuatro criterios de modificación, dos «humanos» y dos «geográficos»: asuntos y población, comunicaciones y comarcas.
- Un solo municipio ya puede ser partido: el artículo dice «uno o más».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El partido es la unidad territorial de uno o más municipios limítrofes de una misma provincia; se modifica según asuntos, población, comunicaciones y comarcas naturales, y puede coincidir con la provincia.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 33
La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.
Datos clave
- La provincia se ajusta a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.
- Comparte, por tanto, la misma denominación y límites que la provincia administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, la provincia se ajusta a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre: coincide con la provincia administrativa.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 34
La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
Datos clave
- La Comunidad Autónoma es el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
- El Tribunal Superior de Justicia se organiza sobre la base de la Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia es la Comunidad Autónoma.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 35
1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto. 2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. 3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. 4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo. 5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. 6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.
Datos clave
- ¿De qué plazo dispone el CGPJ para informar la disposición de demarcación judicial? → De dos meses.
- ¿Quién determina la capitalidad de los partidos judiciales y cómo? → Las Comunidades Autónomas, por ley y previo informe del CGPJ.
- ¿Cada cuánto se revisa la demarcación judicial? → Cada cinco años, o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al mismo procedimiento.
- Cadena en cinco pasos: CCAA proponen → Justicia redacta → CGPJ informa (2 meses) → Gobierno tramita → ley.
- Dos plazos que no se mezclan: dos meses para el informe del CGPJ y cinco años para la revisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La demarcación judicial se fija por ley (o real decreto en los casos previstos) tras propuesta autonómica, texto del Ministerio de Justicia e informe del CGPJ en dos meses; se revisa cada cinco años y la capitalidad la fijan las Comunidades Autónomas.
Esquema
| Informe del CGPJ | Revisión de la demarcación | |
|---|---|---|
| Plazo | Dos meses | Cada cinco años, o antes si las circunstancias lo aconsejan |
| Sobre qué | La disposición redactada por el Ministerio de Justicia | La demarcación judicial, mediante ley |
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 36
La creación de las Secciones de las Audiencias y Tribunales y de plazas judiciales, siempre que no suponga alteración de la demarcación judicial, corresponderá al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- ¿A quién corresponde crear Secciones y plazas judiciales que no alteren la demarcación? → Al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
- Dos «oídos» y ambos obligatorios: comunidad autónoma afectada y CGPJ. La palabra que lo marca es preceptivamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crear Secciones de Audiencias y Tribunales y plazas judiciales, si no altera la demarcación judicial, corresponde al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 37
1. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. 2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitirá anualmente al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes.
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad remite el CGPJ la relación de necesidades de juzgados y tribunales? → Anualmente.
- ¿Para qué deben servir los medios que se proveen a juzgados y tribunales? → Para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.
- Reparto en dos verbos: proveen el Ministerio o la comunidad autónoma; pide el CGPJ, una vez al año.
- Retén la finalidad literal de los medios: independencia y eficacia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Proveer de medios a juzgados y tribunales corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano autonómico competente; el CGPJ les remite cada año la relación de necesidades. Los medios sirven a una función con independencia y eficacia.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 53
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Datos clave
- ¿Cuál es la sede y el ámbito territorial del Tribunal Supremo? → Sede en la villa de Madrid y jurisdicción en toda España.
- ¿Qué salvedad establece el art. 53 LOPJ a la superioridad del Tribunal Supremo? → Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- Cuatro datos en dos líneas: Madrid, superior en todos los órdenes, toda España y título exclusivo.
- Memoriza el inciso literal de la excepción: «salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales; tiene jurisdicción en toda España y el título de Supremo es exclusivo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 54
El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, de los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.
Datos clave
- ¿Por quién se compone el Tribunal Supremo según el art. 54 LOPJ? → Por su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones.
- ¿Quién fija el número de Magistrados de cada Sala del Tribunal Supremo? → La ley.
- Tres piezas en orden: Presidente + Presidentes de Sala + Magistrados. Las Secciones aparecen solo «en su caso».
- Palabra clave del cierre: los Magistrados son los que determine la ley, no los que fije la LOPJ.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada Sala y, en su caso, para las Secciones en que puedan articularse.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 55
Artículo 55.
El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:
Primera: De lo Civil.
Segunda: De lo Penal.
Tercera: De lo Contencioso-Administrativo.
Cuarta: De lo Social.
Quinta: De lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
Datos clave
- El Tribunal Supremo se integra por cinco Salas: Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Cuarta, de lo Social, y Quinta, de lo Militar.
- La Sala Quinta, de lo Militar, se rige por su legislación específica y, supletoriamente, por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Suma a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo las acciones contra los consortes regios, la Princesa o Príncipe de Asturias y el Rey o Reina que hubiere abdicado, siempre con sus consortes.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 55 bis
Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
Datos clave
- ¿Qué añade el artículo 55 bis a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Supremo? → La tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales contra la Reina consorte o consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
- ¿Con qué artículos se conecta expresamente el 55 bis? → Con los artículos 56 y 57, cuyas competencias amplía.
- El «bis» hace de bisagra: engancha con el 56 (civil) y con el 57 (penal) sin derogar ninguno de los dos.
- Memoriza el trío por generaciones: consorte del que reina, quien heredará, y quien ya abdicó. Más sus consortes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Salas de lo Civil y de lo Penal del Supremo tramitan y enjuician, respectivamente, las acciones civiles y penales contra el consorte de quien reina, el heredero y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 56
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: 1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. 2.º De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía. 3.º De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.
Datos clave
- ¿Cuántos números tiene el artículo 56 y qué recoge el 1.º? → Tres. El 1.º, los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley.
- ¿Dónde se demanda la responsabilidad civil de un Magistrado de un TSJ por hechos de su cargo? → Ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por el número 3.º del artículo 56.
- ¿Qué requisito común exigen los números 2.º y 3.º del artículo 56? → Que los hechos se hayan realizado en el ejercicio del cargo.
- Presidentes (AN, sus Salas y TSJ) → número 2.º. Magistrados de AN y TSJ → número 3.º.
- Los cargos autonómicos son los únicos con condición: «cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Primera del Supremo conoce de los recursos extraordinarios civiles y de las demandas de responsabilidad civil contra altos cargos (2.º) y contra Magistrados de la AN o de los TSJ (3.º), por hechos realizados en el ejercicio del cargo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 57
Artículo 57.
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
3.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados.
4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.
5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
3. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, contra las personas a las que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado 1, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
Se modifican los números 2 y 3 del apartado 1 y se añade un apartado 3 por la disposición final 2.2 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se añade el número 5 al apartado 1 por la disposición final 1.1. de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se añade el número 4 al apartado 1 por el artículo único.2 la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo. Ref. BOE-A-2014-2709 .
Se añade el apartado 2 y se numera el contenido existente como apartado 1 por el art. 1.2 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- ¿Quién instruye las causas de los números 2.º y 3.º del artículo 57.1? → Un instructor designado por turno preestablecido entre los miembros de la Sala de lo Penal, que no formará parte de ella para enjuiciarlas.
- ¿Qué número del artículo 57.1 atribuye el decomiso autónomo? → El 5.º: los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sea competente.
- ¿Contra qué jueces y fiscales conoce la Sala Segunda por el número 3.º? → Contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia y contra los Fiscales europeos delegados.
- Cinco números del apartado 1: recursos, altos cargos, jueces y fiscales delegados, cajón de sastre y decomiso autónomo.
- El Fiscal Europeo está entre los aforados del número 2.º del artículo 57.1, y los Fiscales europeos delegados en el número 3.º.
- Regla de una línea: quien instruye no enjuicia, y el sustituto sale de la misma Sala por turno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Penal del Supremo: casación y revisión penal, instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los aforados, causas contra magistrados de AN y TSJ y fiscales europeos delegados, decomiso autónomo, y la regla de que quien instruye no enjuicia.
Esquema
| Instructor | Juez de garantías | |
|---|---|---|
| Cuándo se designa | Causas de los números 2.º y 3.º del apartado 1 | Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea contra esas mismas personas |
| De dónde sale | De entre los miembros de la Sala, por turno preestablecido | De entre los miembros de la Sala, por turno preestablecido |
| ¿Enjuicia después? | No: no forma parte de la Sala para enjuiciar | No: no forma parte de la Sala para enjuiciar |
¿Me lo sé? Flashcards
LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 58
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá: Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Segundo. De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Cuarto. De la solicitud del Gobierno prevista en el artículo cuarto de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes.
Datos clave
- ¿En qué instancia conoce la Sala Tercera de los actos del Consejo de Ministros? → En única instancia.
- ¿Quién formula la solicitud del apartado Tercero del artículo 58? → El Consejo General del Poder Judicial, para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la LO 3/2018.
- ¿Qué decide la Sala en el apartado Cuarto del artículo 58? → La convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio, o los de intervención o explotación de redes.
- Ocho órganos en el apartado Primero: Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas, CGPJ, Congreso, Senado, TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
- Tercero = protección de datos y lo pide el CGPJ; Cuarto = telecomunicaciones y lo pide el Gobierno.
- Este artículo numera sus apartados con ordinales escritos: Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Tercera del Supremo tiene cuatro bloques de competencias: recursos en única instancia contra ocho órganos, casación y revisión, la autorización de protección de datos que pide el CGPJ y la solicitud del Gobierno en telecomunicaciones.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 59
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.
Datos clave
- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conoce de los recursos de casación.
- También conoce de los recursos de revisión.
- Conoce de otros recursos extraordinarios que establezca la ley en materias del orden social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Cuarta del Supremo conoce de casación, revisión y otros recursos extraordinarios que establezca la ley, siempre en materias propias del orden social.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 60
Artículo 60.
1. Conocerá además cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.
Datos clave
- ¿Qué ocurre con el Magistrado recusado cuando su Sala resuelve la recusación? → No forma parte de la Sala a esos efectos.
- ¿Qué cuestiones de competencia resuelve cada Sala del Tribunal Supremo? → Las suscitadas entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común.
- Dos competencias y una cautela: recusaciones, cuestiones de competencia, y el recusado fuera de la Sala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Sala del Supremo conoce de las recusaciones contra sus propios Magistrados y de las cuestiones de competencia de su orden sin otro superior común; el recusado no forma parte de la Sala a esos efectos.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61
1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: 1.º De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal. 2.º De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. 3.º De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. 4.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean Juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. 5.º Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo. 6.º De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 2. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. 3. Una Sección, formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por Secciones distintas de dicha Sala.
Datos clave
- ¿Quién compone la Sala del artículo 61? → El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
- ¿Qué órgano declara la ilegalidad y disolución de un partido político? → La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, conforme a la LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
- ¿Cómo se forma la Sección del artículo 61.3? → Presidente del TS, Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esa Sala: los dos más antiguos y los tres más modernos.
- ¿Desde cuántos Magistrados recusados de una Sala conoce la Sala del 61? → Desde más de dos.
- Composición por antigüedad pura: el más antiguo y el más moderno de cada Sala, con el Presidente del TS y los Presidentes de Sala.
- En la Sección del apartado 3 son 2 + 3: dos más antiguos y tres más modernos.
- Recusación: más de DOS. Responsabilidad civil y causas: todos o la MAYOR PARTE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala especial del Tribunal Supremo (Presidente, Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala) conoce de revisiones, recusaciones, responsabilidad y causas contra magistrados del Supremo, error judicial e ilegalización de partidos.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 bis
Artículo 61 bis.
1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico, que asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos.
2. El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico.
3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de Admisión y otra sección de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber un Letrado del Gabinete Técnico.
Los Letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional.
4. En cada una de las áreas habrá uno o varios Letrados del Gabinete Técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de su respectiva profesión.
5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico.
Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico.
Se añade por el art. único.15 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Datos clave
- ¿Qué antigüedad mínima se exige al Letrado que coordina un área del Gabinete Técnico? → Diez años en el ejercicio de su respectiva profesión.
- ¿Cuál es el límite máximo de la adscripción temporal de miembros adicionales al Gabinete? → Un año.
- ¿Cuántas áreas tiene el Gabinete Técnico y qué secciones puede haber en cada una? → Tantas áreas como órdenes jurisdiccionales; dentro de cada una podrá existir una sección de Admisión y otra de Estudios e Informes.
- Dos cifras del artículo: diez años de antigüedad para coordinar y un año como máximo el refuerzo temporal.
- Dos secciones posibles por área: Admisión y Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber, además, un Letrado del Gabinete Técnico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo asiste en la admisión de asuntos y elabora estudios e informes. Lo forman un Director y Letrados organizados en áreas por órdenes jurisdiccionales.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 quáter
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al Director del Gabinete Técnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración, a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo. 2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección. Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal deberán ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las Administraciones Públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente, a los efectos de fijar los criterios de selección, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal. 3. El Presidente del Tribunal Supremo, oídos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Técnico, someterá a la Sala de Gobierno, para su aprobación, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Técnico. 4. El Presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Técnico.
Datos clave
- ¿Quién nombra al Director del Gabinete Técnico y a propuesta de quién? → El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo.
- ¿Qué subgrupo deben tener los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal? → Subgrupo A1 o asimilados, con titulación en Derecho.
- ¿Cómo se seleccionan los Letrados del Gabinete Técnico? → Mediante concurso de méritos, con los criterios de selección establecidos en el anuncio de la convocatoria.
- Ruta del Letrado: Comisión Permanente convoca → Sala de Gobierno aprueba la propuesta → Pleno del CGPJ nombra.
- Director: propuesta vinculante y consideración de Magistrado del TS solo «a efectos representativos».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nombramiento del Director del Gabinete Técnico (Pleno del Consejo, a propuesta vinculante del Presidente del Supremo) y selección de los Letrados por concurso de méritos, con propuesta aprobada por la Sala de Gobierno.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 quinquies
1. Los Letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, oídos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de tres años. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrán ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. 2. El Director del Gabinete Técnico y los Letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia. 3. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del Gabinete Técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico.
Datos clave
- ¿Por cuánto tiempo se nombra inicialmente a un Letrado del Gabinete Técnico? → Por un año; después puede prorrogarse por periodos sucesivos de tres años.
- ¿En qué situación administrativa quedan el Director y los Letrados del Gabinete? → En situación de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.
- ¿Quién puede cesar a un Letrado del Gabinete y por qué causa? → El Presidente del Tribunal Supremo, por incumplimiento grave de los deberes de su función.
- 1 + 3: un año de estreno y prórrogas de tres en tres, sin tope de número de prórrogas en el texto.
- El tiempo en el Gabinete no es tiempo perdido: cuenta como antigüedad en el orden jurisdiccional del área.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo se nombran por un año y pueden prorrogarse por periodos de tres; quedan en servicios especiales y el tiempo les cuenta como antigüedad.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 sexies · La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del
Artículo 61 sexies.
La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico.
Se añade por el art. único.19 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Datos clave
- ¿Quién aprueba las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico? → La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo.
- Regla de dos palabras: el Presidente propone, la Sala de Gobierno aprueba.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico del Supremo las aprueba la Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 ter
Artículo 61 ter.
La superior dirección del Gabinete Técnico será ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.
Se añade por el art. único.16 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Datos clave
- ¿A quién corresponde la superior dirección del Gabinete Técnico? → Al Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación suya, al Vicepresidente del Tribunal Supremo.
- Superior dirección, el Presidente; el Vicepresidente, solo por delegación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La superior dirección del Gabinete Técnico es del Presidente del Tribunal Supremo; el Vicepresidente solo la ejerce si el Presidente se la delega.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 62
La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
Datos clave
- La Audiencia Nacional tiene su sede en la villa de Madrid.
- Su jurisdicción se extiende a toda España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos datos de la Audiencia Nacional: su sede está en la villa de Madrid y tiene jurisdicción en toda España.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 63
1. La Audiencia Nacional se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones.
2. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas.
Se modifica por el art. único.5 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- La Audiencia Nacional se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados de cada Sala y Sección.
- El Presidente de la Audiencia Nacional tiene la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
- El Presidente de la Audiencia Nacional es el Presidente nato de todas sus Salas.
- El precepto se modificó por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Nacional la componen su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que fije la ley; su Presidente tiene consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo y es Presidente nato de todas sus Salas.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 64
Artículo 64.
1. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas:
De Apelación.
De lo Penal.
De lo Contencioso-Administrativo.
De lo Social.
2. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.
Datos clave
- La Audiencia Nacional se integra por cuatro Salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
- Si el número de asuntos lo aconseja, pueden crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional resuelve los recursos contra resoluciones de la Sala de lo Penal, y sus magistrados pueden ser adscritos a otra Sala cuando la carga de trabajo lo aconseje.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 64 bis
1. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.
2. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden.
Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.
Se añade por el art. único.7 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce de los recursos de apelación contra resoluciones de la Sala de lo Penal.
- Los magistrados pueden ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial a otra Sala de diferente orden, total o parcialmente.
- La adscripción exige el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno y la propuesta del Presidente del Tribunal.
- La adscripción no implica incremento retributivo alguno.
- Se valoran la antigüedad en el escalafón, la especialidad o experiencia y, si es posible, las preferencias del magistrado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional resuelve los recursos de apelación contra la Sala de lo Penal, y sus magistrados pueden ser adscritos a otra Sala de diferente orden si la carga de trabajo lo aconseja.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 65
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, de las causas por los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.
b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
f) Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia.
g) Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.
En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
2.° De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.
3.º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
4.º De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.
5.º De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de la Sección de lo Penal, de la Sección de Instrucción, incluidas sus funciones como Jueces de garantías en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea, y de la Sección de Menores, del Tribunal Central de Instancia.
6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.
7.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
8.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Datos clave
- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia delitos contra la Corona, altos organismos y la forma de Gobierno.
- Conoce de falsificación de moneda y de tarjetas de crédito cometidas por organizaciones o grupos criminales.
- Conoce de tráfico de drogas cometido por bandas organizadas con efectos en distintas Audiencias.
- Resuelve la extradición pasiva sea cual fuere el lugar de residencia o detención del afectado.
- Conoce de los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de la Sección de lo Penal, de la Sección de Instrucción y de la Sección de Menores, así como de los recursos contra las resoluciones de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, del Tribunal Central de Instancia.
- Conoce de los procedimientos de decomiso autónomo de los delitos de su competencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia una lista cerrada de delitos y sus conexos, asume la cooperación penal internacional y la extradición pasiva, resuelve recursos contra el Tribunal Central de Instancia y conoce del decomiso autónomo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 66
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá:
a) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros, Ministras, Secretarios y Secretarias de Estado que la ley no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.
b) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
c) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.
d) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central.
e) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los magistrados y magistradas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley.
f) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.
Se modifican las letras a), c) y e) por el art. 1.14 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade la letra f) por la disposición final 4.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-4
Se modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10287
Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Se modifica por el art. 13 de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. Ref. BOE-A-1994-24612
Datos clave
- Conoce en única instancia de los recursos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.
- Conoce de los recursos contra actos de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Resuelve la posible prórroga de plazos que le plantee esa Comisión respecto de las medidas de los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003.
- Conoce de los recursos sobre convenios entre Administraciones públicas y resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
- Autoriza, a solicitud de la Agencia Española de Protección de Datos, la declaración de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
- Las letras a), c) y e) se modificaron por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN conoce en única instancia de actos de Ministros y Secretarios de Estado y de la Comisión de Vigilancia del terrorismo, de recursos contra el Tribunal Central de Instancia y de la autorización que pida la AEPD.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 67
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
1.º De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.
2.º De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Datos clave
- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia.
- Conoce de los procesos de impugnación de convenios colectivos de ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
- Conoce de los conflictos colectivos cuya resolución surta efecto en un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de la impugnación de convenios colectivos y de los conflictos colectivos de ámbito superior a una Comunidad Autónoma.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 68
1. Conocerá además cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.
Datos clave
- Cada Sala de la Audiencia Nacional conoce de las recusaciones contra los Magistrados que la componen.
- Los Magistrados recusados no forman parte de la Sala que resuelve la recusación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Sala de la Audiencia Nacional conoce de las recusaciones contra los Magistrados que la componen, y el Magistrado recusado no forma parte de la Sala a estos efectos.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 69
Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala.
Datos clave
- La Sala especial la forman el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala.
- Esta Sala conoce de la recusación del Presidente de la Audiencia Nacional.
- También conoce de la recusación de los Presidentes de Sala.
- Igualmente conoce de la recusación de más de dos Magistrados de una misma Sala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una Sala especial de la Audiencia Nacional conoce de la recusación de su Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 70
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma.
- Esta culminación se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El TSJ es la cúspide de la organización judicial en su Comunidad Autónoma, pero sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 71
El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia toma el nombre de la Comunidad Autónoma.
- Su jurisdicción se extiende al ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Tribunal Superior de Justicia toma el nombre de su Comunidad Autónoma y extiende su jurisdicción al ámbito territorial de esta.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 72
1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia se integra por tres Salas: Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es también de la Sala de lo Civil y Penal.
- Mientras ejerce el cargo, el Presidente tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
- Se completa con los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley, y con las Secciones que puedan crearse dentro de las Salas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El TSJ tiene tres Salas (Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social). Su Presidente preside también la Sala de lo Civil y Penal y, mientras ejerce, tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 73
1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:
a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.
b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.
c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
2. Esta Sala conocerá igualmente:
a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.
b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.
3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:
a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.
d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.
e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Secciones de Menores de Tribunales de Instancia radicados en distintas provincias de la comunidad autónoma.
6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.
Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos Magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de éstos, recaerá en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón.
Se modifica el apartado 5 por el art. 1.15 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade un párrafo segundo al apartado 4 por la disposición final 2.5 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se añade la letra e) al apartado 3 por la disposición final 1.3 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica el apartado 6 por el art. único.20 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Se añade la letra c) al apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo. Ref. BOE-A-2011-8846 .
Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se añade la letra c) del apartado 3 y se reordena la anterior letra c) como d) por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095
Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- La Sala de lo Civil y Penal actúa como Sala de lo Civil y como Sala de lo Penal.
- Como Sala de lo Civil conoce del recurso de casación fundado en infracción del derecho civil, foral o especial propio de la comunidad.
- Conoce en única instancia de las demandas de responsabilidad civil contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa.
- Como Sala de lo Penal instruye y falla las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
- Conoce de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
- Para instruir esas causas se designa, por turno preestablecido, un instructor que no forma parte de la Sala para enjuiciarlas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ actúa como Sala de lo Civil (casación y revisión en derecho civil propio, arbitraje, responsabilidad civil de aforados autonómicos) y como Sala de lo Penal (aforados, apelaciones contra Audiencias Provinciales).
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 74
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
b) Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes y Presidentas de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro, Ministra, Secretario o Secretaria de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2. 3.º
j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la comunidad autónoma respectiva.
2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y de los correspondientes recursos de queja.
3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia con sede en la comunidad autónoma.
5. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.
Datos clave
- Las Salas de lo Contencioso-Administrativo conocen en única instancia de los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
- Conocen de las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.
- Conocen de los actos y resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
- Conocen en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias y autos de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
- Conocen de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas en esas Secciones.
- Conocen de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Salas de lo Contencioso del TSJ conocen en única instancia de una larga lista de actos autonómicos, locales y estatales; en segunda instancia de las apelaciones contra las Secciones de lo Contencioso, y además de revisión, competencia y autorizaciones de protección de datos.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 75
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
1.º En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias en ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.
3.º De las cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Se modifica por el art. 1.17 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2º por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Datos clave
- La Sala de lo Social conoce en única instancia de procesos con ámbito superior a una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
- Conoce de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
- Conoce de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral, incluidas las que resuelven incidentes concursales sobre esa materia.
- Conoce de las cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social del TSJ juzga en única instancia los conflictos de ámbito supraterritorial pero no superior a la comunidad, resuelve recursos contra las Secciones de lo Social (y de lo Mercantil en materia laboral) y dirime sus cuestiones de competencia.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 76
Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artículo siguiente.
Datos clave
- Cada Sala del Tribunal Superior de Justicia conoce de las recusaciones contra sus propios Magistrados.
- Esa competencia cede cuando corresponde a la Sala especial prevista en el artículo siguiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por regla general, cada Sala del TSJ conoce de las recusaciones contra sus Magistrados; deja de hacerlo cuando la competencia corresponde a la Sala especial del artículo siguiente.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 77
1. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial.
2. El recusado no podrá formar parte de la Sala, produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo previsto en esta ley.
Datos clave
- La Sala especial de recusaciones la forman el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada Sala.
- Conoce de las recusaciones contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales, o contra dos o más Magistrados de una Sala, Sección o Audiencia Provincial.
- El Magistrado recusado no puede formar parte de la Sala que resuelve la recusación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala especial del TSJ (Presidente, Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una) conoce de las recusaciones de cargos de presidencia y de dos o más Magistrados; el recusado no puede formar parte de ella.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 78
Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.
Datos clave
- Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma.
- Su sede radica en la capital de esa provincia.
- Se forman, como mínimo, por su Presidente.
- Se completan, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social del TSJ limitadas a una o varias provincias de la Comunidad, con sede en su capital y formadas como mínimo por su Presidente.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 79
La Ley de planta podrá, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las Salas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que aquélla determine.
Datos clave
- La Ley de planta puede reducir el número de Magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia donde lo justifique el número de asuntos.
- Las Salas reducidas quedan compuestas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados que determine la Ley de planta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de planta podrá reducir el número de Magistrados en los TSJ donde el número de asuntos lo justifique; las Salas quedan entonces con su Presidente y los Presidentes y Magistrados que esa ley determine.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 80
1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82.
2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.
3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se modifica el apartado 1 por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Datos clave
- La Audiencia Provincial tiene su sede en la capital de la provincia y toma de ella su nombre.
- Su jurisdicción se extiende a toda la provincia, salvo lo dispuesto en el art. 82.4.
- Pueden crearse Secciones fuera de la capital, con uno o varios partidos judiciales adscritos.
- El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, puede atribuir en exclusiva determinados asuntos a una sección.
- Esa sección extiende siempre su competencia a todo el ámbito territorial, aunque existan secciones desplazadas.
- El acuerdo de atribución se publica en el Boletín Oficial del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Provincial tiene sede en la capital y jurisdicción en toda la provincia; puede haber Secciones fuera de la capital, y el CGPJ puede atribuir en exclusiva ciertos asuntos a una sección para todo el territorio.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 81
1. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato.
2. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada año judicial.
3. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados.
4. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-15648 .
Se modifica por el art. único.10 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se añade el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. Ref. BOE-A-1994-24612
Datos clave
- La Audiencia Provincial se compone de un Presidente y dos o más magistrados.
- Si tiene varias Secciones de igual composición, el Presidente de la Audiencia preside una de ellas, elegida al inicio de su mandato.
- Si hay pocos asuntos, la plantilla puede reducirse a uno o dos magistrados, incluido el Presidente.
- En ese caso se completa con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, según un turno que fija la Sala de Gobierno cada año judicial.
- Las Secciones pueden estar formadas por cuatro o más magistrados si lo aconseja la mejor Administración de Justicia.
- La adscripción de los magistrados a las secciones es funcional; si están separadas por orden jurisdiccional o especialidad, la adscripción es funcional solo dentro de las del mismo orden o especialidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Provincial tiene un Presidente y dos o más magistrados; con pocos asuntos puede tener uno o dos (incluido el Presidente) y se completa con magistrados del TSJ; sus Secciones pueden tener cuatro o más.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 82
1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:
1.º De las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales previstos en esta ley.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia en juicios por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo magistrado o magistrada, mediante un turno de reparto.
3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y por las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 80.3 de la presente ley orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por las Secciones de Violencia sobre la Mujer, por las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y por las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia de la provincia, en procedimientos en los que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes o víctimas de violencia sobre la mujer.
4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
6.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:
1.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo magistrado o magistrada, mediante un turno de reparto.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad y en materia civil, por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de los Tribunales de Instancia de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 82 bis y 80.3 de la presente ley orgánica.
3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia, salvo las que se dicten en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea.
4. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:
1.º De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.
2.º De las recusaciones de sus magistrados y magistradas, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.
Téngase en cuenta que la modificación del apartado 2.3º, en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023, según se establece en la disposición final 5 de la citada Ley Orgánica.
Datos clave
- En el orden penal conocen de las causas por delito, salvo las atribuidas a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia u otros Tribunales.
- Los recursos contra resoluciones de Instrucción por delitos leves se resuelven con un solo magistrado, mediante turno de reparto.
- Deben especializarse una o varias Secciones para los recursos sobre Violencia sobre la Mujer y Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- En el orden civil, los recursos contra resoluciones dictadas en juicio verbal por razón de la cuantía se resuelven también con un solo magistrado.
- La Sección de la Audiencia Provincial de Alicante especializada en materia mercantil actúa como Tribunal de Marca de la Unión Europea, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Conocen de las cuestiones de competencia civil y penal entre jueces y magistrados de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mapa de competencias de la Audiencia Provincial: en penal, causas por delito y recursos contra las Secciones de la provincia; en civil, apelaciones civiles, de familia y mercantiles; Alicante como Tribunal de Marca de la UE; y competencia y recusaciones.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 82 bis
1. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia sobre determinadas materias.
2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, de las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad de la provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de plazas de magistrados y magistradas de las Secciones de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco y podrá tener carácter excluyente del conocimiento de otros recursos atribuidos a la competencia de las secciones de la misma Audiencia Provincial.
Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir el conocimiento de los recursos entre ellas, en atención a las materias atribuidas a la competencia de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia.
4. Los acuerdos a que se refiere el presente artículo serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.
Se modifica por el art. 1.19 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade por el art. único.3 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578#au
Datos clave
- El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, puede especializar Secciones en materias civiles determinadas.
- También puede especializarlas en recursos sobre Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y Familia, Infancia y Capacidad.
- Puede especializarlas igualmente en materia mercantil y en recursos contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- La especialización mercantil es obligatoria cuando el número de plazas de magistrados de las Secciones de lo Mercantil de la provincia sea superior a cinco.
- Si hay varias secciones especializadas, el Consejo General del Poder Judicial debe distribuir los recursos entre ellas según la materia.
- Los acuerdos se publican en el Boletín Oficial del Estado y producen efectos desde el inicio del año siguiente, salvo urgencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, puede especializar secciones de la Audiencia Provincial en recursos civiles, de violencia y familia y mercantiles; la mercantil es obligatoria con más de cinco plazas.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 83
1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.
2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095
Datos clave
- El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que establezca la ley.
- Su composición y competencia se regulan en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que diga la ley; su composición y competencia están en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 84
1. Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.
2. Los Tribunales de Instancia estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.
Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones:
a) De Familia, Infancia y Capacidad.
b) De lo Mercantil.
c) De Violencia sobre la Mujer.
d) De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
e) De lo Penal.
f) De Menores.
g) De Vigilancia Penitenciaria.
h) De lo Contencioso-Administrativo.
i) De lo Social.
3. Cada Tribunal de Instancia contará con una Presidencia. Las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el Tribunal de Instancia hubiere dos o más Secciones.
b) Que en la Sección de que se trate existan ocho o más plazas judiciales.
c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.
4. El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en las diferentes Secciones que integren los Tribunales de Instancia. Su adscripción a las referidas Secciones será funcional. Conforme a criterios de racionalización del trabajo, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en una Sección del Tribunal de Instancia podrán conocer de los asuntos de nuevo ingreso de otras Secciones que lo integren, siempre que se trate de asuntos del mismo orden jurisdiccional. Esta asignación se realizará mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Presidencia del Tribunal y oída la Junta de Jueces y Juezas del orden jurisdiccional al que se refiera. Cuando la asignación se acuerde para cubrir ausencias provocadas por la concesión de comisiones de servicio o licencias de larga duración, podrá afectar a los asuntos de nuevo ingreso o a aquellos de los que esté conociendo el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada que se encuentre en alguna de tales situaciones. Dichos acuerdos deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado".
5. Se podrá establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.
6. En el Tribunal de Instancia se podrá nombrar a dos de sus jueces, juezas, magistrados o magistradas, conforme a un turno anual preestablecido y público, para que, junto con aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. En estos casos, para la adopción de cuantas resoluciones se dictaren en el curso del proceso, actuará como ponente aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente. Estos jueces, juezas, magistrados o magistradas conocerán de dicho procedimiento hasta su completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo otros asuntos.
Se modifica por el art. 1.21 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital.
- Los Tribunales de Instancia se integran, con carácter general, por una Sección Única de Civil y de Instrucción, o por una Sección Civil y otra de Instrucción.
- Pueden integrarse también por Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
- Cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia; las Secciones tienen Presidencia propia cuando hay dos o más Secciones, ocho o más plazas judiciales en la Sección y doce o más plazas en el conjunto del Tribunal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay un Tribunal de Instancia por partido judicial, con Sección Única de Civil y de Instrucción (o dos Secciones en los supuestos de la Ley de Planta) y posibles Secciones especializadas; regula también sus Presidencias y la asignación de asuntos entre Secciones.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 85
Con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las Secciones Civiles o las Civiles y de Instrucción que constituyan una Sección Única extenderán su jurisdicción a un partido judicial.
Estas Secciones conocerán, en el orden civil:
1.º En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros órganos judiciales.
2.º De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.
3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los jueces y las juezas de paz del partido.
4.º De las cuestiones de competencia en materia civil entre los jueces y las juezas de paz del partido.
5.º De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otra Sección o Tribunal.
Se modifica por el art. 1.22 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se suprime el apartado 6 por el art. único.4 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578#au
Se añade el apartado 6 por el art. único.22 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Se modifica el apartado 5 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo. Ref. BOE-A-2011-8846 .
Se modifica por el art. único.11 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- Las Secciones Civiles, o Civiles y de Instrucción de Sección Única, extienden su jurisdicción a un partido judicial.
- Conocen en primera instancia de los juicios no atribuidos por la ley a otros órganos judiciales.
- Conocen de los actos de jurisdicción voluntaria.
- Conocen de los recursos y de las cuestiones de competencia frente a los jueces y juezas de paz del partido.
- Conocen de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, salvo que un tratado atribuya la competencia a otra Sección o Tribunal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones Civiles, o las Civiles y de Instrucción que forman Sección Única, tienen jurisdicción en un partido judicial y son el órgano civil residual: juicios no atribuidos a otros, jurisdicción voluntaria, jueces de paz y resoluciones extranjeras.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 86
1. Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Familia, Infancia y Capacidad, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Familia, Infancia y Capacidad y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces, juezas, magistrados o magistradas de la Sección Civil, o Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que ese juez, jueza, magistrado o magistrada conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
4. En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por una sola plaza judicial, el juez o jueza que la ocupe será quien asuma el conocimiento de los asuntos de familia cuando no se hubiere creado una Sección de Familia, Infancia y Capacidad.
5. Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia de familia en los términos previstos en las leyes. En todo caso, la jurisdicción de estas Secciones será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
a) Las relativas al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y las que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.
b) Las que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos o hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos o hijas menores.
c) Las relativas a modificación de medidas adoptadas en los procesos que versen sobre las materias previstas en las letras anteriores.
d) Las que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.
e) Las relativas a los alimentos entre parientes.
f) Las relativas a las relaciones paternofiliales.
g) Las que versen sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, incluyendo los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico.
h) Las relativas a la protección del menor, incluidas las que sean objeto de los procedimientos regulados en los artículos 778 bis y 778 ter y los capítulos IV bis y V del título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
i) La oposición a las resoluciones y actos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en materia de Registro Civil que se tramitan por el procedimiento del artículo 781 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
j) Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y familia, con excepción de los regulados en los capítulos IX y X del título I de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
k) Las que versen sobre el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
l) El reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras civiles sobre menores, familia y medidas de apoyo.
m) Los procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.
n) Cualesquiera otras materias civiles relativas a la familia o la protección de la infancia o las personas con discapacidad.
Se modifica por el art. 1.23 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica por el art. único.5 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578#au
Se deroga por el art. único.2 de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2011-12627 .
Datos clave
- Se crea una Sección de Familia, Infancia y Capacidad cuando la carga de trabajo lo justifique, con jurisdicción en todo el partido judicial.
- El Gobierno puede extender por real decreto su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia.
- Si no hay Sección específica, el CGPJ puede atribuir estos asuntos a un juez de la Sección Civil o Civil y de Instrucción.
- En partidos con Tribunal de Instancia de una sola plaza judicial, el juez de esa plaza asume los asuntos de familia.
- Su jurisdicción es exclusiva y excluyente en materias como matrimonio, guarda y custodia, filiación, adopción, alimentos entre parientes y protección del menor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad se crean según la carga de trabajo, abarcan el partido judicial (o varios por real decreto) y tienen jurisdicción exclusiva y excluyente en una lista de materias de familia, menores y apoyo a la discapacidad.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 87
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, existirá una Sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la provincia y sede en su capital.
2. En aquellas provincias donde, por razón de la carga de trabajo, no se constituya una Sección de lo Mercantil el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponderá a uno de los jueces o a una de las juezas de la Sección Civil, o Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única en el Tribunal de Instancia de la capital de provincia.
3. Por excepción a lo establecido en los apartados anteriores, cuando una provincia tenga una población inferior a los 500.000 habitantes, el Gobierno por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de esta comunidad oído el Consejo General del Poder Judicial, podrá extender a esa provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.
4. Cuando un partido judicial cuente con más de 250.000 habitantes y, perteneciendo a la misma provincia, no sea limítrofe con el de su capital, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia y oído el Consejo General del Poder Judicial, podrá crear una Sección de lo Mercantil en el Tribunal de Instancia de aquel partido judicial con jurisdicción en él y en aquellos otros partidos judiciales limítrofes que se considere oportuno.
5. En aquellas capitales de provincia en las que exista más de un juez, jueza, magistrado o magistrada en la Sección de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. Si el número de jueces, juezas, magistrados y magistradas de dicha Sección fuera más de cinco, esas solicitudes se repartirán a dos o más igualmente determinados, con exclusión de los demás.
6. Las Secciones de lo Mercantil conocerán de las siguientes materias:
a) De cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho marítimo y derecho aéreo.
Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, las Secciones de lo Mercantil no serán competentes para conocer de las pretensiones basadas exclusivamente en el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.°295/91; en el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004; y en el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004.
b) De las acciones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia.
c) De los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores y las registradoras mercantiles o, en su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública relativas a esas calificaciones.
7. Las Secciones de lo Mercantil conocerán, además, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores o acreedoras, cualquiera que sea la condición civil o mercantil de la persona deudora, de los planes de reestructuración y del procedimiento especial para microempresas, en los términos establecidos por el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. En relación con la jurisdicción del juez o de la jueza del concurso:
a) En todo caso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra la persona concursada, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.
2.ª Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos de la persona concursada integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en la legislación concursal.
3.ª La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial de la persona deudora.
4.ª La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de unidades productivas y la determinación de los límites de esa declaración conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y de seguridad social.
5.ª Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos de la persona concursada integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles sobre provisión de medidas de apoyo y otros relativos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores.
6.ª Las demás materias establecidas en la legislación concursal.
b) Cuando el deudor o la deudora sea persona natural, la jurisdicción del juez o de la jueza del concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
2.ª La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal de la persona concursada.
c) Cuando el deudor sea persona jurídica, la jurisdicción del juez o de la jueza del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
2.ª Las acciones de responsabilidad civil contra los administradores, administradoras, liquidadores o liquidadoras, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica; y contra las personas, cualquiera que sea su denominación, que tengan atribuidas facultades de la más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo de administración en uno o varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva, por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada. En todo caso, quedará excluida de esta jurisdicción la revisión de las acciones de responsabilidad que ejerzan las Administraciones Públicas en el ejercicio de su autotutela.
3.ª Las acciones de responsabilidad contra los auditores y auditoras por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.
d) La jurisdicción del juez o jueza del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
La suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter colectivo cuando afecten al número de trabajadores establecido en la legislación laboral para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo con este carácter.
e) La jurisdicción del juez o jueza del concurso se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal. La decisión sobre estas cuestiones no surtirá efecto fuera del concurso de acreedores en que se produzca.
8. Las Secciones de lo Mercantil serán competentes para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras cuando éstas versen sobre cualquiera de las materias a que se refiere este artículo, salvo que, según los tratados y otras normas internacionales, el conocimiento de esa materia corresponda a otro órgano judicial.
9. Las Secciones de lo Mercantil tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia, de acuerdo con la atribución de competencia objetiva, territorial y funcional establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de los recursos contra las resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para resolver las cuestiones litigiosas sobre el acuerdo previsto en el artículo 129 bis.3 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Dichos Juzgados podrán, en todo caso, pronunciarse sobre el fondo de la controversia, así como suspender cautelarmente la ejecución de la resolución dictada por la Sección Primera mientras se resuelve el procedimiento en sede judicial.
10. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refiere este artículo, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante tendrá competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el párrafo anterior, dicha Sección se denominará Tribunal de Marca de la Unión Europea y tendrá también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.
Se modifica por el art. 1.25 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade el apartado 3 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17988#au
Se modifica la letra b) y se añade la h) al apartado 1 por la disposición final 1.5 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica la letra g) del apartado 1 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-19949 .
Se añade la letra g) del apartado 1 por el art. único de la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio. Ref. BOE-A-2006-9957 .
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 10.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se añade el párrafo segundo al apartado 1.a) por el art. 2.1 de la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2002-20822
Se suprime el apartado 2 por el art. único.6 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Se modifica el apartado 1 por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Redactada la letra c) del apartado 1 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985. Ref. BOE-A-1985-22752
Datos clave
- Existe, con carácter general, una Sección de lo Mercantil en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia.
- En provincias de menos de 500.000 habitantes, se puede extender la jurisdicción mercantil de una provincia limítrofe de la misma comunidad autónoma.
- En partidos judiciales de más de 250.000 habitantes no limítrofes con la capital, se puede crear una Sección de lo Mercantil propia.
- Conocen de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal, sociedades mercantiles, transporte, derecho marítimo y derecho aéreo.
- Conocen también del concurso de acreedores, los planes de reestructuración y el procedimiento especial para microempresas.
- La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante tiene competencia exclusiva nacional como Tribunal de Marca de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de lo Mercantil tienen jurisdicción provincial, con excepciones por población (500.000 y 250.000 habitantes); conocen de propiedad industrial, competencia, sociedades, transporte y concurso, y la de Alicante es el Tribunal de Marca de la Unión Europea.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 88
1. Con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las Secciones de Instrucción o las Secciones Únicas extenderán su jurisdicción a un partido judicial.
Estas Secciones conocerán, en el orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, excepto de la instrucción de aquellas causas que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto.
c) Del conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces y juezas de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
d) De los procedimientos de habeas corpus .
e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los jueces y las juezas de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos.
f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer o de la Sección correspondiente que asuma el conocimiento de estos asuntos.
g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
2. Asimismo, las Secciones de Instrucción y las Secciones Únicas conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.
3. Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.
4. Excepcionalmente, el Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, podrá acordar la agrupación de las Secciones de Instrucción y de las Secciones Únicas de varios partidos judiciales limítrofes, dentro de una misma provincia, siempre que, por razón del incremento de las actividades delictivas de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o personas, se produzca un destacado aumento en el volumen de asuntos penales de esta naturaleza en determinadas zonas o períodos.
La modificación singular en estos casos se limitará al periodo de tiempo en que se produzca la coyuntura que la motiva y a la instrucción de los procesos penales relacionados con los tipos delictivos que justifican el establecimiento de esa agrupación.
Para acordar dicha agrupación será necesario contar con la propuesta o informe tanto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente como de las Juntas de Jueces y Juezas de las poblaciones afectadas.
El Consejo General del Poder Judicial, antes de adoptar decisión alguna sobre la propuesta de que se trate, recabará el parecer del Ministerio de Justicia y el de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia. En todo caso, la efectividad de dicha decisión no implicará el aumento de dotaciones presupuestarias.
5. La agrupación de Secciones a que se refiere el apartado anterior estará presidida por el Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes quien, junto con los Presidentes o Presidentas de Sección que la integren, o, en su defecto, con los Presidentes o Presidentas de los Tribunales de Instancia afectados, elaborará las normas para el reparto de asuntos concretos materia de la agrupación, que posteriormente se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Tales normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos ya en trámite en cada una de las Secciones.
6. El reparto de asuntos entre las diferentes Secciones se realizará por el letrado o la letrada directores del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes de entre los que componen la agrupación. El Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia de ese partido judicial con mayor número de habitantes resolverá, con carácter gubernativo, las cuestiones que se planteen y corregirá las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.
Se modifica por el art. 1.27 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añaden los párrafos segundo y tercero por la disposición final 2.6 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se modifica por el art. único de la Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2010-12133 .
Se modifica por el art. único.2 de la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo. Ref. BOE-A-2003-5450
Se modifica por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- Las Secciones de Instrucción o Únicas extienden su jurisdicción a un partido judicial.
- Conocen de la instrucción de causas por delito competencia de las Audiencias Provinciales y de las Secciones de lo Penal, salvo las que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- Conocen del fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o contra la Infancia y la Adolescencia, y de los procedimientos de habeas corpus.
- El Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, puede acordar la agrupación de Secciones de varios partidos judiciales limítrofes de una misma provincia.
- La agrupación la preside el Presidente o Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes.
- El reparto de asuntos entre Secciones lo realiza el letrado o letrada director del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Instrucción y Únicas instruyen las causas penales del partido, juzgan delitos leves, llevan el habeas corpus y el internamiento de extranjeros; y el CGPJ puede agruparlas excepcionalmente ante el crimen organizado ligado al tráfico de drogas o personas.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 89
1. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Violencia sobre la Mujer y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que ese juez o jueza conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
2. Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia sobre la Mujer, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
4. En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por una sola plaza judicial, el juez o jueza que la ocupe será quien asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere este artículo, cuando ninguna Sección de Violencia sobre la Mujer extienda su jurisdicción a ese partido judicial.
5. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra las relaciones familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez o jueza de guardia.
d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a).
e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o los menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, así como cuando la persona ofendida lo sea por alguno de los delitos señalados en la letra h) de este apartado.
h) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.
6. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:
a) Los relativos al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.
b) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
c) Los relativos a modificación de medidas adoptadas en los procesos que versen sobre las materias previstas en las letras anteriores.
d) Los que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.
e) Los relativos a las relaciones paternofiliales.
f) Los relativos a la protección del menor, incluidas en los capítulos IV bis y V del título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
g) Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y familia, con excepción de los regulados en los capítulos IX y X del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
h) Los que versen sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por los herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como los que se insten frente a estos herederos.
i) Los que versen sobre el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
j) El reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras civiles sobre menores y familia.
k) Los procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.
7. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el apartado 6 del presente artículo.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 5. a), o de actos de violencia sexual, en los términos a que hace referencia el apartado 5.h) del presente artículo.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género o de violencia sexual.
d) Que se hayan iniciado ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de un Tribunal de Instancia actuaciones penales por delito o delito leve a consecuencia de un acto de violencia de género o de un acto de violencia sexual, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
8. Cuando el juez o la jueza apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género o de violencia sexual, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.
9. En todos estos casos está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
10. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción.
11. El Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en órganos judiciales no específicos.
Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión de seguimiento y evaluación de las estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La información mencionada en el párrafo anterior se incorporará a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial.
La información estadística obtenida en aplicación de este apartado deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas.
Igualmente, permitirá establecer un registro estadístico de las menores víctimas de violencia de género, que permita también la desagregación con indicador de discapacidad.
Datos clave
- Se crea en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción en todo el partido judicial.
- El Gobierno puede establecer por real decreto Secciones que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia.
- Conocen en el orden penal de delitos violentos cometidos contra la esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
- En el orden civil conocen de materias como guarda y custodia, alimentos, filiación o protección del menor.
- En todos estos casos está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
- La atribución de competencias en materia de violencia sexual entrará en vigor el 3 de octubre de 2025.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer instruyen los delitos de violencia de género y violencia sexual, dictan órdenes de protección y asumen asuntos civiles de familia cuando concurren cuatro requisitos simultáneos; queda vedada la solución alternativa de controversias.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 89 bis
1. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que uno solo de estos jueces o juezas conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
2. Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
3. No obstante lo anterior, excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
4. En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por un solo juez será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere este artículo, cuando ninguna Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia extienda su jurisdicción a ese partido judicial.
5. Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a:
a) Homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
b) Delitos contra la libertad, delito de torturas y contra la integridad moral, delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra el honor, delitos contra las relaciones familiares, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.
c) Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.
d) Delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea niño, niña o adolescente.
Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia serán igualmente competentes para:
a) La adopción de las medidas cautelares legalmente previstas que aseguren la protección de las víctimas menores de edad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia.
b) El conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.
c) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
d) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
6. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las víctimas sin excepción.
7. En caso de que los hechos objeto de instrucción por la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia también pudieran ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia le corresponderá en todo caso a la última.
Se modifica por el art. 1.29 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifican los apartados 2 y 3 por la disposición final 1.6 y 7 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica el apartado 4 por el art. único.5 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se añade el apartado 4 por el art. único de la Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo. Ref. BOE-A-2010-4046 .
Se añade el último párrafo de los apartados 2 y 3 por el art. único.2 y 3 de la Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-19660 .
Se añade el párrafo segundo del apartado 2 por la disposición adicional 10.3 bis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se añade por el art. 2.4 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- Cuando se estime conveniente por razón de la carga de trabajo, se crea en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia con jurisdicción en todo el partido judicial.
- Excepcionalmente, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno puede establecer por real decreto Secciones que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos de una misma provincia.
- Conocen de la instrucción de delitos de homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
- Conocen del delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una víctima sea menor.
- Cuando los hechos también puedan ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia corresponde en todo caso a esta última.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia instruyen los delitos violentos cuya víctima es un menor, adoptan medidas cautelares y juzgan delitos leves; si el asunto también encaja en Violencia sobre la Mujer, prevalece esta.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 90
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia, con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de lo Penal.
2. También podrán establecerse Secciones de lo Penal en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
3. Las Secciones de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias plazas judiciales de la Sección de lo Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la presente ley.
4. Corresponde asimismo a las Secciones de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por las Secciones de Instrucción, Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
5. Corresponde a las Secciones de lo Penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
Se modifica por el art. 1.30 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade el apartado 7 por la disposición final 4.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-4
Se añade el apartado 6 por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3441 .
Se añade el apartado 5 por el art. 3 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4551 .
Se añade el apartado 4 por el art. único.7 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Datos clave
- Existe una Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción en toda ella.
- Pueden establecerse Secciones de lo Penal en poblaciones distintas de la capital de provincia.
- Ejecutan las sentencias por delito grave o menos grave dictadas por las Secciones de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- Reconocen y ejecutan resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea.
- Deberán especializarse una o varias plazas judiciales de la Sección de lo Penal para los asuntos de violencia sobre la mujer y de violencia contra la infancia y la adolescencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia de la capital, con jurisdicción provincial; puede haberlas en otras poblaciones. Enjuician delitos, ejecutan sentencias y deben especializar plazas en violencia.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 91
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Secciones de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.
2. Corresponde a las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o delito leve y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
Se modifica por el art. 1.31 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222#dfprimera .
Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Datos clave
- Existe una Sección de Menores en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Cuando el volumen de trabajo lo aconseje, pueden establecerse Secciones de Menores con jurisdicción en un partido, agrupación de partidos, o dos o más provincias de la misma comunidad autónoma.
- Toman su nombre de la población donde radique su sede.
- Ejercen las funciones legales respecto de menores que hayan incurrido en conductas tipificadas como delito o delito leve.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de Menores en el Tribunal de Instancia de la capital, con jurisdicción provincial; si el volumen lo aconseja, puede haberlas para partidos o varias provincias de una misma comunidad.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 92
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, dentro del orden jurisdiccional penal, existirá una Sección de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la ley en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.
2. Podrán establecerse Secciones de Vigilancia Penitenciaria en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción. El Gobierno establecerá la sede de estas Secciones, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.
3. El número de Tribunales de Instancia con Secciones de Vigilancia Penitenciaria, su ámbito territorial y número de magistrados y magistradas integrantes de cada una de ellas, se determinará en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos.
4. Podrá establecerse que la Sección de Vigilancia Penitenciaria extienda su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, o uno o más partidos dentro de la misma provincia.
5. El juez, jueza, magistrado o magistrada destinado o destinada en una Sección de Vigilancia Penitenciaria podrá compatibilizar las funciones propias de esta Sección con las de otras Secciones del orden jurisdiccional penal del mismo Tribunal de Instancia.
Se modifica por el art. 1.32 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Existe una Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia.
- Tiene funciones de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, y de control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias.
- El Gobierno establece la sede de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria situadas fuera de la capital de provincia, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.
- Puede extender su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, o a uno o más partidos de la misma provincia.
- El juez o jueza destinado puede compatibilizar estas funciones con las de otras Secciones del orden jurisdiccional penal del mismo Tribunal de Instancia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia de la capital; puede haberlas en otras poblaciones (sede fijada por el Gobierno) y extenderse a varias provincias o partidos.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 93
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de lo Contencioso-Administrativo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer Secciones de lo Contencioso-Administrativo en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
3. También podrán crearse excepcionalmente Secciones de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma.
4. Las Secciones de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley.
5. También les corresponde autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia.
6. A dichas Secciones les compete igualmente la autorización para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Se modifica por el art. 1.33 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Existe una Sección de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Pueden crearse excepcionalmente Secciones que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma.
- Conocen en primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que expresamente les atribuya la ley.
- Autorizan mediante auto la entrada en domicilios para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo medidas de protección de menores.
- Autorizan la entrada en domicilios acordada por la Administración Tributaria en procedimientos de aplicación de los tributos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de lo Contencioso-Administrativo tienen, por regla, sede en la capital y jurisdicción provincial; conocen de los recursos que la ley les atribuya y autorizan por auto entradas en domicilio para ejecutar actos administrativos y tributarios.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 94
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella existirá una Sección de lo Social.
2. Podrán establecerse Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
Asimismo, las Secciones de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.
3. Las Secciones de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.
Se modifica por el art. 1.34 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.6 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.3 de la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10614
Datos clave
- Existe una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Pueden establecerse Secciones de lo Social en poblaciones distintas de la capital de provincia.
- Excepcionalmente pueden extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.
- Conocen en primera o única instancia de los procesos del orden social no atribuidos a otros órganos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia de la capital; puede haberlas en otras poblaciones y, excepcionalmente, para varias provincias de una comunidad. Conocen en primera o única instancia.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 95
En la Villa de Madrid y con jurisdicción en todo el territorio nacional existirá un Tribunal Central de Instancia, que contará con las siguientes Secciones:
a) Sección de Instrucción, que instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central de Instancia y tramitará los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.
En la Sección de Instrucción, los jueces y juezas de garantías conocerán de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente determine la ley.
Igualmente, conocerán de las impugnaciones que establezca la ley contra los decretos de los Fiscales europeos delegados.
b) Sección de lo Penal, que conocerá, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a la Sección de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por la Sección de Instrucción del propio Tribunal Central de Instancia, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
c) Sección de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley.
d) Sección de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 del artículo 92 de esta ley, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de esta Sección será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.
e) Sección de lo Contencioso-Administrativo, que conocerá, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca.
Corresponde también a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.2 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. Igualmente conocerá la Sección de lo Contencioso-Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Corresponde a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.
Se modifica por el art. 1.35 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- El Tribunal Central de Instancia tiene su sede en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Cuenta con cinco Secciones: Instrucción, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo.
- La Sección de Instrucción tramita los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y los procedimientos de extradición pasiva.
- La Sección de Menores conoce de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
- La competencia de la Sección de Vigilancia Penitenciaria es preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas no impuestas por la Audiencia Nacional.
- La Sección de lo Contencioso-Administrativo conoce en primera o única instancia de los recursos contra actos de autoridades y organismos con competencia en todo el territorio nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Central de Instancia, con sede en Madrid y jurisdicción nacional, tiene cinco Secciones: Instrucción, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo, cada una con sus competencias propias.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 96
1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno y de las Administraciones con competencias en materia de Justicia, que en aquellas circunscripciones donde exista más de una plaza judicial de la misma Sección, una o varias de las personas destinadas en ellas asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.
2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y con informe favorable de las Administraciones con competencias en materia de Justicia en cada territorio, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de cinco plazas judiciales en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia existentes, uno o varios de los jueces, juezas, magistrados o magistradas destinados en ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos de entre los que sean competencia de estas Secciones.
3. El Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio de Justicia y, en su caso, de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar la especialización de una o varias plazas judiciales de Tribunales de Instancia de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, estén o no en el mismo partido judicial y, si no lo estuvieran, previa delimitación del ámbito de competencia territorial, asumiendo por tiempo determinado las personas destinadas en ellas el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que al efecto se constituyan.
En estos casos, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas que ocupen la plaza o plazas objeto del acuerdo de especialización asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos asignados, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a Secciones radicadas en distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros u otras de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía las plazas judiciales de las Secciones de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.
4. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial a que se refieren los apartados anteriores se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.
5. Los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas afectados continuarán conociendo hasta su conclusión de todos los procesos que estuvieran pendientes ante los mismos.
Se modifica por el art. 1.36 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2 por el art. único.7 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se añade el apartado 2 y se numera el contenido existente como apartado 1 por el art. 3.2 de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659
Datos clave
- El CGPJ puede acordar la especialización de plazas judiciales previo informe de las Salas de Gobierno y de las Administraciones con competencias en Justicia.
- En provincias con más de cinco plazas judiciales en las Secciones de lo Mercantil, el CGPJ puede acordar que asuman con carácter exclusivo determinadas clases de asuntos.
- Las plazas judiciales de las Secciones de Instrucción no pueden ser objeto de esta especialización.
- Los acuerdos se publican en el «Boletín Oficial del Estado» y producen efectos desde el inicio del año siguiente a su adopción, salvo razones de urgencia.
- Los jueces, juezas, magistrados y magistradas afectados continúan conociendo hasta su conclusión de los procesos pendientes ante ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres vías para que el CGPJ especialice plazas judiciales, cada una con su trámite; nunca las de Instrucción. Efectos desde el año siguiente al de adopción, y los jueces terminan lo que tenían pendiente.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 99
Artículo 99.
En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz.
Se modifica por el art. 1.39 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica por el art. único.13 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia habrá un juez o una jueza de paz.
- Su jurisdicción se extiende al término correspondiente al municipio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Donde no hay Tribunal de Instancia, cada municipio tiene un juez o una jueza de paz con jurisdicción en su término.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 100
1. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya.
2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
Se modifica el apartado 2 por el art. 1.40 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 1 por el art. único.3 de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2011-12627 .
Se modifica el apartado 2 por el art. 2.5 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Redactado el apartado 2 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985. Ref. BOE-A-1985-22752
Datos clave
- En el orden civil, los Juzgados de Paz conocen en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que determine la ley.
- En el orden penal, conocen en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley.
- Pueden intervenir en actuaciones penales de prevención o por delegación, y en las demás que señalen las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Juzgados de Paz conocen en lo civil de los procesos que la ley determine y en lo penal, en primera instancia, de los delitos leves que les atribuya la ley; pueden intervenir en actuaciones de prevención o por delegación.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 101
1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.
2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente.
3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno.
4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley.
5. Los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.
Datos clave
- Los Jueces de Paz y sus sustitutos son nombrados por cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
- Son elegidos por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
- Si no hay solicitantes, el Pleno elige libremente.
- Si en tres meses desde la vacante el Ayuntamiento no propone candidato, la Sala de Gobierno designa al Juez de Paz.
- Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno del Ayuntamiento elige por mayoría absoluta al Juez de Paz y la Sala de Gobierno del TSJ lo nombra por cuatro años; sin propuesta en tres meses, o si el propuesto no reúne condiciones, designa la Sala.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 102
Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Datos clave
- No es necesario ser licenciado en Derecho para ser nombrado Juez de Paz, titular o sustituto.
- Deben reunir los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial y no estar incursos en causas de incapacidad o incompatibilidad.
- Se exceptúa la incompatibilidad por ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para ser Juez de Paz, titular o sustituto, no hace falta ser licenciado en Derecho: basta reunir los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial y no incurrir en incapacidad o incompatibilidad, salvo las actividades profesionales o mercantiles.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 103
1. Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.
Datos clave
- Los Jueces de Paz son retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca.
- Dentro de su circunscripción tienen el tratamiento y precedencia de los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
- Cesan por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera, en lo que les sea de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Jueces de Paz cobran según el sistema y la cuantía que fije la ley, tienen en su circunscripción el tratamiento de los Jueces de Primera Instancia e Instrucción y cesan al acabar el mandato o por las causas de los Jueces de carrera.
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Artículo 558. Gobierno del Poder Judicial y sede del Consejo
El artículo 558 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, abre la regulación del Consejo General del Poder Judicial atribuyéndole el gobierno del Poder Judicial.
1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica.
2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la villa de Madrid.
Datos clave
- El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
- Ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y la LOPJ.
- Sede: la villa de Madrid.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que actúa en todo el territorio nacional y tiene su sede en la villa de Madrid.
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Artículo 559
Esta sección recoge el artículo 559 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- Los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales ejercen funciones gubernativas.
- En ese ejercicio están subordinados al Consejo General del Poder Judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En sus funciones gubernativas, los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales están subordinados al Consejo General del Poder Judicial.
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Artículo 560. Atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones:
1.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.
3.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
4.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
5.ª Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
6.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.
7.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.
8.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.
9.ª Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.
10.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.
A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.
11.ª Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.
12.ª Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su Director y al resto de su personal.
13.ª Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales.
14.ª Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.
15.ª Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.
16.ª Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias:
a) Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
b) Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública.
c) Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.
d) Publicidad de las actuaciones judiciales.
e) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.
f) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
g) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
h) Especialización de órganos judiciales.
i) Reparto de asuntos y ponencias.
j) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.
k) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
l) (Suprimida)
m) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.
En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo.
17.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.
18.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.
19ª En materia de protección de datos personales, ejercerá las funciones definidas en el artículo 236 octies.
20.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.
21.ª Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.
La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al Juez o Magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.
22.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.
23.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
24.ª La recopilación y actualización de los Principios de Ética Judicial y su divulgación, así como su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.
El asesoramiento especializado a los jueces y magistrados en materia de conflictos de intereses, así como en las demás materias relacionadas con la integridad.
El Consejo General del Poder Judicial se asegurará de que la Comisión de Ética Judicial, que a tal efecto se constituya, esté dotada de los recursos y medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos.
25.ª Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las Comunidades Autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar éstas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto.
En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género.
El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en los supuestos contemplados en las letras d) y f) a j) del apartado 1.16.ª de este artículo.
3. (Suprimido)
4. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas que comporten un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto.
Se modifica el apartado 1.19ª por la disposición final 3.14 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2021-8806#df-3
Se modifica el apartado 1 y se suprime el 3 por el art. único.44 de la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17987
Se añade por el art. único.1 de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Ref. BOE-A-2013-7061 .
Datos clave
- Propone el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, de Jueces y Magistrados y de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
- Es oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
- Nombra al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria, al Jefe de la Inspección de Tribunales y al Director del Gabinete Técnico.
- Regula la Escuela Judicial y el Centro de Documentación Judicial y nombra a sus Directores.
- Potestad reglamentaria en el marco estricto de desarrollo de la LOPJ; nunca puede afectar a derechos y deberes de personas ajenas al Consejo.
- Los proyectos de reglamento requieren informe de asociaciones profesionales, dictamen de legalidad e informe previo de impacto de género.
- La determinación de la carga de trabajo exigible a efectos disciplinarios corresponde en exclusiva al CGPJ.
- Las medidas que incrementen el gasto requieren informe favorable de la Administración que deba soportarlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las atribuciones del CGPJ: propuestas de nombramiento (Presidente del TS y del CGPJ, jueces y magistrados, dos magistrados del TC), ser oído antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, régimen de jueces y magistrados, inspección de tribunales, potestad reglamentaria de desarrollo en materias tasadas, elaboración de su propio presupuesto y aprobación de su RPT, entre otras atribuciones.
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Artículo 561
Esta sección recoge el artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias:
1.ª Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.ª Determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad.
3.ª Fijación y modificación de la plantilla orgánica de jueces y magistrados.
4.ª Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.
5.ª Estatuto orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
6.ª Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales.
7ª Normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Tribunales.
8.ª Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario.
9.ª Cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna.
2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de quince días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de diez días.
3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendrá por cumplido dicho trámite.
4. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.
Datos clave
- Informe preceptivo del CGPJ sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales de las materias enumeradas (nueve).
- Plazo improrrogable de treinta días; quince días si se hace constar la urgencia.
- Prórroga excepcional de quince días (diez si hay urgencia).
- Si no se emite en plazo, se tiene por cumplido el trámite.
- El Gobierno remite el informe a las Cortes Generales cuando se trata de anteproyectos de ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ informa los anteproyectos de ley y disposiciones generales sobre nueve materias, en treinta días (quince si es urgente); si no informa en plazo, el trámite se tiene por cumplido.
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Artículo 562
Esta sección recoge el artículo 562 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
Todas las actividades internacionales del Consejo General del Poder Judicial se llevarán a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por éste, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
Datos clave
- Las actividades internacionales del CGPJ se coordinan con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Se ajustan a las directrices de política exterior que fije dicho Ministerio.
- Se mantienen las competencias del CGPJ en cooperación jurisdiccional internacional.
- Artículo añadido por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las actividades internacionales del CGPJ se coordinan con el Ministerio de Asuntos Exteriores y siguen sus directrices de política exterior, sin perder sus competencias en cooperación jurisdiccional internacional.
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Artículo 563
Esta sección recoge el artículo 563 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al poder judicial.
2. En dicha Memoria se incluirán también sendos capítulos respecto a los siguientes ámbitos:
a) Actividad del Presidente y Vocales del Consejo con gasto detallado.
b) Impacto de género en el ámbito judicial.
c) Informe sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Justicia y, en particular, por parte de los jueces y magistrados en ejercicio de sus funciones.
3. Las Cortes Generales, de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, podrán debatir el contenido de la Memoria y solicitar la comparecencia del Presidente del Tribunal Supremo, a fin de responder a las preguntas que se le formulen acerca de la referida Memoria.
4. Para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la Justicia, con datos actualizados, anualmente el Presidente, además de lo previsto en los apartados anteriores en relación a la memoria, comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia en España, en el marco de sus competencias.
5. Excepcionalmente, el Congreso podrá solicitar informe con comparecencia ante la Comisión de Justicia de un Vocal, por razón de las funciones que le han sido encomendadas, previa solicitud motivada, al menos, de dos Grupos parlamentarios, y que deberá ser autorizada por la Mesa del Congreso.
Datos clave
- El CGPJ remite anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre su estado, funcionamiento y actividades y los de Juzgados y Tribunales.
- La Memoria incluye capítulos sobre actividad del Presidente y Vocales con gasto detallado, impacto de género y uso de lenguas cooficiales.
- El Presidente del Tribunal Supremo comparece anualmente ante la Comisión de Justicia del Congreso.
- Excepcionalmente el Congreso puede solicitar la comparecencia de un Vocal, con solicitud motivada de al menos dos Grupos parlamentarios y autorización de la Mesa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ envía cada año a las Cortes una Memoria con capítulos obligatorios; el Presidente comparece anualmente en la Comisión de Justicia y, excepcionalmente, puede comparecer un Vocal.
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Artículo 564
Esta sección recoge el artículo 564 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
Fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, sobre el Presidente del Tribunal Supremo y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no recaerá deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones.
Datos clave
- Fuera de los supuestos del artículo 563 no hay deber de comparecer ante las Cámaras.
- Afecta al Presidente del Tribunal Supremo y a los Vocales del CGPJ.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fuera de los casos que prevé el artículo anterior, ni el Presidente del Tribunal Supremo ni los Vocales del CGPJ tienen deber de comparecer ante las Cámaras.
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Artículo 565
Esta sección recoge el artículo 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto.
2. La elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general.
3. El control interno del gasto del Consejo General del Poder Judicial se llevará a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo por el Tribunal de Cuentas.
4. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Datos clave
- El CGPJ elabora su presupuesto en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional.
- Elaboración y ejecución sujetas a la legislación presupuestaria general.
- Control interno por un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado; control externo por el Tribunal de Cuentas.
- Está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ elabora su propio presupuesto como órgano constitucional autónomo, pero sujeto a la legislación presupuestaria general, a control interno de un interventor y externo del Tribunal de Cuentas.
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Artículo 566. Composición del Consejo General del Poder Judicial
El artículo 566 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece la composición del Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.
La composición combina, así, un turno judicial (doce Vocales) y un turno de juristas de reconocida competencia (ocho Vocales), bajo la presidencia del Presidente del Tribunal Supremo.
Datos clave
- Preside el Consejo el Presidente del Tribunal Supremo.
- Integran el Consejo veinte Vocales.
- Doce Vocales son Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial.
- Ocho Vocales son juristas de reconocida competencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ lo forman el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte Vocales: doce Jueces o Magistrados en activo y ocho juristas de reconocida competencia.
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Artículo 567. Designación de los Vocales
El artículo 567 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
1. Las veinte personas Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designadas por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del Título. En dicha elección, cada una de las Cámaras garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de forma que entre las diez personas vocales se incluya como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos. Antes de su elección, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de nombramientos de la correspondiente Cámara, a los efectos de que se evalúen los méritos que acrediten su reconocido prestigio y su idoneidad. Los candidatos acompañarán una memoria de méritos y objetivos. Dichas comparecencias se efectuarán en términos que garanticen la igualdad y tendrán lugar en audiencia pública.
3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia quienes tengan más de quince años de experiencia en cualquiera de las profesiones jurídicas y acrediten méritos destacados en su ejercicio. No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la del servicio activo al menos durante el año anterior a su elección. Tampoco podrán ser elegidos por este turno quienes, en los cinco años anteriores:
a) hayan sido nombrados titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, o elegidos titulares de una Presidencia de Corporación local; o
b) hayan tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.
4. Las Cámaras designarán un suplente por cada uno de los vocales titulares.
5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.
6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes.
Datos clave
- Los veinte Vocales los designan las Cortes Generales, atendiendo a la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- Cada Cámara elige por mayoría de tres quintos a diez Vocales: cuatro juristas (más de quince años de ejercicio) y seis del turno judicial.
- Entre los diez Vocales de cada Cámara, como mínimo un cuarenta por ciento de cada sexo.
- Comparecencia previa ante la Comisión de nombramientos, con memoria de méritos y objetivos, en audiencia pública.
- Turno de juristas: excluidos los miembros de la carrera judicial salvo situación distinta del servicio activo al menos el año anterior, y quienes en los cinco años anteriores hayan sido Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros autonómicos, Presidentes de Corporación local o parlamentarios.
- Un suplente por cada vocal titular.
- No pueden ser designados Vocales del Consejo saliente.
- Cómputo de plazos: por días hábiles si se señalan por días; de fecha a fecha si se fijan en meses o años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes designan a los veinte Vocales: cada Cámara elige diez por tres quintos (cuatro juristas y seis jueces), con al menos un cuarenta por ciento de cada sexo y comparecencia pública previa.
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Artículo 568. Renovación del Consejo General del Poder Judicial
1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:
a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo.
b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno judicial.
El Presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización.
Se añade por el art. único.1 de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Ref. BOE-A-2013-7061 .
Datos clave
- El Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
- Los Presidentes del Congreso y del Senado deben adoptar las medidas para que la renovación se produzca en plazo.
- Cuatro meses antes de la expiración del plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ dispone la remisión de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales a los Presidentes de las Cámaras.
- Dispone también la apertura del plazo de presentación de candidaturas de los Vocales del turno judicial.
- Da cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ se renueva entero cada cinco años desde su constitución; los Presidentes del Congreso y del Senado velan por el plazo y, cuatro meses antes, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ dispone la remisión de datos y la apertura de candidaturas judiciales.
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Artículo 569
Esta sección recoge el artículo 569 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva.
2. La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 570.2 de esta Ley Orgánica.
Datos clave
- Los Vocales son nombrados por el Rey mediante Real Decreto.
- Toman posesión prestando juramento o promesa ante el Rey y celebran la sesión constitutiva.
- Toma de posesión y sesión constitutiva dentro de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Vocales los nombra el Rey por Real Decreto, juran o prometen ante él y celebran la sesión constitutiva dentro de los cinco días siguientes a la expiración del Consejo anterior.
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Artículo 570
Esta sección recoge el artículo 570 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial no hubiere alguna de las Cámaras procedido aún a la elección de los Vocales cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los diez Vocales designados por la otra Cámara y con los Vocales del Consejo saliente que hubieren sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones.
2. Si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
3. El nombramiento de Vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo más allá de los cinco años de mandato del Consejo General del Poder Judicial para el que hubieren sido designados, salvo lo previsto en el apartado anterior.
4. Una vez que se produzca la designación de los Vocales por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la sustitución de los Vocales salientes que formasen parte de alguna de las Comisiones legalmente previstas. Los nuevos Vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan sido designados los Vocales salientes, y formarán parte de la Comisión respectiva por el tiempo que resta hasta la renovación de la misma.
5. La mera circunstancia de que la designación de Vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo no servirá de justificación para revisar los acuerdos que se hubieren adoptado hasta ese momento.
Datos clave
- Si una Cámara no ha elegido Vocales, el Consejo se constituye con los diez designados por la otra y los salientes de la Cámara incumplidora.
- Si ninguna Cámara designa, el Consejo saliente continúa en funciones y no se elige nuevo Presidente.
- El nombramiento tardío no amplía el mandato más allá de los cinco años.
- La designación posterior no justifica revisar los acuerdos ya adoptados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué pasa si las Cámaras no designan a tiempo: con una sola Cámara cumplidora, Consejo mixto; con ninguna, sigue el saliente en funciones; y el retraso no alarga el mandato de cinco años.
Esquema
| Una Cámara incumple | Las dos Cámaras incumplen | |
|---|---|---|
| Composición | Diez Vocales de la otra Cámara y salientes de la incumplidora | Sigue el Consejo saliente |
| Situación | Se constituye y ejerce todas sus atribuciones | Continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo; no se elige nuevo Presidente |
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Artículo 570 bis
Esta sección recoge el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el Consejo General del Poder Judicial entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes atribuciones:
1.ª Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1.1.ª
2.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
3.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.
4.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.
5.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.
6.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.
7.ª Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial.
8.ª Ejercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias:
a) Publicidad de las actuaciones judiciales.
b) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.
c) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
d) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
e) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.
f) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
g) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.
9.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.
10.ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia.
11.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.
12.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.
13.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.
14.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
15.ª Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.
16.ª Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo en funciones podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano.
Datos clave
- Se aplica al CGPJ que entra en funciones por el artículo 570.2.
- Su actividad se limita a las dieciséis atribuciones enumeradas, entre ellas proponer dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
- Puede además realizar actuaciones indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario.
- Apartado 1 modificado por la Ley Orgánica 8/2022; artículo añadido por la Ley Orgánica 4/2021.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ en funciones por falta de renovación solo puede ejercer dieciséis atribuciones tasadas, entre ellas proponer dos Magistrados del Tribunal Constitucional, más lo indispensable para su funcionamiento ordinario.
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Artículo 571
Esta sección recoge el artículo 571 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El cese anticipado de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución, procediendo el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo Vocal conforme a lo establecido en el artículo 567.4 de la presente Ley Orgánica.
2. El nuevo Vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- El cese anticipado de un Vocal da lugar a su sustitución.
- El Presidente lo pone en conocimiento de la Cámara competente para proponer el nuevo Vocal.
- El nuevo Vocal ejerce el cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del CGPJ.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un Vocal cesa antes de tiempo, se le sustituye: el Presidente avisa a la Cámara competente y el nuevo Vocal solo completa el mandato que queda.
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Artículo 572
Esta sección recoge el artículo 572 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
La designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
Datos clave
- Los Vocales del turno judicial se designan conforme a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La designación de los Vocales del turno judicial se rige por lo que dispone la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Artículo 573
Esta sección recoge el artículo 573 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido Vocal por el turno judicial, salvo que se halle en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, se lo impidan.
2. El Juez o Magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido.
Datos clave
- Puede ser candidato a Vocal por el turno judicial cualquier Juez o Magistrado en servicio activo.
- Excepto si se halla en una situación que lo impida conforme a la ley.
- Quien ocupe cargo incompatible se compromete a renunciar si resulta elegido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo puede presentarse a Vocal por el turno judicial, salvo situación que lo impida; si ocupa cargo incompatible, se compromete a renunciar si sale elegido.
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Artículo 574
Esta sección recoge el artículo 574 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una Asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del plazo de presentación de candidaturas.
2. Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales a los que se refiere el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de doce candidatos.
Datos clave
- La candidatura requiere el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una Asociación judicial legalmente constituida.
- Cada Juez, Magistrado o Asociación puede avalar hasta un máximo de doce candidatos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez que quiera ser Vocal por el turno judicial necesita el aval de veinticinco jueces en activo o el de una Asociación judicial; cada avalista puede respaldar hasta doce candidatos.
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Artículo 575
Esta sección recoge el artículo 575 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ordene la apertura de dicho plazo.
2. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado Vocal por el turno de origen judicial, dirigirá escrito al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el que ponga de manifiesto su intención de ser designado Vocal. El mencionado escrito deberá ir acompañado de una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial, así como de los veinticinco avales o el aval de la Asociación judicial exigidos legalmente para su presentación como candidato.
Datos clave
- Plazo de presentación de candidaturas: un mes desde el día siguiente a la orden de apertura del Presidente.
- Escrito dirigido al Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
- Debe acompañarse de memoria justificativa de las líneas de actuación y de los veinticinco avales o el aval de la Asociación judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las candidaturas del turno judicial se presentan en un mes desde la orden de apertura, con escrito al Presidente, memoria de líneas de actuación y los avales exigidos.
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Artículo 576
Esta sección recoge el artículo 576 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Corresponde a la Junta Electoral resolver cuantas cuestiones se planteen en el proceso de presentación de candidaturas a Vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial y proceder a la proclamación de candidaturas.
2. La Junta Electoral estará integrada por el Presidente de Sala más antiguo del Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por dos Vocales: el Magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
3. La Junta Electoral se constituirá dentro de los tres días siguientes al inicio del procedimiento de designación de candidatos a Vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial y se disolverá una vez concluido definitivamente el procedimiento de presentación de candidaturas, incluida la resolución de los recursos contencioso-administrativos si los hubiere.
4. La Junta Electoral será convocada por su Presidente cuando lo considere necesario. Para que la reunión se pueda celebrar, será precisa la asistencia de todos sus miembros o de sus sustitutos.
5. En caso de ausencia del Presidente, asumirá sus funciones el siguiente Presidente de Sala del Tribunal Supremo en orden de antigüedad. Asimismo, el Magistrado más antiguo y el más moderno serán, en su caso, sustituidos por los siguientes Magistrados del Tribunal Supremo más antiguo y moderno del escalafón, respectivamente. En caso de ausencia del Secretario, será sustituido por el secretario del Tribunal Supremo de mayor antigüedad.
6. Los acuerdos de la Junta Electoral se tomarán por mayoría simple.
7. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procederá a publicar, dentro de los dos días siguientes, la lista de candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos.
8. La lista será expuesta públicamente en la intranet del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser impugnadas las candidaturas presentadas dentro de los tres días siguientes a su publicación.
9. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral resolverá dentro de los tres días siguientes las impugnaciones que se hubieren formulado, procediendo de inmediato a la publicación del acuerdo de proclamación de candidaturas.
Datos clave
- La Junta Electoral resuelve las cuestiones del proceso de presentación de candidaturas y las proclama.
- La integran el Presidente de Sala más antiguo del Tribunal Supremo (que la preside) y dos Vocales: el Magistrado más antiguo y el más moderno; el Secretario de Gobierno actúa con voz pero sin voto.
- Se constituye en los tres días siguientes al inicio del procedimiento; acuerdos por mayoría simple.
- Lista de candidatos en dos días; impugnaciones en tres días; resolución en otros tres días.
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Una Junta Electoral de tres magistrados del Tribunal Supremo resuelve las cuestiones de las candidaturas del turno judicial y las proclama, con plazos muy cortos de dos y tres días.
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Artículo 577
Esta sección recoge el artículo 577 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo. En el mismo acto de interposición se deberán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompañadas de los elementos de prueba oportunos.
2. El conocimiento del recurso contencioso-administrativo corresponderá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que deberá resolver en el plazo de tres días desde su interposición.
Datos clave
- Contra la proclamación definitiva cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación.
- Las alegaciones y pruebas se presentan en el mismo acto de interposición.
- Conoce la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que resuelve en tres días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La proclamación definitiva de candidaturas se recurre en dos días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que resuelve en tres.
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Artículo 578
Esta sección recoge el artículo 578 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. Transcurridos, en su caso, los plazos señalados en el artículo anterior, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los Vocales del turno judicial conforme a lo previsto en el artículo 567 de la presente Ley Orgánica.
2. En la designación de los Vocales del turno judicial, las Cámaras tomarán en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de Jueces y Magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas Asociaciones judiciales.
3. La designación de los doce Vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: tres Magistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no existieren candidatos a Vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto.
Datos clave
- El Presidente remite las candidaturas admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado.
- Las Cámaras consideran el número de Jueces y Magistrados no afiliados y de afiliados a cada Asociación judicial.
- De los doce Vocales del turno judicial: tres Magistrados del Tribunal Supremo, tres con más de veinticinco años de antigüedad y seis sin sujeción a antigüedad.
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El Presidente envía las candidaturas admitidas al Congreso y al Senado, que eligen a los doce Vocales judiciales teniendo en cuenta la afiliación asociativa y unas cuotas mínimas por categoría.
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Artículo 585. Naturaleza del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
El artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, define la posición institucional del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición.
Datos clave
- Un mismo cargo: Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
- Es la primera autoridad judicial de la Nación.
- Ostenta la representación del Poder Judicial y de su órgano de gobierno.
- Le corresponden el tratamiento y los honores inherentes a tal condición.
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El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es un único cargo: primera autoridad judicial de la Nación y representante del Poder Judicial y de su órgano de gobierno.
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Artículo 586. Elección y nombramiento del Presidente
El artículo 586 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula los requisitos, la elección y el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el Vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada Vocal pueda proponer más de un nombre.
3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre tres y siete días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno.
4. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
5. El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho Alto Tribunal.
Datos clave
- Requisitos: Magistrado del Tribunal Supremo con las condiciones para ser Presidente de Sala, o jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad.
- La sesión constitutiva la preside el Vocal de más edad; cada Vocal puede proponer un solo nombre.
- La elección se celebra entre tres y siete días más tarde, en votación nominal, por mayoría de tres quintos del Pleno.
- Nombramiento por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
- Juramento o promesa ante el Rey y toma de posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente lo elige el Pleno del CGPJ por tres quintos en votación nominal entre magistrados del Supremo o juristas con más de veinticinco años; lo nombra el Rey con refrendo del Presidente del Gobierno.
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Artículo 587
Esta sección recoge el artículo 587 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. La duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido.
2. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato.
Datos clave
- El mandato del Presidente coincide con el del Consejo que lo eligió.
- Puede ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ dura lo mismo que el del Consejo que lo eligió, y solo puede ser reelegido una vez.
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Artículo 588
Esta sección recoge el artículo 588 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cesará por las siguientes causas:
1.ª Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido.
2.ª Por renuncia.
3.ª Por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por tres quintos de sus miembros.
2. Las causas segunda y tercera de este artículo se comunicarán al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia. En tales casos se procederá a nuevo nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- Causas de cese del Presidente: expiración del mandato, renuncia y decisión del Pleno.
- La decisión del Pleno exige notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes, apreciados por tres quintos de sus miembros.
- Renuncia y decisión del Pleno se comunican al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia, y se procede a nuevo nombramiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente cesa por expirar su mandato (con el del Consejo que lo eligió), por renuncia o por decisión del Pleno por tres quintos ante notoria incapacidad o incumplimiento grave.
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Artículo 589
Esta sección recoge el artículo 589 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. En el primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se deberá elegir al Vicepresidente del Tribunal Supremo.
2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría de tres quintos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y tener los requisitos para ser Presidente de Sala del mismo.
3. La propuesta realizada por el Presidente del Tribunal Supremo deberá comunicarse a los Vocales al menos con siete días de antelación, y se hará pública.
4. De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial deberá efectuar una nueva propuesta de Vicepresidente.
5. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de tres quintos de los miembros del Pleno.
Datos clave
- El Vicepresidente se elige en el primer Pleno ordinario posterior a la elección del Presidente.
- Nombrado por tres quintos del Pleno, a propuesta del Presidente.
- Debe ser Magistrado del Tribunal Supremo en servicio activo con requisitos para ser Presidente de Sala.
- La propuesta se comunica a los Vocales con al menos siete días de antelación.
- Puede ser cesado por causa justificada con el voto favorable de tres quintos del Pleno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Vicepresidente del Tribunal Supremo se elige en el primer Pleno ordinario tras elegir al Presidente, a propuesta de este, entre Magistrados del Supremo en activo; puede ser cesado por causa justificada.
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Artículo 590
Esta sección recoge el artículo 590 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
El Vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente y hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.
Datos clave
- El Vicepresidente ejerce en funciones el cargo de Presidente en los casos de cese anticipado de éste.
- Lo ejerce hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ cesa anticipadamente, el Vicepresidente asume el cargo en funciones hasta que se nombre un nuevo Presidente.
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Artículo 591
Esta sección recoge el artículo 591 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El Vicepresidente prestará al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo.
2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ejercer, por delegación del Presidente, la superior dirección del Gabinete Técnico de este Alto Tribunal, así como todas aquellas funciones que el Presidente le delegue expresamente mediando causa justificada.
Datos clave
- El Vicepresidente colabora con el Presidente y le sustituye en vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo.
- Por delegación puede ejercer la superior dirección del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
- Ejerce además las funciones que el Presidente le delegue expresamente mediando causa justificada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Vicepresidente colabora con el Presidente, le sustituye en vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo y puede recibir funciones delegadas, como dirigir el Gabinete Técnico.
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Artículo 592
Esta sección recoge el artículo 592 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
El Vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal y le corresponderá proponer a ésta y al Presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno.
Datos clave
- El Vicepresidente es miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
- Propone a ésta y al Presidente decisiones para garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal.
- Vela por la exacta ejecución de los acuerdos de la Sala de Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Vicepresidente es miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo: propone decisiones para su buen funcionamiento y vela por que se ejecuten los acuerdos de esa Sala.
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Artículo 593
Esta sección recoge el artículo 593 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, si procediere de la carrera judicial, quedará en la situación administrativa de servicios especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia.
2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo, que permanecerá en la situación administrativa de servicio activo, ocupará el cargo durante cinco años, salvo en el supuesto previsto en el artículo 589.5 de esta Ley Orgánica.
3. La responsabilidad civil y penal del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente se exigirá por los trámites establecidos para los Magistrados de dicho Alto Tribunal.
Datos clave
- El Presidente de la carrera judicial queda en servicios especiales.
- El Vicepresidente permanece en servicio activo y ocupa el cargo cinco años, salvo lo previsto en el artículo 589.5.
- La responsabilidad civil y penal de ambos se exige por los trámites establecidos para los Magistrados del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija la situación administrativa del Presidente (servicios especiales si viene de la carrera judicial) y del Vicepresidente (servicio activo, cinco años) y cómo se exige su responsabilidad civil y penal.
Esquema
| Presidente TS y CGPJ | Vicepresidente TS | |
|---|---|---|
| Situación | Servicios especiales (si viene de la carrera judicial) | Servicio activo |
| Responsabilidad civil y penal | Trámites de los Magistrados del TS | Trámites de los Magistrados del TS |
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Artículo 595. Órganos del Consejo y Comisiones
El artículo 595 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece la forma de actuación del Consejo General del Poder Judicial y enumera sus Comisiones.
1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en esta Ley Orgánica.
2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes Comisiones:
a) Permanente.
b) De Calificación.
c) Disciplinaria.
d) De Asuntos Económicos.
e) De Igualdad.
f) De Supervisión y Control de Protección de Datos.
Datos clave
- El CGPJ ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de Comisiones, además de las funciones de la Presidencia.
- Seis Comisiones legales: Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Supervisión y Control de Protección de Datos.
- La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos figura junto a las cinco restantes en el apartado 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ actúa en Pleno o a través de Comisiones, además de lo que hace la Presidencia. La ley crea seis Comisiones: Permanente, Calificación, Disciplinaria, Asuntos Económicos, Igualdad y Protección de Datos.
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Artículo 596
Esta sección recoge el artículo 596 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
El Vicepresidente del Tribunal Supremo no ejercerá en el Consejo General del Poder Judicial otras funciones que las previstas expresamente en esta Ley.
Datos clave
- El Vicepresidente no ejerce en el CGPJ otras funciones que las previstas expresamente en la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Vicepresidente del Tribunal Supremo solo tiene en el CGPJ las funciones que la ley le atribuye expresamente; no puede asumir otras.
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Artículo 597
Esta sección recoge el artículo 597 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
La Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es una función inherente al cargo de Presidente del Tribunal Supremo.
Datos clave
- La Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ es una función inherente al cargo de Presidente del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ va unido: la Presidencia de ambos es una función inherente al cargo de Presidente del Tribunal Supremo.
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Artículo 598
Esta sección recoge el artículo 598 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
Corresponde a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial:
1.ª Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.
2.ª Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad.
3.ª Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
4.ª Proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de éstos.
5.ª Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto.
6.ª Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente.
7.ª Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
8.ª Dirigir la comunicación institucional.
9.ª Realizar la propuesta del Magistrado, de las Salas Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
10.ª Nombrar y cesar al Director del Gabinete de la Presidencia y al Director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del Presidente.
11.ª Proponer al Pleno el nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese.
12.ª Podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido.
13.ª Las demás previstas en la presente Ley Orgánica.
Datos clave
- Representa al CGPJ, convoca y preside el Pleno y la Comisión Permanente y decide los empates con voto de calidad.
- Fija el orden del día del Pleno y de la Comisión Permanente.
- Ejerce la superior dirección de los órganos técnicos y dirige la comunicación institucional.
- Propone al Pleno el nombramiento del Vicepresidente, del Secretario General y del Vicesecretario General.
- Puede encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo sin carácter permanente ni indefinido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de trece atribuciones de la Presidencia del CGPJ: representar, convocar y presidir Pleno y Permanente con voto de calidad, fijar el orden del día, proponer nombramientos y dirigir órganos técnicos.
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Artículo 598 bis
Esta sección recoge el artículo 598 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
Cuando el Consejo General del Poder Judicial se encuentre en funciones, según lo previsto en el artículo 570.2, su Presidencia no podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- Se aplica cuando el CGPJ está en funciones según el artículo 570.2.
- La Presidencia no puede acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con el Consejo en funciones (artículo 570.2), su Presidencia pierde una facultad: no puede cesar al Secretario General ni al Vicesecretario General.
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Artículo 599. Competencias del Pleno
El artículo 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, enumera las competencias del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
1. El Pleno conocerá de las siguientes materias:
1.ª La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.
2.ª La propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado.
3.ª El nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial.
4.ª Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. En estos nombramientos se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.ª La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.
6.ª La elección y nombramiento de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones.
7.ª El ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley.
8.ª La aprobación del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución.
9.ª La aprobación de la Memoria anual.
10.ª La resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial.
11.ª La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente.
12.ª La aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las Cámaras legislativas y las Comunidades Autónomas.
13.ª Las demás que le atribuye esta Ley, las que no estén conferidas a otros órganos del Consejo y aquellos asuntos que, por razones excepcionales, acuerde recabar para sí.
2. El Pleno designará un máximo de dos Vocales por cada Comunidad Autónoma para que, sin perjuicio de las competencias de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y autoridades del territorio y el Consejo General del Poder Judicial.
3. El Pleno podrá crear otras Comisiones, además de las enumeradas en el artículo 595.2, por una mayoría de tres quintos de los vocales. Estarán formadas por cinco Vocales, de los cuales tres serán del turno judicial y dos del turno de juristas de reconocida competencia.
Datos clave
- Propuesta de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional por mayoría de tres quintos, en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.
- Propuesta del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ e informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado.
- Nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo y del Secretario General y Vicesecretario General del CGPJ.
- Nombramientos discrecionales: cada sexo no superará el sesenta por ciento ni será menos del cuarenta por ciento.
- Resuelve expedientes con propuesta de separación de la carrera judicial y alzadas contra acuerdos de la Comisión Disciplinaria y de la Comisión Permanente.
- Aprueba el Presupuesto del Consejo y la Memoria anual.
- Designa un máximo de dos Vocales por cada Comunidad Autónoma como cauce de interlocución.
- Puede crear otras Comisiones por mayoría de tres quintos, formadas por cinco Vocales (tres del turno judicial y dos juristas).
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El Pleno del CGPJ concentra los nombramientos discrecionales, la propuesta de dos Magistrados del Constitucional por tres quintos, la potestad reglamentaria, el Presupuesto y las sanciones de separación; además puede crear Comisiones.
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Artículo 600
Esta sección recoge el artículo 600 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se reproduce a continuación.
1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del Presidente, una vez al mes.
2. Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente o si lo solicitaren cinco Vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas en el artículo anterior. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si así fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno.
3. En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de doce de sus miembros.
4. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez Vocales y el Presidente.
Datos clave
- El Pleno se reúne en sesión ordinaria, convocado por el Presidente, una vez al mes.
- Hay sesión extraordinaria si lo considera oportuno el Presidente o lo solicitan cinco Vocales.
- Para elegir al Presidente se exige la presencia de al menos doce miembros.
- En los demás casos, como mínimo diez Vocales y el Presidente.
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Ritmo y quórum del Pleno del CGPJ: sesión ordinaria mensual, extraordinaria a iniciativa del Presidente o de cinco Vocales, y quórum reforzado de doce miembros para elegir al Presidente.
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Artículo 601. Comisión Permanente: composición
El artículo 601 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la elección y composición de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales de la Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Los Vocales de ambos turnos se renovarán anualmente a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los Vocales formen parte de aquella, al menos durante un año, a lo largo del mandato del Consejo.
3. El Consejo General del Poder Judicial determinará, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución de los Vocales titulares por otros Vocales, a fin de garantizar la correcta composición y el adecuado funcionamiento de dicha Comisión.
Datos clave
- El Pleno elige anualmente a los Vocales de la Comisión Permanente.
- La preside el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
- Otros siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia.
- Renovación anual para que, salvo renuncia expresa, todos los Vocales formen parte de ella al menos un año durante el mandato.
- La sustitución de titulares por imposibilidad transitoria o ausencia justificada se regula en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Permanente la preside el Presidente del TS y del CGPJ y la forman otros siete Vocales (cuatro judiciales y tres juristas), elegidos y renovados cada año para que todos pasen por ella.
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Artículo 602. Comisión Permanente: competencias
El artículo 602 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, enumera las competencias de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
1. A la Comisión Permanente compete:
a) Preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo y las directrices que este establezca.
b) Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.
c) Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situación administrativa.
d) Informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados, y tener en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial.
e) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley.
f) Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno.
g) Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
h) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o le fueren atribuidas por la ley.
2. Los acuerdos de la Comisión Permanente son recurribles en alzada ante el Pleno.
Datos clave
- Prepara las sesiones del Pleno y vela por la exacta ejecución de sus acuerdos.
- Decide los nombramientos íntegramente reglados, la jubilación forzosa por edad y la situación administrativa de jueces y magistrados.
- Informa en todo caso sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, con criterios objetivos y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- Resuelve sobre licencias y autoriza el escalafón de la Carrera Judicial.
- Prepara los informes sobre anteproyectos de ley o disposiciones generales que haya de aprobar el Pleno.
- Sus acuerdos son recurribles en alzada ante el Pleno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Permanente prepara el Pleno y ejecuta sus acuerdos, decide los nombramientos reglados, jubilaciones por edad, licencias y escalafón, e informa los nombramientos del Pleno; sus acuerdos van en alzada al Pleno.