Oposhark

El funcionamiento electrónico del sector público. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, registros y archivo electrónico. El Gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación en la rendición de cuentas y el buen gobierno. Normativa reguladora de la protección de datos personales: principios, derechos de las personas y ejercicios de los derechos.

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Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Datos clave

  • Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
  • Regula y garantiza el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
  • Establece las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley tiene un objeto triple: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y fijar las obligaciones de buen gobierno y las consecuencias de incumplirlas.

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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

Datos clave

  • El título de transparencia se aplica a la Administración General del Estado, a las de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, y a las entidades de la Administración Local, entre otros sujetos.
  • También a sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por las Administraciones.
  • A estos efectos, son Administraciones Públicas los organismos y entidades de las letras a) a d) del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quién está sometido a todo el Título I: Administraciones Públicas y el amplio entorno del sector público vinculado a ellas.

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Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Datos clave

  • Se les aplican las disposiciones del capítulo II del título (publicidad activa).
  • Sujetos incluidos: partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
  • Entidades privadas con ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros durante el período de un año.
  • También las que reciban al menos el 40 % de sus ingresos anuales como ayuda o subvención pública.
  • En el supuesto del 40 %, deben alcanzar como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Extiende solo las obligaciones de publicidad activa (capítulo II) a partidos, sindicatos, patronales y entidades privadas muy dependientes de subvenciones públicas.

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Artículo 4. Obligación de suministrar información.

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

Datos clave

  • Quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, la información necesaria a la Administración a la que estén vinculados.
  • La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos del contrato.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Impone a particulares que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas el deber de dar información a la Administración, si se les requiere, para que esta cumpla sus obligaciones del título.

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Artículo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Datos clave

  • Los sujetos del artículo 2.1 publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia.
  • Límites aplicables: los del artículo 14 y, especialmente, la protección de datos del artículo 15.
  • Datos especialmente protegidos: publicidad solo previa disociación.
  • Publicación en sedes electrónicas o páginas web, de forma clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
  • Entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente sociales o culturales y presupuesto inferior a 50.000 euros: pueden usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas.
  • Información comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo debe publicarse la información de publicidad activa: periódica, actualizada, clara y accesible, respetando los límites de acceso y protección de datos.

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Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Datos clave

  • Publicación de funciones, normativa aplicable y estructura organizativa.
  • Organigrama actualizado con responsables, perfil y trayectoria profesional.
  • Las Administraciones publican planes y programas anuales y plurianuales.
  • Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento, con indicadores.
  • En la AGE evalúan el cumplimiento las inspecciones generales de servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad activa de quién es cada sujeto y qué planea: funciones, normativa, estructura y organigrama con responsables; y, para las Administraciones, planes y programas con objetivos, medios y plazos, evaluados y publicados periódicamente.

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Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.

El artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula el registro de actividades de tratamiento como obligación de publicidad activa.

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.

Datos clave

  • Obligados: los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
  • Deben publicar su inventario de actividades de tratamiento.
  • La obligación se aplica en virtud del artículo 31 de esa Ley Orgánica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad activa también en protección de datos: los sujetos del artículo 77.1 de la LOPDGDD deben publicar su inventario de actividades de tratamiento, como exige el artículo 31 de esa ley orgánica.

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Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Datos clave

  • Las Administraciones publican directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
  • También los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y de reglamentos, y las memorias de los expedientes normativos.
  • Y los documentos que deban someterse a información pública durante su tramitación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recoge qué documentos con valor normativo o interpretativo hay que publicar: instrucciones y circulares con efectos jurídicos, anteproyectos, proyectos de reglamento y sus memorias.

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Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (apartado 1, letras d) a i), y apartados 2 y 3).

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Datos clave

  • Se publican los presupuestos y su ejecución, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización.
  • También las retribuciones anuales de los altos cargos, las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.
  • Las Administraciones publican la relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que tengan algún derecho real.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué información económica se publica: presupuestos y su ejecución, cuentas e informes de auditoría, retribuciones de altos cargos, compatibilidades, bienes de los representantes locales y estadísticas; más reglas para los sujetos del artículo 3 y los inmuebles.

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Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Datos clave

  • El cumplimiento de la publicidad activa por la Administración General del Estado lo controla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  • El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa es infracción grave a efectos disciplinarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el control del cumplimiento de la publicidad activa por la AGE, con capacidad de dictar resoluciones y activar el régimen disciplinario.

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Artículo 10. Portal de la Transparencia.

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.

Datos clave

  • La Administración General del Estado desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
  • El Portal incluye la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para facilitar el acceso a la información de los artículos anteriores; todas las administraciones pueden adoptar medidas complementarias y de colaboración.

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Artículo 11. Principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • Principios técnicos del Portal de la Transparencia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
  • La interoperabilidad se ajusta al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información del Portal de la Transparencia se publica según prescripciones técnicas reglamentarias que deben respetar tres principios: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

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Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Datos clave

  • Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.
  • El derecho se ejerce en los términos del artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la Ley 19/2013.
  • En el ámbito de sus competencias se aplica también la normativa autonómica correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de acceso es de «todas las personas», sin necesidad de justificar un interés, y enlaza con el artículo 105.b) de la Constitución.

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Artículo 13. Información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, en poder de los sujetos del título.
  • Han de haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Información pública es cualquier contenido o documento, en cualquier formato, que esté en poder de un sujeto obligado y que este haya elaborado o simplemente adquirido en el ejercicio de sus funciones.

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Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Datos clave

  • El acceso puede limitarse por perjuicio, entre otros, para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.
  • También para la prevención e investigación de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y las funciones de vigilancia, inspección y control.
  • Y para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la confidencialidad en la toma de decisiones y el medio ambiente.
  • La aplicación de los límites será justificada y proporcionada, atendiendo a un posible interés público o privado superior.
  • Las resoluciones que apliquen límites se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los doce supuestos que pueden limitar el derecho de acceso (seguridad, defensa, economía, medio ambiente...) y exige que su aplicación sea justificada y proporcionada.

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Artículo 15. Protección de datos personales.

El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula cómo se ponderan los datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Datos clave

  • Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiese hecho manifiestamente públicos.
  • Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley.
  • Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
  • Sin datos especialmente protegidos, el acceso exige una ponderación suficientemente razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
  • Entre los criterios de ponderación figuran los plazos del artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y los fines históricos, científicos o estadísticos.
  • No se aplican estas reglas si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales.
  • El tratamiento posterior de los datos obtenidos se somete a la normativa de protección de datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se pesan los datos personales al resolver una solicitud de acceso: dos niveles de datos especialmente protegidos con requisitos distintos, acceso general a los meramente identificativos y ponderación razonada para el resto.

Esquema

Datos especialmente protegidos
Ideología, sindicato, religión, creenciasOrigen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos, infracciones
ConsentimientoExpreso y por escritoExpreso
AlternativaQue el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos antesAmparo en norma con rango de ley

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Artículo 16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

Datos clave

  • Procede cuando los límites del artículo 14 no afectan a la totalidad de la información.
  • Se concede el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite.
  • Excepción: que resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
  • Debe indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un límite del art. 14 solo afecta a parte de la información, se da acceso al resto omitiendo lo afectado, salvo que quede una información distorsionada o sin sentido.

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Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

Datos clave

  • La solicitud se dirige al titular del órgano o entidad que posea la información.
  • Constancia de: identidad, información solicitada, dirección de contacto y, en su caso, modalidad de acceso.
  • El solicitante no está obligado a motivar la solicitud.
  • La falta de motivación no es por sí sola causa de rechazo.
  • Puede usarse cualquier lengua cooficial del territorio de la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se presenta la solicitud de acceso: a quién se dirige, qué datos debe incluir y que no hace falta motivarla.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Datos clave

  • Las causas de inadmisión se aplican mediante resolución motivada.
  • Se inadmite la información en curso de elaboración o de publicación general y la de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos).
  • También la que requiera una acción previa de reelaboración.
  • Y las solicitudes dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente, o las manifiestamente repetitivas o abusivas.
  • En el caso de órgano sin la información, la resolución debe indicar el órgano que se considera competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los casos en que una solicitud de acceso se inadmite a trámite sin entrar en el fondo, siempre mediante resolución motivada.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 19. Tramitación.

1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

Datos clave

  • Información que no obra en poder del sujeto: se remite al competente, si lo conociera, y se informa al solicitante.
  • Solicitud imprecisa: plazo de diez días para concretarla, con advertencia de desistimiento.
  • Terceros afectados debidamente identificados: plazo de quince días para alegaciones.
  • En ambos casos se suspende el plazo para dictar resolución y se informa al solicitante.
  • Información elaborada en su integridad o parte principal por otro: se le remite la solicitud para que decida sobre el acceso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro reglas de tramitación: remisión si no la tiene el sujeto, 10 días para concretar una solicitud imprecisa, 15 días de alegaciones a terceros afectados, y remisión si el contenido lo generó otro.

Esquema

Los dos plazos del art. 19
Concretar solicitudAlegaciones de terceros
Plazo10 días15 días
Quién actúaEl propio solicitanteEl tercero cuyos derechos pueden verse afectados
Si no se cumpleSe le tiene por desistidoSe resuelve sin sus alegaciones
Efecto en el plazo de resoluciónSe suspendeSe suspende

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Artículo 20. Resolución.

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Datos clave

  • Plazo máximo para notificar la resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad.
  • Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.
  • Las resoluciones son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24.
  • El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo es infracción grave a efectos disciplinarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el plazo para resolver y notificar -un mes, ampliable a otro-, cuándo hay que motivar la resolución y que el silencio se entiende desestimatorio.

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Artículo 21. Unidades de información.

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.

c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.

g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

Datos clave

  • Las Administraciones establecen sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información en su organización interna.
  • En la Administración General del Estado existen unidades especializadas que, entre otras funciones, reciben y tramitan las solicitudes y llevan su registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones organizan la gestión de solicitudes; en la AGE hay unidades especializadas con funciones tasadas, de recabar información a llevar el registro de solicitudes.

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Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Datos clave

  • El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica; si no puede darse con la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días.
  • Si hubo oposición de tercero, el acceso se produce cuando transcurre el plazo para el recurso contencioso-administrativo sin interponerlo o cuando se confirma el derecho.
  • El acceso es gratuito; las copias o el cambio de formato pueden generar exacciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se hace efectivo el acceso ya concedido: por vía electrónica, en un plazo máximo si no fue inmediato, y de forma gratuita salvo copias.

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Artículo 23. Recursos.

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Datos clave

  • La reclamación del artículo siguiente es sustitutiva de los recursos administrativos.
  • Se fundamenta en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  • Contra las resoluciones de los órganos del artículo 2.1.f) solo cabe recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reclamación del art. 24 sustituye a los recursos administrativos, salvo frente a los órganos del art. 2.1.f), contra los que solo cabe recurso contencioso-administrativo.

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Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.

Datos clave

  • Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
  • Plazo de interposición: un mes.
  • Audiencia a terceros afectados cuando la denegación se basa en sus derechos o intereses.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses; silencio desestimatorio.
  • El Presidente del Consejo comunica las resoluciones al Defensor del Pueblo.
  • Las CCAA pueden atribuir la competencia a un órgano específico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia frente a las resoluciones de acceso, previa a la vía contenciosa.

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Artículo 25. Ámbito de aplicación.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

Datos clave

  • El título de buen gobierno se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos cargos de la Administración General del Estado y su sector público.
  • También a los altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
  • No afecta a la condición de cargo electo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El título de buen gobierno alcanza a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos estatales, y a los altos cargos o asimilados autonómicos y locales, incluidas las Juntas de Gobierno locales, sin tocar su condición de cargo electo.

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Artículo 26. Principios de buen gobierno (apartado 2.b) y apartado 3).

b) Principios de actuación:

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.

Datos clave

  • Principios de actuación: plena dedicación y respeto a incompatibilidades, reserva, denuncia de irregularidades, uso de los poderes para su fin y abstención ante conflictos.
  • No aceptan regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía; los obsequios de mayor relevancia institucional se incorporan al patrimonio público.
  • Los principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Código de conducta de los altos cargos: respetar la Constitución y el ordenamiento, siete principios generales y nueve de actuación, que además sirven para interpretar y aplicar el régimen sancionador del título.

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Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

Datos clave

  • El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones será sancionado conforme a la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado.
  • Para el resto de Administraciones se aplica su propia normativa.
  • Ámbito: las personas comprendidas en el título de buen gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este artículo no tipifica nada propio: incumplir las incompatibilidades o las declaraciones obligatorias se sanciona por la normativa de conflictos de intereses en la AGE y, en el resto, por la propia de cada Administración.

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Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.

b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.

e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.

f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley.

g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico- financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.

l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado.

ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

Datos clave

  • Son infracciones muy graves, cuando sean culpables, las conductas de gestión económico-presupuestaria que enumera el artículo.
  • Entre ellas, la incursión en alcance, los compromisos de gastos sin crédito suficiente y la omisión de la intervención previa preceptiva.
  • También el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas del artículo 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de infracciones muy graves en gestión económico-presupuestaria: solo cuentan si la conducta es culpable. Agrupa fallos de gasto y control, de justificación y cuentas, y de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

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Artículo 29. Infracciones disciplinarias (apartado 1).

1. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

k) El acoso laboral.

l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

Datos clave

  • Son infracciones disciplinarias muy graves, entre otras, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía y toda actuación discriminatoria.
  • También la publicación o utilización indebida de información conocida por razón del cargo, la prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido y el acoso laboral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Infracciones disciplinarias de los altos cargos en tres escalones: muy graves, graves y leves. Ojo a la reincidencia, que hace subir un escalón, y a que la leve de la letra b) es residual.

Esquema

Acuerdos ilegales y reincidencia
Muy graveGrave
Acuerdos manifiestamente ilegalesQue causen perjuicio graveCon perjuicio, si no son muy graves (también informes)
ReincidenciaGrave tras dos graves sancionadas en el año anteriorLeve tras dos leves sancionadas en el año anterior

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Artículo 30. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.

2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda.

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.

e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

f) La reparación de los daños o perjuicios causados. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:

a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.

b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Datos clave

  • Las infracciones leves se sancionan con amonestación.
  • Las graves, con la declaración del incumplimiento y su publicación en el diario oficial y la no percepción de la indemnización por cese.
  • Por infracción muy grave, destitución e imposibilidad de ser nombrado alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija las sanciones según el grado de la infracción: amonestación para las leves, publicación y pérdida de indemnización para graves y muy graves, y destitución con inhabilitación para las muy graves.

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Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos. La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El órgano competente para ordenar la incoación será:

a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.

4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:

a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.

c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Datos clave

  • El procedimiento sancionador se inicia de oficio.
  • Para miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, ordena la incoación y sanciona el Consejo de Ministros; la instrucción corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses.
  • Para altos cargos autonómicos o locales, actúan los órganos de su régimen disciplinario propio.
  • Las resoluciones son recurribles ante el orden contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Determina quién inicia, instruye y sanciona el procedimiento según el nivel del alto cargo: Gobierno/Secretarios de Estado, resto de la AGE, o autonómicos/locales.

Esquema

Quién incoa, instruye y sanciona (art. 31)
IncoaInstruyeSanciona
Miembro del Gobierno o Secretario de EstadoConsejo de MinistrosOficina de Conflictos de InteresesConsejo de Ministros
Otros altos cargos de la AGEMinistro de HaciendaOficina de Conflictos de InteresesMinistro de Hacienda
Altos cargos autonómicos o localesÓrgano de su propio régimen disciplinarioÓrgano de su propio régimen disciplinarioÓrgano propio, o Consejo de Gobierno/Pleno

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Artículo 32. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Datos clave

  • Prescripción de las infracciones: cinco años las muy graves, tres años las graves y un año las leves.
  • Prescripción de las sanciones: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las graves y un año las leves.
  • El cómputo de los plazos y las causas de interrupción se rigen por el artículo 132 de la Ley 30/1992.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los plazos de prescripción de infracciones y sanciones, iguales para ambas: cinco años para muy graves, tres para graves, uno para leves.

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Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Datos clave

  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
  • Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
  • Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, autonomía y plena independencia.

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Artículo 34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Datos clave

  • Promover la transparencia de la actividad pública.
  • Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
  • Salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
  • Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno persigue cuatro fines: promover la transparencia, velar por las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso y garantizar la observancia del buen gobierno.

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Artículo 35. Composición.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.

Datos clave

  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se compone de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y del Presidente.
  • El Presidente del Consejo lo es también de su Comisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo, que preside también la Comisión.

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Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

a) El Presidente.

b) Un Diputado.

c) Un Senador.

d) Un representante del Tribunal de Cuentas.

e) Un representante del Defensor del Pueblo.

f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.

4. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Datos clave

  • La Comisión ejerce las competencias de la Ley y de su normativa de desarrollo.
  • Composición: Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, AEPD, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y AIReF.
  • Ser miembro no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración, salvo el Presidente.
  • Al menos una vez al año convoca a los organismos autonómicos con funciones similares.
  • Puede convocarse un representante de la Administración Local propuesto por la FEMP.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla la composición de la Comisión -Presidente más siete representantes institucionales- y aclara que ser miembro no da derecho a remuneración ni exige dedicación exclusiva.

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Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

Datos clave

  • Mandato: cinco años, no renovable.
  • Nombramiento por Real Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Comparecencia previa ante la Comisión correspondiente del Congreso.
  • El Congreso refrenda por mayoría absoluta en el plazo de un mes natural.
  • Cese: expiración del mandato, petición propia o separación por el Gobierno.
  • Retribuciones según el Real Decreto 451/2012.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el nombramiento del Presidente -5 años no renovables, propuesto por Hacienda y refrendado por el Congreso- y sus causas de cese.

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Artículo 38. Funciones.

1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones:

a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley.

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Datos clave

  • El Consejo tiene encomendadas 8 funciones (letras a a h del apartado 1).
  • Informa preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la Ley o se relacionen con su objeto.
  • Elabora anualmente una memoria sobre el grado de aplicación de la Ley que se presenta ante las Cortes Generales.
  • El Presidente adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la Ley.
  • El Presidente conoce de las reclamaciones del artículo 24.
  • El Presidente insta el procedimiento sancionador del título II; el órgano competente debe motivar su decisión de no incoarlo.
  • El Presidente aprueba el anteproyecto de presupuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte las funciones entre el Consejo/Comisión -recomendaciones, informes, memoria anual- y el Presidente, que ejerce las funciones operativas: reclamaciones, control de publicidad activa e impulso del régimen sancionador.

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Artículo 39. Régimen jurídico.

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta Ley, por:

a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado.

b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.

d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, en materia de medios personales.

e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas.

2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Datos clave

  • Normas aplicables: Ley General Presupuestaria, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Patrimonio, EBEP y Ley 30/1992.
  • Elabora anualmente un anteproyecto de presupuesto.
  • El Estatuto del Consejo lo aprueba el Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
  • Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios públicos.
  • Medios económicos: asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, patrimonio y rentas, y otros legalmente atribuidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen jurídico del Consejo de Transparencia: cinco bloques normativos supletorios, Estatuto aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros, puestos desempeñados con carácter general por funcionarios y tres fuentes de bienes y medios económicos.

Esquema

Normas supletorias del Consejo
MateriaNorma
a)PresupuestariaLey 47/2003
b)ContratosReal Decreto Legislativo 3/2011
c)PatrimonioLey 33/2003 y, en lo no previsto, Derecho privado
d)Medios personalesLey 7/2007 y normas del personal funcionario de la AGE
e)Funciones públicasLey 30/1992 y normativa aplicable

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Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.

Datos clave

  • El Consejo eleva a las Cortes Generales una memoria con carácter anual.
  • La memoria versa sobre el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de la Ley.
  • El Presidente comparece ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de la memoria.
  • El Presidente comparece además cuantas veces sea requerido para ello.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo eleva cada año a las Cortes Generales una memoria de actividades y del grado de cumplimiento de la Ley; su Presidente comparece ante la Comisión correspondiente para darla a conocer y cuantas veces sea requerido.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 9

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c). 3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • ¿Cuánto debe transcurrir desde la comunicación para que un sistema de la letra c) tenga eficacia jurídica? → Dos meses, durante los cuales el órgano estatal competente por seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional.
  • ¿En qué plazo emite su informe vinculante la Secretaría de Estado de Seguridad? → En diez días desde su solicitud.
  • ¿Dónde deben situarse los recursos técnicos de los sistemas de la letra c)? → En territorio de la Unión Europea y, si hay categorías especiales de datos del art. 9 del RGPD, en territorio español.
  • Letra a) firma, letra b) sello, letra c) el cajón de sastre con condiciones. Los certificados de a) y b) son siempre cualificados y de la Lista de confianza.
  • Dos cifras de la letra c): dos meses para que el sistema sea eficaz, diez días para el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Geografía de los datos: UE como regla, España si son categorías especiales del art. 9 del RGPD.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe verificar la identidad del interesado. Electrónicamente valen tres sistemas: certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello y otros que la Administración admita previa comunicación, con dos meses de espera y datos alojados en la UE.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 10

Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Datos clave

  • ¿Qué debe permitir acreditar el medio de firma elegido? → La autenticidad de la voluntad y el consentimiento del firmante, y la integridad e inalterabilidad del documento.
  • ¿Cuánto ha de transcurrir desde la comunicación de un sistema de la letra c) hasta su eficacia jurídica? → Dos meses.
  • Cuando lo disponga expresamente la normativa reguladora, las Administraciones Públicas pueden admitir los sistemas de identificación como sistema de firma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Firmar sirve para acreditar voluntad e integridad. Si el interesado va por vía electrónica, la ley tasa qué sistemas valen.

Esquema

Identificar (art. 9) frente a firmar (art. 10)
Identificación (art. 9)Firma (art. 10)
Certificados cualificados de firmaSíSí
Certificados cualificados de selloSíSí
Otros sistemas con registro previoSíSí
Plazo previo a la eficacia jurídicaDos mesesDos meses

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 11

Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos.

Datos clave

  • Según el artículo 11.1 de la Ley 39/2015, ¿qué basta con carácter general para realizar una actuación prevista en el procedimiento? → La previa acreditación de la identidad por un medio admitido.
  • ¿Para cuál de estas actuaciones exige firma el artículo 11.2 de la Ley 39/2015? → Para presentar una declaración responsable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter general basta acreditar la identidad. El artículo 11.2 enumera las actuaciones para las que se requiere obligatoriamente firma.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 12

Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Datos clave

  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a quién deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos? → A los interesados no obligados que lo soliciten, en los términos del artículo.
  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no obligado carece de medios electrónicos, ¿cómo puede realizarse válidamente su identificación o firma? → Por un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 12.2 prevé asistencia a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que la soliciten, especialmente en identificación y firma, solicitudes y copias auténticas.

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Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
  • Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
  • Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
  • Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración sin ser todavía parte de un procedimiento. No confundir con los derechos del interesado del artículo 53.

Esquema

Artículo 13 frente a artículo 53
Art. 13 · derechos de las personasArt. 53 · derechos del interesado
TitularQuien tiene capacidad de obrarQuien es interesado en un procedimiento
MomentoAntes o al margen del procedimientoDentro del procedimiento
Ejemplo típicoAcceso a información públicaConocer el estado de la tramitación

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 14

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Datos clave

  • Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujeto está obligado a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite administrativo? → Una entidad sin personalidad jurídica.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿puede una persona física cambiar el medio por el que se comunica con la Administración? → Sí, en cualquier momento, si no está obligada al canal electrónico.
  • ¿Qué profesionales menciona expresamente el último inciso del artículo 14.2.c de la Ley 39/2015? → Los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles
  • Según el artículo 14.2.e de la Ley 39/2015, y en la forma que determine reglamentariamente cada Administración, ¿a qué trámites se limita la obligación electrónica de sus empleados? → A los realizados por su condición de empleado público.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué situación obliga a relacionarse electrónicamente a quien actúa por otro? → Representar a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
  • Para determinados procedimientos y colectivos con acceso y disponibilidad de medios acreditados, ¿por qué vía permite el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 establecer la obligación electrónica? → Mediante una disposición de carácter reglamentario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas físicas eligen y pueden cambiar en todo momento si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas. Lo están, al menos, personas jurídicas, entes sin personalidad, colegiados, sus representantes y empleados públicos, y el reglamento puede ampliar.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 15

Lengua de los procedimientos. 1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. 3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Datos clave

  • ¿En qué lengua se tramita si varios interesados discrepan? → En castellano, expidiéndose en la lengua elegida los documentos o testimonios que requieran.
  • ¿Cuándo no es precisa la traducción al castellano? → Cuando el documento deba surtir efecto en otra Comunidad Autónoma donde esa misma lengua sea también cooficial.
  • Regla del empate: discrepancia entre interesados → castellano, con testimonios en la lengua de cada uno.
  • La excepción a traducir es geográfica: entre territorios que comparten la misma lengua cooficial, no hace falta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la AGE el procedimiento va en castellano, salvo que el interesado elija la lengua cooficial. Si hay discrepancia entre varios, gana el castellano.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 16

Registros. 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Datos clave

  • ¿Qué se asienta en el Registro Electrónico General? → Todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo público o entidad vinculada; también puede anotarse la salida de documentos oficiales.
  • ¿Cómo funciona el Registro Electrónico General respecto de los registros de cada organismo? → Como un portal que facilita el acceso a ellos.
  • Palabras clave del artículo: general, interoperable, interconectado y portal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene un Registro Electrónico General que funciona como portal; los organismos pueden tener el suyo, siempre interoperable e interconectado.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 17. Archivo de documentos.

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Datos clave

  • Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados.
  • Los documentos electrónicos se conservan en un formato que garantice autenticidad, integridad y conservación y su consulta con independencia del tiempo transcurrido; su eliminación debe autorizarse.
  • Los soportes cuentan con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, con identificación de usuarios y control de accesos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Archivo electrónico único por Administración para los procedimientos ya terminados, con formato que garantice autenticidad, integridad y consulta futura.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 26

Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. 1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

Datos clave

  • ¿Qué documentos están exceptuados de firma electrónica por el artículo 26.3 de la Ley 39/2015? → Los meramente informativos y los que no formen parte de un expediente, identificando su origen.
  • ¿Qué requisito temporal enumera el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para un documento electrónico administrativo válido? → Una referencia temporal del momento en que se ha emitido.
  • Además de información electrónica identificable, metadatos y referencia temporal, ¿qué exige el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para el documento electrónico administrativo válido? → Las firmas electrónicas que correspondan según la normativa aplicable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La excepción no elimina la necesidad de identificar el origen del documento. No deben generalizarse los requisitos de firma sin atender al tipo de documento.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 27

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. 1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas: a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. 5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

Datos clave

  • Según el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo se expide, salvo las excepciones legales, la copia auténtica de un documento público administrativo solicitada al órgano emisor? → Quince días desde la recepción de la solicitud.
  • Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué validez tienen las copias auténticas realizadas por una Administración respecto de las restantes? → Tienen validez ante las restantes Administraciones.
  • Según el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, ¿qué deben garantizar las copias auténticas? → La identidad del órgano que realiza la copia y su contenido.
  • Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué efectos tienen las copias auténticas de documentos privados? → Surten únicamente efectos administrativos.
  • ¿Qué vías prevé el artículo 27.1 de la Ley 39/2015 para realizar copias auténticas? → Funcionario habilitado o actuación administrativa automatizada.
  • Según el artículo 27.3.c de la Ley 39/2015, ¿para qué sirve el código generado en una copia en papel de un documento electrónico? → Para contrastarla accediendo a los archivos electrónicos del emisor.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La solicitud se dirige al órgano que emitió el original y la copia se expide en quince días desde su recepción, salvo las excepciones derivadas de la Ley 19/2013.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38

La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Datos clave

  • ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
  • ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
  • Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la 'oficina digital' oficial de una Administración. Su titular responde de que todo lo que hay dentro sea veraz, esté actualizado y se sepa quién manda ahí.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 39

Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué es un portal de internet según el art. 39? → El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
  • Cadena de la definición: titularidad pública → punto de acceso electrónico → información publicada → (en su caso) sede electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Definición de portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad pública que da acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica. Artículo de una línea, pero de definición literal.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 40

Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos incluye siempre el certificado de un sello electrónico administrativo? → El número de identificación fiscal (NIF) y la denominación de la Administración.
  • ¿Hace falta sello para que se entienda identificada la Administración en su portal de internet? → No: basta con que la información se publique como propia en dicho portal.
  • Dato de examen: el certificado del sello lleva NIF + denominación, y solo añade la identidad del titular cuando el sello es de un órgano administrativo concreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sello electrónico identifica a la Administración como organización, no a una persona. Se basa en certificado reconocido o cualificado y su relación debe ser pública.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41

Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Datos clave

  • ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una actuación es 'automatizada' solo si la hace la máquina de principio a fin, sin que intervenga directamente ningún empleado público. Antes de activarla hay que fijar quién responde de ella.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 42

Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué dos sistemas de firma prevé el art. 42 para la actuación administrativa automatizada? → El sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado y el código seguro de verificación.
  • ¿Qué debe permitir en todo caso el código seguro de verificación? → La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
  • Dos sistemas y dos palabras clave: sello → certificado reconocido o cualificado; CSV → comprobación de la integridad en la sede.
  • Quien decide los supuestos de utilización es cada Administración Pública, no una norma estatal única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la actuación administrativa automatizada solo hay dos sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación. Cada Administración decide en qué supuestos usa cada uno.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 43

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.

Datos clave

  • ¿Con qué firma electrónica se realiza, con carácter general, la actuación de un empleado público? → Con su firma electrónica personal (la del titular del órgano o empleado).
  • ¿Qué puede sustituir a la identificación completa en la firma, por razones de seguridad pública? → El número de identificación profesional del empleado público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La regla general de actuación electrónica es la firma del titular del órgano o del empleado. Por seguridad pública, esa firma puede reducirse a un simple número de identificación profesional.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 44

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Datos clave

  • ¿Cómo se fijan las condiciones del intercambio cuando participan Administraciones distintas? → Mediante convenio suscrito entre ellas.
  • ¿Qué debe comprender, como mínimo, la regulación cuando los participantes son de la misma Administración? → La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
  • Regla rápida: ¿participan Administraciones distintas? Si sí, hace falta convenio; si es la misma Administración, lo decide ella sola.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En entornos cerrados entre Administraciones, los documentos electrónicos son válidos sin más trámite. Quién fija las condiciones depende de si es la misma Administración o varias distintas.

Esquema

Quién fija las condiciones del intercambio
Misma AdministraciónAdministraciones distintas
Cómo se regulaLo determina esa AdministraciónMediante convenio entre ellas
Contenido mínimoEmisores/receptores autorizados y naturaleza de los datosLo pactado en el convenio

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 45

Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

Datos clave

  • ¿Qué puede superponer una Administración a un documento firmado con un sistema no basado en certificado reconocido o cualificado, al remitirlo a otros organismos? → Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
  • Asocia 'firma no reconocida + se manda fuera' con la solución 'sello reconocido o cualificado superpuesto': es el puente de interoperabilidad del artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la firma de un documento no usa certificado reconocido o cualificado, la Administración puede 'blindarla' superponiendo un sello electrónico para que otros organismos la verifiquen sin problema.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46

Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

Datos clave

  • ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
  • ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
  • 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo se archiva en electrónico salvo que sea imposible, y con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad que aseguren que el documento se pueda leer y verificar durante años.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46 bis

Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos. Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Datos clave

  • ¿En qué territorio deben ubicarse los sistemas que tratan censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud? → Dentro del territorio de la Unión Europea.
  • ¿Cuáles son las dos excepciones para transferir estos datos a un tercer país? → Que exista decisión de adecuación de la Comisión Europea, o que lo exija una obligación internacional asumida por España.
  • Cuatro bloques de datos a memorizar juntos: censo electoral, padrones/registros de población, datos fiscales y datos de salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud son 'datos de Estado': sus sistemas deben estar en la UE y solo pueden salir a terceros países en dos casos tasados.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 1

Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Datos clave

  • ¿Qué dos objetos tiene la LOPDGDD según su art. 1? → Adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
  • ¿En qué artículo constitucional se amparan ambos objetos? → En el art. 18.4 de la Constitución.
  • Un solo artículo constitucional (18.4 CE) sostiene los dos objetivos: protección de datos y derechos digitales.
  • Letra a) = RGPD; letra b) = derechos digitales. No los mezcles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley persigue dos objetivos: adaptar España al RGPD y garantizar los derechos digitales. Ambos se apoyan en el mismo artículo de la Constitución.

¿Me lo sé? Flashcards

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 2

Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.

Datos clave

  • ¿A qué tratamientos no automatizados se aplican los Títulos I a IX? → A los de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
  • Cita los tres supuestos en que la LO 3/2018 no es de aplicación. → Los excluidos del RGPD por su art. 2.2; los de datos de personas fallecidas; y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
  • ¿Qué tres ámbitos pone el art. 2.3 como ejemplo de actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión? → Los tratamientos al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los de instituciones penitenciarias y los derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y los Mercantiles.
  • Las tres exclusiones del apartado 2 van en este orden: a) lo que el RGPD ya excluye, b) fallecidos, c) materias clasificadas. Europa, muertos y secretos.
  • Los tres ejemplos del apartado 3 también son tres: electoral, penitenciario y registral (Civil, Propiedad y Mercantiles).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Marca hasta dónde llega la ley: Títulos I a IX y artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento automatizado y al no automatizado que esté en un fichero. Deja fuera tres bloques y remite a legislación específica en materia electoral, penitenciaria y registral. Juzgados y Fiscalía sí quedan dentro, con las salvedades de sus leyes propias.

Los tratamientos de los órganos judiciales en los procesos de su competencia y los de la Oficina Judicial (ap. 4), y los del Ministerio Fiscal y la Oficina Fiscal (ap. 5), se rigen por el RGPD y esta ley orgánica, sin perjuicio de la LO 6/1985 del Poder Judicial y, en la Fiscalía, de la Ley 50/1981 y de las normas procesales aplicables.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 3

Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Datos clave

  • En caso de fallecimiento de un menor, esas facultades también pueden ejercerlas sus representantes legales o el Ministerio Fiscal (art. 3.3).
  • ¿Qué datos del fallecido pueden pedir siempre los herederos, aunque él lo prohibiera? → Los datos de carácter patrimonial (art. 3.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 3 dice quién puede pedir el acceso, la rectificación o la supresión de los datos de una persona fallecida: sus allegados y herederos, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo impida una ley.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 4

Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Datos clave

  • ¿Quién asume la responsabilidad si un intermediario transmite datos incorrectos al responsable? → El propio mediador o intermediario.
  • ¿Qué requisito debe cumplir siempre el responsable para no responder de la inexactitud? → Haber adoptado todas las medidas razonables para suprimir o rectificar los datos sin dilación.
  • Cuatro fuentes exculpatorias: afectado, intermediario, portabilidad, registro público — mnemotecnia 'AIPR'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los datos deben ser exactos y actualizados, pero el responsable queda exento si el error viene de una de cuatro fuentes tasadas y él actuó con diligencia.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 5

Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Datos clave

  • ¿Hasta cuándo dura el deber de confidencialidad del art. 5? → Se mantiene aunque haya finalizado la relación con el responsable o encargado del tratamiento.
  • ¿A quién obliga el deber de confidencialidad? → A responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
  • La confidencialidad no caduca con el contrato: sigue después de dejar el puesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo el que interviene en un tratamiento debe guardar confidencialidad, además del secreto profesional que ya tuviera, y esa obligación no termina al acabar la relación.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 6

Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Datos clave

  • ¿Cómo define el art. 6.1 el consentimiento del afectado? → Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante declaración o clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
  • ¿A qué no puede supeditarse la ejecución del contrato? → A que el afectado consienta el tratamiento de datos para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
  • Cuatro adjetivos y van en bloque: libre, específica, informada e inequívoca. Si falla uno, no hay consentimiento.
  • Tres palabras en el apartado 3 marcan el límite: mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el consentimiento con los cuatro adjetivos del RGPD y le añade dos reglas prácticas: si hay varias finalidades, debe constar de forma específica e inequívoca que se otorga para todas; y no se puede condicionar la ejecución del contrato a consentir tratamientos ajenos a esa relación.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 7

Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

Datos clave

  • Según el artículo 7.2 de la LO 3/2018, ¿quién debe consentir para basar en consentimiento el tratamiento de datos de una persona de trece años? → El titular de la patria potestad o tutela.
  • ¿Qué excepción establece el artículo 7.1 al consentimiento del menor mayor de catorce años? → Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para menores de catorce años, el tratamiento fundado en consentimiento requiere el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determine.

Mapa mental

Ley Orgánica 3/2018, art. 7
  • El titular de la patria potestad o tutela.
  • Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 8

Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Datos clave

  • ¿Qué exige el art. 8.2 para fundar un tratamiento en interés público o poderes públicos? → Que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
  • ¿Qué puede imponer la norma que ampara un tratamiento por obligación legal? → Condiciones generales del tratamiento, tipos de datos, cesiones y medidas adicionales de seguridad del capítulo IV RGPD.
  • El apartado 1 del art. 8 admite una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley; el apartado 2 exige siempre una norma con rango de ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tanto tratar por obligación legal como por interés público exigen una norma con rango de ley, pero solo la primera puede fijar condiciones y medidas de seguridad especiales.

Esquema

Dos bases del art. 8: obligación legal vs. interés público
Obligación legal (6.1.c)Interés público / poderes públicos (6.1.e)
Norma exigidaDerecho UE o rango de leyNorma con rango de ley
Qué debe hacer la normaPuede fijar condiciones, tipos de datos y cesionesDebe atribuir la competencia al responsable
Medidas adicionales de seguridadSí, puede imponerlas (cap. IV RGPD)No se menciona expresamente

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 9

Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.

Datos clave

  • ¿Basta el consentimiento para tratar datos con la finalidad principal de identificar la ideología del afectado? → No; se necesita apoyarse en otro de los supuestos del art. 9.2 RGPD.
  • ¿Qué necesitan los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD? → Estar amparados en una norma con rango de ley.
  • Consentimiento + finalidad de identificar ideología/sindicato/religión/orientación sexual/creencias/etnia = NO es suficiente por sí solo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El consentimiento solo no basta para tratar datos que identifiquen ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen étnico; los de salud y similares necesitan norma con rango de ley.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 10

Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Quiénes pueden tratar datos penales sin necesitar una norma que lo ampare expresamente? → Abogados y procuradores, con los datos que les facilitan sus clientes para ejercer sus funciones.
  • ¿Dónde se regula el registro completo de datos de condenas e infracciones penales? → En la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
  • La única excepción sin norma expresa: abogados y procuradores, y solo con los datos de sus clientes para su función.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tratar datos penales fuera de fines de persecución del delito exige norma con rango legal; la única excepción sin ella son abogados y procuradores, con los datos de sus propios clientes.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 11

Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos se añaden a la información básica cuando los datos no proceden del afectado? → Las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieron.
  • ¿Qué debe saber el afectado si sus datos se usan para elaborar perfiles? → Esa circunstancia y su derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD.
  • Misma información básica en los dos casos; cuando el dato no viene del afectado se suman categorías + fuente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información básica al afectado es la misma se obtengan o no los datos de él; cuando no vienen de él se añaden categorías de datos y su fuente.

Esquema

Información según el origen de los datos
Datos obtenidos del afectado (art. 13 RGPD)Datos NO obtenidos del afectado (art. 14 RGPD)
Información básicaIdentidad del responsable, finalidad, derechos (arts. 15-22 RGPD)Misma información básica
Se añade además-Categorías de datos y fuente de procedencia

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 12

Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de derechos? → Sobre el responsable del tratamiento (art. 12.4).
  • ¿Hasta qué edad ejercen los titulares de la patria potestad los derechos en nombre del menor? → Hasta los catorce años: en nombre de los menores de catorce años.
  • ¿Puede el encargado tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos? → Sí, por cuenta del responsable, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
  • La edad que se pregunta aquí es catorce, no dieciocho: menores de catorce años actúan por medio de quien tenga la patria potestad.
  • Gratuidad con excepciones tasadas: arts. 12.5 y 15.3 del RGPD y apartados 3 y 4 del art. 13 de esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas comunes para ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD: quién los ejerce, qué tiene que poner el responsable, quién prueba que contestó y la gratuidad. Incluye el dato estrella: los titulares de la patria potestad actúan por los menores de catorce años.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 13

Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

Datos clave

  • ¿En qué plazo se puede calificar de repetitivo el ejercicio del derecho de acceso? → Si se ejerce más de una vez en 6 meses, salvo causa legítima.
  • ¿Quién asume el exceso de coste si el afectado elige un medio distinto y desproporcionado? → El propio afectado.
  • El plazo clave es 6 meses: repetir el acceso antes, sin causa legítima, permite calificarlo de repetitivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de acceso se satisface también con un sistema de acceso remoto permanente, y se puede calificar de repetitivo o excesivo en ciertos casos.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 14

Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Datos clave

  • ¿Qué dos cosas debe indicar el afectado al pedir la rectificación? → A qué datos se refiere y la corrección que debe realizarse.
  • Dos requisitos de la solicitud: qué dato + qué corrección; si hace falta, prueba documental.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pedir la rectificación exige decir exactamente qué dato corregir y cuál es la corrección, aportando prueba documental si hace falta.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 15

Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Datos clave

  • ¿Qué puede conservar el responsable tras una supresión por oposición a la mercadotecnia directa? → Los datos identificativos necesarios para impedir tratamientos futuros con esa finalidad.
  • Paradoja útil: para no volver a contactarte, el responsable puede seguir guardando tus datos identificativos, solo para bloquearte.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La supresión se rige por el art. 17 RGPD; si viene de oponerse a la mercadotecnia directa, el responsable puede guardar los datos identificativos solo para no volver a contactar.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 16

Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Datos clave

  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 16 LOPDGDD para regular el derecho a la limitación del tratamiento? → Al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • Según el art. 16.2 LOPDGDD, ¿dónde debe constar que un tratamiento está limitado? → Claramente en los sistemas de información del responsable del tratamiento.
  • Solo tiene 2 apartados: (1) remisión al art. 18 RGPD y (2) obligación de que conste en los sistemas del responsable.
  • Como pista de examen: si preguntan por el contenido del derecho de limitación, la respuesta está en el RGPD; si preguntan por la obligación de constancia, está en este artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este artículo no regula cómo se limita el tratamiento: eso está en el RGPD. Solo remite a él y añade una obligación interna: que la limitación quede anotada en los sistemas del responsable.

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Artículo 17. Derecho a la portabilidad.

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018 regula el derecho a la portabilidad.
  • La Ley Orgánica no desarrolla un régimen propio: se remite al Reglamento europeo.
  • El derecho a la portabilidad se ejerce de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La portabilidad de los datos se ejerce conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679; la ley orgánica solo remite.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 18

Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para el derecho de oposición? → Al artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles? → Al artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El artículo respeta el orden: primero cita el derecho de oposición junto al art. 21, luego las decisiones automatizadas junto al art. 22 (van correlativos: 21 y 22).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo reenvía en bloque al RGPD dos derechos distintos: la oposición va al artículo 21 y las decisiones automatizadas, incluidos los perfiles, al artículo 22.

Esquema

A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD
Derecho de oposiciónDecisiones automatizadas y perfiles
Artículo del RGPD2122

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 19

Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. 2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. 3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias.

Datos clave

  • ¿En qué artículo del RGPD se presume amparado el tratamiento de datos de contacto profesional? → En el artículo 6.1.f), salvo prueba en contrario.
  • ¿Qué dos requisitos exige el art. 19.1? → Que el tratamiento se refiera solo a los datos necesarios para la localización profesional y que la finalidad sea únicamente mantener relaciones con la persona jurídica en la que el afectado presta servicios.
  • Los dos requisitos giran sobre la palabra «únicamente»: únicamente datos de localización profesional y únicamente para relacionarse con la persona jurídica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Presume lícito, por interés legítimo, tratar los datos de contacto profesional de quienes trabajan en una persona jurídica, con dos requisitos muy estrechos. La misma presunción vale para empresarios individuales y profesionales liberales cuando se les trata solo en esa condición.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 20

Sistemas de información crediticia. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado. f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. 2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. 3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.

Datos clave

  • ¿Cuánto tiempo como máximo pueden mantenerse los datos en un sistema de información crediticia? → Cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación, y solo mientras persista el incumplimiento.
  • ¿Qué plazo de bloqueo se aplica tras notificar al afectado su inclusión? → Treinta días desde la notificación de la deuda al sistema; los datos permanecen bloqueados durante ese plazo.
  • ¿Qué condición debe reunir la deuda para que opere la presunción? → Ser cierta, vencida y exigible, y que su existencia o cuantía no haya sido objeto de reclamación administrativa, judicial o de un procedimiento alternativo vinculante.
  • Dos cifras que caen seguro: treinta días de bloqueo tras notificar la inclusión y cinco años de permanencia máxima.
  • La deuda pide tres adjetivos y una negativa: cierta, vencida y exigible, y no reclamada.
  • Los requisitos son seis letras, de la a) a la f), y la última es la única que obliga a quien consulta, no a quien incluye.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los ficheros de morosos: presume lícita la inclusión si se cumplen seis requisitos, con dos cifras clave (treinta días de bloqueo tras la notificación y cinco años de permanencia máxima). Entidad y acreedor son corresponsables y la presunción no cubre el perfilado crediticio.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 21

Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. 2. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Qué debe hacer la entidad cesionaria si la operación no llega a concluirse? → Proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo.
  • ¿Cubre la presunción del art. 21 la comunicación de datos anterior al cierre de la operación? → Sí: expresamente incluye la comunicación con carácter previo.
  • Dos elementos que se piden juntos: necesidad para el buen fin de la operación y continuidad en la prestación de los servicios.
  • Operación frustrada: supresión inmediata y sin bloqueo. Es una excepción expresa a la regla de bloqueo de esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Da cobertura a los tratamientos y cesiones de datos que acompañan a fusiones, escisiones y traspasos de negocio o rama de actividad, incluso antes de cerrarlos. Si la operación se cae, la cesionaria borra de inmediato y no se aplica el bloqueo.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.

Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica.

4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.

5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes.

6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.

7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.

8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden tratar imágenes con cámaras para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
  • La vía pública solo puede captarse en lo imprescindible, y nunca puede captarse el interior de un domicilio privado.
  • Los datos se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones.
  • En ese caso, las imágenes se ponen a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas.
  • El deber de información se cumple con un dispositivo informativo visible que indique el tratamiento, el responsable y los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD.
  • Queda excluido el tratamiento por una persona física de imágenes que solo capten el interior de su propio domicilio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 22 regula las cámaras de seguridad: solo pueden captar la vía pública lo imprescindible, deben suprimirse en un mes salvo que documenten un delito (72 horas para entregarlas a la autoridad), y basta un cartel informativo visible para cumplir el deber de información.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 23

Sistemas de exclusión publicitaria. 1. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, por parte de las asociaciones y organismos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) que cuenten con una alta representatividad en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Para la creación y mantenimiento de estos sistemas se observarán las medidas que se establezcan mediante desarrollo reglamentario. 2. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus preferencias. La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas. 3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. 4. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla.

Datos clave

  • ¿Qué basta para entender cumplida la obligación de consulta previa en mercadotecnia directa? → Consultar los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente.
  • ¿Qué son los servicios de preferencia? → Servicios dentro de los sistemas de exclusión mediante los cuales los afectados limitan la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.
  • ¿Qué datos pueden incluirse en un sistema de exclusión publicitaria? → Solo los datos imprescindibles para identificar a los afectados.
  • Tres verbos y tres sujetos: la entidad comunica, la autoridad publica, el anunciante consulta.
  • Para dar por cumplida la consulta basta la relación publicada por la autoridad de control: no hay que rastrear sistemas no comunicados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Legitima las listas Robinson: sistemas, generales o sectoriales, donde se apunta quien no quiere publicidad. La entidad los comunica a la autoridad de control, esta los publica en su sede electrónica y quien hace mercadotecnia directa está obligado a consultarlos antes.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 24

Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Dichos tratamientos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en esta ley orgánica y en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Datos clave

  • ¿Por qué normas se rigen los tratamientos de datos dirigidos a proteger a quienes informan sobre infracciones normativas? → Por el Reglamento (UE) 2016/679, por esta ley orgánica y por la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
  • Tres normas en cascada: RGPD, LO 3/2018 y la ley del informante. Si te preguntan por plazos o por el canal interno, no están en este artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Artículo de remisión: declara lícito el tratamiento de datos necesario para proteger a quien informa sobre infracciones normativas y manda su régimen al RGPD, a esta ley orgánica y a la ley reguladora de la protección del informante.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 25

Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. 1. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.

Datos clave

  • ¿Qué régimen tienen en estadística los datos de los arts. 9 y 10 del RGPD? → Son de aportación estrictamente voluntaria y solo pueden recogerse previo consentimiento expreso de los afectados (art. 11.2 de la Ley 12/1989).
  • ¿Cuándo se ampara en el art. 6.1 e) del RGPD la comunicación de datos a los órganos estadísticos? → Cuando la estadística venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o esté incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.
  • Tres claves numeradas: 6.1 e) como base de la comunicación, arts. 9 y 10 del RGPD con consentimiento expreso, y arts. 15 a 22 denegables por secreto estadístico.
  • La ley sectorial que se cita con número es la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública, y el precepto es su art. 11.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Encaja la función estadística pública en la protección de datos: legislación específica más RGPD y esta ley; la comunicación solo se ampara en el interés público si la estadística viene exigida por norma de la UE o está programada; y el secreto estadístico permite denegar los derechos de los artículos 15 a 22.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 26

Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas. Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación.

Datos clave

  • ¿Qué real decreto regula el Sistema Español de Archivos al que remite el art. 26? → El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
  • ¿Qué ley de patrimonio se cita como especialidad en el art. 26? → La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
  • Dos referencias con fecha que se preguntan tal cual: Ley 16/1985, de 25 de junio, y Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
  • El sujeto está acotado: el artículo habla del tratamiento por las Administraciones Públicas, no por cualquier archivo privado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Declara lícito que las Administraciones Públicas traten datos con fines de archivo en interés público, remitiendo al RGPD y a esta ley con las especialidades de la normativa de archivos y patrimonio histórico, estatal y autonómica.

¿Me lo sé? Flashcards

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 27

Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. 2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Quiénes pueden ser responsables del tratamiento de datos de infracciones y sanciones administrativas según el art. 27.1? → Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o para la imposición de las sanciones.
  • Fuera de los apartados 1 y 2, ¿quién puede tratar estos datos? → Solo abogados y procuradores, y únicamente para recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
  • Tres escalones en orden descendente: órgano competente con datos mínimos, luego consentimiento o norma con rango de ley, y por último abogados y procuradores.
  • Tres verbos en la letra a): instruir, declarar e imponer. Ese es el círculo de responsables posibles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Acota quién puede tratar datos de infracciones y sanciones administrativas: en principio solo el órgano competente del procedimiento sancionador y con los datos estrictamente necesarios. Si no, hacen falta consentimiento o ley. Y fuera de ahí, únicamente abogados y procuradores con lo que les den sus clientes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.

Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:

a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.

b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas.

d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.

e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad.

f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.

g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección.

h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación.

Datos clave

  • Responsables y encargados determinan las medidas técnicas y organizativas apropiadas teniendo en cuenta los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • Las medidas deben garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, la ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial.
  • Deben valorar si procede la evaluación de impacto y la consulta previa de la Sección 3 del Capítulo IV del Reglamento.
  • El apartado 2 enumera ocho supuestos de mayor riesgo, letras a) a h).
  • Son de mayor riesgo, entre otros, el tratamiento de grupos en situación de especial vulnerabilidad, en particular menores de edad y personas con discapacidad.
  • También el tratamiento masivo y las transferencias habituales a terceros Estados u organizaciones internacionales sin nivel adecuado de protección declarado.
  • La elaboración de perfiles personales y el tratamiento no meramente incidental de categorías especiales de datos son supuestos de mayor riesgo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables y encargados eligen las medidas técnicas y organizativas para garantizar y acreditar que tratan bien los datos, valorando la evaluación de impacto y la consulta previa y los supuestos de mayor riesgo que enumera la ley.

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Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.

La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Datos clave

  • El artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018 regula los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
  • Desarrolla la determinación de responsabilidades del artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El criterio es atender a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando hay corresponsables del tratamiento, sus responsabilidades del artículo 26.1 del RGPD se reparten según las actividades que cada uno desarrolle efectivamente, no por su mera condición.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea.

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda.

2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.

Datos clave

  • Se aplica a responsables o encargados no establecidos en la Unión Europea a los que el Reglamento resulte aplicable por su artículo 3.2, cuando el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España.
  • La AEPD o, en su caso, las autoridades autonómicas pueden imponer al representante las medidas del Reglamento, solidariamente con el responsable o encargado.
  • Queda a salvo la acción de repetición del representante frente a quien proceda.
  • En la responsabilidad del artículo 82 del Reglamento, responsables, encargados y representantes responden solidariamente de los daños y perjuicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el RGPD se aplica por su artículo 3.2 a un responsable o encargado no establecido en la UE y afecta a personas en España, las autoridades pueden imponer las medidas al representante solidariamente con aquel.

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Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.

1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.

Datos clave

  • Responsables, encargados o sus representantes mantienen el registro de actividades del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo la excepción de su apartado 5.
  • El registro puede organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y especifica las actividades según sus finalidades.
  • Si hay delegado de protección de datos, se le comunica cualquier adición, modificación o exclusión del registro.
  • Los sujetos del artículo 77.1 hacen público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos.
  • El inventario incluye la información del artículo 30 del Reglamento y su base legal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables y encargados deben llevar el registro de actividades del artículo 30 del RGPD, salvo su apartado 5, y comunicar los cambios al delegado; los sujetos del artículo 77.1 publican además un inventario electrónico.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 32. Bloqueo de los datos.

1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.

2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.

Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.

3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior.

4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.

5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento.

Datos clave

  • El responsable está obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
  • El bloqueo es la identificación y reserva de los datos para impedir su tratamiento, incluida su visualización.
  • Solo pueden ponerse a disposición de jueces y tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular autoridades de protección de datos.
  • Esa puesta a disposición es solo por el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades; transcurrido, los datos se destruyen.
  • Si el sistema no permite el bloqueo o exige un esfuerzo desproporcionado, se hace un copiado seguro que acredite autenticidad, fecha del bloqueo y no manipulación.
  • La AEPD y las autoridades autonómicas pueden fijar excepciones a la obligación de bloqueo por riesgo elevado o coste desproporcionado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 32 define el bloqueo: identificar y reservar los datos para impedir su tratamiento cuando se rectifican o suprimen, permitiendo solo su entrega a jueces, Fiscalía o Administraciones competentes durante el plazo de prescripción de responsabilidades, tras el cual deben destruirse.

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Artículo 33. Encargado del tratamiento.

1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.

Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.

3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista.

4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • El acceso del encargado a los datos necesarios para prestar un servicio al responsable no es comunicación de datos si se cumple la normativa.
  • Es responsable, y no encargado, quien en su propio nombre y sin constar que actúa por cuenta de otro establezca relaciones con los afectados, salvo en los encargos de la contratación del sector público.
  • También es responsable quien, figurando como encargado, utilice los datos para sus propias finalidades.
  • Al finalizar el servicio, el responsable decide si los datos se destruyen, se devuelven o se entregan a un nuevo encargado.
  • No procede la destrucción si una previsión legal obliga a conservarlos: se devuelven al responsable.
  • El encargado puede conservar los datos debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades.
  • En el sector público las competencias de encargado pueden atribuirse a un órgano mediante norma reguladora con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El acceso del encargado a los datos para prestar un servicio no es comunicación de datos; pero quien actúa en nombre propio o usa los datos para sus fines pasa a ser responsable. Al acabar el servicio decide el responsable el destino de los datos.

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Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.

1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:

a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.

b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.

d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.

e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

f) Los establecimientos financieros de crédito.

g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.

i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.

j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.

m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.

n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.

ñ) Las empresas de seguridad privada.

o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.

2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.

3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.

4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.

5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.

Datos clave

  • Es obligatorio designar delegado en los supuestos del artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, en las entidades de las letras a) a o).
  • Entre ellas: colegios profesionales, centros docentes y Universidades, entidades de crédito, aseguradoras, empresas de seguridad privada y federaciones deportivas que traten datos de menores.
  • Los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas deben designarlo, salvo los profesionales de la salud que ejerzan a título individual.
  • Los no obligados pueden designarlo voluntariamente, con sujeción al mismo régimen.
  • Designaciones, nombramientos y ceses se comunican en el plazo de diez días a la AEPD o a las autoridades autonómicas, sea la designación obligatoria o voluntaria.
  • La AEPD y las autoridades autonómicas mantienen una lista actualizada de delegados accesible por medios electrónicos.
  • La dedicación del delegado puede ser completa o a tiempo parcial según el volumen, la categoría especial de los datos o los riesgos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 34 obliga a nombrar delegado de protección de datos (DPD) a una larga lista de entidades —colegios profesionales, centros docentes, universidades, entidades financieras y aseguradoras, ficheros de solvencia, empresas de publicidad con perfilado, centros sanitarios, empresas de seguridad privada, entre otras— y exige comunicar su nombramiento o cese a la AEPD en 10 días.

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Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.

Datos clave

  • El artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018 se refiere a los requisitos del artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El delegado de protección de datos puede ser persona física o jurídica.
  • Su cualificación puede demostrarse, entre otros medios, mediante mecanismos voluntarios de certificación.
  • La certificación tendrá particularmente en cuenta una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica de protección de datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los requisitos del artículo 37.5 del RGPD para el delegado de protección de datos pueden demostrarse, entre otros medios, con certificaciones voluntarias que valoren especialmente una titulación universitaria especializada.

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Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos.

1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.

Datos clave

  • El delegado es el interlocutor del responsable o encargado ante la AEPD y las autoridades autonómicas.
  • Puede inspeccionar los procedimientos y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
  • Si es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo dolo o negligencia grave.
  • Se garantiza su independencia y debe evitarse cualquier conflicto de intereses.
  • Tiene acceso a datos y procesos sin que pueda oponérsele deber de confidencialidad o secreto, incluido el del artículo 5.
  • Ante una vulneración relevante, la documenta y la comunica inmediatamente a los órganos de administración y dirección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 36 protege la independencia del DPD: actúa de interlocutor con las autoridades, no puede ser removido ni sancionado por ejercer sus funciones salvo dolo o negligencia grave, tiene acceso a los datos sin que le sea oponible ningún deber de secreto, y debe documentar y comunicar de inmediato las vulneraciones relevantes.

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Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.

En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos.

Datos clave

  • Si hay delegado designado, el afectado puede dirigirse a él con carácter previo a reclamar ante la AEPD o las autoridades autonómicas.
  • El delegado comunica al afectado la decisión en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la reclamación.
  • Presentada la reclamación ante la autoridad, esta puede remitirla al delegado para que responda en el plazo de un mes.
  • Si el delegado no comunica la respuesta en ese plazo, la autoridad continúa el procedimiento conforme al Título VIII.
  • El procedimiento ante la AEPD es el del Título VIII de la ley orgánica; las comunidades autónomas regulan el de sus autoridades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 37 permite al afectado acudir primero al DPD de la entidad antes de reclamar ante la AEPD, que debe responder en dos meses; y permite a la AEPD remitir la reclamación al DPD para que este conteste en un mes antes de continuar el procedimiento.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 77

Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento. 1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados: a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos. b) Los órganos jurisdiccionales. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local. d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. e) Las autoridades administrativas independientes. f) El Banco de España. g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público. h) Las fundaciones del sector público. i) Las Universidades Públicas. j) Los consorcios. k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales. 2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda. 4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo. 6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción. Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica.

Datos clave

  • ¿Qué dicta la autoridad de protección de datos cuando un ente público de los enumerados en el art. 77.1 comete una infracción? → Una resolución declarando la infracción y, en su caso, las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos (art. 77.2).
  • ¿Cuándo se incluye una amonestación con denominación del cargo responsable? → Cuando la infracción sea imputable a autoridades y directivos y se acredite que no atendieron debidamente informes técnicos o recomendaciones sobre el tratamiento (art. 77.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija un régimen especial para el sector público (Administraciones, órganos constitucionales, universidades públicas, Banco de España, etc.): en vez de multa, la autoridad dicta una resolución declarando la infracción y ordenando corregirla.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 78

Prescripción de las sanciones. 1. Las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley orgánica prescriben en los siguientes plazos: a) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año. b) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos años. c) Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años. 2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.

Datos clave

  • ¿En qué plazo prescribe una sanción de 40.000 euros? → En un año: la letra a) abarca las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros.
  • ¿Qué interrumpe la prescripción de la sanción? → La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución.
  • ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción de la sanción? → Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución sancionadora o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
  • Los tramos suben de uno en uno: 1, 2 y 3 años para 40.000, hasta 300.000 y más de 300.000 euros.
  • Cuidado con el euro de más: el segundo tramo empieza en 40.001, así que una multa de 40.000 euros justos prescribe al año.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sanciones ya impuestas prescriben según su importe: uno, dos o tres años. El plazo arranca al día siguiente de que la resolución sea ejecutable o de que pase el plazo para recurrirla, y se interrumpe al iniciarse la ejecución con conocimiento del interesado.

Esquema

Prescripción de las sanciones por tramos de importe
Hasta 40.000 eurosDe 40.001 a 300.000 eurosMás de 300.000 euros
Plazo de prescripciónUn añoDos añosTres años
Ejemplo de multa30.000 euros120.000 euros500.000 euros

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Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.

2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.

3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado.

Datos clave

  • Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso de dispositivos digitales del empleador.
  • El empleador solo puede acceder a los contenidos para controlar el cumplimiento de obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos.
  • Los empleadores establecerán criterios de utilización con participación de los representantes de los trabajadores.
  • Si se admite el uso privado, deben especificarse de modo preciso los usos autorizados y establecerse garantías, como los períodos de uso privado.
  • Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a su intimidad en los dispositivos digitales del empleador, que solo accede para controlar obligaciones y la integridad de los equipos, con criterios de uso pactados e informados.

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Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.

2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.

Datos clave

  • Control laboral mediante cámaras conforme al artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y a la legislación de función pública.
  • Información previa, expresa, clara y concisa a trabajadores o empleados públicos y, en su caso, a sus representantes.
  • Ante un acto ilícito flagrante, basta con que exista al menos el dispositivo del artículo 22.4.
  • Prohibida en todo caso la grabación en vestuarios, aseos, comedores y lugares análogos de descanso o esparcimiento.
  • Grabación de sonidos solo ante riesgos relevantes para la seguridad, con proporcionalidad e intervención mínima.
  • La supresión de los sonidos se rige por el artículo 22.3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empleador puede tratar imágenes de cámaras para el control laboral, informando antes; nunca en zonas de descanso; y la grabación de sonidos solo ante riesgos relevantes para la seguridad.

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Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.

1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.

2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

Datos clave

  • Los datos de geolocalización pueden tratarse para las funciones de control del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y de la legislación de función pública.
  • Siempre dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
  • Información previa, expresa, clara e inequívoca sobre la existencia y características de los dispositivos.
  • Se informará sobre los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empleador puede tratar datos de geolocalización para controlar a trabajadores o empleados públicos dentro de su marco legal, informando antes de forma expresa, clara e inequívoca de los dispositivos y de los derechos.

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Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva

Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.

Datos clave

  • Instrumento: los convenios colectivos.
  • Pueden establecer garantías adicionales (es una facultad: «podrán»).
  • Objeto: derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores.
  • También la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los convenios colectivos pueden reforzar con garantías adicionales los derechos sobre datos personales de los trabajadores y los derechos digitales en el ámbito laboral.

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Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet.

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • Obligados: centros educativos y personas físicas o jurídicas con actividades en las que participen menores.
  • Deben garantizar el interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente la protección de datos.
  • En redes sociales o servicios equivalentes se requiere el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
  • El consentimiento se ajusta a lo prescrito en el artículo 7 de la ley orgánica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Centros educativos y quienes desarrollen actividades con menores deben proteger su interés superior al difundir sus datos en servicios de la sociedad de la información; en redes sociales, con consentimiento del menor o sus representantes.

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Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet.

1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.

Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo.

2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Datos clave

  • Afecta a los resultados de búsquedas efectuadas a partir del nombre de la persona.
  • Enlaces inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o devenidos tales por el transcurso del tiempo.
  • Se ponderan los fines, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.
  • Subsiste aunque sea lícita la conservación de la información en el sitio web de origen.
  • No impide el acceso a la información mediante otros criterios de búsqueda distintos del nombre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda persona puede pedir a los buscadores que eliminen de los resultados por su nombre los enlaces con información inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva, aunque la web original la mantenga lícitamente.

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Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes.

2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.

Datos clave

  • Datos facilitados por el propio interesado: supresión a su simple solicitud.
  • Datos facilitados por terceros: supresión si son inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos.
  • Excepción: datos facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
  • Datos facilitados durante la minoría de edad: supresión sin dilación a simple solicitud.
  • En ese caso no es necesario que concurran las circunstancias del apartado 2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho al olvido en redes sociales con tres supuestos: datos que facilitaste tú (basta pedirlo), datos que facilitaron terceros (solo si son inadecuados, inexactos, etc.) y datos de cuando eras menor (supresión sin dilación).

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Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.

Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.

Datos clave

  • Los usuarios pueden recibir y transmitir los contenidos facilitados a los prestadores.
  • Pueden pedir la transmisión directa a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.
  • Los prestadores pueden conservar copia, sin difundirla en Internet, si es necesario para cumplir una obligación legal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los usuarios de redes sociales pueden recibir y transmitir sus contenidos y pedir que se pasen a otro prestador si es técnicamente posible; el prestador solo puede conservar copia, sin difundirla, por obligación legal.

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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. 2. El ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Datos clave

  • Objeto: desarrollar la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.
  • Ámbito subjetivo: el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 y en el artículo 2 de la Ley 40/2015.
  • Norma: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este reglamento desarrolla las leyes 39/2015 y 40/2015 en lo relativo a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. No crea un ámbito propio: usa el que ya fijan esas dos leyes.

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Artículo 2. Principios generales

Principios generales. El sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general. b) El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.

d) El principio de interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. e) El principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos. f) El principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos.

Datos clave

  • El sector público respeta seis grupos de principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas.
  • Neutralidad tecnológica y adaptabilidad: estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado.
  • Accesibilidad: igualdad y no discriminación en el acceso, en particular de personas con discapacidad y personas mayores.
  • Facilidad de uso: diseño centrado en las personas usuarias para minimizar el conocimiento necesario.
  • Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de compartir datos e intercambiar información.
  • Proporcionalidad: solo se exigen las garantías y medidas de seguridad adecuadas a cada trámite.
  • Personalización y proactividad: servicios precumplimentados y anticipación a las necesidades del usuario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Rigen neutralidad tecnológica y adaptabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad, proporcionalidad y personalización y proactividad. Se emplean estándares abiertos y herramientas no discriminatorias, disponibles y compatibles.

Esquema

Principios
PrincipioFinalidad
AccesibilidadIgualdadEspecial atención a discapacidad y mayores
InteroperabilidadCompartir datosIntercambiar información
ProporcionalidadSeguridad adecuadaSegún trámite y circunstancias

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Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 2. Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. 3. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente podrá establecerse reglamentariamente por las Administraciones Públicas para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. A tal efecto, en el ámbito estatal la mencionada obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con sus órganos, organismos y entidades de derecho público podrá ser establecida por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente respecto de los procedimientos de que se trate que afecten al ámbito competencial de uno o varios Ministerios cuya regulación no requiera de norma con rango de real decreto. Asimismo, se publicará en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y en la sede electrónica o sede asociada que corresponda.

Datos clave

  • Están obligados, al menos, los sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015.
  • Las personas físicas no obligadas pueden optar al inicio del procedimiento o en una fase posterior, comunicándolo al órgano competente.
  • Los efectos de la comunicación se producen a partir del quinto día hábil siguiente a su constancia.
  • La obligatoriedad puede extenderse reglamentariamente a colectivos con acceso a medios electrónicos (artículo 14.3 de la Ley 39/2015).
  • En el ámbito estatal se establece por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden ministerial.
  • Se publica en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) y en la sede electrónica correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Unos sujetos están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 LPAC); las personas físicas pueden elegir, pero su decisión tarda 5 días hábiles en surtir efecto desde que la Administración se entera.

Esquema

Relacionarse electrónicamente: obligados vs. voluntario
Sujetos del art. 14.2 LPACPersonas físicas no obligadas
RégimenObligatorio para cualquier trámiteVoluntario: pueden elegir
Cuándo se decideDesde el inicio, por leyAl inicio o en fase posterior
Efecto de la comunicaciónNo aplica, ya están obligadosDesde el 5.º día hábil tras la constancia

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Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos. Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales: a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. b) Portales de internet y sedes electrónicas. c) Redes sociales. d) Telefónico. e) Correo electrónico. f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas prestan asistencia para facilitar el acceso a los servicios electrónicos de su ámbito competencial.
  • Canal presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
  • Portales de internet y sedes electrónicas.
  • Redes sociales, canal telefónico y correo electrónico.
  • Cualquier otro canal que pueda establecerse conforme al artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones deben ofrecer asistencia a través de seis canales para que los ciudadanos accedan a los servicios electrónicos, y la lista queda abierta a cualquier otro que se sume.

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Artículo 5. Portales de internet de las Administraciones Públicas.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.

2. Cada Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de atención a las personas interesadas y de difusión y prestación de servicios que deban tener sus portales, así como criterios obligatorios de imagen institucional. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta los contenidos, formatos y funcionalidades que en la normativa de reutilización, accesibilidad y transparencia se establezcan como obligatorios para los sitios web.

3. Los portales de internet dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Datos clave

  • Portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad de una Administración que permite acceder por internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica.
  • Cada Administración puede fijar contenidos y canales mínimos e imagen institucional; los portales aplican medidas de seguridad del ENS.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué es un portal de internet público, quién fija sus contenidos mínimos e imagen institucional y qué normativa de seguridad deben cumplir sus sistemas.

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Artículo 6. Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal.

1. En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales se llevará a cabo por orden de la persona titular del ministerio correspondiente o por resolución de la persona titular del órgano superior, en el caso de la Administración General del Estado, y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección en el caso de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

La creación requerirá informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital respectiva y posterior comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para obtener dicho informe favorable, la propuesta de creación del nuevo portal se deberá justificar en términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional y a tal efecto el órgano promotor de la creación del nuevo portal remitirá una memoria justificativa y económica.

La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

2. El acto o resolución de creación de un nuevo portal previsto en el apartado anterior contendrá, al menos, la identificación de su dirección electrónica, que deberá incluir el nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es», su ámbito funcional y, en su caso, orgánico y la finalidad para la que se crea. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado.

3. En el ámbito estatal los portales de internet a los que se refiere este artículo deberán estar referenciados en el PAGe de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • En el ámbito estatal, los portales se crean o suprimen por orden ministerial o resolución, con informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital.
  • La dirección electrónica incluye el dominio de segundo nivel «.gob.es» y deben estar referenciados en el PAGe de la AGE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se crean y suprimen portales estatales: por orden o resolución, con informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital, dominio «.gob.es» y referencia en el PAGe.

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Artículo 7. Punto de Acceso General electrónico.

1. Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe).

2. El PAGe de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

3. El PAGe dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente.

Además, esta sede podrá incluir un área personalizada a través de la cual cada interesado, mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos personales, podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente.

4. El PAGe de la Administración General del Estado y su sede electrónica serán gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En dicha sede electrónica está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única a la que se refiere el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El PAGe de la Administración General del Estado, a través de su sede, permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector público estatal a través del Código Seguro de Verificación o de cualquier otro sistema de firma o sello basado en certificado electrónico cualificado que se haya utilizado en su generación. También permitirá, en su caso, su recuperación.

5. El PAGe de la Administración General del Estado podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.

Datos clave

  • Cada Administración cuenta con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que facilita el acceso a sus servicios, trámites e información.
  • El PAGe dispone de una sede electrónica desde la que se accede a todas las sedes y sedes asociadas, y puede incluir un área personalizada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda Administración tiene un Punto de Acceso General electrónico con sede propia y posible área personalizada; el de la AGE aloja la DEHú, verifica documentos y puede interoperar con portales de la UE.

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Artículo 8. Carpeta Ciudadana del sector público estatal.

1. La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas a que se refiere el artículo 7.3 en su relación con el sector público estatal. Además del interesado podrán acceder a la Carpeta Ciudadana:

a) Sus representantes legales.

b) Quien ostente un poder general previsto en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, otorgado por el interesado e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

2. La Carpeta Ciudadana será accesible a través de la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras, las funcionalidades siguientes para el interesado o sus representantes:

a) Permitir el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos en que sea interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre.

b) Permitir el acceso a sus comunicaciones y notificaciones.

c) Conocer qué datos suyos obran en poder del sector público estatal, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la normativa vigente.

d) Facilitar la obtención de certificaciones administrativas exigidas por la normativa correspondiente.

3. El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. El interesado deberá asegurar el buen uso de los sistemas de identificación y velar por que el acceso a su carpeta Ciudadana solo se haga por sí mismo o por tercero autorizado.

Datos clave

  • La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de los interesados en su relación con el sector público estatal, accesible desde la sede del PAGe de la AGE.
  • Permite seguir la tramitación, acceder a comunicaciones y notificaciones, conocer los datos que obran en el sector público y obtener certificaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Carpeta Ciudadana es el área personalizada del interesado ante el sector público estatal: quién accede, qué funcionalidades puede ofrecer y cómo se identifica el usuario.

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Artículo 9. Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

2. La titularidad de la sede electrónica corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias.

Datos clave

  • Sede electrónica: dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones (art. 9.1, en relación con el art. 38 de la Ley 40/2015).
  • En ella se realizan las actuaciones y trámites que requieran la identificación de la Administración y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas (art. 9.1).
  • Titularidad: una Administración Pública, o uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias (art. 9.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la dirección electrónica donde se hacen los trámites que exigen identificar a la Administración y, en su caso, identificar o firmar al interesado; su titular es una Administración u organismo.

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Artículo 10. Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.

1. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede electrónica atendiendo a razones técnicas y organizativas. La sede electrónica asociada tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.

2. El acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica o sede electrónica asociada será publicado en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede o sede asociada y también en el directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. En el caso de las entidades locales, el boletín oficial será el de la provincia al que pertenezca la entidad.

El acto o resolución de creación determinará, al menos:

a) El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

b) La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de aquella. Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.

c) La identificación de su titular.

d) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.

3. En el ámbito estatal, tanto la creación o supresión de una sede electrónica asociada a la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado como la creación o supresión de sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se hará mediante orden de la persona titular del Departamento competente o por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo o entidad de derecho público competente, con el informe previo favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

4. Para obtener los informes previos favorables a que se refiere el apartado anterior, la propuesta de creación de la nueva sede electrónica o, en su caso, sede electrónica asociada se tendrá que justificar, en términos de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. A tal efecto, el órgano promotor de la creación de la sede electrónica remitirá una memoria justificativa y económica en que se explicite el volumen de trámites que está previsto gestionar a través de la misma, los efectos presupuestarios y económicos de su establecimiento, su incidencia en la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos y de cargas administrativas para las personas interesadas y cualquier otra razón de interés general que justifique su creación.

Datos clave

  • Pueden crearse sedes electrónicas asociadas por razones técnicas y organizativas, con consideración de sede a todos los efectos.
  • La creación o supresión se publica en el boletín oficial correspondiente y en el directorio del PAGe, y determina ámbito, dirección electrónica, titular y órganos gestores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sedes asociadas por razones técnicas y organizativas, publicación de su creación o supresión, contenido mínimo del acto y, en el Estado, orden o resolución con informes favorables y memoria.

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Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas.

1. Toda sede electrónica o sede electrónica asociada dispondrá del siguiente contenido mínimo a disposición de las personas interesadas:

a) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.

b) La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.

d) La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma.

e) La normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede electrónica.

f) La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos aplicable a la Administración en que se integre el órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente que sea titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.

h) Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles

i) Relación actualizada de las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas a los servicios, procedimientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada una se acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.

2. Las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas:

a) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente.

b) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.

c) Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

d) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.

e) Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público que abarque la sede electrónica o sede electrónica asociada.

f) Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y para los cuales se haya generado un código seguro de verificación.

g) Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

h) El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que establezca, en su caso, cada Administración u organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, centros o unidades administrativas.

Datos clave

  • Contenido mínimo: identificación de la sede y su titular, acto de creación, sistemas de identificación y firma admitidos, normativa del registro, fecha y hora oficial y calendario de días inhábiles, entre otros.
  • Servicios mínimos: acceso a servicios y trámites con sus plazos máximos, enlace para sugerencias y quejas, verificación de certificados y sellos, comprobación de documentos con código seguro de verificación y directorio de oficinas de registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo y servicios mínimos que toda sede electrónica o sede asociada pone a disposición de los interesados, más el listado de códigos de identificación de órganos.

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Artículo 12. Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada.

1. El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada, será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma.

2. En caso de que la sede electrónica o sede electrónica asociada contenga un enlace o vínculo a otra sede o sede asociada, será el titular de esta última el responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información o procedimientos que figuren en la misma, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la primera respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.

3. En caso de que una sede electrónica o sede electrónica asociada contenga procedimientos, servicios o ambos, cuya competencia corresponda a otro órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, sea de la misma o de diferente Administración, el titular de la competencia será responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dichos procedimientos, servicios o ambos sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.

Datos clave

  • El titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios de su competencia.
  • Si la sede enlaza a otra, responde el titular de esta última; si contiene procedimientos de otro órgano, responde el titular de la competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de lo suyo; si enlaza a otra sede o aloja procedimientos ajenos, responde el titular de esa sede o de la competencia.

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Artículo 15. Sistemas de identificación, firma y verificación.

Sistemas de identificación, firma y verificación. 1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la normativa vigente sobre firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de las personas interesadas y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 2. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para garantizar el origen e integridad de los documentos electrónicos: a) Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas. b) Sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. c) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. d) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. e) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes. 3. Las personas interesadas podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación y firma en sus relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas: a) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas descritos en las letras a), b) y c) de dicho artículo. En este último supuesto los sistemas deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. b) Asimismo, se considerarán válidos a efectos de firma electrónica ante las Administraciones Públicas los sistemas previstos en las letras a), b) y c) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. c) De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 4. La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la exigencia de responsabilidad patrimonial.

Datos clave

  • Las Administraciones admiten sistemas de firma electrónica conformes a la normativa sobre firma electrónica.
  • Sistemas de la Administración: identificación de sedes, sello electrónico cualificado, actuación automatizada, firma del personal e intercambio en entornos cerrados.
  • Los interesados se identifican con los sistemas del artículo 9.2 de la Ley 39/2015 y firman con los del artículo 10.2.
  • Los sistemas de la letra c) requieren autorización de la Secretaría General de Administración Digital, denegable solo por seguridad pública.
  • La Administración no responde del uso por terceros de los medios del interesado, salvo los requisitos del artículo 32 de la Ley 40/2015.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones admiten firmas conformes con la normativa y adecuadas para identificar y proteger autenticidad e integridad. Pueden usar sede, sello cualificado, firma automatizada, firma del personal e intercambio en entorno cerrado; las personas interesadas usan los sistemas de las Leyes 39/2015.

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Artículo 16. Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación.

Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación. 1. La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público. El sistema deberá permitir que tal verificación se pueda llevar a cabo de forma libre y gratuita, para el sector público. La Secretaría General de Administración Digital será el órgano responsable de esta plataforma, que estará disponible para todo el sector público previa formalización del correspondiente instrumento de adhesión. 2. Esta plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir tanto la plataforma como las personas usuarias de la misma en relación con los servicios de verificación. Esta declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito. 3. Los prestadores cualificados de servicios de confianza deberán facilitar a esta plataforma el acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados electrónicos emitidos por aquellos en virtud de su cualificación de acuerdo con la legislación aplicable en materia de servicios electrónicos de confianza.

Datos clave

  • La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para verificar la vigencia y el contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público.
  • La verificación se podrá llevar a cabo de forma libre y gratuita para el sector público.
  • Órgano responsable de la plataforma: la Secretaría General de Administración Digital.
  • La plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación, disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito.
  • Los prestadores cualificados de servicios de confianza deben facilitar acceso electrónico y gratuito para verificar la vigencia de los certificados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE tiene una plataforma para verificar certificados electrónicos, gratuita para el sector público, y son los propios prestadores cualificados quienes deben darle acceso electrónico y gratuito para comprobar sus certificados.

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Artículo 17. Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.

Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal. 1. La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal, está constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica. 2. Sin perjuicio de las obligaciones de los prestadores de servicios de confianza previstas en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y resto de normativa vigente, la política de firma electrónica y certificados deberá contener en todo caso: a) La definición de su ámbito de aplicación. b) Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. c) Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios de confianza asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes recogidas en este Reglamento. 3. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito estatal será aprobada por Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. Sección 2.ª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia

Datos clave

  • La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal está constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica.
  • Contenido mínimo: ámbito de aplicación, requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante la Administración General del Estado y especificaciones técnicas y operativas de los servicios de confianza.
  • Se aprueba por Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
  • Se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La política de firma electrónica y certificados del ámbito estatal fija las reglas técnicas de las firmas presentadas ante la AGE, y se aprueba y publica de forma reglada, sin sustituir a la Ley 6/2020.

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Artículo 18. Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas.

Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. Dichos certificados electrónicos se ajustarán a lo señalado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la normativa vigente en materia de identidad y firma electrónica. 2. En el ámbito estatal las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas se identificarán mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web. Con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos y ciudadanas dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Las direcciones electrónicas que tengan la condición de sede electrónica o sede electrónica asociada deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se

establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado y su dirección electrónica incluirá el nombre de dominio «.gob.es».

Datos clave

  • Las sedes electrónicas y sedes asociadas se identifican con certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
  • Los certificados se ajustarán al Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • En el ámbito estatal se identifican mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.
  • La dirección electrónica incluirá el nombre de dominio «.gob.es».
  • La dirección que tenga condición de sede o sede asociada deberá hacerlo constar de forma visible e inequívoca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda sede electrónica necesita un certificado cualificado de autenticación de sitio web (o medio equivalente); en el ámbito estatal, además, es obligatorio el dominio «.gob.es».

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Artículo 19. Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. 2. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, publicándose en la sede electrónica o sede asociada o en el portal de internet correspondiente. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 3. En el ámbito estatal, la creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, que se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. En dicha resolución deberá constar: a) El órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente titular del sello, que será el responsable de su utilización, con indicación de su Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia. b) Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable. c) Servicio de validación para la verificación del certificado. d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado. 4. Los certificados de sello electrónico en el ámbito estatal tendrán, al menos, los siguientes contenidos: a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello electrónico». b) Nombre del suscriptor. c) Número de identificación fiscal del suscriptor.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado.
  • Los certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente.
  • La relación de sellos electrónicos de cada Administración debe ser pública y accesible por medios electrónicos.
  • En el ámbito estatal, el sello se crea mediante resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la Presidencia o Dirección del organismo, publicada en la sede electrónica.
  • La resolución debe indicar el titular del sello, las características técnicas, el servicio de validación y las actuaciones en que podrá ser utilizado.
  • El certificado de sello estatal contendrá al menos la denominación «sello electrónico», el nombre del suscriptor y su número de identificación fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones pueden identificarse con un sello electrónico basado en certificado cualificado; en el ámbito estatal se crea por resolución con un contenido tasado, y solo el sello de órgano incluye la identidad de su titular.

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Artículo 20. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la tramitación administrativa automatizada de los procedimientos, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, a que se refiere el artículo 19 de este Reglamento, basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. 2. Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando estas tramiten procedimientos de forma automatizada en el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada: sello electrónico y código seguro de verificación.
  • El sello electrónico se basa en certificado electrónico cualificado (artículo 19).
  • El código seguro de verificación permite en todo caso comprobar la integridad del documento mediante acceso a la sede electrónica.
  • Cada Administración determina los medios de firma admitidos en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes que tramiten procedimientos automatizados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la tramitación automatizada, la Administración firma con sello electrónico o con un código seguro de verificación (CSV): en este último caso, la integridad del documento se comprueba accediendo a la sede.

Esquema

Sistemas de firma en la tramitación automatizada
Sello electrónicoCódigo seguro de verificación (CSV)
BaseCertificado cualificado (art. 19)Código vinculado a la Administración u órgano
Cómo se compruebaValidando el certificadoAccediendo a la sede electrónica

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Artículo 21. Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada.

Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará al órgano, organismo público o entidad de derecho público y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente mediante un procedimiento de verificación directo y gratuito para las personas interesadas. 2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso: a) El origen e integridad de los documentos mediante el acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. b) El carácter único del código generado para cada documento. c) Su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante. El código seguro de verificación y la dirección electrónica de acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada deberán integrarse preferentemente en todas las páginas del documento firmado con dicho código. Cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente. d) La posibilidad de verificar el documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada, como mínimo, por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la utilización de este procedimiento. Una vez que el documento deje de estar disponible en la sede electrónica o sede electrónica asociada, su disponibilidad por otros cauces se regirá por lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada por cada Administración Pública a través de su política de gestión documental. e) Un acceso restringido al documento a quien disponga del código seguro de verificación, sin perjuicio de las garantías adicionales que se puedan establecer. 3. En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que establezca la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. 4. En el ámbito estatal, la utilización de este sistema requerirá resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital. La orden o resolución de creación deberá incluir: a) Actuaciones a las que es de aplicación el sistema. b) Órganos responsables de la aplicación del sistema. c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. d) Sede electrónica o sede electrónica asociada a la que pueden acceder las personas interesadas para la verificación del contenido de la actuación o documento. e) Plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento. Este plazo será al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior. Transcurrido este tiempo, será necesario solicitarlo al órgano de la Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que emitió el documento. En este caso, cuando utilice medios electrónicos, la certificación de la verificación se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público que tenga atribuida la actuación por aquel órgano.

Datos clave

  • El código seguro de verificación vincula al órgano, organismo o entidad y, en su caso, a la persona firmante, con verificación directa y gratuita en la sede electrónica.
  • Garantías: origen e integridad, carácter único del código, vinculación con el documento, posibilidad de verificación en sede y acceso restringido a quien disponga del código.
  • Cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente.
  • En el ámbito estatal exige resolución de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital.
  • El plazo de disponibilidad para la verificación en sede será al menos de cinco años, salvo que la normativa especial prevea un plazo superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El CSV vincula órgano y, en su caso, firmante, es único por documento y permite verificación directa y gratuita en sede. Toda modificación genera nuevo documento y código. En el Estado requiere resolución e informes previos; la disponibilidad en sede será al menos de cinco años.

Esquema

Verificación por CSV
Generar código únicoVincularlo aldocumentoVerificar gratis ensede

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Artículo 22. Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 18, 19 y 20 de este Reglamento, la actuación de una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público a través del que se ejerza la competencia. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. Estos sistemas podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. 3. Los certificados electrónicos de empleado público serán cualificados y se ajustarán a lo señalado en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica. 4. Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de esta cuando tramiten procedimientos en el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • La actuación por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado público a través del que se ejerza la competencia.
  • Cada Administración Pública determina los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal.
  • Los certificados electrónicos de empleado público serán cualificados.
  • Cada Administración determina los medios de firma admitidos en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fuera de la actuación automatizada, quien firma electrónicamente es una persona: el titular del órgano o el empleado que ejerce la competencia, con un certificado cualificado conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.

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Artículo 23. Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional.

Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.3 de este Reglamento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los prestadores cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación profesional en el certificado electrónico de empleado público, a petición de la Administración en la que presta servicios el empleado o empleada de que se trate, si dicho certificado se va a utilizar en actuaciones que afecten a información clasificada, a la seguridad pública, a la defensa nacional o a otras actuaciones para cuya realización esté legalmente justificado el anonimato. Estos certificados se denominarán «certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional». 2. En el ámbito estatal corresponderá solicitar la consignación de un número de identificación profesional del empleado o empleada público a la persona titular de la Subsecretaría del ministerio o a la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público en el que preste servicios el empleado o empleada público. 3. La Administración solicitante del certificado conservará la documentación acreditativa de la identidad del titular. 4. Los certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional serán cualificados y se ajustarán a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica y tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público, aunque limitados a las actuaciones que justificaron su emisión. 5. Las autoridades públicas competentes y los órganos judiciales, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la normativa vigente, podrán solicitar la revelación de la identidad del titular de un certificado de empleado público con número de identificación profesional mediante petición oficial dirigida a la Administración responsable de su custodia.

Datos clave

  • Los prestadores cualificados pueden consignar un número de identificación profesional en el certificado de empleado público, a petición de la Administración.
  • Usos: información clasificada, seguridad pública, defensa nacional u otras actuaciones con anonimato legalmente justificado.
  • En el ámbito estatal lo solicita la Subsecretaría del ministerio o la Presidencia o Dirección del organismo.
  • La Administración solicitante conservará la documentación acreditativa de la identidad del titular.
  • Son certificados cualificados con idéntico uso, capacidad y funcionalidad, limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.
  • Las autoridades públicas competentes y los órganos judiciales podrán solicitar la revelación de la identidad del titular mediante petición oficial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado de empleado público puede llevar un número de identificación profesional en vez del nombre, para actuaciones sensibles, pero la Administración guarda su identidad y un juez puede pedir que se revele.

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Artículo 24. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 1. El personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrá identificarse con aquellos sistemas que, entre los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se establezcan en función del nivel de seguridad que corresponda al trámite de que se trate de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad. 2. Dicho personal podrá firmar mediante sistemas de firma electrónica basados en certificados electrónicos cualificados facilitados específicamente a sus empleados y empleadas. Estos sistemas podrán ser utilizados por estos en el desempeño efectivo de su

puesto de trabajo, para los trámites y actuaciones que realicen por razón del mismo, o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan. 3. Se podrá disponer de sistemas de identificación de personal basados en repositorios de empleados públicos que permitan la relación de los empleados y empleadas públicos con servicios y aplicaciones necesarios para el ejercicio de sus funciones que en todo caso garanticen lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. 4. Los registros de personal de la Administración General del Estado podrán recoger los datos para la identificación electrónica de los empleados y empleadas públicos, así como su cesión a sistemas de identificación de personal basados en repositorios de identidades de empleados públicos.

Datos clave

  • El personal de la Administración General del Estado podrá identificarse con los sistemas de la Ley 39/2015 según el nivel de seguridad del trámite conforme al Esquema Nacional de Seguridad.
  • Podrá firmar mediante certificados electrónicos cualificados facilitados específicamente a sus empleados.
  • Se podrán usar sistemas de identificación basados en repositorios de empleados públicos, que garanticen lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Los registros de personal podrán recoger los datos para la identificación electrónica de los empleados públicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se identifica y firma el personal de la Administración, no el ciudadano: certificados propios según el nivel de seguridad que exija el trámite.

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Artículo 25. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, esta establecerá las condiciones y garantías por las que se regirá, que comprenderán, al menos, la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En el ámbito estatal, las condiciones y garantías a que se refiere el apartado 2 serán establecidas por la Secretaría General de Administración Digital. 5. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan conforme a los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad Sección 3.ª Identificación y firma de las personas interesadas

Datos clave

  • Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones se consideran válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores.
  • Misma Administración: establece las condiciones y garantías, con al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos.
  • Distintas Administraciones: las condiciones se establecen mediante convenio suscrito entre ellas.
  • En el ámbito estatal las condiciones las establece la Secretaría General de Administración Digital.
  • Debe garantizarse la seguridad del entorno y la protección de los datos conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entre Administraciones que se comunican en un canal cerrado, el documento vale como identificado sin más trámite: solo cambia quién fija las condiciones según si son la misma Administración o distintas.

Esquema

Quién fija las condiciones del entorno cerrado
Misma AdministraciónDistintas Administraciones
Quién fija las condicionesLa propia AdministraciónMediante convenio entre ellas

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Artículo 26. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento.

Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento. 1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 2. En particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).

Datos clave

  • Los interesados pueden identificarse con cualquier sistema con registro previo como usuario que garantice su identidad.
  • Se admiten certificados cualificados de firma electrónica de prestadores de la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
  • Se admiten certificados cualificados de sello electrónico de la misma lista.
  • Se admiten sistemas de clave concertada previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital.
  • Debe garantizarse siempre el uso de los sistemas de las letras a) y b) en todo procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tres sistemas admitidos para que un ciudadano se identifique ante la Administración, y la garantía de que siempre podrá usar certificado aunque también se admita la clave concertada.

Esquema

Certificado (a/b) frente a clave concertada (c)
Certificado cualificado (a y b)Clave concertada u otro (c)
Necesita autorización previa de la SGADNoSí
Debe estar siempre disponibleSí, siempreNo sustituye a a) ni b)

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Artículo 27. Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas.

Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas. 1. Los sistemas basados en certificados cualificados de firma electrónica admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona física a que se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener como atributos, al menos, su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca. La comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes del certificado se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre. 2. Los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica deberán contener, como mínimo, la denominación y el Número de Identificación Fiscal de la persona jurídica y el nombre y apellidos y número de Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante. 3. Los sistemas basados en certificados cualificados de sello electrónico admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona jurídica a que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener, como mínimo, su denominación y su Número de Identificación Fiscal.

Datos clave

  • Los certificados cualificados de persona física deben contener al menos nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF.
  • Los certificados cualificados de representante de persona jurídica deben contener denominación y NIF de la persona jurídica y nombre, apellidos y documento identificativo del representante.
  • Los certificados cualificados de sello electrónico de persona jurídica deben contener como mínimo su denominación y su Número de Identificación Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué datos mínimos tiene que llevar cada tipo de certificado electrónico según quién se identifica con él: persona física, representante de persona jurídica o sello de persona jurídica.

Esquema

Atributos mínimos por tipo de certificado
Persona físicaRepresentante pers. jurídicaSello pers. jurídica
Datos de la persona jurídica—Denominación + NIFDenominación + NIF
Datos de persona físicaNombre, apellidos y DNI/NIE/NIFNombre, apellidos y DNI/NIE/NIF del representante—

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Artículo 28. Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas.

Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas. 1. Los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válidos, admitidos para la identificación electrónica de persona física de conformidad con el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, el nombre y apellidos y el número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal y, para los casos en que así se establezca en la definición del sistema, el número de pasaporte. 2. Los sistemas de identificación a que se refiere el apartado anterior deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 3. En el ámbito estatal, la creación de los nuevos sistemas de identificación será aprobada por orden de la persona titular del Ministerio o, en su caso, resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente por razón del ámbito material en que se vaya a utilizar, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital a que se refiere el apartado anterior. Cuando el nuevo sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado se requerirá Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este caso, este sistema deberá estar accesible a través de la Plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

Datos clave

  • Deben ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad.
  • Contenido mínimo: nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF.
  • Requieren autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • En el ámbito estatal se aprueban por orden ministerial o resolución del organismo.
  • Si afectan a toda la Administración General del Estado se requiere Acuerdo del Consejo de Ministros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La clave concertada debe llevar los mismos datos identificativos que un certificado, necesita autorización previa, y crear un sistema nuevo para toda la AGE exige Consejo de Ministros.

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Artículo 29. Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso.

Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 2. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable. 3. Los sistemas de firma electrónica que usen las personas interesadas permitirán que las Administraciones Públicas puedan verificar los datos consignados de la firma, de manera que se pueda vincular su identidad con el acto de firma. 4. Los sistemas de firma electrónica previstos en la letra c) del apartado 1 deberán contar con la previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Asimismo, deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de las personas interesadas.

Datos clave

  • Son válidos los sistemas de firma reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados cualificados.
  • También los de sello electrónico cualificado y avanzado, y cualquier otro con registro previo como usuario.
  • La firma no excluye la obligación de incluir los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante.
  • Los sistemas de la letra c) requieren autorización de la Secretaría General de Administración Digital y cumplir el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
  • Pueden admitirse sistemas de identificación como firma cuando lo disponga la normativa (artículo 10.4 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son firmas válidas la firma cualificada o avanzada basada en certificado cualificado, el sello cualificado o avanzado basado en certificado cualificado y otros sistemas con registro previo. La firma debe poder vincular identidad y acto y no elimina los datos identificativos del documento.

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Artículo 30. Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado.

Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado. 1. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, si algún interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la ley no dispusiera de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo, estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario o funcionaria y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia por escrito para los casos de discrepancia o litigio. El funcionario habilitado entregará al interesado toda la documentación acreditativa del trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado, cuyo formulario estará disponible en el Punto de Acceso General Electrónico de la respectiva Administración 2. En el ámbito estatal la identificación y firma electrónica del interesado conforme al procedimiento descrito en el apartado anterior se realizará necesariamente por un funcionario público inscrito a tal efecto en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. La identificación o firma electrónica en el procedimiento por personal funcionario público habilitado sólo será válida para los trámites y actuaciones que haya determinado con carácter previo cada ministerio, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente y en los términos que se especifiquen mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el PAGe de la Administración

General del Estado y en las sedes electrónicas asociadas de cada ministerio o en la sede electrónica o sede asociada del organismo público o entidad de derecho público en su ámbito de competencia, se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.

Datos clave

  • Si el interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 carece de medios electrónicos, su identificación o firma puede hacerla personal funcionario público habilitado.
  • Es necesario que el interesado se identifique y preste su consentimiento expreso, con constancia por escrito.
  • En el ámbito estatal debe ser un funcionario inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.
  • Solo es válida para los trámites y actuaciones que haya determinado previamente cada ministerio, organismo o entidad.
  • Se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un interesado no tiene medios electrónicos, un funcionario habilitado puede identificarlo o firmar por él con su propio certificado, pero solo con su consentimiento expreso por escrito y para trámites ya autorizados.

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Artículo 31. Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. 1. Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el que constarán inscritos: a) El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen por el ministerio, organismo o entidad competente para su tramitación. b) El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas. Esta habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de competencia así se haya previsto. c) El personal funcionario habilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración General del Estado, que estará habilitados para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen y para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento que estas presenten para que se remita desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo. 2. El Registro de Funcionarios Habilitados será gestionado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Registro será interoperable con los sistemas equivalentes que ya existan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 3. Este Registro deberá ser plenamente interoperable con los registros u otros sistemas equivalentes que se creen por las comunidades autónomas y las entidades locales a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. 4. Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regulará el funcionamiento del Registro de Funcionarios Habilitados Sección 4.ª Acreditación de la representación de las personas interesadas

Datos clave

  • Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
  • Se inscribe el personal habilitado para identificación y firma electrónica de interesados, para expedir copias auténticas y el que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Lo gestiona la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital.
  • Debe ser interoperable con los registros de comunidades autónomas y entidades locales.
  • Su funcionamiento se regula mediante orden conjunta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE agrupa tres perfiles distintos de habilitación: identificar y firmar por el interesado, expedir copias auténticas, o ambas cosas en las oficinas de registro.

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Artículo 32. Acreditación en la actuación por medio de representante.

Acreditación en la actuación por medio de representante. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas con capacidad de obrar podrán actuar ante las Administraciones Públicas por medio de representante, bien sea una persona física con capacidad de obrar bien sea una persona jurídica cuando así esté previsto en sus Estatutos. 2. Los representantes de las personas interesadas obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas están obligados a relacionarse electrónicamente en el ejercicio de dicha representación, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 3. La representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros: a) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. b) Mediante acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. c) Mediante un certificado electrónico cualificado de representante.

d) Mediante documento público cuya matriz conste en un archivo notarial o de una inscripción practicada en un registro mercantil. 4. En el caso de actuaciones en nombre de persona jurídica, la capacidad de representación podrá acreditarse también mediante certificado electrónico cualificado de representante, entendiéndose en tal caso que el poder de representación abarca cualquier actuación ante cualquier Administración Pública. 5. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones por medios electrónicos en representación de las personas interesadas. En la sede electrónica o sede electrónica asociada de cada una de las Administraciones Públicas se publicarán los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación.

Datos clave

  • Las personas con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, persona física o jurídica (si lo prevén sus Estatutos).
  • Los representantes de interesados obligados a relacionarse electrónicamente deben hacerlo electrónicamente.
  • Medios de acreditación: apoderamiento apud acta, inscripción en el registro electrónico de apoderamientos, certificado electrónico cualificado de representante y documento público notarial o inscripción en registro mercantil.
  • El certificado cualificado de representante de persona jurídica abarca cualquier actuación ante cualquier Administración Pública.
  • Las Administraciones pueden habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se acredita que alguien actúa como representante ante la Administración: cuatro medios distintos, y la obligación del representante de relacionarse electrónicamente si su representado está obligado a ello.

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Artículo 33. Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. 1. A los efectos previstos en el artículo anterior y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado se inscribirán los apoderamientos de carácter general previstos en el artículo 6.4.a) de dicha ley otorgados «apud acta» a favor de representante, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Asimismo, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.b) de la ley para actuar ante la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de Derecho Público vinculado o dependiente de la misma que no cuente con un registro electrónico de apoderamientos particular. Por último, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.c) de la ley otorgados para realizar determinados trámites y actuaciones especificados en el poder ante los órganos de la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de dicha Administración que no cuente con el citado registro particular. Constará en el Registro el bastanteo del poder realizado por los servicios jurídicos correspondientes, sin perjuicio de la apreciación concreta de su suficiencia en la actuación, trámite o procedimiento en que se emplee. 2. El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y será accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado así como desde las sedes y sedes electrónicas asociadas de la Administración General del Estado y de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes. 3. Sin perjuicio de este registro general de apoderamientos, cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado podrá disponer de un registro particular de apoderamientos en el que se inscriban los poderes otorgados por quien ostente la condición de interesado para realizar los trámites específicos de su competencia y cuya gestión corresponderá al propio organismo o entidad. En estos registros particulares no podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 4. El Registro Electrónico de Apoderamientos y los registros particulares deberán ser interoperables y no tienen carácter público, por lo que el interesado sólo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado. 5. Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regularán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • En el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado se inscriben los apoderamientos del artículo 6.4 de la Ley 39/2015.
  • Constará en el Registro el bastanteo del poder realizado por los servicios jurídicos.
  • Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • Cada organismo puede tener un registro particular, donde no pueden inscribirse los poderes del artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015.
  • Los registros deben ser interoperables y no tienen carácter público: el interesado solo accede a los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El registro estatal inscribe poderes apud acta generales y, cuando no haya registro particular, poderes para la AGE o para trámites concretos. Consta el bastanteo, sin impedir valorar suficiencia en cada actuación. El registro y los particulares son interoperables y no públicos.

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Artículo 34. Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante.

Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante. 1. La representación podrá acreditarse ante la Administración con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica que sea acorde a lo previsto en

el artículo 28 y el Anexo I del al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento eIDAS) y a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados a que hace referencia el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, además, haya sido expedido a quien tenga un poder general para llevar a cabo cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. 2. La aceptación de certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica de alcance no general estará sujeta al Reglamento eIDAS, a la Política Marco de Firma Electrónica y de Certificados a que hace referencia el Esquema Nacional de Interoperabilidad y además, a los requisitos que disponga cada Administración.

Datos clave

  • La representación puede acreditarse con certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica acorde al artículo 28 y Anexo I del Reglamento eIDAS.
  • Debe haberse expedido a quien tenga un poder general para llevar a cabo cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
  • La aceptación de certificados de representante de alcance no general estará sujeta al Reglamento eIDAS, a la Política Marco de Firma Electrónica y a los requisitos que disponga cada Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado de representante de persona jurídica solo da poder general si cumple los requisitos del Reglamento eIDAS; si es de alcance limitado, cada Administración puede exigir requisitos adicionales.

Esquema

Alcance del certificado de representante
Alcance generalAlcance no general
Poder que otorgaCualquier actuación ante cualquier AdministraciónActuación limitada
RequisitoseIDAS + Política Marco (ENI)eIDAS + Política Marco + requisitos de cada Administración

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Artículo 35. Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil.

Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil. 1. Cuando la representación alegada resulte de un documento público notarial, o de una certificación expedida por un registro mercantil, el interesado deberá aportar la certificación registral electrónica correspondiente o al menos expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico. 2. Las Administraciones Públicas efectuarán la verificación de la autenticidad e integridad del traslado a papel y el acceso a los metadatos necesarios para la tramitación automatizada de la certificación registral electrónica, mediante el acceso electrónico y gratuito a la dirección electrónica que el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores, respectivamente, habrán de tener habilitada a tales efectos. 3. Asimismo, las Administraciones Públicas, cuando necesiten comprobar la vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas en el Registro Mercantil, consultarán electrónicamente y de modo gratuito el Registro Mercantil.

Datos clave

  • Si la representación resulta de documento público notarial o de certificación de registro mercantil, el interesado debe aportar la certificación registral electrónica o al menos expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación.
  • La verificación se hace mediante acceso electrónico y gratuito a la dirección habilitada por el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores.
  • Para comprobar la vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas, las Administraciones consultarán electrónicamente y de modo gratuito el Registro Mercantil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la representación viene de una escritura notarial o del Registro Mercantil, basta aportar la certificación electrónica o su código de verificación: la Administración comprueba el resto por su cuenta y gratis.

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Artículo 36. Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. 2. La habilitación requerirá la firma previa de un convenio entre el Ministerio, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente competente y la organización o corporación de que se trate, de acuerdo de lo previsto en el capítulo VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El convenio deberá especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la entidad firmante del convenio, como a las personas físicas o jurídicas habilitadas y determinará la presunción de validez de la representación. A estos efectos, podrá acordarse un modelo normalizado de convenio que permita dar soporte a esta habilitación en los términos y condiciones que las partes acuerden, conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y que incluya como anexo el modelo individualizado de adhesión al convenio que, previendo expresamente la aceptación de su contenido íntegro, deben suscribir las personas físicas o jurídicas miembros de las organizaciones o corporaciones firmantes que se adhieran al mismo. 3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.5, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación se publicarán en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y en las respectivas sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas.

Datos clave

  • La Administración General del Estado puede habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados (artículo 5.7 de la Ley 39/2015).
  • La habilitación requiere la firma previa de un convenio con la organización o corporación de que se trate.
  • El convenio debe especificar al menos los procedimientos y trámites objeto de la habilitación y las condiciones y obligaciones aplicables, y determinará la presunción de validez de la representación.
  • Los trámites electrónicos con esta representación se publicarán en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y en las respectivas sedes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE puede autorizar a personas físicas o jurídicas para hacer trámites electrónicos en nombre de terceros, pero solo mediante convenio previo con su organización o corporación, no de forma individual.

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Artículo 37. Registro electrónico.

Registro electrónico. 1. Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 60 de este Reglamento. 2. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. 3. Los registros electrónicos admitirán: a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el párrafo anterior dirigido a cualquier Administración Pública. 4. De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. En estos supuestos, el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al interesado e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable

Datos clave

  • Los registros electrónicos deben ser plenamente interoperables (artículo 16 de la Ley 39/2015 y artículo 60 del Reglamento).
  • Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General para el asiento de todo documento presentado o recibido.
  • Los organismos públicos y entidades vinculados pueden tener registro propio interoperable e interconectado con el General.
  • Se admiten documentos electrónicos normalizados y cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración.
  • No se tienen por presentados los documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación (artículo 16.8 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene su Registro Electrónico General, interoperable con los registros propios de sus organismos; solo quedan fuera los documentos cuyo régimen especial exija otra forma de presentación.

Los registros admiten dos tipos de entrada: a) documentos normalizados propios de un procedimiento concreto, cumplimentados según formatos preestablecidos; b) cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración.

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Artículo 38. Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.

Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. 1. El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se configura como el conjunto agregado de: a) Los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro. b) Las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos. c) Las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las que vayan dirigidos. Dicho servicio electrónico será accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. 2. Las anotaciones en el Registro General de la Administración General del Estado tendrán plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • Es el conjunto agregado de asientos de las unidades de registro, anotaciones de aplicaciones de procedimientos específicos y anotaciones del servicio electrónico general.
  • El servicio para escritos sin modelo normalizado es accesible desde la sede electrónica del PAGe.
  • Sus anotaciones tienen plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro Electrónico General de la AGE lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y agrupa tres tipos de anotaciones distintas, con validez para todas las Administraciones.

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Artículo 39. Presentación y tratamiento de documentos en registro.

Presentación y tratamiento de documentos en registro. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro siempre que cumplan con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.

2. En el caso de que se detecte código malicioso susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su subsanación al interesado que los haya aportado de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de este Reglamento. 3. Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas de asistencia en materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte papel, conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 4. Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), su remisión a la Administración y órgano al que van dirigidos podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. En ámbito de la Administración General del Estado dicho repositorio de intercambio de ficheros será de titularidad pública y tanto los documentos depositados como los datos que estos contengan no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la normativa que regule el procedimiento para el que han sido objeto de registro. 5. Los documentos presentados en las oficinas de asistencia en materia de registro serán devueltos a las personas interesadas inmediatamente tras su digitalización o, en caso contrario, se les aplicará lo previsto en el artículo 53 de este Reglamento. 6. El archivo de los documentos intercambiados por registro corresponderá al órgano competente para la tramitación del procedimiento, de acuerdo al plazo que determine su normativa.

Datos clave

  • Las Administraciones pueden fijar formatos y estándares conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • Si se detecta código malicioso se requiere la subsanación según el artículo 14.3 del Reglamento.
  • Los documentos en papel se presentan en las oficinas de asistencia en materia de registros y, digitalizados, son copia electrónica auténtica.
  • Si se excede la capacidad del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), los documentos se ponen a disposición en un repositorio de intercambio de ficheros.
  • Los documentos se devuelven inmediatamente tras su digitalización o se aplica el artículo 53.
  • El archivo de los documentos intercambiados corresponde al órgano competente para tramitar el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración fija los formatos de los documentos electrónicos según el Esquema Nacional de Interoperabilidad; el papel digitalizado pasa a valer como copia auténtica, y hay una vía alternativa para archivos demasiado grandes.

Los documentos presentados en las oficinas de asistencia se devuelven al interesado justo tras digitalizarlos; el archivo posterior corresponde al órgano competente para tramitar el procedimiento.

Esquema

Documento en papel vs. documento electrónico en el registro
Documento en papelDocumento electrónico
Dónde se presentaOficinas de asistencia en materia de registrosDirectamente por vía electrónica
Qué se le exigeSe digitaliza conforme a las normas técnicas de interoperabilidadSe ajusta a los formatos y estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad
Validez resultanteCopia electrónica auténtica con la misma validez que el papel originalValidez directa conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad

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Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.

Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.

1. Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .

La creación de nuevas Oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .

2. La Administración General del Estado contará con un directorio geográfico de las Oficinas de asistencia en materia de registros que será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. A tal efecto, el órgano del que dependa la correspondiente Oficina de asistencia deberá comunicar de forma inmediata al citado Ministerio la aprobación de la norma por la que se cree, modifique o suprima dicha oficina, de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, garantizando su actualización permanente.

3. Las Oficinas de asistencia en materia de registros desarrollarán las siguientes funciones:

a) La digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública, así como su anotación en el Registro Electrónico General o Registro electrónico de cada organismo o entidad según corresponda.

b) La anotación, en su caso, de los asientos de salida que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

c) La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas.

d) La expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier documento original o copia auténtica que presenten las personas interesadas y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo a través de dicha oficina en el registro electrónico correspondiente.

e) La información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos en los trámites y procedimientos para los que se haya conferido habilitación.

f) La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona no obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos administrativos para los que se haya previsto habilitación.

g) La práctica de notificaciones, en el ámbito de actuación de esa Oficina, cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la Oficina y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

h) La comunicación a las personas interesadas del código de identificación del órgano, organismo público o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.

i) La iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

j) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

Datos clave

  • Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo (artículo 5 de la Ley 40/2015).
  • Su creación, modificación o supresión se rige por el artículo 59.2 de la Ley 40/2015.
  • El directorio geográfico de oficinas lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
  • Funciones: digitalización y anotación de escritos en papel, asientos de salida y emisión de recibo con fecha y hora.
  • También expiden copias electrónicas auténticas y practican notificaciones por comparecencia espontánea.
  • Inician la tramitación del apoderamiento presencial apud acta (artículo 6 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Oficinas de asistencia en materia de registros son órganos administrativos que digitalizan documentos, dan fe de su presentación y también pueden identificar o firmar por el interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente.

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Artículo 41. Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos.

Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos. Cuando de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la relación de las personas interesadas con las Administraciones Públicas deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos: a) La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b) La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. c) La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. d) La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. e) La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. f) La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando este sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. g) La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Datos clave

  • Cuando la relación deba ser electrónica según el artículo 14 de la Ley 39/2015, se comunicarán por medios electrónicos al menos los hitos enumerados en las letras a) a g).
  • Fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos tras la presentación en el registro electrónico.
  • Fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente, plazo máximo para resolver y notificar y efectos del silencio administrativo.
  • Solicitud y recepción de pronunciamientos o informes preceptivos de un órgano de la Unión Europea, de otra Administración o de un órgano jurisdiccional.
  • Requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones y su cumplimiento o la resolución del recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando el interesado se relaciona electrónicamente, la Administración debe avisarle por medios electrónicos de varios hitos concretos del procedimiento: desde el inicio del cómputo de plazos hasta los pronunciamientos externos que lo condicionan.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 53. Tiempo de conservación y destrucción de documentos.

Tiempo de conservación y destrucción de documentos. 1. Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 2. Los documentos presentados por el interesado en formato electrónico dentro de un dispositivo, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez incorporados al expediente serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 3. Transcurrido el plazo previsto en los apartados anteriores, la destrucción de los documentos se realizará de acuerdo con las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano competente de la comunidad autónoma, y siempre que no se trate de documentos con valor histórico, artístico u otro relevante o de documentos en los que la firma u otras expresiones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor especial.

4. Cuando la generación de copias electrónicas auténticas se realice a partir de documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico que se conserven formando parte de sus correspondientes expedientes y series documentales en cualesquiera de las oficinas, archivos o dependencias de cualquier organismo de las Administraciones públicas, dichos documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico se restituirán a sus oficinas, archivos o dependencias de origen, donde les será de aplicación la normativa específica en materia de archivos y conservación del patrimonio documental en su respectivo ámbito y siguiendo lo establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 5. En el ámbito estatal, se estará a lo preceptuado en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.

Datos clave

  • Los documentos en papel no devueltos se conservan a disposición del interesado durante seis meses tras su digitalización.
  • El mismo plazo de seis meses rige para documentos electrónicos aportados en un dispositivo.
  • La Administración puede establecer reglamentariamente un plazo mayor.
  • La destrucción se ajusta a las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano autonómico competente.
  • No se destruyen documentos con valor histórico, artístico u otro relevante, ni aquellos cuya firma u otras expresiones manuscritas les den valor especial.
  • En el ámbito estatal se aplica el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los documentos en papel o en dispositivo electrónico que el interesado no pueda recoger en el momento se guardan seis meses a su disposición; pasado ese plazo se destruyen, salvo valor histórico o firma con valor especial.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 54. Conservación de documentos electrónicos.

Conservación de documentos electrónicos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo. La copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la consideración de patrimonio documental a efectos de aplicación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o la normativa autonómica correspondiente, siendo el periodo de conservación de los documentos el establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 2. Cada Administración Pública, regulará los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido, conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Cuando se tenga conocimiento por la Administración Pública, organismo o entidad de la existencia de procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a documentos electrónicos, estos deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales, hasta tanto exista constancia de la terminación del procedimiento judicial correspondiente en las sucesivas instancias, por haber recaído resolución no susceptible de recurso o procedimiento alguno ante órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales. 3. La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato. También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos. Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los mismos plazos establecidos para los correspondientes documentos electrónicos. 4. Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural. Asimismo, se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la conservación a largo plazo de los documentos digitales y permitan de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior

5. En todo caso, bajo la supervisión de los responsables de la seguridad y de los responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las unidades productoras de la documentación se establecerán los planes y se habilitarán los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.

Datos clave

  • Se conservan en soporte electrónico todos los documentos del expediente y los de valor probatorio (artículo 46 de la Ley 40/2015).
  • La copia electrónica auténtica es patrimonio documental a efectos de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
  • Cada Administración regula los períodos mínimos de conservación.
  • Ante procedimientos judiciales, los documentos se conservan a disposición de los órganos jurisdiccionales hasta su terminación.
  • La conservación comprende, como mínimo, identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.
  • Se planifica la migración de datos cuando el formato deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones deben conservar en soporte electrónico todo el expediente y los documentos con valor probatorio, respetando plazos y garantizando el acceso aunque cambien los formatos.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 55. Archivo electrónico único.

Archivo electrónico único. 1. El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 2. En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

Datos clave

  • El archivo electrónico único es el conjunto de sistemas y servicios para la gestión, custodia y recuperación de documentos y expedientes una vez finalizados los procedimientos.
  • En la Administración General del Estado serán accesibles en él todos los documentos y expedientes del sector público estatal.
  • Los plazos los determina la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
  • Garantiza autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia.
  • Se rige por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El archivo electrónico único es el conjunto de sistemas que gestiona, custodia y recupera expedientes ya terminados; el de la AGE da acceso a todos los del sector público estatal finalizados, con plenas garantías de seguridad.

¿Me lo sé? Flashcards

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 5

Artículo 5. Principios relativos al tratamiento

1.

Los datos personales serán:

a)

tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

b)

recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c)

adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d)

exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e)

mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f)

tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2.

El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Datos clave

  • ¿Qué significa el principio de minimización de datos del RGPD? → Que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario.
  • ¿Qué añade la responsabilidad proactiva del artículo 5.2 al cumplimiento de los principios? → La capacidad del responsable para demostrar su cumplimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 5.1.c limita los datos a lo necesario en relación con los fines para los que se tratan.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 5
  • Que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario.
  • La capacidad del responsable para demostrar su cumplimiento.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 6. Licitud del tratamiento.

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX.

3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:

a) el Derecho de la Unión, o

b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.

4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas:

a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto;

b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento;

c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 10;

d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto;

e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización.

Datos clave

  • El tratamiento solo es lícito con al menos una base: consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público o poderes públicos, o interés legítimo.
  • El interés legítimo no se aplica al tratamiento de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
  • La base de las letras c) y e) la establece el Derecho de la Unión o el de los Estados miembros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un tratamiento solo es lícito si se apoya en al menos una de las bases tasadas. El interés legítimo no sirve a las autoridades públicas, y la obligación legal y la misión pública necesitan una norma que las respalde.

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 7

Artículo 7. Condiciones para el consentimiento

1.

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.

2.

Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.

3.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

4.

Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.

Datos clave

  • Si el tratamiento se basa en consentimiento, ¿quién debe demostrar que se prestó? → El responsable del tratamiento.
  • ¿Qué efecto tiene retirar el consentimiento sobre el tratamiento anterior basado en él? → No afecta a la licitud del tratamiento previo a la retirada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 7.1 exige que el responsable pueda demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 7
  • El responsable del tratamiento.
  • No afecta a la licitud del tratamiento previo a la retirada.

¿Me lo sé? Flashcards

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 8

Artículo 8. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información

1.

Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó.

Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años.

2.

El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

3.

El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño.

Datos clave

  • En servicios de la sociedad de la información ofrecidos directamente a niños, ¿qué edad establece como regla el artículo 8.1 para consentir? → Dieciséis años, con posible reducción legal nacional.
  • ¿Por debajo de qué edad impide el artículo 8.1 que un Estado miembro reduzca el umbral para ese consentimiento? → Por debajo de trece años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El RGPD fija dieciséis años y permite a los Estados miembros reducir la edad por ley, nunca por debajo de trece. La regulación española debe estudiarse junto al artículo 7 de la LO 3/2018.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 8
  • Dieciséis años, con posible reducción legal nacional.
  • Por debajo de trece años.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales.

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado;

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado;

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados;

e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos;

f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial;

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;

h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3;

i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional,

j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.

4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud.

Datos clave

  • Se prohíbe tratar datos de origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos, biométricos, de salud, y de vida u orientación sexual.
  • La prohibición se levanta, entre otros supuestos, con consentimiento explícito, por obligaciones laborales y de protección social, por intereses vitales o si el interesado hizo los datos manifiestamente públicos.
  • Los Estados miembros pueden añadir condiciones para datos genéticos, biométricos o de salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las categorías especiales de datos (ideología, salud, genética, biometría, vida sexual…) están prohibidas por regla general y solo se tratan en los supuestos tasados del apartado 2.

¿Me lo sé? Flashcards

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 10

Artículo 10. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas.

Datos clave

  • ¿Bajo qué condición puede llevarse un registro completo de condenas penales según el artículo 10? → Bajo el control de las autoridades públicas.
  • Además del tratamiento bajo supervisión pública, ¿qué alternativa admite el artículo 10 para datos sobre condenas e infracciones? → Autorización del Derecho de la Unión o nacional con garantías apropiadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 10 exige que todo registro completo de condenas penales se lleve bajo control de las autoridades públicas.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 10
  • La autoridad pública bajo cuyo control se mantenga.
  • Autorización del Derecho de la Unión o nacional con garantías apropiadas.

¿Me lo sé? Flashcards

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 11

Artículo 11. Tratamiento que no requiere identificación

1.

Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente Reglamento.

2.

Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se aplicarán los artículos 15 a 20, excepto cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud de dichos artículos, facilite información adicional que permita su identificación.

Datos clave

  • Si los fines no requieren identificar al interesado, ¿debe el responsable obtener datos adicionales solo para cumplir el RGPD? → No está obligado a obtenerlos solo con ese propósito.
  • Si el responsable demuestra que no puede identificar al interesado, ¿qué puede aportar este para ejercer los derechos de los artículos 15-20? → Información adicional que permita su identificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 11.1 no obliga a mantener, obtener o tratar información adicional para identificar con el único propósito de cumplir el Reglamento.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 11
  • No está obligado a obtenerlos solo con ese propósito.
  • Información adicional que permita su identificación.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 12. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado.

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.

3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o

b) negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.

7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente.

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.

Datos clave

  • El responsable facilita la información y las comunicaciones de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.
  • Responde a las solicitudes sin dilación indebida y, a más tardar, en un mes, prorrogable otros dos meses si es necesario.
  • La información y las actuaciones son gratuitas; ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas puede cobrar un canon razonable o negarse a actuar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo y en qué plazo responde el responsable a quien ejerce sus derechos: lenguaje claro, gratis por regla general y respuesta en un mes, prorrogable dos más.

¿Me lo sé? Flashcards

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 13

Artículo 13. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado

1.

Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

a)

la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

b)

los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c)

los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;

d)

cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;

e)

los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f)

en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.

2.

Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a)

el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b)

la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c)

cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d)

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e)

si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;

f)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

4.

Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.

Datos clave

  • Si los datos se obtienen del interesado, ¿cuándo debe facilitarse la información del artículo 13? → En el momento en que se obtienen los datos.
  • ¿Qué excepción contempla el artículo 13.4 respecto de la información al interesado? → Que ya disponga de ella, en la medida en que la conozca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 13.1 exige informar en el momento de la obtención directa de los datos; incluye identidad del responsable, fines, base jurídica y demás extremos previstos.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 13
  • En el momento en que se obtienen los datos.
  • Que ya disponga de ella, en la medida en que la conozca.

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 14

Artículo 14. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado

1.

Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información:

a)

la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

b)

los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c)

los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento;

d)

las categorías de datos personales de que se trate;

e)

los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f)

en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.

2.

Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado:

a)

el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b)

cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero;

c)

la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

d)

cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada;

e)

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

f)

la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público;

g)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3.

El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2:

a)

dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos;

b)

si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o

c)

si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

4.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2.

5.

Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que:

a)

el interesado ya disponga de la información;

b)

la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89, apartado 1, o en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información;

c)

la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o

d)

cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza legal.

Datos clave

  • Cuando los datos no se obtienen del interesado, ¿qué exige informar el artículo 14.2.f? → La fuente de los datos y si proceden de fuentes de acceso público.
  • Sin primera comunicación ni revelación anterior, ¿qué plazo máximo fija el artículo 14.3.a para informar? → Un mes desde la obtención de los datos personales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 14 añade información sobre el origen de los datos y, en su caso, su procedencia de fuentes de acceso público.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 14
  • La fuente de los datos y si proceden de fuentes de acceso público.
  • Un mes desde la obtención de los datos personales.

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 15

Artículo 15. Derecho de acceso del interesado

1.

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

a)

los fines del tratamiento;

b)

las categorías de datos personales de que se trate;

c)

los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;

d)

de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

e)

la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;

f)

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

g)

cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;

h)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

2.

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.

3.

El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

4.

El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Datos clave

  • ¿Qué puede obtener el interesado al ejercer el acceso del artículo 15 del RGPD? → Confirmación del tratamiento y acceso a sus datos e información prevista.
  • ¿Qué límite impone el artículo 15.4 al derecho a obtener una copia? → No afectar negativamente a derechos y libertades de otros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 15 reconoce confirmación, acceso a los datos personales propios e información sobre fines, categorías, destinatarios, conservación y otros extremos.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 15
  • Confirmación del tratamiento y acceso a sus datos e información prevista.
  • No afectar negativamente a derechos y libertades de otros.

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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 16

Artículo 16. Derecho de rectificación

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Datos clave

  • ¿Qué permite el derecho de rectificación del artículo 16? → Rectificar datos inexactos y completar datos incompletos.
  • ¿Qué criterio debe tenerse en cuenta para completar datos incompletos mediante el artículo 16? → Los fines del tratamiento de esos datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interesado tiene derecho, sin dilación indebida, a rectificar datos inexactos y a completar los incompletos, incluso mediante declaración adicional según los fines.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 16
  • Rectificar datos inexactos y completar datos incompletos.
  • Los fines del tratamiento de esos datos.

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Artículo 17. Derecho de supresión («el derecho al olvido»).

1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.

2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;

b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;

c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;

d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o

e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Datos clave

  • El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de sus datos cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo («derecho al olvido»).
  • No se aplica, entre otros casos, cuando el tratamiento sea necesario para ejercer la libertad de expresión e información o para cumplir una obligación legal o una misión de interés público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho al olvido obliga a suprimir los datos sin dilación indebida en los supuestos tasados, pero cede ante la libertad de expresión, la obligación legal, la salud pública, el archivo o las reclamaciones.

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1 / 3

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 18

Artículo 18. Derecho a la limitación del tratamiento

1.

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a)

el interesado impugne la exactitud de los datos personales en un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;

b)

el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;

c)

el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

d)

el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

2.

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

3.

Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

Datos clave

  • El interesado impugna la exactitud de sus datos. ¿Qué derecho procede mientras el responsable la verifica? → La limitación del tratamiento de esos datos.
  • ¿Cuándo debe informarse al interesado de que va a levantarse una limitación del tratamiento? → Antes de levantar la limitación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 18.1.a reconoce la limitación en un plazo que permita al responsable verificar la exactitud.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 18
  • La limitación del tratamiento de esos datos.
  • Antes de levantar la limitación.

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1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 19

Artículo 19. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 16, al artículo 17, apartado 1, y al artículo 18 a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo solicita.

Datos clave

  • ¿Qué debe comunicar el responsable a los destinatarios de los datos según el artículo 19? → Las rectificaciones, supresiones o limitaciones, salvo excepción prevista.
  • ¿Qué excepción prevé el artículo 19 a comunicar una rectificación a cada destinatario? → Que resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Debe comunicar rectificación, supresión o limitación a cada destinatario, salvo imposibilidad o esfuerzo desproporcionado, e informar de esos destinatarios al interesado si lo solicita.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 19
  • Las rectificaciones, supresiones o limitaciones, salvo excepción prevista.
  • Que resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado.

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1 / 2

Artículo 20. Derecho a la portabilidad de los datos.

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Datos clave

  • El interesado tiene derecho a recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.
  • Se aplica cuando el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y se efectúa por medios automatizados.
  • No se aplica al tratamiento necesario para una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La portabilidad permite llevarse los datos facilitados en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable, pero solo si la base es consentimiento o contrato y el tratamiento es automatizado.

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1 / 3

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 21

Artículo 21. Derecho de oposición

1.

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

2.

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.

3.

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

4.

A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.

5.

En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.

6.

Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

Datos clave

  • Si el interesado se opone al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, ¿qué debe ocurrir? → Los datos dejan de tratarse para esos fines.
  • Ante oposición por motivos particulares a un tratamiento de las letras e o f del artículo 6.1, ¿cuándo puede continuar el responsable? → Si acredita motivos legítimos imperiosos prevalentes o fines de reclamación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 21.3 exige dejar de tratar los datos para mercadotecnia directa tras la oposición; comprende la elaboración de perfiles relacionada con ella.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 21
  • Los datos dejan de tratarse para esos fines.
  • Si acredita motivos legítimos imperiosos prevalentes o fines de reclamación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 22

Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles

1.

Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

2.

El apartado 1 no se aplicará si la decisión:

a)

es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;

b)

está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o

c)

se basa en el consentimiento explícito del interesado.

3.

En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

4.

Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

Datos clave

  • ¿Qué decisiones comprende la regla general del artículo 22.1 del RGPD? → Las exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o similares significativos.
  • En los supuestos de contrato o consentimiento explícito del artículo 22.2, ¿qué garantía mínima exige el apartado 3? → Intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interesado tiene derecho a no ser objeto de esas decisiones, incluida elaboración de perfiles, con las excepciones y garantías de los apartados siguientes.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 22
  • Las exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o similares significativos.
  • Intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.

¿Me lo sé? Flashcards

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