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La organización territorial del Estado. Comunidades y Ciudades Autónomas. Las Entidades Locales. Las Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia.

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Constitución Española · Art. 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Datos clave

  • ¿En qué tres entidades se organiza territorialmente el Estado según el art. 137? → Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
  • Los tres niveles territoriales, de menor a mayor: municipio, provincia, Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas gozan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Datos clave

  • ¿Qué circunstancia territorial cita expresamente el art. 138 al hablar de equilibrio económico? → El hecho insular.
  • ¿Qué no pueden implicar en ningún caso las diferencias entre Estatutos de Autonomía? → Privilegios económicos o sociales.
  • Dato de examen: el hecho insular se cita expresamente como circunstancia a atender en el equilibrio económico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado garantiza la solidaridad del art. 2 velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre territorios, con atención al hecho insular; las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Datos clave

  • Según el art. 139.1, ¿qué tienen los españoles en cualquier parte del territorio? → Los mismos derechos y obligaciones.
  • ¿Qué dos libertades de circulación protege el art. 139.2? → La de personas (y su establecimiento) y la libre circulación de bienes.
  • Recuerda que se protegen dos circulaciones: la de las personas (y su establecimiento) y la de los bienes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en todo el territorio y prohibición de medidas que obstaculicen, directa o indirectamente, la circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Datos clave

  • ¿Quién integra el gobierno y la administración del municipio según el art. 140? → Los Alcaldes y los Concejales, en el Ayuntamiento.
  • ¿Cómo se eligen los Concejales? → Por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Los cinco adjetivos del sufragio de los concejales: universal, igual, libre, directo y secreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Autonomía y personalidad jurídica plena de los municipios, gobernados por Ayuntamientos de Alcaldes y Concejales; los Concejales los eligen los vecinos por sufragio, y los Alcaldes los Concejales o los vecinos.

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Constitución Española · Art. 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley se necesita para alterar los límites provinciales? → Ley orgánica de las Cortes Generales.
  • ¿Cómo se llama la administración propia de las islas en los archipiélagos? → Cabildos o Consejos.
  • Dato de examen: cambiar los límites de una provincia exige ley orgánica de las Cortes Generales, no una ley ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La provincia: entidad local con personalidad jurídica, agrupación de municipios y división territorial del Estado. Sus límites solo se alteran por ley orgánica de las Cortes; la gobiernan Diputaciones y las islas tienen Cabildos o Consejos.

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Constitución Española · Art. 142

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿De qué se nutren fundamentalmente las Haciendas locales según el art. 142? → De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
  • Dos fuentes de financiación local: tributos propios + participación en tributos del Estado y de las CCAA.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Haciendas locales deben tener medios suficientes para sus funciones y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

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Constitución Española · Art. 143

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Datos clave

  • ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico del artículo 143? → A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
  • ¿En qué plazo deben cumplirse esos requisitos? → En seis meses desde el primer acuerdo adoptado por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
  • ¿Cuándo puede reiterarse una iniciativa que no prosperó? → Pasados cinco años.
  • Dos números que se confunden: seis meses para completar la iniciativa y cinco años para volver a intentarlo.
  • Tres tipos de territorio en el apartado 1: provincias limítrofes con rasgos comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Vía del art. 143 para acceder al autogobierno: quién puede (tres tipos de territorio), quién tiene la iniciativa, seis meses para cumplir los requisitos y cinco años para reiterarla si no prospera.

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Constitución Española · Art. 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley y por qué motivo actúan las Cortes Generales en el art. 144? → Ley orgánica, por motivos de interés nacional.
  • ¿Qué iniciativa pueden sustituir las Cortes según el apartado c) del art. 144? → La iniciativa de las Corporaciones locales prevista en el art. 143.2.
  • Memoriza las tres letras: a) CCAA pequeña sin cumplir el 143.1, b) territorio sin provincia, c) sustituir la iniciativa local del 143.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres facultades de las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, para casos que no encajan en la vía ordinaria del art. 143.

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Constitución Española · Art. 145

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Datos clave

  • ¿Qué necesita un convenio entre Comunidades Autónomas para gestionar servicios propios previsto en el Estatuto? → Comunicación a las Cortes Generales.
  • ¿Qué necesita un acuerdo de cooperación entre Comunidades Autónomas que no sea de servicios propios? → La autorización de las Cortes Generales.
  • Truco: comunicación con «c» de convenio de servicios propios; autorización para todo lo demás.
  • La federación entre Comunidades Autónomas está prohibida sin excepción alguna.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prohibida en todo caso la federación de Comunidades Autónomas; los convenios para servicios propios se rigen por los Estatutos con comunicación a las Cortes, y los demás acuerdos de cooperación requieren su autorización.

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Constitución Española · Art. 146

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Datos clave

  • ¿Quién elabora el proyecto de Estatuto por esta vía? → Una asamblea con los miembros de la Diputación u órgano interinsular y los Diputados y Senadores de las provincias afectadas.
  • ¿Cómo tramitan las Cortes ese proyecto de Estatuto? → Como una ley.
  • La asamblea redactora mezcla dos perfiles: cargos provinciales (Diputación) y parlamentarios nacionales (Diputados y Senadores) de esa zona.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea de miembros de la Diputación u órgano interinsular y de los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, y se eleva a las Cortes para su tramitación como ley.

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Constitución Española · Art. 147

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Qué naturaleza tiene el Estatuto de Autonomía según este artículo? → Es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.
  • ¿Con qué tipo de ley aprueban las Cortes la reforma de un Estatuto? → Ley orgánica.
  • Cuatro letras, cuatro contenidos mínimos: nombre, territorio, instituciones y competencias/traspasos.
  • Reforma = siempre Cortes + ley orgánica, sea cual sea el procedimiento interno que fije el Estatuto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estatuto es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma; debe contener cuatro contenidos mínimos y su reforma exige siempre aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

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Constitución Española · Art. 148

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8.ª Los montes y aprovechamientos forestales. 9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12.ª Ferias interiores. 13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14.ª La artesanía. 15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20.ª Asistencia social. 21.ª Sanidad e higiene. 22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Datos clave

  • ¿Qué prevé la materia 22.ª del artículo 148.1? → La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
  • ¿Qué pueden hacer las Comunidades Autónomas transcurridos cinco años? → Ampliar sucesivamente sus competencias mediante la reforma de sus Estatutos, dentro del marco del artículo 149.
  • ¿Qué puertos y aeropuertos pueden asumir las Comunidades Autónomas? → Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
  • ¿Con qué alcance asumen las Comunidades Autónomas el medio ambiente? → Solo la gestión en materia de protección del medio ambiente.
  • Son 22 materias numeradas con ordinales (1.ª a 22.ª) y un apartado 2 con la cláusula de los cinco años.
  • Para policía local, la que importa es la 22.ª: vigilancia de edificios propios y coordinación de las policías locales vía ley orgánica.
  • Varias materias llevan coletilla limitadora: «de interés de la Comunidad Autónoma», «en su propio territorio», «en su ámbito territorial».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las veintidós materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir, muchas limitadas a su interés o territorio, y la posibilidad de ampliar competencias tras cinco años reformando el Estatuto dentro del marco del artículo 149.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
  • ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
  • ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
  • ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
  • Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
  • Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.

Esquema

Cláusulas residuales del apartado 3
Comunidades AutónomasEstado
Qué materiasLas no atribuidas expresamente al Estado por la ConstituciónLas que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
TítuloEn virtud de sus respectivos EstatutosPor la propia Constitución

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Constitución Española · Art. 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige el artículo 150.3 y para qué exactamente? → Mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales, para apreciar la necesidad de armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
  • ¿Qué instrumento normativo emplea el artículo 150.2? → Ley orgánica, que además debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que el Estado se reserve.
  • ¿Dentro de qué debe moverse una Comunidad al dictar normas al amparo de una ley marco? → En el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
  • Ordena por el número: 1 marco, 2 orgánica, 3 armonización. Solo el 2 lleva ley orgánica y dinero; solo el 3 lleva mayoría absoluta.
  • La armonización es la única que puede meterse en materias que ya son de las Comunidades: por eso necesita el filtro del interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres vías para ampliar o encauzar la actuación autonómica: leyes marco, transferencia o delegación por ley orgánica y leyes de armonización apreciadas por mayoría absoluta de cada Cámara.

Esquema

Las tres vías del art. 150
Ley marcoTransferencia o delegaciónArmonización
MateriaCompetencia estatalTitularidad estatal susceptible de transferencia o delegaciónAun atribuida a las Comunidades
InstrumentoLey estatal con principios, bases y directricesLey orgánicaLey de principios
Control o requisitoControl de las Cortes fijado en cada ley marcoMedios financieros y formas de control del EstadoInterés general apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara

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Constitución Española · Art. 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: 1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. 4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué porcentaje de municipios se exige en la iniciativa del artículo 151.1? → Las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
  • ¿De cuánto es el plazo de la Comisión Constitucional del Congreso para examinar el proyecto de Estatuto? → Dos meses, con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente.
  • ¿Con qué mayoría elabora la Asamblea de Parlamentarios el proyecto de Estatuto? → Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
  • ¿Qué ocurre si no hay acuerdo en la Comisión Constitucional? → El proyecto de Estatuto se tramita como proyecto de ley ante las Cortes Generales y el texto aprobado se somete a referéndum en las provincias afectadas.
  • Tres cuartas partes de los municipios y mayoría del censo: la fracción va de municipios, la mayoría va de censo. No los cruces.
  • Único plazo en días o meses que fija el apartado 2: dos meses para que la Comisión Constitucional del Congreso examine el proyecto de Estatuto.
  • Las mayorías del referéndum suben y bajan: absoluta de electores para arrancar, simple de votos válidos para aprobar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La vía rápida de acceso a la autonomía: sin esperar los cinco años del art. 148.2 si la iniciativa la respaldan tres cuartas partes de los municipios y un referéndum; Estatuto pactado entre la Asamblea de Parlamentarios y la Comisión Constitucional.

Esquema

Estatuto del art. 151: con o sin acuerdo en la Comisión
Con acuerdo (2.º-4.º)Sin acuerdo (5.º)
Primer paso tras la ComisiónReferéndum en las provinciasTramitación como proyecto de ley en las Cortes
Papel de las CortesVoto de ratificación de ambos plenosAprueban el texto
ReferéndumAntes de las CortesDespués de las Cortes
Mayoría en el referéndumMayoría de votos válidamente emitidos en cada provinciaMayoría de votos válidamente emitidos en cada provincia

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Constitución Española · Art. 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Datos clave

  • ¿Cómo se elige la Asamblea Legislativa en estas Comunidades? → Por sufragio universal, con un sistema de representación proporcional.
  • ¿Quién elige al Presidente autonómico y quién lo nombra? → Lo elige la Asamblea de entre sus miembros; lo nombra el Rey.
  • ¿Qué requisito extra tiene la reforma del Estatuto por esta vía? → Referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
  • ¿Qué pueden crear los Estatutos agrupando municipios limítrofes? → Circunscripciones territoriales propias, con plena personalidad jurídica.
  • El Presidente lo elige la Asamblea de entre sus miembros, pero lo nombra el Rey: elección política, nombramiento formal.
  • El referéndum de reforma es un requisito añadido: se suma al procedimiento propio del Estatuto, no lo sustituye.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Organización de las Comunidades con Estatuto aprobado por el procedimiento del artículo anterior: Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente y Tribunal Superior de Justicia; reforma con referéndum y circunscripciones propias.

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Constitución Española · Art. 153

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Datos clave

  • ¿Quién controla la constitucionalidad de las normas autonómicas con fuerza de ley? → El Tribunal Constitucional.
  • ¿Qué necesita el Gobierno antes de controlar el ejercicio de funciones delegadas? → El dictamen previo del Consejo de Estado.
  • ¿Quién controla lo económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas? → El Tribunal de Cuentas.
  • Cuatro controles, cuatro órganos: Constitucional (leyes), Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (delegadas), contencioso-administrativo (reglamentos y actos), Tribunal de Cuentas (dinero).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro controles sobre los órganos autonómicos, cada uno con su órgano: Tribunal Constitucional, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.

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Constitución Española · Art. 154

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Datos clave

  • ¿Quién nombra al Delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma? → El Gobierno.
  • ¿Qué dirige el Delegado del Gobierno en el territorio autonómico? → La Administración del Estado.
  • El Delegado del Gobierno dirige lo estatal en la Comunidad; con la administración autonómica solo coordina, no dirige.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la administración autonómica.

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Constitución Española · Art. 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿A quién requiere primero el Gobierno antes de adoptar estas medidas? → Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
  • ¿Qué mayoría del Senado hace falta si el requerimiento no se atiende? → Mayoría absoluta.
  • Tras aprobarse las medidas, ¿a quién puede dar instrucciones el Gobierno? → A todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
  • Dos filtros antes de intervenir: requerimiento al Presidente autonómico + mayoría absoluta del Senado.
  • El requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma es necesario antes de que el Gobierno pueda adoptar las medidas del art. 155.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente al interés general, el Gobierno, tras requerir a su Presidente y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias.

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Constitución Española · Art. 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Datos clave

  • ¿Con qué dos principios debe coordinarse la autonomía financiera de las Comunidades? → Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
  • ¿En qué pueden colaborar las Comunidades Autónomas con el Estado? → En la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios estatales.
  • Autonomía financiera + dos límites: coordinación con Hacienda estatal y solidaridad entre españoles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera sujeta a coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad, y pueden actuar como delegadas o colaboradoras del Estado en sus recursos tributarios.

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Constitución Española · Art. 157

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e) El producto de las operaciones de crédito. 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Datos clave

  • ¿Qué recursos financian a las Comunidades además de sus impuestos y tasas propios? → Impuestos cedidos y participaciones estatales, el Fondo de Compensación interterritorial, rendimientos de su patrimonio y operaciones de crédito.
  • ¿Qué dos cosas tiene prohibido hacer una Comunidad con sus tributos? → Gravar bienes situados fuera de su territorio y obstaculizar la libre circulación de mercancías o servicios.
  • ¿Qué tipo de ley regula el ejercicio de las competencias financieras autonómicas? → Ley orgánica.
  • Cinco recursos, de la a) a la e): cedidos/participaciones, propios, Fondo de Compensación, patrimonio, crédito.
  • El límite más preguntado: nunca gravar bienes fuera de su territorio ni frenar la libre circulación de mercancías o servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades tienen cinco tipos de recursos financieros, no pueden gravar bienes fuera de su territorio ni frenar el mercado común, y una ley orgánica puede ordenar todo esto.

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Constitución Española · Art. 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Datos clave

  • ¿A qué se destina el Fondo de Compensación? → A gastos de inversión.
  • ¿Qué garantiza la asignación presupuestaria de este artículo? → Un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
  • ¿Quién distribuye el Fondo de Compensación? → Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y, en su caso, las provincias.
  • El Fondo de Compensación es para inversión, no para gasto corriente: memorízalo así.
  • Dos mecanismos distintos: la asignación por nivel mínimo de servicios y el Fondo de Compensación por desequilibrios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos mecanismos: una posible asignación en los Presupuestos Generales del Estado según servicios asumidos y nivel mínimo de servicios, y el Fondo de Compensación para inversión que reparten las Cortes Generales.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 1

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.

Datos clave

  • ¿Qué apartado del art. 1 LBRL dice que la Provincia y la Isla tienen la misma autonomía que el Municipio? → El apartado 2: gozan de idéntica autonomía para la gestión de sus intereses respectivos.
  • El art. 1 LBRL reconoce autonomía al Municipio, y una «idéntica» autonomía a la Provincia y, en su caso, la Isla, para la gestión de sus intereses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana, con autonomía para sus intereses; la Provincia y, en su caso, la Isla tienen idéntica autonomía.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 2

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.

Datos clave

  • ¿Qué deben determinar las leyes básicas del Estado según el art. 2.2? → Las competencias que ellas mismas atribuyan o que deban corresponder a los entes locales en las materias que regulan.
  • Cuatro principios del apartado 1, en este orden: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben garantizar a municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en lo que les afecte, con las competencias que proceda.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 3

Artículo 3.

1. Son Entidades Locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

b) Las Áreas Metropolitanas.

c) Las Mancomunidades de Municipios.

Téngase en cuenta lo previsto en las disposiciones transitorias 4 y 5 de la citada Ley, sobre disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y las que estén en constitución.

Datos clave

  • ¿En qué archipiélagos es la Isla Entidad Local territorial? → En el balear y el canario.
  • Cita las tres entidades del art. 3.2 que gozan de la condición de Entidad Local sin ser territoriales. → Comarcas (u otras entidades que agrupen varios Municipios), Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.
  • El apartado 1 enumera tres Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia, Isla) y el apartado 2 añade otras tres que también gozan de la condición de Entidad Local (Comarca, Área Metropolitana, Mancomunidad).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia e Isla en los archipiélagos balear y canario) y las que también gozan de esa condición: Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.

Datos clave

  • ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
  • ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Potestades de municipios, provincias e islas como Administraciones territoriales, su posible extensión a otras entidades locales según las leyes autonómicas y el régimen propio de las mancomunidades.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 5

Artículo 5.

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad si se interpreta en el sentido del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624

Y por conexión todas las remisiones al mismo contenidas en la presente Ley.

Datos clave

  • ¿Qué ley modificó el art. 5 LBRL? → La Ley 11/1999, de 21 de abril.
  • ¿A qué debe ajustarse el ejercicio de la capacidad jurídica de las Entidades locales según el art. 5? → A la Constitución y las leyes.
  • Es la «lista de la compra» de la capacidad jurídica local: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Entidades locales tienen plena capacidad jurídica, para sus fines y en el ámbito de sus competencias, para adquirir y disponer de bienes, contratar, establecer servicios, obligarse, recurrir y ejercitar acciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 6

1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.

Datos clave

  • ¿Quién ejerce el control de legalidad de los actos de las entidades locales según el art. 6.2? → Los Tribunales.
  • Cita los cuatro principios de actuación del art. 6.1. → Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
  • Cuatro principios del apartado 1: eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos, con cuatro principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho; el control de legalidad de sus actos es de los Tribunales.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 7

1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Por qué instrumento normativo deben determinarse las competencias propias de los Municipios? → Solo por Ley.
  • ¿Qué dos informes previos son necesarios y vinculantes para ejercer competencias distintas de las propias y delegadas? → El de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y el de la Administración con la tutela financiera (sostenibilidad financiera).
  • Tres tipos de competencia: propias (por Ley), delegadas (Estado/CCAA) y «distintas» (solo si no hay riesgo financiero, no hay duplicidad y hay dos informes vinculantes).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Clasifica las competencias locales en propias y delegadas, y fija las condiciones estrictas para ejercer competencias distintas de esas dos.

Esquema

Competencias propias vs. delegadas (art. 7)
PropiasDelegadas
Quién las fijaSolo por LeyEstado o CCAA, por delegación
Cómo se ejercenEn autonomía y bajo propia responsabilidadSegún la disposición o acuerdo de delegación (art. 27)

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Qué entidades pueden gestionar servicios ordinarios de la Administración autonómica según el art. 8? → Las Provincias y las Islas.
  • Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, conforme a los Estatutos y a la legislación de las Comunidades Autónomas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 9

Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Datos clave

  • ¿Qué no pueden hacer las normas de desarrollo de la LBRL respecto a Municipios, Provincias o Islas? → Limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular.
  • Regla anti-«traje a medida»: las normas de desarrollo no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias entidades con carácter singular, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales previstos en la propia Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas de desarrollo de la LBRL no pueden dirigirse con carácter singular a uno o varios municipios, provincias o islas concretos, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales de la propia Ley.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 10

1. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.

Datos clave

  • ¿Qué apartado del art. 10 dice que la coordinación es compatible con la autonomía local? → El apartado 4.
  • El apartado 1 enumera cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se relacionan la Administración Local y las demás Administraciones: información mutua, colaboración y coordinación, esta última reforzada para garantizar la estabilidad presupuestaria.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 11

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los elementos del Municipio según el art. 11 LBRL? → El territorio, la población y la organización.
  • ¿Cómo define el art. 11 LBRL al Municipio? → Como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • Los tres elementos del Municipio son el territorio, la población y la organización («TPO»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad; sus elementos son territorio, población y organización.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 12 · 1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias

Artículo 12.

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Se modifica por el art. único.1 de la Ley 4/1996, de 10 de enero. Ref. BOE-A-1996-753

Datos clave

  • ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
  • ¿A cuántas provincias puede pertenecer un municipio? → A una sola.
  • Artículo de dos líneas y dos datos: qué es el término (ámbito de competencias) y a cuántas provincias pertenece (una).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, y cada municipio pertenece a una sola provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 13

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige el art. 13.6 para aprobar el convenio de fusión? → Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados
  • ¿Cuántos años deben pasar antes de que un municipio fusionado pueda segregarse (art. 13.4)? → Diez años
  • ¿Qué debe emitirse antes de crear o suprimir un municipio (art. 13.1)? → Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Creación, supresión y alteración de municipios: ley autonómica con audiencia, dictamen e informe; nuevos municipios de al menos 4.000 habitantes; y el régimen completo de la fusión por convenio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 14

1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Datos clave

  • ¿Cuándo tiene carácter oficial el cambio de denominación de un Municipio? → Cuando, tras anotarse en un Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
  • ¿En qué lenguas puede estar la denominación de un Municipio? → En castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
  • Cadena de pasos para memorizar: anotación en el Registro estatal → publicación en el BOE. El último eslabón es el que da la oficialidad.
  • Tres opciones lingüísticas, no dos: castellano, otra lengua oficial de la Comunidad, o ambas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cambio de nombre de un Municipio solo es oficial tras anotarse en el Registro estatal de entidades y publicarse en el BOE; la denominación puede ser en castellano, en otra lengua oficial o en ambas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 15

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Datos clave

  • ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino? → En el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
  • Si alguien vive en varios municipios, ¿dónde debe inscribirse? → Únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
  • ¿Qué constituye la población del municipio? → El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal.
  • Criterio de desempate si vives en varios municipios: más tiempo al año, no domicilio fiscal ni propiedad de la vivienda.
  • Cadena de definiciones encadenadas: inscritos = población del municipio = vecinos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Empadronarse es obligatorio para toda persona que viva en España, en un único municipio: el de residencia habitual. Los inscritos son los vecinos y la vecindad nace en el momento mismo de la inscripción.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 16

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: a) Nombre y apellidos. b) Sexo. c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. d) Nacionalidad. e) Lugar y fecha de nacimiento. f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. 2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. g) Certificado o título escolar o académico que se posea. h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. 3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.

Datos clave

  • ¿Cada cuánto se renueva la inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin residencia de larga duración (art. 16.1)? → Cada dos años
  • ¿Qué carácter tienen las certificaciones de datos del Padrón (art. 16.1)? → Documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Padrón es el registro de los vecinos y prueba residencia y domicilio; sus certificaciones son documento público; ciertos extranjeros renuevan cada dos años; datos obligatorios tasados y cesión limitada.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 17

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. 2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.

Datos clave

  • ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento (art. 17.4)? → El Presidente del Instituto Nacional de Estadística
  • ¿A qué mecanismo remite el art. 17.2 si un Ayuntamiento rechaza el requerimiento del INE? → A la ejecución sustitutoria del art. 60

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ayuntamiento forma y gestiona el Padrón; el INE coordina los de todos los municipios, resuelve discrepancias y propone cifras oficiales; el Consejo de Empadronamiento colabora; y existe un Padrón de residentes en el extranjero.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 18

1. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

Datos clave

  • ¿A qué artículo de la Constitución remite el derecho del vecino a ser informado (art. 18.1.e)? → Al art. 105 CE
  • ¿Qué puede exigir el vecino si un servicio es competencia municipal propia y obligatoria (art. 18.1.g)? → Su prestación o, en su caso, su establecimiento

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derechos y deberes de los vecinos: nueve letras, de ser elector a la iniciativa popular, y la advertencia de que el padrón no prueba la residencia legal de los extranjeros.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 19

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes.

Datos clave

  • ¿Quién integra el ayuntamiento según el art. 19 LBRL? → El Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
  • ¿Cómo se eligen los Concejales? → Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Cinco adjetivos del sufragio, en este orden: universal, igual, libre, directo y secreto («U-I-L-D-S»).
  • El régimen de organización de los municipios señalados en el título X se ajusta a lo dispuesto en él; en lo no previsto por ese título, se aplica el régimen común de los artículos siguientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento (Alcalde y Concejales), salvo en Concejo Abierto; elección de Concejales y Alcalde, y régimen de los municipios del título X.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 20

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. 2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.

Datos clave

  • ¿Qué órganos existen en todos los ayuntamientos sin excepción según el art. 20.1.a? → El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
  • ¿A partir de qué población es obligatoria la Junta de Gobierno Local (art. 20.1.b)? → Más de 5.000 habitantes

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas de la organización municipal: órganos de todos los ayuntamientos, los ligados a más de 5.000 habitantes, las comisiones especiales y la organización complementaria autonómica o propia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 21

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. b) Representar al ayuntamiento. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e) Dictar bandos. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. ñ) (Derogada) o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. p) (Derogada) q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde. 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

Datos clave

  • ¿Qué porcentaje de los recursos ordinarios puede comprometer el Alcalde en operaciones de crédito sin acudir al Pleno (art. 21.1.f)? → El 10%
  • ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal según el art. 21.1.i? → El Alcalde
  • ¿Puede el Alcalde delegar la decisión de los empates con voto de calidad? → No, es una de las atribuciones indelegables del art. 21.3

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuciones del Alcalde como Presidente de la Corporación (letras a-s, con dos derogadas), nombramiento de Tenientes de Alcalde y la lista de atribuciones que no puede delegar.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 22

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n) (Derogada) ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada) p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué umbral de operaciones de crédito corresponde al Pleno según el art. 22.2.m? → Las que superen el 10% de los recursos ordinarios (o el 15% de ingresos corrientes en las de tesorería)
  • ¿Cómo se vota la moción de censura al Alcalde según el art. 22.3? → De forma pública, mediante llamamiento nominal

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno, presidido por el Alcalde, tiene las grandes atribuciones municipales (control, planeamiento, ordenanzas, presupuestos, personal, crédito), vota censura y confianza, y solo puede delegar parte de ellas.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 23

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.

Datos clave

  • ¿Cuál es el número máximo de Concejales en la Junta de Gobierno Local? → No superior al tercio del número legal de Concejales (además del Alcalde, que la integra).
  • ¿En qué casos sustituyen los Tenientes de Alcalde al Alcalde y en qué orden? → En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden de su nombramiento.
  • ¿De entre quiénes se designan los Tenientes de Alcalde donde no existe Junta de Gobierno Local? → De entre los Concejales.
  • Tres causas de sustitución, fáciles porque riman con «VAE»: Vacante, Ausencia, Enfermedad.
  • El tope es un tercio del número legal de Concejales, y «no superior»: cabe menos, nunca más.
  • Mismo esquema, órgano provincial: compáralo con el art. 35 (Junta de Gobierno de la Diputación y Vicepresidentes).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y hasta un tercio del número legal de Concejales; asiste al Alcalde y ejerce atribuciones delegadas. Los Tenientes de Alcalde le sustituyen por orden de nombramiento.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24

1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.

Datos clave

  • ¿Para qué pueden los municipios crear órganos territoriales de gestión desconcentrada? → Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
  • ¿Qué régimen de gestión desconcentrada se aplica en los municipios del artículo 121? → El establecido en el artículo 128.
  • Palabra clave para distinguirlo del art. 24 bis: aquí son órganos del municipio (desconcentración interna); allí son entes de ámbito inferior al municipio.
  • Dos remisiones que caen juntas: municipios del 121, régimen del 128.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana y mejorar la gestión, sin romper la unidad de gobierno; en los del artículo 121 rige el artículo 128.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24 bis

1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Datos clave

  • ¿Tienen personalidad jurídica los entes de ámbito territorial inferior al Municipio? → No: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del municipio.
  • ¿A quién corresponde la iniciativa para crear estos entes? → Indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso.
  • ¿Qué requisito de eficiencia exige el art. 24 bis? → Solo pueden crearse si resulta una opción más eficiente, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
  • Regla de una línea: sin personalidad jurídica + iniciativa doble + Ayuntamiento oído siempre + test de eficiencia (LO 2/2012).
  • Contrapunto con el art. 24: allí, órganos del ayuntamiento; aquí, entes creados al amparo de la ley autonómica y también desconcentrados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entes de ámbito territorial inferior al Municipio: sin personalidad jurídica, regulados por las leyes autonómicas, con iniciativa de la población o del Ayuntamiento y solo si son la opción más eficiente.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 25

Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.

q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

6. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.

Datos clave

  • El municipio ejerce como competencia propia la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • También son competencias propias municipales la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables y el impulso de la transición energética.
  • Las competencias municipales en estas materias se determinarán por Ley, evaluando la conveniencia de los servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
  • La Ley deberá ir acompañada de una memoria económica y prever los recursos necesarios sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
  • La Ley garantizará que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia municipal propia a otra Administración Pública.
  • Antes de atribuir competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá ponderarse específicamente la capacidad de gestión de la entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de materias en las que el municipio ejerce competencias propias «en todo caso», de la a) a la q), y las condiciones que debe cumplir la ley que se las atribuye: memoria económica, sin duplicidades y ponderando antes su capacidad de gestión.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 26

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

Datos clave

  • ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de biblioteca pública? → Más de 5.000 habitantes.
  • ¿A partir de qué población son obligatorios protección civil y prevención y extinción de incendios? → Más de 20.000 habitantes.
  • ¿Qué órgano coordina ciertos servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes? → La Diputación provincial o entidad equivalente.
  • ¿Qué sentencia declaró inconstitucionales varios incisos del apartado 2 del art. 26? → La STC 111/2016, de 9 de junio.
  • Cuatro tramos de población, siempre sumando servicios: todos los municipios (8 servicios) → 5.000 hab. (+3) → 20.000 hab. (+4) → 50.000 hab. (+2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios mínimos obligatorios del municipio crecen por tramos de población: todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes. En los de menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 27

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. 3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. b) Protección del medio natural. c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. j) Promoción y gestión turística. k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local. 8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Cuál es la duración mínima de una delegación de competencias en un Municipio (art. 27.1)? → Cinco años
  • ¿Qué ocurre con una delegación sin dotación presupuestaria adecuada (art. 27.6)? → Es nula
  • ¿Qué requiere la efectividad de la delegación según el art. 27.5? → La aceptación del Municipio interesado

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en los Municipios: mínimo cinco años, memoria económica, sin mayor gasto, aceptación municipal, financiación obligatoria y control por el delegante.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 28

Podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios. La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.

Datos clave

  • ¿A qué municipios se puede aplicar la gestión colaborativa del art. 28 LBRL? → A los de menos de 20.000 habitantes.
  • ¿Quién decide aplicar la gestión colaborativa a un municipio y qué más hace falta? → Lo decide la Comunidad Autónoma, con la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas.
  • El dato que más cae es el umbral: menos de 20.000 habitantes.
  • Para que se aplique hacen falta tres 'síes': el de la Comunidad Autónoma (decide), el del municipio (conformidad) y el de las entidades locales (informe).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos y servicios mínimos; los decide la Comunidad Autónoma con conformidad del municipio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 29

1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría del Ayuntamiento se exige para constituir el Concejo Abierto por conveniencia (art. 29.2)? → Dos tercios de sus miembros
  • ¿Quién forma la asamblea vecinal en el Concejo Abierto según el art. 29.3? → Todos los electores del municipio

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Concejo Abierto es un régimen de gobierno con Alcalde y asamblea de todos los electores. Se aplica por tradición o por conveniencia, y en este segundo caso exige petición vecinal, dos tercios del Ayuntamiento y aprobación autonómica.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Datos clave

  • ¿Quién puede establecer regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural? → Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en la LBRL.
  • ¿Qué características cita el art. 30 LBRL como aconsejables para un régimen especial? → El carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
  • Recuento para el test: se citan tres actividades expresas (turísticas, industriales, mineras) más la cláusula abierta «u otras semejantes».
  • Sujeto habilitado = Comunidades Autónomas; en el art. 30 no aparece ni el Estado ni el propio municipio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las leyes autonómicas de régimen local pueden crear regímenes especiales para municipios pequeños o rurales y para los que lo aconsejen por su carácter histórico-artístico o por sus actividades predominantes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 31

1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.

Datos clave

  • ¿Cómo define el art. 31 LBRL la Provincia? → Como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • ¿Cuáles son los dos fines propios y específicos de la Provincia? → Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
  • ¿A quién corresponde el gobierno y la administración autónoma de la Provincia? → A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
  • Dos letras, dos verbos: a) asegurar la prestación; b) participar en la coordinación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Provincia es una entidad local formada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia. Su fin es la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, y la gobierna la Diputación u otra Corporación representativa.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32

La organización provincial responde a las siguientes reglas: 1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal.

Datos clave

  • ¿Qué órganos existen en todas las Diputaciones según el art. 32 LBRL? → El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
  • ¿Con qué criterio participan los grupos políticos en los órganos de estudio, informe o consulta? → Mediante Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.
  • ¿Quién establece y regula el resto de órganos complementarios de la Diputación? → Las propias Diputaciones, sin perjuicio de que las leyes autonómicas puedan establecer una organización provincial complementaria.
  • Cuatro órganos en todas las Diputaciones: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno, Pleno.
  • El criterio de reparto en las comisiones es proporcional a los Diputados en el Pleno, no paritario ni por grupos a partes iguales.
  • La palabra de la legislación autonómica en el apartado 3 es «complementaria»: añade, no sustituye a lo básico del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda Diputación tiene Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno, más órganos de estudio, informe o consulta en los que los grupos participan en proporción a sus Diputados en el Pleno.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32 bis

Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.

Datos clave

  • ¿Entre quiénes debe nombrarse al personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares? → Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional pertenecientes a cuerpos o escalas del subgrupo A1.
  • ¿Con qué criterios se efectúa ese nombramiento? → De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia.
  • ¿Cuándo puede el titular no ser funcionario? → Cuando el correspondiente Reglamento Orgánico lo permita, en atención a las características específicas de las funciones del órgano directivo.
  • Cuatro procedencias posibles: Estado, CCAA, Entidades Locales y habilitados nacionales; una sola clasificación: A1.
  • El artículo se aplica a tres entidades: Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra por competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico permita otra cosa.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 33

1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. l) (Derogada) m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n) (Derogada) ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿A partir de qué porcentaje de recursos ordinarios decide el Pleno una operación de crédito? → Más del 10% (15% si es de tesorería), art. 33.2.k.
  • ¿Quién vota la moción de censura al Presidente de la Diputación? → El Pleno, mediante llamamiento nominal (art. 33.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno de la Diputación (Presidente y Diputados) tiene las grandes atribuciones provinciales, vota censura y confianza y puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno salvo las reservadas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 34

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. k) (Derogada) l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. m) (Derogada) n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.

Datos clave

  • ¿Qué NO puede delegar el Presidente de la Diputación? → Convocar el Pleno, el voto de calidad, concertar créditos y la jefatura del personal (art. 34.2).
  • ¿Quién nombra a los Vicepresidentes de la Diputación? → El Presidente (art. 34.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuciones del Presidente de la Diputación (dirigir, representar, convocar y presidir, personal, gestión económica, acciones judiciales…) y la lista de las que no puede delegar. También nombra a los Vicepresidentes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 35

1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno.

Datos clave

  • ¿Cómo se integra la Junta de Gobierno de la Diputación? → Por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
  • ¿De entre quiénes se designan los Vicepresidentes de la Diputación? → De entre los miembros de la Junta de Gobierno, libremente designados por el Presidente.
  • ¿Puede el Presidente delegar cometidos específicos en Diputados ajenos a la Junta de Gobierno? → Sí, mediante delegaciones especiales a favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
  • Trío de sustitución idéntico al municipal: vacante, ausencia o enfermedad, y por orden de nombramiento.
  • Estudia el 23 y el 35 en paralelo: las preguntas suelen cruzar Teniente de Alcalde ↔ Vicepresidente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Gobierno de la Diputación la forman el Presidente y Diputados libremente nombrados, sin pasar del tercio del número legal. Asiste al Presidente y ejerce lo delegado; los Vicepresidentes salen de ella.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 36

1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.

Datos clave

  • ¿Por debajo de qué población es obligatoria la secretaría e intervención provincial? → 1.000 habitantes (art. 36.1.b).
  • ¿Por debajo de qué población asume la Diputación el tratamiento de residuos? → 5.000 habitantes (art. 36.1.c).
  • ¿Por debajo de qué población asume la Diputación la extinción de incendios? → 20.000 habitantes (art. 36.1.c).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias propias de la Diputación: coordinar servicios municipales, asistir a los municipios, prestar servicios supramunicipales y apoyar a los de menor población, con umbrales de 1.000, 5.000 y 20.000 habitantes. Su instrumento es el plan provincial anual.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 37

1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de competencias puede delegar el Estado en las Diputaciones y con qué trámite previo? → Competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
  • ¿A qué artículo se acomoda el ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas? → Al artículo 27.
  • Palabra clave del Estado: «mera ejecución» + «previa consulta e informe». Si en la pregunta el Estado delega algo más que ejecución, es falsa.
  • Remisión final que cae: el ejercicio de lo delegado va por el artículo 27.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones o encomendarles la gestión ordinaria de servicios; el Estado solo puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe autonómico.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 38

Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Datos clave

  • Según el art. 38 LBRL, ¿a qué se extienden las previsiones establecidas para la Diputación? → A otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
  • Piensa en 'equivalente funcional de la Diputación': mismas normas, distinto nombre según el territorio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lo que la LBRL prevé para la Diputación se aplica también a las otras Corporaciones representativas a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de aplicación con carácter supletorio.

Datos clave

  • ¿Qué órganos forales conservan su régimen peculiar según el art. 39 LBRL? → Los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
  • ¿Con qué carácter se aplica la LBRL a esos órganos forales? → Con carácter supletorio.
  • Artículo de dos datos: tres territorios históricos + aplicación supletoria de la LBRL.
  • Si la pregunta mete a Navarra en la lista del art. 39, es falsa: Navarra está en el art. 40.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco; la LBRL solo se les aplica con carácter supletorio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto propio.

Datos clave

  • ¿Qué asumen las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra? → Las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.
  • ¿Qué Comunidad se exceptúa de la regla del art. 40 LBRL? → La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto propio.
  • Tríada literal que cae en test: competencias, medios y recursos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos de las Diputaciones Provinciales, con la excepción de Baleares según su Estatuto.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 41

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares.

Datos clave

  • ¿Qué son los Cabildos Insulares Canarios y por qué normas se rigen? → Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla; se rigen por la disposición adicional decimocuarta de la LBRL y supletoriamente por las normas de las Diputaciones provinciales.
  • ¿Para qué subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares canarias? → Exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales.
  • ¿Qué normas se aplican a los Consejos Insulares de las Islas Baleares? → Las de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo sus competencias conforme a esta ley y al Estatuto de Autonomía de Baleares.
  • Tres palabras para los Cabildos: gobierno, administración y representación de cada isla.
  • La presidencia de la mancomunidad interinsular no rota ni se vota: la tiene el Presidente del Cabildo de la isla con la capital de la provincia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen insular: los Cabildos canarios gobiernan cada isla y asumen las competencias de las Diputaciones; las mancomunidades interinsulares solo representan intereses provinciales; los Consejos Insulares baleares siguen la organización de las Diputaciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 42

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría de municipios puede vetar una comarca? → Dos quintas partes, si representan la mitad del censo electoral (art. 42.2).
  • ¿Pierden los municipios sus competencias del art. 26 al crearse la comarca? → No, la ley lo prohíbe expresamente (art. 42.4).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden crear comarcas que agrupen municipios con intereses comunes. Hay un veto municipal (dos quintas partes con la mitad del censo) y los municipios conservan sus servicios mínimos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 43

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 2. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipios integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.

Datos clave

  • ¿Cómo se crea un área metropolitana? → Por Ley autonómica, oídos el Estado y los municipios y diputaciones afectados (art. 43.1).
  • ¿Qué garantiza el régimen económico del área metropolitana? → La participación de todos los municipios y un reparto justo de las cargas (art. 43.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir por Ley áreas metropolitanas, previa audiencia del Estado y de los entes locales afectados; qué son y qué debe regular la ley autonómica.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 44

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.

Datos clave

  • ¿Tiene la mancomunidad personalidad jurídica propia? → Sí, para cumplir sus fines específicos (art. 44.2).
  • ¿Quién elabora los estatutos de una mancomunidad? → Los concejales de los municipios promotores, constituidos en asamblea (art. 44.3.a).
  • ¿Pueden mancomunarse municipios de distintas CCAA? → Sí, si lo permiten las normativas autonómicas afectadas (art. 44.5).
  • Pueden mancomunarse municipios de distintas Comunidades Autónomas si lo permiten sus normativas (art. 44.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de los municipios a mancomunarse para obras y servicios comunes: personalidad jurídica, contenido de los Estatutos, reglas mínimas para aprobarlos y mancomunidades entre Comunidades distintas.

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Artículo 223 TFUE

1. El Parlamento Europeo elaborará un proyecto encaminado a establecer las disposiciones necesarias para hacer posible la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estados miembros.

El Consejo establecerá las disposiciones necesarias por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Dichas disposiciones entrarán en vigor una vez que hayan sido aprobadas por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

2. El Parlamento Europeo establecerá mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo. Toda norma o condición relativas al régimen fiscal de los miembros o de los antiguos miembros se decidirán en el Consejo por unanimidad.

Datos clave

  • El Parlamento elabora un proyecto para la elección de sus miembros por sufragio universal directo con un procedimiento uniforme o principios comunes (art. 223.1 TFUE).
  • El Consejo establece esas disposiciones por unanimidad, con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Parlamento por mayoría de sus miembros (art. 223.1 TFUE).
  • El estatuto de los diputados lo fija el Parlamento por reglamento, previo dictamen de la Comisión y con aprobación del Consejo; el régimen fiscal, por unanimidad del Consejo (art. 223.2 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos cosas: el procedimiento electoral del Parlamento Europeo (lo propone el Parlamento, lo fija el Consejo por unanimidad y lo aprueban los Estados) y el estatuto de los diputados, que fija el propio Parlamento.

Esquema

Artículo 223: elección frente a estatuto
Procedimiento electoralEstatuto de los diputados
DecideConsejo, por unanimidadParlamento, por reglamento
Interviene ademásAprobación del Parlamento por mayoría de sus miembrosDictamen de la Comisión y aprobación del Consejo
Paso finalAprobación por los Estados miembrosRégimen fiscal: Consejo por unanimidad

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Artículo 224

Artículo 224. (antiguo artículo 191, párrafo segundo, TCE)

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea, a los que se hace referencia en el apartado 4 del artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, y en particular las normas relativas a su financiación.

Datos clave

  • El Parlamento Europeo y el Consejo establecen el estatuto de los partidos políticos a escala europea.
  • Lo hacen mediante reglamentos, por el procedimiento legislativo ordinario.
  • Incluye en particular las normas sobre su financiación.
  • Remite al apartado 4 del artículo 10 TUE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Parlamento y Consejo, mediante reglamentos por procedimiento legislativo ordinario, fijan el estatuto de los partidos políticos europeos y, en particular, su financiación.

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Artículo 225 TFUE

Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento Europeo.

Datos clave

  • Por mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento puede solicitar a la Comisión que presente propuestas (art. 225 TFUE).
  • Si la Comisión no presenta propuesta, comunica las razones al Parlamento (art. 225 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Iniciativa legislativa indirecta del Parlamento: por mayoría de sus miembros pide a la Comisión una propuesta; si la Comisión no la presenta, debe explicar sus razones.

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Artículo 226 TFUE

En cumplimiento de sus cometidos y a petición de la cuarta parte de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá constituir una comisión temporal de investigación para examinar, sin perjuicio de las competencias que los Tratados confieren a otras instituciones u órganos, alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, salvo que de los hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional, hasta tanto concluya el procedimiento jurisdiccional.

La existencia de la comisión temporal de investigación terminará con la presentación de su informe.

El Parlamento Europeo determinará las modalidades de ejercicio del derecho de investigación mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Consejo y de la Comisión.

Datos clave

  • A petición de la cuarta parte de sus miembros, el Parlamento puede constituir una comisión temporal de investigación (art. 226 TFUE).
  • Examina alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, salvo que conozca de los hechos un órgano jurisdiccional (art. 226 TFUE).
  • La comisión termina con la presentación de su informe (art. 226 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo: la pide una cuarta parte de sus miembros, investiga infracciones o mala administración del Derecho de la Unión y se extingue al presentar su informe.

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Artículo 227 TFUE

Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.

Datos clave

  • Derecho de petición ante el Parlamento Europeo de cualquier ciudadano de la Unión y de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro (art. 227 TFUE).
  • La petición versa sobre un asunto de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente (art. 227 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de petición ante el Parlamento Europeo: lo tienen los ciudadanos de la Unión y los residentes o domiciliados en un Estado, solos o en grupo, sobre asuntos de la Unión que les afecten directamente.

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Artículo 228 TFUE

1. El Parlamento Europeo elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Instruirá estas reclamaciones e informará al respecto.

En el desempeño de su misión, el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones recibidas directamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional. Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución, órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de tres meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. Éste remitirá a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano u organismo interesado. La persona de quien emane la reclamación será informada del resultado de estas investigaciones.

El Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones.

2. El Defensor del Pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura. Su mandato será renovable.

A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

3. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. En el ejercicio de tales funciones no solicitará ni admitirá instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Durante su mandato, el Defensor del Pueblo no podrá desempeñar ninguna otra actividad profesional, sea o no retribuida.

4. El Parlamento Europeo fijará, mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo.

Datos clave

  • El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Europeo, que recibe reclamaciones por mala administración de instituciones, órganos u organismos de la Unión, salvo el TJUE en funciones jurisdiccionales (art. 228.1 TFUE).
  • La institución afectada dispone de tres meses para exponer su posición (art. 228.1 TFUE).
  • Elegido después de cada elección del Parlamento para toda la legislatura; mandato renovable (art. 228.2 TFUE).
  • A petición del Parlamento, el Tribunal de Justicia puede destituirlo (art. 228.2 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor del Pueblo Europeo: elegido por el Parlamento para la legislatura, investiga la mala administración de la Unión (no el TJUE en funciones jurisdiccionales), es independiente y solo el Tribunal de Justicia puede destituirlo.

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Artículo 229

Artículo 229. (antiguo artículo 196 TCE)

El Parlamento Europeo celebrará cada año un período de sesiones. Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo.

El Parlamento Europeo podrá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.

Datos clave

  • El Parlamento Europeo celebra cada año un período de sesiones.
  • Se reúne sin previa convocatoria el segundo martes de marzo.
  • Sesiones extraordinarias a petición de la mayoría de sus miembros, del Consejo o de la Comisión.
  • Antiguo artículo 196 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Parlamento Europeo celebra cada año un período de sesiones y se reúne por derecho propio el segundo martes de marzo; además puede reunirse en período parcial extraordinario a petición de la mayoría de sus miembros, del Consejo o de la Comisión.

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Artículo 230

Artículo 230. (antiguo artículo 197, párrafos segundo, tercero y cuarto, TCE)

La Comisión podrá asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo y comparecerá ante éste si así lo solicita.

La Comisión contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros.

El Consejo Europeo y el Consejo comparecerán ante el Parlamento Europeo en las condiciones fijadas por el reglamento interno del Consejo Europeo y por el del Consejo.

Datos clave

  • La Comisión puede asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo.
  • Comparece ante él si así lo solicita.
  • Contesta oralmente o por escrito a las preguntas del Parlamento o de sus miembros.
  • El Consejo Europeo y el Consejo comparecen según sus reglamentos internos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comisión puede asistir a las sesiones del Parlamento, comparece si este lo pide y contesta sus preguntas; Consejo Europeo y Consejo comparecen según sus reglamentos internos.

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Artículo 231 TFUE

Salvo disposición en contrario de los Tratados, el Parlamento Europeo decidirá por mayoría de los votos emitidos.

El reglamento interno fijará el quórum.

Datos clave

  • Salvo disposición en contrario, el Parlamento decide por mayoría de los votos emitidos (art. 231 TFUE).
  • El reglamento interno fija el quórum (art. 231 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regla general de votación del Parlamento Europeo: mayoría de los votos emitidos, salvo que los Tratados digan otra cosa; el quórum no lo fija el Tratado, sino el reglamento interno.

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Artículo 232

Artículo 232. (antiguo artículo 199 TCE)

El Parlamento Europeo establecerá su propio reglamento interno por mayoría de los miembros que lo componen.

Los documentos del Parlamento Europeo se publicarán en la forma prevista en los Tratados y en dicho reglamento.

Datos clave

  • El Parlamento Europeo establece su propio reglamento interno.
  • Lo aprueba por mayoría de los miembros que lo componen.
  • Sus documentos se publican en la forma prevista en los Tratados y en dicho reglamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Parlamento aprueba su reglamento interno por mayoría de sus miembros, y sus documentos se publican como prevén los Tratados y ese reglamento.

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Artículo 233

Esta sección recoge el artículo 233 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 233. (antiguo artículo 200 TCE)

El Parlamento Europeo procederá a la discusión, en sesión pública, del informe general anual que le presentará la Comisión.

Datos clave

  • El Parlamento Europeo discute en sesión pública el informe general anual.
  • El informe se lo presenta la Comisión.
  • Antiguo artículo 200 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Parlamento Europeo discute en sesión pública el informe general anual que le presenta la Comisión: un instrumento de control político sobre la Comisión.

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Artículo 234 TFUE

El Parlamento Europeo, en caso de que se le someta una moción de censura sobre la gestión de la Comisión, sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.

Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. Permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta que sean sustituidos de conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea. En tal caso, el mandato de los miembros de la Comisión designados para sustituirlos expirará en la fecha en que habría expirado el mandato de los miembros de la Comisión obligados a dimitir colectivamente de sus cargos.

Datos clave

  • La moción de censura sobre la gestión de la Comisión se vota transcurridos al menos tres días desde su presentación y en votación pública (art. 234 TFUE).
  • Se aprueba por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen la mayoría de los diputados (art. 234 TFUE).
  • Aprobada, los miembros de la Comisión dimiten colectivamente y siguen despachando los asuntos ordinarios hasta su sustitución (art. 234 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Moción de censura contra la Comisión: votación pública tras al menos tres días, doble mayoría (dos tercios de los emitidos que sean mayoría de los diputados) y dimisión colectiva, con la Comisión en funciones hasta su sustitución.

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Artículo 237 TFUE

El Consejo se reunirá por convocatoria de su Presidente, a iniciativa de éste, de uno de sus miembros o de la Comisión.

Datos clave

  • El Consejo se reúne por convocatoria de su Presidente, a iniciativa de este, de uno de sus miembros o de la Comisión (art. 237 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién convoca el Consejo: siempre su Presidente, pero la iniciativa puede ser del propio Presidente, de uno de sus miembros o de la Comisión.

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Artículo 238 TFUE

1. Cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Consejo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, a partir del 1 de noviembre de 2014, a reserva de las disposiciones fijadas en el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión.

3. A partir del 1 de noviembre de 2014, a reserva de las disposiciones fijadas en el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, en aquellos casos en que, en aplicación de los Tratados, no todos los miembros del Consejo participen en la votación, la mayoría cualificada se definirá como sigue:

a) La mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de dichos Estados. Una minoría de bloqueo estará compuesta al menos por el número mínimo de miembros del Consejo que represente más del 35 % de la población de los Estados miembros participantes, más un miembro, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

b) No obstante lo dispuesto en la letra a), cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de dichos Estados.

4. Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad.

Datos clave

  • Mayoría simple: mayoría de los miembros que lo componen (art. 238.1 TFUE).
  • Si no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría cualificada es el 72 % de los miembros que representen al menos el 65 % de la población (art. 238.2 TFUE).
  • Las abstenciones no impiden los acuerdos que requieren unanimidad (art. 238.4 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mayorías del Consejo: simple (mayoría de sus miembros), cualificada reforzada del 72 % cuando no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, reglas para votaciones parciales y abstenciones que no bloquean la unanimidad.

Esquema

Mayoría cualificada con votación parcial
Con propuesta de Comisión o Alto RepresentanteSin esa propuesta
MiembrosMínimo 55 %Mínimo 72 %
Población de los participantesComo mínimo el 65 %Como mínimo el 65 %

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Artículo 239

Artículo 239. (antiguo artículo 206 TCE)

En caso de votación, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros.

Datos clave

  • Cada miembro del Consejo puede actuar en representación de otro en las votaciones.
  • Límite: en representación de uno solo de los demás miembros.
  • Antiguo artículo 206 TCE.
  • Regla de delegación del voto en el Consejo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En las votaciones, cada miembro del Consejo puede representar como máximo a uno solo de los demás miembros.

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Artículo 240 TFUE

1. Un Comité compuesto por Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe. El Comité podrá adoptar decisiones de procedimiento en los casos establecidos por el reglamento interno del Consejo.

2. El Consejo estará asistido por una Secretaría General, que estará bajo la responsabilidad de un Secretario General nombrado por el Consejo.

El Consejo decidirá por mayoría simple la organización de la Secretaría General.

3. El Consejo se pronunciará por mayoría simple en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno.

Datos clave

  • El Comité de Representantes Permanentes prepara los trabajos del Consejo y realiza las tareas que este le confíe (art. 240.1 TFUE).
  • El Consejo está asistido por una Secretaría General bajo un Secretario General nombrado por el Consejo (art. 240.2 TFUE).
  • Mayoría simple en cuestiones de procedimiento y para aprobar su reglamento interno (art. 240.3 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Estructura de apoyo del Consejo: el Comité de Representantes Permanentes prepara sus trabajos y la Secretaría General lo asiste; mayoría simple para procedimiento, reglamento interno y organización de la Secretaría.

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Artículo 241

Artículo 241. (antiguo artículo 208 TCE)

El Consejo, por mayoría simple, podrá pedir a la Comisión que proceda a efectuar todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y que le someta las propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Consejo.

Datos clave

  • El Consejo, por mayoría simple, puede pedir estudios a la Comisión.
  • Puede pedirle también que le someta las propuestas pertinentes.
  • Si la Comisión no presenta propuesta, comunica las razones al Consejo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo, por mayoría simple, puede pedir estudios y propuestas a la Comisión; si esta no presenta propuesta, debe comunicarle las razones.

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Artículo 242

Esta sección recoge el artículo 242 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 242. (antiguo artículo 209 TCE)

El Consejo, por mayoría simple, establecerá, previa consulta a la Comisión, los estatutos de los Comités previstos en los Tratados.

Datos clave

  • El Consejo establece los estatutos de los Comités previstos en los Tratados.
  • Se pronuncia por mayoría simple y previa consulta a la Comisión.
  • Antiguo artículo 209 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo fija los estatutos de los Comités previstos en los Tratados, por mayoría simple y previa consulta a la Comisión.

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Artículo 243

Artículo 243. (antiguo artículo 210 TCE)

El Consejo fijará los sueldos, dietas y pensiones del Presidente del Consejo Europeo, del Presidente de la Comisión, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los miembros de la Comisión, de los Presidentes, miembros y secretarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Secretario General del Consejo. Fijará también cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo.

Datos clave

  • El Consejo fija sueldos, dietas y pensiones de altos cargos de la Unión.
  • Incluye al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente y miembros de la Comisión y al Alto Representante.
  • Incluye a Presidentes, miembros y secretarios del Tribunal de Justicia y al Secretario General del Consejo.
  • Fija también cualesquiera otros emolumentos retributivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo fija sueldos, dietas y pensiones de los altos cargos de la Unión que enumera el artículo, y cualquier otro emolumento retributivo.

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Artículo 244 TFUE

De conformidad con el apartado 5 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, los miembros de la Comisión serán elegidos mediante un sistema de rotación establecido por unanimidad por el Consejo Europeo, basado en los principios siguientes:

a) Se tratará a los Estados miembros en condiciones de rigurosa igualdad en lo que se refiere a la determinación del orden de turno y del período de permanencia de sus nacionales en la Comisión; por lo tanto, la diferencia entre el número total de los mandatos que ejerzan nacionales de dos determinados Estados miembros nunca podrá ser superior a uno.

b) Con sujeción a lo dispuesto en la letra a), cada una de las sucesivas Comisiones se constituirá de forma que refleje de manera satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados miembros.

Datos clave

  • Los miembros de la Comisión se eligen mediante un sistema de rotación establecido por unanimidad por el Consejo Europeo (art. 244 TFUE).
  • Rigurosa igualdad entre Estados: la diferencia de mandatos entre nacionales de dos Estados nunca puede ser superior a uno (art. 244.a TFUE).
  • Cada Comisión refleja la diversidad demográfica y geográfica de los Estados miembros (art. 244.b TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Rotación de los miembros de la Comisión fijada por unanimidad del Consejo Europeo: igualdad rigurosa entre Estados (nunca más de un mandato de diferencia) y reflejo de la diversidad demográfica y geográfica.

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Artículo 245 TFUE

Los miembros de la Comisión se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los Estados miembros respetarán su independencia y no intentarán influir en ellos en el desempeño de sus funciones.

Los miembros de la Comisión no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo, por mayoría simple, o de la Comisión, podrá, según los casos, declarar su cese en las condiciones previstas en el artículo 247 o la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo.

Datos clave

  • Los Estados miembros respetan la independencia de los miembros de la Comisión y no intentan influir en ellos (art. 245 TFUE).
  • Durante su mandato no pueden ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no (art. 245 TFUE).
  • En caso de incumplimiento, el Tribunal de Justicia puede declarar su cese o la privación de la pensión (art. 245 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Deberes de los comisarios: independencia, ninguna otra actividad profesional durante el mandato y honestidad y discreción incluso después; si incumplen, el Tribunal de Justicia puede cesarlos o privarlos de la pensión.

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Artículo 246

Artículo 246. (antiguo artículo 215 TCE)

Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros de la Comisión concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese.

El miembro dimisionario, cesado o fallecido será sustituido por el resto de su mandato por un nuevo miembro de la misma nacionalidad, nombrado por el Consejo, de común acuerdo con el Presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo y con arreglo a los criterios establecidos en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea.

El Consejo, por unanimidad y a propuesta del Presidente de la Comisión, podrá decidir que no ha lugar a tal sustitución, en particular cuando quede poco tiempo para que termine el mandato de dicho miembro.

En caso de dimisión, cese o fallecimiento, el Presidente será sustituido por el tiempo que falte para terminar el mandato. Para su sustitución será aplicable el procedimiento previsto en el párrafo primero del apartado 7 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea.

En caso de dimisión voluntaria, cese o fallecimiento, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será sustituido por el resto de su mandato, de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 del Tratado de la Unión Europea.

En caso de dimisión voluntaria de todos los miembros de la Comisión, éstos permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta que sean sustituidos, por el resto de su mandato, de conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea.

Datos clave

  • Fin individual del mandato de los comisarios: dimisión voluntaria o cese.
  • Sustituto de la misma nacionalidad, nombrado por el Consejo de común acuerdo con el Presidente de la Comisión.
  • El Consejo, por unanimidad y a propuesta del Presidente, puede decidir que no ha lugar a la sustitución.
  • Sustitución del Presidente: procedimiento del artículo 17.7, párrafo primero, del TUE.
  • Dimisión de todos los miembros: permanecen en funciones despachando asuntos ordinarios.
  • Antiguo artículo 215 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el fin del mandato individual de los comisarios (dimisión o cese) y su sustitución, la del Presidente, la del Alto Representante y la dimisión de toda la Comisión.

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Artículo 247 TFUE

Todo miembro de la Comisión que deje de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o haya cometido una falta grave podrá ser cesado por el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo, por mayoría simple, o de la Comisión.

Datos clave

  • Puede ser cesado por el Tribunal de Justicia el miembro de la Comisión que deje de reunir las condiciones o cometa una falta grave (art. 247 TFUE).
  • A instancia del Consejo, por mayoría simple, o de la Comisión (art. 247 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cese individual de un comisario: lo acuerda el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo por mayoría simple o de la Comisión, por perder las condiciones del cargo o cometer falta grave.

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Artículo 248

Artículo 248. (antiguo artículo 217, apartado 2, TCE)

Sin perjuicio del apartado 4 del artículo 18 del Tratado de la Unión Europea, las responsabilidades que incumben a la Comisión serán estructuradas y repartidas entre sus miembros por el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 17 de dicho Tratado. El Presidente podrá reorganizar el reparto de dichas responsabilidades a lo largo de su mandato. Los miembros de la Comisión ejercerán las funciones que les atribuya el Presidente bajo la autoridad de éste.

Datos clave

  • El Presidente estructura y reparte las responsabilidades de la Comisión entre sus miembros.
  • Puede reorganizar el reparto a lo largo de su mandato.
  • Los miembros ejercen sus funciones bajo la autoridad del Presidente.
  • Sin perjuicio del artículo 18.4 del TUE.
  • Antiguo artículo 217, apartado 2, TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Presidente de la Comisión estructura y reparte las responsabilidades entre los comisarios, puede reorganizar el reparto durante su mandato y estos ejercen sus funciones bajo su autoridad, sin perjuicio del apartado 4 del art. 18 TUE.

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Artículo 249

Artículo 249. (antiguos artículos 218, apartado 2, y 212 TCE)

1. La Comisión establecerá su reglamento interno con objeto de asegurar su funcionamiento y el de sus servicios. La Comisión publicará dicho reglamento.

2. La Comisión publicará todos los años, al menos un mes antes de la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo, un informe general sobre las actividades de la Unión.

Datos clave

  • La Comisión establece y publica su reglamento interno.
  • Su objeto es asegurar su funcionamiento y el de sus servicios.
  • Publica cada año un informe general sobre las actividades de la Unión.
  • Plazo: al menos un mes antes de la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comisión aprueba y publica su reglamento interno, y publica cada año un informe general sobre la actividad de la Unión al menos un mes antes del período de sesiones del Parlamento.

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Artículo 250 TFUE

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de sus miembros.

Su reglamento interno fijará el quórum.

Datos clave

  • Los acuerdos de la Comisión se adoptan por mayoría de sus miembros (art. 250 TFUE).
  • Su reglamento interno fija el quórum (art. 250 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comisión adopta sus acuerdos por mayoría de sus miembros (colegialidad); el quórum no lo fija el Tratado, sino su reglamento interno.

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Artículo 251 TFUE

El Tribunal de Justicia actuará en Salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá actuar en Pleno.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia actúa en Salas o en Gran Sala; también en Pleno cuando el Estatuto lo disponga (art. 251 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Formaciones del Tribunal de Justicia: actúa en Salas o en Gran Sala según el Estatuto y, cuando el Estatuto lo disponga, en Pleno.

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Artículo 252 TFUE

El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales.

La función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia está asistido por ocho abogados generales; el Consejo, por unanimidad y a solicitud del Tribunal, puede aumentar su número (art. 252 TFUE).
  • El abogado general presenta públicamente, con imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas (art. 252 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ocho abogados generales asisten al Tribunal de Justicia; el Consejo puede ampliarlos por unanimidad a petición del Tribunal. Presentan conclusiones motivadas, públicas, imparciales e independientes.

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Artículo 253 TFUE

Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, tras consultar al comité a que se refiere el artículo 255.

Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los jueces y abogados generales, en las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un período de tres años. Su mandato será renovable.

Los jueces y los abogados generales salientes podrán ser nuevamente designados.

El Tribunal de Justicia nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste.

El Tribunal de Justicia establecerá su Reglamento de Procedimiento. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo.

Datos clave

  • Jueces y abogados generales designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por seis años, tras consultar al comité del art. 255 (art. 253 TFUE).
  • Renovación parcial cada tres años; los salientes pueden ser nuevamente designados (art. 253 TFUE).
  • Los jueces eligen al Presidente del Tribunal de Justicia por tres años, mandato renovable (art. 253 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia: designados de común acuerdo por los Gobiernos por seis años, tras consultar al comité del artículo 255, renovación parcial cada tres años y Presidente elegido por tres años.

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Artículo 254 TFUE

El número de jueces del Tribunal General será fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Estatuto podrá disponer que el Tribunal General esté asistido por abogados generales.

Los miembros del Tribunal General serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales. Serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, tras consultar al comité a que se refiere el artículo 255. Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial. Los miembros salientes podrán ser nuevamente designados.

Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal General por un período de tres años. Su mandato será renovable.

El Tribunal General nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste.

El Tribunal General establecerá su Reglamento de Procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo.

Salvo disposición en contrario del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las disposiciones de los Tratados relativas al Tribunal de Justicia serán aplicables al Tribunal General.

Datos clave

  • El número de jueces del Tribunal General lo fija el Estatuto (art. 254 TFUE).
  • Sus miembros son designados de común acuerdo por los Gobiernos por seis años, con renovación parcial cada tres años (art. 254 TFUE).
  • Su Presidente es elegido por los jueces por tres años, mandato renovable (art. 254 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tribunal General: número de jueces fijado por el Estatuto, miembros designados por los Gobiernos por seis años con renovación parcial cada tres, y supletoriamente se le aplican las reglas del Tribunal de Justicia.

Esquema

Tribunal de Justicia frente a Tribunal General
Tribunal de JusticiaTribunal General
Abogados generalesOcho, ampliables por el ConsejoEl Estatuto podrá preverlos
Requisito jurisdiccionalMás altas funciones o jurisconsulto de reconocida competenciaCapacidad para altas funciones jurisdiccionales
Reglamento de ProcedimientoLo establece él; aprueba el ConsejoDe acuerdo con el Tribunal de Justicia; aprueba el Consejo

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Artículo 255

Artículo 255.

Se constituirá un comité para que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos de conformidad con los artículos 253 y 254.

El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo. El Consejo adoptará una decisión por la que se establezcan las normas de funcionamiento del comité, así como una decisión por la que se designe a sus miembros. El Consejo se pronunciará por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia.

Datos clave

  • Un comité se pronuncia sobre la idoneidad de los candidatos a juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General.
  • Actúa antes de los nombramientos de los artículos 253 y 254.
  • Está compuesto por siete personalidades.
  • Uno de sus miembros es propuesto por el Parlamento Europeo.
  • El Consejo fija sus normas de funcionamiento y designa a sus miembros, por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un comité de siete personalidades informa sobre la idoneidad de los candidatos a juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General antes de que los Gobiernos los nombren; el Consejo regula y designa el comité a iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia.

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Artículo 256 TFUE

1. El Tribunal General será competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados en los artículos 263, 265, 268, 270 y 272, con excepción de los que se atribuyan a un tribunal especializado creado en virtud del artículo 257 y de los que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá establecer que el Tribunal General sea competente en otras categorías de recursos.

Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General en virtud del presente apartado podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto.

2. El Tribunal General será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los tribunales especializados.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal General en virtud del presente apartado podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.

3. El Tribunal General será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 267, en materias específicas determinadas por el Estatuto.

Cuando el Tribunal General considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la Unión, podrá remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que éste resuelva.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal General sobre cuestiones prejudiciales podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.

Datos clave

  • El Tribunal General conoce en primera instancia de los recursos de los arts. 263, 265, 268, 270 y 272, salvo excepciones (art. 256.1 TFUE).
  • Contra sus resoluciones cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho (art. 256.1 TFUE).
  • Puede conocer de cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas por el Estatuto (art. 256.3 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias del Tribunal General: primera instancia en los grandes recursos (con casación ante el Tribunal de Justicia), recursos contra tribunales especializados y cuestiones prejudiciales en materias fijadas por el Estatuto.

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Artículo 257

Esta sección recoge el artículo 257 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 257. (antiguo artículo 225 A TCE)

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán mediante reglamentos, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a instancia del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión.

El reglamento por el que se cree un tribunal especializado fijará las normas relativas a la composición de dicho tribunal y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan.

Contra las resoluciones dictadas por los tribunales especializados podrá interponerse ante el Tribunal General recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho o, cuando el reglamento relativo a la creación del tribunal especializado así lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho.

Los miembros de los tribunales especializados serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.

Los tribunales especializados establecerán su Reglamento de Procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo.

Salvo disposición en contrario del reglamento por el que se cree el tribunal especializado, las disposiciones de los Tratados relativas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán aplicables a los tribunales especializados. El título I del Estatuto y su artículo 64 se aplicarán en todo caso a los tribunales especializados.

Datos clave

  • El Parlamento Europeo y el Consejo pueden crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, por el procedimiento legislativo ordinario y mediante reglamentos.
  • Conocen en primera instancia de determinadas categorías de recursos en materias específicas.
  • Cabe recurso de casación (cuestiones de Derecho) o, si el reglamento lo prevé, de apelación ante el Tribunal General.
  • Sus miembros son designados por el Consejo por unanimidad.
  • El título I del Estatuto y su artículo 64 se aplican en todo caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tribunales especializados adjuntos al Tribunal General: los crean por reglamento el Parlamento y el Consejo, conocen en primera instancia de materias concretas y sus miembros los designa el Consejo por unanimidad.

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Artículo 258 TFUE

Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.

Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Datos clave

  • Recurso por incumplimiento: la Comisión emite un dictamen motivado tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones (art. 258 TFUE).
  • Si el Estado no se atiene al dictamen en el plazo fijado, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia (art. 258 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso por incumplimiento a iniciativa de la Comisión: observaciones del Estado, dictamen motivado y, si el Estado no lo cumple en plazo, posible recurso ante el Tribunal de Justicia.

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Artículo 259 TFUE. Recurso por incumplimiento interpuesto por un Estado miembro

Artículo 259. (antiguo artículo 227 TCE)

Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, deberá someter el asunto a la Comisión.

La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.

Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al Tribunal.

Datos clave

  • Cualquier Estado miembro puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estima que otro Estado miembro ha incumplido sus obligaciones derivadas de los Tratados.
  • Antes de interponer el recurso, el Estado miembro debe someter el asunto a la Comisión.
  • La Comisión emite un dictamen motivado tras oír a los Estados interesados por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.
  • Plazo para el dictamen: tres meses desde la fecha de la solicitud.
  • La falta de dictamen en ese plazo no impide recurrir al Tribunal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un Estado puede demandar a otro por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, pero antes debe someter el asunto a la Comisión, que tiene tres meses para emitir dictamen.

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Artículo 260 TFUE. Ejecución de las sentencias por incumplimiento y sanciones pecuniarias

Artículo 260. (antiguo artículo 228 TCE)

1. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.

2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias.

Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259.

3. Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias.

Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.

Datos clave

  • Declarado el incumplimiento, el Estado miembro está obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del Tribunal.
  • Si no lo hace, la Comisión puede someter el asunto al Tribunal tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones, indicando el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva.
  • El Tribunal puede imponer el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva si declara incumplida su sentencia.
  • El procedimiento se entiende sin perjuicio del artículo 259.
  • En recursos del artículo 258 por no informar de las medidas de transposición de una directiva adoptada por procedimiento legislativo, la Comisión puede indicar ya el importe de la sanción.
  • En ese caso, la sanción se impone dentro del límite del importe indicado por la Comisión y surte efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ejecución de las sentencias de incumplimiento: el Estado debe cumplirlas; si no, la Comisión puede volver al Tribunal proponiendo una suma a tanto alzado o multa coercitiva. Si no se informa de la transposición de una directiva, la sanción puede pedirse ya en el primer recurso.

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Artículo 261

Esta sección recoge el artículo 261 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 261. (antiguo artículo 229 TCE)

Los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, y por el Consejo, en virtud de las disposiciones de los Tratados, podrán atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones previstas en dichos reglamentos.

Datos clave

  • Los reglamentos del Parlamento Europeo y el Consejo, o del Consejo, pueden atribuir al Tribunal de Justicia competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones que prevean.
  • Antiguo artículo 229 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los reglamentos del Parlamento y el Consejo, o del Consejo, pueden dar al Tribunal de Justicia competencia jurisdiccional plena sobre las sanciones que esos reglamentos prevean.

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Artículo 262

Artículo 262. (antiguo artículo 229 A TCE)

Sin perjuicio de las restantes disposiciones de los Tratados, el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar disposiciones destinadas a atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida que el Consejo determine, la competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base de los Tratados por los que se crean títulos europeos de propiedad intelectual o industrial. Dichas disposiciones entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

Datos clave

  • El Consejo decide por unanimidad, con procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo.
  • Puede atribuir al Tribunal de Justicia competencia sobre títulos europeos de propiedad intelectual o industrial.
  • Las disposiciones entran en vigor tras su aprobación por los Estados conforme a sus normas constitucionales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo, por unanimidad y consultando al Parlamento, puede dar al Tribunal competencia sobre litigios de títulos europeos de propiedad intelectual o industrial; requiere aprobación estatal.

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Artículo 263 TFUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, por el Banco Central Europeo y por el Comité de las Regiones con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos.

Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.

Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos.

Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo.

Datos clave

  • Recurso de anulación: el TJUE controla la legalidad de los actos legislativos y de los actos de las instituciones destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros (art. 263 TFUE).
  • Motivos: incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de normas relativas a su ejecución, o desviación de poder (art. 263 TFUE).
  • Las personas físicas o jurídicas pueden recurrir los actos de los que sean destinatarias o que las afecten directa e individualmente (art. 263 TFUE).
  • Plazo: dos meses desde la publicación, la notificación o el conocimiento del acto (art. 263 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso de anulación: qué actos se controlan, cuatro motivos, legitimados privilegiados, semiprivilegiados y particulares, y plazo de dos meses.

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Artículo 264

Esta sección recoge el artículo 264 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 264. (antiguo artículo 231 TCE)

Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado.

Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.

Datos clave

  • Si el recurso es fundado, el Tribunal declara nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado.
  • El Tribunal indica, si lo estima necesario, los efectos del acto anulado que deban considerarse definitivos.
  • Antiguo artículo 231 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Efecto de la sentencia de anulación: si el recurso es fundado, el acto se declara nulo y sin efecto alguno, aunque el Tribunal puede mantener como definitivos algunos de sus efectos.

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Artículo 265

Artículo 265. (antiguo artículo 232 TCE)

En caso de que, en violación de los Tratados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que declare dicha violación. El presente artículo se aplicará, en las mismas condiciones, a los órganos y organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse.

Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate hubieren sido requeridos previamente para que actúen. Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.

Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, o uno de los órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.

Datos clave

  • Recurso por omisión contra el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo.
  • Pueden interponerlo los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión.
  • Se aplica también a órganos y organismos de la Unión.
  • Requisito: requerimiento previo para que actúen.
  • Si en dos meses no definen su posición, el recurso se interpone en un nuevo plazo de dos meses.
  • Las personas físicas o jurídicas pueden recurrir en queja por no dirigírseles un acto distinto de una recomendación o un dictamen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso por omisión: si una institución, órgano u organismo se abstiene de pronunciarse violando los Tratados, cabe acudir al Tribunal de Justicia tras requerirle y esperar dos meses, con otros dos meses para recurrir; los particulares, en queja.

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Artículo 266

Esta sección recoge el artículo 266 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 266. (antiguo artículo 233 TCE)

La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a los Tratados, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar de la aplicación del párrafo segundo del artículo 340.

Datos clave

  • La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención se declare contraria a los Tratados, debe adoptar las medidas de ejecución de la sentencia.
  • Es una obligación sin perjuicio de la del artículo 340, párrafo segundo.
  • Antiguo artículo 233 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tras una sentencia de anulación o de omisión, la institución, órgano u organismo responsable está obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutarla.

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Artículo 267 TFUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

a) sobre la interpretación de los Tratados;

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.

Datos clave

  • Cuestión prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos de la Unión (art. 267 TFUE).
  • El órgano jurisdiccional nacional puede plantearla si la estima necesaria para emitir su fallo (art. 267 TFUE).
  • Está obligado a plantearla el órgano cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno (art. 267 TFUE).
  • Si afecta a una persona privada de libertad, el TJUE se pronuncia con la mayor brevedad (art. 267 TFUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuestión prejudicial: el Tribunal de Justicia interpreta los Tratados y valida o interpreta los actos de la Unión; los jueces nacionales pueden preguntar, y los de última instancia deben.

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Artículo 268

Artículo 268. (antiguo artículo 235 TCE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 340.

Datos clave

  • Competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Litigios sobre indemnización por daños.
  • Se refiere a los párrafos segundo y tercero del artículo 340.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal de Justicia es competente en los litigios sobre indemnización por daños de los párrafos segundo y tercero del artículo 340.

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Artículo 269

Esta sección recoge el artículo 269 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 269.

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por el Consejo Europeo o por el Consejo en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, solamente a petición del Estado miembro objeto de la constatación del Consejo Europeo o del Consejo y únicamente en lo que se refiere al respeto de las disposiciones de procedimiento establecidas en el citado artículo.

Esta petición deberá presentarse en el plazo de un mes a partir de la constatación. El Tribunal se pronunciará en el plazo de un mes a partir de la fecha de la petición.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia controla la legalidad de actos del Consejo Europeo o del Consejo adoptados en virtud del artículo 7 del TUE.
  • Solo a petición del Estado miembro afectado y únicamente en cuanto a las disposiciones de procedimiento.
  • La petición se presenta en el plazo de un mes desde la constatación.
  • El Tribunal se pronuncia en el plazo de un mes desde la petición.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Control muy limitado de los actos del artículo 7 TUE: solo a petición del Estado afectado, solo sobre el procedimiento, y con un mes para pedirlo y un mes para resolver.

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Artículo 270

Esta sección recoge el artículo 270 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 270. (antiguo artículo 236 TCE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para cualquier litigio entre la Unión y sus agentes.
  • Dentro de los límites y condiciones del Estatuto de los funcionarios y del régimen aplicable a los otros agentes.
  • Antiguo artículo 236 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Litigios de función pública europea: el Tribunal de Justicia conoce de cualquier litigio entre la Unión y sus agentes, dentro de los límites del Estatuto de los funcionarios y del régimen de otros agentes.

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Artículo 271

Artículo 271. (antiguo artículo 237 TCE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente, dentro de los límites que a continuación se señalan, para conocer de los litigios relativos:

a) · al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros que se derivan de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones. El Consejo de Administración del Banco tendrá, a este respecto, las competencias que el artículo 258 atribuye a la Comisión;

b) · a los acuerdos del Consejo de Gobernadores del Banco. Cualquier Estado miembro, la Comisión y el Consejo de Administración del Banco podrán interponer recurso en esta materia, en las condiciones previstas en el artículo 263;

c) · a los acuerdos del Consejo de Administración del Banco. Sólo podrán interponer recurso contra tales acuerdos los Estados miembros o la Comisión, en las condiciones establecidas en el artículo 263 y únicamente por vicio de forma en el procedimiento previsto en los apartados 2, 5, 6 y 7 del artículo 19 de los Estatutos del Banco;

d) · al cumplimiento por parte de los bancos centrales nacionales de las obligaciones que se derivan de los Tratados y de los Estatutos del SEBC y del BCE. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo dispondrá a este respecto, frente a los bancos centrales nacionales, de los poderes que el artículo 258 reconoce a la Comisión respecto de los Estados miembros. Si el Tribunal declarare que un banco central nacional ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho banco estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.

Datos clave

  • Litigios sobre las obligaciones de los Estados derivadas de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones.
  • El Consejo de Administración del Banco tiene las competencias que el artículo 258 da a la Comisión.
  • Recurso contra acuerdos del Consejo de Gobernadores: Estados, Comisión y Consejo de Administración (artículo 263).
  • Recurso contra acuerdos del Consejo de Administración: solo Estados o Comisión y únicamente por vicio de forma.
  • Litigios sobre obligaciones de los bancos centrales nacionales derivadas de los Tratados y de los Estatutos del SEBC y del BCE.
  • El Consejo de Gobierno del BCE tiene frente a ellos los poderes del artículo 258.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TJUE conoce de cuatro tipos de litigios sobre el BEI y los bancos centrales nacionales, con legitimaciones propias: el Consejo de Administración del BEI y el Consejo de Gobierno del BCE asumen los poderes que el art. 258 da a la Comisión.

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Artículo 272

Esta sección recoge el artículo 272 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 272. (antiguo artículo 238 TCE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria.
  • La cláusula figura en un contrato de Derecho público o privado celebrado por la Unión o por su cuenta.
  • Antiguo artículo 238 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cláusula compromisoria: el Tribunal de Justicia puede juzgar contratos de la Unión, públicos o privados, cuando el contrato le atribuye esa competencia.

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Artículo 273

Artículo 273. (antiguo artículo 239 TCE)

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso.

Datos clave

  • Competencia del Tribunal de Justicia sobre controversias entre Estados miembros.
  • Deben estar relacionadas con el objeto de los Tratados.
  • Han de serle sometidas en virtud de un compromiso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal de Justicia puede resolver cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, siempre que se la sometan en virtud de un compromiso.

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Artículo 274

Artículo 274. (antiguo artículo 240 TCE)

Sin perjuicio de las competencias que los Tratados atribuyen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los litigios en los que la Unión sea parte no podrán ser, por tal motivo, sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales.

Datos clave

  • Los litigios en que la Unión sea parte no se sustraen por ello a las jurisdicciones nacionales.
  • Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Procede del antiguo artículo 240 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Que la Unión sea parte en un litigio no lo aparta, por ese solo motivo, de los tribunales nacionales, salvo las competencias del Tribunal de Justicia.

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Artículo 275

Esta sección recoge el artículo 275 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 275.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para pronunciarse sobre las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común ni sobre los actos adoptados sobre la base de éstas.

No obstante, el Tribunal de Justicia será competente para controlar el respeto del artículo 40 del Tratado de la Unión Europea y para pronunciarse sobre los recursos interpuestos en las condiciones contempladas en el párrafo cuarto del artículo 263 del presente Tratado y relativos al control de la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo en virtud del capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea por las que se establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.

Datos clave

  • Regla general: el Tribunal no es competente sobre la política exterior y de seguridad común ni sobre los actos adoptados con base en ella.
  • Es competente para controlar el respeto del artículo 40 del TUE.
  • También para los recursos del artículo 263, párrafo cuarto, contra decisiones del Consejo que establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La PESC queda, como regla, fuera del Tribunal de Justicia, con dos excepciones: el respeto del artículo 40 TUE y los recursos de particulares contra medidas restrictivas del Consejo.

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Artículo 276

Esta sección recoge el artículo 276 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 276.

En el ejercicio de sus atribuciones respecto de las disposiciones de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

Datos clave

  • Se refiere a los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte (espacio de libertad, seguridad y justicia).
  • El Tribunal no es competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones de la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro.
  • Tampoco sobre el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior por los Estados miembros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tribunal de Justicia no controla las operaciones policiales nacionales ni el ejercicio de las responsabilidades estatales de orden público y seguridad interior.

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Artículo 277

Esta sección recoge el artículo 277 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.

Artículo 277. (antiguo artículo 241 TCE)

Aunque haya expirado el plazo previsto en el párrafo sexto del artículo 263, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el párrafo segundo del artículo 263.

Datos clave

  • Excepción de ilegalidad: aunque haya expirado el plazo del artículo 263, párrafo sexto, cualquiera de las partes puede alegar la inaplicabilidad de un acto de alcance general.
  • Los motivos son los del artículo 263, párrafo segundo.
  • Antiguo artículo 241 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Excepción de ilegalidad: aunque haya pasado el plazo del recurso de anulación, cualquier parte de un litigio puede alegar la inaplicabilidad de un acto de alcance general por los mismos motivos.

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Artículo 278

Artículo 278. (antiguo artículo 242 TCE)

Los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrán efecto suspensivo. Sin embargo, el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Datos clave

  • Los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tienen efecto suspensivo.
  • El Tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.
  • Lo hace si estima que las circunstancias lo exigen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los recursos ante el Tribunal de Justicia no suspenden el acto impugnado, aunque el Tribunal puede ordenar la suspensión si las circunstancias lo exigen.

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Artículo 279

Artículo 279. (antiguo artículo 243 TCE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede ordenar medidas provisionales.
  • Han de ser necesarias.
  • Se adoptan en los asuntos de que esté conociendo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal de Justicia de la UE puede ordenar medidas provisionales en los asuntos de que conozca.

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Artículo 280

Artículo 280. (antiguo artículo 244 TCE)

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrán fuerza ejecutiva en las condiciones que establece el artículo 299.

Datos clave

  • Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen fuerza ejecutiva.
  • Las condiciones se establecen en el artículo 299.
  • Procede del antiguo artículo 244 TCE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE tienen fuerza ejecutiva en las condiciones del artículo 299.

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Artículo 281

Artículo 281. (antiguo artículo 245 TCE)

El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se fijará en un protocolo independiente.

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán modificar las disposiciones del Estatuto, a excepción de su título I y su artículo 64. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia.

Datos clave

  • El Estatuto del Tribunal de Justicia se fija en un protocolo independiente.
  • El Parlamento Europeo y el Consejo pueden modificarlo por el procedimiento legislativo ordinario.
  • No pueden modificar su título I ni su artículo 64.
  • Actúan a petición del Tribunal, previa consulta a la Comisión, o a propuesta de la Comisión, previa consulta al Tribunal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estatuto del Tribunal de Justicia figura en un protocolo; Parlamento y Consejo pueden modificarlo, salvo su título I y su artículo 64, a petición del Tribunal o propuesta de la Comisión.

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Artículo 13 TUE

1. La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.

Las instituciones de la Unión son:

— El Parlamento Europeo,

— El Consejo Europeo,

— El Consejo,

— La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»),

— El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

— El Banco Central Europeo,

— El Tribunal de Cuentas.

2. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.

3. Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.

Datos clave

  • Instituciones de la Unión: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas (art. 13.1 TUE).
  • Cada institución actúa dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados; entre sí mantienen una cooperación leal (art. 13.2 TUE).
  • Las disposiciones detalladas sobre las instituciones figuran en el TFUE (art. 13.3 TUE).
  • El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión están asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, con funciones consultivas (art. 13.4 TUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de las siete instituciones de la Unión, su deber de actuar dentro de sus atribuciones con cooperación leal y los dos comités consultivos que asisten a Parlamento, Consejo y Comisión.

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Artículo 14 TUE

1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.

2. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.

El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parlamento Europeo conforme a los principios a que se refiere el párrafo primero.

3. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años.

4. El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados.

Datos clave

  • Ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la presupuestaria; funciones de control político y consultivas; elige al Presidente de la Comisión (art. 14.1 TUE).
  • Máximo setecientos cincuenta diputados, más el Presidente; representación decrecientemente proporcional, mínimo seis y máximo noventa y seis escaños por Estado miembro (art. 14.2 TUE).
  • La composición la fija el Consejo Europeo por unanimidad, a iniciativa del Parlamento y con su aprobación (art. 14.2 TUE).
  • Diputados elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años (art. 14.3 TUE).
  • El Parlamento elige a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados (art. 14.4 TUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Parlamento Europeo legisla y aprueba el presupuesto junto al Consejo, controla y elige al Presidente de la Comisión; tiene como máximo setecientos cincuenta diputados más el Presidente, entre 6 y 96 por Estado, elegidos por cinco años.

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Artículo 16 TUE

1. El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

2. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.

3. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

4. A partir del 1 de noviembre de 2014, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión.

Una minoría de bloqueo estará compuesta por al menos cuatro miembros del Consejo, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

Las demás modalidades reguladoras del voto por mayoría cualificada se establecen en el apartado 2 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5. Las disposiciones transitorias relativas a la definición de la mayoría cualificada que serán de aplicación hasta el 31 de octubre de 2014, así como las aplicables entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, se establecerán en el Protocolo sobre las disposiciones transitorias.

6. El Consejo se reunirá en diferentes formaciones, cuya lista se adoptará de conformidad con el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y la Comisión.

El Consejo de Asuntos Exteriores elaborará la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la coherencia de la acción de la Unión.

7. Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo.

8. El Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Con este fin, cada sesión del Consejo se dividirá en dos partes, dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas.

9. La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, será desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Datos clave

  • Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la presupuestaria; funciones de definición de políticas y de coordinación (art. 16.1 TUE).
  • Un representante de rango ministerial por Estado miembro, facultado para comprometer a su Gobierno y votar (art. 16.2 TUE).
  • Regla general de voto: mayoría cualificada (art. 16.3 TUE).
  • Desde el 1/11/2014, mayoría cualificada: al menos el 55 % de los miembros, como mínimo quince, que representen al menos el 65 % de la población; minoría de bloqueo de al menos cuatro miembros (art. 16.4 TUE).
  • El Comité de Representantes Permanentes prepara los trabajos del Consejo (art. 16.7 TUE).
  • Se reúne en público cuando delibera y vota sobre un proyecto de acto legislativo (art. 16.8 TUE).
  • Presidencia de las formaciones (salvo Asuntos Exteriores) por rotación igual entre los Estados miembros (art. 16.9 TUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo, con un ministro por Estado, legisla y presupuesta con el Parlamento y decide por mayoría cualificada salvo otra previsión: 55 % de los miembros, al menos quince, que reúnan el 65 % de la población; minoría de bloqueo de al menos cuatro.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 17 TUE

1. La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.

2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

3. El mandato de la Comisión será de cinco años.

Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.

La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, los miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus funciones.

4. La Comisión nombrada entre la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 31 de octubre de 2014 estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes.

5. A partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su Presidente y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número.

Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de dichos Estados. Este sistema será establecido por unanimidad por el Consejo Europeo de conformidad con el artículo 244 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

6. El Presidente de la Comisión:

a) definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones;

b) determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación;

c) nombrará Vicepresidentes, distintos del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de entre los miembros de la Comisión.

Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentará su dimisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 18, si se lo pide el Presidente.

7. Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.

El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. Éstas serán seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros, de acuerdo con los criterios enunciados en el párrafo segundo del apartado 3 y en el párrafo segundo del apartado 5.

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada.

8. La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión de conformidad con el artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.

Datos clave

  • Promueve el interés general de la Unión, vela por la aplicación de los Tratados, ejecuta el presupuesto y gestiona los programas (art. 17.1 TUE).
  • Los actos legislativos solo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo que los Tratados dispongan otra cosa (art. 17.2 TUE).
  • Mandato de cinco años; actúa con plena independencia (art. 17.3 TUE).
  • Desde el 1/11/2014, número de miembros igual a dos tercios de los Estados miembros, salvo que el Consejo Europeo decida otra cosa por unanimidad (art. 17.5 TUE).
  • El Consejo Europeo propone por mayoría cualificada al candidato a Presidente; el Parlamento lo elige por mayoría de los miembros que lo componen (art. 17.7 TUE).
  • El colegio se somete al voto de aprobación del Parlamento y es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada (art. 17.7 TUE).
  • Responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo, que puede votar una moción de censura (art. 17.8 TUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comisión defiende el interés general, vela por los Tratados y casi monopoliza la iniciativa legislativa. Mandato de cinco años, plena independencia, nombramiento con doble intervención del Consejo Europeo y del Parlamento, y moción de censura.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 19 TUE

1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

2. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro. Estará asistido por abogados generales.

El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro.

Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones contempladas en los artículos 253 y 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un período de seis años. Los jueces y abogados generales salientes podrán ser nombrados de nuevo.

3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:

a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas;

b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;

c) en los demás casos previstos por los Tratados.

Datos clave

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados (art. 19.1 TUE).
  • Garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (art. 19.1 TUE).
  • Tribunal de Justicia: un juez por Estado miembro, asistido por abogados generales; Tribunal General: al menos un juez por Estado miembro (art. 19.2 TUE).
  • Nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para seis años; pueden ser nombrados de nuevo (art. 19.2 TUE).
  • Se pronuncia sobre recursos, con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales y en los demás casos previstos (art. 19.3 TUE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea agrupa tres órganos jurisdiccionales y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Fija composición, nombramiento por seis años y sus vías de pronunciamiento.

Esquema

Tribunal de Justicia y Tribunal General
Tribunal de JusticiaTribunal General
JuecesUn juez por Estado miembroAl menos un juez por Estado miembro
Abogados generalesSí, le asistenEl texto no los menciona

¿Me lo sé? Flashcards

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