El Gobierno: Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. La Administración Pública: Principios constitucionales informadores. La Administración central y periférica del Estado. Tipos de Entes Públicos.
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Constitución Española · Art. 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.
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Constitución Española · Art. 98
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
Datos clave
- ¿Qué expresión usa el artículo 98 para los Vicepresidentes del Gobierno? → «En su caso», es decir, su existencia es potestativa.
- ¿Qué actividad SÍ pueden compatibilizar los miembros del Gobierno con su cargo? → Únicamente las funciones representativas propias del mandato parlamentario.
- Tres prohibiciones de incompatibilidad: nada de otra representación política, nada de otro cargo público, nada de actividad profesional o mercantil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Composición del Gobierno, papel del Presidente e incompatibilidades: sus miembros solo pueden compatibilizar las funciones representativas del mandato parlamentario y las funciones públicas que deriven del cargo.
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Constitución Española · Art. 99
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige la primera votación de investidura? → Mayoría absoluta del Congreso.
- ¿Cuándo se repite la votación si la primera falla, y con qué mayoría? → 48 horas después, bastando mayoría simple.
- ¿Qué ocurre si pasan dos meses desde la primera votación sin investidura? → El Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones, con el refrendo del Presidente del Congreso.
- Encadena los números: 48 horas entre la 1ª y la 2ª votación, y 2 meses desde la 1ª votación como plazo límite para disolver las Cámaras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Investidura: el Rey propone candidato, que pide la confianza; mayoría absoluta en la primera votación o simple a las 48 horas. Si en dos meses nadie la obtiene, el Rey disuelve ambas Cámaras.
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Constitución Española · Art. 100
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.
Datos clave
- El Rey nombra y separa a los demás miembros del Gobierno.
- Actúa siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los demás miembros del Gobierno los nombra y separa el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.
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Constitución Española · Art. 101
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Datos clave
- Enumera las causas de cese del Gobierno según el artículo 101. → Elecciones generales, pérdida de la confianza parlamentaria, y dimisión o fallecimiento del Presidente.
- ¿Hasta cuándo continúa en funciones el Gobierno cesante? → Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
- Tres causas de cese: elecciones, pérdida de confianza, dimisión o fallecimiento del Presidente. Ninguna deja el país sin Gobierno ni un solo día.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Causas de cese del Gobierno (elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente) y continuidad en funciones hasta que tome posesión el nuevo.
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Constitución Española · Art. 102
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
Datos clave
- ¿Qué órgano juzga la responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno? → La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- ¿Se puede indultar a un ministro condenado conforme al art. 102? → No: la prerrogativa de gracia no se aplica a ningún supuesto de este artículo.
- Regla nemotécnica: «traición se plantea entre cuatro» — una cuarta parte del Congreso pide, y hace falta mayoría absoluta para aprobarlo.
- El aforamiento es siempre el mismo órgano, la Sala de lo Penal del TS, cambie o no el tipo de delito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad criminal del Gobierno: ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado exige iniciativa de un cuarto del Congreso y mayoría absoluta. Sin indulto.
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Artículo 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE).
- Principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 103.1 CE).
- Actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE).
- Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley (art. 103.2 CE).
- Acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según regule la ley (art. 103.3 CE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios de la Administración Pública (objetividad, cinco principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y contenido de la ley del estatuto de los funcionarios, con acceso por mérito y capacidad.
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Constitución Española · Art. 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Datos clave
- ¿De quién dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según el art. 104? → Del Gobierno.
- ¿Qué tipo de ley regula sus funciones y estatutos? → Ley orgánica.
- Dos ideas y una reserva: la misión (derechos + seguridad ciudadana) y la forma (ley orgánica), nunca ley ordinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependen del Gobierno; su misión es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica fija funciones, principios y estatutos.
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Constitución Española · Art. 105
La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Datos clave
- ¿Qué tres límites pone el art. 105.b) al acceso a archivos y registros administrativos? → Seguridad y defensa del Estado, averiguación de los delitos e intimidad de las personas.
- ¿Qué garantiza el art. 105.c) en el procedimiento de los actos administrativos? → La audiencia del interesado, cuando proceda.
- Las tres letras del art. 105 son tres derechos distintos: a) audiencia normativa, b) acceso a archivos, c) audiencia procedimental.
- Los tres límites al acceso a archivos se recuerdan como SDI: Seguridad y defensa, Delitos (averiguación), Intimidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres mandatos al legislador: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas, acceso a archivos y registros con tres límites, y procedimiento de los actos con audiencia del interesado cuando proceda.
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Artículo 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Datos clave
- Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE).
- Derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2 CE).
- Excepción: los casos de fuerza mayor (art. 106.2 CE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
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Constitución Española · Art. 107
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Datos clave
- El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
- Su composición y competencia se regulan por ley orgánica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno; su composición y competencia las regula una ley orgánica.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 1
Del Gobierno. 1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 2. El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. 3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
Datos clave
- ¿De quién se compone el Gobierno según el art. 1.2 de la Ley 50/1997? → Del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
- ¿En qué órganos se reúnen los miembros del Gobierno? → En Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
- Composición en tres piezas y por orden: P-V-M (Presidente, Vicepresidentes, Ministros).
- Dos verbos del apartado 1: dirige (política, Administración, defensa) y ejerce (función ejecutiva y potestad reglamentaria).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo de apertura: dice qué dirige el Gobierno, qué potestades ejerce, de quién se compone y en qué dos órganos colegiados se reúnen sus miembros.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 2
Del Presidente del Gobierno. 1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno: a) Representar al Gobierno. b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución. h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros. l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Quién crea y suprime los Departamentos Ministeriales? → El Presidente, por Real Decreto (art. 2.2.j).
- ¿Qué necesita el Presidente para proponer al Rey un referéndum consultivo? → Autorización previa del Congreso de los Diputados (art. 2.2.e).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente dirige y coordina al Gobierno, y tiene un listado cerrado de atribuciones exclusivas, algunas con trámite previo distinto (Consejo de Ministros o Congreso).
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 3
Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno. 1. Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente. 2. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro.
Datos clave
- ¿Qué funciones ejercen los Vicepresidentes del Gobierno? → Las que les encomiende el Presidente del Gobierno.
- ¿Qué ocurre si un Vicepresidente asume la titularidad de un Departamento Ministerial? → Ostenta además la condición de Ministro.
- Dos apartados, dos ideas: quién le manda (el Presidente) y el doble sombrero (Vicepresidente + Ministro).
- El artículo se refiere a los Vicepresidentes «cuando existan», reflejando que su nombramiento es potestativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Vicepresidentes no tienen funciones propias: hacen lo que les encargue el Presidente. Y si además llevan un Ministerio, son también Ministros.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 4
De los Ministros. 1. Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno. b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia. 2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.
Datos clave
- ¿Qué es un Ministro sin cartera? → Un Ministro sin Departamento propio, con funciones gubernamentales específicas asignadas por Real Decreto (art. 4.2).
- ¿Puede un Ministro ejercer potestad reglamentaria? → Sí, en las materias propias de su Departamento (art. 4.1.b).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Ministros dirigen su Departamento con competencia y responsabilidad propias; además puede haber Ministros sin cartera con funciones específicas.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 5
Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley. h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.
Datos clave
- ¿Qué estados excepcionales declara el Consejo de Ministros y cuál solo propone? → Declara los estados de alarma y de excepción; propone al Congreso la declaración del estado de sitio.
- ¿Qué requisito previo tiene la aprobación de reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes? → El dictamen previo del Consejo de Estado.
- ¿Qué carácter tienen las deliberaciones del Consejo de Ministros? → Son secretas (art. 5.3).
- ¿Quién puede crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales? → El Consejo de Ministros (art. 5.1.i).
- Once letras, de la a) a la k). Bloque normativo (a-c), bloque internacional (d-e), bloque de crisis (f), bloque económico (g), bloque reglamentario y organizativo (h-j) y cajón de sastre (k).
- Regla de los estados: alarma y excepción se declaran, el sitio se propone.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El catálogo de funciones del Consejo de Ministros, de la a) a la k), más quién puede asistir a sus reuniones y el carácter secreto de sus deliberaciones.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 6
De las Comisiones Delegadas del Gobierno. 1. La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. 2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso: a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión. b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión. d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma. e) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las reuniones de las Comisiones Delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. 4. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión. b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. 5. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.
Datos clave
- ¿Cómo se crean, modifican y suprimen las Comisiones Delegadas del Gobierno? → Por acuerdo del Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- Cita los cinco extremos que debe especificar en todo caso el Real Decreto de creación. → Presidencia, miembros del Gobierno y en su caso Secretarios de Estado que la integran, funciones, Secretaría y régimen interno de funcionamiento (convocatorias y suplencias).
- ¿Pueden las Comisiones Delegadas resolver asuntos sin elevarlos al Consejo de Ministros? → Sí: los que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
- Las cinco letras del Real Decreto de creación son cinco preguntas: quién preside, quiénes la forman, qué hace, quién es el secretario y cómo funciona.
- Verbos de las funciones en escalera: examinar - estudiar - resolver - ejercer (a, b, c, d).
- Propuesta del Presidente + acuerdo del Consejo de Ministros + forma de Real Decreto: los tres elementos de la creación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se crean las Comisiones Delegadas, qué debe decir su Real Decreto de creación, qué hacen y por qué sus deliberaciones también son secretas.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 7 · De los Secretarios de Estado
Artículo 7. De los Secretarios de Estado.
1. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.
2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.
3. Las competencias de los Secretarios de Estado son las que se determinan en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Datos clave
- ¿Qué tipo de órgano son los Secretarios de Estado según el art. 7? → Órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
- ¿Bajo la dirección de quién actúa un Secretario de Estado adscrito a la Presidencia del Gobierno? → Bajo la dirección del Presidente del Gobierno.
- Tres datos y ya está: órgano superior, ejecución de la acción del Gobierno en un sector específico y dependencia (Ministro o Presidente).
- El texto remite las competencias a otra ley: el art. 7 no las enumera, así que no busques listas donde no las hay.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué son los Secretarios de Estado, de quién dependen y dónde se fijan sus competencias. Artículo corto pero muy preguntado por la calificación de «órganos superiores».
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 8
De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate. 2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales. 3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno. 4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. 5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente. 6. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios podrá celebrar sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones.
Datos clave
- ¿Qué asuntos quedan fuera del examen previo de la Comisión General de SEyS? → Nombramientos, ceses, ascensos de oficiales generales y asuntos urgentes directos al Consejo (art. 8.5.a).
- ¿Puede la Comisión General de SEyS celebrar sesiones a distancia? → Sí, si los miembros están en territorio español, se acredita su identidad y hay comunicación en tiempo real (art. 8.6).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios examina, con carácter previo y reservado, casi todos los asuntos antes de que lleguen al Consejo de Ministros, sin poder decidir por sí misma.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 9
Del Secretariado del Gobierno. 1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado". 2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones: a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos. b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno. c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno. 3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.
Datos clave
- ¿De qué órganos es órgano de apoyo el Secretariado del Gobierno? → Del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
- ¿Qué debe asegurar la documentación por medios electrónicos prevista en las instrucciones? → La identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.
- ¿Qué papel tiene el Director del Secretariado del Gobierno en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios? → Ejerce su secretaría adjunta.
- Dos listas: la del apartado 1 tiene seis letras (a-f) y la del apartado 2, tres (a-c).
- El Director del Secretariado no preside nada: ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Secretariado del Gobierno tiene dos caras: órgano de apoyo de los órganos colegiados del Gobierno y órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia. Cada cara, su lista de funciones.
Esquema
| Apoyo a los órganos colegiados (ap. 1) | Asistencia al Ministro de la Presidencia (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Destinatario | Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas y Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios | El Ministro de la Presidencia |
| Nº de funciones | Seis (a-f) | Tres (a-c) |
| Contenido típico | Convocatorias, actas, archivo, buena regulación y publicación en el BOE | Sanción y promulgación de leyes, expedición de Reales Decretos y actos del Rey refrendados por el Presidente |
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 10 · De los Gabinetes
Artículo 10. De los Gabinetes.
1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.
Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa.
El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta Ley.
2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.
3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.
Datos clave
- ¿De qué cargos son órganos de apoyo los Gabinetes? → Del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
- ¿Qué actos administrativos pueden dictar los directores de gabinete? → Los propios de la jefatura de la unidad que dirigen.
- ¿Cómo se regula el Gabinete de la Presidencia del Gobierno? → Por Real Decreto del Presidente, que determina, entre otros aspectos, su estructura y funciones.
- Cuatro cargos con Gabinete: Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado.
- Regla del Gabinete de Presidencia: es el único que va por Real Decreto del Presidente; los demás, por la propia Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Gabinetes son apoyo político y técnico de confianza: asesoran, pero no resuelven lo que corresponde a los órganos administrativos, salvo los actos de jefatura de su propia unidad.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 11 · De los requisitos de acceso al cargo
Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo.
Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Datos clave
- ¿Qué requisitos exige el art. 11 para ser miembro del Gobierno? → Ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir los requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015.
- ¿Qué ley fija los requisitos de idoneidad a los que remite el art. 11? → La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
- Cuenta cinco requisitos: español, mayor de edad, sufragio activo y pasivo, no inhabilitado por sentencia firme e idóneo según la Ley 3/2015.
- El sufragio va doble: activo (votar) y pasivo (ser votado); con uno solo no basta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los requisitos para ser miembro del Gobierno: nacionalidad, mayoría de edad, sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado por sentencia firme y la idoneidad de la Ley 3/2015.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 12
Del nombramiento y cese. 1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. 2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos. 2 bis. En el nombramiento de las personas titulares de las Vicepresidencias y los Ministerios se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto. 3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado. 4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su cese.
Datos clave
- ¿Quién nombra y separa a los Vicepresidentes y Ministros? → El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- ¿Qué porcentaje mínimo de cada sexo exige el art. 12.2 bis? → El cuarenta por ciento, en su conjunto, en el nombramiento de titulares de Vicepresidencias y Ministerios.
- ¿Qué efecto tiene la separación de un Ministro sin cartera? → Lleva aparejada la extinción de dicho órgano.
- El 40 % del apartado 2 bis se mide en su conjunto y solo sobre Vicepresidencias y Ministerios.
- Regla del nombramiento: nombrar es cesar en lo anterior, con una única excepción (Ministro que pasa a Vicepresidente y conserva su Departamento).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién nombra y separa a cada miembro del Gobierno, el efecto del nombramiento sobre el puesto anterior, la presencia equilibrada de mujeres y hombres y la extinción de los órganos al separar a su titular.
Esquema
| Presidente del Gobierno | Vicepresidentes y Ministros | |
|---|---|---|
| Norma aplicable | Los términos previstos en la Constitución | El art. 12.2 de la Ley 50/1997 |
| Quién nombra y cesa | Según lo previsto en la Constitución | El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno |
| Efecto sobre el órgano al cesar | El art. 12.4 remite a un Real Decreto el estatuto tras el cese | La separación extingue el órgano en Vicepresidentes (salvo sustitución simultánea) y en Ministros sin cartera |
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 13 · De la suplencia
Artículo 13. De la suplencia.
1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.
2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.
3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.
Datos clave
- ¿Quién suple al Presidente si no hay Vicepresidentes? → Los Ministros, según orden de precedencia de sus Departamentos (art. 13.1).
- ¿Debe recaer la suplencia de un Ministro en otro miembro del Gobierno? → Sí, en todo caso (art. 13.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Establece cómo se suple al Presidente (orden legal automático) y a los Ministros (Real Decreto expreso), y aclara qué no cuenta como ausencia.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 14
Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 2. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Datos clave
- ¿Qué función representativa pueden compatibilizar los miembros del Gobierno? → Solo las propias del mandato parlamentario.
- Además del art. 14.1, ¿qué régimen se les aplica? → El régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
- Tres «ni» seguidos en el apartado 1: ni otras funciones representativas, ni otra función pública, ni actividad profesional o mercantil.
- El apartado 2 es una remisión: al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la AGE, que se suma al del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno: solo se salva el mandato parlamentario, y además se les aplica el régimen general de altos cargos.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 15
Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado. 1. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. 2. La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio. 3. Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el Presidente. 4. Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.
Datos clave
- ¿Mediante qué norma se nombra y separa a los Secretarios de Estado? → Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
- ¿Cómo se determina la suplencia entre Secretarios de Estado del mismo Departamento? → Según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio.
- Suplencia: Departamento → orden de precedencia; Presidencia → designación del Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se nombra y se suple a los Secretarios de Estado y qué régimen de incompatibilidades tienen. Cuatro apartados, cuatro datos memorizables.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 16
Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes. 1. Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 2. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. 3. Los Directores de los Gabinetes cesarán automáticamente cuando cese el titular del cargo del que dependen. En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo Gobierno. 4. Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes a que se refiere este artículo pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen. Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica.
Datos clave
- ¿Cómo se nombra al Director del Gabinete de un Ministro? → Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
- ¿Hasta cuándo continúan los Directores de Gabinete si el Gobierno está en funciones? → Hasta la formación del nuevo Gobierno.
- ¿En qué situación administrativa quedan los funcionarios que se incorporan a un Gabinete? → En servicios especiales, salvo que opten por permanecer en servicio activo en su Administración de origen.
- Regla de la forma: Real Decreto para los tres cargos «de arriba» (Presidente, Vicepresidentes, Ministros) y Orden Ministerial para los de Secretario de Estado.
- «Previo conocimiento» ≠ «previa aprobación»: el Consejo de Ministros solo se entera.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nombramiento y cese de los Directores de Gabinete: Real Decreto u Orden Ministerial según de quién dependan, cese automático con su titular y situación administrativa del personal que se incorpora.
Esquema
| Presidente, Vicepresidentes y Ministros | Secretarios de Estado | |
|---|---|---|
| Forma del nombramiento | Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros | Orden Ministerial |
| Intervención del Consejo de Ministros | Lo aprueba | Solo previo conocimiento |
| Cese | Automático al cesar el titular del que dependen | Automático al cesar el titular del que dependen |
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 17
De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno. El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la presente Ley y por: a) Los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo. b) Las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
Datos clave
- ¿Quién dicta los Reales Decretos sobre composición y organización del Gobierno? → El Presidente del Gobierno (art. 17.a).
- ¿De quién pueden emanar las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación? → Del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros (art. 17.b).
- Solo dos letras, a) y b). Quédate con el sujeto de cada una: a) Presidente; b) Presidente o Consejo de Ministros.
- Palabras clave de la letra a): composición y organización; de la letra b): funcionamiento y actuación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo de remisión: además de esta Ley, el Gobierno se organiza y funciona con Reales Decretos del Presidente y con disposiciones internas del Presidente o del Consejo de Ministros.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 18
Del funcionamiento del Consejo de Ministros. 1. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia. 2. Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante. 3. El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno. 4. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.
Datos clave
- ¿Quién actúa como Secretario en las reuniones del Consejo de Ministros? → El Ministro de la Presidencia.
- ¿Qué debe figurar exclusivamente en el acta del Consejo de Ministros? → Las circunstancias de tiempo y lugar, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.
- ¿Qué carácter pueden tener las reuniones del Consejo de Ministros? → Decisorio o deliberante.
- Contenido del acta, cuatro piezas: tiempo y lugar, asistentes, acuerdos e informes.
- Reparto de papeles: el Presidente convoca, preside y fija el orden del día; el Ministro de la Presidencia hace de Secretario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién convoca y preside el Consejo de Ministros, quién actúa de Secretario, el doble carácter de sus reuniones y el contenido tasado de las actas.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 19
De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ley en relación con las actas de dichos órganos colegiados.
Datos clave
- ¿A qué dos órganos se refiere el art. 19? → A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
- Dos órganos y un solo objeto: Comisiones Delegadas + Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y solo para las actas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo de una línea: las actas de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se rigen por lo dispuesto en el artículo 18.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 20 · Delegación y avocación de competencias
Artículo 20. Delegación y avocación de competencias.
1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.
b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio.
2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.
3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución.
b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.
c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el apartado 2 de este artículo.
d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.
4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.
La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada.
Datos clave
- ¿En favor de quién puede delegar el Presidente sus competencias? → Del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros (art. 20.1.a).
- ¿Necesita el Consejo de Ministros motivar la avocación de un asunto? → Sí, mediante acuerdo motivado (art. 20.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija quién puede delegar competencias en quién, qué es delegable entre el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas, y en qué condiciones el Consejo puede avocar un asunto delegado.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 21
Del Gobierno en funciones. 1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley. 3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. 4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. b) Plantear la cuestión de confianza. c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. 6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.
Datos clave
- ¿Qué tres facultades no puede ejercer el Presidente del Gobierno en funciones? → Proponer al Rey la disolución de las Cámaras o de las Cortes, plantear la cuestión de confianza y proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
- ¿Qué dos facultades no puede ejercer el Gobierno en funciones? → Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso o, en su caso, al Senado.
- ¿Cuándo quedan en suspenso las delegaciones legislativas? → Durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.
- ¿Hasta cuándo continúa el Gobierno cesante? → Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en la Ley.
- Cuenta 3 + 2: tres prohibiciones personales del Presidente (disolver, cuestión de confianza, referéndum) y dos del Gobierno (Presupuestos y proyectos de ley).
- Las tres del Presidente son las que implican acudir al Rey o a las Cámaras; las dos del Gobierno son iniciativa legislativa.
- Cuatro causas de cese: elecciones, pérdida de confianza, dimisión y fallecimiento del Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo cesa el Gobierno, qué puede hacer mientras está en funciones y las facultades que pierden por separado el Presidente y el Gobierno, más la suspensión de las delegaciones legislativas.
Esquema
| Presidente en funciones (21.4) | Gobierno en funciones (21.5) | |
|---|---|---|
| Número de facultades | Tres | Dos |
| Relación con el Rey y las Cámaras | No puede proponer la disolución, ni plantear la cuestión de confianza, ni proponer un referéndum consultivo | No se le veda ninguna facultad de este tipo |
| Iniciativa legislativa | No se le veda expresamente | No puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos ni presentar proyectos de ley |
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 22 · Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.
El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.
Datos clave
- ¿A qué norma remite el art. 22 para el ejercicio de la iniciativa y la potestad reglamentaria? → Al Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y al presente Título de la Ley del Gobierno.
- Dos remisiones y una sola cifra que memorizar: Título VI de la Ley 39/2015.
- Regla de descarte: si una pregunta sobre el art. 22 cita anteproyectos, memoria económica o doble elevación al Consejo de Ministros, está usando la redacción anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo puente: el Gobierno ejerce la iniciativa y la potestad reglamentaria conforme al Título VI de la Ley 39/2015 y a lo que diga este mismo Título de la Ley del Gobierno.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 29 · Del control de los actos del Gobierno
Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno.
1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales.
3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.
Su anterior numeración era art. 26.
Datos clave
- ¿Qué tres actuaciones son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa? → Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho.
- ¿A qué control están sometidos todos los actos y omisiones del Gobierno? → Al control político de las Cortes Generales.
- ¿Qué numeración tenía antes este artículo? → Era el artículo 26.
- Tres controles, tres sedes: Cortes Generales (político), jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal Constitucional.
- Trilogía del apartado 3: acto, inactividad y vía de hecho. Lo que hace, lo que no hace y lo que hace por las bravas.
- Si un temario viejo cita el artículo 26 de la Ley del Gobierno para esto, es el mismo contenido: hoy es el 29.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro reglas de control del Gobierno: sujeción plena a la Constitución y al ordenamiento, control político de las Cortes sobre todos sus actos y omisiones, impugnación de actos, inactividad y vía de hecho ante el contencioso-administrativo e impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Dato de vigencia: este artículo fue añadido por la Ley 40/2015 con efectos de 2 de octubre de 2016, y su contenido se corresponde con el anterior artículo 26, vigente hasta esa fecha.
Esquema
| Cortes Generales | Contencioso-administrativo | Tribunal Constitucional | |
|---|---|---|---|
| Apartado | 2 | 3 | 4 |
| Qué alcanza | Todos los actos y omisiones del Gobierno, con control político | Actos, inactividad y vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en esta Ley | La actuación del Gobierno |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2
Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.
Datos clave
- ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
- ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
- ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
- El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
- Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dibuja los círculos concéntricos del sector público: quién está dentro, qué es el sector público institucional y, sobre todo, quién merece el nombre de Administración Pública. Lo que cae es la lista y la diferencia entre los dos conceptos.
Esquema
| ¿Sector público? | ¿Administración Pública? | |
|---|---|---|
| AGE, CCAA y Entidades Locales | Sí | Sí |
| Organismos públicos y entidades de derecho público (letra a) | Sí | Sí |
| Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (letra b) | Sí | No |
| Universidades públicas (letra c) | Sí | No |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3
Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Datos clave
- ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
- ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
- Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.
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Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.
Asimismo, garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de las personas titulares de los órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 bis y 84 bis.
2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Datos clave
- La AGE actúa y se organiza según los principios del artículo 3 y los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.
- Garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos y del personal de alta dirección del sector público institucional estatal (artículos 55 bis y 84 bis).
- Las competencias de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidas por Ley a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- El apartado 1 fue modificado por el art. 8.1 de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración General del Estado se organiza con los principios del artículo 3 más descentralización y desconcentración, garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres y deja las competencias organizativas sin dueño al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado.
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.
2. La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.
3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:
a) Órganos superiores:
1.º Los Ministros.
2.º Los Secretarios de Estado.
b) Órganos directivos:
1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.
2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
3.º Los Subdirectores generales.
4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.
8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos.
9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.
10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:
a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.
b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.
Datos clave
- Principios: división funcional en Departamentos ministeriales y gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
- La AGE comprende la Organización Central, la Organización Territorial y la AGE en el exterior.
- Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado.
- Órganos directivos: Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales.
- Delegados del Gobierno en las CCAA: rango de Subsecretario; Subdelegados del Gobierno en las provincias: nivel de Subdirector general.
- En el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
- Son altos cargos los órganos superiores y directivos, excepto los Subdirectores generales y asimilados (Ley 3/2015).
- Los órganos superiores establecen los planes de actuación; los directivos los desarrollan y ejecutan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La AGE se divide en organización central, territorial y exterior; los órganos superiores son Ministros y Secretarios de Estado, y los directivos van desde Subsecretario hasta Subdirector general.
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Artículo 55 bis. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado.
Las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.
Datos clave
- Se aplica a las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la AGE.
- Principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres.
- Las personas de cada sexo no superarán el sesenta por ciento ni serán menos del cuarenta por ciento.
- El cómputo se hace en el ámbito de cada departamento ministerial.
- Artículo añadido por el art. 8.2 de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secretarías de Estado y los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombran con representación equilibrada: cada sexo entre el cuarenta y el sesenta por ciento, medido en cada departamento ministerial.
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Artículo 56. Elementos organizativos básicos.
1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.
2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.
3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano.
Datos clave
- Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas.
- Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común.
- Las unidades administrativas complejas agrupan dos o más unidades menores.
- Los jefes de unidad responden del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de sus tareas.
- Se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos: agrupan puestos o dotaciones con jefatura común, pueden ser complejas, su jefe responde del funcionamiento y se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo.
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Artículo 57. Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.
2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.
3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Datos clave
- La AGE se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios.
- Cada Ministerio comprende uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.
- Con carácter excepcional pueden adscribirse directamente al Ministro órganos u Organismos públicos no integrados en la estructura general del Ministerio.
- El número, la denominación y el ámbito de competencia de los Ministerios y las Secretarías de Estado se fijan por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La AGE se organiza en Presidencia del Gobierno y Ministerios por sectores homogéneos; caben órganos u organismos adscritos directamente al Ministro de forma excepcional, y el Real Decreto del Presidente fija número y competencias.
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Artículo 58. Organización interna de los Ministerios.
1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.
2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título.
3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas.
4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.
Datos clave
- En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad administrativa.
- Todo Ministerio cuenta, en todo caso, con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para los servicios comunes.
- Las Direcciones Generales gestionan una o varias áreas funcionalmente homogéneas.
- Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales.
- Pueden adscribirse Subdirecciones Generales directamente a órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Organización interna de los Ministerios: Secretarías de Estado y Secretarías Generales posibles, Subsecretaría y Secretaría General Técnica obligatorias, y Direcciones Generales organizadas en Subdirecciones Generales.
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Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Datos clave
- Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos similares: Real Decreto del Consejo de Ministros.
- Ese Real Decreto se dicta a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Órganos de nivel inferior a Subdirección General: orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Unidades que no son órganos: se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se crean, modifican y suprimen órganos y unidades: hasta Subdirección General, Real Decreto del Consejo de Ministros; por debajo, orden ministerial con autorización de Hacienda; y unidades que no son órganos, mediante RPT.
Esquema
| Instrumento | Papel de Hacienda | |
|---|---|---|
| Subdirección General y superiores | Real Decreto del Consejo de Ministros | Propuesta (iniciativa del Ministro interesado) |
| Inferior a Subdirección General | Orden del Ministro respectivo | Autorización previa |
| Unidades que no son órganos | Relaciones de puestos de trabajo | El texto no la menciona |
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Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.
1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.
Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general.
Datos clave
- Los Ministros son los jefes superiores del Departamento.
- Los Ministros son superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
- Orden jerárquico de los órganos directivos: Subsecretario, Director general y Subdirector general.
- Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario.
- Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Ministros son jefes superiores directos de Secretarios de Estado y Subsecretarios; los órganos directivos se ordenan entre sí: Subsecretario, Director general, Subdirector general.
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Artículo 61. Los Ministros.
Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones:
a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.
c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.
e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.
g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro.
h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.
i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.
k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.
l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste.
m) Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento.
n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.
ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.
o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras.
p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.
q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.
r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.
s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
Datos clave
- Los Ministros, como titulares del departamento, dirigen los sectores de actividad administrativa de su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente.
- Ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
- Fijan los objetivos del Ministerio, aprueban sus planes de actuación y asignan los recursos dentro de las dotaciones presupuestarias.
- Nombran y separan a los titulares de los órganos directivos cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo.
- Revisan de oficio los actos administrativos, resuelven conflictos de atribuciones y resuelven recursos y declaran la lesividad cuando les corresponda.
- Fijan los límites por debajo de los cuales las competencias de gasto y de concesión de subvenciones corresponden a los Secretarios de Estado y al Subsecretario.
- Imponen la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Ministros dirigen los sectores de actividad de su Ministerio y asumen la responsabilidad de esa dirección. El artículo enumera sus funciones: reglamentos, objetivos, presupuesto, nombramientos, recursos, contratos, subvenciones y sanciones, entre otras.
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Artículo 62. Los Secretarios de Estado.
1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.
2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:
a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.
b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.
e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.
g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva.
h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.
i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.
Datos clave
- Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
- Por delegación expresa del Ministro pueden ostentar su representación en materias propias, incluidas las de proyección internacional.
- Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales dependientes y responden ante el Ministro.
- Nombran y separan a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
- Resuelven los recursos contra resoluciones de órganos directivos directamente dependientes cuyos actos no agoten la vía administrativa.
- Conceden subvenciones y administran créditos dentro de los límites o cuantías fijados por el Ministro.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Secretario de Estado responde ante el Ministro de un sector de actividad, dirigiendo las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia, con funciones como nombrar Subdirectores generales o resolver ciertos recursos.
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Artículo 63. Los Subsecretarios.
1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:
a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.
b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.
c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.
En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.
A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.
h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.
i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.
k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.
l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.
m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.
ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.
o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.
p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.
q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.
2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno.
3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Datos clave
- Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes.
- Desempeñan la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
- Dirigen, impulsan y supervisan la Secretaría General Técnica y los demás órganos directivos directamente dependientes.
- Nombran y cesan a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual.
- Convocan y resuelven pruebas selectivas de personal funcionario y laboral y concursos de personal funcionario.
- Ejercen la potestad disciplinaria por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.
- Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
- Se nombran entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 del Estado, CCAA o Entidades locales, o entre quienes perdieron tal condición por jubilación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Subsecretario es el gestor interno del Ministerio: lo representa ordinariamente, dirige los servicios comunes, es jefe superior del personal y lo nombra el Consejo de Ministros entre funcionarios del Subgrupo A1.
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Artículo 64. Los Secretarios generales.
1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.
2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2.b), así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.
3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Datos clave
- Las normas de estructura del Ministerio que prevean un Secretario general deben determinar sus competencias sobre un sector de actividad administrativa.
- Ejercen las competencias de dirección sobre los órganos dependientes del artículo 62.2.b) y las que les asigne el Real Decreto de estructura.
- Tienen categoría de Subsecretario.
- Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.
- Se nombran entre personas con cualificación y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada (no se exige ser funcionario).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Secretarios generales: competencias sobre un sector fijadas en la norma de estructura, categoría de Subsecretario, nombramiento por Real Decreto del Consejo de Ministros y perfil de gestión pública o privada con idoneidad de la Ley 3/2015.
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Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos.
1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente.
3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.
Datos clave
- Dependen inmediatamente del Subsecretario.
- Tienen, en todo caso, las competencias de producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
- Tienen a todos los efectos la categoría de Director General.
- Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
- Se nombran entre funcionarios de carrera del Estado, CCAA o Entidades locales del Subgrupo A1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Secretarios generales técnicos: dependen del Subsecretario, tienen siempre producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones, categoría de Director General y se nombran entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 66. Los Directores generales.
1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde:
a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas.
c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.
d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.
e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.
2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Datos clave
- Son titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio.
- Proponen los proyectos de su Dirección general, dirigen su ejecución y controlan su cumplimiento.
- Ejercen las competencias atribuidas a la Dirección general y las desconcentradas o delegadas.
- Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
- Regla general: funcionarios de carrera del Subgrupo A1 del Estado, CCAA o Entidades locales, o quienes perdieron tal condición por jubilación.
- Excepción: el Real Decreto de estructura puede permitir un titular no funcionario, motivándolo mediante memoria razonada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Directores generales gestionan áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio; los nombra el Consejo de Ministros y, como regla, deben ser funcionarios A1, aunque el Real Decreto de estructura puede exceptuarlo con memoria razonada.
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Artículo 67. Los Subdirectores generales.
1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.
2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Datos clave
- Son responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades asignados.
- Se encargan de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.
- Son nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Los nombra y cesa el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.
- Se nombran entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones cuando lo prevean las normas, del Subgrupo A1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Subdirectores generales ejecutan los proyectos asignados y llevan la gestión ordinaria de su Subdirección, bajo supervisión del Director general. Los nombra y cesa el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario, entre funcionarios del Subgrupo A1.
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Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.
1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.
Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.
3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.
b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.
Datos clave
- Los servicios comunes asisten a los órganos superiores y directivos del Ministerio y velan por la eficiente utilización de sus medios y recursos.
- Les corresponde el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa de funciones como planificación, programación y presupuestación, organización y recursos humanos, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
- Funcionan según las disposiciones y directrices de los Ministerios competentes sobre dichas funciones comunes en la AGE.
- La gestión compartida de servicios comunes se prevé mediante Real Decreto.
- Formas de gestión compartida: coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (u organismo autónomo dependiente) o por la Subsecretaría de cada Ministerio (u organismo autónomo dependiente).
- El Real Decreto concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal afectado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Servicios comunes de los Ministerios: asisten a los demás órganos, abarcan una larga lista de funciones, siguen las directrices de los Ministerios competentes y pueden gestionarse de forma compartida por Real Decreto en dos modalidades.
Esquema
| Modalidad a) | Modalidad b) | |
|---|---|---|
| Coordina | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o su organismo autónomo | Subsecretaría de cada Ministerio o su organismo autónomo |
| Presta servicios a | Otros Ministerios | Todo el Ministerio |
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Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno
1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas.
2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.
3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.
Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.
Datos clave
- Existe una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma.
- Sede: localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra distinta y sin perjuicio del Estatuto de Autonomía.
- Adscripción orgánica: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- En cada provincia de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existe un Subdelegado del Gobierno, bajo la inmediata dependencia del Delegado.
- En las Comunidades Autónomas uniprovinciales pueden crearse Subdelegaciones por Real Decreto (población, volumen de gestión o singularidades geográficas, sociales o económicas).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, con sede en la capital autonómica salvo acuerdo distinto, adscrita al Ministerio de Hacienda; en cada provincia de CCAA pluriprovincial existe un Subdelegado.
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Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.
Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Datos clave
- Las islas con Director Insular se determinan reglamentariamente.
- Nombramiento por el Delegado del Gobierno, por libre designación.
- Entre funcionarios de carrera del Estado, CCAA o Entidades Locales del Subgrupo A1.
- Dependen del Delegado del Gobierno o del Subdelegado en la provincia, cuando exista.
- Ejercen las competencias de los Subdelegados del Gobierno en su ámbito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Directores Insulares de la AGE: islas fijadas por reglamento, nombramiento por el Delegado del Gobierno por libre designación entre funcionarios A1, dependencia del Delegado o del Subdelegado y competencias de Subdelegado en su isla.
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Artículo 71. Los servicios territoriales.
1. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.
3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.
4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia.
Datos clave
- Servicios territoriales integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
- No integrados: organización por Real Decreto a propuesta conjunta si hay unidades de nivel de Subdirección General.
- Por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.
- Los no integrados dependen del órgano central competente del sector.
- Los integrados dependen del Delegado o Subdelegado a través de la Secretaría General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los servicios territoriales de la AGE en cada Comunidad Autónoma son integrados (dependen del Delegado del Gobierno) o no integrados (dependen del órgano central sectorial). La organización de los no integrados se fija por Real Decreto u Orden conjunta.
Esquema
| Integrados | No integrados | |
|---|---|---|
| Dependen de | Delegado o Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General | Órgano central competente sobre su sector de actividad |
| Criterios | Instrucciones técnicas y criterios operativos del Ministerio competente | Objetivos concretos fijados y controlados por el órgano central |
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Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.
2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.
3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General.
Datos clave
- Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado a través de sus Presidentes.
- Dirigen y supervisan la Administración General del Estado en el territorio y la coordinan con la autonómica y la local.
- Órganos directivos con rango de Subsecretario.
- Dependencia orgánica del Presidente del Gobierno y funcional del Ministerio competente por razón de la materia.
- Nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno; requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015.
- Suplencia: Subdelegado que el Delegado designe y, en su defecto, el de la provincia sede; en uniprovinciales sin Subdelegado, el Secretario General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Delegado del Gobierno representa al Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma y dirige allí la AGE. Tiene rango de Subsecretario, depende orgánicamente del Presidente del Gobierno y lo nombra el Consejo de Ministros por Real Decreto.
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Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este Capítulo, las siguientes competencias:
a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos:
1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios.
2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.
3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.
b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:
1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma.
2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano.
3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial.
4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.
c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas:
1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.
3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.
d) Control de legalidad:
1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia.
Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho Departamento.
2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.
e) Políticas públicas:
1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.
3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.
4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado.
2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.
3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.
Datos clave
- Los Delegados nombran a los Subdelegados del Gobierno y, en su caso, a los Directores Insulares.
- Informan con carácter preceptivo las propuestas de nombramiento de titulares de órganos territoriales de la AGE y Organismos públicos estatales.
- Elevan al Gobierno, con carácter anual, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales.
- Resuelven los recursos contra actos de los órganos de la Delegación, previo informe del Ministerio competente por razón de la materia.
- Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial las tramita y resuelve el Ministerio competente por razón de la materia.
- Suspensión de actos impugnados conforme al artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
- Ejercen la potestad sancionadora y expropiatoria.
- Ostentan la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Delegado del Gobierno concentra cinco bloques de competencias en su Comunidad Autónoma: dirigir la AGE periférica, informar al Gobierno y al ciudadano, coordinarse con otras Administraciones, controlar la legalidad y proponer políticas públicas, además de potestad sancionadora, expropiatoria y jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Datos clave
- Existe un Subdelegado del Gobierno en cada provincia, bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.
- Nivel de Subdirector General.
- Nombrado por el Delegado del Gobierno por libre designación.
- Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales del Subgrupo A1.
- En uniprovinciales sin Subdelegado, el Delegado asume sus competencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En cada provincia hay un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, dependiente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, que lo nombra por libre designación entre funcionarios del Subgrupo A1.
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Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias
A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:
a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde:
1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.
2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.
d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.
Datos clave
- Funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales.
- Informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.
- Dirigen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
- Dirigen y coordinan la protección civil en el ámbito de la provincia.
- Dirigen los servicios integrados e impulsan, supervisan e inspeccionan los servicios no integrados.
- Ejercen la potestad sancionadora.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Subdelegado del Gobierno coordina con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, garantiza la seguridad ciudadana dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, y dirige la protección civil.
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Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.
2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad.
Datos clave
- Estructura fijada por Real Decreto del Consejo de Ministros.
- Propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Cuentan en todo caso con una Secretaría General, órgano de gestión de los servicios comunes.
- Integración o desintegración de servicios: Real Decreto, a propuesta también del Ministerio del área.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La estructura de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fija por Real Decreto del Consejo de Ministros, siempre con una Secretaría General para los servicios comunes; integrar o desintegrar servicios exige también Real Decreto.
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Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.
Datos clave
- La asistencia jurídica de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno corresponde a la Abogacía del Estado.
- La intervención y el control económico financiero corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado.
- Ambas funciones se ejercen de acuerdo con su normativa específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, la asistencia jurídica la presta la Abogacía del Estado y la intervención y control económico financiero, la Intervención General de la Administración del Estado.
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Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.
3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento.
Datos clave
- La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado.
- Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Coordina la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.
- Sus atribuciones, composición y funcionamiento se regulan mediante Real Decreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito a Hacienda y Administraciones Públicas que coordina la periferia con los Ministerios; su régimen se fija por Real Decreto.
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Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno
1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características:
a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta.
b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno.
c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:
1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales.
3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos.
4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.
2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior.
3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado primero, referidas al ámbito provincial.
Datos clave
- Comunidades Autónomas pluriprovinciales: Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno.
- La preside el Delegado del Gobierno y la integran los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
- Asisten los titulares de órganos y servicios territoriales, integrados o no, que el Delegado considere oportuno.
- Comunidades Autónomas uniprovinciales: Comisión de asistencia al Delegado, integrada por el Secretario General y los titulares de servicios que considere oportuno.
- En cada Subdelegación: Comisión de asistencia al Subdelegado, presidida por él e integrada por el Secretario General y los titulares que considere oportuno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delegados y Subdelegados del Gobierno cuentan con comisiones de asistencia: territorial en las Comunidades pluriprovinciales, de asistencia en las uniprovinciales y en cada Subdelegación, todas con las mismas funciones.
Esquema
| Pluriprovincial | Uniprovincial | Subdelegación | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Comisión territorial de asistencia al Delegado | Comisión de asistencia al Delegado | Comisión de asistencia al Subdelegado |
| Preside | Delegado del Gobierno | Delegado del Gobierno | Subdelegado del Gobierno |
| Integran | Subdelegados de las provincias | Secretario General y titulares que considere oportuno | Secretario General y titulares que considere oportuno |
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Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado
El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.
Datos clave
- El Servicio Exterior del Estado se rige por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
- También por su normativa de desarrollo.
- La Ley 40/2015 se aplica con carácter supletorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Servicio Exterior del Estado se rige por la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior y su normativa de desarrollo; esta Ley solo se aplica de forma supletoria.
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Artículo 81. Principios generales de actuación
El artículo 81 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fija los principios generales de actuación del sector público institucional.
1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.
2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.
Datos clave
- Principios: legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en su gestión.
- En materia de personal, incluido el laboral, se sujetan a las limitaciones de la normativa presupuestaria y de las previsiones anuales de los presupuestos generales.
- Todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes.
- La supervisión comprueba la subsistencia de los motivos de su creación y su sostenibilidad financiera.
- Debe incluir propuestas expresas de mantenimiento, transformación o extinción.
- Los entes autonómicos y locales se rigen por las disposiciones básicas de la ley (en particular, Capítulos I y VI y artículos 129 y 134) y por la normativa de la Administración de adscripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo el sector público institucional se somete a legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia; cada Administración supervisa de forma continua a sus entes y propone mantenerlos, transformarlos o extinguirlos.
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Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
El artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
1. Naturaleza y dependencia. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta redacción del apartado 1 procede de la disposición final 15.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con efectos desde el 9 de marzo de 2018.
2. Contenido mínimo. El Inventario contendrá, al menos, información actualizada sobre los siguientes aspectos de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional:
- naturaleza jurídica;
- finalidad;
- fuentes de financiación;
- estructura de dominio, en su caso;
- la condición de medio propio;
- regímenes de contabilidad, presupuestario y de control;
- la clasificación en términos de contabilidad nacional.
3. Actos inscribibles. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
Datos clave
- Es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional.
- Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Recoge, al menos, naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y clasificación en contabilidad nacional.
- Se inscriben, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
- La redacción vigente del apartado 1 tiene efectos desde el 9 de marzo de 2018 (disposición final 15.1 de la Ley 9/2017).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo de todas las entidades del sector público institucional, gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado.
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Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa que determina tal circunstancia.
2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las siguientes reglas:
a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuación.
b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
Datos clave
- Notifica el titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la Administración correspondiente.
- Plazo de notificación de los actos de creación, transformación, fusión o extinción: treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible.
- La norma o acto de creación se notifica electrónicamente en 30 días hábiles desde su entrada en vigor, con copia o enlace al Boletín Oficial, Estatutos o plan de actuación.
- La inscripción se practica dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
- Para el NIF definitivo y la letra identificativa, la Administración Tributaria exige la certificación de la inscripción en el Inventario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se inscriben en el Inventario los actos de las entidades del sector público institucional: notificación en treinta días hábiles a través de la intervención general, inscripción en quince días hábiles y certificado necesario para el NIF definitivo.
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Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal
El artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la composición y clasificación del sector público institucional estatal.
1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:
1. Organismos autónomos.
2. Entidades públicas empresariales.
3. Agencias estatales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios.
e) Las fundaciones del sector público.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.
2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sea de aplicación y por lo dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica.
Datos clave
- El sector público institucional estatal comprende siete tipos de entidades (letras a a g).
- Organismos públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
- También: autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
- Prohibido crear o controlar, directa o indirectamente, cualquier otro tipo de entidad distinta de las enumeradas.
- Excepciones: organismos internacionales o supranacionales, organismos de normalización y acreditación nacionales y sociedades de la Ley 27/1984, de 26 de julio.
- Universidades públicas no transferidas: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y supletoriamente esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de entidades del sector público institucional estatal: organismos públicos, autoridades independientes, sociedades, consorcios, fundaciones, fondos y universidades no transferidas. Fuera de ella no se puede crear ni controlar ninguna.
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Artículo 84 bis. Presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal.
El artículo 84 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal.
1. Ámbito personal. El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres será de aplicación a:
- las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables;
- las personas con contratos de alta dirección en las citadas entidades.
Se aplica de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada entidad.
2. Órganos colegiados. El principio de representación equilibrada se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades.
Datos clave
- Ámbito: entidades del sector público institucional estatal.
- Afecta a presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados que sean máximos responsables, y a contratos de alta dirección.
- Cada sexo no puede superar el sesenta por ciento ni ser menos del cuarenta por ciento en cada entidad.
- El principio se garantiza también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La horquilla del cuarenta al sesenta por ciento por sexo se aplica también a los máximos responsables y al personal de alta dirección de cada entidad del sector público institucional estatal, y a sus órganos colegiados de gobierno.
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Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua.
1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.
Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente.
2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.
3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular verificará, al menos, lo siguiente:
a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b) Su sostenibilidad financiera.
c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.
Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente.
4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en consideración:
a) La información económico financiera disponible.
b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa.
c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales.
Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad.
Datos clave
- Control de eficacia (apartado 2): lo ejerce el Departamento al que estén adscritas las entidades, a través de las inspecciones de servicios; evalúa el cumplimiento de objetivos y la adecuada utilización de los recursos según el plan de actuación.
- Supervisión continua (apartado 3): la ejerce el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, desde la creación hasta la extinción de la entidad.
- La supervisión continua verifica, al menos: la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación, la sostenibilidad financiera y la concurrencia de la causa de disolución por incumplimiento de fines.
- Plan de actuación: se aprueba en el momento de la creación, sus líneas estratégicas se revisan cada tres años y se completa con planes anuales.
- El resultado se plasma en un informe sujeto a procedimiento contradictorio, que puede contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue el control de eficacia, ejercido por el departamento de adscripción sobre el cumplimiento de objetivos y el uso de recursos, de la supervisión continua, ejercida por la IGAE desde la creación hasta la extinción para vigilar la subsistencia, sostenibilidad y posible disolución de la entidad.
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Artículo 86. Medio propio y servicio técnico
El artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la figura del medio propio y servicio técnico dentro del sector público institucional.
1. Remisión a la legislación de contratos. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. Requisitos para tener la consideración de medio propio. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.
b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
Se exige, por tanto, un requisito común (medios suficientes e idóneos en el sector de actividad de su objeto social) y, alternativamente, una de las dos circunstancias anteriores (eficiencia o seguridad pública/urgencia).
Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.
En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».
3. Creación de un nuevo medio propio. En el supuesto de creación de un nuevo medio propio y servicio técnico deberá acompañarse la propuesta de declaración de una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y que, en este supuesto de nueva creación, deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado.
Datos clave
- Pueden ser medios propios las entidades del sector público institucional que cumplan las condiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Requisito común: disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad de su objeto social.
- Además, alguna de estas circunstancias: a) opción más eficiente que la contratación pública, sostenible y eficaz con criterios de rentabilidad económica; b) necesidad por razones de seguridad pública o de urgencia.
- La comprobación de estos requisitos forma parte del control de eficacia de los medios propios.
- Su denominación debe incluir necesariamente «Medio Propio» o la abreviatura «M.P.».
- La creación de un nuevo medio propio exige memoria justificativa informada por la Intervención General de la Administración del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una entidad del sector público institucional es medio propio si tiene medios suficientes e idóneos y, además, es más eficiente que contratar o hace falta por seguridad pública o urgencia. Lleva «M.P.» en su nombre.
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Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal.
1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencias estatales, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas.
2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones.
La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por ley.
4. Cuando un organismo autónomo, entidad pública empresarial o Agencias Estatales se transforme en una entidad pública empresarial, Agencias Estatales, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el Real Decreto o la Ley mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
a) Una memoria que incluya:
1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurídica originaria.
2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente.
3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación.
b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
5. La aprobación del Real Decreto de transformación conllevará:
a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica.
b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.
Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá, por sí misma, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en la entidad transformada.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de “a extinguir”, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren.
De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.
Datos clave
- Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal puede transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de ellas.
- La transformación conserva la personalidad jurídica, se hace por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal de derechos y obligaciones.
- Se lleva a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificar la Ley de creación; la transformación en agencias estatales debe efectuarse por ley.
- Documentación: memoria (justificación, análisis de eficiencia y situación del personal) e informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado.
- La adaptación del personal no atribuye por sí misma la condición de funcionario público al personal laboral, y no puede derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, sociedades mercantiles estatales y fundaciones pueden transformarse unos en otros por Real Decreto, sin perder su personalidad jurídica; a agencia estatal, solo por ley.
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Artículo 88. Definición y actividades propias.
Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.
Datos clave
- Los organismos públicos son entidades dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado, directamente o a través de otro organismo público.
- Se crean para realizar actividades administrativas de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas y la supervisión o regulación de sectores económicos.
- Sus características deben justificar su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Definición de organismo público estatal: dependiente o vinculado a la AGE, directamente o a través de otro organismo, creado para ciertas actividades y cuyas características justifiquen descentralización funcional o independencia.
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Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades.
1. Los organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.
2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.
Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión.
- Les corresponden las potestades administrativas precisas para cumplir sus fines, en los términos de sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
- Los estatutos pueden atribuirles la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento.
- Sus actos y resoluciones en ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; ejercen las potestades administrativas precisas salvo la expropiatoria, y sus actos admiten los recursos administrativos de la LPAC.
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Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal.
1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto.
Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas.
La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.
2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:
a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno.
b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable.
Datos clave
- Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que determine su Estatuto.
- Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector, sin perjuicio de otros órganos de gobierno que prevea el estatuto.
- La dirección debe establecer un modelo de control orientado a una seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos.
- Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas clasificar las entidades en tres grupos, lo que determina el número máximo de miembros de los órganos de gobierno y la estructura organizativa y retributiva de directivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los organismos públicos se estructuran en órganos de gobierno y ejecutivos según su Estatuto, con Presidente y Consejo Rector como máximos órganos de gobierno; el Ministro de Hacienda los clasifica en tres grupos.
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Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales.
1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.
2. La Ley de creación establecerá:
a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación.
b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.
3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
Datos clave
- La creación de los organismos públicos se efectúa por Ley.
- La Ley de creación establece el tipo de organismo, sus fines generales y el Departamento de dependencia o vinculación, y, en su caso, recursos económicos y peculiaridades de régimen que exijan rango de Ley.
- El anteproyecto de ley que se eleve al Consejo de Ministros debe ir acompañado de propuesta de estatutos, plan inicial de actuación e informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los organismos públicos estatales se crean por Ley, que fija su tipo, fines y Departamento y, en su caso, recursos y peculiaridades de régimen; el anteproyecto va con estatutos, plan inicial e informe favorable de Hacienda.
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Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación.
1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos:
a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente.
b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.
c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.
d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado.
e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales.
2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo.
La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión.
3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la página web del organismo público al que corresponda.
Datos clave
- El plan inicial de actuación incluye, al menos: razones de la creación sin duplicidades, forma jurídica más eficiente, estructura organizativa, anteproyecto de presupuesto del primer ejercicio con estudio económico-financiero y objetivos con indicadores y programación plurianual.
- Los organismos públicos deben acomodar su actuación al plan inicial, que se actualiza anualmente con el plan anual de actuación.
- El plan anual se aprueba en el último trimestre del año natural por el departamento de adscripción y el plan de actuación incorpora cada tres años una revisión de la programación estratégica.
- La falta de aprobación del plan anual en plazo, por causa imputable al organismo, paraliza las transferencias a su favor con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo decisión distinta del Consejo de Ministros.
- El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hacen públicos en la página web del organismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el contenido mínimo del plan inicial de actuación (justificación de la creación, forma jurídica, estructura, presupuesto y objetivos) y su seguimiento anual, con la consecuencia de que la falta de aprobación del plan anual paraliza las transferencias del Estado al organismo.
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Artículo 93. Contenido de los estatutos.
1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:
a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar.
b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos.
d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.
2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.
3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público.
Datos clave
- Los estatutos regulan, al menos: funciones y competencias, estructura organizativa, patrimonio y recursos económicos, régimen de recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación, y la facultad de participar en sociedades mercantiles cuando sea imprescindible.
- Deben especificar los actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
- Se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.
- Deben aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contenido mínimo de los estatutos de los organismos públicos, aprobación por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta de Hacienda y del Ministerio de adscripción, y publicación previa a su funcionamiento.
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Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales.
1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.
2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos.
3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión.
Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda.
La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.
El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión.
4. La aprobación de la norma de fusión conllevará:
a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el plan de redimensionamiento.
b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.
Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismos donde se integren.
Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados.
De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados.
c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.
La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97.
La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
Datos clave
- Pueden fusionarse los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica, por extinción e integración en un nuevo organismo o por absorción por otro ya existente.
- La fusión se lleva a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificar la Ley de creación.
- Se acompaña de un plan de redimensionamiento que debe acreditar el ahorro generado, con informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Los bienes liquidables de un organismo en desequilibrio financiero pueden integrarse en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, cuya liquidación se efectúa durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma de fusión, salvo prórroga del Consejo de Ministros.
- La fusión conlleva la cesión e integración global de activo y pasivo, con sucesión universal, y no atribuye la condición de funcionario público al personal laboral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite fusionar organismos públicos de la misma naturaleza, por extinción e integración en uno nuevo o por absorción, mediante norma reglamentaria acompañada de un plan de redimensionamiento que acredite el ahorro, con sucesión universal de derechos y obligaciones y sin incremento de la masa salarial.
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Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes.
1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.
2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los siguientes:
a) Gestión de bienes inmuebles.
b) Sistemas de información y comunicación.
c) Asistencia jurídica.
d) Contabilidad y gestión financiera.
e) Publicaciones.
f) Contratación pública.
Datos clave
- La norma de creación de los organismos públicos incluye la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que se justifique en la memoria no compartirlos.
- La gestión de los servicios comunes se coordina por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.
- Servicios comunes, al menos: gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, publicaciones y contratación pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La norma de creación de un organismo público estatal incluirá la gestión compartida de servicios comunes, salvo que la memoria justifique no hacerlo por eficiencia, seguridad nacional o independencia; seis servicios comunes mínimos.
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Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales.
1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:
a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.
b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado.
c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.
d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua.
e) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
f) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.
2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras a), b), c), d) o e) del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución, en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador, y se comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
Datos clave
- Causas de disolución: transcurso del tiempo señalado en la ley de creación, asunción de la totalidad de fines por la Administración General del Estado, fines totalmente cumplidos, incumplimiento de fines según el control de eficacia o supervisión continua, otra causa de los estatutos o acuerdo del Consejo de Ministros.
- El titular del máximo órgano de dirección lo comunica al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolución.
- Si no se comunica en ese plazo, el organismo queda automáticamente disuelto y no puede realizar actos jurídicos, salvo los necesarios para su liquidación y extinción.
- El Consejo de Ministros adopta el acuerdo de disolución en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación y designa al liquidador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis causas por las que un organismo público estatal debe disolverse y un doble plazo de dos meses: para comunicarlo al departamento y para que el Consejo de Ministros acuerde la disolución. Si alguno se agota, queda disuelto automáticamente.
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Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales.
1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación.
2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática.
Datos clave
- Publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos sin publicarse, se entiende automáticamente iniciada la liquidación.
- La liquidación se realiza por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo en la Administración General del Estado, que sucede universalmente en derechos y obligaciones.
- La Administración General del Estado queda subrogada automáticamente en las relaciones jurídicas con los acreedores sin alterar las condiciones financieras de las obligaciones.
- Formalizada la liquidación, se produce la extinción automática del organismo público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Liquidación y extinción de organismos públicos estatales: inicio automático, cesión global del activo y pasivo a la AGE, que sucede universalmente y se subroga sin alterar condiciones financieras, y extinción automática al formalizarse.
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Artículo 98. Definición.
1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.
2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».
Datos clave
- Los organismos autónomos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión.
- Dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia.
- En su denominación debe figurar la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Definición de organismo autónomo: entidad de derecho público con personalidad, tesorería y patrimonio propios, instrumental y dependiente de la AGE, que debe llevar «organismo autónomo» u «O.A.» en su denominación.
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Artículo 99. Régimen jurídico.
Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.
Datos clave
- Los organismos autónomos se rigen por la Ley 40/2015, su ley de creación y sus estatutos.
- También se rigen por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo general y especial aplicables.
- En defecto de norma administrativa, se aplica el derecho común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Normas que rigen a los organismos autónomos: esta Ley, su ley de creación, estatutos, LPAC, contratos, patrimonio y demás derecho administrativo; en defecto de norma administrativa, derecho común.
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Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación.
1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.
El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado.
El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.
El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos.
2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.
Datos clave
- El personal de los organismos autónomos es funcionario o laboral.
- El nombramiento de los titulares de los órganos se rige por las normas aplicables a la Administración General del Estado.
- El organismo autónomo debe aplicar las instrucciones sobre recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y comunicarle los acuerdos adoptados en aplicación de su régimen específico de personal.
- La contratación se ajusta a la legislación sobre contratación del sector público y el titular del máximo órgano de dirección es el órgano de contratación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los organismos autónomos el personal es funcionario o laboral y la contratación sigue la legislación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección es el órgano de contratación y aplica las instrucciones de personal de Hacienda.
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Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas.
e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.
Datos clave
- Los organismos autónomos tienen un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares.
- Su gestión se rige por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
- Recursos económicos: bienes y valores del patrimonio, sus productos y rentas, consignaciones en los presupuestos generales del Estado, transferencias corrientes o de capital, donaciones, legados y patrocinios, y cualquier otro recurso autorizado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los organismos autónomos tienen patrimonio propio distinto del de la Administración, gestionado conforme a la Ley 33/2003, y seis fuentes posibles de recursos económicos.
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Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Datos clave
- Los organismos autónomos aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
- Es el artículo 102 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, dentro de la regulación de los organismos autónomos.
- La misma remisión a la Ley 47/2003 se aplica a las entidades públicas empresariales (artículo 108).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los organismos autónomos aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de la Ley 47/2003.
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Artículo 103. Definición
El artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las entidades públicas empresariales del sector público institucional estatal.
1. Concepto. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
2. Dependencia. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
3. Denominación. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».
Datos clave
- Son entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión.
- Se financian con ingresos de mercado, salvo las que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
- Junto con potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
- Dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta.
- Al ente de adscripción le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados y el control de eficacia.
- Su denominación debe incluir «entidad pública empresarial» o la abreviatura «E.P.E».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades públicas empresariales son entes de Derecho público que se financian con ingresos de mercado y, junto con potestades administrativas, prestan servicios o producen bienes de interés público con contraprestación. Llevan «E.P.E» en su nombre.
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Artículo 104. Régimen jurídico
Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.
Datos clave
- Regla general: las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado.
- Excepción: formación de la voluntad de sus órganos.
- Excepción: ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas.
- Excepción: aspectos regulados específicamente en la Ley 40/2015, su Ley de creación, sus estatutos y la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
- También en lo regulado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial aplicables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, salvo en la formación de voluntad de sus órganos, el ejercicio de potestades administrativas y lo regulado específicamente por las normas administrativas.
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Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas.
1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.
2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.
Datos clave
- Las potestades administrativas de las entidades públicas empresariales solo pueden ejercerlas los órganos a los que los estatutos asignen expresamente esa facultad.
- Los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en rango administrativo a los de la Administración General del Estado, salvo las excepciones fijadas en sus estatutos.
- La norma que fija ese régimen es el artículo 105 de la Ley 40/2015.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo los órganos de la EPE a los que sus estatutos asignen expresamente esa facultad pueden ejercer potestades administrativas; sus órganos no se asimilan en rango a los de la AGE, salvo excepción estatutaria.
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Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación.
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.
2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas:
a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.
5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.
6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.
Datos clave
- El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con excepciones para los funcionarios de la Administración General del Estado.
- El personal directivo se determina en los estatutos y el resto del personal se selecciona mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectúa controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y la gestión de recursos humanos.
- La Ley de creación determina las condiciones en que los funcionarios de la Administración General del Estado pueden cubrir destinos en la entidad.
- La contratación se rige por la legislación de contratos del sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de las entidades públicas empresariales es laboral, salvo los funcionarios de la Administración General del Estado; los directivos se nombran por experiencia y el resto entra por convocatoria pública con igualdad, mérito y capacidad.
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Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.
c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.
A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local.
Datos clave
- Las entidades públicas empresariales tienen patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, con gestión conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
- Se financian con ingresos de sus operaciones comerciales y con bienes y valores del patrimonio y sus productos y rentas.
- Excepcionalmente, si lo prevé la Ley de creación, pueden financiarse con consignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, transferencias corrientes o de capital y donaciones, legados y patrocinios.
- Se financian mayoritariamente con ingresos de mercado (productor de mercado según el Sistema Europeo de Cuentas), salvo las que sean o reúnan los requisitos para ser medio propio personificado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades públicas empresariales tienen patrimonio propio y viven sobre todo de lo que ingresan por sus operaciones; solo si lo prevé su Ley de creación pueden recibir dinero de los Presupuestos, transferencias o donaciones.
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Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Datos clave
- Las entidades públicas empresariales aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
- Es el artículo 108 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- La misma remisión a la Ley 47/2003 rige para los organismos autónomos (artículo 102).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades públicas empresariales aplican el régimen presupuestario, contable y de control de la Ley 47/2003.
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Artículo 108 bis. Definición.
1. Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias.
Las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley.
2. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza de Agencia Estatales deberá figurar en su denominación la indicación de “Agencia Estatal”.
Datos clave
- Las Agencias Estatales son entidades de derecho público con personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas.
- Las crea el Gobierno para cumplir los programas de las políticas públicas de la Administración General del Estado.
- Están dotadas de mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados.
- En su denominación debe figurar la indicación «Agencia Estatal».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Agencias Estatales son entes de derecho público creados por el Gobierno para ejecutar programas de políticas públicas de la Administración General del Estado, con autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados.
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Artículo 108 quater. Régimen jurídico de personal.
1. El personal al servicio de las Agencias Estatales está constituido por:
a) El personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la Agencia Estatal en el momento de su constitución.
b) El personal que se incorpore a la Agencia Estatal desde cualquier administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta ley.
c) El personal seleccionado por la Agencia Estatal, mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta Ley.
d) El personal directivo.
2. El personal a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior mantiene la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable.
3. El personal funcionario y estatutario se rige por la normativa reguladora de la función pública correspondiente, con las especialidades previstas en esta Ley y las que, conforme a ella, se establezcan en el estatuto de cada agencia estatal.
El personal laboral se rige por el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el resto de la normativa laboral.
4. La selección del personal al que se refiere la letra c) se realiza mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. A tal efecto, y en el período previsto en el contrato de gestión, las agencias estatales determinan sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas. La determinación de las necesidades de personal a cubrir se realizará con sujeción a la tasa de reposición que, en su caso, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente. La previsión de necesidades de personal se incorpora a la oferta anual de empleo de la correspondiente agencia estatal, que se integra en la oferta de empleo público estatal, de conformidad con lo que establezca la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
Las agencias estatales seleccionan a través de sus propios órganos de selección, a su personal laboral de acuerdo con los requisitos y principios establecidos en el párrafo anterior.
Las convocatorias de selección de personal funcionario se efectuarán por el Ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o escalas correspondientes, y, excepcionalmente por la propia agencia estatal mediante convenio suscrito al efecto.
Los órganos de representación del personal de la agencia estatal serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a cabo.
5. Las agencias estatales elaboran, convocan y, a propuesta de órganos especializados en selección de personal, resuelven las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario, de conformidad con los principios generales y procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública.
6. La movilidad de los funcionarios destinados en las agencias estatales podrá estar sometida a la condición de autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en sus estatutos y de acuerdo con la normativa de función pública.
7. Las agencias estatales disponen de su relación de puestos de trabajo, elaborada y aprobada por la propia agencia estatal dentro del marco de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión.
8. El personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto del Empleado Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de agencias estatales del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.
9. Los conceptos retributivos del personal funcionario y estatutario de las agencias estatales, son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se determinarán de conformidad con lo establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 anterior.
La masa salarial de las agencias estatales se autorizará en las condiciones que establezca la normativa aplicable. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o concepto equivalente del personal laboral, está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión.
10. El personal directivo de las agencias estatales es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas.
El personal directivo de las agencias estatales es nombrado y cesado por su Consejo Rector a propuesta de sus órganos ejecutivos, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados superiores preferentemente funcionarios, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
El proceso de provisión podrá ser realizado por los órganos de selección especializados a los que se refiere el apartado 5 de este artículo, que formularán propuesta motivada al director de la agencia estatal, incluyendo tres candidatos para cada puesto a cubrir.
Cuando el personal directivo de las agencias estatales tenga la condición de funcionario permanecerá en la situación de servicio activo en su respectivo cuerpo o escala o en la que corresponda con arreglo a la legislación laboral si se trata de personal de este carácter.
El estatuto de las agencias estatales puede prever puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir, en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección.
Al personal directivo de las agencias estatales, en todo caso, le será de aplicación el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El personal directivo está sujeto, en el desarrollo de sus cometidos, a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados.
El personal directivo percibe una parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante el complemento correspondiente que valore la productividad, de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por el Consejo Rector, a propuesta de los órganos directivos de la Agencia Estatal.
11. El órgano ejecutivo de la agencia estatal es el director. Es nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el Estatuto.
Datos clave
- Personal de las agencias: el que ocupa puestos en servicios integrados en el momento de su constitución, el incorporado desde cualquier Administración, el seleccionado mediante pruebas selectivas y el personal directivo.
- El personal funcionario y estatutario se rige por la normativa de función pública y el laboral por el Estatuto de los Trabajadores y la normativa laboral.
- La selección se hace mediante convocatoria pública conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con sujeción a la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- El personal directivo es nombrado y cesado por el Consejo Rector a propuesta de sus órganos ejecutivos; el estatuto puede prever puestos de máxima responsabilidad en régimen laboral mediante contratos de alta dirección.
- El órgano ejecutivo es el director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién trabaja en una agencia estatal y cómo entra: personal integrado, incorporado por provisión, seleccionado por pruebas y directivo. El Consejo Rector nombra a los directivos y al director, órgano ejecutivo de la agencia.
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Artículo 108 quinquies. Régimen económico financiero y contratación.
1. Las Agencias Estatales se financian con los siguientes recursos:
a) Las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
b) Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para otras entidades públicas, privadas o personas físicas.
c) La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio.
d) El rendimiento procedente de sus bienes y valores.
e) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares.
f) Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones.
g) Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir.
h) Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.
2. En aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos, y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las Agencias Estatales podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá los límites de esta financiación.
3. Los recursos que se deriven de los apartados b), e), f) y g) del número 1 anterior, y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las Agencias Estatales se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su Director.
4. El recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales, salvo que por Ley se disponga lo contrario. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto.
5. La contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público. Las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales, deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia.
Datos clave
- Recursos de las Agencias Estatales: transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, ingresos propios, enajenación de bienes y valores, rendimiento de bienes y valores, aportaciones voluntarias, patrocinio y demás ingresos autorizados.
- Los recursos de las letras b), e), f) y g) del apartado 1 no previstos inicialmente pueden destinarse a financiar mayores gastos por acuerdo de su Director.
- El endeudamiento está prohibido salvo que por Ley se disponga lo contrario; para desfases de tesorería pueden recurrir a pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto.
- La contratación se rige por la normativa aplicable al sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
De qué se financian las agencias estatales, cuándo pueden usar los recursos imprevistos y el tope de endeudamiento: prohibido salvo ley, con pólizas de tesorería mientras el saldo vivo no supere el 5 % del presupuesto.
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Artículo 108 sexies. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero.
1. El Consejo Rector elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal, conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión. El anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal será remitido al Ministerio de adscripción para su examen, que dará posterior traslado del mismo al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal.
2. La persona titular del Ministerio de Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo.
El presupuesto de gastos de las agencias estatales, tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan.
3. La autorización de las variaciones presupuestarias corresponde:
a) A la persona titular del Ministerio de Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente.
Así mismo, corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales, cuando exista informe negativo de la Intervención Delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al Ministro Hacienda.
b) A la persona titular de la Dirección de la propia agencia estatal, todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados b), e), f), y g) del artículo 108 quinquies por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la Comisión de Control.
4. Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente, podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona titular de la Dirección, dando cuenta a la Comisión de Control. Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión.
5. Las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno de los siguientes límites:
a) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro.
b) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes: El 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por ciento en el segundo ejercicio y el 50 por ciento en los ejercicios tercero y cuarto.
En el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación inicial.
El Gobierno podrá acordar la modificación de los límites anteriores en los casos especialmente justificados. A estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos.
6. La ejecución del presupuesto de las agencias estatales corresponde a sus órganos ejecutivos, que elaboran y remiten a la Comisión de Control, mensualmente, un estado de ejecución presupuestaria.
7. Las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica.
Corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales, en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal.
8. Las agencias estatales dispondrán de:
a) Un sistema de información económica que:
i) Muestre, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.
ii) Proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.
b) Un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión.
La Intervención General de la Administración del Estado establece los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos, que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria.
9. Las cuentas anuales de las agencias estatales se formulan por la persona titular de la Dirección en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado son sometidas al Consejo Rector, para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran.
Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
10. El control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica.
El control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, y se realizará bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará por las Intervenciones Delegadas en las Agencias Estatales, bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.
Sin perjuicio del control establecido en el párrafo anterior, las agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua que será ejercido, a través del seguimiento del contrato de gestión y hasta su aprobación a través del plan de actuación en los términos establecidos en el artículo 85.
Datos clave
- El Consejo Rector elabora y aprueba el anteproyecto de presupuesto, que se remite al Ministerio de adscripción y luego al Ministerio de Hacienda para su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado.
- El presupuesto de gastos tiene carácter limitativo por su importe global y estimativo para la distribución por categorías económicas, salvo gastos de personal, subvenciones nominativas y atenciones protocolarias, que son limitativos y vinculantes.
- Compromisos de gasto plurianuales: no más de cuatro ejercicios, con límites del 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, 60 por ciento en el segundo y 50 por ciento en el tercero y cuarto.
- Las cuentas anuales se formulan en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio y el Consejo Rector las aprueba antes del 30 de junio del año siguiente.
- Control: externo por el Tribunal de Cuentas e interno por la Intervención General de la Administración del Estado (control financiero permanente y auditoría pública).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ciclo presupuestario y de cuentas de las agencias estatales: el Consejo Rector aprueba el anteproyecto, los gastos plurianuales tienen topes del 70, 60 y 50, las cuentas se formulan en tres meses y se aprueban antes del 30 de junio.
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Artículo 108 ter. Régimen jurídico.
1. Las agencias estatales se rigen por esta ley y, en su marco, por el estatuto propio de cada una de ellas; y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.
2. La actuación de las agencias estatales se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión que ha de establecer, como mínimo y para el periodo de su vigencia, los siguientes extremos:
a) Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar.
b) Los planes necesarios para alcanzar los objetivos, con especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos.
c) Las previsiones máximas de plantilla de personal y el marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos.
d) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos, si bien serán automáticamente revisados de conformidad con el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.
e) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral.
f) El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales que, en su caso, se pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión que, en su caso, deban seguirse de tales déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse, en todo caso, a lo que establezca el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.
g) El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan.
3. En el contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades a que se refiere la letra e) del apartado anterior por incumplimiento de objetivos.
4. El Consejo Rector de cada agencia estatal aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión, en el plazo de tres meses desde su constitución.
Los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del anterior.
La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por Orden conjunta de los Ministerios de adscripción, de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda, en un plazo máximo de tres meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior.
5. En el seno del Consejo Rector se constituirá una Comisión de Control, con la composición que se determine en los estatutos.
Corresponde a la Comisión de Control informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deba conocer el propio Consejo y que se determinen en los Estatutos.
Datos clave
- Las agencias estatales se rigen por la ley y por su estatuto, con actuación conforme al plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión.
- El contrato de gestión establece objetivos, planes, previsiones de plantilla, recursos, efectos del grado de cumplimiento de objetivos, procedimiento de cobertura de déficits y de modificaciones anuales.
- El Consejo Rector aprueba la propuesta de contrato inicial en el plazo de tres meses desde la constitución; los posteriores se presentan en el último trimestre de la vigencia del anterior.
- El contrato se aprueba por Orden conjunta en el plazo máximo de tres meses desde su presentación; si no se aprueba en ese plazo, mantiene su vigencia el anterior.
- En el seno del Consejo Rector se constituye una Comisión de Control con la composición que determinen los estatutos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las agencias estatales actúan con un plan de acción anual y un contrato plurianual de gestión que fija objetivos, plantilla, recursos y responsabilidades; el Consejo Rector propone el inicial en tres meses y una Orden conjunta lo aprueba.
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Artículo 109. Definición.
1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».
Datos clave
- Son autoridades administrativas independientes las entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia, con funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas.
- Su independencia funcional o especial autonomía debe determinarse en una norma con rango de Ley.
- Actúan con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
- En su denominación debe figurar la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la AAI: entidad de derecho público vinculada a la AGE, con personalidad jurídica propia, que regula o supervisa un sector con independencia funcional fijada por ley.
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Artículo 110. Régimen jurídico.
1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.
2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Datos clave
- Se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión.
- Supletoriamente, y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por la Ley 40/2015, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, y por el resto de normas de derecho administrativo.
- En defecto de norma administrativa se aplica el derecho común.
- Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el orden de fuentes de una AAI: su ley de creación y estatutos, legislación sectorial y, solo supletoriamente, esta Ley y el resto del derecho administrativo.
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Artículo 111. Definición.
1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:
a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.
b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».
Datos clave
- Es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal.
- Hay control estatal cuando la participación directa en el capital social de la Administración General del Estado o de las entidades del sector público institucional estatal es superior al 50 por 100 (se suman las participaciones), o en el supuesto del artículo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores.
- En su denominación debe figurar la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la sociedad mercantil estatal por el control público de su capital: participación superior al 50% (sumando todo el sector público estatal) o el supuesto del art. 4 de la Ley del Mercado de Valores.
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Artículo 112. Principios rectores.
La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- La Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional, como titulares del capital social, persiguen la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de las sociedades mercantiles estatales.
- Para ello promueven buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad.
- Todo ello sin perjuicio de la supervisión general del accionista conforme a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Como accionistas de las sociedades mercantiles estatales, la AGE y el sector público institucional persiguen eficiencia, transparencia y buen gobierno, promoviendo buenas prácticas y códigos de conducta.
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Artículo 113. Régimen jurídico
Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.
Datos clave
- Fuentes: la Ley 40/2015, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el ordenamiento jurídico privado.
- Salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación.
- En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
- Excepcionalmente, la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sociedades mercantiles estatales se rigen por el Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación; no ejercen autoridad pública.
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Artículo 114. Creación y extinción.
1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá, al menos:
a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes.
b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado.
c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.
Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.
2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición sobrevenida de ese carácter se autoriza mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con propuesta de estatutos y plan de actuación.
- El plan de actuación contiene, al menos: razones de la creación sin duplicidades, análisis de que la forma jurídica es la más eficiente y objetivos anuales con indicadores.
- Se acompaña de informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o de la Intervención General de la Administración del Estado.
- La falta de aprobación del plan de actuación en plazo, por causa imputable a la sociedad, paraliza las aportaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado.
- La liquidación recae en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad del sector público institucional estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la creación de la sociedad mercantil estatal por acuerdo del Consejo de Ministros, con plan de actuación e informe preceptivo de Hacienda, y su liquidación a cargo de un órgano o entidad pública.
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Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado.
1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó.
2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- La responsabilidad del empleado público como miembro del consejo de administración es asumida directamente por la Administración General del Estado que lo designó.
- La Administración General del Estado puede exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que hubiera incurrido cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
- Se aplica a los miembros de los consejos de administración de sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La AGE asume directamente la responsabilidad del empleado público que designó consejero y puede exigirle de oficio la suya si hubo dolo, o culpa o negligencia graves.
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Artículo 116. Tutela.
1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.
2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad.
3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular de su capital.
4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución.
5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente.
6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.
Datos clave
- El Consejo de Ministros puede atribuir a un Ministerio la tutela funcional de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima; en su ausencia, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- El Ministerio de tutela ejerce el control de eficacia e instruye a la sociedad sobre las líneas de actuación estratégica.
- En casos excepcionales y justificados, el titular del departamento de tutela puede dar instrucciones a las sociedades cuando resulte de interés público.
- Si las instrucciones implican variación de los Presupuestos de Explotación y Capital, el órgano de administración no puede iniciar su cumplimiento sin autorización del órgano competente.
- Los administradores que ejecuten diligentemente las instrucciones quedan exonerados de la responsabilidad del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Establece la tutela funcional de la sociedad mercantil estatal: la ejerce el Ministerio que designe el Consejo de Ministros o, en su defecto, Hacienda, que controla la eficacia y puede dar instrucciones.
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Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal.
1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85.
2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.
3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado.
4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- Las sociedades mercantiles estatales elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación integrado en el Programa Plurianual.
- Formulan y rinden cuentas conforme al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad.
- Su gestión económico financiera está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas.
- El personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas aplicables según su adscripción al sector público estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sociedades mercantiles estatales hacen presupuesto anual de explotación y capital, llevan la contabilidad mercantil, las controla la IGAE y su personal, incluso directivo, es laboral.
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Artículo 118. Definición y actividades propias
1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.
4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».
Datos clave
- Consorcios: entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada (art. 118 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).
- Creados por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas.
- Finalidad: actividades de interés común dentro del ámbito de sus competencias.
- Actividades: fomento, prestacionales, gestión común de servicios públicos y otras previstas en las leyes.
- Pueden gestionar servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza.
- La denominación debe incluir «consorcio» o la abreviatura «C».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los consorcios son entes de Derecho público con personalidad propia, creados por varias Administraciones o entidades públicas, con o sin privados, para actividades de interés común; denominación «C».
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Artículo 119. Régimen jurídico
1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.
Datos clave
- Régimen: Ley 40/2015, normativa autonómica de desarrollo y estatutos del consorcio.
- Separación, disolución, liquidación y extinción no previstas: Código Civil sobre la sociedad civil.
- Excepción: la liquidación se somete al artículo 97 y, en su defecto, al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
- Carácter supletorio de las normas sobre consorcios locales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y la Ley 27/2013, de 21 de diciembre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos; en lo no previsto, por el Código Civil de la sociedad civil, salvo la liquidación, que sigue el art. 97.
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Artículo 120. Régimen de adscripción
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción.
Datos clave
- Los estatutos determinan la Administración Pública de adscripción.
- Ocho criterios ordenados por prioridad, referidos al primer día del ejercicio presupuestario; la adscripción rige por todo el ejercicio.
- Primer criterio: mayoría de votos en los órganos de gobierno.
- Criterio financiero: financiar más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida la actividad del consorcio.
- Último criterio: mayor número de habitantes o extensión territorial según los fines.
- Con participación de entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro.
- Cambio de adscripción: modificación de estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los ocho criterios en cascada (mayoría de votos, capacidad de nombrar órganos, financiación, participación patrimonial, población…) para adscribir el consorcio a una única Administración cada ejercicio.
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Artículo 121. Régimen de personal.
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones participantes, en cuyo caso su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar o cuando, tras un anuncio público de convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo restringida a las administraciones consorciadas, no fuera posible cubrir dicho puesto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones, en los términos previstos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- El personal de los consorcios puede ser funcionario o laboral y debe proceder de las Administraciones participantes.
- Su régimen jurídico es el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones no pueden superar las de puestos equivalentes en aquella.
- Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, u órgano competente de la Administración de adscripción, puede autorizar la contratación de personal por el consorcio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de los consorcios procede de las Administraciones participantes, con el régimen y el techo retributivo de la Administración de adscripción; solo por excepción se autoriza al consorcio a contratar personal propio.
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Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial.
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.
3. El órgano de control interno de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio, deberá realizar la auditoría de cuentas anuales de aquellos consorcios en los que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran, al menos, dos de las tres circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
b) Que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los consorcios del sector público administrativo, o la suma del importe de la cifra de negocios más otros ingresos de gestión, en el caso de los pertenecientes al sector público empresarial, sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
Mediante Ley, podrán modificarse los límites anteriores cuando la estructura y composición de los consorcios adscritos a una administración así lo requiera.
Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Cuando un consorcio, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o su adscripción al sector público correspondiente, los consorcios cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias que se señalan.
c) Aun cuando, según las circunstancias señaladas, no exista obligación de someter las cuentas anuales de un consorcio a auditoría de cuentas, los órganos de control interno podrán, en todo caso, incluir su realización en sus planes anuales de control y auditoría.
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos.
Datos clave
- Los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos.
- Auditoría de cuentas anuales: obligatoria cuando concurran al menos dos de tres circunstancias: activo superior a 2.400.000 euros, ingresos superiores a 2.400.000 euros y número medio de trabajadores superior a 50.
- Un cambio en el cumplimiento de las circunstancias solo produce efectos si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
- Los consorcios deben formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración de adscripción, y se rigen por sus normas patrimoniales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los consorcios siguen el régimen presupuestario, contable, de control y patrimonial de su Administración de adscripción, y su auditoría de cuentas es obligatoria si cumplen dos de tres umbrales: activo, ingresos y plantilla.
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Artículo 123. Creación.
1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.
2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:
a) Que su creación se autorice por ley.
b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.
c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Datos clave
- Los consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.
- Si participa la Administración General del Estado o sus organismos o entidades, la creación debe autorizarse por ley y el convenio requiere autorización previa del Consejo de Ministros.
- La competencia para suscribir el convenio no es delegable.
- Forman parte del convenio los estatutos, un plan de actuación y una proyección presupuestaria trienal, con informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y se publican en el «Boletín Oficial del Estado».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los consorcios se crean por convenio; si participa la AGE hace falta ley, autorización previa del Consejo de Ministros, firma indelegable y estatutos, plan y proyección presupuestaria trienal, con publicación en el BOE.
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Artículo 124. Contenido de los estatutos.
Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
a) Sede, objeto, fines y funciones.
b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.
c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.
d) Causas de disolución.
Datos clave
- Los estatutos de cada consorcio determinan la Administración Pública a la que estará adscrito y su régimen orgánico, funcional y financiero.
- Contenido mínimo: sede, objeto, fines y funciones; participantes y aportaciones; órganos de gobierno y administración con el régimen de adopción de acuerdos; y causas de disolución.
- Pueden incluirse cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplen sus compromisos de financiación y cláusulas de suspensión temporal del derecho de voto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los estatutos del consorcio fijan su adscripción, su régimen y al menos sede y fines, participantes y aportaciones, órganos y acuerdos, y causas de disolución, con cláusulas frente a incumplimientos.
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Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.
Datos clave
- Los miembros pueden separarse en cualquier momento si no se ha señalado término para la duración del consorcio.
- Si tiene duración determinada, pueden separarse antes de su finalización si algún miembro ha incumplido obligaciones estatutarias.
- Un municipio puede separarse cuando deje de prestar un servicio de los prestados por el consorcio, conforme a la Ley 7/1985.
- El derecho de separación se ejerce mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Separación del consorcio: libre si no tiene término; si tiene duración, solo por incumplimiento de otro miembro; y el municipio que deja de prestar el servicio. Se ejerce por escrito al máximo órgano.
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Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.
Datos clave
- El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto de miembros acuerden su continuidad y permanezcan al menos dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
- Si no hay disolución, se calcula la cuota de separación según la participación en el saldo del patrimonio neto si se hubiera liquidado, conforme a los estatutos.
- La efectiva separación se produce una vez determinada la cuota si es positiva, o una vez pagada la deuda si es negativa.
- Si el consorcio estaba adscrito a la Administración que se separa, el consorcio acuerda a quién se adscribe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La separación disuelve el consorcio salvo que queden al menos dos Administraciones o entidades de más de una Administración; si no se disuelve, se calcula una cuota de separación.
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Artículo 127. Disolución del consorcio.
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.
Datos clave
- La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción; es causa de disolución haber cumplido los fines para los que fue creado.
- El máximo órgano de gobierno, al acordar la disolución, nombra un liquidador, que será un órgano o entidad vinculada o dependiente de la Administración de adscripción.
- El liquidador calcula la cuota de liquidación de cada miembro según los estatutos; a falta de previsión se atiende a las aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año.
- Las entidades consorciadas pueden acordar la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público, lo que implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La disolución lleva a liquidación y extinción; el liquidador lo designa el máximo órgano entre entes de la Administración de adscripción y calcula cuotas según estatutos o aportaciones; cabe cesión global sin liquidación.
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Artículo 128. Definición y actividades propias
El artículo 128 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las fundaciones del sector público estatal y delimita sus actividades propias.
1. Concepto. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes:
a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.
b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente.
c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal.
2. Actividades propias. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación.
Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas.
En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.».
3. Financiación. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.
Datos clave
- Basta con reunir alguno de los tres requisitos: aportación mayoritaria (inicial o posterior), patrimonio público permanente o mayoría de votos en el patronato.
- Patrimonio integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por el sector público estatal.
- Actividades sin ánimo de lucro para fines de interés general, gratuitas o mediante contraprestación.
- Solo actividades del ámbito competencial de las entidades fundadoras, sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa.
- No pueden ejercer potestades públicas.
- Denominación obligatoria: «fundación del sector público» o «F.S.P.».
- Cabe aportación del sector privado de forma no mayoritaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una fundación es del sector público estatal si cumple cualquiera de tres requisitos: aportación mayoritaria estatal, patrimonio público en más del 50 por ciento o mayoría de votos en el patronato. No ejerce potestades públicas.
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Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.
1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:
a) Disponga de mayoría de patronos.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato.
e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
g) Si la aplicación de los anteriores no resultara determinante, se adscribirá a la Administración General del Estado, y, en el caso de que ésta no participe, se adscribirá a la administración que decida su patronato.
3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción.
5. Las fundaciones estarán sujetas al régimen presupuestario, económico financiero y de control de la Administración Pública a la que estén adscritas.
Datos clave
- Los estatutos de cada fundación determinan la Administración Pública a la que está adscrita.
- Criterios de adscripción por orden de prioridad, según la situación el primer día del ejercicio presupuestario: mayoría de patronos, facultad de nombrar o destituir a la mayoría de órganos ejecutivos, del personal directivo o del patronato, financiación de más del cincuenta por ciento y mayor porcentaje del fondo patrimonial.
- Si ninguno es determinante, se adscribe a la Administración General del Estado y, si no participa, a la que decida su patronato.
- El cambio de adscripción conlleva modificar los estatutos en un plazo no superior a tres meses desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente.
- Las fundaciones están sujetas al régimen presupuestario, económico financiero y de control de la Administración de adscripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A qué Administración se adscribe una fundación del sector público: lo dicen sus estatutos aplicando, por orden de prioridad y con la foto del primer día del ejercicio, una lista de criterios que acaba en la Administración General del Estado.
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Artículo 130. Régimen jurídico.
Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.
Datos clave
- Las fundaciones del sector público estatal se rigen por la Ley 40/2015, la Ley 50/2002, de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable y el ordenamiento jurídico privado.
- Se exceptúan las materias en que se aplica la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.
- Es el artículo 130 de la Ley 40/2015.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las fundaciones del sector público estatal se rigen por esta Ley, la Ley 50/2002 de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable y el Derecho privado, salvo en lo presupuestario, contable, de control y de contratación.
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Artículo 131. Régimen de contratación.
La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.
Datos clave
- La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajusta a la legislación sobre contratación del sector público.
- Es el artículo 131 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- La norma de referencia es la legislación de contratos del sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las fundaciones del sector público estatal contratan conforme a la legislación de contratación del sector público.
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Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal.
1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones.
2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.
3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- Las fundaciones del sector público estatal elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital, integrado con el Presupuesto General del Estado.
- Formulan y presentan sus cuentas según la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
- Aplican el régimen de la Ley 47/2003 y están sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas.
- Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por la normativa presupuestaria aplicable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fundaciones del sector público estatal: presupuesto anual de explotación y capital, contabilidad de entidades sin fines lucrativos, régimen de la Ley 47/2003 con control de la IGAE y personal sujeto al Derecho laboral.
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Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal.
1. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente.
3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que estará determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación.
Datos clave
- La creación de fundaciones del sector público estatal, o la adquisición sobrevenida de ese carácter, se realiza por ley que establece los fines y, en su caso, los recursos económicos.
- El anteproyecto de ley va acompañado de propuesta de estatutos, plan de actuación conforme al artículo 92 e informe preceptivo favorable.
- Los estatutos se aprueban por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una fundación del sector público estatal solo se crea (o adquiere ese carácter) por ley. El anteproyecto va con estatutos, plan de actuación e informe favorable de Hacienda o de la IGAE; los estatutos se aprueban por Real Decreto.
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Artículo 134. Protectorado.
El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Datos clave
- El Protectorado de las fundaciones del sector público lo ejerce el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida esa competencia.
- Vela por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones.
- Es sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua a que están sometidas conforme a la Ley 40/2015.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Protectorado de las fundaciones del sector público lo ejerce el órgano competente de la Administración de adscripción, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua.
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Artículo 135. Estructura organizativa.
En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- En las fundaciones del sector público estatal, la mayoría de miembros del patronato son designados por los sujetos del sector público estatal.
- La responsabilidad del empleado público como miembro del patronato la asume directamente la entidad o la Administración General del Estado que lo designó.
- La Administración General del Estado puede exigir de oficio la responsabilidad en caso de dolo, o culpa o negligencia graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En las fundaciones del sector público estatal la mayoría del patronato la designa el sector público estatal; la AGE asume la responsabilidad del empleado patrono y puede repetir por dolo o culpa grave.
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Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción.
A las fundaciones del sector público estatal le resultará de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97.
Datos clave
- A las fundaciones del sector público estatal se les aplica el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97.
- Son los mismos preceptos que regulan la fusión, la disolución y la liquidación de los organismos públicos estatales.
- Es el artículo 136 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las fundaciones del sector público estatal se fusionan, disuelven, liquidan y extinguen según los artículos 94, 96 y 97.
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Artículo 137. Creación y extinción.
1. La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado.
2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de rango reglamentario.
3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».
Datos clave
- La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectúa por Ley, que determina expresamente su adscripción a la Administración General del Estado.
- Con independencia de su creación por Ley, se extinguen por norma de rango reglamentario.
- En su denominación debe figurar «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El fondo carente de personalidad jurídica se crea por ley (que fija su adscripción a la AGE) y se extingue por norma reglamentaria; debe llevar «F.C.P.J.» en su denominación.
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Artículo 138. Régimen jurídico.
Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.
Datos clave
- Los fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por la Ley 40/2015 y por su norma de creación.
- Se rigen además por el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación.
- Es el artículo 138 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por la propia Ley de Régimen Jurídico, por su norma de creación y por las demás normas de derecho administrativo general y especial aplicables.
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Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero.
Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Datos clave
- Los fondos carentes de personalidad jurídica están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
- Es el artículo 139 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- La norma de referencia en materia presupuestaria y de control es la Ley 47/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los fondos sin personalidad jurídica siguen el régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Ley 47/2003.