Oposhark

Las actuaciones y el procedimiento de recaudación tributaria: la recaudación en período ejecutivo. Iniciación. Efectos. Recargos del período ejecutivo. Procedimiento de apremio: características, concurrencia y suspensión del procedimiento. Providencia de apremio: concepto y plazos para el pago. Las garantías de la deuda tributaria: tipos y ejecución de garantías.

Practica este tema con tests de Agentes de la Hacienda Pública (C1) — AEAT: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

Regístrate gratis

Artículo 28. Recargos del período ejecutivo.

1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de esta ley.

Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario.

Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

3. El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas apremiadas.

4. El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo.

5. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

6. No se devengarán los recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, salvo que la normativa sobre dicha asistencia establezca otra cosa.

Datos clave

  • Se devengan con el inicio del período ejecutivo (artículo 161).
  • Tres tipos, incompatibles entre sí, calculados sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.
  • Recargo ejecutivo: cinco por ciento, si se paga antes de la notificación de la providencia de apremio.
  • Recargo de apremio reducido: 10 por ciento, si se paga deuda y recargo en el plazo del artículo 62.5.
  • Recargo de apremio ordinario: 20 por ciento, compatible con los intereses de demora.
  • Con recargo ejecutivo o de apremio reducido no se exigen intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres recargos del período ejecutivo, incompatibles entre sí: ejecutivo (cinco por ciento), de apremio reducido (10 por ciento) y de apremio ordinario (20 por ciento). Solo el ordinario se acumula con intereses de demora.

Esquema

Recargos del período ejecutivo
RecargoPorcentajeCuándoIntereses de demora
EjecutivoEjecutivoCinco por cientoPago total antes de notificar la providencia de apremioNo
Apremio reducidoApremio reducido10 por cientoPago de deuda y recargo en el plazo del artículo 62.5No
Apremio ordinarioApremio ordinario20 por cientoResto de casosSí, compatible

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 77. Derecho de prelación.

El artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de prelación de la Hacienda Pública, primera de las garantías de la deuda tributaria.

1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley.

2. En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Datos clave

  • La Hacienda Pública tiene prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuando concurra con otros acreedores.
  • Excepción: acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito en el registro antes de que conste el derecho de la Hacienda Pública.
  • Todo ello sin perjuicio de la hipoteca legal tácita (artículo 78) y la afección de bienes (artículo 79).
  • En el proceso concursal, los créditos tributarios se someten a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda cobra antes que otros acreedores sus créditos tributarios vencidos y no pagados, salvo frente a derechos reales inscritos antes que el suyo; en concurso manda la Ley Concursal.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 78. Hipoteca legal tácita.

En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.

Datos clave

  • Se aplica a tributos que graven periódicamente bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos.
  • Beneficiarios: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
  • Preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque hayan inscrito sus derechos.
  • Alcanza a las deudas devengadas y no satisfechas del año natural en que se exija el pago y del inmediato anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los tributos que gravan periódicamente bienes inscribibles, la Hacienda Pública tiene preferencia de cobro sobre cualquier otro acreedor, aunque esté inscrito, por las deudas del año en curso y del inmediato anterior.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 79. Afección de bienes.

1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

2. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.

3. Siempre que la ley conceda un beneficio fiscal cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración tributaria hará figurar el importe total de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que los titulares de los registros públicos correspondientes harán constar por nota marginal de afección.

En el caso de que con posterioridad y como consecuencia de las actuaciones de comprobación administrativa resulte un importe superior de la eventual liquidación a que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente procederá a comunicarlo al registrador competente a los efectos de que se haga constar dicho mayor importe en la nota marginal de afección.

Datos clave

  • Los adquirentes de bienes afectos responden subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
  • Los bienes transmitidos quedan afectos al pago de los tributos que graven la transmisión, adquisición o importación, cualquiera que sea su poseedor.
  • Excepciones: tercero protegido por la fe pública registral, o adquisición con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial de bienes muebles no inscribibles.
  • Beneficios fiscales condicionados: se hace constar el importe de la liquidación sin beneficio mediante nota marginal de afección.
  • Si la comprobación arroja un importe superior, se comunica al registrador para hacerlo constar en la nota marginal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los bienes transmitidos quedan afectos al pago de los tributos que gravan esa transmisión: si la deuda no se paga, su adquirente responde subsidiariamente con ellos, salvo que esté protegido por la fe pública registral o haya actuado de buena fe en un establecimiento mercantil.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 80. Derecho de retención.

El artículo 80 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de retención como garantía de la deuda aduanera y fiscal.

La Administración tributaria tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías declaradas en las aduanas para el pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal, por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma.

Se trata, por tanto, de una garantía que opera frente a todos y que recae sobre un objeto concreto, las mercancías declaradas en las aduanas, cuya extensión se limita al importe de los derechos e impuestos liquidados, y que solo entra en juego cuando el pago de la deuda no se ha garantizado de forma suficiente.

Datos clave

  • Titular: la Administración tributaria.
  • El derecho de retención opera frente a todos.
  • Recae sobre las mercancías declaradas en las aduanas.
  • Garantiza el pago de la deuda aduanera y fiscal por el importe de los derechos e impuestos liquidados.
  • Procede cuando no se garantice de forma suficiente el pago de la deuda.

Artículo 81. Medidas cautelares.

1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.

La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación.

2. Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad internacional o supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española.

3. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

4. Las medidas cautelares podrán consistir en:

a) La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración tributaria. La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución.

b) El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.

c) La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.

d) La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad principal realicen a los contratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

e) Cualquier otra legalmente prevista.

5. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3.

6. Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.

Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente, o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la solicitud de suspensión.

7. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del apartado 8 de este artículo o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar.

b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.

c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente.

En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensión del ingreso, la Administración Tributaria deberá abonar los gastos de la garantía aportada.

d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de seis meses.

e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 253 de esta Ley o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción.

Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 253 de esta Ley, una vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda exceder de 18 meses.

Las medidas a que se refiere este párrafo e) podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada.

Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la suspensión contemplada en el artículo 305.5 del Código Penal, las medidas adoptadas se notificarán al Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación o levantamiento.

8. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrá acordarse el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria.

9. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración Tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena.

Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de la Administración Tributaria con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales.

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal.

Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.

Datos clave

  • Medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
  • Deben notificarse al afectado con expresa mención de los motivos.
  • Han de ser proporcionadas y en la cuantía estrictamente necesaria; nunca si producen un perjuicio de difícil o imposible reparación.
  • Pueden consistir en retención de devoluciones u otros pagos, embargo preventivo, prohibición de enajenar, gravar o disponer, retención de un porcentaje de pagos a contratistas o subcontratistas, o cualquier otra legalmente prevista.
  • Sus efectos cesan en seis meses desde su adopción, salvo conversión en embargos, desaparición de las circunstancias, sustitución por otra garantía o ampliación motivada de hasta seis meses.
  • Medidas en el procedimiento del artículo 253: cesan en veinticuatro meses; ampliación total máxima de 18 meses.
  • Deben levantarse si se presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Embargo preventivo de dinero y mercancías por actividades lucrativas sin establecimiento no declaradas, y de ingresos de espectáculos públicos no declarados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede adoptar medidas cautelares provisionales y proporcionadas si hay indicios de que el cobro se frustrará; duran seis meses salvo excepciones y tienen reglas propias en el delito fiscal.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 4

Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria.

1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente.

En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta Ley.

2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:

a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación.

b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.

Datos clave

  • Garantía ordinaria de aplazamientos y fraccionamientos: aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Si no es posible obtenerlos o comprometen gravemente la viabilidad de la actividad: hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra suficiente.
  • El obligado puede solicitar medidas cautelares en sustitución de las garantías.
  • Dispensa total o parcial: deudas de cuantía inferior a la fijada en la normativa tributaria.
  • Dispensa también cuando el obligado carezca de bienes suficientes y la ejecución afecte sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo o produzca graves quebrantos a la Hacienda Pública.
  • Y en los demás casos que establezca la normativa tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para aplazar o fraccionar, Hacienda puede pedir aval o seguro de caución; si no es posible, otras garantías o medidas cautelares, y puede dispensarlas en tres casos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 160. La recaudación tributaria.

1. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.

2. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse:

a) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62 de esta ley.

b) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.

Datos clave

  • La recaudación tributaria es el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
  • Dos períodos de recaudación: voluntario y ejecutivo.
  • Período voluntario: pago o cumplimiento del obligado en los plazos del artículo 62.
  • Período ejecutivo: pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, procedimiento administrativo de apremio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La recaudación busca el cobro de las deudas tributarias, en período voluntario (pago en los plazos del artículo 62) o ejecutivo (pago espontáneo o, en su defecto, apremio).

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 161. Recaudación en período ejecutivo.

1. El período ejecutivo se inicia:

a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.

No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho texto refundido.

3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Datos clave

  • Deudas liquidadas por la Administración: el período ejecutivo se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso del artículo 62.
  • Autoliquidación sin ingreso: al día siguiente de la finalización del plazo de ingreso o, si ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación.
  • La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo durante su tramitación, salvo denegación previa de otra solicitud sobre la misma deuda.
  • El recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impide el inicio del período ejecutivo hasta que sea firme en vía administrativa y finalice el plazo de ingreso voluntario.
  • La declaración de concurso no suspende el plazo voluntario de pago de las deudas concursales.
  • Iniciado el período ejecutivo, se recauda por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado.
  • Se exigen intereses de demora, recargos del período ejecutivo (artículos 26 y 28) y, en su caso, costas del apremio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El periodo ejecutivo empieza al día siguiente de vencer el plazo de ingreso; ciertas solicitudes y recursos lo retrasan y, una vez iniciado, se cobra por apremio con intereses, recargos y costas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 163. Carácter del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.

2. El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o con las normas del artículo siguiente.

La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le atribuye la Ley de conformidad con lo previsto en la legislación de conflictos jurisdiccionales.

3. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.

Datos clave

  • El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo.
  • La competencia para entender del mismo y resolver sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.
  • No es acumulable a los procedimientos judiciales ni a otros de ejecución.
  • No se suspende por la iniciación de aquéllos, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 2/1987, de Conflictos Jurisdiccionales, o en el artículo siguiente.
  • Se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites.
  • Una vez iniciado, sólo se suspende en los casos y forma previstos en la normativa tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El apremio es un procedimiento exclusivamente administrativo: no se acumula a los judiciales, se inicia de oficio y solo se suspende en los casos previstos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 164. Concurrencia de procedimientos.

El artículo 164 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la concurrencia de procedimientos.

1. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas:

1.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo.

2.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.

Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.

2. En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, en su caso, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa.

3. Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución que precisen para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos de ejecución.

4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria.

Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá únicamente la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.

Datos clave

  • Concurrencia con procedimientos singulares: el apremio es preferente si su embargo es el más antiguo.
  • Concurrencia con procedimientos concursales o universales: preferente si el embargo es anterior a la declaración del concurso.
  • En ambos casos se atiende a la fecha de la diligencia de embargo.
  • En concurso se aplican la Ley Concursal y la Ley General Presupuestaria, sin impedir la providencia de apremio en los casos previstos.
  • Derecho de abstención de la Hacienda Pública en los procesos concursales.
  • Condiciones singulares de pago no más favorables que las del convenio; basta la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el apremio concurre con otras ejecuciones, manda la antigüedad del embargo; en concurso rige la Ley Concursal y Hacienda puede abstenerse o pactar condiciones no más favorables que el convenio.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 165. Suspensión del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria.

2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.

3. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.

4. Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.

5. Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

Datos clave

  • El apremio se suspende en la forma prevista para recursos y reclamaciones económico-administrativas y en los demás supuestos de la normativa tributaria.
  • Suspensión automática, sin garantía, si se demuestra error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda.
  • También si la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o ha prescrito el derecho a exigir el pago.
  • La reclamación de tercería se formula ante el órgano administrativo competente.
  • Tercería de dominio: se suspende el apremio respecto de los bienes controvertidos, tras adoptar medidas de aseguramiento.
  • Tercería de mejor derecho: el procedimiento prosigue hasta la realización de los bienes y el producto se consigna en depósito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El apremio se puede parar por recurso con garantía, pero también de oficio y sin garantía cuando hay un error claro, y se complica si un tercero reclama la propiedad de lo embargado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 166. Conservación de actuaciones.

1. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad.

2. La anulación de los recargos u otros componentes de la deuda tributaria distintos de la cuota o de las sanciones no afectará a la validez de las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la deuda tributaria o sanciones no anulados.

Datos clave

  • La nulidad de determinadas actuaciones del apremio no afecta a las no afectadas por la causa de nulidad, que se conservan.
  • La anulación de recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no afecta a la validez de las actuaciones respecto de lo no anulado.
  • Se conservan las actuaciones relativas a los componentes o sanciones no anulados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si se anulan actuaciones del apremio, se conservan las no afectadas por la nulidad; y anular recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no invalida lo actuado sobre lo no anulado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 167. Iniciación del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago.

2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.

Datos clave

  • El apremio se inicia mediante providencia notificada que identifica la deuda, liquida los recargos del artículo 28 y requiere el pago.
  • La providencia de apremio es título suficiente y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.
  • Motivos de oposición tasados: extinción total de la deuda o prescripción; solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión.
  • También: falta de notificación de la liquidación y anulación de la liquidación.
  • También: error u omisión en la providencia que impida identificar al deudor o la deuda apremiada.
  • Sin pago en el plazo del artículo 62.5 se procede al embargo, advirtiéndose así en la providencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El apremio arranca con una providencia que vale como título ejecutivo, y solo se puede oponer por unos motivos tasados y muy concretos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 168. Ejecución de garantías.

Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.

No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.

Datos clave

  • Si la deuda está garantizada, se ejecuta en primer lugar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.
  • La Administración puede embargar y enajenar antes otros bienes si la garantía no es proporcionada a la deuda garantizada.
  • También puede hacerlo cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes.
  • En esos casos, la garantía queda sin efecto en la parte asegurada por los embargos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la deuda está garantizada, primero se ejecuta la garantía por apremio, aunque Hacienda puede embargar antes otros bienes si la garantía es desproporcionada o el obligado lo pide señalando bienes suficientes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 64. Derecho de prelación.

1. Conforme a lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles, practicadas con anterioridad a la del crédito de la Hacienda pública sobre unos mismos bienes embargados, el órgano de recaudación podrá elevar al órgano competente el expediente a efectos de acordar, si procede, el ejercicio de la acción de tercería de mejor derecho en defensa de los intereses de la Hacienda pública, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.

2. Cuando en los mencionados registros consten derechos inscritos o anotados con anterioridad a la anotación de embargo a favor de la Hacienda pública, y existiesen indicios de que dichas inscripciones o anotaciones pudiesen ser consecuencia de actuaciones realizadas en perjuicio de los derechos de la Hacienda pública, se trasladará copia de la documentación al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente, al efecto de determinar la procedencia, en su caso, de ejercer acciones legales en defensa del crédito público.

Datos clave

  • Desarrolla el artículo 77 de la Ley General Tributaria.
  • Anotaciones de embargo anteriores a la de la Hacienda pública sobre los mismos bienes: el órgano de recaudación puede elevar el expediente para ejercer la tercería de mejor derecho.
  • Se requiere informe previo del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.
  • Registros afectados: Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles.
  • Derechos inscritos con indicios de perjuicio a la Hacienda pública: se traslada copia al órgano de asesoramiento jurídico para valorar acciones legales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si hay embargos anotados antes que el de la Hacienda sobre los mismos bienes, puede ejercerse la tercería de mejor derecho; si hay indicios de inscripciones en perjuicio de la Hacienda, se acude al asesoramiento jurídico.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 65. Hipoteca legal tácita.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende que se exige el pago cuando se inicia el procedimiento de recaudación en periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio en que se haya inscrito en el registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate.

2. Tanto el acreedor hipotecario como el tercero adquirente tienen derecho a exigir la segregación de cuotas de los bienes que les interesen, cuando se hallen englobadas en un solo recibo con otras del mismo obligado al pago.

3. En orden a la ejecución de la hipoteca legal tácita se aplicará el artículo 74.4.

Datos clave

  • Desarrolla el artículo 78 de la Ley General Tributaria.
  • Se entiende que se exige el pago cuando se inicia la recaudación en periodo voluntario de los débitos del ejercicio en que se inscribió el derecho o se transmitieron los bienes.
  • El acreedor hipotecario y el tercero adquirente pueden exigir la segregación de cuotas englobadas en un solo recibo.
  • La ejecución de la hipoteca legal tácita se rige por el artículo 74.4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A efectos de la hipoteca legal tácita, se exige el pago al iniciarse la recaudación voluntaria del ejercicio de la inscripción o transmisión; acreedor hipotecario y adquirente pueden pedir la segregación de cuotas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 66. Otras hipotecas y derechos reales en garantía de los créditos de la Hacienda pública.

1. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo anterior, por débitos anteriores a los expresados en él o por mayor cantidad de la que de este resulta, podrá constituirse voluntariamente por el deudor o ser exigida por la Hacienda pública la constitución de hipoteca especial. Esta hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Hipotecaria.

2. En relación con otras deudas se podrá constituir voluntariamente, como garantía en favor de la Hacienda pública, en los casos de aplazamiento y fraccionamiento o en los demás supuestos previstos en la normativa que resulte de aplicación, hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento de la posesión o cualquier otro derecho real de garantía.

3. Si la garantía se hubiese constituido unilateralmente, su aceptación se hará por el órgano competente mediante documento administrativo, cuyo contenido se hará constar en el registro correspondiente.

Con carácter previo se podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la suficiencia de la garantía.

La Hacienda pública, en su caso, autorizará la cancelación de la garantía en la misma forma establecida para la aceptación.

4. La ejecución de estas garantías se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 74.

Datos clave

  • Hipoteca especial: constituida voluntariamente por el deudor o exigida por la Hacienda pública, para débitos anteriores o por mayor cantidad que la hipoteca legal tácita.
  • La hipoteca especial surte efecto desde su inscripción (artículo 145 de la Ley Hipotecaria).
  • Para otras deudas: hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento u otro derecho real de garantía.
  • La garantía unilateral se acepta por el órgano competente mediante documento administrativo inscrito en el registro.
  • Puede solicitarse informe previo al órgano de asesoramiento jurídico sobre su suficiencia.
  • La ejecución se rige por el artículo 74.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para débitos anteriores o mayores que los de la hipoteca legal tácita cabe hipoteca especial; para otras deudas, garantías reales voluntarias, aceptadas y canceladas por documento administrativo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 67. Afección y retención de bienes.

1. Para el ejercicio del derecho de afección se requerirá la declaración de responsabilidad subsidiaria en los términos establecidos en los artículos 174 y 176 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La nota marginal de afección será solicitada expresamente y de oficio por el órgano competente, a menos que la liquidación se consigne en el documento que haya de acceder al registro; en tal caso, la nota de afección se extenderá directamente por este último sin necesidad de solicitud al efecto.

2. El derecho de retención se ejercerá por los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías.

Datos clave

  • El ejercicio del derecho de afección requiere la declaración de responsabilidad subsidiaria (artículos 174 y 176 de la Ley General Tributaria).
  • La nota marginal de afección se solicita expresamente y de oficio por el órgano competente.
  • Si la liquidación consta en el documento que accede al registro, la nota se extiende directamente sin solicitud.
  • El derecho de retención lo ejercen los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de afección exige declarar la responsabilidad subsidiaria; la nota marginal se pide de oficio salvo que la liquidación conste en el documento registrable; la retención la ejercen los órganos que reciben las mercancías.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 69. Recaudación en periodo ejecutivo.

1. La recaudación en periodo ejecutivo se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario.

2. Iniciado el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, que se iniciará, a su vez, mediante la notificación de la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 70.

3. El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.

Datos clave

  • El periodo ejecutivo se inicia según el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria, respecto de los importes no satisfechos en periodo voluntario.
  • Iniciado el periodo ejecutivo, se recauda por el procedimiento de apremio.
  • El apremio se inicia con la notificación de la providencia de apremio (artículo 70).
  • Cabe pago total o parcial en periodo ejecutivo.
  • Si el pago no cubre deuda, recargo y costas, el procedimiento continúa por el resto impagado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El periodo ejecutivo se inicia según el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria por lo no pagado en voluntaria; se recauda por apremio, que empieza con la notificación de la providencia, y caben pagos parciales.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 70. Providencia de apremio.

1. La providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago.

2. La providencia de apremio deberá contener:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.

b) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.

c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora.

d) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.

e) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

f) Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.

g) Fecha de emisión de la providencia de apremio.

3. Son órganos competentes para dictar la providencia de apremio los que establezca la norma de organización específica.

En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de deudas de otras Administraciones públicas, la providencia de apremio será dictada por el órgano competente de dichas Administraciones.

4. En el caso de deudas a favor de la Hacienda pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, a los procedimientos de compensación de oficio y deducción sobre transferencias.

Datos clave

  • La providencia de apremio es el acto que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago.
  • Contiene identificación del obligado, concepto, importe y periodo de la deuda, y la indicación de que no ha sido satisfecha.
  • Incluye la liquidación del recargo del periodo ejecutivo y el requerimiento de pago en el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
  • Advierte del embargo si no se ingresa la deuda con el recargo de apremio reducido del 10 por ciento.
  • En caso de embargo se incluyen el recargo de apremio del 20 por ciento y los intereses de demora.
  • La dictan los órganos que establezca la norma de organización específica; en recaudación por convenio, el órgano de la otra Administración.
  • Deudas de entidades públicas con la Hacienda estatal: cabe compensación de oficio y deducción sobre transferencias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La providencia de apremio ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado; debe contener siete menciones, entre ellas el recargo reducido del 10 % y la advertencia del 20 % si no paga.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 71. Notificación de la providencia de apremio.

En la notificación de la providencia de apremio se harán constar al menos los siguientes extremos:

a) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.

b) Repercusión de costas del procedimiento.

c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.

d) Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.

e) Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.

Datos clave

  • La notificación de la providencia de apremio debe indicar el lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
  • Debe indicar la repercusión de costas del procedimiento.
  • Debe indicar la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
  • Debe indicar que la suspensión se producirá en los casos y condiciones de la normativa vigente.
  • Debe indicar los recursos procedentes, los órganos ante los que interponerlos y el plazo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La notificación de la providencia de apremio debe indicar al menos lugar de ingreso, costas, posibilidad de aplazar, cuándo se suspende el procedimiento y recursos procedentes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 72. Interés de demora del periodo ejecutivo.

1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.

Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.

2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.

3. El tipo de interés se aplicará de acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria o presupuestaria, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias respectivamente.

4. El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma:

a) Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.

b) En el supuesto al que se refiere el párrafo a), el órgano de recaudación competente podrá, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada.

c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior.

d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.

En los casos de los párrafos b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de la liquidación de los intereses de demora devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias, y la forma de cómputo del tiempo de devengo.

5. En el ámbito de competencias del Estado no se practicará liquidación por intereses de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la cifra que por orden fije el Ministro de Economía y Hacienda como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación.

Datos clave

  • El interés de demora se devenga desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha del ingreso.
  • No se exige si, sin suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, la deuda se paga totalmente antes de que concluya el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
  • La base del interés no incluye el recargo de apremio.
  • Tipo aplicable: normativa tributaria (deudas y sanciones tributarias) o presupuestaria (deudas no tributarias).
  • Pago tras el plazo del artículo 62.5: los intereses se liquidan posteriormente, aunque el órgano de recaudación puede exigirlos en el momento del pago.
  • En ejecución de bienes o garantías y en embargo de dinero pueden liquidarse los intereses en ese momento.
  • En el ámbito estatal no se liquidan intereses inferiores a la cifra mínima fijada por orden del Ministro de Economía y Hacienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En periodo ejecutivo se devengan intereses de demora desde su inicio hasta el ingreso, sin incluir el recargo en la base; no se exigen si se paga todo dentro del plazo del artículo 62.5, y regula cómo se liquidan.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 73. Suspensión del procedimiento de apremio.

El artículo 73 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la suspensión del procedimiento de apremio.

1. La suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa se tramitará y resolverá de acuerdo con las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

2. Cuando el interesado demuestre la existencia de error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que esta ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir su pago, se le notificará la suspensión de las actuaciones del procedimiento de apremio en tanto se dicte el acuerdo correspondiente.

Cuando la apreciación de las citadas circunstancias no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión, este podrá suspender las actuaciones y dará traslado al órgano competente. Este último informará al órgano de recaudación que estuviera tramitando el procedimiento de apremio sobre la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas.

La resolución que se adopte se notificará al interesado comunicándole, en su caso, la continuación del procedimiento de apremio.

3. La suspensión del procedimiento de apremio asociado al cobro de una liquidación vinculada a delito, tanto en sede del deudor principal como en sede del responsable, se tramitará y resolverá de acuerdo con el régimen regulado en los artículos 255, 256 y 258.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

4. La suspensión del procedimiento de recaudación seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en los apartados anteriores y en el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • La suspensión por recurso o reclamación económico-administrativa se rige por las normas de revisión en vía administrativa.
  • Se suspende si se demuestra error material, aritmético o de hecho, o que la deuda está ingresada, condonada, compensada, aplazada, suspendida o prescrita.
  • Si no es competente el órgano de recaudación que recibe la solicitud, puede suspender y da traslado al competente.
  • Liquidación vinculada a delito: artículos 255, 256 y 258.3 de la Ley 58/2003.
  • Asistencia mutua: además, el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuándo se suspende el apremio: por recurso (normas de revisión), por error o deuda ya extinguida, aplazada o prescrita, y con regímenes propios para liquidaciones vinculadas a delito y asistencia mutua.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 74. Ejecución de garantías.

El artículo 74 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la ejecución de garantías.

1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en su artículo 168, segundo párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.

En ningún caso será de aplicación en la ejecución de garantías lo dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.

3. Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos del obligado al pago susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este reglamento para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar.

4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona o entidad distinta del obligado al pago, se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del depósito constituido, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de sus bienes y derechos sin más trámite en virtud de la misma providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación de aquella. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el depósito a cancelar dichas cantidades.

6. La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda pública se realizará por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento de apremio.

Cuando se inicie la ejecución administrativa, el órgano de recaudación competente comunicará la orden de ejecución al Registrador de la Propiedad mediante mandamiento por duplicado para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas, con el contenido y efectos establecidos en el artículo 688 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El órgano de recaudación competente notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación.

En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 97 y con independencia del valor en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.

7. Se podrá continuar el procedimiento de apremio cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente, jurídica o económicamente, desde la fecha de su constitución, sin necesidad de esperar a su ejecución, mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente.

Datos clave

  • Si la deuda garantizada no se paga en el plazo del artículo 62.5, se ejecuta la garantía.
  • No se aplica el artículo 172.3 de la Ley 58/2003 en la ejecución de garantías.
  • Garantía personal (aval, fianza, seguro de caución): se requiere al garante hasta el límite garantizado.
  • Garantía real del obligado: enajenación por el procedimiento de bienes embargados de naturaleza igual o similar.
  • Depósito en efectivo: se requiere al depositario; si es la propia Administración, se aplica el depósito.
  • Hipotecas: mandamiento por duplicado al Registrador para la certificación de dominio y cargas (artículo 688 de la LEC).
  • Garantía manifiestamente insuficiente: se continúa el apremio mediante acuerdo motivado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la deuda garantizada no se paga en el plazo del apremio, se ejecuta la garantía: al garante se le requiere el pago, los bienes en garantía se enajenan y el depósito se aplica.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 113. Costas del procedimiento de apremio.

1. Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos que se originen durante su desarrollo. Estas costas serán exigidas al obligado al pago.

2. Están comprendidos en el concepto de costas del procedimiento los siguientes gastos:

a) Los honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados.

b) Los honorarios de los registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los registros públicos.

c) Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.

d) Los pagos realizados a acreedores, según se dispone en el artículo 77.2.

e) Los importes que el órgano de recaudación competente haya satisfecho como alquiler de negocio, en aquellos casos en que el derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio haya sido embargado.

f) Los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución.

3. No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.

Datos clave

  • Son costas los gastos que se originen durante el desarrollo del procedimiento de apremio, exigidas al obligado al pago.
  • Comprenden honorarios de profesionales ajenos en valoraciones, deslindes y enajenación, honorarios de registradores, depósito y administración de bienes y pagos a acreedores del artículo 77.2.
  • Incluyen los importes satisfechos como alquiler de negocio cuando se haya embargado el derecho de cesión del contrato de arrendamiento y los demás gastos que exija la ejecución.
  • No pueden incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define las costas del procedimiento de apremio (gastos de su desarrollo, a cargo del obligado al pago) y enumera qué conceptos entran y cuáles quedan fuera.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 115. Liquidación de las costas.

1. En la liquidación definitiva de cada expediente de apremio se incluirán las costas correspondientes.

2. Las costas que afecten a varios obligados al pago y no puedan imputarse a cada uno individualmente se distribuirán entre ellos proporcionalmente a sus respectivas deudas.

3. Ninguna partida de costas podrá ser exigida al obligado al pago si el expediente no incluye los recibos, facturas o minutas de honorarios que la acrediten.

4. Al entregar al obligado al pago el correspondiente justificante de pago, se hará constar en este, o por separado, según proceda, el importe de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que correspondan.

5. Procederá la devolución de las costas satisfechas en los casos de anulación de la liquidación o del procedimiento de apremio en que se hayan causado.

6. Cuando, ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, la parte restante será a cargo de la Administración.

Datos clave

  • Las costas se incluyen en la liquidación definitiva de cada expediente de apremio.
  • Las que afecten a varios obligados sin poder imputarse individualmente se distribuyen proporcionalmente a sus deudas.
  • Ninguna partida es exigible si el expediente no incluye los recibos, facturas o minutas que la acrediten.
  • Procede la devolución de las costas satisfechas si se anula la liquidación o el procedimiento de apremio.
  • Si lo obtenido no cubre las costas devengadas, la parte restante es a cargo de la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo se liquidan las costas del expediente de apremio: inclusión en la liquidación definitiva, reparto entre obligados, justificación documental y devolución.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3