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La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y extinción de las sanciones tributarias. Procedimiento sancionador en materia tributaria: iniciación, instrucción y terminación.

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Artículo 178. Principios de la potestad sancionadora.

La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en esta ley.

En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. El principio de irretroactividad se aplicará con carácter general, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley.

Datos clave

  • La potestad sancionadora tributaria se ejerce conforme a los principios de la materia administrativa con las especialidades de la Ley General Tributaria.
  • Son aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia.
  • El principio de irretroactividad se aplica con carácter general, teniendo en consideración el apartado 2 del artículo 10.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La potestad sancionadora tributaria sigue los principios administrativos con especialidades: legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia, e irretroactividad con carácter general.

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Artículo 179. Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias.

1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos.

2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.

d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.

A efectos de lo dispuesto en este apartado 2, en los supuestos a que se refiere el artículo 206 bis de esta Ley, no podrá considerarse, salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretación razonable de la norma señaladas en el párrafo anterior.

e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3. Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de esta ley y de las posibles infracciones que puedan cometerse como consecuencia de la presentación tardía o incorrecta de las nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes.

Se modifica el apartado 2 por el art. único.30 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .

Datos clave

  • Pueden ser sancionadas las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 cuando resulten responsables de los hechos.
  • No hay responsabilidad: falta de capacidad de obrar en el orden tributario, fuerza mayor, decisión colectiva (para quien salvó su voto o no asistió), diligencia necesaria y deficiencia técnica de los programas de asistencia de la Administración.
  • Se entiende puesta la diligencia necesaria al amparo de una interpretación razonable de la norma o de los criterios de las publicaciones y comunicaciones de los artículos 86 y 87.
  • En los supuestos del artículo 206 bis no se aprecia, salvo prueba en contrario, diligencia debida ni interpretación razonable.
  • Quien regulariza voluntariamente no incurre en responsabilidad por las infracciones de la presentación anterior, sin perjuicio del artículo 27.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo se sanciona a quien sea responsable de la infracción; hay causas tasadas que excluyen esa responsabilidad, y regularizar voluntariamente antes libra de sanción por lo anterior.

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Artículo 180. Principio de no concurrencia de sanciones tributarias.

El artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el principio de no concurrencia de sanciones tributarias.

1. Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción o como circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave o muy grave no podrá ser sancionada como infracción independiente.

2. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas.

Entre otros supuestos, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 191 de esta Ley será compatible con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 194 y 195 de esta Ley.

Asimismo, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 198 de esta Ley será compatible con las que procedan, en su caso, por la aplicación de los artículos 199 y 203 de esta Ley.

3. Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.

Datos clave

  • Una acción u omisión usada como criterio de graduación o para calificar la infracción como grave o muy grave no puede sancionarse como infracción independiente.
  • Varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones permiten imponer las sanciones de todas ellas.
  • La sanción del artículo 191 es compatible con las de los artículos 194 y 195.
  • La sanción del artículo 198 es compatible con las de los artículos 199 y 203.
  • Las sanciones son compatibles con el interés de demora y con los recargos del período ejecutivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un mismo hecho no se castiga dos veces si ya sirve para graduar o calificar la infracción; pero varias conductas permiten varias sanciones, compatibles además con intereses y recargos.

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Artículo 181. Sujetos infractores.

1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes.

Entre otros, serán sujetos infractores los siguientes:

a) Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes.

b) Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta.

c) Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

d) La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal.

e) Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o miembros.

f) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.

g) Los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia mutua.

h) La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. El sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principal a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 de esta ley en relación con la declaración de responsabilidad.

3. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción.

Se añade la letra h) al apartado 1 por el art. 13.17 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3

Se modifica el párrafo d) del apartado 1 por el art. único.32 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .

Se añade el párrafo g) al apartado 1, con efectos desde el 1 de enero de 2012, por la disposición final 1.uno.17 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20638 .

Datos clave

  • Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 que realicen las acciones u omisiones tipificadas.
  • Entre otros: contribuyentes y sustitutos, retenedores y obligados a ingresos a cuenta, obligados a obligaciones formales y entidad representante del grupo fiscal.
  • También: entidades obligadas a imputar o atribuir rentas, representante legal de quien carece de capacidad de obrar, obligados por asistencia mutua y entidad dominante del grupo de entidades del IVA.
  • El sujeto infractor es deudor principal a efectos del artículo 41.1.
  • La concurrencia de varios sujetos infractores determina que queden solidariamente obligados al pago de la sanción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Amplía quién puede ser sancionado más allá del propio contribuyente: retenedores, representantes, entidades del grupo... y si son varios, responden todos solidariamente del pago de la sanción.

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Artículo 182. Responsables y sucesores de las sanciones tributarias.

El artículo 182 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los responsables y sucesores de las sanciones tributarias.

1. Responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas o no de una deuda tributaria, las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a) y c) del apartado 1 y en los del apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, en los términos establecidos en dicho artículo. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 de esta Ley.

2. Responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a), g) y h) del apartado 1 del artículo 43 de esta Ley, en los términos establecidos en dicho artículo.

El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria será el previsto en el artículo 176 de esta Ley.

3. Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras.

Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a los sucesores de las mismas en los términos previstos en el artículo 40 de esta ley.

Datos clave

  • Responden solidariamente de las sanciones quienes estén en los párrafos a) y c) del artículo 42.1 y en el artículo 42.2, por el procedimiento del artículo 175.
  • Responden subsidiariamente quienes estén en los párrafos a), g) y h) del artículo 43.1, por el procedimiento del artículo 176.
  • Las sanciones no se transmiten a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras.
  • Las sanciones de sociedades y entidades disueltas se transmiten a sus sucesores según el artículo 40.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

De las sanciones responden solidariamente los del art. 42.1.a) y c) y 42.2 y subsidiariamente los del art. 43.1.a), g) y h); no pasan a herederos, pero sí a sucesores de sociedades disueltas.

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Artículo 183. Concepto y clases de infracciones tributarias.

1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.

2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves.

3. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica.

Datos clave

  • Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia tipificadas y sancionadas en esta u otra ley.
  • Se clasifican en leves, graves y muy graves.
  • Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se rigen por su normativa específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia tipificadas por ley; se clasifican en leves, graves y muy graves, y el contrabando va aparte.

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Artículo 184. Calificación de las infracciones tributarias.

1. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de esta ley.

Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave y, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de esta ley.

2. A efectos de lo establecido en este título, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 por ciento.

3. A efectos de lo establecido en este título, se consideran medios fraudulentos:

a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

Se consideran anomalías sustanciales:

1.º El incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

2.º La llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.

3.º La llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de esta circunstancia requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.

b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

c) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.

Datos clave

  • Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves según los artículos 191 a 206.
  • Cada infracción se califica de forma unitaria y, en multas proporcionales, la sanción se aplica sobre la totalidad de la base, salvo en el artículo 191.6.
  • Hay ocultación si la incidencia de la deuda derivada de ella en relación con la base de la sanción es superior al 10 por ciento.
  • Son medios fraudulentos las anomalías sustanciales en la contabilidad, el empleo de documentos falsos o falseados y la utilización de personas o entidades interpuestas.
  • La llevanza incorrecta es anomalía sustancial si su incidencia supera el 50 por ciento de la base de la sanción.
  • Los documentos falsos o falseados son medio fraudulento si su incidencia supera el 10 por ciento de la base de la sanción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada infracción se califica de una sola vez como leve, grave o muy grave, y aquí se definen dos conceptos clave para subir esa calificación: la ocultación (umbral 10%) y los medios fraudulentos.

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Artículo 185. Clases de sanciones tributarias.

1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.

Datos clave

  • Las infracciones tributarias se sancionan con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, con sanciones no pecuniarias.
  • Las sanciones no pecuniarias tienen carácter accesorio.
  • Las sanciones pecuniarias pueden consistir en multa fija o proporcional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las infracciones tributarias se sancionan con sanciones pecuniarias (multa fija o proporcional) y, cuando proceda, con sanciones no pecuniarias accesorias.

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Artículo 186. Sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy graves.

1. Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior a 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:

a) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave.

b) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave.

2. Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción muy grave sea de importe igual o superior a 60.000 euros y se haya utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:

a) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera sido igual o superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 euros, respectivamente.

b) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera sido igual o superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 euros, respectivamente.

3. Cuando las autoridades o las personas que ejerzan profesiones oficiales cometan infracciones derivadas de la vulneración de los deberes de colaboración de los artículos 93 y 94 de esta ley y siempre que, en relación con dicho deber, hayan desatendido tres requerimientos según lo previsto en el artículo 203 de esta ley, además de la multa pecuniaria que proceda, podrá imponerse como sanción accesoria la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público por un plazo de tres meses.

La suspensión será por un plazo de doce meses si se hubiera sancionado al sujeto infractor con la sanción accesoria a la que se refiere el párrafo anterior en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán profesiones oficiales las desempeñadas por registradores de la propiedad y mercantiles, notarios y todos aquellos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del Estado, comunidades autónomas, entidades locales u otras entidades de derecho público.

4. Cuando se imponga la sanción prevista en el artículo 202.3 de esta Ley se podrán imponer, además, las sanciones accesorias previstas en el apartado 1 de este artículo.

Se añade el apartado 4 por el art. 5.12 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20843

Datos clave

  • Caben sanciones accesorias si la multa por infracción grave o muy grave es igual o superior a 30.000 euros y se aplicó el criterio de comisión repetida.
  • En ese caso, pérdida de subvenciones y beneficios fiscales rogados y prohibición de contratar durante un año (grave) o dos años (muy grave).
  • Si la multa por infracción muy grave es igual o superior a 60.000 euros, los plazos son de tres, cuatro o cinco años según la sanción alcance 60.000, 150.000 o 300.000 euros.
  • Autoridades y profesiones oficiales que desatiendan tres requerimientos de colaboración: suspensión de tres meses, o de doce meses si hubo sanción accesoria firme en los cuatro años anteriores.
  • Son profesiones oficiales las de registradores de la propiedad y mercantiles, notarios y quienes ejerzan funciones públicas sin percibir directamente haberes públicos.
  • La sanción del artículo 202.3 permite imponer además las sanciones accesorias del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la multa es alta y hay reincidencia, además de la multa caben sanciones accesorias: perder subvenciones o beneficios fiscales y no poder contratar con la Administración, con plazos que crecen según el importe.

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Artículo 187. Criterios de graduación de las sanciones tributarias.

1. Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, en la medida en que resulten aplicables:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias.

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

A estos efectos se considerarán de la misma naturaleza las infracciones previstas en un mismo artículo del capítulo III de este título. No obstante, las infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 de esta ley se considerarán todas ellas de la misma naturaleza.

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes, salvo que se establezca expresamente otra cosa:

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción leve, el incremento será de cinco puntos porcentuales.

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 15 puntos porcentuales.

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción muy grave, el incremento será de 25 puntos porcentuales.

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.

El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la relación existente entre:

1.º La base de la sanción; y

2.º La cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente obtenida.

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 por ciento e inferior o igual al 25 por ciento, el incremento será de 10 puntos porcentuales.

Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento, el incremento será de 15 puntos porcentuales.

Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o igual al 75 por ciento, el incremento será de 20 puntos porcentuales.

Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento, el incremento será de 25 puntos porcentuales.

c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación.

Se entenderá producida esta circunstancia cuando dicho incumplimiento afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto de la comprobación o investigación o cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento, la Administración tributaria no pueda conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de facturación.

En el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo 201 de esta ley, se entenderá producida esta circunstancia cuando el incumplimiento afecte a más del 20 por ciento de los documentos de circulación expedidos o utilizados en el período objeto de comprobación o investigación.

d) Acuerdo o conformidad del interesado.

En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, salvo que se requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación resultante no sea objeto de recurso o reclamación económico-administrativa.

En el procedimiento de inspección se aplicará este criterio de graduación cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad.

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción que resulte de la aplicación de los criterios previstos en los párrafos anteriores de este apartado se reducirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.

Datos clave

  • Criterios de graduación, aplicables exclusivamente y de forma simultánea: comisión repetida, perjuicio económico, incumplimiento sustancial de facturación o documentación, y acuerdo o conformidad del interesado.
  • Comisión repetida: sanción firme en vía administrativa por infracción de la misma naturaleza dentro de los cuatro años anteriores; incremento de la sanción mínima de 5 puntos (leve), 15 (grave) o 25 (muy grave).
  • Los artículos 191, 192 y 193 se consideran todos de la misma naturaleza.
  • Perjuicio económico: más del 10 % hasta el 25 %, 10 puntos; más del 25 % hasta el 50 %, 15 puntos; más del 50 % hasta el 75 %, 20 puntos; más del 75 %, 25 puntos.
  • Incumplimiento sustancial de facturación: afecta a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación.
  • Acuerdo o conformidad: en verificación de datos y comprobación limitada, si la liquidación no se recurre; en inspección, con acta con acuerdo o de conformidad; la sanción se reduce según el artículo siguiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sanciones solo se pueden graduar por 4 criterios tasados y acumulables: repetición de infracciones, perjuicio económico, incumplimiento sustancial de facturación y acuerdo o conformidad.

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Artículo 188. Reducción de las sanciones.

1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes:

a) Un 65 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 155 de esta Ley.

b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) En los supuestos previstos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito, cuando no se ingresen las cantidades derivadas del acta con acuerdo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en los plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se hubiera concedido por la Administración tributaria con garantía de aval o certificado de seguro de caución.

b) En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.

3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 40 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:

a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.

b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción.

El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.

La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo.

4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo se exija el importe de la reducción practicada, no será necesario interponer recurso independiente contra dicho acto si previamente se hubiera interpuesto recurso o reclamación contra la sanción reducida.

Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se entenderá que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el importe total de la sanción, y se extenderán los efectos suspensivos derivados del recurso a la reducción practicada que se exija.

Datos clave

  • Se aplica a las sanciones pecuniarias de los artículos 191 a 197 de la Ley 58/2003.
  • Reducción del 65 por ciento en las actas con acuerdo.
  • Reducción del 30 por ciento en los supuestos de conformidad.
  • Reducción adicional del 40 por ciento por ingreso en plazo sin recurso ni reclamación.
  • La reducción del 40 por ciento no se aplica a las actas con acuerdo.
  • El importe reducido se exige sin más requisito que la notificación si se interpone recurso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las multas de los arts. 191-197 bajan un 65% si hay acta con acuerdo o un 30% si hay conformidad, y encima un 40% más si se paga todo sin recurrir; pero esas rebajas se pueden perder y exigir de vuelta.

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Artículo 189. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias.

1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes sanciones.

2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones.

3. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria.

Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos.

4. La prescripción se aplicará de oficio por la Administración tributaria, sin necesidad de que la invoque el interesado.

Datos clave

  • La responsabilidad por infracciones se extingue por fallecimiento del sujeto infractor y por prescripción.
  • El plazo de prescripción para imponer sanciones es de cuatro años desde la comisión de la infracción.
  • Interrumpe la prescripción cualquier acción administrativa con conocimiento formal del interesado conducente a la sanción o a la regularización.
  • También la interrumpen los recursos o reclamaciones, la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal y las actuaciones en esos procedimientos.
  • La prescripción se aplica de oficio, sin necesidad de que la invoque el interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La responsabilidad por infringir se extingue al morir el infractor o a los 4 años sin que la Administración actúe; y ese plazo se corta con cualquier acción administrativa o recurso notificado, aplicándose de oficio.

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Artículo 190. Extinción de las sanciones tributarias.

1. Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.

2. Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el capítulo IV del título II de esta ley.

En particular, la prescripción del derecho para exigir el pago de las sanciones tributarias se regulará por las normas establecidas en la sección tercera del capítulo y título citados relativas a la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

3. La recaudación de las sanciones se regulará por las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley.

4. Las sanciones tributarias ingresadas indebidamente tendrán la consideración de ingresos indebidos a los efectos de esta ley.

Datos clave

  • Las sanciones se extinguen por pago o cumplimiento, prescripción, compensación, condonación y fallecimiento de todos los obligados.
  • Se aplica el capítulo IV del título II de la Ley 58/2003.
  • La prescripción del derecho a exigir su pago sigue las normas de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
  • La recaudación se rige por el capítulo V del título III.
  • Las sanciones ingresadas indebidamente son ingresos indebidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sanciones ya impuestas se extinguen igual que una deuda: pago, prescripción del cobro, compensación, condonación o muerte de todos los obligados; y si se ingresan de más, son ingresos indebidos.

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Artículo 191. Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación.

1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161, ambos de esta ley.

También constituye infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en atribución de rentas.

La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción.

2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.

La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.

b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

c) Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta.

La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.

3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.

La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.

b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.

c) Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje inferior o igual al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.

La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.

La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.

4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.

La infracción también será muy grave, aunque no se hubieran utilizado medios fraudulentos, cuando se hubieran dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.

La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.

5. Cuando el obligado tributario hubiera obtenido indebidamente una devolución y como consecuencia de la regularización practicada procediera la imposición de una sanción de las reguladas en este artículo, se entenderá que la cuantía no ingresada es el resultado de adicionar al importe de la devolución obtenida indebidamente la cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación y que el perjuicio económico es del 100 por ciento.

En estos supuestos, no será sancionable la infracción a la que se refiere el artículo 193 de esta ley, consistente en obtener indebidamente una devolución.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, siempre constituirá infracción leve la falta de ingreso en plazo de tributos o pagos a cuenta que hubieran sido incluidos o regularizados por el mismo obligado tributario en una autoliquidación presentada con posterioridad sin cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 27 de esta ley para la aplicación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

Lo previsto en este apartado no será aplicable cuando la autoliquidación presentada incluya ingresos correspondientes a conceptos y períodos impositivos respecto a los que se hubiera notificado previamente un requerimiento de la Administración tributaria.

Datos clave

  • Es infracción dejar de ingresar en plazo la deuda que resultaría de la correcta autoliquidación, salvo regularización conforme al artículo 27 o aplicación del artículo 161.1.b).
  • Base de la sanción: la cuantía no ingresada en la autoliquidación.
  • Leve: base igual o inferior a 3.000 euros o, siendo superior, sin ocultación; multa proporcional del 50 por ciento.
  • Grave: base superior a 3.000 euros con ocultación; multa del 50 al 100 por ciento.
  • Muy grave: medios fraudulentos, o retenciones e ingresos a cuenta no ingresados superiores al 50 por ciento de la base; multa del 100 al 150 por ciento.
  • Con devolución indebida, la cuantía no ingresada suma la devolución y lo que debió ingresarse, y el perjuicio económico es del 100 por ciento.
  • Es siempre leve la falta de ingreso regularizada en autoliquidación posterior sin los requisitos del artículo 27.4, salvo requerimiento previo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es la infracción por excelencia: no pagar lo que salía de tu propia autoliquidación. Se gradúa en leve/grave/muy grave según la cuantía, la ocultación y si hay medios fraudulentos.

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Artículo 192. Infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones.

1. Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, incluidos los relacionados con las obligaciones aduaneras, para que la Administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 de esta ley.

La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

La base de la sanción será la cuantía de la liquidación cuando no se hubiera presentado declaración, o la diferencia entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.

2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.

La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.

b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.

3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.

La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.

b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.

La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.

La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.

4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.

La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.

Datos clave

  • Es infracción no presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos, incluidos los aduaneros, necesarios para liquidar tributos no autoliquidados.
  • Base: la cuantía de la liquidación si no hubo declaración, o la diferencia con la que procedía según los datos declarados.
  • Leve: base igual o inferior a 3.000 euros o sin ocultación; multa proporcional del 50 por ciento.
  • Grave: base superior a 3.000 euros con ocultación; multa del 50 al 100 por ciento.
  • Muy grave: uso de medios fraudulentos; multa del 100 al 150 por ciento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es el equivalente del art. 191 pero para los tributos que liquida la Administración: no presentar completa y correcta la declaración necesaria para que pueda liquidar.

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Artículo 193. Infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones.

1. Constituye infracción tributaria obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de la comisión de la infracción.

2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.

La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.

b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.

3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.

La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.

b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.

La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.

La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.

4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.

La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.

Datos clave

  • Es infracción obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
  • Base: la cantidad devuelta indebidamente.
  • Leve: base igual o inferior a 3.000 euros o sin ocultación; multa proporcional del 50 por ciento.
  • Grave: base superior a 3.000 euros con ocultación; multa del 50 al 100 por ciento.
  • Muy grave: uso de medios fraudulentos; multa del 100 al 150 por ciento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obtener indebidamente devoluciones es infracción leve, grave o muy grave según la base (3.000 euros), la ocultación, los documentos falsos, la contabilidad incorrecta y los medios fraudulentos; multa del 50 % al 150 %.

Esquema

Devoluciones indebidas
LeveGraveMuy grave
CuándoBase ≤ 3.000 € o sin ocultaciónBase > 3.000 € con ocultación, documentos falsos o libros incorrectos >10 % y ≤50 %Medios fraudulentos
Multa50 %50 al 100 %100 al 150 %

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Artículo 194. Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.

1. Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido.

La infracción tributaria prevista en este apartado será grave.

La base de la sanción será la cantidad indebidamente solicitada.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento.

2. Asimismo, constituye infracción tributaria solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos siempre que, como consecuencia de dicha conducta, no proceda imponer al mismo sujeto sanción por alguna de las infracciones previstas en los artículos 191, 192 ó 195 de esta ley, o en el primer apartado de este artículo.

La infracción tributaria prevista en este apartado será grave y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.

Datos clave

  • Solicitar indebidamente devoluciones, sin obtenerlas, omitiendo datos relevantes o incluyendo datos falsos es infracción grave.
  • Base: la cantidad indebidamente solicitada; multa proporcional del 15 por ciento.
  • Solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales es infracción grave con multa fija de 300 euros.
  • Esta última procede solo si no cabe sancionar por los artículos 191, 192 o 195 o por el apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A diferencia del art. 193, aquí la devolución nunca llega a cobrarse: por eso la multa es mucho más baja (15%) o incluso una cantidad fija (300 €) si es un beneficio fiscal indebido.

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Artículo 195. Infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.

1. Constituye infracción tributaria determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.

También se incurre en esta infracción cuando se declare incorrectamente la renta neta, las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un período impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de devoluciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o investigación cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación.

La infracción tributaria prevista en este artículo será grave.

La base de la sanción será el importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas. En el supuesto previsto en el segundo párrafo de este apartado, se entenderá que la cantidad indebidamente determinada o acreditada es el incremento de la renta neta o de las cuotas repercutidas, o la minoración de las cantidades o cuotas a deducir o de los incentivos fiscales, del período impositivo.

2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 por ciento si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes.

3. Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este artículo serán deducibles en la parte proporcional correspondiente de las que pudieran proceder por las infracciones cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la compensación o deducción de los conceptos aludidos, sin que el importe a deducir pueda exceder de la sanción correspondiente a dichas infracciones.

Datos clave

  • Es infracción determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos a compensar o deducir en declaraciones futuras, propias o de terceros.
  • La infracción es grave.
  • Base: el importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas.
  • Multa del 15 por ciento si son partidas de la base imponible y del 50 por ciento si son partidas de la cuota o créditos tributarios aparentes.
  • Estas sanciones son deducibles de las que procedan después por la compensación o deducción de esos conceptos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es la infracción de 'inflar' compensaciones o deducciones para usarlas en el futuro, aunque todavía no hayan causado falta de ingreso ni devolución; si luego sí se usan, la sanción de este artículo se descuenta de la posterior.

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Artículo 196. Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.

1. Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles o resultados a los socios o miembros por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas. Esta acción u omisión no constituirá infracción por la parte de las bases o resultados que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción a la entidad sometida al régimen de imputación de rentas por la comisión de las infracciones de los artículos 191, 192 ó 193 de esta ley.

La infracción prevista en este artículo será grave.

La base de la sanción será el importe de las cantidades no imputadas. En el supuesto de cantidades imputadas incorrectamente, la base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación con las diferencias negativas, entre las cantidades que debieron imputarse a cada socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.

2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 40 por ciento.

Datos clave

  • Infracción: imputar incorrectamente o no imputar bases o resultados a socios o miembros por entidades en régimen de imputación de rentas.
  • No hay infracción por la parte ya sancionada a la entidad por los artículos 191, 192 o 193.
  • La infracción es grave.
  • Base: cantidades no imputadas o suma de diferencias positivas sin compensar con las negativas.
  • Multa pecuniaria proporcional del 40 por ciento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es la infracción propia de las entidades en régimen de imputación de rentas cuando reparten mal las bases entre sus socios.

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Artículo 197. Infracción tributaria por imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.

1. Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta a los socios o miembros por las entidades sometidas al régimen de imputación de rentas. Esta acción no constituirá infracción por la parte de las cantidades incorrectamente imputadas a los socios o partícipes que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción a la entidad sometida a un régimen de imputación de rentas por la comisión de las infracciones de los artículos 191, 192 ó 193 de esta ley.

La infracción prevista en este artículo será grave.

La base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación con las diferencias negativas, entre las cantidades que debieron imputarse a cada socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.

2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento.

Datos clave

  • Infracción: imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta a los socios o miembros.
  • No hay infracción por la parte ya sancionada a la entidad por los artículos 191, 192 o 193.
  • La infracción es grave.
  • Base: suma de diferencias con signo positivo, sin compensación con las negativas.
  • Multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es infracción grave que una entidad en régimen de imputación de rentas impute mal deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta a sus socios; multa del 75 % sobre las diferencias positivas sin compensar.

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Artículo 198. Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.

1. Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública.

La infracción prevista en este apartado será leve.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros o, si se trata de declaraciones censales o la relativa a la comunicación de la designación del representante de personas o entidades cuando así lo establezca la normativa, de 400 euros.

Si se trata de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad de los previstos en el apartado anterior.

Si se hubieran presentado en plazo autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos y posteriormente se presentara fuera de plazo sin requerimiento previo una autoliquidación o declaración complementaria o sustitutiva de las anteriores, no se producirá la infracción a que se refiere el artículo 194 ó 199 de esta ley en relación con las autoliquidaciones o declaraciones presentadas en plazo y se impondrá la sanción que resulte de la aplicación de este apartado respecto de lo declarado fuera de plazo.

3. Si se hubieran realizado requerimientos, la sanción prevista en el apartado 1 de este artículo será compatible con la establecida para la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria en el artículo 203 de esta ley por la desatención de los requerimientos realizados.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, la sanción por no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.

El importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la falta de presentación en plazo se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

5. También constituye infracción tributaria incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo por las personas físicas que no realicen actividades económicas.

La infracción prevista en este apartado será leve.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 100 euros.

6. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones que pueda conceder una autoridad aduanera o de las condiciones a que quedan sujetas las mercancías por aplicación de la normativa aduanera, cuando dicho incumplimiento no constituya otra infracción prevista en este capítulo.

La infracción prevista en este apartado será leve.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros.

Se modifica el apartado 4 por el art. 13.19 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3

Datos clave

  • No presentar en plazo sin perjuicio económico es infracción leve: multa fija de 200 euros, o de 400 euros en declaraciones censales o designación de representante.
  • Declaraciones informativas de los artículos 93 y 94: 20 euros por dato, con un mínimo de 300 y un máximo de 20.000 euros.
  • Presentación fuera de plazo sin requerimiento previo: sanción y límites a la mitad.
  • Documentos aduaneros sin deuda aduanera: uno por 1.000 del valor de las mercancías, mínimo de 100 y máximo de 6.000 euros (mínimo de 600 euros en la declaración sumaria de entrada).
  • No comunicar el domicilio fiscal o su cambio (personas físicas sin actividades económicas): leve, multa fija de 100 euros.
  • Incumplir las condiciones de autorizaciones aduaneras: leve, multa fija de 200 euros.
  • Si hubo requerimientos, la sanción es compatible con la del artículo 203.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula las infracciones leves por incumplimientos formales sin perjuicio económico: no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, no comunicar el domicilio fiscal y no cumplir las condiciones de autorizaciones aduaneras.

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Artículo 199. Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.

1. Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información.

También constituirá infracción tributaria presentar las autoliquidaciones, las declaraciones, los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

Las infracciones previstas en este artículo serán graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.

Si se presentan autoliquidaciones, declaraciones u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.

3. Si se presentan declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.

4. Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido, inexacto o falso.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad cuando la declaración haya sido presentada por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos y exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250 euros.

5. Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500 euros.

Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 o 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente. En caso de que el porcentaje sea inferior al 10 por ciento, se impondrá multa pecuniaria fija de 500 euros.

La sanción será del 1 por ciento del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250 euros.

6. La sanción a la que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo se graduará incrementando la cuantía resultante en un 100 por ciento en el caso de comisión repetida de infracciones tributarias.

7. Tratándose de declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.

No obstante, el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

Si las declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Se modifica el apartado 7 por el art. 13.20 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3

Se modifican los apartados 1, 2, 4, 5 y 7 por el art. único.33 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .

Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 por el art. 1.11 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416 .

Datos clave

  • Las infracciones de este artículo son graves.
  • Autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos: 150 euros; por medios no electrónicos siendo obligatorios: 250 euros.
  • Declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos: 250 euros.
  • Datos no monetarios de requerimientos o declaraciones de los artículos 93 y 94: 200 euros por dato; 100 euros por dato en papel, con un mínimo de 250 euros.
  • Datos monetarios: hasta el 2 por ciento de las operaciones, mínimo de 500 euros; 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento si superan el 10, 25, 50 o 75 por ciento.
  • Comisión repetida: incremento del 100 por ciento en las sanciones de los apartados 4 y 5.
  • Documentos aduaneros sin deuda aduanera: uno por 1.000 del valor, mínimo de 100 (600 en la declaración sumaria de entrada) y máximo de 6.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sanciona presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, declaraciones o contestaciones a requerimientos de información, así como no usar los medios electrónicos obligatorios; todas las infracciones de este artículo son graves.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 200. Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.

El artículo 200 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tipifica la infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales. Su redacción actual, establecida por el artículo único.34 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, entró en vigor el 1 de enero de 2017.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras:

a) La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos por las normas tributarias.

b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado.

c) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.

d) La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario.

e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y registros establecidos por las normas tributarias.

f) La autorización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito.

g) El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente.

2. La infracción prevista en este artículo será grave.

3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los párrafos siguientes.

La inexactitud u omisión de operaciones o la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda se sancionará con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de los cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o recogidos en cuentas con significado distinto del que les corresponda, con un mínimo de 150 y un máximo de 6.000 euros.

La no llevanza o conservación de la contabilidad, los libros y los registros exigidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados se sancionará con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio al que se refiere la infracción, con un mínimo de 600 euros.

La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario se sancionará con multa pecuniaria fija de 600 euros por cada uno de los ejercicios económicos a los que alcance dicha llevanza.

El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o libros y registros exigidos por las normas tributarias se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.

El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente, se sancionará con multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

La utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.

Datos clave

  • La infracción por incumplir obligaciones contables y registrales es grave.
  • Sanción general: multa pecuniaria fija de 150 euros.
  • Inexactitud u omisión o cuentas con significado distinto: 1 por ciento de los cargos, abonos o anotaciones, con un mínimo de 150 y un máximo de 6.000 euros.
  • No llevar o no conservar la contabilidad: 1 por ciento de la cifra de negocios, con un mínimo de 600 euros.
  • Contabilidades distintas: 600 euros por cada ejercicio económico.
  • Retraso de más de cuatro meses o libros sin diligenciar: 300 euros.
  • Retraso en los Libros Registro a través de la Sede electrónica: 0,5 por ciento del importe de la factura, mínimo trimestral de 300 y máximo de 6.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Incumplir las obligaciones contables y registrales es siempre infracción grave; la multa base es de 150 euros, con cuantías propias para cada conducta.

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Artículo 201. Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación.

El artículo 201 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación», dispone lo siguiente.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, la de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.

2. La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será grave en los siguientes supuestos:

a) Cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la obligación de facturación, salvo lo dispuesto en la letra siguiente de este apartado y en el apartado 3 de este artículo. Entre otros, se considerarán incluidos en esta letra los incumplimientos relativos a la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas o documentos sustitutivos.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

b) Cuando el incumplimiento consista en la falta de expedición o en la falta de conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del dos por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya emitido o conservado la correspondiente factura o documento.

3. La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será muy grave cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

4. También constituye infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a la correcta expedición o utilización de los documentos de circulación exigidos por la normativa de los impuestos especiales, salvo que constituya infracción tipificada en la ley reguladora de dichos impuestos.

La infracción prevista en este apartado será leve.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros por cada documento incorrectamente expedido o utilizado.

5. Las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se graduarán incrementando la cuantía resultante en un 100 por ciento si se produce el incumplimiento sustancial de las obligaciones anteriores.

Datos clave

  • Infracción: incumplir las obligaciones de facturación, como la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas.
  • Grave por incumplir requisitos de facturación: multa del 1 por ciento del importe de las operaciones.
  • Grave por falta de expedición o conservación: multa del 2 por ciento, o 300 euros por operación si no se conoce el importe.
  • Muy grave por facturas con datos falsos o falseados: multa del 75 por ciento.
  • Documentos de circulación de impuestos especiales: infracción leve con multa de 150 euros por documento.
  • Incremento del 100 por ciento si hay incumplimiento sustancial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Incumplir la facturación es grave (1 % o 2 %) o muy grave si hay facturas falsas (75 %); los documentos de circulación de impuestos especiales son leves, y el incumplimiento sustancial dobla la sanción.

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Artículo 201 bis. Infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

1. Constituye infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;

b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;

c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;

d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;

e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;

f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

2. Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado.

3. Las infracciones previstas en este artículo serán graves.

4. La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones de la letra f) del apartado 1 de este artículo se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado.

La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

Téngase en cuenta que este artículo, añadida por el art. 13.21 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3 , entra en vigor el 11 de octubre de 2021, según establece la disposición final 7.a) de la citada Ley.

Se añade por el art. 13.21 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3

Esta modificación entra en vigor el 11 de octubre de 2021, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de la citada Ley, según establece su disposición final 7.a).

Datos clave

  • Es infracción fabricar, producir o comercializar sistemas que permitan contabilidades distintas, ocultar, registrar distinto o alterar transacciones, que incumplan el artículo 29.2.j) o que no se certifiquen.
  • También es infracción la tenencia de sistemas no ajustados al artículo 29.2.j), no certificados o con dispositivos certificados alterados.
  • Quien haya sido sancionado por fabricación o comercialización no puede serlo por tenencia.
  • Las infracciones son graves.
  • Fabricación o comercialización: 150.000 euros por ejercicio y por tipo de sistema; falta de certificado: 1.000 euros por sistema comercializado.
  • Tenencia: multa fija de 50.000 euros por cada ejercicio.
  • Artículo añadido por la Ley 11/2021, de 9 de julio, en vigor el 11 de octubre de 2021.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tipifica como infracción tributaria fabricar, producir o comercializar sistemas informáticos de facturación o contabilidad que permitan ocultar o alterar operaciones, así como tener un sistema no certificado debiendo estarlo; ambas infracciones son graves.

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Artículo 202. Infracción tributaria por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del número de identificación fiscal o de otros números o códigos.

El artículo 202 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tipifica la infracción por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del número de identificación fiscal o de otros números o códigos.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal y de otros números o códigos establecidos por la normativa tributaria o aduanera.

La infracción prevista en este apartado será leve, salvo que constituya infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.

2. La infracción prevista en el apartado 1 será grave cuando se trate del incumplimiento de los deberes que específicamente incumben a las entidades de crédito en relación con la utilización del número de identificación fiscal en las cuentas u operaciones o en el libramiento o abono de los cheques al portador.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del cinco por ciento de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, o del importe de la operación o depósito que debería haberse cancelado, con un mínimo de 1.000 euros.

El incumplimiento de los deberes relativos a la utilización del número de identificación fiscal en el libramiento o abono de los cheques al portador será sancionado con multa pecuniaria proporcional del cinco por ciento del valor facial del efecto, con un mínimo de 1.000 euros.

3. También constituye infracción tributaria comunicar datos falsos o falseados en las solicitudes de número de identificación fiscal provisional o definitivo.

La infracción prevista en este apartado será muy grave.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 30.000 euros.

Datos clave

  • Incumplir las obligaciones de utilización del número de identificación fiscal y de otros números o códigos es infracción leve con multa fija de 150 euros.
  • Es grave cuando afecta a deberes específicos de las entidades de crédito: 5 por ciento de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 1.000 euros.
  • Cheques al portador: 5 por ciento del valor facial del efecto, con un mínimo de 1.000 euros.
  • Comunicar datos falsos o falseados en solicitudes de NIF provisional o definitivo es muy grave: multa fija de 30.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Usar mal el NIF u otros códigos es leve (150 euros); es grave para las entidades de crédito (5 %, mínimo 1.000 euros) y muy grave dar datos falsos al pedir el NIF (30.000 euros).

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Artículo 203. Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.

1. Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.

Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria las siguientes conductas:

a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.

b) No atender algún requerimiento debidamente notificado.

c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.

d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias.

e) Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.

2. La infracción prevista en este artículo será grave.

3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.

4. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria consista en desatender en el plazo concedido requerimientos distintos a los previstos en el apartado siguiente, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de:

a) 150 euros, si se ha incumplido por primera vez un requerimiento.

b) 300 euros, si se ha incumplido por segunda vez el requerimiento.

c) 600 euros, si se ha incumplido por tercera vez el requerimiento.

5. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria se refiera a la aportación o al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento por personas o entidades que realicen actividades económicas del deber de comparecer, de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, o del deber de aportar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en:

a) Multa pecuniaria fija de 300 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

b) Multa pecuniaria fija de 1.500 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.

c) Multa pecuniaria proporcional de hasta el dos por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a aquél en que se produjo la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros, cuando no se haya comparecido o no se haya facilitado la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto. Si el importe de las operaciones a que se refiere el requerimiento no atendido representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, uno, 1,5 y dos por ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente.

Si los requerimientos se refieren a la información que deben contener las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el tres por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural a aquél en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 600.000 euros. Si el importe de las operaciones a que se refiere el requerimiento no atendido representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno, 1,5, dos, y tres por ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente.

En caso de que no se conozca el importe de las operaciones o el requerimiento no se refiera a magnitudes monetarias, se impondrá el mínimo establecido en los párrafos anteriores.

No obstante, cuando con anterioridad a la terminación del procedimiento sancionador se diese total cumplimiento al requerimiento administrativo, la sanción será de 6.000 euros.

6. En el caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, se le sancionará de la siguiente forma:

a) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que no desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:

1.º Multa pecuniaria fija de 1.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

2.º Multa pecuniaria fija de 5.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.

3.º Si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:

– Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.

– Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conoce el importe de las operaciones requeridas, en multa pecuniaria proporcional del 0,5 por ciento del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la renta del sujeto infractor que corresponda al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.

b) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:

1.º Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

2.º Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos:

a) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

b) Multa pecuniaria fija de 15.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.

c) Si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:

– Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

– Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conociera el importe de las operaciones requeridas, la sanción será del 1 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

En cualquiera de los casos contemplados en este apartado, si el obligado tributario diese total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de la finalización del procedimiento sancionador o, si es anterior, de la finalización del trámite de audiencia del procedimiento de inspección, el importe de la sanción será de la mitad de las cuantías anteriormente señaladas.

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera a actuaciones en España de funcionarios extranjeros realizadas en el marco de la asistencia mutua.

8. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas conforme a lo dispuesto en los artículos 146, 162 y 210 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del dos por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a aquel en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 3.000 euros.

Se añade el apartado 6 y se renumeran los anteriores 6 y 7 como 7 y 8 por el art. 1.12 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416 .

Se renumera el apartado 6 como 7 y se añade el 6, con efectos desde el 1 de enero de 2012, por la disposición final 1.uno.18 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20638 .

Datos clave

  • La resistencia, obstrucción, excusa o negativa es infracción grave con multa fija general de 150 euros.
  • Requerimientos ordinarios desatendidos: 150, 300 y 600 euros por el primer, segundo y tercer incumplimiento.
  • Actividades económicas: 300 euros (primer requerimiento), 1.500 euros (segundo) y hasta el 2 por ciento de la cifra de negocios, con mínimo de 10.000 y máximo de 400.000 euros (tercero).
  • Información de declaraciones de los artículos 93 y 94: hasta el 3 por ciento de la cifra de negocios, con mínimo de 15.000 y máximo de 600.000 euros.
  • Cumplimiento total antes de terminar el procedimiento sancionador: sanción de 6.000 euros.
  • En inspección: 1.000 y 5.000 euros sin actividades económicas; 3.000 y 15.000 euros con ellas; tercer requerimiento con mínimos de 10.000 o 20.000 euros.
  • En inspección, cumplir antes del fin del sancionador o del trámite de audiencia reduce la sanción a la mitad.
  • Quebrantamiento de medidas cautelares (artículos 146, 162 y 210): 2 por ciento de la cifra de negocios, con un mínimo de 3.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (no facilitar documentos, no atender requerimientos, incomparecencia, impedir el acceso a locales, coacciones); infracción grave que escala según el número de requerimientos desatendidos.

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Artículo 204. Infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento del deber de sigilo que el artículo 95 de esta ley exige a retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta.

La infracción prevista en este artículo será grave.

2. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 300 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera sido comunicado indebidamente.

La sanción se graduará incrementando la cuantía anterior en el 100 por ciento si existe comisión repetida de la infracción.

Datos clave

  • Infracción: incumplir el deber de sigilo del artículo 95 por retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta.
  • La infracción es grave.
  • Multa fija de 300 euros por cada dato o conjunto de datos de una misma persona o entidad comunicado indebidamente.
  • Incremento del 100 por ciento si existe comisión repetida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Incumplir el deber de sigilo del artículo 95 por retenedores y obligados a ingresos a cuenta es infracción grave: 300 euros por cada dato o conjunto de datos de una persona, más 100 % si hay comisión repetida.

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Artículo 205. Infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta.

1. Constituye infracción tributaria no comunicar datos o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, cuando se deriven de ello retenciones o ingresos a cuenta inferiores a los procedentes.

2. La infracción será leve cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar autoliquidación que incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

La base de la sanción será la diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente y la efectivamente practicada durante el período de aplicación de los datos falsos, incompletos o inexactos.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 35 por ciento.

3. La infracción será muy grave cuando el obligado tributario no tenga obligación de presentar autoliquidación que incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

La base de la sanción será la diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente y la efectivamente practicada durante el período de aplicación de los datos falsos, incompletos o inexactos.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento.

Datos clave

  • Infracción: no comunicar o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al pagador cuando resulten retenciones inferiores a las procedentes.
  • Leve si el obligado debe presentar autoliquidación con esas rentas: multa del 35 por ciento.
  • Muy grave si no tiene obligación de autoliquidar: multa del 150 por ciento.
  • Base: diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente y la practicada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

No comunicar o comunicar mal los datos al pagador, si reduce la retención, es leve (35 %) si el obligado debe autoliquidar esas rentas y muy grave (150 %) si no debe.

Esquema

Datos al pagador de rentas
Con obligación de autoliquidarSin obligación de autoliquidar
CalificaciónLeveMuy grave
Multa35 %150 %

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Artículo 206. Infracción por incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta.

El artículo 206 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Infracción por incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta», dispone lo siguiente.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

La infracción prevista en este artículo será leve.

2. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.

Datos clave

  • Infracción: no entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta a los perceptores de las rentas.
  • La infracción es leve.
  • Multa pecuniaria fija de 150 euros.

Artículo 206 bis. Infracción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la realización de actos o negocios cuya regularización se hubiese efectuado mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley y en la que hubiese resultado acreditada cualquiera de las siguientes situaciones:

a) La falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.

b) La obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.

c) La solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.

d) La determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.

2. El incumplimiento a que se refiere el apartado anterior constituirá infracción tributaria exclusivamente cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.

A estos efectos se entenderá por criterio administrativo el establecido por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley.

Reglamentariamente se regulará la publicidad del criterio administrativo derivado de los informes establecidos en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley.

3. La infracción tributaria prevista en este artículo será grave.

4. La sanción consistirá en:

a) Multa pecuniaria proporcional del 50 % de la cuantía no ingresada en el supuesto del apartado 1.a).

b) Multa pecuniaria proporcional del 50 % la cantidad devuelta indebidamente en el supuesto del apartado 1.b).

c) Multa pecuniaria proporcional del 15 % de la cantidad indebidamente solicitada en el supuesto del apartado 1.c).

d) Multa pecuniaria proporcional del 15 % del importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 % si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, en el supuesto del apartado 1.d).

5. Las infracciones y sanciones reguladas en este artículo serán incompatibles con las que corresponderían por las reguladas en los artículos 191, 193, 194 y 195 de esta Ley.

6. En los supuestos regulados en este artículo resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de esta Ley.

Se añade por el art. único.35 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .

Datos clave

  • Infracción: incumplir obligaciones mediante actos o negocios regularizados con el artículo 15 de la Ley 58/2003.
  • Exige igualdad sustancial con supuestos sobre los que existiera criterio administrativo hecho público antes del plazo de declaración.
  • La infracción es grave.
  • Multa del 50 por ciento por falta de ingreso o devolución obtenida y del 15 por ciento por solicitud indebida.
  • Partidas a compensar en la base: 15 por ciento; en la cuota o créditos aparentes: 50 por ciento.
  • Incompatible con los artículos 191, 193, 194 y 195; se aplica el artículo 188.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sanciona el conflicto en la aplicación de la norma tributaria (art. 15) cuando el caso sea sustancialmente igual a otro con criterio administrativo ya publicado antes del plazo de declaración; infracción grave, incompatible con las de los arts. 191, 193, 194 y 195.

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Artículo 207. Regulación del procedimiento sancionador en materia tributaria.

El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:

a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo.

b) En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.

Datos clave

  • El procedimiento sancionador tributario se rige, en primer lugar, por las normas especiales de este título de la Ley 58/2003.
  • También por la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo.
  • En su defecto, se aplican las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento sancionador tributario se rige por las normas especiales de su título y su reglamento y, en su defecto, por las del procedimiento sancionador administrativo.

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Artículo 208. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.

2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente.

En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de esta ley, se incluirá en el acta con acuerdo.

Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador separado.

3. Los procedimientos sancionadores garantizarán a los afectados por ellos los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.

c) Los demás derechos reconocidos por el artículo 34 de esta Ley.

4. La práctica de notificaciones en el procedimiento sancionador en materia tributaria se efectuará de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.

Se añade un nuevo apartado 3 y se reenumera el anterior 3, que pasa a ser el 4, por el art. 5.16 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20843

Datos clave

  • El procedimiento sancionador se tramita de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado.
  • En las actas con acuerdo, la renuncia consta expresamente y la propuesta de sanción motivada se incluye en el acta.
  • Derecho a ser notificado de los hechos, las infracciones, las posibles sanciones, la identidad del instructor y la autoridad competente.
  • Derecho a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa procedentes, además de los del artículo 34 de la Ley.
  • Las notificaciones se practican conforme a la sección 3.ª del capítulo II del título III de la Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece que el procedimiento sancionador se tramita separado del de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado, y enumera los derechos del expedientado.

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Artículo 209. Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria.

El artículo 209 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria», dispone lo siguiente.

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.

2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley deberán iniciarse en el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.

Datos clave

  • El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.
  • Si deriva de declaración, verificación de datos, comprobación o inspección, no puede iniciarse transcurridos seis meses desde la notificación de la liquidación o resolución.
  • Las sanciones del artículo 186 deben iniciarse en seis meses desde la notificación de la sanción pecuniaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sancionador tributario se inicia siempre de oficio y, si deriva de un procedimiento de aplicación de los tributos, solo dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la liquidación o resolución.

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Artículo 210. Instrucción del procedimiento sancionador en materia tributaria.

1. En la instrucción del procedimiento sancionador serán de aplicación las normas especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a las que se refiere el artículo 99 de esta ley.

2. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.

3. En el curso del procedimiento sancionador se podrán adoptar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de esta ley.

4. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquéllos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o responsabilidad.

En la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos.

La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.

5. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación. Dicho acuerdo se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.

Datos clave

  • En la instrucción se aplican las normas del artículo 99 de la Ley 58/2003.
  • Los datos y pruebas de los procedimientos de aplicación de los tributos se incorporan formalmente antes de la propuesta de resolución.
  • Pueden adoptarse medidas cautelares conforme al artículo 146 de la Ley.
  • La propuesta recoge hechos, calificación jurídica, infracción y sanción con los criterios de graduación motivados.
  • Notificada la propuesta, se concede un plazo de 15 días para alegaciones y pruebas.
  • Si al iniciar se dispone de todos los elementos, la propuesta de sanción se incorpora al acuerdo de iniciación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la instrucción del procedimiento sancionador: cómo se incorporan las pruebas del procedimiento de aplicación de los tributos, las medidas cautelares posibles y el contenido y notificación de la propuesta de resolución.

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Artículo 211. Terminación del procedimiento sancionador en materia tributaria.

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución o por caducidad.

Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con alguno de los contenidos a los que se refieren los párrafos del apartado 3 del artículo 156 de esta ley.

2. El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley.

Cuando habiéndose iniciado el procedimiento sancionador concurra en el procedimiento inspector del que trae causa alguna de las circunstancias previstas en el apartado 5 del artículo 150 de esta Ley, el plazo para concluir el procedimiento sancionador se extenderá por el mismo periodo que resulte procedente de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.

3. La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia tributaria contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que proceda de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de esta ley. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.

4. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 de este artículo sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.

La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

5. Son órganos competentes para la imposición de sanciones:

a) El Consejo de Ministros, si consisten en la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.

b) El Ministro de Hacienda, el órgano equivalente de las comunidades autónomas, el órgano competente de las entidades locales u órganos en quienes deleguen, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda o que sean de directa aplicación por los obligados tributarios, o de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para contratar con la Administración pública correspondiente.

c) El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo fiscal, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar el mismo, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.

d) El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador.

Se modifica el apartado 2 por el art. único.36 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .

Datos clave

  • El procedimiento sancionador termina mediante resolución o por caducidad.
  • Con conformidad a la propuesta en sanciones derivadas de inspección, la resolución se entiende dictada por el transcurso de un mes.
  • Plazo máximo de seis meses desde la notificación de la comunicación de inicio.
  • El vencimiento sin notificar resolución expresa produce caducidad, que impide iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
  • El Consejo de Ministros impone la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.
  • Con carácter general es competente el órgano para liquidar o el superior inmediato de la unidad que propuso el inicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la terminación del procedimiento sancionador (por resolución o por caducidad), su plazo máximo y los órganos competentes para imponer cada tipo de sanción.

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Artículo 212. Recursos contra sanciones.

1. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la impugnación contra la deuda.

2. Se podrá recurrir la sanción sin perder la reducción por conformidad prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 188 de esta ley siempre que no se impugne la regularización.

Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán ser impugnadas en vía administrativa. La impugnación de dicha sanción en vía contencioso-administrativa supondrá la exigencia del importe de la reducción practicada.

3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:

a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.

b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo.

Lo dispuesto en los párrafos a) y b) de este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 174.5 de esta Ley dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.

Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 42.2 de esta Ley.

Se modifica el apartado 3 por el art. 1.14 de la ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416 .

Datos clave

  • La resolución sancionadora admite recurso o reclamación independiente; si también se impugna la deuda, se acumulan.
  • Puede recurrirse la sanción sin perder la reducción por conformidad siempre que no se impugne la regularización.
  • Las sanciones de actas con acuerdo no son impugnables en vía administrativa; en vía contencioso-administrativa se exige la reducción.
  • El recurso en tiempo y forma suspende automáticamente la ejecución, sin garantías, hasta la firmeza en vía administrativa.
  • No se exigen intereses de demora hasta que finalice el plazo de pago voluntario abierto por la resolución que pone fin a la vía administrativa.
  • No se suspende por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación ni la responsabilidad del artículo 42.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el recurso contra las sanciones tributarias: se puede recurrir sin perder la reducción por conformidad si no se impugna la deuda, y su interposición suspende automáticamente la ejecución de la sanción.

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Artículo 20. Atribución de las competencias en el procedimiento sancionador.

El artículo 20 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la atribución de las competencias en el procedimiento sancionador tributario.

Regla general (apartado 1): salvo que una disposición establezca expresamente otra cosa, la atribución de competencias en el procedimiento sancionador será la misma que la del procedimiento de aplicación de los tributos del que derive.

Cambios de adscripción o de domicilio (apartado 2): en el ámbito de una misma Administración tributaria, el cambio de adscripción o la comunicación de un cambio de domicilio con posterioridad a la terminación de un procedimiento de aplicación de los tributos distinto del procedimiento de inspección o de recaudación, excepción hecha de los procedimientos de gestión en materia de aduanas o de impuestos especiales, produce estos efectos sobre la competencia de los órganos en el procedimiento sancionador:

a) El cambio de adscripción del obligado tributario a otra dependencia o unidad determina que la competencia para el inicio o continuación del procedimiento sancionador corresponda al órgano competente según la nueva adscripción, a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo de cambio de adscripción.

b) La comunicación del cambio de domicilio fiscal determina que la competencia corresponda al órgano competente según el nuevo domicilio. Dicho cambio produce este efecto en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación. No obstante, si durante dicho plazo la Administración tributaria inicia un procedimiento de comprobación de la procedencia del cambio de domicilio, no se altera la competencia del órgano en tanto no se resuelva dicho procedimiento.

Procedimientos derivados de inspección o recaudación (apartado 3): el domicilio fiscal determinante de la competencia del órgano será el que el obligado tributario tuviera al inicio de las actuaciones inspectoras o recaudadoras, sin que el posterior cambio de domicilio fiscal o de adscripción altere dicha competencia, salvo acuerdo expreso del director de departamento competente.

Datos clave

  • Regla general: la competencia sancionadora es la del procedimiento de aplicación de los tributos del que deriva.
  • El cambio de domicilio fiscal produce efecto sobre la competencia en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación.
  • Si en ese mes se inicia un procedimiento de comprobación de la procedencia del cambio de domicilio, no se altera la competencia hasta que se resuelva.
  • En procedimientos derivados de inspección o recaudación cuenta el domicilio fiscal al inicio de las actuaciones.
  • Solo el acuerdo expreso del director de departamento competente permite alterar esa competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién es competente para sancionar: por regla general, el mismo órgano del procedimiento de aplicación de los tributos del que deriva la sanción, con reglas propias para los cambios de adscripción o domicilio y para inspección y recaudación.

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Artículo 21. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.

El artículo 21 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, establece cómo se imponen las sanciones tributarias.

Apartado 1: como regla general, la imposición de sanciones tributarias se realiza mediante un procedimiento separado del procedimiento de aplicación de los tributos, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2.ª de este capítulo.

Apartado 2: no obstante, en los supuestos en que el interesado renuncie a la tramitación separada del procedimiento sancionador y en los supuestos de actas con acuerdo, las cuestiones relativas a las infracciones se analizan en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos, de acuerdo con su normativa reguladora y con lo dispuesto en la sección 3.ª de este capítulo.

Datos clave

  • Regla general: procedimiento sancionador separado del de aplicación de los tributos (sección 2.ª).
  • Excepción por renuncia del interesado a la tramitación separada: las infracciones se analizan en el procedimiento de aplicación de los tributos.
  • Excepción en los supuestos de actas con acuerdo: mismo tratamiento, conforme a la sección 3.ª.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sanción tributaria se impone, por regla general, en un procedimiento separado; solo con renuncia del interesado o en actas con acuerdo se analiza dentro del propio procedimiento de aplicación de los tributos.

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Artículo 22. Iniciación del procedimiento sancionador.

El artículo 22 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la iniciación del procedimiento sancionador.

Apartado 1: el procedimiento se inicia de oficio mediante la notificación del acuerdo del órgano competente, que debe contener necesariamente estas menciones:

a) Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable.

b) Conducta que motiva la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder.

c) Órgano competente para la resolución del procedimiento e identificación del instructor.

d) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como del momento y plazos para su ejercicio.

Apartado 2: es órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que se determine en la normativa de organización aplicable a los órganos con competencia sancionadora. En defecto de norma expresa, es órgano competente el que tenga atribuida la competencia para su resolución.

Apartado 3: en los procedimientos sancionadores iniciados por órganos de inspección se aplican estas reglas: a) si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de inspección, se aplica lo dispuesto en el artículo 25.1; b) si se trata de actuaciones inspectoras distintas de las que integran el procedimiento de inspección, es competente para iniciarlo el equipo o unidad que haya desarrollado las actuaciones de las que trae su causa la infracción.

Apartado 4: se inician tantos procedimientos sancionadores como propuestas de liquidación se hayan dictado, sin perjuicio de los que hayan de iniciarse por las conductas constitutivas de infracción puestas de manifiesto durante el procedimiento y que no impliquen liquidación. No obstante, cuando exista identidad en los motivos o circunstancias que determinen la apreciación de varias infracciones, podrán acumularse la iniciación e instrucción de los distintos procedimientos, aunque deberá dictarse una resolución individualizada para cada uno de ellos.

Datos clave

  • El procedimiento se inicia de oficio mediante notificación del acuerdo del órgano competente.
  • El acuerdo de inicio contiene cuatro menciones: responsable, conducta y sanciones posibles, órgano competente e instructor, y derecho a alegaciones y audiencia.
  • En defecto de norma expresa, inicia el órgano que tenga atribuida la competencia para resolver.
  • Se inician tantos procedimientos como propuestas de liquidación se hayan dictado.
  • Se puede acumular la iniciación e instrucción si hay identidad de motivos, pero la resolución es individualizada para cada procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, con un acuerdo notificado que lleva cuatro menciones obligatorias; se abre uno por cada propuesta de liquidación, aunque pueden acumularse inicio e instrucción.

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Artículo 23. Instrucción del procedimiento sancionador.

El artículo 23 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la instrucción del procedimiento sancionador.

Apartado 1: es órgano competente para instruir el procedimiento sancionador el que se determine en la normativa de organización aplicable.

Apartado 2: se realizan de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de infracciones susceptibles de sanción.

Apartado 3: a esos efectos, se unen al expediente sancionador las pruebas, declaraciones e informes necesarios para su resolución.

Apartado 4: los interesados pueden formular alegaciones y aportar los documentos, justificaciones y pruebas que estimen convenientes en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.

Apartado 5: concluidas las actuaciones, se formula propuesta de resolución, que se notifica al interesado concediéndole, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, un plazo de 15 días para la puesta de manifiesto del expediente y para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos. Si no se formulan alegaciones, se eleva la propuesta de resolución al órgano competente para resolver. Si se han formulado alegaciones, el órgano instructor remite al órgano competente para imponer la sanción la propuesta de resolución que estime procedente a la vista de las alegaciones presentadas, junto con la documentación que obre en el expediente.

Apartado 6: en los supuestos de tramitación abreviada previstos en el artículo 210.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la propuesta de resolución se incorpora al acuerdo de iniciación del procedimiento, y se advierte expresamente al interesado que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta.

Datos clave

  • Las alegaciones y pruebas pueden presentarse en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
  • Concluidas las actuaciones, la propuesta de resolución se notifica al interesado.
  • Plazo de 15 días para la puesta de manifiesto del expediente y para alegar tras la propuesta de resolución.
  • Las actuaciones de instrucción se realizan de oficio.
  • En la tramitación abreviada (artículo 210.5 de la Ley 58/2003) la propuesta de resolución se incorpora al acuerdo de iniciación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Instrucción del sancionador: actuaciones de oficio, alegaciones posibles hasta la propuesta de resolución y, tras notificarla, 15 días para ver el expediente y alegar; en la tramitación abreviada la propuesta va en el acuerdo de inicio.

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Artículo 24. Resolución del procedimiento sancionador.

El artículo 24 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la resolución del procedimiento sancionador.

Apartado 1: el órgano competente dicta resolución motivada, a la vista de la propuesta formulada en la instrucción y de los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente, sin perjuicio de que previamente pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas; en este caso, concluidas estas, debe formularse una nueva propuesta de resolución a la que se aplica lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior. No se tienen en cuenta en la resolución hechos distintos de los que obren en el expediente, determinados en el curso del procedimiento o aportados a este por haber sido acreditados previamente.

Apartado 2: si el órgano competente para imponer la sanción rectifica la propuesta de resolución por concurrir alguna de las circunstancias siguientes, la rectificación se notifica al interesado, que puede formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días contados desde el siguiente a la notificación. Las circunstancias son:

a) Cuando se consideren sancionables conductas que en el procedimiento sancionador se hubiesen considerado como no sancionables.

b) Cuando se modifique la tipificación de la conducta sancionable.

c) Cuando se cambie la calificación de una infracción de leve a grave o muy grave, o de grave a muy grave.

Apartado 3: la resolución se notifica a los interesados. En la notificación también debe hacerse mención a:

a) Los medios de impugnación que pueden ser ejercitados, plazos y órganos ante los que habrán de ser interpuestos.

b) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe de la sanción impuesta.

c) Las circunstancias cuya concurrencia determinará la exigencia del importe de las reducciones practicadas en las sanciones.

d) La no exigencia de intereses de demora en los casos de suspensión de la ejecución de sanciones por la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra ellas.

e) Cuando la resolución sea susceptible de impugnación en vía contencioso-administrativa, se informa de que, en caso de solicitarse la suspensión, esta se mantendrá hasta que el órgano judicial se pronuncie sobre la solicitud, siempre que el interesado cumpla los requisitos del artículo 29.2 de este reglamento.

Datos clave

  • La resolución debe ser motivada y no puede tener en cuenta hechos distintos de los que obren en el expediente.
  • Si se amplían las actuaciones, debe formularse una nueva propuesta de resolución.
  • Plazo de 10 días de alegaciones desde el siguiente a la notificación de la rectificación de la propuesta.
  • Causas de rectificación: conductas antes no sancionables, cambio de tipificación y agravación de la calificación de la infracción.
  • La notificación de la resolución menciona medios de impugnación, lugar, plazo y forma de pago, reducciones, no exigencia de intereses de demora en suspensión y mantenimiento de la suspensión en vía contencioso-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La resolución sancionadora es motivada y se ciñe a los hechos del expediente; si el órgano rectifica la propuesta en perjuicio del interesado, hay 10 días para alegar, y la notificación debe incluir un contenido mínimo.

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Artículo 25. Especialidades en la tramitación separada de procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspección.

El artículo 25 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, recoge las especialidades de la tramitación separada de los procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspección. El apartado 4 figura como anulado.

Apartado 1, iniciación: es competente para acordar la iniciación el equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, salvo que el inspector jefe designe otro diferente. Cuando el inicio y la tramitación correspondan al mismo equipo o unidad que haya desarrollado o esté desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación, el acuerdo de inicio puede suscribirse por el jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas. En otro caso, la firma corresponde al jefe de equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector-jefe. En todo caso, el inicio requiere autorización previa del inspector-jefe, que puede ser concedida en cualquier momento del procedimiento de comprobación e investigación o una vez finalizado este, antes del transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 209 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Apartado 2: se inician tantos procedimientos sancionadores como actas de inspección se hayan incoado, sin perjuicio de los que hayan de iniciarse por las conductas constitutivas de infracción puestas de manifiesto durante el procedimiento inspector y que no impliquen liquidación. Cuando exista identidad en los motivos o circunstancias que determinan la apreciación de varias infracciones, pueden acumularse la iniciación e instrucción, aunque debe dictarse una resolución individualizada para cada uno de ellos. En esos procedimientos deben aparecer debidamente individualizadas las infracciones sancionadas.

Apartado 3, instrucción: puede encomendarse por el inspector-jefe al equipo o unidad competente para acordar el inicio o a otro distinto, en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias del caso. Cuando inicio y tramitación correspondan al mismo equipo o unidad, la propuesta de resolución puede suscribirse por el jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas; en otro caso, la firma corresponde al jefe de equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector-jefe.

Apartado 5: con ocasión del trámite de alegaciones, el interesado puede manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución, de forma que se presume su disconformidad si no se pronuncia expresamente al respecto.

Apartado 6: si el interesado manifiesta su disconformidad a la propuesta de sanción, el órgano competente para imponer la sanción dicta resolución motivada, sin perjuicio de que previamente pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas.

Apartado 7: si el interesado presta su conformidad a la propuesta de sanción, se entiende dictada y notificada la resolución de acuerdo con dicha propuesta por el transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que prestó la conformidad, sin necesidad de nueva notificación expresa, salvo que en el curso de dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique un acuerdo en el que rectifique los errores materiales apreciados en la propuesta, ordene completar las actuaciones practicadas dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, dicte resolución expresa confirmando la propuesta de sanción o rectifique la propuesta por considerarla incorrecta. Cuando la referida notificación no se produzca en el plazo de un mes, la actuación carece de efecto frente al interesado. Si el órgano rectifica la propuesta, la nueva propuesta se notifica al interesado dentro del mismo plazo de un mes, con indicación de su derecho a formular alegaciones en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la notificación. Si el interesado presta su conformidad a la rectificación, la resolución se considera dictada en los términos del acuerdo de rectificación y se entiende notificada por el transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que prestó la conformidad, salvo que en ese plazo el órgano notifique resolución expresa confirmando la propuesta. Si hubiese transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan producido o si el interesado manifiesta su disconformidad, el órgano competente para imponer la sanción notifica expresamente la resolución.

Apartado 8: el órgano competente para dictar el acto resolutorio del procedimiento sancionador es el inspector-jefe.

Datos clave

  • El inicio requiere autorización previa del inspector-jefe, antes del plazo máximo del artículo 209 de la Ley 58/2003.
  • Se inician tantos procedimientos sancionadores como actas de inspección se hayan incoado.
  • Si el interesado no se pronuncia sobre la propuesta de resolución, se presume su disconformidad.
  • Conformidad con la propuesta: la resolución se entiende dictada y notificada por el transcurso de un mes desde el día siguiente a la conformidad.
  • Si se rectifica la propuesta, nuevo plazo de alegaciones de 15 días desde el siguiente a la notificación.
  • El órgano competente para dictar el acto resolutorio es el inspector-jefe.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sancionador separado tras una inspección: inicia el equipo que comprobó con autorización previa del inspector-jefe, uno por acta, silencio igual a disconformidad y, con conformidad, resolución tácita al mes. Resuelve el inspector-jefe.

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Artículo 26. Ejercicio del derecho de renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.

El artículo 26 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula el ejercicio del derecho de renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador, a efectos de lo establecido en el artículo 208 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Apartado 1: el interesado puede renunciar mediante manifestación expresa, que debe formularse durante los dos primeros meses del procedimiento de aplicación de los tributos, salvo que antes de dicho plazo se produjese la notificación de la propuesta de resolución; en tal caso, la renuncia puede formularse hasta la finalización del trámite de alegaciones posterior. En el procedimiento de inspección, el interesado puede renunciar durante los seis primeros meses, salvo que antes de dicho plazo se produjese la finalización del trámite de audiencia previo a la suscripción del acta; en este caso, la renuncia puede formularse hasta dicho momento. El cómputo de estos plazos se realiza por meses, sin que se deduzcan del cómputo los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria ni los periodos de suspensión o de extensión del plazo del procedimiento inspector. La renuncia se realiza por escrito.

Apartado 2: en los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados directamente mediante la notificación de la propuesta de resolución, se puede renunciar exclusivamente durante el plazo de alegaciones posterior a dicha propuesta.

Apartado 3: no puede ejercitarse el derecho de renuncia fuera de los plazos previstos. La opción expresa de renunciar tampoco puede rectificarse con posterioridad a su ejercicio, salvo en el supuesto previsto en el artículo 28.5.

Apartado 4: cuando el interesado no haya renunciado en los términos de este artículo, el procedimiento sancionador debe iniciarse dentro del plazo máximo previsto en el artículo 209.2 de la Ley 58/2003 y se tramita de forma separada, según la sección 2.ª de este capítulo.

Datos clave

  • Renuncia general: durante los dos primeros meses del procedimiento de aplicación de los tributos.
  • Renuncia en el procedimiento de inspección: durante los seis primeros meses.
  • Los plazos se cuentan por meses, sin deducir interrupciones justificadas, dilaciones ni suspensiones.
  • La renuncia se realiza por escrito y no puede rectificarse después, salvo lo previsto en el artículo 28.5.
  • Si no hay renuncia, el procedimiento sancionador se tramita de forma separada y debe iniciarse dentro del plazo del artículo 209.2 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La renuncia a la tramitación separada se hace por escrito y en plazo: dos primeros meses en general y seis en inspección, con topes anticipados; fuera de plazo no cabe y, una vez ejercida, no se rectifica salvo el artículo 28.5.

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Artículo 27. Tramitación y resolución del procedimiento sancionador en caso de renuncia.

El artículo 27 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la tramitación y resolución del procedimiento sancionador cuando el interesado ha renunciado a la tramitación separada.

Apartado 1: cuando el interesado haya manifestado que renuncia a la tramitación separada, su inicio debe notificarse y, a partir de ese momento, su tramitación se desarrolla de forma conjunta con el procedimiento de aplicación de los tributos, y se aplica a ambos procedimientos la regulación establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo para el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos, incluida la relativa a los plazos y a los efectos de su incumplimiento. A efectos del artículo 104.2 de la Ley 58/2003, no se tiene en cuenta en el cómputo del plazo del procedimiento de aplicación de los tributos el tiempo transcurrido desde la fecha del primer intento de notificación del inicio del procedimiento sancionador debidamente acreditado hasta la fecha en que dicha notificación se entienda producida. Una vez notificado el inicio, las cuestiones relativas al procedimiento sancionador se analizan conjuntamente con las del procedimiento de aplicación de los tributos, y la documentación y elementos de prueba obtenidos durante la tramitación conjunta se consideran integrantes de ambos expedientes, debiéndose incorporar formalmente a estos, con vistas a los recursos que pudieran interponerse contra la resolución dictada en cada procedimiento.

Apartado 2: no obstante su tramitación conjunta, cada procedimiento finaliza con un acto resolutorio distinto.

Apartado 3: las propuestas de resolución del procedimiento de aplicación de los tributos y la de los procedimientos sancionadores que deriven de aquel deben notificarse simultáneamente. En el procedimiento de inspección, las propuestas de sanción notificadas se tramitan conforme a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 25. No obstante, en los supuestos previstos en el primer párrafo del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo anterior, deben notificarse el inicio y la propuesta de resolución del procedimiento sancionador con anterioridad o simultáneamente a la notificación de la resolución del procedimiento de aplicación de los tributos, sin que deba notificarse de nuevo la propuesta de resolución de este.

Datos clave

  • Con renuncia, el inicio del procedimiento sancionador debe notificarse y la tramitación es conjunta con la del procedimiento de aplicación de los tributos.
  • Cada procedimiento finaliza con un acto resolutorio distinto.
  • Las propuestas de resolución de ambos procedimientos se notifican simultáneamente.
  • No cuenta en el plazo del artículo 104.2 de la Ley 58/2003 el tiempo desde el primer intento de notificación acreditado del inicio hasta que se entienda producida.
  • La documentación y pruebas de la tramitación conjunta integran ambos expedientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con renuncia, el sancionador se notifica y se tramita junto al procedimiento de aplicación de los tributos con sus mismas reglas y plazos, pero cada uno acaba con su propia resolución y las propuestas se notifican a la vez.

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Artículo 28. Tramitación conjunta en el supuesto de actas con acuerdo.

El artículo 28 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la tramitación conjunta del procedimiento sancionador en el supuesto de actas con acuerdo.

Apartado 1: a efectos del artículo 208 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando en los supuestos de actas con acuerdo se aprecie que concurren las circunstancias que constituyen la comisión de una infracción tributaria, el procedimiento sancionador se tramita conjuntamente y se procede de acuerdo con este artículo.

Apartado 2: las cuestiones relativas a las infracciones se analizan teniendo en cuenta los elementos y pruebas obtenidos en el correspondiente procedimiento de inspección de acuerdo con su normativa reguladora, incluida la relativa a los plazos y a los efectos de su incumplimiento.

Apartado 3: se entiende iniciado el procedimiento sancionador con el acta con acuerdo que se extienda, en la que también se incluye la propuesta de sanción que proceda y se hace constar expresamente la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador, así como la conformidad del interesado con las propuestas de regularización y de sanción que se formulen.

Apartado 4: se entiende impuesta y notificada la sanción en los términos previstos en el artículo 155.5 de la Ley 58/2003, sin que sea preciso dictar acto resolutorio específico de imposición de la sanción.

Apartado 5: cuando antes de la formalización de un acta con acuerdo se hubiese iniciado el procedimiento sancionador, la suscripción del acta con acuerdo supone la aceptación íntegra de la propuesta de sanción que en ella se contenga, entendiéndose que el procedimiento sancionador finaliza con la notificación prevista en el artículo 155.5 de la Ley 58/2003, con independencia de que anteriormente se hubiese renunciado o no a la tramitación separada, sin perjuicio de los efectos de esa actuación del obligado tributario con respecto al procedimiento sancionador correspondiente a la regularización no practicada en el acta con acuerdo.

Datos clave

  • El procedimiento sancionador se inicia con el acta con acuerdo, que incluye la propuesta de sanción y la renuncia expresa a la tramitación separada.
  • No hace falta acto resolutorio específico: la sanción se entiende impuesta y notificada conforme al artículo 155.5 de la Ley 58/2003.
  • Si el procedimiento sancionador ya se había iniciado, suscribir el acta con acuerdo supone la aceptación íntegra de la propuesta de sanción.
  • Se analiza con los elementos y pruebas del procedimiento de inspección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En las actas con acuerdo, el sancionador se tramita junto con la inspección: se inicia con el propio acta, que incluye la propuesta de sanción y la renuncia expresa, y la sanción se entiende impuesta sin acto resolutorio específico.

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Artículo 29. Suspensión de la ejecución de las sanciones.

El artículo 29 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula la suspensión de la ejecución de las sanciones.

Apartado 1: la suspensión de la ejecución de las sanciones, pecuniarias y no pecuniarias, como consecuencia de la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación en vía administrativa se aplica automáticamente por los órganos competentes, sin necesidad de que el interesado lo solicite.

Apartado 2: una vez la sanción sea firme en vía administrativa, los órganos de recaudación no inician las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. Si durante ese plazo el interesado comunica a dichos órganos la interposición del recurso con petición de suspensión, esta se mantiene hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.

Apartado 3: para la efectiva aplicación de este artículo, los órganos administrativos competentes para la tramitación de los recursos o reclamaciones comunican en el plazo de 10 días a los órganos competentes para la ejecución de sanciones las decisiones e incidencias que en cada caso se produzcan.

Datos clave

  • La suspensión por recurso o reclamación en vía administrativa interpuesto en tiempo y forma es automática, sin solicitud del interesado.
  • Afecta a sanciones pecuniarias y no pecuniarias.
  • Con la sanción firme en vía administrativa no se inicia el apremio hasta que concluya el plazo para el recurso contencioso-administrativo.
  • Si se comunica el recurso con petición de suspensión, esta se mantiene hasta que decida el órgano judicial.
  • Los órganos de tramitación comunican las decisiones e incidencias en el plazo de 10 días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurrir en vía administrativa en tiempo y forma suspende automáticamente cualquier sanción; firme en vía administrativa, no hay apremio mientras esté abierto el plazo del contencioso, y la suspensión pedida se mantiene hasta que decida el juez.

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Artículo 30. Sanciones tributarias no pecuniarias.

El artículo 30 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, concreta el contenido de las sanciones tributarias no pecuniarias.

Las sanciones no pecuniarias a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 186 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pueden consistir en la pérdida del derecho a aplicar exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones u otros beneficios o incentivos fiscales de carácter rogado en cualquier tributo, a excepción de los siguientes:

a) Los previstos en los impuestos indirectos que deban repercutirse obligatoriamente a los adquirentes de bienes o servicios.

b) Los derivados de los tratados o convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno.

c) Los concedidos en virtud de la aplicación del principio de reciprocidad internacional.

Datos clave

  • La sanción no pecuniaria consiste en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales de carácter rogado en cualquier tributo.
  • Se refiere a las sanciones de los apartados 1 y 2 del artículo 186 de la Ley 58/2003.
  • Excepción a): los beneficios de impuestos indirectos que deban repercutirse obligatoriamente a los adquirentes.
  • Excepción b): los derivados de tratados o convenios internacionales integrados en el ordenamiento interno.
  • Excepción c): los concedidos por aplicación del principio de reciprocidad internacional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sanción no pecuniaria consiste en perder el derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales rogados en cualquier tributo, con tres excepciones que no se pueden quitar.

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Artículo 31. Especialidades en la tramitación de procedimientos sancionadores para la imposición de sanciones no pecuniarias.

El artículo 31 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, recoge las especialidades del procedimiento sancionador para imponer sanciones no pecuniarias.

Apartado 1: cuando resulten acreditados hechos o circunstancias que pudieran determinar la imposición de sanciones no pecuniarias por infracciones tributarias graves o muy graves, se procede a la iniciación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se rige por este artículo y, en su defecto, por los artículos anteriores. En la tramitación de este procedimiento no pueden discutirse los elementos de la resolución de imposición de la sanción pecuniaria.

Apartado 2: el órgano que hubiese impuesto la sanción pecuniaria propone la iniciación del procedimiento sancionador mediante escrito dirigido al órgano competente para acordar su iniciación, acompañando copia de la diligencia o del acta extendida y de los demás antecedentes. Si la competencia para imponer la sanción no pecuniaria corresponde al Consejo de Ministros, la competencia para iniciar el procedimiento sancionador es del Ministro de Economía y Hacienda. En los demás casos, se aplica lo dispuesto en el artículo 22.

Datos clave

  • Procede para infracciones tributarias graves o muy graves que pudieran determinar sanciones no pecuniarias.
  • No pueden discutirse los elementos de la resolución de imposición de la sanción pecuniaria.
  • El órgano que impuso la sanción pecuniaria propone la iniciación mediante escrito, con copia de la diligencia o del acta y demás antecedentes.
  • Si la competencia para imponer la sanción no pecuniaria es del Consejo de Ministros, inicia el Ministro de Economía y Hacienda.
  • En los demás casos se aplica el artículo 22.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy graves se imponen en un procedimiento propio, que propone el órgano que impuso la pecuniaria y en el que no se puede rediscutir esta.

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Artículo 32. Actuaciones en supuestos de los delitos previstos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal.

El artículo 32 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula las actuaciones cuando la conducta pudiera ser constitutiva de los delitos de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal.

Apartado 1: si la Administración tributaria considera que la conducta del obligado tributario pudiera ser constitutiva del delito tipificado en los artículos 305 o 305 bis del Código Penal, el pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la remisión del expediente al Ministerio Fiscal produce las siguientes consecuencias:

a) En caso de no haberse iniciado un procedimiento sancionador por los mismos hechos, la Administración tributaria se abstiene de iniciarlo.

b) En caso de que dicho procedimiento ya se hubiera iniciado, la Administración tributaria se abstiene de continuar su tramitación, entendiéndose concluido.

c) En caso de haberse impuesto sanción tributaria por los mismos hechos, se suspende su ejecución.

Estas mismas consecuencias se producen cuando la Administración tributaria tiene conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador o, en su caso, de reanudar la ejecución de la sanción administrativa previamente suspendida, en los casos en que no se hubiera apreciado la existencia de delito, de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.

Apartado 2: la sentencia condenatoria de la autoridad judicial impide la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.

Datos clave

  • El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente al Ministerio Fiscal paraliza el procedimiento sancionador por los mismos hechos.
  • Si no se había iniciado, la Administración se abstiene de iniciarlo; si estaba iniciado, se abstiene de continuar y se entiende concluido.
  • Si ya se impuso sanción tributaria, se suspende su ejecución.
  • Las mismas consecuencias se producen si se desarrolla un proceso penal sobre los mismos hechos.
  • Si no se aprecia delito, puede iniciarse un nuevo procedimiento sancionador o reanudarse la ejecución, según los hechos probados.
  • La sentencia condenatoria impide la sanción administrativa por los mismos hechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la conducta puede ser delito de los artículos 305 o 305 bis del Código Penal, el pase del tanto de culpa o la remisión al Ministerio Fiscal paraliza la vía sancionadora; la condena penal impide sancionar por los mismos hechos.

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Artículo 33. Actuaciones en supuestos de otros delitos contra la Hacienda pública.

El artículo 33 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, regula las actuaciones ante otros delitos contra la Hacienda pública.

Apartado 1: en los supuestos en que la Administración tributaria estime que la infracción cometida pudiera ser constitutiva del delito previsto en el artículo 310 del Código Penal, se procede conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sin que sea posible iniciar o continuar el procedimiento para la imposición de sanciones por los mismos hechos y sin que estos puedan ser tenidos en cuenta para la calificación de las infracciones tributarias cometidas. De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria puede iniciar el procedimiento sancionador de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.

Apartado 2: en los supuestos en que la Administración tributaria estime que en los hechos descubiertos pudieran existir indicios de haberse cometido alguno de los delitos previstos en los artículos 306 a 308 del Código Penal, hace constar en diligencia los hechos y circunstancias concurrentes e informa de ello al órgano administrativo competente para efectuar la correspondiente comprobación. No obstante, cuando se trate de subvenciones cuya comprobación corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se procede conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Datos clave

  • Delito del artículo 310 del Código Penal: se aplica el artículo 32, sin iniciar ni continuar el procedimiento sancionador por los mismos hechos.
  • Esos hechos no pueden tenerse en cuenta para calificar las infracciones tributarias.
  • Si no hay delito, puede iniciarse el procedimiento sancionador con los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
  • Delitos de los artículos 306 a 308 del Código Penal: se hacen constar los hechos en diligencia y se informa al órgano competente para la comprobación.
  • En subvenciones cuya comprobación corresponda a la AEAT se procede conforme al artículo anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ante un posible delito del artículo 310 del Código Penal se actúa como en el artículo anterior; ante indicios de los delitos de los artículos 306 a 308, se documenta en diligencia y se informa al órgano competente.

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