Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los funcionarios. La provisión de puestos de trabajo y la carrera administrativa. Situaciones administrativas. Incompatibilidades y régimen disciplinario. El régimen de Seguridad Social de los funcionarios.
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- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado
- Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo.
El artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, regula la provisión de puestos de trabajo y se redacta en los siguientes términos.
1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos:
a) Concurso: Constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.
b) Libre designación: Podrán cubrirse por este sistema aquellos puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, en atención a la naturaleza de sus funciones.
En la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores regionales o provinciales, Secretarías de altos cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.
c) Las convocatorias para proveer puestos de trabajo por concurso o por libre designación, así como sus correspondientes resoluciones, deberán hacerse públicas en los «Boletines» o «Diarios Oficiales» respectivos, por la autoridad competente para efectuar los nombramientos.
En las convocatorias de concurso deberán incluirse, en todo caso, los siguientes datos y circunstancias:
– Denominación, nivel y localización del puesto.
– Requisitos indispensables para desempeñarlo.
– Baremo para puntuar los méritos.
– Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.
Las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación incluirán los datos siguientes:
– Denominación, nivel y localización del puesto.
– Requisitos indispensables para desempeñarlo.
Anunciada la convocatoria se concederá un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes.
Los nombramientos de libre designación requerirán el informe previo del titular del Centro, Organismo o Unidad a que figure adscrito el puesto convocado.
Excepcionalmente, las Administraciones Públicas podrán autorizar la convocatoria de concursos de provisión de puestos de trabajo dirigidos a los funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen.
Las Administraciones públicas podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio, a unidades, departamentos u organismos públicos distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo y provincia e isla de destino y modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando el nuevo destino implique cambio del término municipal de residencia, los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos en territorio nacional.
d) (Suprimida)
e) Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional.
Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se efectuará previo expediente contradictorio mediante resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la Junta de Personal correspondiente.
A los funcionarios afectados por lo previsto en este apartado les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 21.2, b) de la presente Ley.
f) Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado, de un Departamento ministerial en defecto de aquélla, o en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado e) del número 1 de este artículo, así como por supresión del puesto de trabajo.
g) Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos.
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se concretarán en el mismo.
La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo.
El funcionario que, como consecuencia de la reasignación de efectivos en el marco de un Plan de Empleo, vea modificado su lugar de residencia tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto establezca la Administración Pública a la que pertenezca. Los mismos derechos se reconocerán a los funcionarios en excedencia forzosa a quienes se asigne destino en el marco de dicho plan.
En el ámbito de la Administración General del Estado la indemnización consistirá en el abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, una indemnización de tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade y el pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, así como una indemnización de tres mensualidades de la totalidad de sus retribuciones, excepto el complemento de productividad, cuando se produzca cambio de provincia o isla. Ello sin perjuicio de otras ayudas que en el propio Plan de Empleo puedan establecerse.
En este ámbito, la reasignación de efectivos se producirá en tres fases:
1ª. La reasignación de efectivos la efectuará el Ministerio donde estuviera destinado el funcionario, en el ámbito del mismo y de los Organismos adscritos, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la supresión del puesto. Tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y voluntario para puestos que radiquen en distinto municipio, que serán en ambos casos de similares características, funciones y retribuciones. Durante esta fase se percibirán las retribuciones del puesto de trabajo que se desempeñaba.
2ª. Si en la fase de reasignación ministerial los funcionarios no obtienen puesto en el Ministerio donde estuvieran destinados, podrán ser reasignados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de tres meses, a puestos de otros Ministerios y sus Organismos adscritos, en las condiciones anteriores, percibiendo durante esta segunda fase las retribuciones del puesto de trabajo que desempeñaban.
Durante las dos fases citadas podrán encomendarse a los funcionarios afectados tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala de pertenencia.
3ª. Los funcionarios que, tras las anteriores fases de reasignación de efectivos, no hayan obtenido puesto, se adscribirán al Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, en la situación de expectativa de destino definida en el artículo 29.5 de esta Ley y podrán ser reasignados por éste, a puestos de similares características de otros Ministerios y sus Organismos adscritos, con carácter obligatorio cuando estén situados en la misma provincia y con carácter voluntario cuando radiquen en distinta provincia.
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo en las demás Administraciones Públicas, se efectuará garantizando los criterios anteriormente expuestos sobre plazos, retribuciones, movilidad y situaciones administrativas.
h) La Administración General del Estado podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo, con previo informe del servicio médico oficial legalmente establecido y condicionado a que existan puestos vacantes con asignación presupuestaria cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y se reúnan los requisitos para su desempeño. Dicha adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen.
i) La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. En tales supuestos la Administración Pública competente en cada caso estará obligada a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.
2. El Gobierno, y en el ámbito de sus competencias los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y el Pleno de las Corporaciones Locales, determinarán el número de puestos con sus características y retribuciones, reservados a personal eventual, siempre dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto.
El personal eventual sólo ejercerá funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial y su nombramiento y cese, que serán libres, corresponden exclusivamente a los Ministros y a los Secretarios de Estado, y, en su caso, a los Consejeros de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los Presidentes de las Corporaciones Locales. El personal eventual cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento.
3. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna.
Datos clave
- El concurso es el sistema normal de provisión; la libre designación se aplica a los puestos determinados en las relaciones de puestos de trabajo.
- En la Administración del Estado, la libre designación se limita a Subdirectores generales, Delegados, Directores regionales o provinciales, Secretarías de altos cargos y otros de carácter directivo o especial responsabilidad.
- Plazo de presentación de solicitudes: quince días hábiles.
- Permanencia mínima de dos años en cada puesto para concursar, con las salvedades indicadas.
- La reasignación de efectivos por Plan de Empleo se produce en tres fases (seis meses, tres meses y expectativa de destino).
- Personal eventual: funciones de confianza o asesoramiento especial, nombramiento y cese libres; su desempeño no es mérito para el acceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se cubren los puestos de funcionarios: el concurso como sistema normal y la libre designación para puestos tasados, con remoción, permanencia mínima de dos años, reasignación de efectivos en tres fases y personal eventual de confianza.
Esquema
| Concurso | Libre designación | |
|---|---|---|
| Carácter | Sistema normal de provisión | Puestos fijados en las relaciones de puestos de trabajo |
| Datos de la convocatoria | Puesto, requisitos, baremo y puntuación mínima | Puesto y requisitos |
| Trámite propio | Valoración de méritos | Informe previo del titular del Centro, Organismo o Unidad |
| Remoción | Causas sobrevenidas, expediente contradictorio | Discrecional |
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 1
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.
A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Datos clave
- ¿Puede el personal compatibilizar sus actividades con un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público? → No, salvo en los supuestos previstos en la propia Ley.
- ¿Puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas? → No, salvo en los supuestos previstos en la Ley.
- ¿Con qué es incompatible en cualquier caso el desempeño del puesto? → Con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios de la incompatibilidad: un solo puesto en el sector público, una sola remuneración pública y ninguna actividad que comprometa deberes, imparcialidad o independencia; salvo los supuestos de la Ley.
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Artículo 2
1. La presente Ley será de aplicación a:
a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.
b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.
d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.
i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.
2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
Datos clave
- La Ley 53/1984 se aplica al personal civil y militar de la Administración del Estado y al de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
- Incluye entidades, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con fondos públicos.
- Incluye empresas con participación de las Administraciones Públicas superior al 50 por 100.
- Incluye al personal del Banco de España y de las instituciones financieras públicas y al retribuido mediante arancel.
- Se aplica a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ámbito subjetivo de la ley de incompatibilidades: alcanza a casi todo el personal del sector público, incluidos entes financiados o participados en más de la mitad por las Administraciones, sea cual sea el tipo de relación de empleo.
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Artículo 3
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.
2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.
Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.
Datos clave
- Solo puede desempeñarse un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos de la ley (funciones docente y sanitaria y casos de los artículos 5.º y 6.º).
- También por razón de interés público, determinado por el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno autonómico, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.
- Es indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no modifica jornada ni horario.
- Desempeñar un puesto en el sector público es incompatible con la pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso.
- Excepción en el ámbito laboral: la jubilación parcial es compatible con un puesto a tiempo parcial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo cabe un segundo puesto público en los casos tasados de la Ley (docencia, sanidad, interés público) y siempre con autorización previa y expresa, sin alterar la jornada de ninguno de los dos puestos.
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Artículo 4
El artículo 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, regula las compatibilidades en el ámbito docente, investigador, sanitario y cultural.
1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial.
2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.
Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el párrafo anterior, podrá autorizarse la compatibilidad para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace referencia.
Asimismo, a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.
Igualmente, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, al personal funcionario y laboral de las administraciones locales de las enseñanzas establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas y Profesores y Profesoras de Enseñanzas Artísticas Profesionales o de Enseñanzas Artísticas Superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan dichas enseñanzas.
3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos en la misma.
4. Asimismo, podrá autorizarse al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, al de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, al del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como al restante profesorado de formación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la compatibilidad para el desempeño de sus funciones, a tiempo parcial y cumpliendo las restantes exigencias de esta Ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, impartiendo todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional.
Datos clave
- Profesor universitario asociado: dedicación no superior a la de tiempo parcial.
- PDI universitario: segundo puesto en el sector público sanitario o exclusivamente investigador, si ambos son a tiempo parcial.
- Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería: segundo puesto en el sector sanitario.
- Sector público cultural: segundo puesto a tiempo parcial, salvo la prohibición del artículo 16.1.
- El profesorado universitario es compatible con los trabajos del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria.
- Profesorado de Secundaria y FP: compatibilidad a tiempo parcial en centros públicos con oferta integrada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Compatibilidades del ámbito docente, investigador, sanitario y cultural: profesor asociado a tiempo parcial, profesorado universitario con segundo puesto sanitario o investigador, Enfermería, enseñanzas artísticas y profesorado de formación profesional.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 5
1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:
a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.
Datos clave
- ¿Con qué cargos electivos puede compatibilizarse, por excepción, la actividad? → Con el de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y el de miembro de las Corporaciones locales.
- ¿Cuándo no cabe la compatibilidad como miembro de una Corporación local? → Cuando se desempeñen en ella cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
- ¿Cuándo no cabe como miembro de una Asamblea Legislativa autonómica? → Cuando se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o por las mismas se establezca la incompatibilidad.
- ¿Cuántas retribuciones pueden percibirse en estos supuestos? → Solo la de una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por excepción, el empleado público puede ser a la vez miembro de una Asamblea Legislativa autonómica o de una Corporación local, con límites, y cobrando solo la retribución de una de las dos actividades.
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Artículo 6
El artículo 6 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, regula la compatibilidad para actividades de investigación y asesoramiento.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.
Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley.
2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- Compatibilidad excepcional para actividades de investigación de carácter no permanente.
- También para asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos ajenos a las funciones del personal adscrito.
- La excepción se acredita por asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones.
- El personal investigador puede ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por sus organismos.
- Marco: esta ley y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Autorizan el Ministerio de la Presidencia o los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.
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Excepción para investigar o asesorar: cabe compatibilidad para investigación no permanente o asesoramiento científico o técnico concreto, y el personal investigador puede trabajar en sociedades creadas o participadas por su organismo.
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Artículo 7
El artículo 7 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, fija los límites retributivos para autorizar la compatibilidad de actividades públicas.
1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.
La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.
2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
Datos clave
- Límite absoluto: la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General.
- Incrementos sobre el puesto principal: 30 por 100 (grupo A), 35 por 100 (grupo B) y 40 por 100 (grupo C).
- 45 por 100 para el grupo D y 50 por 100 para el grupo E.
- Superar los límites en cómputo anual exige acuerdo expreso del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.
- El segundo puesto no computa a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
- Pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo por uno de los puestos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tope retributivo para compatibilizar dos actividades públicas: el total no puede superar la retribución de Director General ni la del puesto principal incrementada entre un 30 y un 50 por 100 según el grupo.
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Artículo 8
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda.
No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.
Datos clave
- Supuesto: personal que, en representación del sector público, pertenece a Consejos de Administración u órganos de gobierno.
- Solo puede percibir dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas.
- Las cantidades por cualquier otro concepto se ingresan directamente en la Tesorería pública.
- Máximo: dos Consejos de Administración u órganos de gobierno.
- Excepción por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.
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Quien representa al sector público en Consejos de Administración u órganos de gobierno solo cobra dietas o indemnizaciones por asistencia; lo demás va a la Tesorería, y no puede estar en más de dos.
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Artículo 9
La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo puesto.
Datos clave
- Autoriza o deniega en el Estado el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento.
- En CCAA, el órgano competente; en Corporaciones Locales, el Pleno al que esté adscrito el puesto principal.
- Requiere informe previo favorable del órgano del segundo puesto.
- Si ambos puestos son del Estado, informa la Subsecretaría del Departamento del segundo puesto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién autoriza o deniega la compatibilidad para un segundo puesto público, según dónde esté adscrito el puesto principal, y qué informe favorable exige el segundo puesto.
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Artículo 10
Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.
Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.
Datos clave
- Ante puestos incompatibles se debe optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
- A falta de opción, se entiende que se opta por el nuevo puesto.
- En el puesto anterior se pasa a excedencia voluntaria.
- Puestos compatibles previa autorización: debe instarse en los diez primeros días del plazo de toma de posesión.
- El plazo de toma de posesión se entiende prorrogado mientras recae resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al acceder a un nuevo puesto público incompatible hay que optar dentro del plazo de toma de posesión; sin opción, se entiende elegido el nuevo. Si cabe compatibilidad, se pide en los diez primeros días.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 11
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
Datos clave
- ¿Qué actividades privadas no puede ejercer el personal? → Las que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
- ¿Qué actividades se exceptúan de esa prohibición? → Las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohibición de actividades privadas relacionadas directamente con las del destino del empleado, con la excepción de las que realice para sí el interesado, y habilitación al Gobierno para fijar incompatibilidades por Real Decreto.
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Artículo 12
1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.
2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.
Véase la disposición adicional 24 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril Ref. BOE-A-2007-7786 , sobre las limitaciones establecidas en el apartado.1 b) y d).
Datos clave
- Prohibidas actividades privadas en asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o deba intervenir.
- Prohibida la pertenencia a Consejos de Administración de entidades privadas relacionadas con su Departamento.
- Prohibidos cargos en concesionarias, contratistas o arrendatarias de monopolios.
- Prohibida la participación superior al 10 por 100 en el capital de dichas empresas.
- Actividad privada con horario igual o superior a la mitad de la jornada: solo si la pública es a tiempo parcial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las actividades privadas que el personal nunca puede compaginar con el puesto público, aunque tenga reconocida una compatibilidad general, por el riesgo de conflicto de intereses.
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Artículo 13
No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
Datos clave
- No cabe compatibilidad para actividades privadas a quien tenga autorizado un segundo puesto público.
- Supuesto: suma de jornadas de ambos puestos igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
- Se refiere a quienes ya tienen autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos.
- La prohibición alcanza a cualquier actividad privada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien ya tiene autorizado un segundo puesto o actividad pública no puede obtener compatibilidad para actividades privadas si la suma de jornadas iguala o supera la máxima de las Administraciones.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 14
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.
Datos clave
- ¿Qué requiere el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas? → El previo reconocimiento de compatibilidad.
- ¿En qué plazo se dicta la resolución que reconoce la compatibilidad o declara la incompatibilidad? → En el plazo de dos meses.
- ¿A quién corresponde esa resolución en la Corporación Local? → Al Pleno de la Corporación Local.
- ¿Pueden los reconocimientos de compatibilidad modificar la jornada y el horario? → No, y quedan automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las actividades privadas fuera de la Administración exigen reconocimiento previo de compatibilidad, resuelto en dos meses; no altera jornada ni horario y decae al cambiar de puesto público.
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Artículo 15
El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.
Datos clave
- Prohibición dirigida a todo el personal incluido en el ámbito de la Ley.
- No puede invocar ni hacer uso de su condición pública.
- Actividades afectadas: mercantil, industrial o profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal incluido en la Ley de Incompatibilidades no puede invocar su condición pública para actividades mercantiles, industriales o profesionales.
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Artículo 16
El artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, limita el reconocimiento de compatibilidad para actividades privadas en función de las retribuciones del puesto.
1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
Esta redacción del apartado 1 procede de la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y produce efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III con la aprobación de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.
3. Se exceptúan de la prohibición del apartado 1 las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4.º, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento del artículo 6.º, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones de los artículos 1.º.3, 11, 12 y 13, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Datos clave
- No cabe compatibilidad cuando las retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, ni para el personal retribuido por arancel ni para el personal directivo, incluido el de alta dirección.
- La dedicación del profesorado universitario a tiempo completo se considera especial dedicación.
- Excepciones: profesor universitario asociado y actividades de investigación o asesoramiento del artículo 6.º, salvo personal docente universitario a tiempo completo.
- Cabe compatibilidad para actividades privadas si el complemento específico no supera el 30 por 100 de la retribución básica, excluida la antigüedad.
- La redacción del apartado 1 procede de la disposición final tercera del texto refundido del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo no cabe compatibilidad para actividades privadas: factor de incompatibilidad, arancel y personal directivo; con excepciones para profesor asociado, investigación o asesoramiento y complementos específicos de hasta el 30 por 100.
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Artículo 17
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en relación al personal de los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles respecto al de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las facultades que esta Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos respecto del personal de la Administración Civil del Estado y de sus Organismos autónomos y de la Seguridad Social.
2. Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas se entenderán referidas al Rector de cada Universidad, en relación al personal al servicio de la misma, en el marco del respectivo Estatuto.
Datos clave
- Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: personal de los servicios periféricos de ámbito regional.
- Gobernadores civiles: personal de los servicios periféricos provinciales.
- Ejercen las facultades que la Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos.
- En las Universidades, esas facultades corresponden al Rector, en el marco del respectivo Estatuto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién ejerce las facultades de la Ley en la periferia del Estado y en las Universidades: Delegados del Gobierno, Gobernadores civiles y el Rector.
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Artículo 18
Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este requisito será indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.
Datos clave
- Todas las resoluciones de compatibilidad se inscriben en los Registros de Personal correspondientes.
- Afecta tanto al segundo puesto o actividad en el sector público como a las actividades privadas.
- En el caso del sector público, la inscripción es requisito indispensable para acreditar haberes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a inscribir en el Registro de Personal toda resolución de compatibilidad, trámite imprescindible para poder cobrar por el segundo puesto o actividad.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 19
Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:
a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.
c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
Datos clave
- ¿Qué límite tienen los cursos o conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios para quedar exceptuados? → No tener carácter permanente o habitual ni suponer más de setenta y cinco horas al año.
- ¿Está exceptuada la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas? → Sí, queda exceptuada del régimen de incompatibilidades.
- ¿Qué participación en medios de comunicación está exceptuada? → La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
- ¿Está exceptuada la administración del patrimonio personal o familiar? → Sí, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocho actividades quedan fuera del régimen de incompatibilidades: patrimonio propio, docencia ocasional limitada, tribunales de oposición, evaluaciones docentes, mutualidades sin retribución, creación, medios y congresos.
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Artículo 20
1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.
2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave.
3. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondiente de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales.
Datos clave
- El incumplimiento se sanciona conforme al régimen disciplinario aplicable.
- La actividad compatible no excusa el deber de residencia ni la asistencia al trabajo.
- Falta grave o muy grave: revocación automática de la compatibilidad.
- Los órganos de dirección, inspección o jefatura previenen o corrigen las incompatibilidades.
- Coordina en el Estado la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las consecuencias de incumplir el régimen de incompatibilidades y aclara que ejercer una actividad compatible no exime de los deberes del puesto público.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El artículo 1 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «ámbito de aplicación» y establece lo siguiente.
El presente Reglamento será de aplicación al personal funcionario comprendido en el artículo 1, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Datos clave
- El Reglamento se aplica al personal funcionario comprendido en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984.
- Es el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Reglamento de Régimen Disciplinario se aplica al personal funcionario incluido en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
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Artículo 2. Funcionarios en prácticas.
El artículo 2 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «funcionarios en prácticas» y establece lo siguiente.
Los funcionarios en prácticas estarán sometidos a lo dispuesto en el presente Reglamento, en la medida que les sea de aplicación, sin perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección.
Datos clave
- Los funcionarios en prácticas quedan sometidos al Reglamento en la medida en que les sea de aplicación.
- Se entiende sin perjuicio de las normas especiales de su procedimiento de selección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios en prácticas también quedan sujetos al régimen disciplinario, en lo que les sea aplicable y sin perjuicio de las normas de su proceso selectivo.
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Artículo 3. Carácter supletorio.
El artículo 3 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «carácter supletorio» y establece lo siguiente.
Las disposiciones del presente Reglamento tendrán carácter supletorio para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluidos en su ámbito de aplicación.
Datos clave
- El Reglamento es supletorio para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluidos en su ámbito de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para los funcionarios del Estado y de las Administraciones Públicas que quedan fuera de su ámbito, el Reglamento actúa como norma supletoria.
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Artículo 4. Responsabilidad civil o penal.
El artículo 4 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «responsabilidad civil o penal» y establece lo siguiente.
El Régimen Disciplinario establecido en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma que determine de Ley.
Datos clave
- El régimen disciplinario se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de los funcionarios.
- Esa responsabilidad se hace efectiva en la forma que determine la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad disciplinaria es compatible con la civil o la penal: el régimen disciplinario no las excluye, y estas se exigen en la forma que determine la Ley.
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Artículo 5. Clases de faltas.
El artículo 5 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «clases de faltas» y establece lo siguiente.
Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos podrán ser muy graves, graves y leves.
Datos clave
- Las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ser muy graves, graves y leves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos se clasifican en tres grados: muy graves, graves y leves.
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Artículo 6. Faltas muy graves.
El artículo 6 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «faltas muy graves» y establece lo siguiente.
Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) El abandono de servicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como tales.
f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
g) La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la ley.
l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.
n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año.
Datos clave
- Son faltas muy graves, entre otras, el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, la discriminación y el abandono de servicio.
- También lo son la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
- Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año es falta muy grave (letra n).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de catorce faltas muy graves: desde la infidelidad a la Constitución o la discriminación hasta el abandono de servicio, la vulneración de la huelga y la reiteración de tres graves en un año.
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Artículo 7. Faltas graves.
El artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «faltas graves» y establece lo siguiente.
1. Son faltas graves:
a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados.
d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.
e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes.
m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
n) La grave perturbación del servicio.
ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
o) La grave falta de consideración con los administrados.
p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período comprendido desde el día primero al último de cada uno de los doce que componen el año.
Datos clave
- Son faltas graves, entre otras, la falta de obediencia debida, el abuso de autoridad y la grave desconsideración.
- El incumplimiento injustificado de la jornada que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes es falta grave.
- La tercera falta injustificada de asistencia en tres meses, si las dos anteriores fueron sancionadas como leves, es falta grave.
- A estos efectos, mes es el período del día primero al último de cada uno de los doce del año.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Diecisiete faltas graves, de la desobediencia y el abuso de autoridad a la falta de sigilo, las diez horas de jornada al mes, la tercera ausencia en tres meses o burlar el control horario.
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Artículo 8. Faltas leves.
El artículo 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «faltas leves» y establece lo siguiente.
Son faltas leves:
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia injustificada de un día.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.
Datos clave
- Son faltas leves el incumplimiento injustificado del horario de trabajo que no sea falta grave y la falta de asistencia injustificada de un día.
- También la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados y el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones.
- Incumplir deberes y obligaciones es leve si no constituye falta grave o muy grave.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco faltas leves: incumplir el horario sin llegar a grave, faltar un día sin justificar, la incorrección, el descuido o negligencia y el incumplimiento de deberes no calificado como grave o muy grave.
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Artículo 9. Responsabilidad disciplinaria.
El artículo 9 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «responsabilidad disciplinaria» y establece lo siguiente.
Los funcionarios incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidos por este Reglamento.
Datos clave
- Los funcionarios incurren en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principio de tipicidad: el funcionario solo incurre en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias que prevé el propio Reglamento.
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Artículo 10. Funcionarios en situación distinta del servicio activo.
El artículo 10 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «funcionarios en situación distinta del servicio activo» y establece lo siguiente.
Los funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio activo, podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en este Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.
Datos clave
- Los funcionarios en situación distinta del servicio activo pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por faltas cometidas en su situación.
- Si no es posible cumplir la sanción, se hace efectiva al cambiar de situación, salvo prescripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Estar fuera del servicio activo no exime de responsabilidad disciplinaria; si la sanción no puede cumplirse por la situación del funcionario, se aplaza hasta que cambie, salvo que prescriba.
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Artículo 11. Pérdida de la condición de funcionario.
El artículo 11 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «pérdida de la condición de funcionario» y establece lo siguiente.
1. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.
2. La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó aquélla.
Datos clave
- No cabe responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.
- La pérdida de la condición no libera de la responsabilidad civil o penal por faltas cometidas mientras se ostentó.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras perder la condición de funcionario ya no cabe responsabilidad disciplinaria por actos posteriores, pero sigue la civil o penal por faltas cometidas mientras se era funcionario.
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Artículo 12. Inducción a la falta.
El artículo 12 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «inducción a la falta» y establece lo siguiente.
Los funcionarios que indujeren a otros a la realización de actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. De no haberse consumado la falta, incurrirán en responsabilidad, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.
Datos clave
- Quien induce a otros a una falta incurre en la misma responsabilidad que ellos.
- Si la falta no se consumó, se aplican los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien induce a otro funcionario a cometer una falta responde igual que el autor; si la falta no llega a consumarse, se aplican los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles de 1964.
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Artículo 13. Encubrimiento de faltas.
El artículo 13 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «encubrimiento de faltas» y establece lo siguiente.
Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios que encubrieren las faltas consumadas muy graves y graves cuando de dicho acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos y serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior.
Datos clave
- Incurren en responsabilidad quienes encubren faltas consumadas muy graves y graves cuando se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.
- Se sancionan según los criterios del artículo anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El encubrimiento solo genera responsabilidad si la falta encubierta es muy grave o grave, está consumada y causa graves daños a la Administración o a los ciudadanos.
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Artículo 14. Sanciones.
El artículo 14 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «sanciones» y establece lo siguiente.
Por razón de las faltas a que se refiere este Reglamento, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Separación del servicio.
b) Suspensión de funciones.
c) Traslado con cambio de residencia.
d) (Derogada)
e) Apercibimiento.
Datos clave
- Sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento.
- La letra d) figura como derogada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones disciplinarias previstas son separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento; la letra d) figura como derogada.
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Artículo 15. Separación del servicio.
El artículo 15 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «separación del servicio» y establece lo siguiente.
La sanción de separación de servicio, únicamente podrá imponerse por faltas muy graves.
Datos clave
- La separación del servicio solo puede imponerse por faltas muy graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La separación del servicio es la sanción reservada en exclusiva a las faltas muy graves.
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Artículo 16. Suspensión de funciones y traslado con cambio de residencia.
El artículo 16 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «suspensión de funciones y traslado con cambio de residencia» y establece lo siguiente.
Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 podrán imponerse por la comisión de faltas graves o muy graves.
La sanción de suspensión de funciones impuesta por comisión de falta muy grave, no podrá ser superior a seis años ni inferior a tres. Si se impone por falta grave, no excederá de tres años.
Si la suspensión firme no excede del período en el que el funcionario permaneció en suspensión provisional, la sanción no comportará necesariamente pérdida del puesto de trabajo.
Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia, no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y durante uno cuando hubiere correspondido a la comisión de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó el traslado.
Datos clave
- Suspensión y traslado pueden imponerse por faltas graves o muy graves.
- Suspensión por falta muy grave: no superior a seis años ni inferior a tres; por falta grave, no más de tres años.
- Traslado con cambio de residencia: tres años sin obtener destino en la localidad (falta muy grave) y un año (falta grave), desde el traslado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Suspensión de funciones y traslado con cambio de residencia sirven para faltas graves o muy graves; la duración de la suspensión y el veto de destino dependen de la gravedad.
Esquema
| Falta muy grave | Falta grave | |
|---|---|---|
| Suspensión de funciones | Entre tres y seis años | Hasta tres años |
| Veto de destino tras traslado | Tres años | Un año |
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Artículo 17. Sanciones por faltas leves.
El artículo 17 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «sanciones por faltas leves» y establece lo siguiente.
Las faltas leves solamente podrán ser corregidas con las sanciones que se señalan en los apartados d) o e) del artículo 14.
Datos clave
- Las faltas leves solo se corrigen con las sanciones de las letras d) o e) del artículo 14.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas leves solo admiten las sanciones de las letras d) o e) del artículo 14: el texto lo dice con un «solamente».
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Artículo 18. Necesidad de expediente disciplinario.
El artículo 18 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «necesidad de expediente disciplinario» y establece lo siguiente.
1. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves, sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento regulado en el título II del presente Reglamento.
2. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente al que se refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso.
Datos clave
- Las sanciones por faltas graves o muy graves exigen expediente instruido conforme al título II.
- Para las leves no es preceptivo el expediente, pero sí el trámite de audiencia al inculpado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas graves y muy graves solo se sancionan tras expediente del título II; para las leves no hace falta expediente, pero la audiencia al inculpado es obligatoria en todo caso.
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Artículo 19. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
El artículo 19 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «extinción de la responsabilidad disciplinaria» y establece lo siguiente.
1. La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía.
2. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado.
Datos clave
- La responsabilidad disciplinaria se extingue por cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía.
- Si se pierde la condición de funcionario durante el procedimiento, se declara extinguido y se archiva, salvo que la parte interesada inste la continuación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco causas extinguen la responsabilidad disciplinaria; si el inculpado deja de ser funcionario durante el procedimiento, este se declara extinguido y se archiva, salvo que la parte interesada pida seguir.
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Artículo 20. Prescripción de las faltas.
El artículo 20 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «prescripción de las faltas» y establece lo siguiente.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiere cometido.
2. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente disciplinario deberá ser debidamente registrada, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.
Datos clave
- Prescripción de las faltas: muy graves a los seis años, graves a los dos años y leves al mes.
- El plazo se cuenta desde que la falta se cometió.
- Se interrumpe por la iniciación del procedimiento; vuelve a correr si el expediente está paralizado más de seis meses por causa no imputable al funcionario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas prescriben a los seis años (muy graves), dos años (graves) o al mes (leves), desde su comisión; la incoación del expediente interrumpe el plazo, que se reanuda tras seis meses de paralización.
Esquema
| Muy graves | Graves | Leves | |
|---|---|---|---|
| Plazo | Seis años | Dos años | Al mes |
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Artículo 21. Prescripción de las sanciones.
El artículo 21 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «prescripción de las sanciones» y establece lo siguiente.
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves al mes.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.
Datos clave
- Prescripción de las sanciones: muy graves a los seis años, graves a los dos años y leves al mes.
- El plazo se cuenta desde el día siguiente a la firmeza de la resolución o desde el quebrantamiento del cumplimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones ya impuestas también prescriben, con plazos según la gravedad de la falta: seis años, dos años o un mes. El reloj arranca con la firmeza de la resolución o con el quebrantamiento.
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Artículo 22. Indultos.
El artículo 22 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «indultos» y establece lo siguiente.
La amplitud y efectos de los indultos de sanciones disciplinarias se regularán por las disposiciones que los concedan.
Datos clave
- La amplitud y efectos de los indultos de sanciones disciplinarias se regulan por las disposiciones que los concedan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El reglamento no fija el alcance de los indultos de sanciones disciplinarias: lo decide cada disposición que concede el indulto.
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Artículo 23. Hechos constitutivos de delito o falta penal.
El artículo 23 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «hechos constitutivos de delito o falta penal» y establece lo siguiente.
En cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiere ordenado la incoación del expediente para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal. Ello no será obstáculo para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la sanción si procediera.
No obstante, cuándo se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de algunos de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes y de los delitos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos, tipificados en los títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial.
Datos clave
- Si el instructor aprecia indicios de delito o falta penal, lo comunica a la autoridad que ordenó la incoación para el Ministerio Fiscal.
- La tramitación puede continuar, salvo en ciertos delitos de funcionarios (títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal), en que se suspende hasta resolución judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la falta puede ser delito o falta penal, el instructor avisa para que llegue al Ministerio Fiscal; el expediente sigue, salvo en ciertos delitos de funcionarios, en que se suspende hasta la resolución judicial.
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Artículo 24. Suspensión provisional por procesamiento.
El artículo 24 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «suspensión provisional por procesamiento» y establece lo siguiente.
El Subsecretario del Departamento podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, cualquiera que sea la causa del mismo, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento.
Esta suspensión cuando sea declarada por la autoridad administrativa, se regulará por lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y podrá prolongarse durante todo el procesamiento.
Datos clave
- El Subsecretario puede acordar la suspensión provisional de funcionarios procesados si no la adoptó la autoridad judicial.
- Se rige por los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y puede prolongarse durante todo el procesamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Subsecretario puede suspender provisionalmente al funcionario procesado, sea cual sea la causa, si el juez no lo ha hecho ya; esa suspensión puede durar todo el procesamiento.
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Artículo 25. Impulso de oficio.
El artículo 25 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «impulso de oficio» y establece lo siguiente.
El procedimiento para la sanción de faltas disciplinarias se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Datos clave
- El procedimiento sancionador se impulsa de oficio en todos sus trámites.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento disciplinario avanza por sí solo: la Administración lo impulsa de oficio en todos sus trámites.
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Artículo 26. Tramitación, comunicaciones y notificaciones.
El artículo 26 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «tramitación, comunicaciones y notificaciones» y establece lo siguiente.
La tramitación, comunicaciones y notificaciones se ajustarán en todo a lo dispuesto en el título IV, capítulo II, secciones primera y segunda de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Datos clave
- Tramitación, comunicaciones y notificaciones se ajustan al título IV, capítulo II, secciones primera y segunda de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para tramitar, comunicar y notificar, el reglamento remite íntegramente a la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Artículo 27. Iniciación del procedimiento.
El artículo 27 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «iniciación del procedimiento» y establece lo siguiente.
El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.
De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma.
Datos clave
- El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente.
- Puede originarse por propia iniciativa, orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.
- Si nace de una denuncia, el acuerdo se comunica al firmante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El expediente disciplinario se inicia siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, aunque el impulso venga de una orden, una moción o una denuncia; al denunciante se le comunica.
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Artículo 28. Información reservada.
El artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «información reservada» y establece lo siguiente.
El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de una información reservada.
Datos clave
- El órgano competente para incoar puede acordar previamente una información reservada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de abrir expediente, el órgano competente puede ordenar una información reservada.
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Artículo 29. Competencia para incoar el expediente.
El artículo 29 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «competencia para incoar el expediente» y establece lo siguiente.
1. Será competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso. Asimismo, podrán acordar dicha incoación los Directores generales respecto del personal dependiente de su Dirección General y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su correspondiente ámbito territorial.
2. La incoación del expediente disciplinario podrá acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.
Datos clave
- Ordena la incoación el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso.
- También pueden los Directores generales (su personal) y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles (su ámbito territorial).
- La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incoa el expediente el Subsecretario en todo caso; también pueden los Directores generales y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles en su ámbito. Puede ser de oficio o a propuesta del jefe.
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Artículo 30. Instructor y Secretario.
El artículo 30 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «instructor y Secretario» y establece lo siguiente.
En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor, que deberá ser un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. En el caso de que dependa de otro Departamento, se requerirá la previa autorización del Subsecretario de éste.
Cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija, se procederá al nombramiento de Secretario, que en todo caso deberá tener la condición de funcionario.
Datos clave
- La resolución de incoación nombra Instructor, funcionario de cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado.
- Si depende de otro Departamento, se requiere autorización previa de su Subsecretario.
- Se nombra Secretario cuando la complejidad o trascendencia lo exija; debe ser funcionario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución de incoación nombra Instructor, funcionario de igual o superior grupo que el inculpado. Solo si el caso es complejo o trascendente se nombra Secretario, que también debe ser funcionario.
Esquema
| Instructor | Secretario | |
|---|---|---|
| ¿Cuándo? | Siempre, en la resolución de incoación | Cuando la complejidad o trascendencia lo exija |
| Requisito | Funcionario de igual o superior grupo al del inculpado | Condición de funcionario |
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Artículo 31. Notificación de la incoación.
El artículo 31 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «notificación de la incoación» y establece lo siguiente.
La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor y Secretario, se notificará al funcionario sujeto a expediente, así como a los designados para ostentar dichos cargos.
Datos clave
- La incoación con el nombramiento de Instructor y Secretario se notifica al funcionario sujeto a expediente y a los designados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La incoación, junto con el nombramiento de Instructor y Secretario, se notifica a dos destinatarios: el funcionario expedientado y los propios designados.
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Artículo 32. Abstención y recusación.
El artículo 32 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «abstención y recusación» y establece lo siguiente.
1. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario.
3. La abstención y la recusación se plantearán ante la Autoridad que acordó el nombramiento, quien deberá resolver en el término de tres días.
Datos clave
- Al Instructor y al Secretario se aplican la abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
- La recusación puede ejercitarse desde que el interesado conozca quiénes son.
- Se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que resuelve en tres días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Instructor y Secretario pueden abstenerse o ser recusados según la Ley de Procedimiento Administrativo; se plantea ante quien los nombró, que resuelve en tres días.
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Artículo 33. Medidas provisionales.
El artículo 33 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «medidas provisionales» y establece lo siguiente.
1. Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
2. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento disciplinario, en los términos y con los efectos señalados en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
3. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.
Datos clave
- La Autoridad que acordó la incoación puede adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución.
- La suspensión provisional puede acordarse en la incoación o durante la tramitación (artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado).
- No pueden dictarse medidas que causen perjuicios irreparables o violen derechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Iniciado el expediente, quien lo incoó puede adoptar medidas provisionales para asegurar la resolución, incluida la suspensión provisional, pero nunca las que causen perjuicios irreparables o violen derechos.
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Artículo 34. Diligencias del Instructor.
El artículo 34 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «diligencias del Instructor» y establece lo siguiente.
1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
2. El Instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquél hubiera alegado en su declaración.
Todos los Organismos y dependencias de la Administración están obligados a facilitar al Instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales que precise para el desarrollo de sus actuaciones.
Datos clave
- El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos.
- Primeras actuaciones: declaración del presunto inculpado y diligencias derivadas de la denuncia.
- Los Organismos y dependencias deben facilitar antecedentes, informes y medios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instructor ordena todas las diligencias y pruebas útiles para aclarar los hechos; empieza tomando declaración al inculpado, y toda la Administración debe ayudarle.
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Artículo 35. Pliego de cargos.
El artículo 35 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «pliego de cargos» y establece lo siguiente.
1. A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contados a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del presente Reglamento. El Instructor podrá por causas justificadas, solicitar la ampliación del plazo referido en el párrafo anterior.
2. El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al funcionario.
El Instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.
Datos clave
- El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación, ampliable por causas justificadas.
- Contiene los hechos imputados, la falta presuntamente cometida y las sanciones aplicables (artículo 14).
- Se redacta en párrafos separados y numerados por hecho.
- Propone mantener o levantar la suspensión provisional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En un plazo no superior a un mes desde la incoación, el Instructor formula el pliego de cargos: hechos en párrafos numerados, falta y sanciones posibles, y propuesta sobre la suspensión provisional.
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Artículo 36. Contestación al pliego de cargos.
El artículo 36 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «contestación al pliego de cargos» y establece lo siguiente.
El pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndosele un plazo de diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. En este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.
Datos clave
- El pliego de cargos se notifica al inculpado.
- Plazo de contestación: diez días, con alegaciones y documentos.
- En ese trámite debe solicitar las pruebas que estime necesarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Notificado el pliego de cargos, el inculpado tiene diez días para alegar y aportar documentos, y es en ese trámite cuando debe pedir las pruebas.
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Artículo 37. Práctica de la prueba.
El artículo 37 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «práctica de la prueba» y establece lo siguiente.
1. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como la de todas aquellas que considere pertinentes. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes.
2. El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución queda recurso del inculpado.
Datos clave
- Contestado el pliego o transcurrido el plazo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas.
- Plazo de prueba: un mes.
- El Instructor puede denegar pruebas innecesarias, motivando la denegación, sin recurso del inculpado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras la contestación al pliego (o sin ella), el Instructor acuerda las pruebas pedidas que juzgue oportunas y las que considere pertinentes, con un mes para practicarlas; puede denegar las innecesarias motivando, sin recurso.
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Artículo 38. Medios de prueba.
El artículo 38 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «medios de prueba» y establece lo siguiente.
Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Datos clave
- Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el expediente disciplinario vale cualquier medio de prueba admisible en derecho para acreditar los hechos relevantes.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 39. Notificación de las pruebas.
El artículo 39 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «notificación de las pruebas» y establece lo siguiente.
Para la práctica de las pruebas propuestas, así como para la de las de oficio cuando se estime oportuno, se notificará al funcionario el lugar, fecha y hora en que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.
Datos clave
- Se notifica al funcionario el lugar, fecha y hora de las pruebas.
- Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de practicar las pruebas, se notifica al funcionario dónde, cuándo y a qué hora, y la recepción de esa notificación debe constar en el expediente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 40. Intervención del Instructor en la prueba.
El artículo 40 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «intervención del Instructor en la prueba» y establece lo siguiente.
La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario, sin perjuicio de que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.
Datos clave
- La intervención del Instructor en cada prueba es esencial.
- No puede ser suplida por el Secretario.
- Puede interesar diligencias de cualquier órgano de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instructor tiene que intervenir en todas y cada una de las pruebas; el Secretario no puede sustituirle, aunque el Instructor sí puede pedir diligencias a otros órganos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 41. Vista del expediente.
El artículo 41 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «vista del expediente» y establece lo siguiente.
Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente título se dará vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia completa del expediente al inculpado cuando éste así lo solicite.
Datos clave
- Cumplimentadas las diligencias, se da vista inmediata del expediente al inculpado.
- Plazo de alegaciones: diez días.
- Se facilita copia completa del expediente si lo solicita.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Terminadas las diligencias, el inculpado ve el expediente de inmediato y tiene diez días para alegar y aportar documentos; si la pide, se le da copia completa.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 42. Propuesta de resolución.
El artículo 42 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «propuesta de resolución» y establece lo siguiente.
El Instructor formulará dentro de los diez días siguientes la propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que se estime cometida, señalándose la responsabilidad del funcionario así como la sanción a imponer.
Datos clave
- El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes.
- Fija con precisión los hechos, motiva la denegación de pruebas y hace la valoración jurídica.
- Señala la falta, la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los diez días siguientes, el Instructor formula la propuesta de resolución: hechos precisos, motivo de las pruebas denegadas, valoración jurídica, falta, responsabilidad y sanción.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 43. Audiencia sobre la propuesta de resolución.
El artículo 43 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «audiencia sobre la propuesta de resolución» y establece lo siguiente.
La propuesta de resolución se notificará por el Instructor al interesado para que, en el plazo de diez días, pueda alegar ante el Instructor cuanto considere conveniente en su defensa.
Datos clave
- La propuesta de resolución se notifica al interesado por el Instructor.
- Plazo de alegaciones ante el Instructor: diez días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instructor notifica la propuesta de resolución al interesado, que tiene diez días para alegar ante el propio Instructor.
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Artículo 44. Remisión del expediente.
El artículo 44 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «remisión del expediente» y establece lo siguiente.
Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente completo al órgano que haya acordado la incoación del procedimiento, el cual lo remitirá al órgano competente para que proceda a dictar la decisión que corresponda o, en su caso, ordenará al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.
Datos clave
- Oído el inculpado o transcurrido el plazo, el expediente se remite de inmediato al órgano que acordó la incoación.
- Este lo remite al órgano competente para decidir o ordena al Instructor nuevas diligencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras oír al inculpado (o agotado su plazo), el expediente completo va de inmediato al órgano que lo incoó, que lo pasa al competente para decidir o pide más diligencias al Instructor.
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Artículo 45. Resolución.
El artículo 45 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «resolución» y establece lo siguiente.
1. La resolución, que pone fin al procedimiento disciplinario, deberá adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
2. La resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.
Datos clave
- La resolución se adopta en el plazo de diez días, salvo separación del servicio.
- Debe ser motivada y resolver todas las cuestiones planteadas.
- No pueden aceptarse hechos distintos de los del pliego de cargos y la propuesta, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución pone fin al procedimiento, se adopta en diez días (salvo separación del servicio), debe ser motivada y resolver todo, sin admitir hechos nuevos aunque sí otra valoración jurídica.
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Artículo 46. Diligencias complementarias.
El artículo 46 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «diligencias complementarias» y establece lo siguiente.
El órgano competente para imponer la sanción podrá devolver el expediente al Instructor para la práctica de las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En tal caso antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para imponer la sanción, se dará vista de lo actuado al funcionario inculpado, a fin de que el plazo de diez días alegue cuanto estime conveniente.
Datos clave
- El órgano sancionador puede devolver el expediente al Instructor para diligencias imprescindibles.
- Antes de remitirlo de nuevo se da vista al inculpado, con plazo de diez días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El órgano sancionador puede devolver el expediente al Instructor para diligencias imprescindibles; antes de volver a enviarlo, el inculpado ve lo actuado y alega en diez días.
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Artículo 47. Órganos competentes para sancionar.
El artículo 47 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «órganos competentes para sancionar» y establece lo siguiente.
Serán órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, quien con carácter previo oirá a la Comisión Superior de Personal, para imponer la separación del servicio.
2. Los Ministros y Secretarios de Estado del Departamento en el que esté destinado el funcionario, o los Subsecretarios por delegación de éstos, para imponer las sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14.
Si la sanción se impone por la comisión de las faltas en materia de incompatibilidades previstas en el artículo 6, apartado h) y artículo 7, apartado k), en relación con las actividades desarrolladas en diferentes Ministerios la competencia corresponderá al Ministro de la Presidencia.
3. El Subsecretario del Departamento, en todo caso, los Directores generales respecto del personal dependiente de su Dirección General y los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles respecto a los funcionarios destinados en su correspondiente ámbito territorial, para la imposición de las sanciones de los apartados d) y e) del artículo 14.
Datos clave
- Separación del servicio: Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, previa audiencia de la Comisión Superior de Personal.
- Sanciones b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado, o Subsecretarios por delegación.
- Incompatibilidades en diferentes Ministerios: Ministro de la Presidencia.
- Sanciones d) y e): Subsecretario, Directores generales y Delegados del Gobierno o Gobernadores civiles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién sanciona depende de la sanción del artículo 14: la separación, el Consejo de Ministros; las de b) y c), Ministros y Secretarios de Estado; las de d) y e), Subsecretario, Directores generales y Delegados o Gobernadores.
Esquema
| Sanción | Órgano | |
|---|---|---|
| Separación del servicio | Separación del servicio | Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia |
| Art. 14 b) y c) | Apartados b) y c) | Ministros y Secretarios de Estado, o Subsecretarios por delegación |
| Art. 14 d) y e) | Apartados d) y e) | Subsecretario, Directores generales, Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles |
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Artículo 48. Contenido de la resolución.
El artículo 48 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «contenido de la resolución» y establece lo siguiente.
1. En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinarse con toda precisión la falta que se estime cometida señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.
2. Si la resolución estimare la inexistencia de falta disciplinaria o la de responsabilidad para el funcionario inculpado hará las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales.
3. La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos.
Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma.
Datos clave
- La resolución determina la falta, los preceptos, el funcionario responsable y la sanción, y declara sobre las medidas provisionales.
- Se notifica al inculpado con indicación de recursos, órgano y plazos.
- Si el procedimiento se inició por denuncia, se notifica al firmante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución precisa la falta, sus preceptos, el responsable y la sanción, y se pronuncia sobre las medidas provisionales; se notifica al inculpado con sus recursos y, si hubo denuncia, al denunciante.
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Artículo 49. Ejecución de las sanciones.
El artículo 49 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «ejecución de las sanciones» y establece lo siguiente.
Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se imponga, y en el plazo máximo de un mes, salvo que, cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto en dicha resolución.
Datos clave
- Las sanciones se ejecutan según los términos de la resolución.
- Plazo máximo de ejecución: un mes, salvo causas justificadas que fije otro la resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sanción se ejecuta como diga la resolución y en un plazo máximo de un mes, salvo que la propia resolución fije otro por causas justificadas.
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Artículo 50. Inejecución y suspensión de la sanción.
El artículo 50 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «inejecución y suspensión de la sanción» y establece lo siguiente.
El Ministro de la Presidencia podrá acordar la inejecución de la sanción, y el órgano competente para resolver podrá acordar su suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción.
Si la sanción fuera de separación del servicio, el acuerdo de su inejecución o suspensión corresponderá al Consejo de Ministros.
Ambos acuerdos deberán adoptarse de oficio, o a instancia del interesado, siempre que mediare causa fundada para ello.
Datos clave
- El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver, su suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción.
- Si es separación del servicio, corresponde al Consejo de Ministros.
- Los acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, con causa fundada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministro de la Presidencia puede acordar que la sanción no se ejecute y el órgano que resolvió, suspenderla un tiempo; si es separación del servicio, decide el Consejo de Ministros. Hace falta causa fundada.
Esquema
| Inejecución | Suspensión temporal | |
|---|---|---|
| Órgano general | Ministro de la Presidencia | Órgano competente para resolver |
| Separación del servicio | Consejo de Ministros | Consejo de Ministros |
| Límite | Causa fundada | Tiempo inferior al de su prescripción y causa fundada |
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Artículo 51. Anotación y cancelación de las sanciones.
El artículo 51 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, trata de «anotación y cancelación de las sanciones» y establece lo siguiente.
Las sanciones disciplinarías que se impongan a los funcionarios se anotarán en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que los motivaron.
La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del interesado en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo.
Datos clave
- Las sanciones se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas.
- La cancelación se produce de oficio o a instancia del interesado.
- No se computan a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o cancelables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones se anotan en el Registro Central de Personal con la falta que las motivó; la anotación se cancela de oficio o a instancia del interesado, y lo cancelado nunca cuenta para la reincidencia.
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Artículo 36. Formas de provisión.
El artículo 36 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Formas de provisión», dispone lo siguiente.
1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema normal de provisión, o de libre designación, de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones.
2. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante redistribución de efectivos o por reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo.
3. Temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción provisional, en los supuestos previstos en este Reglamento.
Datos clave
- El concurso es el sistema normal de provisión; la libre designación es el otro procedimiento.
- La redistribución y la reasignación de efectivos operan cuando lo exijan las necesidades del servicio (la reasignación, como consecuencia de un Plan de Empleo).
- Temporalmente, comisión de servicios y adscripción provisional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mapa de las formas de provisión: concurso (sistema normal) y libre designación; redistribución y reasignación de efectivos cuando lo exija el servicio; y, temporalmente, comisión de servicios y adscripción provisional.
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Artículo 37. Anotaciones en el Registro Central de Personal.
El artículo 37 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Anotaciones en el Registro Central de Personal», dispone lo siguiente.
Las diligencias de cese y toma de posesión de los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo deberán ser comunicadas al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización.
Datos clave
- Las diligencias de cese y toma de posesión se comunican al Registro Central de Personal.
- Plazo: tres días hábiles siguientes a su formalización.
- Se refiere a los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las diligencias de cese y toma de posesión de quien accede a un puesto se comunican al Registro Central de Personal en los tres días hábiles siguientes a su formalización.
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Artículo 38. Convocatorias.
El artículo 38 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Convocatorias», dispone lo siguiente.
1. Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios al servicio de la Administración General del Estado se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento y en las normas específicas que resulten aplicables.
2. Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso como por libre designación, así como sus respectivas resoluciones, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesados, en otros Boletines o Diarios Oficiales.
Datos clave
- Concurso y libre designación se rigen por la convocatoria respectiva, ajustada al Reglamento y a las normas específicas.
- Convocatorias y resoluciones se publican en el «Boletín Oficial del Estado».
- Pueden publicarse además en otros Boletines o Diarios Oficiales si se estima necesario para su difusión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concurso y libre designación se rigen por su convocatoria, ajustada al Reglamento y a las normas específicas; convocatorias y resoluciones se publican en el BOE y, si hace falta para su difusión, en otros boletines.
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Artículo 39. Convocatorias de concursos.
El artículo 39 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Convocatorias de concursos», dispone lo siguiente.
La Secretaría de Estado para la Administración Pública, a iniciativa de los Departamentos ministeriales, autorizará las convocatorias de los concursos. Dichas convocatorias deberán contener las bases de las mismas, con la denominación, nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos indispensables para su desempeño, los méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos, así como la previsión, en su caso, de memorias o entrevistas y la composición de las comisiones de valoración.
Datos clave
- Autoriza las convocatorias de concursos la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a iniciativa de los Departamentos ministeriales.
- Las bases incluyen denominación, nivel, descripción y localización de los puestos, requisitos indispensables, méritos y baremo.
- Deben prever, en su caso, memorias o entrevistas y la composición de las comisiones de valoración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Secretaría de Estado para la Administración Pública autoriza, a iniciativa de los Departamentos, las convocatorias de concursos, que deben recoger puestos, requisitos, méritos, baremo, memorias o entrevistas y comisiones de valoración.
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Artículo 40. Organos competentes.
El artículo 40 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Organos competentes», dispone lo siguiente.
1. Cada Ministerio procederá a la convocatoria y a la resolución de los concursos para la provisión de los puestos adscritos al Departamento, sus Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
2. El Ministerio para las Administraciones Públicas coordinará los concursos de provisión de puestos de trabajo con funciones administrativas y auxiliares adscritos a los Cuerpos y Escalas de los grupos C y D y podrá convocar concursos unitarios para cubrir los referidos puestos en los distintos Departamentos ministeriales.
Datos clave
- Cada Ministerio convoca y resuelve los concursos de los puestos de su Departamento, Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- El Ministerio para las Administraciones Públicas coordina los concursos de puestos con funciones administrativas y auxiliares de los grupos C y D.
- Puede convocar concursos unitarios para esos puestos en distintos Departamentos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Ministerio convoca y resuelve los concursos de sus puestos; el Ministerio para las Administraciones Públicas coordina los de puestos administrativos y auxiliares de los grupos C y D y puede convocar concursos unitarios.
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Artículo 41. Requisitos y condiciones de participación.
El artículo 41 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Requisitos y condiciones de participación», dispone lo siguiente.
1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte en los concursos, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación, sin ninguna limitación por razón del Ministerio en el que prestan servicio o de su municipio de destino, salvo en los concursos que, en aplicación de lo dispuesto en un Plan de Empleo, se reserven para los funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen.
2. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento ministerial, en defecto de aquélla, o en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el de supresión de puestos de trabajo.
A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.
3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo municipio dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.
4. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio para las Administraciones Públicas de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas.
Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autorización.
5. Las condiciones de movilidad de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos a áreas funcionales o sectores de actividad se establecerán conjuntamente por los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, a fin de asegurar una adecuada planificación de personal y racionalizar el desarrollo profesional, y tendrán reflejo en las relaciones de puestos de trabajo.
Datos clave
- Pueden participar los funcionarios en cualquier situación administrativa, salvo los suspensos en firme.
- Los requisitos se cumplen en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
- Permanencia mínima de dos años en el puesto de destino definitivo, con las salvedades indicadas.
- Petición condicionada por convivencia familiar entre dos funcionarios, para el mismo municipio.
- Los Cuerpos con puestos en exclusiva necesitan autorización del Ministerio para las Administraciones Públicas para concursar a puestos indistintos.
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Quién puede concursar (cualquier situación salvo suspensos en firme), cuándo se cumplen los requisitos, la permanencia mínima de dos años, la petición condicionada por convivencia familiar y los límites a los Cuerpos con puestos en exclusiva.
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Artículo 42. Presentación de solicitudes de participación.
El artículo 42 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Presentación de solicitudes de participación», dispone lo siguiente.
1. Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante y contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de éstos.
2. El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Datos clave
- Las solicitudes se dirigen al órgano convocante, con orden de preferencia si son varios los puestos.
- Plazo de presentación: quince días hábiles.
- Se cuenta desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las solicitudes van al órgano convocante con el orden de preferencia de los puestos y se presentan en quince días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE.
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Artículo 44. Méritos.
El artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Méritos», dispone lo siguiente.
1. En los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Sólo podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto que se determinen en las respectivas convocatorias.
b) El grado personal consolidado se valorará, en todo caso, en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala correspondiente y, cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos.
c) La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y, alternativa o simultáneamente, en atención a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la similitud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos, pudiendo valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados.
d) Unicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo.
e) La antigüedad se valorará por años de servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. El correspondiente baremo podrá diferenciar la puntuación en atención a los Cuerpos o Escalas en que se hayan desempeñado los servicios.
2. Las bases de cada convocatoria establecerán una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad para los siguientes supuestos:
a) El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto.
b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor.
c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consaguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.
3. La puntuación de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados anteriores no podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma.
4. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado 1 del presente artículo, por el orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.
5. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. En los procesos de valoración podrán recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.
6. En las convocatorias deberá fijarse una puntuación mínima para la adjudicación de destino.
Datos clave
- Méritos: grado personal, valoración del trabajo desarrollado, cursos de formación y perfeccionamiento, y antigüedad.
- Cada concepto no puede exceder del 40 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 por 100.
- Los méritos se valoran con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditan documentalmente con la solicitud.
- Empate: se acude a los méritos del apartado 1 por su orden, luego a la fecha de ingreso como funcionario de carrera y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.
- La convocatoria debe fijar una puntuación mínima para la adjudicación de destino.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Méritos del concurso (específicos, grado, trabajo desarrollado, cursos y antigüedad), supuestos de conciliación puntuables, el tope del 40 % y el suelo del 10 % por concepto, el desempate y la fecha de referencia.
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Artículo 45. Concursos específicos.
El artículo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Concursos específicos», dispone lo siguiente.
1. Cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases. En la primera se valorarán los méritos enunciados en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo anterior conforme a los criterios establecidos en el mismo. La segunda fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria.
2. En estos supuestos, en la convocatoria figurará la descripción del puesto de trabajo, que deberá incluir las especificaciones derivadas de la naturaleza de la función encomendada al mismo y la relación de las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo, deberá fijar los méritos específicos adecuados a las características de los puestos mediante la delimitación de los conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del puesto.
3. Las convocatorias fijarán las puntuaciones máximas y mínimas de las dos fases.
4. En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato, con base en la descripción contenida en la convocatoria.
Las entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.
Los aspirantes con alguna discapacidad podrán pedir en la solicitud de participación las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las entrevistas.
5. La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.
6. La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados finales de las dos fases.
Datos clave
- Los concursos específicos constan de dos fases: méritos generales (b, c, d y e del artículo 44.1) y méritos específicos.
- En la segunda fase pueden exigirse memorias o entrevistas, que se especifican en la convocatoria.
- La convocatoria fija las puntuaciones máximas y mínimas de las dos fases.
- La puntuación es la media aritmética de la Comisión de Valoración, desechando la máxima y la mínima.
- La propuesta recae en el candidato con mayor puntuación sumadas las dos fases.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El concurso específico puede tener dos fases: méritos generales del artículo anterior y méritos específicos del puesto (con memoria o entrevista). Se puntúa con media de la Comisión, quitando máxima y mínima.
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Artículo 46. Comisiones de Valoración.
El artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Comisiones de Valoración», dispone lo siguiente.
1. Las Comisiones de Valoración estarán constituidas como mínimo por cuatro miembros designados por la autoridad convocante, de los que uno, al menos, será designado a propuesta del centro directivo al que corresponda la administración de personal. Cuando el concurso se efectúe al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de este Reglamento, uno, al menos, de los restantes miembros será designado a propuesta del centro directivo al que figuren adscritos los puestos convocados.
Podrá designarse además un miembro en representación de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito correspondiente, tienen derecho a participar como miembros en la Comisión de Valoración del ámbito de que se trate.
El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración.
Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. En los concursos referidos en el artículo anterior deberán, además, poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados.
Los Presidentes y Secretarios, titulares y suplentes, serán nombrados por la autoridad convocante de entre los miembros designados por la Administración.
Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto.
2. Las Comisiones propondrán al candidato que haya obtenido mayor puntuación.
Datos clave
- La Comisión de Valoración tiene como mínimo cuatro miembros, designados por la autoridad convocante.
- Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de representantes tienen derecho a participar.
- Los representantes sindicales no pueden ser igual o superior en número a los designados a propuesta de la Administración.
- Los miembros deben pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo igual o superior al exigido para los puestos.
- Pueden designarse expertos asesores con voz pero sin voto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Composición de las Comisiones de Valoración: mínimo cuatro miembros designados por la autoridad convocante, presencia sindical sin llegar a igualar a la Administración, grupo igual o superior y asesores con voz sin voto.
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Artículo 47. Resolución.
El artículo 47 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Resolución», dispone lo siguiente.
1. El plazo para la resolución del concurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.
2. La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos.
Datos clave
- Plazo de resolución: dos meses desde el día siguiente a la finalización del de presentación de solicitudes, salvo otro plazo en la convocatoria.
- La resolución se motiva con referencia a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria.
- Deben acreditarse la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El concurso se resuelve en dos meses desde el día siguiente al fin del plazo de solicitudes, salvo que la convocatoria fije otro, y la resolución se motiva acreditando procedimiento debido y valoración final de méritos.
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Artículo 48. Toma de posesión.
El artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Toma de posesión», dispone lo siguiente.
1. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
2. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándose a la unidad a que haya sido destinado el funcionario.
Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado para la Administración Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.
Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
4. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año.
Datos clave
- Plazo de toma de posesión: tres días hábiles sin cambio de residencia; un mes si hay cambio de residencia o reingreso al servicio activo.
- El cese debe efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución.
- El Subsecretario puede diferir el cese hasta veinte días hábiles; la Secretaría de Estado para la Administración Pública, hasta un máximo de tres meses.
- Prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si hay cambio de residencia.
- El plazo posesorio es servicio activo a todos los efectos, salvo reingreso desde excedencia voluntaria o por cuidado de hijos pasado el primer año.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de cese y toma de posesión tras un concurso: tres días hábiles o un mes, cese en tres días hábiles desde la publicación en el BOE, aplazamientos del cese y prórroga de incorporación.
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Artículo 49. Destinos.
El artículo 49 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Destinos», dispone lo siguiente.
1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.
Datos clave
- Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que se obtenga otro destino mediante convocatoria pública antes de finalizar el plazo de toma de posesión.
- Son de carácter voluntario y no generan derecho a indemnización, sin perjuicio de las excepciones del régimen de indemnizaciones por razón de servicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El destino obtenido en concurso no se puede rechazar salvo que antes de acabar el plazo posesorio se gane otro por convocatoria pública, y al ser voluntario no da derecho a indemnización, salvo las excepciones del régimen de indemnizaciones.
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Artículo 50. Remoción del puesto de trabajo.
El artículo 50 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Remoción del puesto de trabajo», dispone lo siguiente.
1. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
En los supuestos previstos en los artículos 42.3 y 74.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no se podrá formular propuesta de remoción en tanto no quede establecida la ausencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario y sólo cuando la causa del incumplimiento sea imputable al mismo.
2. La propuesta motivada de remoción será formulada por el titular del centro directivo, Delegado del Gobierno o Gobernador civil y se notificará al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes.
3. La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de Personal correspondiente al centro donde presta servicio el funcionario afectado, que emitirá su parecer en el plazo de diez días hábiles.
4. Recibido el parecer de la Junta de Personal, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificación de la propuesta se dará nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectuó el nombramiento resolverá. La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será motivada y notificada al interesado en el plazo de diez días hábiles y comportará, en su caso, el cese del funcionario en el puesto de trabajo.
5. A los funcionarios removidos se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, en el mismo municipio, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio para las Administraciones Públicas.
Datos clave
- La remoción de quien accedió por concurso procede por alteración del contenido del puesto o por falta de capacidad manifestada por rendimiento insuficiente.
- El interesado dispone de diez días hábiles para alegaciones; la Junta de Personal emite su parecer en diez días hábiles.
- Resuelve la autoridad que efectuó el nombramiento; la resolución pone fin a la vía administrativa y se notifica en diez días hábiles.
- El removido desempeña provisionalmente un puesto de su Cuerpo o Escala, en el mismo municipio, no inferior en más de dos niveles a su grado personal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien obtuvo el puesto por concurso puede ser removido por alteración del contenido del puesto o por rendimiento insuficiente, con propuesta motivada, alegaciones, parecer de la Junta de Personal y resolución que agota la vía administrativa.
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Artículo 51. Procedimiento de libre designación.
El artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Procedimiento de libre designación», dispone lo siguiente.
1. La facultad de proveer los puestos de libre designación corresponde a los Ministros de los Departamentos de los que dependan y a los Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias.
2. Sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados de los Departamentos ministeriales, de sus Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Secretarías de Altos Cargos de la Administración y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.
Datos clave
- Proveen los puestos de libre designación los Ministros y, en el ámbito de sus competencias, los Secretarios de Estado.
- Solo pueden cubrirse así Subdirectores generales, Delegados y Directores territoriales o provinciales, Comisionados, Secretarías de Altos Cargos y otros puestos directivos o de especial responsabilidad fijados en las relaciones de puestos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Proveen los puestos de libre designación los Ministros y los Secretarios de Estado, y solo se cubren así puestos tasados: Subdirector general, Delegados y Directores territoriales o provinciales, Comisionados, Secretarías de Altos Cargos y otros directivos fijados en la RPT.
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Artículo 52. Convocatoria.
El artículo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Convocatoria», dispone lo siguiente.
La designación se realizará previa convocatoria pública, en la que, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.
Datos clave
- La libre designación requiere convocatoria pública.
- Recoge la descripción del puesto y los requisitos de la relación de puestos de trabajo.
- Puede incluir especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
También la libre designación exige convocatoria pública, con la descripción del puesto y requisitos de la RPT y, si se quiere, especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones.
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Artículo 53. Solicitudes.
El artículo 53 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Solicitudes», dispone lo siguiente.
Las solicitudes se dirigirán, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria, al órgano convocante.
Datos clave
- Las solicitudes se dirigen al órgano convocante.
- Plazo: quince días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la libre designación las solicitudes se dirigen al órgano convocante en los quince días hábiles siguientes al de publicación de la convocatoria.
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Artículo 54. Informes.
El artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Informes», dispone lo siguiente.
1. El nombramiento requerirá el previo informe del titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir. Si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Departamento, se requerirá informe favorable de éste. De no emitirse en el plazo de quince días naturales se considerará favorable. Si fuera desfavorable, podrá, no obstante, efectuarse el nombramiento previa autorización del Secretario de Estado para la Administración Pública.
2. Se requerirá asimismo informe del Delegado del Gobierno o Gobernador civil cuando los nombramientos se refieran a los Directores de los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente, o a aquellos Jefes de unidades que, en su respectivo ámbito, no se encuentren encuadradas en ninguna otra de su Departamento.
Datos clave
- El nombramiento requiere informe previo del titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto.
- Si el funcionario es de otro Departamento, se requiere informe favorable de éste; se considera favorable si no se emite en quince días naturales.
- Si el informe es desfavorable, el nombramiento requiere autorización del Secretario de Estado para la Administración Pública.
- Informe adicional del Delegado del Gobierno o Gobernador civil en los supuestos del apartado 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Informes previos al nombramiento por libre designación: el del titular del centro del puesto, el favorable del Departamento de origen si el candidato es de otro (silencio favorable en quince días naturales) y el del Delegado del Gobierno o Gobernador civil en ciertos puestos periféricos.
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Artículo 55. Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva.
El artículo 55 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva», dispone lo siguiente.
Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos en exclusiva se precisará el informe favorable del Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala.
Datos clave
- Si el funcionario pertenece a un Cuerpo o Escala con puestos reservados en exclusiva, se precisa informe favorable del Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para nombrar por libre designación a un funcionario de un Cuerpo o Escala con puestos reservados en exclusiva hace falta informe favorable del Ministerio al que está adscrito ese Cuerpo o Escala.
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Artículo 56. Nombramientos.
El artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Nombramientos», dispone lo siguiente.
1. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
2. Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.
En todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
Datos clave
- Plazo máximo de nombramiento: un mes desde la finalización del de presentación de solicitudes, prorrogable hasta un mes más.
- La resolución se motiva con referencia al cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y a la competencia.
- Debe acreditarse la observancia del procedimiento debido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los nombramientos por libre designación se hacen en un mes desde el fin del plazo de solicitudes, prorrogable un mes más, y se motivan por los requisitos del candidato y la competencia, acreditando el procedimiento debido.
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Artículo 57. Toma de posesión.
El artículo 57 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Toma de posesión», dispone lo siguiente.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 de este Reglamento.
Datos clave
- La toma de posesión en la libre designación se rige por el artículo 48 del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La toma de posesión del nuevo destino obtenido por libre designación no tiene régimen propio: se remite al del artículo 48 del Reglamento, el de los concursos.
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Artículo 58. Cese.
El artículo 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Cese», dispone lo siguiente.
1. Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional.
La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla.
2. Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio para las Administraciones Públicas.
La necesidad de que el nuevo puesto que se atribuye al funcionario sea en el mismo municipio no será de aplicación cuando se trate del cese de funcionarios destinados en el exterior.
Datos clave
- Los funcionarios de libre designación pueden ser cesados con carácter discrecional.
- La motivación del cese se refiere a la competencia para adoptarlo.
- El cesado se adscribe provisionalmente a un puesto de su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles a su grado personal, en el mismo municipio.
- El requisito del mismo municipio no se aplica al cese de funcionarios destinados en el exterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El funcionario de libre designación puede ser cesado discrecionalmente, con motivación referida solo a la competencia, y pasa a un puesto provisional de su Cuerpo no inferior en más de dos niveles a su grado, en el mismo municipio salvo destinos en el exterior.
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Artículo 59. Redistribución de efectivos.
El artículo 59 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Redistribución de efectivos», dispone lo siguiente.
1. Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos no singularizados podrán ser adscritos, por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y complemento específico, siempre que para la provisión de los referidos puestos esté previsto el mismo procedimiento y sin que ello suponga cambio de municipio.
Son puestos no singularizados aquellos que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en las correspondientes relaciones.
El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter definitivo, iniciándose el cómputo de los dos años a que se refiere el artículo 41.2 de este Reglamento desde la fecha en que se accedió con tal carácter al puesto que se desempeñaba en el momento de la redistribución.
2. Los órganos competentes para acordar la redistribución de efectivos son los siguientes:
a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública, previo informe de los Departamentos afectados, cuando la adscripción se efectúe en el ámbito de los servicios centrales de distintos Departamentos.
b) Los Subsecretarios en el ámbito de su Departamento, así como entre el Departamento y sus Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Los Presidentes o Directores de Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social respecto de los funcionarios destinados en ellos.
d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre servicios de distintos Departamentos, previo informe favorable de éstos.
Datos clave
- Afecta a funcionarios con puesto definitivo no singularizado; mismo nivel de complemento de destino y específico, sin cambio de municipio.
- El nuevo puesto tiene carácter definitivo; los dos años del artículo 41.2 se computan desde el puesto anterior.
- Competentes: Secretaría de Estado para la Administración Pública, Subsecretarios, Presidentes o Directores de Organismos, y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La redistribución mueve, por necesidades del servicio, a funcionarios con puesto definitivo no singularizado a otro equivalente sin cambio de municipio; el nuevo puesto es definitivo y conserva el cómputo de los dos años.
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Artículo 60. Reasignación de efectivos.
El artículo 60 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Reasignación de efectivos», dispone lo siguiente.
1. Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea objeto de supresión como consecuencia de un Plan de Empleo podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos.
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad, que se concretarán en el mismo.
La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo.
2. Los funcionarios que como consecuencia de la reasignación de efectivos vean modificado su municipio de residencia tendrán derecho a la indemnización prevista en el artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sin perjuicio de otras ayudas que puedan establecerse en los Planes de Empleo.
3. La reasignación de efectivos podrá producirse en alguna de las siguientes fases:
1.ª En el plazo máximo de seis meses desde la supresión del puesto de trabajo, el Subsecretario del Departamento ministerial donde estuviera destinado el funcionario podrá reasignarle a un puesto de trabajo de similares características, funciones y retribuciones en el ámbito del mismo y de los Organismos adscritos. Cuando se trate de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva, la reasignación se efectuará por la autoridad de la que dependan dichos Cuerpos o Escalas.
2.ª Si en el plazo señalado en la fase anterior el funcionario no hubiera obtenido puesto en el Ministerio donde estaba destinado, podrá ser reasignado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, en un plazo máximo de tres meses, a un puesto en otro Departamento ministerial en las mismas condiciones establecidas en la primera fase.
Durante estas dos primeras fases la reasignación tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y voluntario para puestos que radiquen en otro distinto.
En tanto no sea reasignado a un puesto durante las dos fases citadas, el funcionario continuará percibiendo las retribuciones del puesto de trabajo suprimido que desempeñaba y podrán encomendársele tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala de pertenencia.
3.ª Los funcionarios que tras las anteriores fases de reasignación de efectivos no hayan obtenido un puesto de trabajo serán adscritos al Ministerio para las Administraciones Públicas a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, siendo declarados en la situación administrativa de expectativa de destino. Podrán ser reasignados por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a puestos, de similares características a los que tenían, de otros Ministerios y sus Organismos adscritos. A estos efectos se entenderán como puestos de similares características los que guarden semejanza en su forma de provisión y retribuciones respecto del que se venía desempeñando.
La reasignación conllevará el reingreso al servicio activo. Tendrá carácter obligatorio cuando el puesto esté situado en la misma provincia y voluntario cuando radique en provincia distinta a la del puesto que se desempeñaba en el Departamento de origen.
4. La reasignación de efectivos de funcionarios de la Administración General de Estado en otras Administraciones Públicas se acordará por la Secretaría de Estado para la Administración Pública en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse con ellas, con las garantías previstas en el artículo 20.1.g), último párrafo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Datos clave
- Se aplica a funcionarios cuyo puesto se suprime por un Plan de Empleo, con criterios objetivos de aptitudes, formación, experiencia y antigüedad.
- La adscripción por reasignación es definitiva.
- Primera fase: seis meses, el Subsecretario del Departamento; segunda fase: tres meses, la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
- Tercera fase: adscripción al Ministerio para las Administraciones Públicas en expectativa de destino.
- Reasignación obligatoria en el mismo municipio (fases 1 y 2) o provincia (fase 3); voluntaria en otro distinto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reasignación tras la supresión del puesto por un Plan de Empleo: criterios objetivos, destino definitivo, indemnización por cambio de residencia y tres fases (Subsecretario, Secretaría de Estado y expectativa de destino).
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Artículo 61. Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo.
El artículo 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo», dispone lo siguiente.
1. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades o centros.
Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solamente podrá llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de los puestos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.
Cuando la adscripción suponga cambio de Departamento ministerial podrá llevarse a efecto por el Ministerio para las Administraciones Públicas, en las condiciones establecidas en los párrafos anteriores.
2. En el marco de los Planes de Empleo podrá promoverse la celebración de concursos de provisión de puestos de trabajo dirigidos a cubrir plazas vacantes en centros y organismos identificados como deficitarios, para funcionarios procedentes de áreas consideradas como excedentarias. La obtención de una plaza en dichos concursos conlleva la supresión del puesto de origen u otro del mismo nivel de complemento de destino y complemento específico en la relación de puestos de trabajo del centro u organismo de origen.
Datos clave
- Los puestos no singularizados y sus titulares pueden adscribirse a otras unidades o centros.
- Si hay cambio de municipio se requiere la conformidad de los titulares.
- El cambio de Departamento ministerial puede acordarlo el Ministerio para las Administraciones Públicas.
- En los Planes de Empleo pueden convocarse concursos para centros deficitarios; obtener plaza suprime el puesto de origen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los puestos no singularizados y sus titulares pueden adscribirse a otras unidades o centros; con cambio de municipio hace falta su conformidad. En los Planes de Empleo caben concursos para centros deficitarios.
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Artículo 62. Reingreso al servicio activo.
El artículo 62 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Reingreso al servicio activo», dispone lo siguiente.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo o, en su caso, por reasignación de efectivos para los funcionarios en situación de expectativa de destino o en la modalidad de excedencia forzosa a que se refiere el artículo 29.6 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las necesidades del servicio, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.
El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año y el funcionario tendrá obligación de participar en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente. Si no obtuviere destino definitivo se le aplicará lo dispuesto el artículo 72.1 de este Reglamento.
Datos clave
- Sin reserva de puesto, el reingreso se hace por concurso, libre designación o reasignación de efectivos.
- También cabe reingreso por adscripción provisional, condicionado a las necesidades del servicio.
- El puesto provisional se convoca para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año, con obligación de participar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sin reserva de puesto, se reingresa por concurso, libre designación o reasignación (expectativa de destino o excedencia forzosa) o por adscripción provisional, con obligación de concursar al puesto en un año.
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Artículo 63. Adscripción provisional.
El artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Adscripción provisional», dispone lo siguiente.
Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los siguientes supuestos:
a) Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 50.5 y 58.
b) Supresión del puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72.3 de este Reglamento.
c) Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 62.2 de este Reglamento.
Datos clave
- La adscripción provisional solo procede en tres supuestos.
- Remoción o cese en un puesto obtenido por concurso o libre designación (artículos 50.5 y 58).
- Supresión del puesto (artículo 72.3) y reingreso al servicio activo sin reserva de puesto (artículo 62.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La adscripción provisional está tasada: solo cabe por remoción o cese en puesto de concurso o libre designación, por supresión del puesto o por reingreso sin reserva de puesto.
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Artículo 64. Comisiones de servicios.
El artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Comisiones de servicios», dispone lo siguiente.
1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
2. Podrán acordarse también comisiones de servicios de carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión podrá destinarse con carácter forzoso al funcionario que preste servicios en el mismo Departamento, incluidos sus Organismos autónomos, o Entidad Gestora de la Seguridad Social, en el municipio más próximo o con mejores facilidades de desplazamiento y que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad.
3. Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo y se acordarán por los órganos siguientes:
a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública, cuando la comisión suponga cambio de Departamento ministerial y se efectúe en el ámbito de los servicios centrales, o en el de los servicios periféricos si se produce fuera del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y, en ambos casos, previo informe del Departamento de procedencia.
b) Los Subsecretarios, en el ámbito de su correspondiente Departamento ministerial, así como entre el Departamento y sus Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras.
c) Los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, respecto de los funcionarios destinados en ellos.
d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre servicios de distintos Departamentos, previo informe del Departamento de procedencia.
4. Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de ocho días en las comisiones de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso.
5. El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.
6. A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñan.
Datos clave
- Comisión de servicios voluntaria: vacante, urgente e inaplazable necesidad; forzosa: vacante desierta en concurso.
- Duración máxima de un año, prorrogable por otro si no se cubre el puesto con carácter definitivo.
- Acuerdan: Secretaría de Estado para la Administración Pública, Subsecretarios, Presidentes o Directores de Organismos, Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles.
- Cese y toma de posesión: tres días sin cambio de residencia; con cambio, ocho días (voluntaria) o treinta (forzosa).
- Se reserva el puesto y se perciben todas las retribuciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comisiones de servicios voluntarias (vacante con urgente e inaplazable necesidad) y forzosas (concurso desierto), su duración de un año prorrogable por otro, órganos competentes, plazos de cese y toma de posesión, y reserva de puesto.
Esquema
| Voluntaria | Forzosa | |
|---|---|---|
| Presupuesto | Vacante y urgente e inaplazable necesidad | Vacante desierta en concurso y provisión urgente |
| Plazo sin cambio de residencia | Tres días | Tres días |
| Plazo con cambio de residencia | Ocho días | Treinta días |
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Artículo 65. Misiones de cooperación internacional.
El artículo 65 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Misiones de cooperación internacional», dispone lo siguiente.
1. Podrán acordarse por los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales comisiones de servicios de funcionarios destinados en los mismos para participar, por tiempo que salvo casos excepcionales no será superior a seis meses, en programas o misiones de cooperación internacional al servicio de Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, siempre que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la participación del funcionario en dichos programas o misiones.
2. La resolución que acuerde la comisión de servicios determinará, en función de los términos de la cooperación a realizar, si se percibe la retribución correspondiente al puesto de origen o la del puesto a desempeñar.
Datos clave
- Los Subsecretarios acuerdan comisiones de servicios para misiones de cooperación internacional.
- Duración, salvo casos excepcionales, no superior a seis meses.
- La resolución determina si se percibe la retribución del puesto de origen o la del puesto a desempeñar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Subsecretarios pueden enviar en comisión de servicios a sus funcionarios a misiones de cooperación internacional, normalmente hasta seis meses, si consta el interés de la Administración; la resolución decide qué retribución se cobra.
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Artículo 66. Atribución temporal de funciones.
El artículo 66 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Atribución temporal de funciones», dispone lo siguiente.
1. En casos excepcionales, los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales podrán atribuir a los funcionarios el desempeño temporal en comisión de servicios de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas.
2. En tal supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho, en su caso.
Datos clave
- Los Subsecretarios, en casos excepcionales, atribuyen temporalmente funciones especiales en comisión de servicios.
- Se perciben las retribuciones del puesto de trabajo, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo 66 bis. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación.
El artículo 66 bis del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Movilidad por razones de salud o de rehabilitación», dispone lo siguiente.
1. Previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, o los hijos a su cargo, se podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En todo caso, se requerirá el informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido. Si los motivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el funcionario solicitante, será preceptivo el informe del Servicio de prevención de riesgos laborales del departamento u organismo donde preste sus servicios.
2. La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento.
El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia.
3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento.
Datos clave
- Adscripción por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo.
- Informe previo del servicio médico oficial; del Servicio de prevención de riesgos laborales si afecta al propio funcionario.
- Requiere vacante dotada presupuestariamente, de necesaria provisión y con complementos no superiores a los del puesto de origen.
- Carácter definitivo si el puesto de origen lo era; permanencia mínima de dos años.
- Competentes: los órganos del artículo 64.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A petición del funcionario, por salud o rehabilitación suya, de su cónyuge o de los hijos a su cargo, puede adscribírsele a otra unidad, con informe médico oficial y vacante dotada de complementos no superiores.
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Artículo 66 ter. Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género.
El artículo 66 ter del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, bajo la rúbrica «Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género», dispone lo siguiente.
1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.
En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos.
El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia.
3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento.
Datos clave
- Traslado de la funcionaria víctima de violencia de género a un puesto en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.
- La solicitud va acompañada de la orden de protección o, excepcionalmente, de informe del Ministerio Fiscal.
- Puesto propio de su cuerpo o escala, vacante, dotado presupuestariamente, de necesaria provisión y con complementos no superiores.
- Cese y toma de posesión: tres días hábiles sin cambio de residencia; un mes con cambio.
- Los traslados con cambio de residencia se consideran forzosos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La funcionaria víctima de violencia de género que deba dejar su puesto puede pedir traslado a otra unidad o localidad, con orden de protección o informe fiscal; se le adjudica una vacante de su cuerpo sin complementos superiores.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 1
El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado», dispone lo siguiente.
El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo, así como por la legislación de Clases Pasivas del Estado.
Datos clave
- El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por esta Ley y sus normas de desarrollo.
- También por la legislación de Clases Pasivas del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por esta ley y sus normas de aplicación y desarrollo, y también por la legislación de Clases Pasivas del Estado.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 2
El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Mecanismos de cobertura», dispone lo siguiente.
1. Este Régimen especial queda integrado por los siguientes mecanismos de cobertura:
a) El Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con sus normas específicas.
b) El Régimen del Mutualismo Administrativo que se regula en la presente Ley.
2. No obstante lo anterior, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011, quedarán integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Datos clave
- Mecanismos de cobertura: Régimen de Clases Pasivas del Estado y Régimen del Mutualismo Administrativo.
- Los funcionarios de carrera ingresados desde el 1 de enero de 2011 se integran en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El régimen especial combina Clases Pasivas y mutualismo administrativo, pero los funcionarios de carrera civiles del Estado ingresados desde el 1 de enero de 2011 van al Régimen General a efectos de pensiones.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 3
El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Campo de aplicación», dispone lo siguiente.
1. Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación de este Régimen especial:
a) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.
b) Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos de la Administración Civil del Estado, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. Quedan excluidos de este Régimen especial y se regirán por sus normas específicas:
a) Los funcionarios de la Administración Local.
b) Los funcionarios de organismos autónomos.
c) Los funcionarios de Administración Militar.
d) Los funcionarios de la Administración de Justicia.
e) Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social.
f) Los funcionarios de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas.
g) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas, que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.
h) El personal de administración y servicios propio de las universidades.
Datos clave
- Incluidos: funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y funcionarios en prácticas que aspiren a ella.
- Excluidos, entre otros: funcionarios de la Administración Local, de organismos autónomos, Militar, de Justicia y de la Seguridad Social.
- También excluidos los funcionarios de nuevo ingreso de las Comunidades Autónomas y el personal de administración y servicios de las universidades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quedan incluidos obligatoriamente los funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración Civil del Estado; se excluyen ocho colectivos, que se rigen por sus normas específicas.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 4
El artículo 4 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Competencia y adscripción», dispone lo siguiente.
1. El sistema de mutualismo administrativo, al que se refiere esta Ley, se gestionará y prestará a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.
2. Dicha gestión se llevará a cabo de forma unitaria por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.
Datos clave
- El mutualismo administrativo se gestiona a través de MUFACE, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.
- La gestión es unitaria, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El mutualismo administrativo se gestiona y presta a través de MUFACE, de forma unitaria, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas con los funcionarios estatales transferidos.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 5
El artículo 5 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Naturaleza y régimen jurídico», dispone lo siguiente.
1. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, y se regirá por las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el apartado 2 siguiente.
2. El régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable y el de intervención y control financiero de las prestaciones, así como el régimen de los conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica, será el establecido por esta Ley y sus normas de desarrollo ; por la Ley General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y, supletoriamente, por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
3. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado gozará del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.
Datos clave
- MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión.
- Se rige por la Ley 6/1997 en lo relativo a los organismos autónomos, salvo lo dispuesto para su régimen económico-financiero.
- Goza del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión; se rige como organismo autónomo salvo en su régimen económico, y tiene el mismo trato fiscal que el Estado.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 6
El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Régimen de personal», dispone lo siguiente.
El personal al servicio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado será funcionario o laboral en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.
Datos clave
- El personal de MUFACE es funcionario o laboral en los mismos términos que en la Administración General del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de MUFACE puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos que el de la Administración General del Estado.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 7
El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Afiliación y altas», dispone lo siguiente.
1. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporarán obligatoriamente, como mutualistas, a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en el momento de la toma de posesión de su cargo, cuando adquieran la condición de funcionario, o sean rehabilitados en dicha condición, o reingresen al servicio activo y conservarán la condición de mutualista, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo, cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicios especiales, salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 8.
b) Servicios en Comunidades Autónomas.
c) Expectativa de destino.
d) Excedencia forzosa.
e) Excedencia por el cuidado de familiares.
f) Suspensión provisional o firme de funciones.
2. Igualmente conservarán la condición de mutualista, en los términos y condiciones señalados por el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, los funcionarios cuando sean declarados jubilados de carácter forzoso por edad, de carácter voluntario o por incapacidad permanente para el servicio.
3. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que accedan por promoción interna a Escalas interdepartamentales o departamentales de Organismos Autónomos, quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan mantener la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, transferidos a las Comunidades Autónomas, que accedan por promoción interna a Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, y sin perjuicio de su situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de la Administración Civil del Estado, quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan mantener la condición de mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
En el caso de que deseen mantener su condición de mutualistas, deberán ejercitar esta opción, por una sola vez, en el plazo de quince días desde la toma de posesión en el nuevo Cuerpo o Escala.
El mantenimiento de dichos funcionarios en el Mutualismo Administrativo no comportará, en ningún caso, su inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos de derechos pasivos.
Datos clave
- Los funcionarios de carrera se incorporan obligatoriamente como mutualistas en la toma de posesión, adquisición o rehabilitación de la condición o reingreso.
- Conservan la condición en servicios especiales, servicios en CCAA, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión.
- También la conservan los jubilados de carácter forzoso, voluntario o por incapacidad permanente.
- Opción de mantenerse como mutualistas, por una sola vez, en quince días desde la toma de posesión en el nuevo Cuerpo o Escala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios de carrera civiles del Estado son mutualistas obligatorios desde la toma de posesión, conservan esa condición en varias situaciones y tras la jubilación, y pueden mantenerla si pasan por promoción interna al Régimen General.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 8
El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Baja, mantenimiento facultativo y suspensión de la situación de alta», dispone lo siguiente.
1. Causan baja como mutualistas obligatorios:
a) Los funcionarios que pasen a la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades, salvo que ejerciten la opción de mantener la condición de mutualistas, en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 7.
b) Los funcionarios que pierdan tal condición, cualquiera que sea la causa.
c) Los funcionarios que ejerciten el derecho de transferencia establecido en el artículo 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero.
d) Los funcionarios que sean afiliados obligatoriamente al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en aplicación de la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en tanto persista la causa que dio origen a esta afiliación.
2. Podrán mantener facultativamente la situación de alta como mutualistas voluntarios, con igualdad de derechos, los funcionarios a que se refieren los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, siempre que abonen exclusivamente a su cargo las cuotas correspondientes al funcionario y al Estado.
El ejercicio de este derecho de opción se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a las normas que se establezcan reglamentariamente.
3. Podrán optar por suspender el alta en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y cesar en sus derechos y obligaciones respecto a la misma, los funcionarios incluidos en este Régimen especial, que se encuentren en la situación de servicios especiales por prestar servicios como personal de la administración de la Unión Europea o de otra organización internacional en la que España sea parte y que estén acogidos obligatoriamente al régimen de previsión de la mencionada organización, mientras dure dicha situación, y siempre que no estén incluidos en el supuesto contemplado en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo.
Datos clave
- Causan baja: excedencia voluntaria (salvo opción), pérdida de la condición de funcionario, derecho de transferencia a la UE y afiliación a las Fuerzas Armadas.
- Pueden mantener facultativamente el alta como mutualistas voluntarios abonando las cuotas del funcionario y del Estado.
- Pueden suspender el alta quienes estén en servicios especiales en la Unión Europea u otra organización internacional con régimen de previsión obligatorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Bajas como mutualista obligatorio, posibilidad de seguir como voluntario pagando ambas cuotas y opción de suspender el alta para quien sirva en la UE u otra organización internacional con previsión propia.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 9
El artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Afiliación a más de un Régimen de la Seguridad Social», dispone lo siguiente.
1. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo determinará el régimen aplicable a los funcionarios que pasen de un Cuerpo a otro, dentro de la Administración Civil del Estado, así como el de aquellos que ocupen simultáneamente varias plazas por estar legalmente establecida su compatibilidad.
2. Asimismo, se determinarán por vía reglamentaria los supuestos y condiciones para conservar los derechos en curso de adquisición de quienes pasen del Régimen del Mutualismo Administrativo, al que se refiere el párrafo b) del artículo 2 de esta Ley, a otros del sistema de la Seguridad Social, e inversamente, a lo largo de su vida profesional.
3. Cuando una única prestación de servicios sea causa de la inclusión obligatoria de un funcionario público en más de un Régimen de la Seguridad Social, podrá optar, por una sola vez, por pertenecer exclusivamente al Régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios públicos que le corresponda. Si la doble afiliación afecta a dos regímenes especiales de funcionarios, podrá optar, también por una sola vez, por pertenecer a uno solo de ellos.
Datos clave
- El Reglamento General del Mutualismo Administrativo determina el régimen de quienes pasen de un Cuerpo a otro o ocupen varias plazas compatibles.
- Por vía reglamentaria se conservan los derechos en curso de adquisición al pasar a otros regímenes.
- Ante doble inclusión obligatoria, puede optarse por una sola vez por un único Régimen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Remite al reglamento el cambio de Cuerpo, las plazas compatibles y la conservación de derechos al pasar entre regímenes, y permite optar una sola vez por un único régimen ante la doble afiliación.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 10
El artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Régimen de cotización de los mutualistas», dispone lo siguiente.
1. La cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado será obligatoria para todos los mutualistas, con excepción de los mutualistas jubilados y de quienes se encuentren en la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares.
2. La base de cotización será la que anualmente se establezca como haber regulador en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. El tipo porcentual de cotización será fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico.
4. La cuota mensual de cotización se obtendrá dividiendo por catorce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual, reducida en su caso, el tipo porcentual establecido y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre.
No obstante, la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias se reducirá, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en que se minore dicha paga como consecuencia de abonarse la misma en cuantía proporcional al tiempo en que se haya permanecido en situación de servicio activo.
Las cuotas correspondientes a los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.
5. El régimen de cotización de los mutualistas, que mantengan facultativamente su situación de alta, será el dispuesto en el apartado 2 del artículo 8.
6. La obligación de pago de las cotizaciones a la Mutualidad prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha en que preceptivamente debieron ser ingresadas. La prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado al pago de la cotización conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por el requerimiento al deudor.
7. Los mutualistas obligados a cotizar tendrán derecho a la devolución total o parcial de las cuotas o al exceso de las mismas, ingresadas indebidamente. El plazo para ejercitar este derecho será de cuatro años a partir de la fecha en que se hubiesen hecho efectivas. Formarán parte de la cotización a devolver los recargos, intereses y costas que se hubieren satisfecho cuando el ingreso indebido se hubiere realizado por vía de apremio, así como el interés legal aplicado, en su caso, a las cantidades ingresadas.
Datos clave
- Cotización obligatoria, salvo mutualistas jubilados y excedencia voluntaria por cuidado de hijos o familiares.
- La base y el tipo porcentual se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- La cuota mensual se obtiene dividiendo por catorce y se abona doblemente en junio y diciembre.
- La obligación de pago prescribe a los cuatro años; el derecho a devolución de ingresos indebidos, también cuatro años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cotizar a MUFACE es obligatorio salvo para jubilados y excedentes por cuidado de hijos o familiares; base y tipo los fija la Ley de Presupuestos, la cuota se divide por catorce y deuda y devolución prescriben a los cuatro años.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 11
El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Contingencias protegidas», dispone lo siguiente.
Los mutualistas y, en su caso, los familiares o asimilados a su cargo quedan concretamente protegidos, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, en las siguientes contingencias:
a) Necesidad de asistencia sanitaria.
b) Incapacidad temporal, derivada bien de enfermedad común o profesional, bien de accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él.
c) Incapacidad permanente en los mismos supuestos del apartado anterior.
d) Cargas familiares.
e) Situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante, prevista en el artículo 18.
Datos clave
- Contingencias: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, incapacidad permanente, cargas familiares.
- También la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos (artículo 18).
- Protegen a los mutualistas y, en su caso, a sus familiares o asimilados a cargo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las cinco contingencias que protege el mutualismo administrativo, para los mutualistas y, en su caso, sus familiares o asimilados a cargo: sanidad, incapacidad temporal y permanente, cargas familiares y donación de órganos.
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Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 d · 12
El artículo 12 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, bajo la rúbrica «Prestaciones», dispone lo siguiente.
1. Las prestaciones a que tienen derecho los mutualistas o sus beneficiarios, cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, serán las siguientes:
a) Asistencia sanitaria.
b) Subsidios por incapacidad temporal, incluida la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante prevista en el artículo 18, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.
c) Prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez.
d) Prestaciones para la remuneración de la persona encargada de la asistencia del gran inválido.
e) Indemnizaciones por lesiones, mutilaciones o deformidades causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio o como consecuencia de él.
f) Servicios sociales.
g) Asistencia social.
h) Prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido.
i) Ayudas económicas en los casos de parto múltiple.
2. Las prestaciones citadas en el apartado anterior que, una vez reconocidas exijan un pago económico al mutualista o a sus beneficiarios, serán abonadas únicamente en la cuenta corriente o libreta ordinaria abierta a su nombre.
3. Respecto de las prestaciones de MUFACE, que exijan un pago periódico o vitalicio al mutualista o sus beneficiarios y que hayan sido reconocidas o solicitadas antes de 1 de enero de 2011, los habilitados de Clases Pasivas estarán obligados a abonar a su mandante, ya sea mediante transferencia bancaria o mediante cheque el importe íntegro de la prestación que le haya sido pagado por MUFACE, sin practicar deducción alguna. Las comisiones, gastos de gestión, o impuestos derivados del ejercicio de la actividad profesional que repercuta en su cliente deberán cobrarlos de forma separada.
Datos clave
- Prestaciones: asistencia sanitaria, subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, prestaciones recuperadoras y gran invalidez.
- También indemnizaciones por lesiones, servicios sociales, asistencia social, prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido y ayudas por parto múltiple.
- Los pagos se abonan únicamente en cuenta corriente o libreta ordinaria a nombre del mutualista o beneficiario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista las nueve prestaciones de MUFACE, obliga a pagarlas solo en cuenta o libreta a nombre del beneficiario y prohíbe a los habilitados de Clases Pasivas descontar nada de las prestaciones periódicas anteriores a 2011.
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 1
1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:
a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
h) Transparencia.
i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.
k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.
l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.
Datos clave
- El Estatuto establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
- También determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- Recoge doce fundamentos de actuación (letras a a l), entre ellos igualdad, mérito y capacidad, transparencia y negociación colectiva.
- La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan mediante la inamovilidad del funcionario de carrera.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estatuto tiene un doble objeto (bases del régimen estatutario de los funcionarios y normas aplicables al personal laboral) y recoge doce fundamentos de actuación, de la letra a) a la l).
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 2
1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
e) Las Universidades Públicas.
2. En la aplicación de este Estatuto al personal de investigación se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.
4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3 de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14581#df-3
Datos clave
- Se aplica a la Administración General del Estado, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, entidades locales, organismos públicos vinculados y Universidades Públicas.
- El personal docente y el estatutario de los Servicios de Salud se rigen por su legislación específica, salvo el capítulo II del título III (salvo el art. 20) y los arts. 22.3, 24 y 84.
- Toda mención al funcionario de carrera se entiende hecha también al personal estatutario de los Servicios de Salud.
- El Estatuto tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estatuto se aplica a los funcionarios y, en lo que proceda, al personal laboral de las Administraciones que enumera. Docentes y estatutarios de salud tienen su legislación específica más el Estatuto, con exclusiones; para el resto es supletorio.
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 3
Personal funcionario de las Entidades Locales. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Datos clave
- El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal (de la que forma parte el TREBEP) y por la legislación autonómica, con respeto a la autonomía local.
- Los Cuerpos de Policía Local también se rigen por el TREBEP y por la legislación autonómica.
- Excepción: lo establecido para la Policía Local en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios locales se rigen por la legislación estatal (incluido el Estatuto) y la autonómica, respetando la autonomía local; la Policía Local, igual, salvo lo que le reserva la LO 2/1986.
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 4
Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:
a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Datos clave
- El Estatuto solo se aplica directamente a este personal cuando lo disponga su legislación específica.
- Comprende ocho colectivos (letras a a h del art. 4).
- Entre ellos: personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal militar de las Fuerzas Armadas y Jueces, Magistrados y Fiscales.
- También el personal del Centro Nacional de Inteligencia y del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocho colectivos con régimen propio a los que el Estatuto solo se aplica directamente cuando lo disponga su legislación específica: personal parlamentario, de órganos constitucionales, de Justicia, militares, policías, arancel, CNI y Banco de España.
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Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.
Datos clave
- Personal funcionario de Correos y Telégrafos: se rige por sus normas específicas.
- El Estatuto se aplica a ese personal funcionario con carácter supletorio.
- Personal laboral: legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Correos y Telégrafos tiene dos regímenes: sus funcionarios se rigen por sus normas específicas y, supletoriamente, por el Estatuto; su personal laboral, por la legislación laboral y las normas convencionales.
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Artículo 6. Leyes de Función Pública.
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Datos clave
- Las leyes de Función Pública se aprueban en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Las Cortes Generales aprueban las de la Administración General del Estado.
- Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprueban las de sus respectivas Administraciones, en el ámbito de sus competencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En desarrollo del Estatuto, cada legislador aprueba en su ámbito de competencias su propia ley de Función Pública: las Cortes Generales la del Estado y las asambleas autonómicas la de su comunidad.
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Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.
El artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, determina la normativa aplicable al personal laboral.
El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.
No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.
Datos clave
- El personal laboral se rige por la legislación laboral, por las normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan.
- En los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público.
- En esos supuestos no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensión del contrato de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral de las Administraciones se rige por la legislación laboral, los convenios y los preceptos del Estatuto que lo digan; pero en nacimiento, adopción, lactancia y permiso parental manda el Estatuto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 8
Concepto y clases de empleados públicos. 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual.
Datos clave
- ¿Cuáles son las cuatro clases de empleados públicos del art. 8 TREBEP? → Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- Son 4 letras, de la a) a la d): carrera, interino, laboral, eventual. Si en un test aparece una quinta opción rara, es la incorrecta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Empleado público es quien desempeña funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Hay cuatro clases: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 9
Funcionarios de carrera. 1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
Datos clave
- ¿Qué carácter tienen los servicios profesionales del funcionario de carrera? → Servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- ¿A quién corresponde el ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas? → Exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que establezca la ley de desarrollo de cada Administración Pública.
- El funcionario de carrera se define por el nombramiento legal, la relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo y el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- Las dos cosas reservadas al funcionario: potestades públicas y salvaguardia de los intereses generales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define al funcionario de carrera por cuatro notas (nombramiento legal, relación estatutaria, Derecho Administrativo, servicios retribuidos permanentes) y reserva en exclusiva a los funcionarios el ejercicio de potestades públicas.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 10
Funcionarios interinos. 1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. 3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública. No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
Datos clave
- ¿Plazo máximo de interinidad por vacante sin cobertura? → 3 años (art. 10.1.a)
- ¿Plazo máximo por exceso o acumulación de tareas? → 9 meses dentro de un periodo de 18 meses (art. 10.1.d)
- ¿El nombramiento de interino da la condición de funcionario de carrera? → No, nunca (art. 10.2)
- Mnemotecnia VSPE: Vacante, Sustitución, Programa, Exceso — las 4 causas del art. 10.1 en orden.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Interinos: nombrados temporalmente por necesidad y urgencia en cuatro supuestos con plazos propios. Su selección es pública y ágil, nunca da la condición de carrera, y la interinidad en vacante termina a los tres años salvo convocatoria publicada.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 11
Personal laboral. 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. 3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.
Datos clave
- ¿Cómo se vincula el personal laboral a la Administración? → Por contrato de trabajo formalizado por escrito (art. 11.1)
- ¿Qué duraciones puede tener el contrato del personal laboral? → Fijo, por tiempo indefinido o temporal (art. 11.1)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Personal laboral: presta servicios retribuidos por contrato escrito, que puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijan sus puestos y la selección es pública, con celeridad añadida para los temporales.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 12
Personal eventual. 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Datos clave
- ¿Qué funciones realiza el personal eventual (art. 12.1)? → Solo de confianza o asesoramiento especial
- ¿Cuenta el personal eventual como mérito para acceder a la función pública? → No, nunca (art. 12.4)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Personal eventual: nombrado sin carácter permanente solo para funciones de confianza o asesoramiento especial. Nombramiento y cese libres, cese en todo caso con la autoridad a la que asesora, y su condición nunca es mérito.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 13
Personal directivo profesional. El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
Datos clave
- ¿Quién puede establecer el régimen del personal directivo? → El Gobierno y los órganos de gobierno de las CCAA (art. 13)
- ¿Qué relación laboral tiene el directivo con condición de personal laboral? → La relación laboral especial de alta dirección (art. 13.4)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal directivo profesional es una figura aparte de las 4 clases de empleado público: ejerce funciones directivas, se designa por mérito, capacidad e idoneidad, y se evalúa por eficacia, eficiencia y resultados.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 14
Derechos individuales. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral. i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. p) A la libre asociación profesional. q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Datos clave
- ¿Qué derecho recoge la letra a) del art. 14? → La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
- ¿Qué añade la letra j bis) del art. 14? → El derecho a la intimidad digital, frente a videovigilancia/geolocalización, y a la desconexión digital
- ¿Qué letra del art. 14 recoge la defensa jurídica del empleado público? → La letra f)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos individuales del empleado público, de la letra a) a la q) con una j bis): inamovilidad del funcionario de carrera, carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación, igualdad, conciliación, intimidad digital, vacaciones, jubilación y otros.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 15
Derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.
Datos clave
- ¿Qué debe garantizarse al ejercer el derecho de huelga según el art. 15? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- ¿A qué otro artículo del Estatuto remite el derecho de reunión del art. 15? → Al artículo 46.
- Cinco derechos, de la a) a la e). El de reunión es el único que remite a otro artículo (el 46), así que suele ser el que preguntan para comprobar si conoces la remisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco derechos individuales que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva y participación, huelga con servicios esenciales garantizados, conflictos colectivos y reunión, esta en los términos del art. 46.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 16
Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto. c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. 4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
Datos clave
- ¿Qué tres principios rigen la carrera profesional según el art. 16? → Igualdad, mérito y capacidad.
- ¿Puede un funcionario progresar en carrera horizontal y vertical a la vez? → Sí, si su Administración ha implantado ambas modalidades en el mismo ámbito.
- El orden del apartado 3 es siempre el mismo: horizontal, vertical, promoción interna vertical, promoción interna horizontal. Memorizarlo en ese orden evita mezclar las letras a)-d).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios de carrera tienen derecho a progresar profesionalmente conforme a igualdad, mérito y capacidad, y esa progresión puede tomar cuatro formas distintas que suelen confundirse entre sí.
Esquema
| Horizontal | Vertical | Prom. interna vertical | Prom. interna horizontal | |
|---|---|---|---|---|
| En qué consiste | Progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto | Ascenso en la estructura de puestos por procedimientos de provisión | Ascenso de un cuerpo/escala de un Subgrupo a otro superior | Acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional |
| ¿Cambia de Subgrupo? | No | No | Sí, a uno superior | No, mismo Subgrupo |
| Se regula en | Art. 17 y art. 20.3 | Capítulo III del título V | Art. 18 | Art. 18 |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 17
Carrera horizontal de los funcionarios de carrera. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas: a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
Datos clave
- ¿Qué elemento de valoración del art. 17.b) está ligado al rendimiento del puesto? → El resultado de la evaluación del desempeño.
- ¿Cómo deben ser los ascensos en el sistema de grados del art. 17, con carácter general? → Consecutivos, salvo supuestos excepcionales previstos.
- Los cuatro criterios de valoración del apartado b) van en este orden: trayectoria, calidad de los trabajos, conocimientos, evaluación del desempeño.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando una ley de Función Pública decide regular la carrera horizontal, puede apoyarse en dos reglas: un sistema de grados con ascensos consecutivos y una valoración de mérito que incluya la evaluación del desempeño.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 18
Promoción interna de los funcionarios de carrera. 1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto. 2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. 4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.
Datos clave
- ¿Cuántos años de antigüedad exige el art. 18 para poder promocionar internamente? → Al menos dos años de servicio activo en el Subgrupo o Grupo de clasificación profesional inferior.
- Además de la antigüedad, ¿qué dos requisitos más exige el art. 18 para la promoción interna? → Cumplir los requisitos de ingreso y superar las correspondientes pruebas selectivas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La promoción interna exige un proceso selectivo con igualdad, mérito y capacidad, y un requisito muy concreto: al menos dos años de antigüedad en el Subgrupo o Grupo inferior antes de dar el salto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 19
Carrera profesional y promoción del personal laboral. 1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.
Datos clave
- ¿A través de qué se hace efectiva la promoción profesional del personal laboral? → A través de los procedimientos del Estatuto de los Trabajadores o de los convenios colectivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral también tiene derecho a promoción profesional, pero esta se rige por el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo, no por las leyes de Función Pública que regulan la carrera de los funcionarios.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 20
La evaluación del desempeño. 1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. 5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Datos clave
- ¿Qué mide la evaluación del desempeño (art. 20.1)? → La conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados
- ¿Qué garantía exige el art. 20.4 para no continuar en un puesto de concurso por mala evaluación? → Audiencia al interesado y resolución motivada
- ¿Qué requisito previo exige el art. 20.5 para aplicar la carrera horizontal o el cese por concurso? → Tener aprobado un sistema objetivo de evaluación del desempeño
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la evaluación del desempeño como el procedimiento para medir la conducta profesional y el rendimiento, exige criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y la conecta con la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos y las retribuciones complementarias.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 21 · Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos
Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. 1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.
Datos clave
- Las cuantías de las retribuciones básicas, el incremento de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el incremento de la masa salarial del personal laboral se reflejan cada ejercicio presupuestario en la ley de presupuestos.
- No pueden acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuantías de las básicas, incrementos de complementarias y de la masa salarial laboral van cada año en la ley de presupuestos, y ningún acuerdo puede superar el límite global que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 22 · Retribuciones de los funcionarios
Retribuciones de los funcionarios. 1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. 2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. 3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24. 5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.
Datos clave
- Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.
- Básicas: retribuyen según el Subgrupo o Grupo de clasificación profesional del cuerpo o escala y la antigüedad; incluyen los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
- Complementarias: retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados.
- Las pagas extraordinarias son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las complementarias, salvo las de los apartados c) y d) del artículo 24.
- No puede percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio en multas impuestas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas (por Subgrupo o Grupo y antigüedad) o complementarias (puesto, carrera, desempeño). Hay dos pagas extra al año y se prohíbe cobrar participaciones en tributos o multas.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 23 · Retribuciones básicas
Retribuciones básicas. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
Datos clave
- Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Están integradas única y exclusivamente por el sueldo de cada Subgrupo o Grupo y por los trienios.
- Trienio: cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y son única y exclusivamente el sueldo de cada Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y los trienios, iguales por Subgrupo y devengados cada tres años.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 24 · Retribuciones complementarias
Retribuciones complementarias. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Datos clave
- La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias las establecen las leyes de cada Administración Pública.
- Factores a) progresión en la carrera administrativa; b) especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad o condiciones del trabajo; c) interés, iniciativa o esfuerzo y rendimiento o resultados; d) servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las leyes de cada Administración fijan la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias atendiendo, entre otros, a cuatro factores: carrera, puesto, desempeño y servicios extraordinarios.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 25 · Retribuciones de los funcionarios interinos
Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. 2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.
Datos clave
- Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción.
- Perciben también las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala.
- Se reconocen los trienios de servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente desde esa entrada en vigor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El interino cobra las básicas y pagas extra de su Subgrupo o Grupo, las complementarias de las letras b), c) y d) del art. 24 y las de la categoría de entrada; los trienios anteriores al Estatuto se reconocen con efectos económicos desde su vigencia.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 26 · Retribuciones de los funcionarios en prácticas
Retribuciones de los funcionarios en prácticas. Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas determinan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
- Como mínimo se corresponden con el sueldo del Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración fija lo que cobran sus funcionarios en prácticas, pero como mínimo el sueldo del Subgrupo (o del Grupo, si no tiene Subgrupo) en el que aspiran a ingresar.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 27 · Retribuciones del personal laboral
Retribuciones del personal laboral. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.
Datos clave
- Las retribuciones del personal laboral se determinan de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y el contrato de trabajo.
- En todo caso se respeta lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones del personal laboral se fijan conforme a la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso los límites del art. 21 del Estatuto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 28 · Indemnizaciones
Indemnizaciones. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
Datos clave
- Los funcionarios perciben las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios cobran las indemnizaciones que correspondan por razón del servicio.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 29 · Retribuciones diferidas
Retribuciones diferidas. Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que cubran la jubilación.
- Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden destinar hasta el porcentaje de masa salarial que fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado a planes de pensiones de empleo o seguros colectivos con cobertura de jubilación; esas cantidades son retribución diferida.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 30 · Deducción de retribuciones
Deducción de retribuciones. 1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. 2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.
Datos clave
- La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y es compatible con la sanción disciplinaria que pueda corresponder.
- Quien ejercita el derecho de huelga no devenga ni percibe las retribuciones del tiempo en que permanece en esa situación; la deducción no tiene carácter de sanción ni afecta al régimen de sus prestaciones sociales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La parte de jornada no realizada se descuenta proporcionalmente sin carácter sancionador, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que corresponda. En huelga no se devenga retribución, y el descuento no es sanción ni afecta a las prestaciones sociales.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 31 · Principios generales
Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.
Datos clave
- Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, la representación y la participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo.
- Negociación colectiva: derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios para la interlocución entre las Administraciones y sus empleados. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
- Las organizaciones sindicales más representativas en la Función Pública están legitimadas para recurrir en vía administrativa y jurisdiccional las resoluciones de los órganos de selección.
- El ejercicio de estos derechos debe respetar el contenido del Estatuto y sus leyes de desarrollo, y los procedimientos tienen en cuenta los convenios y acuerdos internacionales ratificados por España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los empleados públicos tienen derecho a negociación colectiva, representación y participación institucional; el artículo define cada uno, legitima a los sindicatos más representativos para recurrir actos de selección y fija sus límites.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 32 · Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral
Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
Datos clave
- El personal laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente le son de aplicación.
- Se garantiza el cumplimiento de los convenios y acuerdos del personal laboral; excepcionalmente, por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno pueden suspenderlos o modificarlos en la medida estrictamente necesaria.
- En ese caso, deben informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La negociación, representación y participación del personal laboral público se rigen por la legislación laboral, más los preceptos del capítulo que les son aplicables. Sus convenios se cumplen, salvo suspensión excepcional por causa grave de interés público.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 33 · Negociación colectiva
Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.
Datos clave
- Principios de la negociación colectiva de los funcionarios: legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
- Se efectúa mediante Mesas de Negociación, con los representantes de la Administración y, por la parte sindical, las organizaciones más representativas a nivel estatal, las más representativas de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones a Delegados y Juntas de Personal de la unidad electoral.
- La Administración puede encargar la negociación a órganos técnicos creados por ella, sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos por los órganos de gobierno o administrativos competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La negociación colectiva de los funcionarios sigue seis principios y se hace en Mesas de Negociación con la Administración y los sindicatos legitimados; puede encargarse a órganos técnicos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 34 · Mesas de Negociación
Mesas de Negociación. 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. 3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. 5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. 6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.
Datos clave
- Se constituye una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, en cada Comunidad Autónoma, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales.
- Se reconoce legitimación negocial a las asociaciones de municipios y a las Entidades Locales de ámbito supramunicipal; los municipios pueden adherirse a la negociación de ese ámbito.
- Las Mesas Generales negocian las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito; de ellas pueden depender Mesas Sectoriales, cuya competencia alcanza a los temas comunes del sector no decididos por la Mesa General o que esta les reenvíe o delegue.
- El proceso de negociación se abre en la fecha que fijen de común acuerdo la Administración y la mayoría de la representación sindical; a falta de acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes.
- Ambas partes negocian bajo el principio de buena fe y se proporcionan la información que precisen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay una Mesa General de Negociación en el Estado, cada comunidad, Ceuta, Melilla y cada entidad local; de ella pueden depender Mesas Sectoriales. La negociación arranca en la fecha pactada o, sin acuerdo, en un mes como máximo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 35 · Constitución y composición de las Mesas de Negociación
Constitución y composición de las Mesas de Negociación. 1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto. 4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.
Datos clave
- La Mesa queda válidamente constituida cuando, además de la Administración, las organizaciones sindicales legitimadas representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito.
- Las variaciones de representatividad se acreditan con certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años desde la constitución de las Mesas.
- Las partes designan a los componentes de la Mesa y pueden contar con asesores, con voz pero sin voto.
- Ninguna de las partes puede superar los quince miembros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando los sindicatos presentes suman la mayoría absoluta de los órganos unitarios del ámbito. La representatividad se acredita cada dos años y ninguna parte puede superar quince miembros.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 36 · Mesas Generales de Negociación
Mesas Generales de Negociación. 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas. 2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación. Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
Datos clave
- Existe una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias; las organizaciones sindicales se distribuyen según los resultados en las elecciones a los órganos de representación del personal.
- Se negocian en ella las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica; es objeto específico de negociación el incremento global de las retribuciones del personal que se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Para las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración se constituye una Mesa General en la Administración General del Estado, en cada comunidad autónoma, en Ceuta y Melilla y en las entidades locales.
- En estas Mesas Generales están presentes también las organizaciones sindicales de la Mesa General de las Administraciones Públicas que hayan obtenido el 10 por 100 de los representantes del personal funcionario o laboral en el ámbito correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por la AGE, que negocia lo básico y el incremento retributivo anual. Además, cada Administración tiene su Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 37 · Materias objeto de negociación
Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. e) Los planes de Previsión Social Complementaria. f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. i) Los criterios generales de acción social. j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto. b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Datos clave
- Son objeto de negociación, en su ámbito y según las competencias de cada Administración, entre otras: el incremento de retribuciones y las retribuciones complementarias; los criterios generales de acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos y planificación de recursos humanos; la evaluación del desempeño; la Previsión Social Complementaria; los planes y fondos de formación y promoción interna; los criterios generales de acción social; las propuestas sobre derechos sindicales y de participación; las que establezca la normativa de prevención de riesgos laborales; los criterios generales sobre ofertas de empleo público; y el calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y movilidad.
- Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación: las decisiones sobre potestades de organización (si repercuten en condiciones de trabajo, procede negociar estas); la regulación de los derechos de los ciudadanos y usuarios y el procedimiento de formación de actos y disposiciones; las condiciones de trabajo del personal directivo; los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica; y la regulación de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera trece materias que deben negociarse (letras a a m) y cinco que quedan fuera de la obligatoriedad de negociar, con un matiz: las decisiones organizativas que repercutan en condiciones de trabajo sí se negocian.
Esquema
| Negociable (ap. 1) | Excluido de la obligatoriedad (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Acceso | Normas que fijen los criterios generales de acceso, carrera, provisión… | Regulación y determinación concreta de sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso |
| Organización | Condiciones de trabajo afectadas por decisiones organizativas | Decisiones que afecten a las potestades de organización |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 38 · Pactos y Acuerdos
Pactos y Acuerdos. 1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. 4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
Datos clave
- En el seno de las Mesas de Negociación se pueden concertar Pactos y Acuerdos con las organizaciones sindicales legitimadas para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios.
- Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial estricto del órgano que los suscribe y se aplican directamente al personal; los Acuerdos versan sobre materias de competencia de los órganos de gobierno y necesitan su aprobación expresa y formal para su validez y eficacia.
- Si un Acuerdo ratificado trata materias sometidas a reserva de ley, carece de eficacia directa y el órgano de gobierno con iniciativa legislativa elabora y remite el correspondiente proyecto de ley; si falta ratificación o hay negativa a incorporarlo, se renegocia en el plazo de un mes si lo solicita al menos la mayoría de una de las partes.
- Deben determinar las partes, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, y la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia; se establecen Comisiones Paritarias de seguimiento.
- Se remiten a la Oficina Pública que cada Administración determine y se publican en el Boletín Oficial que corresponda al ámbito territorial.
- Se garantiza su cumplimiento, salvo suspensión o modificación excepcional por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, informando a las organizaciones sindicales.
- Salvo acuerdo en contrario, se prorrogan de año en año si no hay denuncia expresa; los que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pactos (materias del órgano que los firma, aplicación directa) y Acuerdos (materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos). Si tocan reserva de ley, el Gobierno debe remitir un proyecto de ley; sin ratificación, se renegocia en un mes.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 39 · Órganos de representación
Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: De 50 a 100 funcionarios: 5. De 101 a 250 funcionarios: 9. De 251 a 500 funcionarios: 13. De 501 a 750 funcionarios: 17. De 751 a 1.000 funcionarios: 21. De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.
Datos clave
- Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- Delegados de Personal: unidades con 6 o más y menos de 50 funcionarios; hasta 30 funcionarios se elige un Delegado y de 31 a 49 se eligen tres, que ejercen su representación conjunta y mancomunadamente.
- Juntas de Personal: unidades electorales con un censo mínimo de 50 funcionarios.
- Composición de la Junta: de 50 a 100 funcionarios, 5; de 101 a 250, 9; de 251 a 500, 13; de 501 a 750, 17; de 751 a 1.000, 21; de 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75.
- Las Juntas eligen entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaboran su propio reglamento, que debe aprobarse por al menos dos tercios de sus miembros.
- El Estado y cada Comunidad Autónoma regulan el establecimiento de las unidades electorales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios se representan por Delegados de Personal (de 6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (desde 50), cuyo número de miembros sigue una escala con un máximo de 75.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 40 · Funciones y legitimación de los órganos de representación
Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
Datos clave
- Funciones de las Juntas y Delegados de Personal: recibir información sobre la política de personal; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslados de instalaciones e implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de las sanciones por faltas muy graves; ser oídos en jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo; y colaborar con la Administración para mantener e incrementar la productividad.
- Las Juntas, colegiadamente y por decisión mayoritaria, y los Delegados, mancomunadamente, están legitimados para iniciar procedimientos administrativos y ejercitar acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funciones de las Juntas y Delegados de Personal: recibir información, informar, ser informados de sanciones muy graves, ser oídos sobre jornada, vigilar y colaborar. Pueden iniciar procedimientos y acciones: la Junta colegiadamente y por mayoría, los Delegados mancomunadamente.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 41 · Garantías de la función representativa del personal
Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. De 101 a 250 funcionarios: 20. De 251 a 500 funcionarios: 30. De 501 a 750 funcionarios: 35. De 751 en adelante: 40. Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.
Datos clave
- Garantías: acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en los expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; no ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con su mandato, durante el mismo ni en el año siguiente (salvo revocación o dimisión).
- Crédito de horas mensuales retribuidas: hasta 100 funcionarios, 15; de 101 a 250, 20; de 251 a 500, 30; de 501 a 750, 35; de 751 en adelante, 40; se pueden acumular entre miembros de la misma candidatura, previa comunicación a la Jefatura de Personal.
- No pueden ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón de su representación.
- Observan sigilo profesional sobre los asuntos que la Administración declare reservados, incluso después de expirar el mandato.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Garantías de los Delegados y miembros de Juntas de Personal: acceso a dependencias, publicaciones, audiencia disciplinaria, crédito horario según escala, indemnidad, no discriminación y deber de sigilo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 42 · Duración de la representación
Duración de la representación. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.
Datos clave
- El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, con posibilidad de reelección.
- Se entiende prorrogado si no se han promovido nuevas elecciones al término del mandato, sin que los representantes con mandato prorrogado cuenten para determinar la capacidad representativa de los sindicatos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El mandato de Juntas y Delegados de Personal dura cuatro años con reelección posible; se prorroga si no se promueven elecciones, pero los representantes prorrogados no cuentan para la capacidad representativa de los sindicatos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 43 · Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal
Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. 1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.
Datos clave
- Pueden promover elecciones: los sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los que, sin ser más representativos, hayan obtenido al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que hayan obtenido al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral por acuerdo mayoritario.
- Los legitimados tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal de las unidades electorales, distribuido por organismos o centros de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco legitimados para promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: sindicatos más representativos estatales y autonómicos, sindicatos con el 10 por 100 en el conjunto o en la unidad, y los funcionarios por mayoría. Tienen derecho al censo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 44 · Procedimiento electoral
Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.
Datos clave
- El procedimiento se determina reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o por medios telemáticos.
- Son electores y elegibles los funcionarios en servicio activo; no lo son quienes ocupan puestos con nombramiento por real decreto o por decreto de los consejos de gobierno autonómicos o de Ceuta y Melilla.
- Pueden presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas, sus coaliciones y los grupos de electores de la unidad cuando su número sea al menos el triple de los miembros a elegir.
- Las Juntas de Personal se eligen mediante listas cerradas con un sistema proporcional corregido; los Delegados de Personal, mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
- Los órganos electorales son las Mesas Electorales y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados; las impugnaciones siguen un procedimiento arbitral, salvo las reclamaciones por denegación de inscripción de actas electorales, que van directamente a la jurisdicción social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Criterios del procedimiento electoral de Juntas y Delegados de Personal: sufragio personal, directo, libre y secreto; electores en servicio activo; candidaturas sindicales o de electores; listas y sistemas distintos; impugnación arbitral.
Esquema
| Juntas de Personal | Delegados de Personal | |
|---|---|---|
| Listas | Cerradas | Abiertas |
| Sistema | Proporcional corregido | Mayoritario |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 45 · Solución extrajudicial de conflictos colectivos
Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas.
Datos clave
- Las Administraciones y las organizaciones sindicales pueden acordar la creación de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, con independencia de las comisiones paritarias del artículo 38.5.
- Los conflictos pueden derivar de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias del artículo 37, excepto aquellas en que exista reserva de ley.
- Los sistemas pueden incluir mediación y arbitraje: la mediación es obligatoria cuando la solicite una de las partes y sus propuestas pueden aceptarse o rechazarse libremente; en el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla.
- El acuerdo de mediación o la resolución arbitral tienen la misma eficacia jurídica y tramitación que los Pactos y Acuerdos, si quienes los adoptan tienen legitimación; cabe recurso contra la resolución arbitral si no se observaron los requisitos y formalidades, si versó sobre puntos no sometidos a decisión o si contradice la legalidad vigente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Administración y sindicatos pueden crear sistemas extrajudiciales de mediación y arbitraje para conflictos colectivos sobre Pactos y Acuerdos, salvo materias con reserva de ley; sus resultados valen como un Pacto o Acuerdo y son impugnables.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 46 · Derecho de reunión
Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal. b) Las Juntas de Personal. c) Los Comités de Empresa. d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.
Datos clave
- Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de Delegados Sindicales): los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
- Las reuniones en el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas.
- La reunión no debe perjudicar la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pueden convocar reuniones los sindicatos, los Delegados y Juntas de Personal, los Comités de Empresa y al menos el 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de horas de trabajo, salvo acuerdo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 47 · Jornada de trabajo de los funcionarios públicos
Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. 2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios.
- La jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
- Medidas de flexibilización horaria para la conciliación: empleados con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y empleados con necesidades de cuidado de hijos e hijas mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el domicilio y no puedan valerse por sí mismas por edad, accidente o enfermedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración fija la jornada general y las especiales, a tiempo completo o parcial, y debe adoptar medidas de flexibilización horaria para conciliar a quien cuida de hijos u otros familiares dependientes.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 47 bis · Teletrabajo
Teletrabajo. 1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial. 4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad. 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.
Datos clave
- Teletrabajo: prestación de servicios a distancia, fuera de las dependencias de la Administración y con tecnologías de la información y comunicación, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
- Debe ser expresamente autorizado, es compatible con la modalidad presencial y tiene carácter voluntario y reversible, salvo supuestos excepcionales debidamente justificados.
- Se rige por las normas de desarrollo del Estatuto, objeto de negociación colectiva, con criterios objetivos de acceso.
- El personal en teletrabajo tiene los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el presencial, incluida la prevención de riesgos laborales, salvo los inherentes a la presencialidad.
- La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos necesarios.
- El personal laboral se rige en esta materia por el Estatuto y sus normas de desarrollo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El teletrabajo es prestar servicios a distancia con TIC cuando lo permitan las necesidades del servicio; requiere autorización expresa y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales justificados.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 48 · Permisos de los funcionarios públicos
Permisos de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles. Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles. Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de funcionarias embarazadas incluye también a las personas funcionarias trans gestantes. f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. k) Por asuntos particulares, seis días al año. l) Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, quince días. m) Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.
Datos clave
- Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización con reposo domiciliario: cinco días hábiles si es cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el primer grado, o persona que conviva y requiera cuidado efectivo; cuatro días hábiles si es familiar de segundo grado.
- Fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado: tres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta; de familiar de segundo grado: dos días hábiles en la misma localidad y cuatro en distinta.
- Traslado de domicilio sin cambio de residencia: un día.
- Lactancia de un hijo menor de doce meses: una hora de ausencia, divisible en dos fracciones, o reducción de jornada de media hora al inicio y al final, o de una hora al inicio o al final; es un derecho individual, no transferible.
- Hijos prematuros u hospitalizados tras el parto: ausencia de hasta dos horas diarias con retribuciones íntegras, o reducción de jornada de hasta dos horas con disminución proporcional de retribuciones.
- Guarda legal de menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o persona con discapacidad sin actividad retribuida: reducción de jornada con la disminución de retribuciones que corresponda.
- Cuidado de un familiar de primer grado por enfermedad muy grave: reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada, retribuida, por un máximo de un mes.
- Asuntos particulares: seis días al año. Matrimonio o pareja de hecho formalizada: quince días.
- También hay permiso para funciones sindicales o de representación, exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud, exámenes prenatales y preparación al parto, deber inexcusable de carácter público o personal y conciliación, y actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de permisos del funcionario (letras a a m): enfermedad o fallecimiento de familiares, traslado, exámenes, lactancia, prematuros, guarda legal, cuidado de familiar muy grave, asuntos particulares y matrimonio.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 49 · Permisos por motivos de conciliación, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo (letras a) a d))
Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de diecinueve semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. El permiso por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera: 1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa. 2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. 3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años. Este permiso, constituye un derecho individual de la madre biológica, sin que pueda transferirse su ejercicio. El permiso previsto en los apartados 2.º y 3.º podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo. En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas. En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3.º, cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible. Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes. b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de diecinueve semanas para cada adoptante, guardador o acogedor. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas. Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, una para cada uno de los progenitores. El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera: 1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa. 2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años. En ningún caso un mismo menor podrá dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. Para este permiso rigen igualmente las reglas sobre disfrute a jornada completa o parcial, preaviso de quince días, aplazamiento por la Administración y participación en cursos de formación que se recogen en la letra a). Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año. c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de diecinueve semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, una para cada uno de los progenitores. En caso de fallecimiento del progenitor distinto de la madre biológica, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera: 1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa. 2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años. Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. Para este permiso rigen igualmente las reglas sobre disfrute a jornada completa o parcial, preaviso de quince días, aplazamiento por la Administración y participación en cursos de formación que se recogen en la letra a). En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo del periodo de las doce semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica. En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. d) Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada caso. En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
Datos clave
- Permisos por nacimiento para la madre biológica, por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y del progenitor diferente de la madre biológica: diecinueve semanas, o treinta y dos en el supuesto de monoparentalidad.
- Parto prematuro u hospitalización del neonato a continuación del parto: el permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
- Discapacidad del hijo o hija: el permiso se ampliará en dos semanas más para ambos progenitores, y en los supuestos múltiples, una para cada progenitor por cada hijo o hija a partir del segundo.
- Distribución: seis semanas ininterrumpidas obligatorias a jornada completa; once (veintidós en monoparentalidad) dentro de los doce meses; y dos (cuatro en monoparentalidad) hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.
- Disfrute interrumpido: preaviso de al menos quince días y por semanas completas; en adopción o acogimiento internacional con desplazamiento previo, permiso de hasta dos meses percibiendo exclusivamente las retribuciones básicas.
- Violencia de género o violencia sexual: la funcionaria mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los tres permisos por hijo (madre biológica, adopción o acogimiento y otro progenitor) duran 19 semanas, 32 en monoparentalidad, con 6 obligatorias; y la funcionaria víctima de violencia tiene faltas justificadas y reducción o reordenación de jornada.
Esquema
| Madre biológica (a) | Adopción, guarda o acogimiento (b) | Otro progenitor (c) | |
|---|---|---|---|
| Duración | 19 semanas (32 monoparental) | 19 semanas (32 monoparental) | 19 semanas (32 monoparental) |
| 6 semanas obligatorias | Inmediatamente posteriores al parto | Posteriores a la resolución judicial o decisión administrativa | Posteriores a la resolución judicial o decisión administrativa |
| Neonato hospitalizado | Hasta 13 semanas adicionales | Esta letra no lo recoge | Hasta 13 semanas adicionales |
| Desplazamiento internacional | No | Hasta dos meses, solo retribuciones básicas | No |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 49 · Permisos por motivos de conciliación, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo (letras e) a g))
e) Permiso por cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad. Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. No obstante lo anterior, excepcionalmente cuando la persona a cargo se encuentre en situación de gran discapacidad o gran dependencia que requiera cuidados directos, continuos y permanentes, el derecho a la reducción de jornada podrá prorrogarse más allá de los límites de edad previstos, mientras persista la necesidad de cuidado debidamente acreditada y se mantenga la convivencia con la persona beneficiaria del permiso. Asimismo, en estos supuestos de especial intensidad asistencial, ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, excepcionalmente podrán compartir el porcentaje de reducción de jornada hasta el máximo de 100% entre los dos progenitores, de forma simultánea y proporcional al tiempo de reducción asumido por cada uno de ellos, con independencia de su estado civil, con el fin de favorecer la corresponsabilidad en el cuidado sin verse obligados a renunciar ninguno de ellos a su actividad laboral. Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración competente en cada caso. Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. g) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años: no tendrá carácter retribuido y tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan. Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de quince días y realizándose por semanas completas. Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible. A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.
Datos clave
- Hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: reducción de la jornada de al menos la mitad con retribuciones íntegras, siempre que ambas personas progenitoras trabajen, como máximo hasta que cumpla los 23 años.
- La reducción de jornada se mantiene hasta que la persona a cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
- Gran discapacidad o gran dependencia: la reducción podrá prorrogarse excepcionalmente más allá de los límites de edad, y ambos progenitores podrán compartir la reducción hasta el máximo de 100%.
- Víctimas del terrorismo: reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o reordenación del tiempo de trabajo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.
- Permiso parental hasta que el menor cumpla ocho años: no retribuido, de duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, comunicándolo con una antelación de quince días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres medidas de cuidado y protección: reducción de al menos la mitad de la jornada con sueldo íntegro por hijo con cáncer o enfermedad grave, medidas de jornada para víctimas del terrorismo y permiso parental no retribuido de hasta ocho semanas.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 50 · Vacaciones de los funcionarios públicos
Vacaciones de los funcionarios públicos. 1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas. No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
Datos clave
- Vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles por año natural, o los que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no se consideran días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones para horarios especiales.
- Si permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impiden iniciarlas, o sobrevienen una vez iniciadas, pueden disfrutarse terminado el año natural, siempre que no hayan pasado más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron.
- No pueden sustituirse por una cuantía económica; en la renuncia voluntaria debe garantizarse el disfrute de las devengadas.
- Si la relación de servicios concluye por causas ajenas a la voluntad del funcionario, puede solicitar compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas por año natural (sábados no hábiles), aplazables hasta dieciocho meses en ciertas situaciones y no sustituibles por dinero salvo cese ajeno a la voluntad.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 51 · Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral
Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.
Datos clave
- La jornada de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por lo establecido en este capítulo del Estatuto y por la legislación laboral correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para la jornada, los permisos y las vacaciones del personal laboral se aplica lo establecido en este capítulo del Estatuto y, además, la legislación laboral correspondiente.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 52
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Datos clave
- ¿Cuántos principios éticos y de conducta enumera el art. 52 del TREBEP? → Quince.
- ¿Qué función cumplen los principios del Código de Conducta según el propio artículo? → Informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
- Cuenta los principios: son quince, no diez ni veinte. Empiezan en 'objetividad' y terminan en 'igualdad entre mujeres y hombres'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales conforme a la Constitución, con quince principios que inspiran el Código de Conducta y que informan el régimen disciplinario.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 53
Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer ante un asunto con interés personal (art. 53.5)? → Abstenerse
- ¿Pueden aceptar tratos de favor de entidades privadas? → No, en ningún caso (art. 53.7)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Doce principios éticos del empleado público: respeto al ordenamiento, imparcialidad, lealtad, no discriminación, abstención, evitar conflictos de intereses, rechazar privilegios, diligencia, neutralidad y secreto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 54
Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer ante una orden que sea infracción manifiesta del ordenamiento (art. 54.3)? → No obedecerla y ponerla en conocimiento de los órganos de inspección
- ¿En qué lengua deben atender al ciudadano (art. 54.11)? → En la lengua oficial del territorio que el ciudadano solicite
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Once principios de conducta del empleado público: trato respetuoso, diligencia y horario, obediencia salvo infracción manifiesta, información al ciudadano, austeridad, rechazo de regalos, formación y atención en lengua oficial.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 55
Principios rectores. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. b) Transparencia. c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Datos clave
- ¿Cuáles son los principios constitucionales del acceso al empleo público (art. 55.1)? → Igualdad, mérito y capacidad.
- ¿Qué letra del art. 55.2 recoge la discrecionalidad técnica? → La d): independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
- Son SEIS letras, de la a) a la f): publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia, adecuación, agilidad.
- Truco de examen: la agilidad siempre va supeditada a la objetividad, nunca al contrario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El acceso al empleo público se rige por igualdad, mérito y capacidad, y la selección de funcionarios y laborales debe garantizar además seis principios, de la publicidad a la agilidad.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 56
Requisitos generales. 1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. e) Poseer la titulación exigida. 2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. 3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.
Datos clave
- ¿Qué edad mínima exige el art. 56 para participar en los procesos selectivos? → Tener cumplidos dieciséis años.
- ¿Cómo han de establecerse los requisitos específicos adicionales? → De manera abstracta y general, guardando relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar.
- ¿Qué deben prever las AAPP en las CCAA con dos lenguas oficiales? → La selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en esas Comunidades Autónomas.
- Cinco letras, de la a) a la e): nacionalidad, capacidad, edad, no separación, titulación.
- Edad: dieciséis años por abajo; por arriba la jubilación forzosa, y otra distinta solo por ley.
- Los requisitos específicos del ap. 3 tienen tres filtros: objetivos, proporcionados y abstractos y generales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco requisitos generales para los procesos selectivos (nacionalidad, capacidad funcional, edad, no separación ni inhabilitación y titulación), más los específicos que guarden relación objetiva y proporcionada.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 57
Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados. 2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. 4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles. 5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.
Datos clave
- ¿Qué órgano puede eximir del requisito de nacionalidad para ser funcionario? → Solo una ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CCAA, por razones de interés general.
- ¿Hasta qué edad accede un descendiente sin acreditar dependencia? → Hasta los 21 años; a partir de esa edad, solo si es dependiente.
- ¿Cómo pueden acceder los extranjeros con residencia legal no comunitarios? → Como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
- El requisito de nacionalidad solo lo exime una LEY (estatal o autonómica), nunca un reglamento ni la propia convocatoria.
- Descendientes: menores de 21 años sin más requisito, o mayores de 21 solo si son dependientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comunitarios, sus cónyuges y descendientes y los cubiertos por tratados de libre circulación acceden como funcionarios en igualdad, salvo puestos de poder público; todos ellos y los extranjeros residentes legales, como laborales. Solo una ley exime de la nacionalidad.
Esquema
| Como funcionario | Como laboral | |
|---|---|---|
| Nacionales de la UE | Sí, salvo poder público e intereses del Estado | Sí, en igualdad |
| Cónyuge y descendientes | Sí, en los términos del apartado 2 | Sí, en igualdad |
| Extranjeros con residencia legal | Solo si una ley exime de la nacionalidad | Sí, en igualdad |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 58
Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales. Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente.
Datos clave
- ¿De qué pueden quedar exentos los funcionarios de Organismos Internacionales al opositar en España? → De las pruebas que acrediten conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.
- Lo ya acreditado no se repite, pero el proceso selectivo en sí nunca se salta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración fija cómo acceden los funcionarios españoles de Organismos Internacionales: deben tener la titulación y superar el proceso selectivo, pero pueden quedar exentos de pruebas sobre conocimientos ya exigidos en su puesto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 59
Personas con discapacidad. 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.
Datos clave
- ¿Qué cupo mínimo se reserva en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad? → Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes.
- ¿Qué porcentaje del cupo se destina a discapacidad intelectual? → Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas.
- ¿Qué porcentaje de los efectivos totales se pretende alcanzar progresivamente? → El dos por ciento en cada Administración Pública.
- Tres cifras: 7 % del cupo, 2 % de discapacidad intelectual dentro del cupo, 2 % de efectivos totales como meta progresiva.
- El cupo no regala la plaza: hay que superar el proceso y acreditar discapacidad y compatibilidad con las tareas.
- Momentos de la adaptación: durante el proceso (tiempos y medios) y después (puesto de trabajo).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las ofertas de empleo público reservan al menos el siete por ciento de las vacantes a personas con discapacidad, con un mínimo del dos por ciento de plazas para discapacidad intelectual, y obligan a adaptar pruebas y puestos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 60
Órganos de selección. 1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Datos clave
- ¿Qué tres colectivos no pueden formar parte de los órganos de selección? → El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
- ¿A qué título se pertenece a un órgano de selección? → Siempre a título individual, nunca en representación de nadie.
- Tres excluidos: personal de elección o designación política, funcionarios interinos y personal eventual.
- 'A título individual' es el matiz que más se pregunta: se opone a 'en representación'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos de selección son colegiados, imparciales y profesionales y tienden a la paridad. No pueden formar parte el personal de elección o designación política, los interinos ni el eventual, y se pertenece siempre a título individual.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 61
Sistemas selectivos. 1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. 4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública. 5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso- oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. 7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso- oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
Datos clave
- ¿Cuáles son los sistemas selectivos de los funcionarios de carrera? → La oposición y el concurso-oposición; solo por ley y con carácter excepcional, el concurso.
- ¿Y los del personal laboral fijo? → Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
- ¿Cuándo puede pedirse una relación complementaria de aspirantes? → Cuando se propuso igual número de aspirantes que de plazas convocadas y se producen renuncias antes del nombramiento o de la toma de posesión.
- Funcionario: oposición y concurso-oposición (el concurso solo por ley y excepcional). Laboral fijo: esos dos más el concurso de méritos, sin necesidad de ley.
- La relación complementaria tiene dos condiciones: que se hubiera propuesto igual número que plazas y que la renuncia sea antes del nombramiento o de la toma de posesión.
- Las psicotécnicas y las entrevistas son complementos de las pruebas, nunca el proceso entero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procesos selectivos abiertos y adecuados a las tareas; los méritos nunca deciden por sí solos. Funcionarios: oposición o concurso-oposición (concurso solo por ley). Laboral fijo: también concurso. No más aprobados que plazas, salvo previsión.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 62
Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superación del proceso selectivo. b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
Datos clave
- ¿Cuáles son los cuatro requisitos sucesivos del art. 62.1? → Superación del proceso selectivo, nombramiento publicado, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo.
- ¿Qué ocurre si tras superar el proceso no se acreditan los requisitos de la convocatoria? → No se puede ser funcionario y quedan sin efecto las actuaciones (art. 62.2).
- Orden de las cuatro postas: superar → nombrar → acatar → tomar posesión; el propio orden es el truco.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se es funcionario de carrera tras cuatro requisitos sucesivos: superar el proceso, nombramiento publicado, acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo. Quien no acredite los requisitos de la convocatoria no puede ser nombrado.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 63
Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) La renuncia a la condición de funcionario. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La jubilación total del funcionario. d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
Datos clave
- ¿Cuántas causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera enumera el art. 63? → Cinco.
- ¿Qué tipo de sanción disciplinaria hace perder la condición de funcionario? → La separación del servicio, cuando tenga carácter firme.
- Cinco causas, de la a) a la e): renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación, sanción, pena — todas 'cierran' la relación, no la suspenden.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme y pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 64
Renuncia. 1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
Datos clave
- ¿En qué dos casos no puede aceptarse la renuncia de un funcionario? → Cuando esté sujeto a expediente disciplinario o tenga auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delito.
- ¿Renunciar impide volver a ser funcionario en el futuro? → No; se puede reingresar a través del procedimiento de selección establecido.
- Dos frenos a la renuncia: expediente disciplinario abierto o proceso penal ya en fase de procesamiento o juicio oral.
- Renunciar no 'quema': se puede volver a opositar sin límite por haber renunciado antes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La renuncia a la condición de funcionario debe constar por escrito y ser aceptada expresamente, salvo si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Renunciar no impide volver a ingresar.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 65
Pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.
Datos clave
- ¿Qué excepción evita la pérdida de la condición de funcionario al perder la nacionalidad? → Que se adquiera simultáneamente la nacionalidad de otro Estado UE o con libre circulación de trabajadores.
- El truco está en 'simultáneamente': pasar de una nacionalidad válida a otra igualmente válida sin solución de continuidad no tiene consecuencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Perder la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento hace perder la condición de funcionario, salvo que a la vez se adquiera la de otro de los Estados que permiten el acceso.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 66
Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
Datos clave
- La inhabilitación absoluta firme produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.
- La inhabilitación especial firme produce la pérdida de la condición de funcionario solo respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia.
- En ambos casos se exige que la sentencia que impone la pena haya adquirido firmeza.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inhabilitación, principal o accesoria, hace perder la condición de funcionario cuando la sentencia es firme: la absoluta, respecto de todos los empleos o cargos; la especial, solo respecto de los que especifique la sentencia.
Esquema
| Absoluta | Especial | |
|---|---|---|
| Alcance | Todos los empleos o cargos | Los especificados en la sentencia |
| Requisito | Sentencia firme | Sentencia firme |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 67
Jubilación. 1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. 4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.
Datos clave
- ¿A qué edad se declara de oficio la jubilación forzosa? → A los 65 años.
- ¿Hasta qué edad máxima se puede prolongar la permanencia en servicio activo? → Hasta los 70 años, a solicitud del interesado y con resolución motivada de la Administración.
- ¿Qué debe hacer la Administración ante una solicitud de prolongación? → Resolver de forma motivada, aceptando o denegando la prolongación.
- Los dos números clave del art. 67: 65 (edad forzosa general) y 70 (tope de la prórroga).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres clases de jubilación: voluntaria, forzosa e incapacidad permanente. La forzosa se declara de oficio a los sesenta y cinco años, con posible prolongación hasta los setenta; en el Régimen General manda su propia edad ordinaria.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 68
Rehabilitación de la condición de funcionario. 1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. 2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
Datos clave
- ¿Qué ocurre si no se resuelve a tiempo la solicitud de rehabilitación tras una inhabilitación penal? → Se entiende desestimada por silencio administrativo.
- ¿En qué dos casos la rehabilitación del funcionario es automática (se concede siempre)? → Pérdida de la nacionalidad y jubilación por incapacidad permanente, una vez desaparecida la causa.
- El verbo delata el régimen: 'le será concedida' (caso 1, automático) frente a 'podrán conceder' (caso 2, discrecional).
- El silencio negativo solo se menciona para el caso de inhabilitación: en el otro, la rehabilitación es un derecho reglado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay dos rutas para recuperar la condición de funcionario perdida: una automática (nacionalidad o incapacidad) y otra excepcional y discrecional (inhabilitación penal), donde el silencio juega en contra.
Esquema
| Nacionalidad / incapacidad | Condena a inhabilitación | |
|---|---|---|
| Carácter | Reglado: se concede siempre | Excepcional y discrecional |
| Requisito clave | Que desaparezca la causa objetiva | Valorar circunstancias y entidad del delito |
| Silencio administrativo | No se regula en este caso | Negativo: se desestima |
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Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.
Datos clave
- Objetivo: eficacia en la prestación de los servicios y eficiencia en la utilización de los recursos económicos.
- Medios: dimensión adecuada de efectivos, mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
- Instrumento: Planes para la ordenación de los recursos humanos.
- Pueden incluir análisis de disponibilidades y necesidades de personal y previsiones sobre organización del trabajo.
- Medidas de movilidad: suspensión de incorporaciones de personal externo o concursos limitados a determinados ámbitos.
- También promoción interna, formación, movilidad forzosa y previsión de incorporaciones mediante la Oferta de empleo público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La planificación de RRHH busca que las Administraciones sean eficaces y eficientes dimensionando bien su plantilla. Los planes son voluntarios y pueden incluir desde el análisis de plantilla hasta la propia Oferta de empleo público.
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Artículo 70. Oferta de empleo público.
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
Datos clave
- Objeto: necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que requieran personal de nuevo ingreso.
- Obliga a convocar procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional.
- Ejecución dentro del plazo improrrogable de tres años.
- Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas.
- Debe publicarse en el Diario oficial correspondiente.
- Puede contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Oferta de empleo público recoge las plazas con presupuesto que se van a cubrir con gente nueva: obliga a convocarlas (más hasta un 10 % adicional) y a ejecutarlas en un plazo improrrogable de tres años.
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Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.
1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos.
2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector público.
3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal.
4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos.
5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos contemplados en este artículo.
Datos clave
- Cada Administración Pública constituye un Registro con los datos del personal contemplado en los artículos 2 y 5 del Estatuto.
- Los Registros pueden disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público.
- Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecen los contenidos mínimos comunes de los Registros y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos.
- Las Administraciones Públicas impulsan la gestión integrada de recursos humanos.
- Si las Entidades Locales no tienen capacidad financiera o técnica suficiente, cooperan la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración lleva un Registro de personal propio, con datos mínimos comunes pactados por convenio, y coopera con las Entidades Locales que no tengan capacidad para gestionarlo.
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Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos.
En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este capítulo.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos en el marco de sus competencias de autoorganización.
- Lo hacen de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones.
- Es el artículo 72 del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable conforme a lo previsto en su capítulo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración organiza sus recursos humanos como quiera, dentro de su autoorganización, pero siempre siguiendo las reglas de selección, promoción, movilidad y distribución de funciones del Estatuto.
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Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.
1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto.
2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.
3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.
Datos clave
- Derecho de los empleados públicos al desempeño de un puesto de trabajo según las leyes de desarrollo.
- Pueden asignarse funciones distintas adecuadas a la clasificación, grado o categoría.
- Requisitos: que lo justifiquen las necesidades del servicio y sin merma en las retribuciones.
- Los puestos pueden agruparse para ordenar la selección, la formación y la movilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El empleado tiene derecho a desempeñar su puesto, pero la Administración puede asignarle otras funciones si encajan en su clasificación y lo justifica el servicio, sin bajarle el sueldo.
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Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.
Datos clave
- Instrumento: relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares.
- Contenido mínimo: denominación de los puestos y grupos de clasificación profesional.
- También los cuerpos o escalas de adscripción, en su caso, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
- Dichos instrumentos serán públicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las relaciones de puestos de trabajo son el documento público que ordena la organización: qué puestos hay, su grupo, cuerpo, forma de cubrirlos y complementos.
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Artículo 75. Cuerpos y escalas.
1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.
2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.
Datos clave
- Agrupación en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas con competencias, capacidades y conocimientos comunes.
- Esos conocimientos comunes se acreditan a través de un proceso selectivo.
- Creación, modificación y supresión: por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas autonómicas.
- La referencia a cuerpos y escalas comprende cualquier otra agrupación de funcionarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios se agrupan en cuerpos y escalas creados por ley, nunca por reglamento; el término también cubre cualquier otra agrupación equivalente que use la norma.
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Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.
C1: Título de Bachiller o Técnico.
C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Datos clave
- Criterio de clasificación: la titulación exigida para el acceso.
- Grupo A (Subgrupos A1 y A2): título universitario de Grado, u otro título universitario si la ley lo exige.
- Subgrupo A1 o A2 según el nivel de responsabilidad de las funciones y las características de las pruebas de acceso.
- Grupo B: título de Técnico Superior.
- Subgrupo C1: título de Bachiller o Técnico.
- Subgrupo C2: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los grupos de clasificación profesional según la titulación exigida: Grupo A (subgrupos A1 y A2, título de Grado), Grupo B (Técnico Superior) y Grupo C (subgrupos C1 Bachiller/Técnico y C2 ESO).
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Artículo 77. Clasificación del personal laboral.
El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.
Datos clave
- El personal laboral se clasifica de conformidad con la legislación laboral.
- Es el artículo 77 del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015).
- La clasificación del personal laboral se remite a la legislación laboral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral de las Administraciones se clasifica conforme a la legislación laboral.
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Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.
1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.
Datos clave
- Principios de la provisión: igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- Procedimientos: concurso y libre designación con convocatoria pública.
- Las leyes de Función Pública pueden prever otros procedimientos de provisión.
- Supuestos: movilidad del artículo 81.2, permutas, movilidad por salud o rehabilitación y reingreso al servicio activo.
- También cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los puestos se proveen por concurso y por libre designación con convocatoria pública, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad; las leyes de desarrollo pueden prever otros procedimientos para casos tasados.
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Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.
1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo.
3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas.
Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del Interior.
4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.
Datos clave
- El concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo.
- Valoran los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes órganos colegiados de carácter técnico.
- Composición: profesionalidad, especialización y paridad entre mujer y hombre; funcionamiento con imparcialidad y objetividad.
- Las leyes de Función Pública fijan el plazo mínimo de ocupación para participar en otros concursos.
- Víctimas del terrorismo o amenazados: puntuación de hasta la fijada para la antigüedad (artículo 35 de la Ley 29/2011).
- Para proteger a las víctimas es preciso el informe del Ministerio del Interior.
- Supresión o remoción del puesto obtenido por concurso: debe asignarse un puesto conforme al sistema de carrera.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El concurso es el procedimiento normal de provisión: órganos colegiados técnicos valoran méritos, capacidades y, en su caso, aptitudes; hay puntuación posible para víctimas del terrorismo y garantías ante supresión.
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Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.
1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.
3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.
4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.
Datos clave
- Consiste en la apreciación discrecional de la idoneidad de los candidatos por el órgano competente.
- Puestos que pueden cubrirse así: los de especial responsabilidad y confianza, según las leyes de Función Pública.
- El órgano competente puede recabar la intervención de especialistas.
- Los titulares pueden ser cesados discrecionalmente.
- En caso de cese debe asignárseles un puesto conforme al sistema de carrera profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libre designación con convocatoria pública: el órgano aprecia discrecionalmente la idoneidad para puestos de especial responsabilidad y confianza. El cese es discrecional, pero al cesado se le asigna puesto según el sistema de carrera.
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Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.
1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.
3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.
Datos clave
- Reglas de movilidad voluntaria cuando existan sectores prioritarios con necesidades específicas de efectivos.
- Traslado motivado por necesidades de servicio o funcionales a otras unidades, departamentos u organismos.
- El traslado respeta las retribuciones y las condiciones esenciales de trabajo.
- Si implica cambio de residencia, se da prioridad a la voluntariedad de los traslados.
- Derecho a las indemnizaciones reglamentarias de los traslados forzosos.
- Urgente e inaplazable necesidad: provisión provisional con posterior convocatoria pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración puede ordenar la movilidad voluntaria hacia sectores prioritarios y trasladar motivadamente a sus funcionarios respetando retribuciones y condiciones; si hay cambio de residencia, prima la voluntariedad. En urgencia, provisión provisional.
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Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista.
El artículo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula la movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
Datos clave
- Víctimas de violencia de género o sexual: traslado a otro puesto de análogas características sin necesidad de vacante de necesaria cobertura.
- La Administración debe comunicar las vacantes de la misma localidad o de las que la interesada solicite.
- Víctimas del terrorismo y amenazados: traslado cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma.
- Requiere reconocimiento previo del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme.
- En ambos supuestos el traslado tiene la consideración de traslado forzoso.
- Se protege la intimidad de las víctimas, sus datos personales y los de sus descendientes y personas bajo su guarda o custodia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Traslado forzoso de funcionarias víctimas de violencia de género o sexual y de víctimas del terrorismo o amenazados: diferencias en el requisito de vacante y protección de su intimidad.
Esquema
| Violencia de género o sexual | Violencia terrorista | |
|---|---|---|
| Vacante | Sin necesidad de vacante de necesaria cobertura | Vacante de necesaria cobertura o, si no, dentro de la comunidad autónoma |
| Acreditación | Verse obligada a abandonar el puesto en la localidad | Reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia firme |
| Naturaleza | Traslado forzoso | Traslado forzoso |
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Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.
La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.
Datos clave
- La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se rigen por los convenios colectivos aplicables.
- En defecto de convenio, se aplica el sistema de provisión y movilidad del personal funcionario de carrera.
- Lo establece el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se rigen por los convenios colectivos aplicables y, en su defecto, por el sistema de provisión y movilidad de los funcionarios de carrera.
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Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.
1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.
2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad
3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.
En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.
Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.
De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.
Datos clave
- Medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial.
- La Conferencia Sectorial de Administración Pública puede aprobar criterios generales de homologación.
- Situación en la Administración de origen: servicio en otras Administraciones Públicas.
- Remoción o supresión del puesto obtenido por concurso: permanecen en la Administración de destino.
- Cese en libre designación: la Administración de destino dispone de un mes para acordar la adscripción a otro puesto.
- Después, el funcionario debe solicitar el reingreso en la Administración de origen en el plazo máximo de un mes.
- Sin solicitud de reingreso: excedencia voluntaria por interés particular declarada de oficio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones establecen medidas de movilidad interadministrativa. Quien obtiene destino en otra queda en servicio en otras Administraciones; si cesa en libre designación, hay un mes para recolocarlo y otro para pedir el reingreso.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 85
Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Excedencia. e) Suspensión de funciones. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.
Datos clave
- ¿Cuáles son las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera? → Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.
- ¿Quién puede regular otras situaciones administrativas? → Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- Cinco situaciones, en el orden del texto: activo, especiales, otras Administraciones, excedencia y suspensión (A-E-O-E-S).
- Las tres situaciones de servicio van juntas al principio: servicio activo, servicios especiales y servicio en otras AAPP.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco situaciones administrativas del funcionario de carrera (activo, servicios especiales, otras Administraciones, excedencia y suspensión); las leyes de desarrollo pueden regular otras en ciertos supuestos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 86
Servicio activo. 1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.
Datos clave
- ¿Quiénes se hallan en situación de servicio activo? → Quienes prestan servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración, organismo o entidad de destino, y no les corresponda quedar en otra situación.
- ¿Por qué normas se rige el funcionario en servicio activo? → Por este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que preste servicios.
- La coletilla que la convierte en situación residual: «y no les corresponda quedar en otra situación».
- Derechos y deberes van en paquete: quien está en activo tiene todos los derechos, pero también todas las responsabilidades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Está en servicio activo quien presta servicios como funcionario en cualquier Administración u organismo y no le corresponde otra situación. El de carrera en activo tiene todos los derechos y deberes de su condición.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 87
Servicios especiales. 1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. 4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.
Datos clave
- ¿Qué duración mínima debe tener la misión en organismos internacionales para pasar a servicios especiales? → Un periodo determinado superior a seis meses.
- ¿Qué retribuciones se perciben en servicios especiales? → Las del puesto o cargo que se desempeñe, no las de funcionario de carrera, sin perjuicio de los trienios reconocidos.
- ¿A qué reingreso se tiene derecho como mínimo? → Al servicio activo en la misma localidad, con las condiciones y retribuciones de la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.
- Misión en el extranjero: el umbral es «superior a seis meses». Por debajo, no hay servicios especiales.
- Se cobra del cargo, pero los trienios siguen siendo tuyos: es la única partida de funcionario que se conserva.
- El suelo del reingreso son dos cosas: misma localidad y categoría, nivel o escalón consolidados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Doce supuestos de servicios especiales (cargos de gobierno, misiones de más de seis meses, parlamentarios, cargos locales, eventuales, reservistas…), con retribuciones del cargo, trienios propios y reingreso garantizado.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 88
Servicio en otras Administraciones Públicas. 1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. 2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran. Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia. 3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.
Datos clave
- ¿En qué situación quedan los funcionarios transferidos a una Comunidad Autónoma? → Se integran plenamente en su Función Pública y se hallan en situación de servicio activo en la Comunidad Autónoma en la que se integran.
- ¿Cómo computa el tiempo de servicio en la Administración de destino por provisión? → Como servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
- Transferido = activo en la CA de destino. Por provisión = servicio en otras AAPP, con la condición de origen intacta.
- Lo que la CA debe respetar al integrar al transferido son dos cosas: Grupo o Subgrupo de origen y derechos económicos de su posición en la carrera.
- El reconocimiento al reingresar: primero convenios del art. 84; en su defecto, la Administración de reingreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien obtiene destino en otra Administración por transferencia o provisión pasa a servicio en otras Administraciones; los transferidos a comunidades autónomas quedan en activo en ellas, con sus derechos.
Esquema
| Transferido a comunidad autónoma | Destino por provisión | |
|---|---|---|
| Situación | Servicio activo en la comunidad autónoma | Servicio en otras Administraciones Públicas |
| Régimen | Integración plena en la Función Pública autonómica | Legislación de la Administración de destino efectivo |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 89
Excedencia. 1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. c) Excedencia por cuidado de familiares. d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 5. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
Datos clave
- ¿Qué tiempo de servicios efectivos exige la excedencia voluntaria por interés particular? → Un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en cualquiera de las Administraciones Públicas.
- ¿Cuánto dura la reserva del puesto en la excedencia por cuidado de familiares? → Al menos dos años; transcurridos, la reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
- ¿Cuántos meses de retribuciones íntegras hay en la excedencia por violencia de género o sexual? → Los dos primeros meses, además de las prestaciones familiares por hijo a cargo en su caso.
- ¿Hasta qué límite puede prorrogarse la reserva del puesto en esa excedencia? → Por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, cuando lo exijan las actuaciones judiciales.
- Cinco modalidades, de la a) a la e), y solo las dos primeras llevan el apellido «voluntaria».
- Lo que computa y lo que no: interés particular y agrupación familiar, nada; cuidado de familiares y violencia, sí.
- Cifras de violencia de género o sexual: 2 meses de retribuciones íntegras, 6 meses de reserva, prórrogas de 3 en 3 hasta 18.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco excedencias del funcionario de carrera: interés particular, agrupación familiar, cuidado de familiares, violencia de género o sexual y violencia terrorista, con requisitos, reserva de puesto y cómputo distintos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 90
Suspensión de funciones. 1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. 4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.
Datos clave
- ¿Cuándo determina la suspensión la pérdida del puesto de trabajo? → Cuando exceda de seis meses.
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme por sanción disciplinaria? → Seis años.
- ¿Puede el suspenso prestar servicios en otra Administración? → No, en ninguna Administración Pública ni en organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas, durante el cumplimiento de la pena o sanción.
- Dos seises que no se mezclan: seis MESES para perder el puesto, seis AÑOS de tope de la suspensión firme por sanción disciplinaria.
- Firme = sentencia penal o sanción disciplinaria. Provisional = procedimiento judicial o expediente disciplinario en tramitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El suspenso queda privado de funciones y derechos y, si la suspensión pasa de seis meses, pierde el puesto. La firme viene de sentencia penal o sanción (esta, máximo seis años); la provisional, de un procedimiento en curso.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 91
Reingreso al servicio activo. Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.
Datos clave
- ¿Qué tres cosas se regularán reglamentariamente para el reingreso al servicio activo? → Los plazos, los procedimientos y las condiciones.
- ¿Qué derecho debe respetarse al regular el reingreso? → El derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.
- Tres palabras que caen juntas: plazos, procedimientos y condiciones. Y una coletilla: reserva del puesto.
- Regla de lectura: donde el TREBEP dice «reglamentariamente se regularán», no busques cifras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los plazos, procedimientos y condiciones del reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan por reglamento, según la situación de procedencia y respetando la reserva de puesto cuando proceda.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 92
Situaciones del personal laboral. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
Datos clave
- ¿Por qué normas se rige el personal laboral en materia de situaciones? → Por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación.
- ¿Quién puede extender el capítulo de situaciones administrativas al personal laboral y con qué límite? → Los convenios colectivos, en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
- Dos verbos distintos: el laboral se regirá por ET y convenio (imperativo); el convenio podrá aplicar el capítulo (facultativo).
- Doble filtro para aplicar el capítulo al laboral: que lo diga el convenio y que sea compatible con el ET.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las situaciones del personal laboral se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y sus convenios; estos pueden aplicarle el capítulo de situaciones de los funcionarios en lo compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 93
Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.
Datos clave
- ¿Qué responsabilidad tiene quien induce a otro a cometer una falta disciplinaria? → La misma responsabilidad que el inducido.
- ¿Qué faltas encubiertas generan responsabilidad y con qué requisito? → Las consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
- ¿Qué norma rige el régimen disciplinario del personal laboral en lo no previsto en el título? → La legislación laboral.
- Inductor = mismo castigo, sin condiciones. Encubridor = solo muy graves/graves consumadas y con daño grave.
- Las faltas leves nunca generan responsabilidad del encubridor: el texto solo cita muy graves y graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funcionarios y laborales están sujetos al régimen disciplinario del título. El inductor responde igual que el autor; el encubridor, solo de faltas muy graves o graves consumadas con daño grave. Al laboral se le aplica supletoriamente la legislación laboral.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 94
Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
Datos clave
- ¿Qué se hace si de la instrucción resultan indicios fundados de criminalidad? → Se suspende la tramitación del procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
- Enumera los principios de ejercicio de la potestad disciplinaria del art. 94.2 → Legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo no favorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
- ¿Qué vincula a la Administración de las resoluciones judiciales firmes? → Los hechos declarados probados.
- Son cinco principios, de la a) a la e): le-i-p-c-p → legalidad/tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia.
- Retroactividad solo hacia lo favorable; irretroactividad, hacia lo no favorable.
- Dos palabras que se piden literales: indicios fundados de criminalidad y Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones corrigen las infracciones cometidas en el ejercicio de las funciones, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal, conforme a cinco principios; ante indicios de delito se suspende el expediente y se avisa al Fiscal.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 95
Faltas disciplinarias. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual. c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. o) El acoso laboral. p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.
Datos clave
- ¿Cómo se clasifican las faltas disciplinarias en el TREBEP? → Muy graves, graves y leves.
- ¿Qué tres circunstancias se atienden para establecer las faltas graves? → El grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños al interés público, patrimonio o bienes, y el descrédito para la imagen pública de la Administración.
- ¿Quién puede tipificar faltas graves? → La ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa autonómica y, para el personal laboral, los convenios colectivos.
- ¿Es falta muy grave el acoso laboral? → Sí, letra o) del artículo 95.2.
- Cuenta las muy graves: van de la a) a la p), con ñ incluida. La última, p), es la cláusula abierta de remisión a ley o convenio.
- Los tres criterios de las graves se memorizan como legalidad, daño y descrédito.
- Truco de descarte: si la pregunta dice que el TREBEP tipifica una falta grave concreta, es falsa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Faltas muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves, de la a) a la p); las graves las tipifica la ley o, para el laboral, el convenio según tres criterios; las leves, las leyes de Función Pública.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 96
Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. f) Apercibimiento. g) Cualquier otra que se establezca por ley. 2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
Datos clave
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme de funciones? → 6 años.
- ¿Qué comporta el despido disciplinario del personal laboral? → La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba.
- ¿En qué consiste la sanción de demérito? → En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- ¿Qué circunstancias determinan el alcance de cada sanción? → El grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación.
- La letra g) exige ley: ni reglamento ni convenio pueden crear sanciones nuevas por sí solos según este artículo.
- Cuatro criterios para el alcance: intención, daño, reincidencia y participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de sanciones: separación (funcionarios) y despido disciplinario (laborales) solo por faltas muy graves, suspensión firme hasta seis años, traslado forzoso, demérito, apercibimiento y las que fije una ley; con readmisión del laboral fijo si el despido es improcedente.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 97
Prescripción de las faltas y sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Datos clave
- ¿A qué plazo prescriben las infracciones muy graves, graves y leves? → A los tres años, a los dos años y a los seis meses, respectivamente.
- ¿A qué plazo prescribe la sanción impuesta por falta leve? → Al año.
- ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción de una falta continuada? → Desde el cese de su comisión.
- Memoriza 3-2-6 meses para faltas y 3-2-1 año para sanciones: solo cambia el último escalón.
- Faltas continuadas: el reloj empieza al cese, no al inicio de la conducta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de prescripción: infracciones a 3 años, 2 años y 6 meses; sanciones a 3 años, 2 años y 1 año. La única diferencia entre las dos columnas está en las leves.
Esquema
| Falta (infracción) | Sanción impuesta | |
|---|---|---|
| Muy grave | 3 años | 3 años |
| Grave | 2 años | 2 años |
| Leve | 6 meses | 1 año |
| Inicio del cómputo | Desde que se cometió; en las continuadas, desde el cese de su comisión | Desde la firmeza de la resolución sancionadora |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 98
Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.
Datos clave
- ¿Cómo se imponen las sanciones por faltas leves? → Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar? → 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.
- ¿Qué ocurre si la suspensión provisional no llega a convertirse en sanción definitiva? → La Administración restituye la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera debido percibir, el tiempo computa como servicio activo y procede la inmediata reincorporación.
- ¿Qué separación debe garantizar el procedimiento disciplinario? → La separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.
- Dos procedimientos, dos velocidades: muy graves y graves → procedimiento previo; leves → sumario con audiencia.
- Tres principios de estructura (eficacia, celeridad, economía procesal) más la regla de oro: instructor y sancionador, órganos distintos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Muy graves y graves exigen procedimiento previo con separación entre instructor y órgano sancionador; las leves van por procedimiento sumario con audiencia. La suspensión provisional no pasa de seis meses y su tiempo se abona.
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Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
Datos clave
- Ámbito: las materias objeto del Estatuto.
- Principios de actuación entre Administraciones Públicas: cooperación y colaboración.
- Límite: respetar en todo caso el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En materia de empleo público, las Administraciones se relacionan con arreglo a la cooperación y la colaboración, respetando siempre el ejercicio legítimo de las competencias ajenas.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 100. Órganos de cooperación.
1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano de cooperación en materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de la Administración Local, cuyos representantes serán designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u órganos equivalentes, atenderá en su funcionamiento y organización a lo establecido en la vigente legislación sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
2. Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En esta Comisión se hará efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y en concreto le corresponde:
a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo público.
b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público, así como emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las Administraciones Públicas le presenten.
c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público. Dichos estudios e informes se remitirán a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
3. Componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público los titulares de aquellos órganos directivos de la política de recursos humanos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y los representantes de la Administración Local designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, en los términos que se determinen reglamentariamente, previa consulta con las comunidades autónomas.
4. La Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus propias normas de organización y funcionamiento.
Datos clave
- La Conferencia Sectorial de Administración Pública es el órgano de cooperación en materia de administración pública entre el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración Local.
- Los representantes de la Administración Local los designa la Federación Española de Municipios y Provincias.
- La Comisión de Coordinación del Empleo Público es un órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
- Le corresponde impulsar los principios constitucionales de acceso, estudiar los proyectos de legislación básica de empleo público y elaborar estudios e informes.
- Esos estudios e informes se remiten a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
- La Comisión elabora sus propias normas de organización y funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Conferencia Sectorial de Administración Pública es el órgano de cooperación en la materia, y de ella depende la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano técnico que coordina la política de personal.