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Obligaciones tributarias formales. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación y domicilio fiscal. Plazos de prescripción.

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Artículo 29. Obligaciones tributarias formales.

1. Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.

2. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.

En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.

e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.

g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.

h) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

i) Las obligaciones de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera.

j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.

3. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, las disposiciones reglamentarias podrán regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.

En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos.

Datos clave

  • Obligaciones formales: las que, sin carácter pecuniario, impone la normativa tributaria o aduanera a los obligados, deudores o no del tributo, en relación con actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.
  • Incluyen presentar declaraciones censales, solicitar y utilizar el número de identificación fiscal y presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
  • Llevar y conservar libros de contabilidad y registros, programas, ficheros y archivos informáticos, facilitando su conversión a formato legible.
  • Expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar facturas y justificantes.
  • Aportar libros, registros, documentos e información con trascendencia tributaria y facilitar inspecciones y comprobaciones.
  • Entregar certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los perceptores.
  • Letra j): los sistemas informáticos contables, de facturación o de gestión deben garantizar integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros (en vigor el 11 de octubre de 2021).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones formales no son pecuniarias y se imponen a los obligados, deban o no el tributo, ligadas a actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. La ley enumera diez, entre otras posibles.

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Artículo 29 bis. Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua.

El artículo 29 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria, se ocupa de las obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua. Son obligaciones tributarias aquellas que deriven de la normativa sobre asistencia mutua. En el caso de su incumplimiento por los obligados tributarios, podrán imponerse las sanciones tributarias establecidas en la ley.

Datos clave

  • Son obligaciones tributarias las derivadas de la normativa sobre asistencia mutua.
  • Su incumplimiento puede dar lugar a las sanciones tributarias establecidas en la ley.
  • Artículo 29 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones que nacen de la normativa sobre asistencia mutua son obligaciones tributarias, y su incumplimiento puede sancionarse con las sanciones tributarias de la ley.

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Artículo 30. Obligaciones y deberes de la Administración tributaria.

1. La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de contenido económico establecidas en esta ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos indebidos, la de reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de demora.

2. La Administración tributaria está sujeta, además, a los deberes establecidos en esta ley en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.

Datos clave

  • La Administración tributaria está sujeta a obligaciones de contenido económico establecidas en la ley.
  • Son cuatro: devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías y satisfacción de intereses de demora.
  • Además está sujeta a los deberes establecidos en la ley en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria también tiene obligaciones económicas (devoluciones, reembolso de garantías e intereses de demora) y deberes en los procedimientos tributarios.

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Artículo 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo.

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.

2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

Datos clave

  • Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las de cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
  • Transcurrido el plazo de cada tributo y, en todo caso, el de seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona el interés de demora del artículo 26 sin necesidad de solicitud.
  • El interés se devenga desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
  • No se computan las dilaciones por causa no imputable a la Administración.
  • En inspección no se computan los días del artículo 150.4 ni los periodos de extensión del artículo 150.5.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las devoluciones de cada tributo son las de cantidades ingresadas o soportadas debidamente. Si pasan el plazo del tributo y, en todo caso, seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona interés de demora.

Esquema

Dos tipos de devolución
Normativa de cada tributoIngresos indebidos
Qué se devuelveCantidades ingresadas o soportadas debidamenteIngresos realizados indebidamente en el Tesoro Público
Interés desdeFin del plazo del tributo y, en todo caso, de seis mesesFecha del ingreso indebido
Interés hastaFecha en que se ordena el pagoFecha en que se ordena el pago

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Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.

1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.

2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración Tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de los intereses, no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.

Datos clave

  • Se devuelven a los obligados tributarios, sujetos infractores o sucesores de unos y otros los ingresos indebidos en el Tesoro Público por obligaciones tributarias o pago de sanciones, conforme al artículo 221.
  • Se abona el interés de demora del artículo 26 sin necesidad de solicitud.
  • El interés se devenga desde la fecha del ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
  • No se computan las dilaciones no imputables a la Administración ni, en inspección, los días del artículo 150.4 y los periodos de extensión del artículo 150.5.
  • Autoliquidación ingresada en varios plazos: la cantidad devuelta se entiende ingresada en el último plazo y la diferencia en los inmediatamente anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se devuelven los ingresos indebidos a obligados, sujetos infractores o sus sucesores, con interés de demora desde el ingreso hasta que se ordena el pago y sin necesidad de pedirlo.

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Artículo 33. Reembolso de los costes de las garantías.

1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías.

2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Datos clave

  • Se reembolsa, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender un acto o aplazar o fraccionar una deuda declarados improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme.
  • Si la improcedencia es parcial, el reembolso alcanza a la parte correspondiente del coste.
  • Se abona el interés legal vigente, sin necesidad de solicitud, desde la fecha acreditada en que se incurrió en los costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
  • No se aplica a las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración reembolsa el coste de las garantías aportadas para suspender un acto o aplazar/fraccionar una deuda si esta es declarada improcedente por sentencia o resolución firme, abonando el interés legal desde que se incurrió en el coste hasta que se ordena el pago; no se aplica a las garantías exigidas por la normativa propia de cada tributo.

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Artículo 34. Derechos y garantías de los obligados tributarios.

1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.

c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.

g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.

h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.

i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.

k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.

n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.

o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.

q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.

r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.

Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.

Datos clave

  • El apartado 1 enumera, entre otros, los derechos de las letras a) a s) de los obligados tributarios.
  • Devoluciones derivadas de cada tributo y de ingresos indebidos con abono del interés de demora del artículo 26, sin necesidad de requerimiento.
  • Reembolso del coste de avales y otras garantías si el acto o deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal.
  • Derecho a no aportar documentos ya presentados y en poder de la Administración actuante, indicando el día y procedimiento en que se presentaron.
  • Carácter reservado de los datos obtenidos: sólo para la aplicación de los tributos o recursos encomendados y la imposición de sanciones, sin cesión a terceros salvo previsión legal.
  • El derecho a obtener copia a su costa del expediente en la puesta de manifiesto puede ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  • El Consejo para la Defensa del Contribuyente, integrado en el Ministerio de Hacienda, vela por la efectividad de los derechos, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo abierto de derechos y garantías de los obligados tributarios (información, devoluciones con intereses, lengua, reserva de datos, trato menos gravoso…) y el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

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Artículo 35. Obligados tributarios.

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

2. Entre otros, son obligados tributarios:

a) Los contribuyentes.

b) Los sustitutos del contribuyente.

c) Los obligados a realizar pagos fraccionados.

d) Los retenedores.

e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.

f) Los obligados a repercutir.

g) Los obligados a soportar la repercusión.

h) Los obligados a soportar la retención.

i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

j) Los sucesores.

k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se refiere el artículo 41 de esta ley.

6. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.

7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.

Datos clave

  • Obligados tributarios: personas físicas o jurídicas y entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
  • El apartado 2 enumera, entre otros, 11 clases (letras a a k): contribuyentes, sustitutos, obligados a pagos fraccionados, retenedores, obligados a ingresos a cuenta, a repercutir, a soportar la repercusión, la retención y los ingresos a cuenta, sucesores y beneficiarios de exenciones, devoluciones o bonificaciones que no sean sujetos pasivos.
  • También son obligados tributarios quienes deben cumplir obligaciones formales, los responsables del artículo 41 y aquellos a quienes se impongan obligaciones conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
  • Herencias yacentes, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado lo son en las leyes en que así se establezca.
  • La concurrencia de varios obligados en un mismo presupuesto determina su obligación solidaria, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
  • Si la Administración sólo conoce a un titular, le notifica la liquidación y debe satisfacerla si no solicita su división, facilitando datos personales, domicilio y proporción de participación de los restantes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son obligados tributarios quienes deben cumplir obligaciones tributarias: la ley da una lista abierta de once figuras y añade a los obligados formales, los responsables, ciertos entes sin personalidad y los de asistencia mutua.

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Artículo 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente.

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

En el ámbito aduanero, tendrá además la consideración de sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa.

Datos clave

  • Sujeto pasivo: obligado que debe cumplir la obligación tributaria principal y las formales inherentes, como contribuyente o como sustituto.
  • Quien deba repercutir la cuota no pierde la condición de sujeto pasivo, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
  • En el ámbito aduanero también es sujeto pasivo el obligado al pago de la deuda aduanera.
  • Contribuyente: el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
  • Sustituto: el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, cumple la obligación principal y las formales inherentes.
  • El sustituto puede exigir al contribuyente el importe satisfecho, salvo que la ley señale otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue dentro del sujeto pasivo dos figuras: el contribuyente, que realiza el hecho imponible, y el sustituto, que por ley ocupa su lugar y cumple la obligación principal en su nombre.

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Artículo 37. Obligados a realizar pagos a cuenta.

1. Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley de cada tributo impone la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.

2. Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos.

3. Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.

Datos clave

  • Obligado a realizar pagos fraccionados: el contribuyente que debe ingresar cantidades a cuenta de la obligación principal antes de que ésta resulte exigible.
  • Retenedor: persona o entidad que debe detraer e ingresar en la Administración tributaria una parte de los pagos que realiza a otros obligados, a cuenta del tributo de éstos.
  • Obligado a practicar ingresos a cuenta: quien satisface rentas en especie o dinerarias y debe realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.
  • En los tres casos la obligación la impone la ley (de cada tributo).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reúne las tres figuras que ingresan dinero a cuenta del tributo antes de que este resulte exigible: el obligado a pagos fraccionados, el retenedor y el obligado a practicar ingresos a cuenta.

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Artículo 38. Obligados en las obligaciones entre particulares resultantes del tributo.

1. Es obligado a repercutir la persona o entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas.

2. Es obligado a soportar la repercusión la persona o entidad a quien, según la ley, se deba repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.

3. Es obligado a soportar la retención, la persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones tributarias.

4. La ley podrá imponer a las personas o entidades la obligación de soportar los ingresos a cuenta de cualquier tributo practicados con ocasión de las rentas en especie o dinerarias que perciban y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador de dichas rentas.

Datos clave

  • Obligado a repercutir: quien debe repercutir la cuota; salvo disposición legal en contrario, coincide con quien realiza las operaciones gravadas.
  • Obligado a soportar la repercusión: salvo disposición legal en contrario, coincide con el destinatario de las operaciones gravadas.
  • El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo la cuota repercutida.
  • Obligado a soportar la retención: el perceptor de las cantidades sobre las que el retenedor debe practicar retenciones.
  • La ley puede imponer la obligación de soportar los ingresos a cuenta practicados sobre rentas en especie o dinerarias y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula las obligaciones «entre particulares» que nacen del tributo: repercutir la cuota y soportarla, y soportar la retención o el ingreso a cuenta practicados por otro.

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Artículo 39. Sucesores de personas físicas.

1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.

2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.

3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente.

Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.

Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente.

Datos clave

  • A la muerte del obligado, las obligaciones pendientes se transmiten a los herederos, sin perjuicio de la legislación civil sobre adquisición de la herencia.
  • Se transmiten a los legatarios en las mismas condiciones cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los legados de parte alícuota.
  • En ningún caso se transmiten las sanciones.
  • La obligación del responsable no se transmite salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación antes del fallecimiento.
  • Que la deuda no estuviera liquidada no impide la transmisión: las actuaciones se entienden con cualquiera de los sucesores y la liquidación se notifica a todos los interesados del expediente.
  • Herencia yacente: cumple las obligaciones su representante; si al término del procedimiento no se conocen los herederos, las liquidaciones se hacen a nombre de la herencia yacente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula qué pasa con las obligaciones tributarias de una persona física fallecida: pasan a herederos y legatarios, nunca las sanciones, y mientras la herencia esté yacente responde su representante.

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Artículo 40. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.

3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica.

4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.

5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Datos clave

  • Sociedades disueltas y liquidadas con responsabilidad limitada: las obligaciones pendientes se transmiten a socios, partícipes o cotitulares, obligados solidariamente hasta el límite de la cuota de liquidación y demás percepciones patrimoniales recibidas en los dos años anteriores a la disolución.
  • Sin limitación de responsabilidad: se transmiten íntegramente y quedan obligados solidariamente.
  • La falta de liquidación de la deuda al extinguirse la personalidad jurídica no impide la transmisión; las actuaciones pueden entenderse con cualquiera de los sucesores.
  • Extinción o disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo: se transmiten a quienes sucedan o sean beneficiarios de la operación.
  • Fundaciones y entidades del artículo 35.4: se transmiten a los destinatarios de los bienes y derechos o a los partícipes o cotitulares.
  • Las sanciones por infracciones de estas sociedades y entidades son exigibles a los sucesores, en su caso con el límite del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas pendientes de sociedades y entidades extinguidas pasan a socios, partícipes, sucesores o beneficiarios. Con responsabilidad limitada, el tope es la cuota de liquidación y lo percibido en los dos años previos a la disolución.

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Artículo 41. Responsabilidad tributaria.

1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.

4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.

En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.

La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.

A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley.

Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.

5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.

Datos clave

  • La ley puede configurar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales (los obligados del artículo 35.2).
  • Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
  • Salvo el artículo 42.2, alcanza a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario; si el responsable no paga en su plazo voluntario se inicia el período ejecutivo con recargos e intereses.
  • No alcanza a las sanciones, salvo las excepciones legales; la reducción por conformidad es la del artículo 188.1.b) y se aplica también la del artículo 188.3, pero no en la responsabilidad del artículo 42.2.
  • La derivación exige acto administrativo, previa audiencia al interesado, que declare la responsabilidad y su alcance y extensión (artículos 174 a 176); antes pueden adoptarse medidas cautelares del artículo 81.
  • La derivación a responsables subsidiarios requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
  • Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal conforme a la legislación civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley puede declarar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales. Sin precepto en contrario, la responsabilidad es subsidiaria, alcanza la deuda en voluntaria y no las sanciones, salvo excepciones.

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Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 de esta ley.

Datos clave

  • Responsables solidarios los causantes o colaboradores activos en una infracción tributaria, con extensión a la sanción.
  • También los partícipes o cotitulares de las entidades del artículo 35.4, en proporción a sus participaciones.
  • También los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, salvo adquirentes de elementos aislados, sucesión por causa de muerte y adquisiciones en procedimiento concursal.
  • Artículo 42.2: responden hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
  • Supuestos del 42.2: ocultación o transmisión de bienes para impedir la actuación administrativa e incumplimiento por culpa o negligencia de órdenes de embargo.
  • También: colaborar o consentir en el levantamiento de bienes embargados o sujetos a medida cautelar o garantía, y depositarios que lo consientan tras la notificación del embargo.
  • Las leyes pueden establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria.
  • Procedimiento: artículo 175.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responden solidariamente quienes causan o colaboran en infracciones, los partícipes de entes sin personalidad, los sucesores en actividades económicas y quienes obstaculizan el embargo, estos hasta el valor de lo embargable.

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Artículo 43. Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley.

e) Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda aduanera.

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente.

g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas.

h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.

En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación.

Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.

A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada.

Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.

Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas últimas.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de esta ley.

Datos clave

  • Responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas infractoras, con extensión a las sanciones, y los de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
  • También los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que no realicen las gestiones necesarias.
  • También los adquirentes de bienes afectos (artículo 79) y los representantes aduaneros, salvo por la deuda aduanera.
  • También los contratistas o subcontratistas principales, salvo certificado de estar al corriente emitido en los 12 meses anteriores a cada pago.
  • La Administración emite o deniega el certificado en el plazo de tres días.
  • Supuestos g) y h): control efectivo o voluntad rectora común con uso abusivo o fraudulento de personas jurídicas, con extensión a las sanciones.
  • Administradores por autoliquidaciones sin ingreso reiterativas: la mitad o más en un año natural; sin ingreso si los ingresos no superan el 25 por ciento de las cuotas.
  • Procedimiento: artículo 176.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables subsidiarios: administradores, administradores concursales y liquidadores, adquirentes de bienes afectos, representantes aduaneros, contratistas principales y quienes usan sociedades de forma abusiva, entre otros.

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Artículo 44. Capacidad de obrar.

Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario, además de las personas que la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.

Datos clave

  • Tienen capacidad de obrar en el orden tributario las personas que la tengan conforme a derecho.
  • También los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de actividades que puedan ejercer sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial.
  • Excepción: los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reconoce capacidad de obrar tributaria, además de a quien la tiene según el derecho común, a los menores e incapacitados para las actividades que puedan ejercer sin asistencia de quien tenga su patria potestad, tutela o curatela.

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Artículo 45. Representación legal.

1. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales.

2. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.

3. Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.

Datos clave

  • Por quienes carecen de capacidad de obrar actúan sus representantes legales.
  • Por las personas jurídicas actúan los titulares, en el momento de las actuaciones, de los órganos a quienes corresponda su representación por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.
  • Por los entes del artículo 35.4 actúa quien ostente la representación acreditada en forma fehaciente.
  • Sin representante designado: quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula quién actúa en nombre de quien no tiene capacidad de obrar: los representantes legales, los titulares de los órganos de representación en las personas jurídicas, y quien gestione de hecho una entidad sin personalidad del art. 35.4.

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Artículo 46. Representación voluntaria.

1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario.

2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV, V, VI y VII de esta Ley, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente.

A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria para determinados procedimientos.

3. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.

4. Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, o en los supuestos que se prevean reglamentariamente, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tributaria, el presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. La Administración tributaria podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación, que podrá efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.

5. Para la realización de actuaciones distintas de las mencionadas en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, la representación podrá acreditarse debidamente en la forma que reglamentariamente se establezca.

6. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 (*) del artículo 35 de esta ley, concurran varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá otorgada la representación a cualquiera de ellos, salvo que se produzca manifestación expresa en contrario. La liquidación que resulte de dichas actuaciones deberá ser notificada a todos los titulares de la obligación.

7. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente.

(*) Actual apartado 7.

Datos clave

  • Los obligados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, que puede ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones salvo manifestación expresa en contrario.
  • Para interponer recursos o reclamaciones, desistir, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones o solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos, la representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o por comparecencia personal.
  • Son válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria.
  • Para los actos de mero trámite se presume concedida la representación.
  • En la presentación telemática (colaboración social), el presentador actúa con la representación necesaria y la Administración puede requerir su acreditación en cualquier momento.
  • Con varios titulares en una misma obligación se presume otorgada la representación a cualquiera de ellos; la liquidación se notifica a todos.
  • La falta o insuficiencia del poder puede subsanarse en el plazo de 10 días que debe conceder el órgano administrativo competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien tiene capacidad de obrar puede actuar por representante, incluso un asesor fiscal. Los actos importantes exigen acreditar la representación; para el mero trámite se presume, y el defecto se subsana en 10 días.

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Artículo 47. Representación de personas o entidades no residentes.

A los efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.

La designación anterior deberá comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que la normativa señale.

Datos clave

  • Los obligados tributarios que no residan en España deben designar un representante en sus relaciones con la Administración Tributaria.
  • La obligación existe sólo cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.
  • La designación debe comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que señale la normativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los obligados tributarios no residentes deben designar representante ante la Administración tributaria solo cuando la normativa tributaria lo establezca expresamente, y comunicar esa designación.

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Artículo 48. Domicilio fiscal.

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.

2. El domicilio fiscal será:

a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.

c) Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo b) anterior.

d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.

En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se refiere el artículo 47 de esta ley. No obstante, cuando la persona o entidad no residente en España opere mediante establecimiento permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado.

3. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, conforme a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de esta ley.

4. Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.

Datos clave

  • Domicilio fiscal: lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.
  • Personas físicas: residencia habitual; si desarrollan principalmente actividades económicas, puede considerarse el lugar de centralización de la gestión administrativa y dirección y, en su defecto, el de mayor valor del inmovilizado.
  • Personas jurídicas: domicilio social si en él está centralizada la gestión administrativa y dirección de sus negocios; si no, el lugar de esa gestión o dirección; en último término, el de mayor valor del inmovilizado.
  • Entidades del artículo 35.4: se aplican las reglas de las personas jurídicas.
  • No residentes: lo que establezca la normativa de cada tributo; en defecto, el domicilio del representante del artículo 47; con establecimiento permanente, las reglas de los párrafos a) y b).
  • El cambio de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se comunica.
  • Cada Administración puede comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija las reglas del domicilio fiscal según el tipo de obligado tributario: residencia habitual para personas físicas, domicilio social o lugar de gestión para personas jurídicas, y remisión a estas reglas para entes sin personalidad y no residentes.

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Artículo 66. Plazos de prescripción

El artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, fija el plazo general de prescripción de los derechos tributarios en cuatro años. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Los dos primeros derechos corresponden a la Administración (liquidar y cobrar) y los dos últimos al obligado tributario (solicitar y obtener devoluciones y reembolsos).

Datos clave

  • Plazo de prescripción: cuatro años.
  • a) Derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación.
  • b) Derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas.
  • c) Derecho a solicitar devoluciones de la normativa de cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
  • d) Derecho a obtener esas mismas devoluciones y reembolsos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prescriben a los cuatro años cuatro derechos: liquidar y cobrar (de la Administración) y solicitar y obtener devoluciones y reembolsos del coste de las garantías (del obligado).

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Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar

El artículo 66 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de la Administración a comprobar e investigar en relación con la prescripción.

1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.

En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobación.

La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.

Datos clave

  • La prescripción del artículo 66 no afecta al derecho a comprobar e investigar del artículo 115, salvo el apartado 2.
  • Comprobar bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y deducciones aplicadas o pendientes prescribe a los diez años.
  • Los diez años se cuentan desde el día siguiente al fin del plazo de declaración del ejercicio en que se generó el derecho.
  • En inspecciones de alcance general (artículo 148) se entiende incluida esa comprobación.
  • Solo puede realizarse en procedimientos sobre obligaciones y periodos cuyo derecho a liquidar no haya prescrito.
  • Subsiste la obligación de aportar liquidaciones, autoliquidaciones y contabilidad en las comprobaciones de ejercicios no prescritos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prescripción no impide comprobar e investigar, salvo en bases, cuotas o deducciones compensadas o pendientes: ese derecho prescribe a los diez años y solo se ejerce en procedimientos sobre periodos no prescritos.

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Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo.

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente.

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.

Datos clave

  • Derecho a liquidar: desde el día siguiente al fin del plazo reglamentario de declaración o autoliquidación.
  • Tributos de cobro periódico por recibo sin declaración: desde el día de devengo del tributo.
  • Derecho a exigir el pago: desde el día siguiente al fin del plazo de pago en período voluntario.
  • Ingresos indebidos: desde el día siguiente al ingreso indebido o al fin del plazo de autoliquidación si se ingresó dentro de él.
  • Tributos incompatibles: desde la resolución del órgano que dirima cuál es el procedente.
  • Responsables solidarios: desde el día siguiente al fin del periodo voluntario del deudor principal, o desde los hechos si son posteriores.
  • Responsables subsidiarios: desde la notificación de la última actuación recaudatoria al deudor principal o a cualquier responsable solidario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada derecho prescriptible tiene su día inicial: el siguiente al fin del plazo de declarar, de pagar, de solicitar o de devolver, con reglas propias para recibos, ingresos indebidos y responsables.

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Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso.

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen.

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.

7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.

8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.

La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan.

9. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.

Datos clave

  • Derecho a liquidar: se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del obligado, por recursos o reclamaciones y por actuaciones fehacientes del obligado.
  • Derecho a cobrar: también se interrumpe por la declaración del concurso y por acciones civiles o penales dirigidas al cobro.
  • Las actuaciones realizadas en otro Estado en el marco de la asistencia mutua también interrumpen.
  • Producida la interrupción, se inicia de nuevo el cómputo del plazo.
  • Con recurso contencioso-administrativo, acciones civiles o penales o tanto de culpa, el cómputo se reinicia al recibir la resolución firme.
  • En el concurso, el cómputo se reinicia con la firmeza de la resolución de conclusión del concurso.
  • La interrupción para un obligado se extiende a todos, incluidos los responsables, salvo obligación mancomunada.
  • La interrupción del derecho a liquidar se extiende a las obligaciones tributarias conexas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada derecho prescriptible tiene sus causas de interrupción: actuaciones de la Administración con conocimiento formal, recursos y actuaciones fehacientes del obligado. Interrumpido, el plazo vuelve a empezar.

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Artículo 69. Extensión y efectos de la prescripción

El artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la extensión y los efectos de la prescripción.

1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo anterior.

2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Datos clave

  • La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago, salvo lo previsto en el artículo 68.8.
  • Se aplica de oficio, incluso si la deuda tributaria se ha pagado.
  • No es necesario que la invoque o excepcione el obligado tributario.
  • La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prescripción ganada beneficia a todos los obligados al pago, se aplica de oficio aunque la deuda se haya pagado y extingue la deuda tributaria.

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Artículo 70. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales

El artículo 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los efectos de la prescripción sobre las obligaciones formales.

1. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas.

2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entidades, las obligaciones de conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior.

3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescripción del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 66.bis.2 y 3 de esta Ley.

Datos clave

  • Las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones del propio obligado solo son exigibles mientras no prescriba el derecho a determinar estas últimas.
  • Las obligaciones de conservación y suministro de información del artículo 29.2.d), e) y f) se cumplen en el plazo de la normativa mercantil o en el de sus propias obligaciones formales, si fuese superior.
  • La obligación de justificar datos de operaciones de períodos prescritos se mantiene durante el plazo de prescripción del derecho a determinar las deudas afectadas.
  • En todo caso se mantiene en los supuestos del artículo 66 bis.2 y 3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones formales siguen la suerte de la prescripción de la obligación a la que se vinculan, con dos excepciones: la información sobre terceros y la justificación de datos de periodos ya prescritos.

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Artículo 105. Actuaciones relativas a obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.

1. Tratándose de entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones de comprobación o investigación que tengan por objeto examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de dicha ley.

Las liquidaciones que, en su caso, procedan se practicarán a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas entidades.

El examen del adecuado cumplimiento de las obligaciones relativas al tributo que grave las rentas obtenidas por las entidades en régimen de atribución de rentas se realizará en el curso de los procedimientos de comprobación o investigación que puedan instruirse frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe como obligado tributario por dicho tributo. En esos procedimientos podrán utilizarse los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de las actuaciones de comprobación o investigación de las obligaciones propias de la entidad.

2. La comprobación de la situación tributaria de las Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrollará con estas, sin perjuicio del derecho de sus socios o miembros a oponer todos los motivos de impugnación que estimen convenientes durante la tramitación del procedimiento de comprobación o investigación que se instruya frente a cada uno de ellos en el que se tenga en cuenta los resultados de las actuaciones desarrolladas con la entidad.

Datos clave

  • En las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, las actuaciones se desarrollan con quien tenga su representación (artículo 45.3).
  • Las liquidaciones se practican a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de partícipes, miembros o cotitulares.
  • El tributo sobre las rentas en atribución se examina en los procedimientos frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe.
  • La comprobación de UTE, AIE y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrolla con estas.
  • Los socios o miembros pueden oponer todos los motivos de impugnación en el procedimiento que se instruya frente a cada uno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con entes del artículo 35.4 se actúa con su representante y se liquida a nombre de la entidad; la renta atribuida se comprueba en cada socio; UTE y AIE se comprueban con la entidad, sin perjuicio de que los socios impugnen.

Esquema

Atribución frente a imputación de rentas
Atribución de rentas (35.4)UTE, AIE e imputación
Con quién se compruebaTributo sobre la renta: frente a cada socio, comunero o partícipeCon la propia entidad
SociosSon los obligados por ese tributoPueden oponer todos los motivos de impugnación en su procedimiento

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Artículo 106. Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación.

El artículo 106 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación», dispone lo siguiente.

1. En el supuesto previsto en el artículo 35.7, párrafo primero, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.

2. Una vez iniciado un procedimiento de comprobación o investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás obligados tributarios conocidos que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.

3. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.

4. En el ámbito de la deuda aduanera, lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas en su normativa específica. En particular, las actuaciones realizadas con cualquiera de las personas o entidades que con arreglo a la normativa de la Unión Europea tengan la consideración de deudores de la deuda aduanera serán válidas siempre que respecto a la persona o entidad con la que se hayan realizado se hayan respetado las disposiciones que resulten aplicables al procedimiento de que se trate, independientemente de que pudieran existir otros deudores. A estos efectos, la comunicación de la existencia del procedimiento a la que se refiere el apartado 2 anterior podrá realizarse en cualquier momento siempre que se garantice el derecho a ser oído en los términos establecidos en la normativa de la Unión Europea.

Datos clave

  • En la solidaridad del artículo 35.7 de la Ley 58/2003 puede actuarse con cualquiera de los obligados que concurran en el presupuesto de hecho.
  • Iniciada la comprobación o investigación, se comunica a los demás obligados conocidos, que pueden comparecer.
  • El procedimiento es único y continúa con quienes hayan comparecido.
  • Resoluciones y liquidaciones se dictan a nombre de todos los comparecientes y se notifican a los demás obligados conocidos.
  • En la deuda aduanera son válidas las actuaciones con cualquiera de los deudores según la normativa de la Unión Europea.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con varios obligados solidarios en el mismo hecho imponible, Hacienda puede actuar con cualquiera; los demás conocidos son avisados y pueden comparecer, y el procedimiento es único.

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Artículo 107. Actuaciones con sucesores.

1. En el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o a personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la Administración las personas a las que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su caso, sanciones tributarias.

2. La Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones o los procedimientos con cualquiera de los sucesores.

3. Una vez iniciado un procedimiento de comprobación o investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás sucesores conocidos, que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.

4. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.

5. En el caso de que la herencia se encontrase yacente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Cuando en los procedimientos cuyas actuaciones se entiendan con los sucesores de un obligado tributario deba practicarse una devolución, deberá acreditarse la proporción que a cada uno corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica, a efectos de proceder al reconocimiento del derecho y al pago o compensación de la devolución, excepto cuando se trate de herencias yacentes debidamente identificadas, en cuyo caso se reconocerá y abonará la devolución a la herencia yacente.

Datos clave

  • Actúan ante la Administración las personas a las que se transmitan derechos, obligaciones y sanciones según los artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003.
  • La Administración puede desarrollar las actuaciones con cualquiera de los sucesores.
  • El procedimiento es único y continúa con quienes hayan comparecido; se comunica a los demás sucesores conocidos.
  • Resoluciones y liquidaciones: a nombre de todos los obligados que hayan comparecido y se notifican a los demás conocidos.
  • Herencia yacente: artículo 39.3 de la Ley 58/2003; la devolución se abona a la herencia yacente debidamente identificada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fallecido el obligado o extinguida la entidad, actúan los sucesores; Hacienda puede actuar con cualquiera, avisa a los demás y, en devoluciones, exige acreditar la cuota de cada uno salvo herencia yacente identificada.

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Artículo 108. Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso.

El artículo 108 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso», dispone lo siguiente.

1. En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Administración si son requeridos para ello en cuanto representantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el órgano competente podrá examinarlos en dicho registro y podrá requerir la comparecencia de los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones.

2. En los supuestos de concurso, las actuaciones administrativas se entenderán con el concursado o su representante cuando el juez no hubiere acordado la suspensión de las facultades de administración y disposición.

Si se hubiere acordado la suspensión de facultades, las actuaciones se entenderán con el concursado por medio de la administración concursal.

Datos clave

  • En entidades en liquidación, antes de extinguirse su personalidad jurídica, las actuaciones se entienden con los liquidadores.
  • Disuelta y liquidada la entidad, los liquidadores comparecen si son requeridos como representantes anteriores y custodios de libros y documentación.
  • Si los libros están depositados en un registro público, pueden examinarse allí.
  • En concurso sin suspensión de facultades, las actuaciones se entienden con el concursado o su representante.
  • Con suspensión de facultades, se entienden con el concursado por medio de la administración concursal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En las entidades en liquidación se actúa con los liquidadores, incluso tras la extinción si se les requiere; en concurso, con el concursado o, si sus facultades están suspendidas, a través de la administración concursal.

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Artículo 109. Actuaciones relativas a obligados tributarios no residentes.

1. En el caso obligados tributarios no residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombrar representante, la Administración tributaria podrá considerar representante del establecimiento permanente a la persona que figure como tal en el Registro Mercantil. Si no hubiera representante nombrado o inscrito, o fuera una persona distinta de quien esté facultado para contratar en nombre de aquellos, la Administración tributaria podrá considerar como tal a este último.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de representante exigible a las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, la Administración tributaria podrá considerar que su representante es el depositario o gestor de los bienes o derechos de los obligados tributarios.

2. En el caso de tributos que deban satisfacer los obligados tributarios no residentes que operen en España sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con el obligado tributario no residente, con el representante, en su caso, designado al efecto o, cuando la ley así lo prevea, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las actuaciones directamente. En este último supuesto, las liquidaciones se podrán practicar directamente al responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la responsabilidad a él exigida.

Datos clave

  • No residentes con establecimiento permanente: actuaciones con el representante designado conforme al artículo 47 de la Ley 58/2003.
  • Sin nombramiento, puede considerarse representante a quien figure en el Registro Mercantil o a quien esté facultado para contratar.
  • Residentes en territorios sin efectivo intercambio de información: puede considerarse representante al depositario o gestor de los bienes o derechos.
  • Sin establecimiento permanente: actuaciones con el no residente, su representante o, si la ley lo prevé, el responsable solidario.
  • El responsable solidario puede utilizar todos los motivos de impugnación de la liquidación o de la responsabilidad exigida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con no residentes con establecimiento permanente se actúa con su representante designado o, si falta, con el inscrito o el facultado para contratar; sin establecimiento, con el no residente, su representante o el responsable solidario.

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Artículo 110. La representación legal

1. Las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario actuarán ante la Administración tributaria mediante sus representantes legales. No obstante, una vez adquirida o recuperada la capacidad de obrar por las personas que carecían de ella, estas actuarán por sí mismas ante la Administración tributaria, incluso para la comprobación de la situación tributaria en que carecían de ella.

Quienes tuvieron su representación legal deberán comparecer asimismo a requerimiento de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a quien representaron.

2. Por las personas jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán actuar las personas a quienes corresponda la representación en el momento de la actuación administrativa.

Quienes tuvieron dicha representación cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes deberán comparecer a requerimiento de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a la persona jurídica o entidad.

3. El representante legal deberá acreditar su condición ante la Administración tributaria. No obstante, se podrán considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tales en los correspondientes registros públicos.

4. Cuando en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos se modifique o se extinga la representación legal, las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces, en tanto no se comunique tal circunstancia al órgano de la Administración tributaria que lleve a cabo las actuaciones.

Datos clave

  • Las personas físicas sin capacidad de obrar en el orden tributario actúan mediante sus representantes legales.
  • Adquirida o recuperada la capacidad, actúan por sí mismas, incluso para comprobar la situación en que carecían de ella.
  • Por las personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la LGT actúan quienes tengan la representación en el momento de la actuación.
  • El representante legal debe acreditar su condición; pueden considerarse representantes los inscritos en los registros públicos.
  • Si la representación legal se modifica o extingue, las actuaciones son válidas mientras no se comunique al órgano actuante.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los incapaces actúan por sus representantes legales hasta recuperar la capacidad; por las entidades actúa quien tenga la representación al actuar; los antiguos representantes comparecen si se les requiere, sin vincular al representado.

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Artículo 111. La representación voluntaria

El artículo 111 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria dispone lo siguiente.

1. La representación será conferida, en el caso de personas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas.

En el caso de personas físicas sin capacidad de obrar en el orden tributario, de personas jurídicas y de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la representación voluntaria podrá ser conferida por quienes tengan la representación legal y esta lo permita.

La representación podrá ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá otorgada la representación, entre otros, en los siguientes casos:

a) Cuando su existencia conste inscrita y vigente en un registro público.

b) Cuando conste en documento público o documento privado con firma legitimada notarialmente.

c) Cuando se otorgue mediante comparecencia personal ante el órgano administrativo competente, lo que se documentará en diligencia.

d) Cuando conste en el documento normalizado de representación aprobado por la Administración tributaria que se hubiera puesto a disposición, en su caso, de quien deba otorgar la representación. En estos supuestos, el representante responderá con su firma de la autenticidad de la de su representado.

e) Cuando la representación conste en documento emitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos que se establezcan por la Administración tributaria.

3. En todos los supuestos de representación deberán constar, al menos, las siguientes menciones:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del representado y del representante, así como la firma de ambos. Cuando la representación se otorgue en documento público no será necesaria la firma del representante.

b) Contenido de la representación, así como la amplitud y suficiencia de la misma.

c) Lugar y fecha de su otorgamiento.

d) En el caso de representación voluntaria otorgada por el representante legal del obligado tributario, deberá acreditarse la representación legal.

4. Para las actuaciones previstas en el artículo 46.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá acreditada la representación en los siguientes casos:

a) Cuando la representación se haya hecho figurar expresamente en la declaración, autoliquidación, comunicación de datos o solicitud que sea objeto del procedimiento.

b) Cuando la representación conferida resulte de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación con las actuaciones desarrolladas.

5. La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya acreditado esta circunstancia al órgano actuante. A partir de dicho momento, se considerará que el obligado tributario no comparece ante la Administración tributaria ni atiende los requerimientos de esta hasta que nombre un nuevo representante o la atienda personalmente.

6. La renuncia a la representación no tendrá efectos ante el órgano actuante hasta que no se acredite que dicha renuncia se ha comunicado de forma fehaciente al representado.

7. En el ámbito aduanero, será aplicable lo previsto en este artículo sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, y en su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • La representación voluntaria puede otorgarse a favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.
  • Se entiende otorgada, entre otros casos, si consta en registro público, en documento público o privado con firma legitimada notarialmente, por comparecencia personal o en documento normalizado.
  • Debe constar identificación, NIF y domicilio fiscal de representado y representante, firma de ambos, contenido, amplitud, lugar y fecha.
  • En documento público no es necesaria la firma del representante.
  • La revocación no anula lo actuado antes de acreditarse al órgano actuante.
  • La renuncia no tiene efectos hasta que se acredite su comunicación fehaciente al representado.
  • En el ámbito aduanero se aplica sin perjuicio del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se otorga y acredita la representación voluntaria ante Hacienda: quién puede darla, formas válidas, menciones mínimas y efectos de la revocación y de la renuncia.

Esquema

Fin de la representación
RevocaciónRenuncia
Efectos ante el órganoDesde que se acredita al órgano actuanteDesde que se acredita la comunicación fehaciente al representado
Lo actuado antesNo es nuloEl texto no lo regula

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 112. Disposiciones comunes a la representación legal y voluntaria

1. La representación deberá acreditarse en la primera actuación que se realice por medio de representante, si bien su falta o insuficiencia no impedirá que se tenga por realizado el acto o trámite de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

En todo caso, se podrá exigir que la persona o personas con quienes se realicen las actuaciones acrediten su identidad y el concepto en el que actúen.

En el supuesto de que el representante no acredite la representación, el acto se tendrá por no realizado o al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan, salvo que las actuaciones realizadas en su nombre sean ratificadas por el obligado tributario.

2. Se entenderán ratificadas las actuaciones del representante en caso de falta o insuficiencia del poder de representación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario impugne los actos dictados en el procedimiento en que aquel hubiera intervenido sin alegar esta circunstancia.

b) Cuando el obligado tributario efectúe el ingreso o solicite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria o de la sanción que se derive del procedimiento. No obstante, en estos casos no se entenderá subsanada la falta o insuficiencia del poder de representación cuando se haya presentado recurso o reclamación económico-administrativa en el que se alegue dicha falta o insuficiencia.

3. Cuando en un procedimiento tributario se actúe mediante representante se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias y actas se extiendan y se unirá al expediente el documento acreditativo de la representación. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo y se unirá al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo.

4. Las actuaciones tributarias realizadas con el representante del obligado tributario se entenderán efectuadas directamente con este último.

Las manifestaciones hechas por la persona que haya comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho.

5. Acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar su inexistencia sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados por él.

6. Cuando en la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa se anule la resolución o la liquidación administrativa por falta o insuficiencia del poder de representación, se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se debió acreditar la representación o se aportó el poder que se estima insuficiente y conservarán su validez las actuaciones y pruebas del procedimiento de aplicación de los tributos realizadas sin intervención del representante con el que se entendieron las actuaciones.

7. El obligado tributario podrá intervenir en las actuaciones y procedimientos asistido por un asesor fiscal o por la persona que considere oportuno en cada momento, de lo que se dejará constancia en el expediente, así como de la identidad del asistente.

Cuando el representante acuda acompañado de cualquier persona deberá acreditarse la conformidad del obligado tributario a que conozca las actuaciones en las que intervenga.

Datos clave

  • La representación se acredita en la primera actuación por medio de representante.
  • La falta o insuficiencia puede subsanarse en el plazo de 10 días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento.
  • Sin acreditación, el acto se tiene por no realizado, salvo ratificación del obligado tributario.
  • Hay ratificación si el obligado impugna sin alegar la falta de poder, o si ingresa o pide aplazamiento, fraccionamiento o compensación.
  • Las actuaciones con el representante se entienden efectuadas directamente con el obligado tributario.
  • El obligado puede estar asistido por un asesor fiscal o por la persona que considere oportuna.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reúne las reglas que valen para cualquier representación, legal o voluntaria: cuándo se acredita, qué pasa si falta o es insuficiente, y qué puede probar cada parte.

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Artículo 113. El domicilio fiscal de las personas físicas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá considerar que las personas físicas desarrollan principalmente actividades económicas cuando más de la mitad de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o cuando, no habiéndose alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado durante cada uno de los tres años anteriores.

A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por actividades económicas las realizadas por los empresarios y profesionales en los términos previstos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Datos clave

  • Desarrolla el artículo 48.2.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Se considera que una persona física desarrolla principalmente actividades económicas si más de la mitad de su base imponible general del IRPF del año anterior procede de rendimientos netos de actividades económicas.
  • También si, sin alcanzarse ese porcentaje en dicho año, se alcanzó en cada uno de los tres años anteriores.
  • Actividades económicas: las de empresarios y profesionales en los términos de la Ley 37/1992, del IVA.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el umbral del 50% de la base imponible general del IRPF del año anterior (o de cada uno de los tres años previos) para considerar que una persona física ejerce principalmente actividades económicas, remitiendo a la Ley del IVA para definir qué es actividad económica.

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Artículo 144. Actuaciones de comprobación censal.

El artículo 144 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007) regula la comprobación censal.

La comprobación de la veracidad de los datos comunicados en las declaraciones censales de alta, modificación y baja (artículos 9 a 11) se realiza con los datos comunicados o declarados por el propio obligado, con los que obren en poder de la Administración y mediante el examen físico y documental de los hechos y circunstancias en las oficinas, despachos, locales y establecimientos del obligado. Los órganos competentes tienen las facultades del artículo 172.

La Administración puede requerir la presentación de las declaraciones censales, la documentación que deba acompañarlas, su ampliación y la subsanación de defectos, y puede incorporar de oficio los datos que deban figurar en los censos. Si se advierten omisiones o inexactitudes en el censo, la rectificación se hace conforme a los artículos 145 y 146.

Baja cautelar. Se puede acordar la baja cautelar en los Registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales de productos de los ámbitos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, y de devolución mensual (artículo 30 del Reglamento del IVA), mediante acuerdo motivado del delegado o del director de departamento competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo informe del órgano proponente, en estos supuestos:

a) Cuando se constate la inexistencia de la actividad económica o del objeto social declarado o de su desarrollo en el domicilio comunicado, o que en el domicilio fiscal no se desarrolla la gestión administrativa y la dirección efectiva de los negocios.

b) Cuando el obligado haya resultado desconocido en la notificación de cualquier actuación o procedimiento de aplicación de los tributos.

c) Cuando se constate la posible intervención en operaciones de comercio exterior o intracomunitario, o relativas a productos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, de las que pueda derivarse incumplimiento o la obtención indebida de beneficios o devoluciones fiscales en relación con el IVA.

En estos supuestos la baja cautelar se convierte en definitiva cuando se efectúe la rectificación censal conforme a los artículos 145 y 146. Si las circunstancias concurren en el momento de la solicitud de inclusión en tales registros, el delegado competente deniega la inclusión mediante acuerdo motivado.

Los acuerdos de baja de este apartado y del artículo 146 no eximen al obligado del cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Datos clave

  • Comprobación de las declaraciones censales de alta, modificación y baja (artículos 9 a 11) con facultades del artículo 172.
  • La Administración puede requerir declaraciones censales, documentación y subsanación, e incorporar datos de oficio.
  • Baja cautelar en registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales y de devolución mensual, por acuerdo motivado del delegado o del director de departamento de la AEAT.
  • Supuestos: inexistencia de actividad o de domicilio efectivo, obligado desconocido en una notificación, o posible intervención en operaciones con riesgo de beneficios o devoluciones indebidas en IVA.
  • La baja cautelar pasa a definitiva con la rectificación censal (artículos 145 y 146).
  • Las bajas no eximen del cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda comprueba los datos censales con lo declarado, lo que tiene y el examen físico en locales, y puede acordar bajas cautelares en registros sensibles (intracomunitarios, depósitos fiscales, devolución mensual).

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Artículo 145. Procedimiento de rectificación censal.

El artículo 145 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula el procedimiento de rectificación censal.

Inicio. Puede iniciarse mediante requerimiento para que el obligado aclare o justifique la discrepancia observada o los datos de su declaración censal, o mediante la notificación de la propuesta de resolución cuando la Administración cuente con datos suficientes. Si los hechos del artículo 144.4 se constatan fuera de un procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento deberá iniciarse en el plazo de un mes desde el acuerdo de baja cautelar en los registros indicados; basta acreditar un intento de notificación del inicio en ese plazo. La falta de inicio en ese plazo determina el levantamiento de la medida cautelar.

Tramitación. La Administración puede realizar las actuaciones de los apartados 1 y 2 del artículo anterior. Si el obligado manifiesta su disconformidad con los datos que obran en poder de la Administración, se aplica el artículo 108.4 de la Ley 58/2003. Notificada la propuesta de resolución, se concede al obligado un plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la notificación, para alegar.

Terminación. El procedimiento termina:

a) Por resolución que rectifique los datos censales, siempre motivada con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

b) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato requerido sin necesidad de resolución expresa, dejando constancia en diligencia.

c) Por caducidad, transcurrido el plazo del artículo 104 de la Ley 58/2003 sin haberse notificado la resolución expresa.

d) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento de rectificación censal.

Datos clave

  • Inicio: requerimiento al obligado o notificación de la propuesta de resolución.
  • Hechos del artículo 144.4 fuera de un procedimiento: inicio en el plazo de un mes desde la baja cautelar; si no, se levanta la medida cautelar.
  • Alegaciones tras la propuesta de resolución: 10 días desde el siguiente a su notificación.
  • Terminación: resolución motivada, subsanación con diligencia, caducidad (artículo 104 de la Ley 58/2003) o inicio de comprobación limitada o inspección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La rectificación censal empieza por requerimiento o por propuesta, da 10 días para alegar y termina por resolución motivada, subsanación, caducidad o inicio de una comprobación limitada o inspección.

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Artículo 146. Rectificación de oficio de la situación censal.

El artículo 146 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria permite a la Administración tributaria rectificar de oficio la situación censal sin instruir el procedimiento del artículo anterior en los siguientes supuestos:

a) Cuando se derive de actuaciones o procedimientos de aplicación de los tributos en los que haya sido parte el obligado y se hayan realizado actuaciones de control censal, siempre que no se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que los constatados en ellos.

b) Cuando quienes tengan un número de identificación fiscal provisional no aporten, en el plazo del artículo 24.3 o en el otorgado en el requerimiento, la documentación necesaria para obtener el definitivo, salvo que justifiquen la imposibilidad de aportarla. La Administración podrá darles de baja en los Registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales de productos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos y de devolución mensual (artículo 30 del Reglamento del IVA).

c) Cuando concurran los supuestos del artículo 119 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades; además, podrá darse de baja en los mismos registros.

d) Cuando durante más de un año y tras al menos tres intentos de notificación hubiera resultado imposible notificar al obligado en el domicilio fiscal, o se hubieran dado de baja deudas por insolvencia durante tres periodos impositivos o de liquidación, se podrá acordar la baja en los mismos registros.

e) Cuando conforme al artículo 21.3 proceda la rectificación censal.

La modificación efectuada debe comunicarse al obligado, salvo que durante un periodo superior a un año hubiera resultado imposible practicar notificaciones en el domicilio fiscal declarado.

Datos clave

  • Rectificación de oficio sin procedimiento de rectificación censal, en cinco supuestos (letras a a e).
  • NIF provisional sin documentación en plazo: baja en los registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales y de devolución mensual.
  • Baja por imposibilidad de notificar: más de un año y al menos tres intentos de notificación, o deudas dadas de baja por insolvencia durante tres periodos.
  • También procede en los supuestos del artículo 119 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
  • La modificación se comunica al obligado, salvo que durante más de un año no hayan podido practicarse notificaciones en el domicilio fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay cinco casos en que Hacienda rectifica la situación censal de oficio, sin el procedimiento de rectificación, y debe comunicarlo salvo que lleve más de un año sin poder notificar.

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Artículo 147. Revocación del número de identificación fiscal.

El artículo 147 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula la revocación del número de identificación fiscal (NIF).

Causas. La Administración puede revocar el NIF asignado cuando, en actuaciones de comprobación del artículo 144.1 y 2 o en otros procedimientos de aplicación de los tributos, se acredite:

a) Alguna de las circunstancias del artículo 146.1 b), c) o d).

b) Que mediante las declaraciones de los artículos 9 y 10 se hubiera comunicado el desarrollo de actividades económicas inexistentes.

c) Que la sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica ni los actos preparatorios, salvo imposibilidad suficientemente acreditada. En el supuesto del artículo 4.2.l) el plazo cuenta desde la presentación de la declaración censal de modificación del artículo 12.2, tercer párrafo.

d) Que un mismo capital haya servido para constituir una pluralidad de sociedades sin que se haya producido el desembolso mínimo exigido.

e) Que se comunique el desarrollo de actividades, la gestión administrativa o la dirección de los negocios en un domicilio aparente o falso, sin justificar su realización en otro domicilio.

f) El incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

g) Que concurra la baja cautelar del apartado 6 de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 58/2003.

Procedimiento y efectos. El acuerdo de revocación requiere audiencia previa de 10 días, contados desde el día siguiente a la notificación de la apertura del plazo, salvo que se incluya en la propuesta de resolución del artículo 145.3. La revocación se publica en el Boletín Oficial del Estado y se notifica al obligado; la publicación se hace en las mismas fechas que las del artículo 112.1 de la Ley 58/2003 para las notificaciones por comparecencia, y produce los efectos del apartado 4 de la disposición adicional sexta de esa Ley. La revocación impide emitir el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias del artículo 74 y determina la baja en los Registros de operadores intracomunitarios, en los registros territoriales de los Impuestos Especiales, en el registro territorial del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, de extractores de depósitos fiscales y de devolución mensual. Procede la denegación del NIF cuando antes de su asignación concurra alguna causa de revocación.

Rehabilitación. La Administración puede rehabilitar el NIF mediante acuerdo sujeto a la misma publicidad. Solo se tramitan las solicitudes cuando se acredite que han desaparecido las causas y, en sociedades, se comunique quiénes ostentan la titularidad del capital, con identificación de sus representantes legales y de los titulares reales (artículo 4.2 de la Ley 10/2010), el domicilio fiscal y la actividad económica que se va a desarrollar. Si la causa es la letra f), solo es posible si se subsana el incumplimiento del depósito de cuentas. Sin estos requisitos, las solicitudes se archivan sin más trámite. La falta de resolución expresa en tres meses determina que se entienda denegada.

Datos clave

  • Causas de revocación del NIF: letras a) a g), entre ellas actividades inexistentes, domicilio aparente o falso e incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos del depósito de cuentas anuales.
  • Sociedad sin inicio de actividad ni actos preparatorios en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF.
  • Audiencia previa de 10 días; publicación de la revocación en el BOE y notificación al obligado.
  • Efectos: no se emite el certificado del artículo 74 y se produce la baja en los registros indicados.
  • Rehabilitación: exige acreditar que han desaparecido las causas; sin resolución expresa en tres meses se entiende denegada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede revocar el NIF por siete causas, con audiencia de 10 días y publicación en el BOE; la revocación bloquea el certificado de estar al corriente y da de baja en registros, y la rehabilitación exige que desaparezcan las causas.

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Artículo 148. Comprobación del domicilio fiscal.

Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la comprobación del domicilio fiscal en el ámbito de los tributos del Estado, incluidos los cedidos.

Datos clave

  • La comprobación del domicilio fiscal corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Ámbito: tributos del Estado, incluidos los cedidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Agencia Tributaria comprueba el domicilio fiscal en los tributos del Estado, incluidos los cedidos.

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Artículo 149. Iniciación y tramitación del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

1. El procedimiento de comprobación del domicilio fiscal se iniciará de oficio por acuerdo del órgano que se establezca en la norma de organización específica, por propia iniciativa o a solicitud de cualquier otro órgano de la misma o de otra Administración tributaria afectada. Dicha solicitud se acompañará de un informe sobre los antecedentes que fuesen relevantes.

2. El órgano competente para tramitar el procedimiento de comprobación del domicilio deberá solicitar informe al órgano a cuyo ámbito territorial se promueva el nuevo domicilio, salvo que ya figure en el expediente por haber promovido el inicio del procedimiento.

En el caso de que la comprobación del domicilio fiscal pudiera dar lugar al cambio de domicilio fiscal a una comunidad autónoma diferente, se notificará esta circunstancia a las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas afectadas para que en el plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, puedan solicitar que el expediente se tramite con las especialidades a que se refiere el artículo 152.

3. La comprobación del domicilio fiscal se realizará de acuerdo con los datos comunicados o declarados por el propio obligado tributario, con los datos que obren en poder de la Administración, con los datos y justificantes que se requieran al propio obligado tributario o a terceros, así como mediante el examen físico y documental de los hechos y circunstancias en las oficinas, despachos, locales y establecimientos del obligado tributario. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las facultades previstas en el artículo 172.

4. Tramitado el expediente se formulará propuesta de resolución que será notificada al obligado tributario para que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de dicha propuesta, pueda alegar y presentar los documentos y justificantes que estime oportunos.

Datos clave

  • Inicio de oficio por acuerdo del órgano que fije la norma de organización específica, por propia iniciativa o a solicitud de otro órgano o Administración tributaria afectada.
  • Si puede suponer cambio a otra comunidad autónoma, se notifica a las Administraciones autonómicas afectadas, que disponen de 15 días para pedir las especialidades del artículo 152.
  • Las facultades de los órganos competentes son las del artículo 172.
  • Propuesta de resolución: alegaciones del obligado en 15 días desde el día siguiente a su notificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comprobación del domicilio fiscal: se inicia de oficio, exige informe del órgano del nuevo domicilio, da 15 días a las comunidades autónomas afectadas y otros 15 al obligado para alegar.

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Artículo 150. Terminación del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada. El plazo para notificar la resolución será de seis meses.

2. Será competente para resolver el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal el órgano competente de acuerdo con la norma de organización específica.

3. La resolución adoptada en el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal confirmará o rectificará el declarado y será comunicada a los órganos implicados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y notificada a las Administraciones tributarias afectadas y al obligado tributario.

4. El procedimiento podrá finalizar asimismo por caducidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • La resolución es motivada y el plazo para notificarla es de seis meses.
  • Resuelve el órgano competente según la norma de organización específica.
  • La resolución confirma o rectifica el domicilio declarado y se notifica a las Administraciones afectadas y al obligado.
  • El procedimiento puede terminar también por caducidad (artículo 104 de la Ley 58/2003).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La comprobación del domicilio fiscal termina con resolución motivada en seis meses que confirma o rectifica el domicilio, o por caducidad.

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Artículo 151. Efectos de la comprobación del domicilio fiscal.

1. El inicio de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal no impedirá la continuación de los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a instancia del interesado que se estuviesen tramitando.

2. Durante los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal en la que se haya rectificado el declarado, las comunicaciones de cambio de domicilio fiscal que realice el obligado tributario, cuando supongan el traslado a una comunidad autónoma distinta, tendrán el carácter de mera solicitud y deberán acompañarse de medios de prueba que acrediten la alteración de las circunstancias que motivaron la resolución.

En el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación del cambio de domicilio fiscal, la Administración tributaria deberá notificar al obligado tributario un acuerdo por el que se confirme el domicilio fiscal comprobado previamente, por el que se inicie un nuevo procedimiento de comprobación del domicilio fiscal o por el que se admita el cambio de domicilio fiscal. En este último caso, el cambio de domicilio tendrá efectos a partir del día siguiente al de la notificación de dicho acuerdo. Transcurrido un mes desde la presentación de la comunicación del cambio de domicilio sin que se haya notificado el acuerdo que proceda, dicha comunicación tendrá efectos frente a la Administración tributaria a partir del día siguiente al de finalización de dicho plazo.

Datos clave

  • El inicio de la comprobación no impide continuar otros procedimientos de aplicación de los tributos en tramitación.
  • Durante tres años desde la notificación de la resolución que rectificó el domicilio, el cambio a otra comunidad autónoma tiene carácter de mera solicitud y exige pruebas.
  • Plazo de un mes para notificar el acuerdo que confirme el domicilio, inicie nuevo procedimiento o admita el cambio.
  • Si transcurre el mes sin acuerdo, la comunicación surte efectos desde el día siguiente a la finalización del plazo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comprobar el domicilio fiscal no paraliza otros procedimientos en curso, y si la comprobación rectificó el domicilio, durante los tres años siguientes un nuevo cambio a otra comunidad autónoma se trata como mera solicitud, no como comunicación automática.

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Artículo 152. Especialidades del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal iniciado a solicitud de una comunidad autónoma.

1. Cuando la Administración tributaria de una comunidad autónoma considere que, en relación con los tributos cedidos, el domicilio fiscal que figura en el Censo de Obligados Tributarios no es el que corresponde, podrá solicitar que se inicie el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

La comunidad autónoma indicará el lugar en el que entiende localizado el domicilio fiscal del obligado tributario y podrá acompañar toda la documentación probatoria que estime oportuna.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria iniciará el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal en el plazo de un mes desde que la solicitud de inicio tenga entrada en el órgano competente para acordar dicho inicio.

2. La propuesta de resolución se notificará al obligado tributario y, en su caso, a las Administraciones tributarias afectadas, cuando dicha propuesta dé lugar a un cambio de domicilio fiscal a una comunidad autónoma distinta a la del domicilio declarado, para que en un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, presenten las alegaciones que consideren oportunas. No será necesario notificar dicha propuesta al obligado tributario cuando la propuesta de resolución confirme el domicilio declarado.

3. Cuando se produzcan diferencias de criterio entre distintas Administraciones tributarias, su resolución requerirá informe favorable de las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas afectadas por la propuesta de resolución. Si no hay informe favorable de dichas Administraciones tributarias, la resolución corresponderá a las Juntas Arbitrales reguladas en los artículos 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. La resolución adoptada será vinculante para todas las Administraciones tributarias que hubieran intervenido en la tramitación del procedimiento.

Datos clave

  • La Administración tributaria de una comunidad autónoma puede solicitar el inicio de la comprobación respecto de tributos cedidos.
  • La Agencia Estatal de Administración Tributaria inicia el procedimiento en el plazo de un mes desde que la solicitud entra en el órgano competente.
  • Alegaciones a la propuesta: 15 días desde el día siguiente a su notificación; no se notifica al obligado si la propuesta confirma el domicilio declarado.
  • Si hay diferencias de criterio, hace falta informe favorable de las comunidades afectadas; sin él resuelven las Juntas Arbitrales.
  • La resolución vincula a todas las Administraciones tributarias que hayan intervenido.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando es una comunidad autónoma quien pide comprobar el domicilio fiscal (por tributos cedidos), la AEAT debe abrir el procedimiento en un mes, y las discrepancias sin acuerdo entre Administraciones las resuelven las Juntas Arbitrales.

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Artículo 154. Control de otras obligaciones formales.

1. El procedimiento para la comprobación del cumplimiento de obligaciones tributarias formales distintas de las reguladas en las subsecciones anteriores se iniciará de oficio.

La Administración tributaria podrá realizar las actuaciones previstas en los párrafos b), c) y d) del artículo 136.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Una vez concluidas las actuaciones de comprobación, se dará audiencia al obligado tributario, por un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.

3. Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación en diligencia que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

a) Obligación tributaria o elementos de la misma comprobados y ámbito temporal objeto de la comprobación.

b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

c) Relación de hechos que motivan la diligencia.

4. La diligencia se incorporará al expediente sancionador que, en su caso, se inicie o que se hubiera iniciado como consecuencia del procedimiento, sin perjuicio de la remisión que deba efectuarse cuando resulte necesario para la iniciación de otro procedimiento de aplicación de los tributos.

5. El procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por diligencia.

b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse formalizado la diligencia que pone fin al procedimiento.

c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento.

6. Finalizado el procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales mediante diligencia, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se refiere el apartado 3.a) de este artículo, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha diligencia.

Datos clave

  • El procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales se inicia de oficio.
  • Audiencia al obligado tributario: plazo de 10 días desde el día siguiente a la notificación de la apertura del plazo.
  • El resultado se documenta en diligencia con obligación o elementos comprobados y ámbito temporal, actuaciones realizadas y relación de hechos.
  • Terminación: por diligencia, por caducidad (artículo 104 de la Ley 58/2003) o por inicio de comprobación limitada o inspección.
  • Tras la diligencia no cabe nueva regularización del objeto comprobado, salvo nuevos hechos o circunstancias resultantes de actuaciones distintas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control de otras obligaciones formales (distintas de las anteriores) se inicia de oficio, da audiencia de 10 días antes de cerrar, y se documenta en diligencia que impide una nueva regularización sobre lo ya comprobado salvo que aparezcan hechos nuevos.

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