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Información y Asistencia a los obligados tributarios. La colaboración social en la aplicación de los tributos. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: fases. Las liquidaciones tributarias. Obligación de resolver y plazos de resolución. Carga de la prueba. Las notificaciones.

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Artículo 85. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios

1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.

2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:

a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.

b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.

c) Contestaciones a consultas escritas.

d) Actuaciones previas de valoración.

e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

Datos clave

  • La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
  • La enumeración de actuaciones es abierta («entre otras»).
  • Publicación de textos actualizados de las normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
  • Comunicaciones y actuaciones de información de los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
  • Contestaciones a consultas escritas y actuaciones previas de valoración.
  • Asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe informar y asistir a los obligados sobre sus derechos y obligaciones, entre otras vías mediante publicaciones, comunicaciones, consultas escritas, valoraciones previas y ayuda con declaraciones.

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Artículo 86. Publicaciones.

1. El Ministerio de Hacienda difundirá por cualquier medio, durante el primer trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año.

2. El Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión.

3. La Administración tributaria del Estado y de las comunidades autónomas podrán convenir que las publicaciones a las que se refiere el apartado 1 se realicen en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

4. El acceso a través de internet a las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y, en su caso, a la información prevista en el artículo 87 de esta ley será, en todo caso, gratuito.

Datos clave

  • El Ministerio de Hacienda difundirá los textos actualizados durante el primer trimestre del año.
  • Afecta a normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria con variaciones respecto del año precedente.
  • Se difunde también una relación de todas las disposiciones tributarias aprobadas en dicho año.
  • Difusión periódica de contestaciones a consultas y resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión.
  • Las publicaciones podrán realizarse en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas mediante convenio.
  • El acceso por internet a estas publicaciones será, en todo caso, gratuito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda difunde en el primer trimestre los textos tributarios modificados y la lista de disposiciones del año anterior, publica la doctrina relevante y el acceso por internet es siempre gratuito.

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Artículo 87. Comunicaciones y actuaciones de información

1. La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.

2. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que afecten.

3. Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Datos clave

  • La Administración informará de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria.
  • Facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios.
  • Podrá remitir comunicaciones sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.
  • A petición de los interesados, deberá suministrar el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas.
  • Se suprime toda referencia a los datos que permitan identificar a las personas afectadas.
  • Las actuaciones de información pueden efectuarse por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración informa de sus criterios y facilita su consulta, puede enviar comunicaciones sectoriales y debe dar, a petición, el texto de consultas o resoluciones sin datos identificativos.

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Artículo 88. Consultas tributarias escritas.

1. Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.

2. Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.

La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, con el contenido que se establezca reglamentariamente.

3. Asimismo, podrán formular consultas tributarias los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con discapacidad, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como a las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.

4. La Administración tributaria archivará, con notificación al interesado, las consultas que no reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo y no sean subsanadas a requerimiento de la Administración.

5. La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.

6. La Administración tributaria competente deberá contestar por escrito las consultas que reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo en el plazo de seis meses desde su presentación. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de la consulta.

7. El procedimiento de tramitación y contestación de las consultas se desarrollará reglamentariamente.

8. La competencia, el procedimiento y los efectos de las contestaciones a las consultas relativas a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se regulará por lo dispuesto en el Código Aduanero Comunitario.

Datos clave

  • Objeto: el régimen, la clasificación o la calificación tributaria que corresponda.
  • Se formulan antes de la finalización del plazo para ejercer derechos, presentar declaraciones o autoliquidaciones o cumplir otras obligaciones.
  • Pueden consultar también colegios profesionales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y federaciones cuando afecte a la generalidad de sus miembros.
  • Se archivan, con notificación, las consultas sin requisitos no subsanadas a requerimiento.
  • Competencia: órganos con iniciativa para elaborar disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.
  • Plazo de contestación: seis meses desde su presentación.
  • La falta de contestación no implica la aceptación de los criterios expresados en la consulta.
  • Las consultas sobre normativa aduanera comunitaria se rigen por el Código Aduanero Comunitario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el derecho a preguntar por escrito a la Administración el régimen o calificación tributaria aplicable, antes de que venza el plazo para declarar o cumplir la obligación, con contestación en 6 meses cuya falta no vincula.

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Artículo 89. Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas.

1. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.

En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta.

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.

2. No tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior que planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.

3. La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

4. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación.

Datos clave

  • La contestación tiene efectos vinculantes para los órganos de aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
  • Se aplican los criterios mientras no se modifique la legislación o la jurisprudencia y no se alteren las circunstancias.
  • Los criterios se aplican a cualquier obligado con identidad de hechos y circunstancias.
  • No vinculan las consultas sobre cuestiones relacionadas con un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.
  • La presentación y contestación no interrumpen los plazos para cumplir las obligaciones tributarias.
  • La contestación tiene carácter informativo y no cabe recurso contra ella, sino contra los actos posteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La contestación a una consulta escrita vincula a la Administración frente al consultante, mientras no cambien la norma o las circunstancias, y también se aplica a cualquier otro obligado con hechos idénticos, aunque nunca se puede recurrir directamente.

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Artículo 90. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles.

1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y en relación con los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

2. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria.

Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario.

3. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comunicada. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la solicitud del interesado.

Datos clave

  • Cada Administración informa, a solicitud del interesado, del valor a efectos fiscales de inmuebles que vayan a adquirirse o transmitirse.
  • La información tiene efectos vinculantes durante tres meses desde la notificación.
  • Requisitos: solicitud previa al fin del plazo de autoliquidación o declaración y datos verdaderos y suficientes.
  • No impide la posterior comprobación administrativa de los hechos y circunstancias manifestados.
  • No cabe recurso contra la información comunicada, sino contra los actos posteriores.
  • La falta de contestación no implica la aceptación del valor incluido en la solicitud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite pedir a la Administración, antes de comprar o vender un inmueble, el valor fiscal que le atribuye; esa información vincula durante tres meses si se solicitó a tiempo y con datos veraces, sin perjuicio de que luego se compruebe.

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Artículo 91. Acuerdos previos de valoración.

1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o los reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito, antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. A dicha solicitud se acompañará la propuesta de valoración formulada por el obligado tributario.

3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el obligado tributario.

4. El acuerdo de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de la valoración, del supuesto de hecho al que se refiere, del impuesto al que se aplica y de su carácter vinculante, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. La falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.

5. En tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron la valoración, la Administración tributaria que hubiera dictado el acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo. Dicho acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años excepto que la normativa que lo establezca prevea otro distinto.

6. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto. Podrán hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo.

Datos clave

  • Determinación previa y vinculante de la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos.
  • Solo cuando las leyes o reglamentos propios de cada tributo lo prevean.
  • Solicitud por escrito antes de la realización del hecho imponible, acompañada de propuesta de valoración.
  • La falta de contestación en plazo implica la aceptación de los valores propuestos.
  • Plazo máximo de vigencia: tres años, salvo que la normativa prevea otro distinto.
  • No cabe recurso contra el acuerdo, sino contra los actos posteriores que apliquen sus valoraciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite pedir a la Administración, cuando la ley del tributo lo prevea, que fije con carácter previo y vinculante la valoración fiscal de rentas, bienes o gastos, con una vigencia máxima de tres años y aceptación tácita si no se contesta a tiempo.

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Artículo 92. Colaboración social.

El artículo 92 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula la colaboración social en la aplicación de los tributos.

1. Los interesados podrán colaborar en la aplicación de los tributos en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. En particular, dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.

3. La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Realización de estudios o informes relacionados con la elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la aplicación de los medios a que se refieren los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 57 de esta ley.

b) Campañas de información y difusión.

c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

d) Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su correcta cumplimentación.

e) Presentación y remisión a la Administración tributaria de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.

f) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.

g) Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.

h) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios.

4. La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Datos clave

  • Los interesados pueden colaborar en la aplicación de los tributos en los términos que se determinen reglamentariamente.
  • Se instrumenta mediante acuerdos con otras Administraciones públicas, entidades privadas o instituciones representativas.
  • Específicamente, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para potenciar el cumplimiento cooperativo.
  • Ocho aspectos de colaboración, letras a) a h) del apartado 3.
  • Presentación de documentos, subsanación de defectos, información de devoluciones y certificados: previa autorización de los obligados tributarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los interesados pueden colaborar con Hacienda en la aplicación de los tributos mediante acuerdos, en ocho aspectos, varios de ellos solo con autorización previa de los obligados tributarios.

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Artículo 93. Obligaciones de información.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

En particular:

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración tributaria.

A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.

d) Las personas y entidades que, por aplicación de la normativa vigente, conocieran o estuvieran en disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones deberán cumplir ante la Administración tributaria con los requerimientos u obligaciones de información que reglamentariamente se establezcan respecto a dicha identificación.

e) Las personas jurídicas o entidades deberán comunicar a la Administración tributaria la identificación de los titulares reales de las mismas. A tal efecto, tendrán la consideración de titulares reales los definidos conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.

c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Datos clave

  • Obligados: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades del artículo 35.4, respecto de datos con trascendencia tributaria propios o derivados de relaciones con terceros.
  • Retenedores y obligados a ingresos a cuenta deben presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados.
  • Las personas jurídicas o entidades deben comunicar la identificación de sus titulares reales (artículo 4.2 de la Ley 10/2010), letra e) añadida por la Ley 13/2023.
  • Se cumplen en la forma y plazos reglamentarios o mediante requerimiento individualizado, en cualquier momento posterior a las operaciones.
  • El incumplimiento no puede ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización previa del órgano que reglamentariamente se determine.
  • Límites para funcionarios: secreto de la correspondencia, de los datos estadísticos y del protocolo notarial.
  • Los profesionales no deben revelar datos privados no patrimoniales ni datos confidenciales de asesoramiento o defensa, pero no pueden invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos deben dar a Hacienda los datos con trascendencia tributaria propios o de sus relaciones con terceros, por declaración o requerimiento; el secreto bancario no ampara y hay límites para funcionarios y profesionales.

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Artículo 94. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar.

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes o disposiciones reglamentarias vigentes.

2. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales.

4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtengan en el ejercicio de sus funciones, de oficio, con carácter general o mediante requerimiento individualizado en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria de los obligados en el curso del procedimiento de comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Datos clave

  • Obligados: autoridades, órganos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, organismos públicos, colegios profesionales, mutualidades y gestoras de la Seguridad Social.
  • Quedan sujetos también los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
  • Juzgados y tribunales: facilitan datos de oficio o a requerimiento, respetando el secreto de las diligencias sumariales.
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo facilitan datos con trascendencia tributaria.
  • La cesión de datos personales a la Administración tributaria no requiere el consentimiento del afectado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Extiende el deber de informar y colaborar con Hacienda a autoridades, organismos públicos, colegios profesionales, partidos políticos, sindicatos, juzgados y tribunales, y permite ceder datos personales a la Administración tributaria sin necesidad de consentimiento del afectado.

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Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada.

b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.

c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

d) La colaboración con las Administraciones públicas para la prevención y lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, incluyendo las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.

f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.

i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas.

j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos.

k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.

l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Público.

m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes y derechos susceptibles de ser embargados o decomisados en un determinado proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.

n) La colaboración con las entidades responsables de los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones vinculadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en relación con el análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés.

2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.

3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente.

4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.

5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.

6. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el artículo 177 ter de esta Ley.

Datos clave

  • Los datos obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado.
  • Solo se usan para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones; no se ceden salvo en los supuestos de las letras a) a n) del apartado 1.
  • Cesión preferente por medios informáticos o telemáticos; no se exigirán certificados si la información está disponible por esos medios.
  • La infracción del deber de sigilo se considera siempre falta disciplinaria muy grave.
  • Retenedores y obligados a ingresos a cuenta: uso de datos solo para los pagos a cuenta y deber de sigilo.
  • La cesión en asistencia mutua se rige por el artículo 177 ter.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los datos tributarios son reservados: solo sirven para aplicar tributos e imponer sanciones y solo se ceden en los catorce supuestos tasados; romper el sigilo es siempre falta muy grave.

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Artículo 95 bis. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, incluidos los que tengan la condición de deudores al haber sido declarados responsables solidarios, por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de responsabilidad solidaria, supere el importe de 600.000 euros.

b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario.

En el supuesto de deudas incluidas en acuerdos de declaración de responsabilidad será necesario que haya transcurrido el plazo de pago del artículo 62.2 de esta Ley tras la notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.

A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.

2. En dichos listados se incluirá la siguiente información:

a) La identificación de los deudores conforme al siguiente detalle:

– Personas Físicas: nombre apellidos y NIF.

– Personas Jurídicas y entidades del artículo 35.4 de esta Ley: razón o denominación social completa y NIF.

b) El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.

3. En el ámbito del Estado, la publicidad regulada en este artículo se referirá exclusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración Tributaria del Estado no habiendo existido delegación alguna de competencias en estos ámbitos a favor de las Comunidades Autónomas o Entes Locales.

La publicidad regulada en este artículo resultará de aplicación respecto a los tributos que integran la deuda aduanera.

4. La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo.

La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para entender realizada dicha comunicación la acreditación por parte de la Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.

En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a la fecha de referencia antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias.

Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el apartado 1 o a los pagos efectuados por el deudor a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose aportar en este caso justificación fehaciente de dichos pagos.

Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración podrá acordar la rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales determinados en el apartado 1 o cuando a la conclusión del plazo para formular alegaciones se hubiera satisfecho la totalidad de las deudas o sanciones tributarias.

Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.

Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.

La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado.

Mediante Orden Ministerial se establecerán la fecha de publicación, que deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los correspondientes ficheros y registros.

La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.

El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por su normativa de desarrollo.

5. En el ámbito de competencias del Estado, será competente para dictar los acuerdos de publicación regulados en este artículo el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

6. En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo reflejada es la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 4, sin que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, salvo que se verifique el pago en los casos y con los requisitos señalados en dicho apartado.

Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de impugnación establecido en esta Ley en relación con las actuaciones y procedimientos de los que se deriven las deudas y sanciones tributarias ni tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos iniciados o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las mismas.

Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo en orden a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen causa de interrupción a los efectos previstos en el artículo 68 de esta Ley.

7. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa.

Datos clave

  • Publicación de listados de deudores con deudas y sanciones pendientes superiores a 600.000 euros.
  • Deben no haberse pagado transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario; se excluyen las aplazadas o suspendidas.
  • Fecha de referencia: 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación.
  • Alegaciones en el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación.
  • Publicación durante el primer semestre de cada año, por medios electrónicos; los listados dejan de ser accesibles a los tres meses.
  • Competente en el ámbito estatal: el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • El acuerdo de publicación pone fin a la vía administrativa y no interrumpe la prescripción del artículo 68.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda publica cada año la lista de grandes deudores: más de 600.000 euros pendientes tras el periodo voluntario, a 31 de diciembre del año anterior, con 10 días para alegar.

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Artículo 96. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas.

1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

3. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia. Además, cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse.

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta en la forma que se determine reglamentariamente.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.

Datos clave

  • La Administración tributaria promoverá técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con las limitaciones de la Constitución y las leyes.
  • Los ciudadanos podrán relacionarse por estos medios cuando sea compatible con los medios técnicos de la Administración.
  • Actuación automatizada: se identifican los órganos de programación y supervisión y los competentes para resolver recursos.
  • Los programas y aplicaciones deben ser previamente aprobados por la Administración tributaria.
  • Los documentos electrónicos tienen la misma validez y eficacia que los originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria debe impulsar el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, que tienen la misma validez que los documentos en papel si se garantiza su autenticidad e integridad.

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Artículo 97. Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.

Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:

a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.

Datos clave

  • En primer lugar rigen las normas especiales del título y su normativa reglamentaria de desarrollo.
  • También las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y su desarrollo reglamentario.
  • Supletoriamente se aplican las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos de aplicación de los tributos se rigen primero por las normas tributarias especiales y su desarrollo, y solo supletoriamente por las normas generales del procedimiento administrativo.

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Artículo 98. Iniciación de los procedimientos tributarios.

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.

3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa tributaria.

4. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

Datos clave

  • Inicio de oficio o a instancia del obligado tributario.
  • Medios de inicio a instancia: autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro previsto en la normativa tributaria.
  • Los documentos de iniciación deben incluir nombre y apellidos o razón social y NIF del obligado y, en su caso, de su representante.
  • Modelos y sistemas normalizados para los casos de tramitación masiva.
  • El Ministro de Hacienda puede determinar cuándo es obligatoria la presentación por medios telemáticos en el ámbito estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos tributarios se inician de oficio o a instancia; los escritos de inicio deben identificar al obligado y su representante, y Hacienda puede aprobar modelos y exigir presentación telemática.

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Artículo 99. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.

1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.

2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.

3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.

4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.

5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.

6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.

Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.

Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.

Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.

8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.

9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.

Datos clave

  • Se pueden rehusar documentos no exigibles o ya presentados que estén en poder de la Administración actuante.
  • Derecho a certificación de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones presentadas.
  • Copias del expediente a costa del obligado, en el trámite de audiencia o, en su defecto, en el de alegaciones.
  • Para la prueba no es necesaria la apertura de un período específico.
  • Documentación: comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos; las diligencias son documentos públicos y no pueden contener propuestas de liquidación.
  • Se puede prescindir de la audiencia con actas con acuerdo o si hay alegaciones posteriores a la propuesta.
  • El trámite de alegaciones dura entre 10 y 15 días.
  • Videoconferencia: cuando lo determine la Administración y con conformidad del obligado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas comunes de desarrollo de los procedimientos tributarios: qué documentos puedes negarte a aportar, copias y certificados, cómo se documentan las actuaciones, audiencia y alegaciones de 10 a 15 días y videoconferencia.

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Artículo 100. Terminación de los procedimientos tributarios.

1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.

2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.

Datos clave

  • Formas de terminación: resolución, desistimiento y renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud.
  • También la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas y la caducidad.
  • También el cumplimiento de la obligación objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
  • La contestación automatizada tiene la consideración de resolución cuando esté prevista esa forma de terminación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos tributarios terminan por resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad sobrevenida, caducidad, cumplimiento de lo requerido u otra causa prevista; la contestación automatizada puede valer como resolución.

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Artículo 101. Las liquidaciones tributarias: concepto y clases.

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.

La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

3. Tendrán la consideración de definitivas:

a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección en los siguientes supuestos:

a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

b) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el acuerdo al que se refiere el artículo 155 de esta ley no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, cuando la conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de regularización, cuando se realice una comprobación de valor y no sea el objeto único de la regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.

c) En todo caso tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 250.2 de esta Ley.

Datos clave

  • La liquidación es el acto resolutorio que determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad a devolver o a compensar.
  • La Administración no está obligada a ajustarse a los datos consignados por los obligados.
  • Las liquidaciones son provisionales o definitivas.
  • Definitivas: las del procedimiento inspector tras comprobar e investigar la totalidad de los elementos, y las demás a las que la normativa otorgue tal carácter.
  • En los demás casos son provisionales.
  • En inspección cabe liquidación provisional en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 4.
  • Siempre son provisionales las dictadas al amparo del artículo 250.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La liquidación es el acto que cuantifica la deuda o lo que se devuelve o compensa; puede ser provisional o definitiva, y solo es definitiva la inspección completa o la que la norma califique así.

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Artículo 102. Notificación de las liquidaciones tributarias.

1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.

2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

f) Su carácter de provisional o definitiva.

3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.

4. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.

Datos clave

  • Las liquidaciones se notifican conforme a la sección 3.ª del capítulo II del título III de la ley.
  • Contenido: identificación del obligado, elementos determinantes de la cuantía y motivación cuando no se ajusten a los datos del obligado.
  • Contenido: medios de impugnación, órgano y plazo; lugar, plazo y forma de pago; carácter provisional o definitivo.
  • En tributos de cobro periódico por recibo, tras notificar el alta, las sucesivas liquidaciones pueden notificarse colectivamente mediante edictos.
  • El aumento de base imponible se notifica con expresión concreta de hechos, salvo revalorizaciones generales autorizadas por las leyes.
  • Reglamentariamente pueden fijarse supuestos sin notificación expresa, con advertencia por escrito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las liquidaciones se notifican con seis menciones obligatorias; en tributos periódicos por recibo cabe la notificación colectiva por edictos tras la del alta, y el aumento de base debe motivarse.

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Artículo 103. Obligación de resolver.

1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.

2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.

3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Datos clave

  • Obligación de resolver expresamente todas las cuestiones y de notificar la resolución expresa.
  • Sin obligación de resolver: derechos que sólo deban ser objeto de comunicación, caducidad, pérdida sobrevenida del objeto, renuncia o desistimiento.
  • Si el interesado solicita expresamente que se declaren esas circunstancias, la Administración queda obligada a contestar.
  • Deben motivarse los actos de liquidación, de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión.
  • La motivación es con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria debe resolver y notificar expresamente, salvo en ciertos casos (comunicación, caducidad, pérdida de objeto, renuncia, desistimiento), y motivar sucintamente determinados actos.

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Artículo 104. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.

Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, y los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda.

En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.

5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.

Datos clave

  • Plazo máximo de resolución: el de la normativa del procedimiento, sin exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o normativa comunitaria; si no se fija, seis meses.
  • Cómputo: de oficio, desde la notificación del acuerdo de inicio; a instancia, desde la entrada en el registro del órgano competente.
  • El procedimiento de apremio queda excluido y puede extenderse hasta la prescripción del derecho de cobro.
  • Basta un intento de notificación con el texto íntegro de la resolución; en notificación electrónica, la puesta a disposición.
  • A instancia de parte, sin regulación expresa: silencio estimatorio, salvo derecho de petición (art. 29 CE) e impugnación de actos y disposiciones (desestimatorio).
  • Paralización imputable al obligado: advertencia de caducidad transcurridos tres meses.
  • De oficio, sin regulación expresa: desestimación si podían derivarse efectos favorables; caducidad si eran desfavorables o de gravamen.
  • La caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero las actuaciones caducadas no la interrumpen y conservan validez probatoria.

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Plazo máximo de resolución de seis meses salvo ley o norma europea, cómo se cuenta, qué basta para notificar a tiempo y qué pasa si no se resuelve: silencio o caducidad según el procedimiento.

Esquema

Falta de resolución sin regulación expresa
ProcedimientoEfecto
A instancia de parte (regla)Solicitud del interesadoSilencio estimatorio
Derecho de petición e impugnaciónA instancia de parteSilencio desestimatorio
De oficio con efectos favorablesReconocimiento de derechosDesestimación por silencio
De oficio desfavorable o de gravamenEfectos de gravamenCaducidad

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Artículo 105. Carga de la prueba.

1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

Datos clave

  • Quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo.
  • Se aplica en los procedimientos de aplicación de los tributos.
  • Los obligados tributarios cumplen su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien hace valer un derecho debe probar sus hechos constitutivos, pero el obligado cumple designando concretamente las pruebas que ya tiene la Administración.

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Artículo 106. Normas sobre medios y valoración de la prueba.

1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.

2. Las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua podrán incorporarse, con el valor probatorio que proceda conforme al apartado anterior, al procedimiento que corresponda.

3. La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales de deducibilidad para determinadas operaciones que tengan relevancia para la cuantificación de la obligación tributaria.

4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.

Datos clave

  • Se aplican las normas sobre medios y valoración de prueba del Código Civil y de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
  • Las pruebas de otros Estados o entidades internacionales en el marco de la asistencia mutua pueden incorporarse al procedimiento.
  • La ley de cada tributo puede exigir requisitos formales de deducibilidad.
  • Gastos y deducciones de operaciones empresariales o profesionales: se justifican de forma prioritaria mediante factura.
  • La factura no es un medio de prueba privilegiado: si la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, el obligado debe probar la realidad de las operaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prueba tributaria se rige por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil; los gastos empresariales se justifican prioritariamente con factura, pero la factura no es prueba privilegiada.

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Artículo 107. Valor probatorio de las diligencias.

1. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

2. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.

Datos clave

  • Las diligencias tienen naturaleza de documentos públicos.
  • Hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
  • Los hechos aceptados por el obligado tributario y sus manifestaciones se presumen ciertos.
  • Solo pueden rectificarse mediante prueba de que se incurrió en error de hecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las diligencias son documentos públicos que hacen prueba salvo prueba en contrario; los hechos aceptados y las manifestaciones del obligado se presumen ciertos y solo los rectifica probando error de hecho.

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Artículo 108. Presunciones en materia tributaria.

El artículo 108 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula las presunciones en materia tributaria.

1. Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.

2. Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

3. La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.

4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario.

Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.

5. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, se podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidación correspondientes cuando la Administración Tributaria no pueda, en base a la información obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.

Datos clave

  • Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo que una norma con rango de ley lo prohíba.
  • Presunciones no establecidas por normas: enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
  • Se puede considerar titular a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
  • Los datos de las autoliquidaciones y declaraciones se presumen ciertos para el obligado y solo se rectifican mediante prueba en contrario.
  • Datos de terceros (artículos 93 y 94): se presumen ciertos, pero deben contrastarse si el obligado alega su inexactitud o falsedad.
  • Periodos de liquidación inferiores al año: cabe la distribución lineal de la cuota anual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las presunciones legales admiten prueba en contrario salvo que una ley lo prohíba; se presume titular a quien figura en un registro y ciertos los datos que tú mismo declaras.

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Artículo 109. Notificaciones en materia tributaria.

El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.

Datos clave

  • El régimen de notificaciones tributarias es el previsto en las normas administrativas generales.
  • Se aplican las especialidades establecidas en la sección de notificaciones de la Ley General Tributaria.
  • Las normas administrativas generales actúan como régimen común y las reglas de la sección como especialidades tributarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones tributarias siguen el régimen administrativo general con las especialidades previstas en su sección específica.

Artículo 110. Lugar de práctica de las notificaciones.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Datos clave

  • A solicitud del interesado: en el lugar señalado por el obligado o su representante.
  • En su defecto, en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
  • De oficio: en el domicilio fiscal del obligado o su representante, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica.
  • De oficio cabe también cualquier otro lugar adecuado a tal fin.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A instancia del interesado, se notifica en el lugar que señale o, si no, en el domicilio fiscal; de oficio, en el domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad u otro adecuado.

Esquema

Lugar de notificación
A solicitud del interesadoDe oficio
LugarEl señalado por el obligado o representante; en su defecto, el domicilio fiscalDomicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad o cualquier otro adecuado

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Artículo 111. Personas legitimadas para recibir las notificaciones.

1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.

2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

Datos clave

  • Si el obligado o su representante no están presentes, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el lugar o domicilio y haga constar su identidad.
  • También pueden recibirla los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios.
  • Rige cuando se notifica en el lugar señalado o en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
  • El rechazo de la notificación por el interesado o su representante implica que se tenga por efectuada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Determina quién puede hacerse cargo de una notificación cuando el interesado no está presente, y qué efecto tiene rechazarla.

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Artículo 112. Notificación por comparecencia.

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la notificación por comparecencia.

1. Supuesto y forma de citación

Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el «Boletín Oficial del Estado».

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. Si el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. Contenido de la publicación y plazo de comparecencia

En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

3. Efectos sobre las actuaciones posteriores

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.

Datos clave

  • Procede cuando la notificación no es posible por causas no imputables a la Administración, tras al menos dos intentos en el domicilio fiscal o designado.
  • Basta un solo intento si el destinatario consta como desconocido.
  • Citación mediante anuncio publicado una sola vez para cada interesado en el «Boletín Oficial del Estado».
  • El BOE publica estos anuncios los lunes, miércoles y viernes de cada semana.
  • Plazo de comparecencia: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio.
  • Sin comparecencia, la notificación se entiende producida el día siguiente al vencimiento del plazo.
  • Las liquidaciones y los acuerdos de enajenación de bienes embargados deben notificarse siempre conforme a esta Sección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si no se puede notificar en el domicilio tras dos intentos (o uno si es desconocido), se cita por anuncio en el BOE y el interesado tiene 15 días naturales para comparecer.

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Artículo 62. La información y asistencia tributaria.

La Administración tributaria promoverá y facilitará a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, poniendo a su disposición servicios de información y asistencia tributaria.

Datos clave

  • La Administración tributaria promoverá y facilitará el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos.
  • Lo hace poniendo a disposición de los obligados servicios de información y asistencia tributaria.
  • Los destinatarios son los obligados tributarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria debe promover y facilitar el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos, ofreciendo servicios de información y asistencia tributaria.

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Artículo 63. Actuaciones de información.

1. Las actuaciones de información se realizarán de oficio mediante la publicación de los textos actualizados de las normas tributarias y la doctrina administrativa de mayor trascendencia o mediante el envío de comunicaciones, entre otros medios.

La elaboración de las disposiciones interpretativas o aclaratorias corresponderá a los órganos a los que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se publicarán en el boletín oficial que corresponda, pudiendo ser sometidas a información pública, cuando la naturaleza de las mismas lo aconseje, en la forma establecida en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2. Las actuaciones a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, también deberán llevarse a cabo, a iniciativa del obligado tributario, mediante la contestación a solicitudes de información tributaria, cualquiera que sea el medio por el que se formulen.

Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general podrá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento.

En los supuestos en los que las solicitudes de información se formulen por escrito, se deberá incluir el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal del obligado tributario, así como el derecho u obligación tributaria que le afecta respecto del que se solicita la información.

3. En la contestación a las solicitudes de información tributaria, incluidas aquellas relativas a retenciones, ingresos a cuenta o repercusiones, la Administración comunicará los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, sin que dicha contestación pueda ser objeto de recurso.

Las actuaciones de información y las contestaciones a las solicitudes de información tendrán los efectos previstos en el artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La falta de contestación de las solicitudes de información en los plazos establecidos en el artículo 64 de este reglamento no implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de solicitud.

4. En el ámbito de competencias del Estado, las actuaciones de información tributaria corresponderán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se refieran a cuestiones de su competencia, excepto cuando se refiera a cuestiones relativas a la aplicación de los tributos desarrolladas por otro órgano o entidad.

Datos clave

  • Actuaciones de oficio: publicación de normas actualizadas y doctrina de mayor trascendencia o envío de comunicaciones.
  • También a iniciativa del obligado, mediante contestación a solicitudes de información por cualquier medio.
  • Las solicitudes escritas deben incluir identificación, NIF y el derecho u obligación afectado.
  • La contestación comunica los criterios administrativos existentes y no puede ser objeto de recurso.
  • Efectos: los previstos en el artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003.
  • La falta de contestación en los plazos del artículo 64 no implica aceptación de los criterios de la solicitud.
  • En el ámbito estatal, la información corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuestiones de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración informa de oficio (publicando normas y doctrina o con comunicaciones) y a petición del obligado; sus contestaciones transmiten criterios, no son recurribles y su silencio no acepta lo pedido.

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Artículo 64. Tramitación de las solicitudes de información.

1. Las solicitudes de información tributaria formuladas por escrito que puedan ser objeto de contestación a partir de la documentación o de los antecedentes existentes en el órgano competente se contestarán en el plazo máximo de tres meses y en la contestación se hará referencia, en todo caso, a la normativa aplicable al objeto de la solicitud.

2. Cuando las solicitudes de información tributaria escritas sean recibidas por una Administración tributaria que no sea competente por razón de la materia, será remitida a la Administración competente y se comunicará esta circunstancia al interesado.

Datos clave

  • Las solicitudes escritas de información tributaria contestables con la documentación o antecedentes existentes se contestan en el plazo máximo de tres meses.
  • La contestación hará referencia, en todo caso, a la normativa aplicable al objeto de la solicitud.
  • Si la recibe una Administración tributaria no competente por razón de la materia, se remite a la competente y se comunica al interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las solicitudes escritas de información tributaria que puedan contestarse con lo que ya obra en el órgano se responden en tres meses, citando siempre la normativa aplicable; si llegan a una Administración incompetente, se remiten.

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Artículo 65. Órgano competente para la contestación de las consultas tributarias escritas.

En el ámbito de competencias del Estado, la competencia para contestar las consultas a las que se refiere esta subsección corresponderá a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • En el ámbito de competencias del Estado, contesta las consultas tributarias escritas la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.
  • Se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88.8 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el ámbito estatal, las consultas tributarias escritas las contesta la Dirección General de Tributos, sin perjuicio del artículo 88.8 de la Ley General Tributaria.

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Artículo 66. Iniciación del procedimiento para la contestación de las consultas tributarias escritas.

1. Las consultas se formularán por el obligado tributario mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, que deberá contener como mínimo:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

b) Manifestación expresa de si en el momento de presentar el escrito se está tramitando o no un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa relacionado con el régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda planteado en la consulta, salvo que esta sea formulada por las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c) Objeto de la consulta.

d) En relación con la cuestión planteada en la consulta, se expresarán con claridad y con la extensión necesaria los antecedentes y circunstancias del caso.

e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

2. En el caso de que la consulta verse sobre la existencia de un establecimiento permanente o sobre una transacción transfronteriza, el consultante deberá declarar dicha circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la apreciación de oficio por parte de la Administración tributaria competente para la contestación de la consulta.

Asimismo, el escrito de consulta deberá contener, además de los datos incluidos en el apartado 1 de este precepto, los siguientes datos:

a) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que pertenece, en su caso, el consultante.

b) Descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar. En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o profesional y al interés público.

c) Estados que pudieran verse afectados por la transacción u operación objeto de consulta.

d) Personas residentes en otros Estados que pudieran verse afectadas por la contestación a la consulta.

e) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de asistencia mutua aplicable.

3. En la solicitud se podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones y aquella se podrá acompañar de los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración tributaria.

4. A los efectos de este artículo, serán válidos los documentos normalizados que apruebe la Administración tributaria.

5. Las consultas podrán presentarse utilizando medios electrónicos. No obstante lo anterior, la presentación deberá efectuarse por dichos medios en el caso de los obligados tributarios que estuvieran obligados a relacionarse con la Administración por los citados medios.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se requerirá al obligado tributario o a las entidades a que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsanen el defecto con indicación de que de no atender el requerimiento en el plazo señalado se le tendrá por desistido de la consulta y se archivará sin más trámite.

7. Si la consulta se formulase después de la finalización de los plazos establecidos para el ejercicio del derecho, para la presentación de la declaración o autoliquidación o para el cumplimiento de la obligación tributaria, se procederá a su inadmisión y se comunicará esta circunstancia al obligado tributario.

Datos clave

  • La consulta se formula por escrito dirigido al órgano competente para su contestación.
  • Contenido mínimo: identificación y NIF, manifestación sobre procedimientos en curso, objeto, antecedentes y circunstancias, lugar, fecha y firma.
  • Las consultas sobre establecimiento permanente o transacción transfronteriza exigen datos adicionales.
  • Pueden presentarse por medios electrónicos, obligatorios para quienes deban relacionarse por esos medios.
  • Plazo de subsanación: 10 días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento.
  • Si no se subsana, se tiene por desistido y se archiva sin más trámite.
  • La consulta presentada fuera de plazo se inadmite y se comunica al obligado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consulta tributaria escrita se dirige al órgano competente con un contenido mínimo; si falta algo, hay 10 días para subsanar o se tiene por desistida, y si llega fuera de plazo se inadmite.

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Artículo 67. Tramitación del procedimiento para la contestación de las consultas tributarias escritas.

1. Durante la tramitación del procedimiento se podrá requerir al obligado tributario la documentación o información que se estime necesaria para efectuar la contestación.

2. Asimismo, se podrá solicitar de otros centros directivos y organismos los informes que se estimen pertinentes para la formación del criterio aplicable al caso planteado.

Datos clave

  • Durante la tramitación se puede requerir al obligado tributario la documentación o información necesaria para efectuar la contestación.
  • Se pueden solicitar de otros centros directivos y organismos los informes pertinentes para formar el criterio aplicable al caso planteado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Durante la tramitación de una consulta escrita puede pedirse al obligado la documentación necesaria y a otros centros directivos y organismos los informes pertinentes.

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Artículo 68. Contestación de consultas tributarias escritas.

1. Cuando la contestación a la consulta incorpore un cambio de criterio administrativo, la Administración deberá motivar dicho cambio.

2. Cuando la consulta haya sido formulada por alguna de las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, su contestación no tendrá efectos vinculantes para aquellos miembros o asociados que en el momento de formular la consulta estuviesen siendo objeto de un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa iniciado con anterioridad y relacionado con las cuestiones planteadas en la consulta conforme a lo dispuesto en su artículo 89.2.

Datos clave

  • El cambio de criterio administrativo en la contestación debe motivarse.
  • Consultas de entidades del artículo 88.3 de la Ley 58/2003: no vinculan a miembros con procedimiento, recurso o reclamación previo relacionado.
  • Remisión al artículo 89.2 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la contestación cambia el criterio administrativo, hay que motivarlo; y la consulta de entidades del artículo 88.3 no vincula para miembros con procedimientos ya iniciados sobre esas cuestiones.

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Artículo 69. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles.

1. En los tributos que graven la adquisición o transmisión de bienes inmuebles y cuya base imponible se determine por el valor real de dichos bienes, los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria información sobre el valor de los que estén situados en el territorio de su competencia.

Esta información tendrá efectos vinculantes en los términos previstos en el artículo 90.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando haya sido suministrada por la Administración tributaria gestora del tributo que grave la adquisición o la transmisión y en relación con los bienes inmuebles situados en el territorio de su competencia.

2. Las solicitudes se formularán mediante escrito, en el que se expresarán con claridad y con la extensión necesaria:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del solicitante y, en su caso, del representante. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

b) Naturaleza del bien, ubicación y características técnicas y físicas que puedan contribuir a su correcta valoración a efectos fiscales por parte de la Administración tributaria.

c) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

3. El solicitante podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones, así como la estimación de la valoración del bien al que se refiere la solicitud.

4. El órgano competente podrá requerir al interesado la documentación que estime necesaria para la valoración del bien inmueble. Asimismo, podrá solicitar los informes de otros centros directivos y organismos que estime pertinentes.

5. Las solicitudes podrán presentarse utilizando medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que la identificación de las personas o entidades a que se refiere el apartado 2.a) quede garantizada.

6. El plazo para contestar estas solicitudes de información será de tres meses.

Datos clave

  • Aplica a tributos que gravan la adquisición o transmisión de inmuebles con base imponible determinada por el valor real: los obligados pueden solicitar información sobre el valor de los inmuebles situados en el territorio de competencia de la Administración.
  • Efectos vinculantes en los términos del artículo 90.2 de la Ley 58/2003, si la suministra la Administración gestora del tributo.
  • La solicitud se formula por escrito con nombre o razón social, NIF, naturaleza, ubicación y características del bien, y lugar, fecha y firma.
  • El solicitante puede incluir un domicilio a efectos de notificaciones y la estimación de la valoración del bien.
  • Se puede presentar por medios electrónicos, informáticos o telemáticos si la identificación queda garantizada.
  • El plazo para contestar es de tres meses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En tributos sobre adquisición o transmisión de inmuebles por su valor real, se puede pedir a Hacienda el valor del bien; vincula si la da la Administración gestora, y se contesta en tres meses.

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Artículo 70. Los certificados tributarios.

1. Se entenderá por certificado tributario el documento expedido por la Administración tributaria que acredite hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario.

2. Los certificados podrán acreditar, entre otras circunstancias, la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos o extremos concretos contenidos en ellas, la situación censal, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la existencia o inexistencia de deudas o sanciones pendientes de pago que consten en las bases de datos de la Administración tributaria.

3. Los hechos o datos que se certifiquen se referirán exclusivamente al obligado tributario al que se refiere el certificado, sin que puedan incluir ni referirse a datos relativos a terceros salvo que la finalidad del certificado exija dicha inclusión.

4. No podrán certificarse datos referidos a obligaciones tributarias respecto de las cuales haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

5. En tanto no haya vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias no podrá expedirse certificado sobre el cumplimiento de estas.

Datos clave

  • Certificado tributario: documento expedido por la Administración que acredita hechos relativos a la situación tributaria de un obligado.
  • Puede acreditar presentación de declaraciones, situación censal, cumplimiento de obligaciones y existencia o inexistencia de deudas o sanciones.
  • Se refiere exclusivamente al obligado, sin datos de terceros salvo que la finalidad lo exija.
  • No pueden certificarse datos de obligaciones cuyo derecho a liquidar haya prescrito.
  • No cabe certificar el cumplimiento mientras no haya vencido el plazo de la obligación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado tributario acredita hechos de la situación tributaria de un obligado; no puede referirse a terceros salvo necesidad, ni a obligaciones prescritas, ni al cumplimiento antes de vencer el plazo.

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Artículo 71. Solicitud de los certificados tributarios.

1. Los certificados tributarios se expedirán:

a) A instancia del obligado tributario al que el certificado se refiera.

b) A petición de un órgano administrativo o de cualquier otra persona o entidad interesada que requiera el certificado, siempre que dicha petición esté prevista en una ley o cuente con el previo consentimiento del obligado tributario.

2. Cuando el certificado se solicite mediante representante se deberá acreditar dicha representación.

3. Cuando para la tramitación de un procedimiento o actuación administrativa sea necesario la obtención de un certificado tributario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración pública que lo requiera deberá solicitarlo directamente y hará constar la ley que habilita a efectuar dicha solicitud o que cuenta con el previo consentimiento del obligado tributario. En estos casos, la Administración pública solicitante no podrá exigir la aportación del certificado al obligado tributario. La Agencia Estatal de Administración Tributaria no expedirá el certificado a solicitud del obligado cuando tenga constancia de que ha sido remitido a la Administración pública correspondiente.

Datos clave

  • Los certificados tributarios se expiden a instancia del obligado tributario al que se refieren o a petición de un órgano administrativo u otra persona o entidad, si lo prevé una ley o consta el previo consentimiento del obligado.
  • Si se solicita mediante representante, debe acreditarse la representación.
  • Si otra Administración pública necesita un certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, debe solicitarlo directamente y no puede exigir su aportación al obligado tributario.
  • La Agencia Estatal de Administración Tributaria no expide el certificado a solicitud del obligado cuando conste que se ha remitido a la Administración correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los certificados se expiden a instancia del obligado o a petición de terceros si una ley lo prevé o hay consentimiento; la Administración que lo necesite debe pedirlo directamente a la AEAT y no exigirlo al ciudadano.

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Artículo 72. Contenido de los certificados tributarios.

1. Los certificados tributarios contendrán, al menos, los siguientes datos y circunstancias:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado tributario.

b) Las circunstancias, obligaciones o requisitos que deban ser certificados. Cuando mediante un certificado deba acreditarse el cumplimiento de determinadas circunstancias de carácter tributario exigidas por la norma reguladora del certificado, se harán constar expresamente dichas circunstancias.

Las certificaciones serán positivas cuando consten cumplidas la totalidad de las circunstancias, obligaciones o requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora del certificado. A estos efectos, bastará una mención genérica de los mismos.

Cuando las certificaciones sean negativas deberán indicarse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no consten cumplidos.

Cuando los datos declarados o comunicados por el obligado tributario no coincidan con los comprobados por la Administración, se certificarán estos últimos.

c) La inexistencia de la información que se solicita en las bases de datos de la Administración tributaria o la improcedencia de suministrar dicha información, cuando no se pueda certificar la información contenida en el párrafo b).

d) Lugar, fecha y firma del órgano competente para su expedición y el código seguro de verificación.

Datos clave

  • Contenido mínimo: nombre o razón social, NIF y domicilio fiscal; circunstancias, obligaciones o requisitos certificados; y lugar, fecha, firma del órgano competente y código seguro de verificación.
  • Certificación positiva: constan cumplidos todos los requisitos exigidos; basta una mención genérica.
  • Certificación negativa: deben indicarse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no consten cumplidos.
  • Si los datos declarados no coinciden con los comprobados por la Administración, se certifican estos últimos.
  • Se hará constar la inexistencia de la información solicitada en las bases de datos o la improcedencia de suministrarla.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado contiene, al menos, identidad, NIF y domicilio fiscal, lo que se certifica (positivo o negativo), la inexistencia o improcedencia de datos y lugar, fecha, firma y código seguro de verificación.

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Artículo 73. Expedición de los certificados tributarios.

1. El órgano competente de la Administración tributaria deberá expedir el certificado en el plazo de 20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto. El certificado se enviará al lugar señalado a tal efecto en la solicitud o, en su defecto, al domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante.

Salvo que se establezca lo contrario, la falta de emisión de un certificado en plazo no determinará que se entienda emitido con carácter positivo.

2. El certificado tributario podrá expedirse en papel o bien mediante la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

En el ámbito de competencias del Estado, cuando el certificado sea solicitado a petición de un órgano administrativo, se expedirá por vía telemática y, en caso de que se expida de forma automatizada, se aplicará lo previsto en los artículos 82 al 86, ambos inclusive. A estos efectos, las transmisiones de datos sustituirán a los certificados tributarios y será de aplicación lo previsto en el artículo 58.

3. El contenido, autenticidad y validez del certificado se podrá comprobar mediante conexión con la página web de la Administración tributaria, utilizando para ello el código seguro de verificación que figure en el certificado. Cuando el destinatario del certificado sea una Administración pública, dicha comprobación será obligatoria.

4. Una vez emitido el certificado, el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad con cualquiera de los datos que formen parte de su contenido en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, mediante un escrito en el que solicite la modificación del certificado dirigido al órgano que lo haya expedido, al que se adjuntarán los elementos de prueba que estime convenientes para acreditar su solicitud.

Si el órgano que emitió el certificado estimara incorrecto el certificado expedido, procederá a la emisión de uno nuevo en el plazo de 10 días. Si no considerase procedente expedir un nuevo certificado lo comunicará al obligado tributario con expresión de los motivos en que se fundamenta.

Datos clave

  • Plazo de expedición del certificado: 20 días, salvo que su normativa reguladora fije otro distinto.
  • La falta de emisión en plazo no determina que se entienda emitido con carácter positivo, salvo que se establezca lo contrario.
  • Puede expedirse en papel o por técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas; si lo solicita un órgano administrativo, se expide por vía telemática en el ámbito estatal.
  • Su contenido, autenticidad y validez se comprueban con el código seguro de verificación; es obligatorio cuando el destinatario es una Administración pública.
  • Disconformidad del obligado: 10 días desde el día siguiente a la recepción; si procede, nuevo certificado en 10 días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el plazo y la forma de expedir un certificado tributario, aclara que el silencio no es positivo, y regula el trámite de disconformidad del obligado con el contenido del certificado ya emitido.

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Artículo 74. Requisitos de la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.

1. Para la emisión del certificado regulado en este artículo, se entenderá que el obligado tributario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, cuando se trate de personas o entidades obligados a estar en dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no exentos dicho impuesto.

b) Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

c) Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta.

d) Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los tributos locales.

f) Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

g) No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

h) No tener pendientes de ingreso multas ni responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme.

i) Haber presentado las autoliquidaciones que, en su caso, correspondan por los impuestos especiales, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, el Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados, el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

2. Cuando se expida la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, se deberá indicar el carácter positivo o negativo de la certificación.

3. Las circunstancias indicadas en las letras b), c), d), e) y i) del apartado 1 se referirán a autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los 12 meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de la certificación.

4. Las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se certificarán por cada Administración tributaria respecto de las obligaciones para cuya exigencia sea competente.

Datos clave

  • Requiere alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y en el IAE, cuando proceda.
  • Haber presentado autoliquidaciones de IRPF, Impuesto sobre Sociedades o IRNR, pagos a cuenta e IVA.
  • Haber presentado declaraciones de tributos locales y de suministro de información de los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003.
  • No tener deudas o sanciones en período ejecutivo, salvo aplazadas, fraccionadas o suspendidas.
  • No tener pendientes multas ni responsabilidades civiles por delito contra la Hacienda pública con sentencia firme.
  • La certificación indicará su carácter positivo o negativo.
  • Las letras b), c), d), e) e i) se refieren a plazos vencidos en los 12 meses precedentes a los dos meses anteriores a la certificación.
  • Cada Administración certifica respecto de las obligaciones de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se está al corriente de las obligaciones tributarias cuando se está de alta en censo e IAE, se han presentado las declaraciones exigibles y no hay deudas en ejecutiva ni multas por delito fiscal pendientes.

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Artículo 75. Efectos de los certificados tributarios.

1. Los certificados tributarios tendrán carácter informativo y no se podrá interponer recurso alguno contra ellos, sin perjuicio de poder manifestar su disconformidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.4, y de los recursos que puedan interponerse contra los actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

Los certificados tributarios producirán los efectos que en ellos se hagan constar y los que se establezcan en la normativa que regule su exigencia.

2. Salvo que la normativa específica del certificado establezca otra cosa, los certificados tributarios tendrán validez durante 12 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante tres meses, cuando se refiera a obligaciones no periódicas.

3. Los certificados expedidos por medios telemáticos producirán idénticos efectos a los expedidos en papel. La firma manuscrita será sustituida por un código de verificación generado electrónicamente que permita contrastar su contenido, autenticidad y validez mediante el acceso por medios telemáticos a los archivos del órgano u organismo expedidor. Los mismos efectos surtirán las copias de los certificados cuando las comprobaciones anteriores puedan efectuarse mediante el código de verificación.

Datos clave

  • Los certificados tienen carácter informativo y no cabe recurso contra ellos.
  • Puede manifestarse disconformidad conforme al artículo 73.4.
  • Validez de 12 meses desde su expedición cuando se refieran a obligaciones periódicas.
  • Validez de tres meses cuando se refieran a obligaciones no periódicas.
  • Los certificados telemáticos producen idénticos efectos que los expedidos en papel.
  • La firma manuscrita se sustituye por un código de verificación generado electrónicamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los efectos de los certificados tributarios: carácter informativo sin recurso posible, plazo de validez según la obligación certificada, y equivalencia de los certificados telemáticos con los expedidos en papel.

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Artículo 77. Actuaciones de asistencia tributaria.

1. La asistencia tributaria consistirá en el conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras actuaciones, la asistencia tributaria podrá consistir en la confección de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como en la confección de un borrador de declaración.

2. Cuando la asistencia se materialice en la confección de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos a solicitud del obligado tributario, la actuación de la Administración tributaria consistirá en la trascripción de los datos aportados por el solicitante y en la realización de los cálculos correspondientes. Ultimado el modelo se entregará para su revisión y para la verificación de la correcta trascripción de los datos y su firma por el obligado, si este lo estima oportuno.

3. En los casos y en los términos que establezca la normativa de cada tributo, la asistencia también podrá prestarse mediante la confección por la Administración tributaria de un borrador de declaración a solicitud del obligado tributario.

A estos efectos, la Administración tributaria incorporará en el borrador los datos obrantes en su poder que sean necesarios para la declaración, con el importe y la calificación suministrada por el propio obligado o por un tercero que deba suministrar información con trascendencia tributaria.

4. Los datos, importes o calificaciones contenidos en las declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones de datos confeccionados por la Administración o en los borradores que hayan sido comunicados al obligado tributario no vincularán a la Administración en el ejercicio de las actuaciones de comprobación o investigación que puedan desarrollarse con posterioridad.

Datos clave

  • La asistencia es el conjunto de actuaciones para facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones.
  • Puede consistir en la confección de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y borradores de declaración.
  • En la confección a solicitud, la Administración transcribe los datos aportados y realiza los cálculos.
  • El modelo se entrega para revisión, verificación y firma por el obligado, si lo estima oportuno.
  • El borrador se confecciona a solicitud del obligado en los casos que establezca la normativa de cada tributo.
  • Los datos de declaraciones confeccionadas o borradores no vinculan a la Administración en comprobaciones posteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La asistencia tributaria incluye confeccionar declaraciones y borradores a solicitud del obligado; Hacienda transcribe y calcula, el obligado revisa y firma, y nada de ello vincula una comprobación posterior.

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Artículo 78. Programas informáticos y uso de medios telemáticos en la asistencia a los obligados tributarios.

1. La Administración tributaria podrá facilitar a los obligados tributarios programas informáticos de asistencia para la confección y presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. En el ámbito de competencias del Estado dichos programas se ajustarán a lo establecido en la Orden del Ministro de Economía y Hacienda por la que se apruebe el correspondiente modelo.

Asimismo, podrá facilitar otros programas de ayuda y asistencia, en el marco del deber y asistencia a los obligados tributarios, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2. La asistencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias se podrá ofrecer también por vía telemática. La Administración tributaria determinará para cada caso, en función de los medios disponibles y del estado de la tecnología aplicable, el alcance de esa asistencia y la forma y requisitos para su prestación, así como los supuestos en que dicha asistencia por vía telemática se preste de forma automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.

3. El uso de estos medios deberá procurar alcanzar al mayor número de obligados tributarios. Para ello, los programas de ayuda y los servicios ofrecidos por vía telemática, en su caso, se ofrecerán también por otros medios a quienes no tuvieran acceso a los previstos en este artículo siempre que sea posible de acuerdo con los medios técnicos disponibles.

Datos clave

  • La Administración podrá facilitar programas informáticos de asistencia para confeccionar y presentar declaraciones.
  • En el ámbito estatal, se ajustan a la Orden del Ministro de Economía y Hacienda que apruebe el modelo.
  • La asistencia puede ofrecerse por vía telemática, incluso de forma automatizada conforme al artículo 84.
  • Debe procurarse alcanzar al mayor número de obligados tributarios.
  • Se ofrecerán otros medios a quienes no tengan acceso, siempre que sea posible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede ofrecer programas de ayuda para confeccionar y presentar declaraciones y asistencia telemática, que debe llegar al mayor número posible de obligados, con otros medios para quien no tenga acceso.

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Artículo 79. Sujetos de la colaboración social en la aplicación de los tributos.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos mediante la celebración de acuerdos con:

a) Otras Administraciones públicas.

b) Entidades que tengan la condición de colaboradoras en la gestión recaudatoria.

c) Instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. A estos efectos, se entienden incluidas las organizaciones corporativas de las profesiones oficiales colegiadas.

En particular, tendrán especial consideración a efectos de la colaboración social los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.

d) Personas o entidades que realicen actividades económicas, en relación con la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones de datos y otros documentos tributarios correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio de sus trabajadores y, en su caso, de la correspondiente unidad familiar a que se refiere el artículo 82.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y respecto de la prestación de servicios y asistencia a dichos trabajadores.

e) Personas o entidades que realicen actividades económicas, cuando su localización geográfica o red comercial pueda ayudar a la consecución de los fines de la Administración tributaria.

f) Otras personas o entidades que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

2. Los acuerdos de colaboración social firmados con las instituciones y organizaciones previstos en el apartado 1.c) anterior podrán extender sus efectos a las personas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros de aquellas. Para ello, las personas o entidades interesadas deberán suscribir un documento individualizado de adhesión al acuerdo, donde se recoja expresamente la aceptación del contenido íntegro de este.

No obstante, la suscripción de acuerdos de colaboración por las organizaciones corporativas de notarios y registradores vinculará a todos los profesionales colegiados sin que sea precisa la adhesión individualizada a dichos acuerdos. El acuerdo suscrito con la organización corporativa recogerá esta circunstancia.

3. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las entidades, instituciones y organizaciones que hayan suscrito un acuerdo de colaboración supondrá la resolución del citado acuerdo, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado.

El incumplimiento por parte de una persona o entidad de las obligaciones asumidas en el documento individualizado de adhesión al que se refiere el apartado 2 anterior supondrá su exclusión del acuerdo con el procedimiento y garantías previstos en el párrafo anterior, y quedará sin efecto la autorización individual.

4. La Administración tributaria establecerá los requisitos y condiciones para suscribir los acuerdos de colaboración social a que se refiere el artículo 92.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En el ámbito de competencias del Estado, se establecerán mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.

Datos clave

  • La colaboración social se hace efectiva mediante acuerdos con otras Administraciones públicas, entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria, instituciones y organizaciones representativas, personas o entidades con actividades económicas y otras que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
  • Tienen especial consideración los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.
  • Los acuerdos con instituciones y organizaciones pueden extenderse a colegiados, asociados o miembros mediante un documento individualizado de adhesión.
  • La suscripción por las organizaciones corporativas de notarios y registradores vincula a todos los profesionales colegiados sin adhesión individualizada.
  • El incumplimiento de las entidades supone la resolución del acuerdo, previa instrucción de expediente con audiencia del interesado; el de una persona adherida supone su exclusión del acuerdo.
  • En el ámbito del Estado, los requisitos y condiciones se establecen mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria puede firmar acuerdos de colaboración social con seis tipos de sujetos; los firmados con colegios y asociaciones se extienden a sus miembros por adhesión individual, salvo notarios y registradores.

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Artículo 80. Objeto de la colaboración social en la aplicación de los tributos.

El Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer otros aspectos a los que pueda referirse la colaboración social en la aplicación de los tributos, distintos de los previstos en el artículo 92.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • El Ministro de Economía y Hacienda puede establecer otros aspectos a los que se refiera la colaboración social, distintos de los previstos en el artículo 92.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministro de Economía y Hacienda puede añadir aspectos de colaboración social en la aplicación de los tributos distintos de los del artículo 92.3 de la Ley General Tributaria.

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Artículo 81. Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la colaboración social.

1. Cuando se posibilite la realización de las actuaciones de colaboración social mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, será de aplicación lo previsto en los artículos 82 a 86 de este reglamento, ambos inclusive.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 92.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria podrá establecer los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Economía y Hacienda establecerá mediante orden ministerial los requisitos y condiciones para la presentación y remisión de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el marco de los acuerdos de colaboración social.

Datos clave

  • Cuando la colaboración social se realice por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, se aplican los artículos 82 a 86 del reglamento, ambos inclusive.
  • Según el artículo 92.4 de la Ley 58/2003, la Administración tributaria puede establecer los requisitos y condiciones para la colaboración por medios electrónicos.
  • En el ámbito del Estado, los establece el Ministro de Economía y Hacienda mediante orden ministerial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La colaboración social por medios electrónicos se rige por los artículos 82 a 86; la Administración fija requisitos y, en el Estado, el Ministro los regula por orden ministerial.

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Artículo 87. Iniciación de oficio.

1. La iniciación de oficio de las actuaciones y procedimientos requerirá acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.

2. La iniciación del procedimiento se realizará mediante comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario o mediante personación.

Cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.

3. La comunicación de inicio contendrá, cuando proceda, además de lo previsto en el artículo 97.1 de este reglamento, lo siguiente:

a) Procedimiento que se inicia.

b) Objeto del procedimiento con indicación expresa de las obligaciones tributarias o elementos de las mismas y, en su caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal.

c) Requerimiento que, en su caso, se formula al obligado tributario y plazo que se concede para su contestación o cumplimiento.

d) Efecto interruptivo del plazo legal de prescripción.

e) En su caso, la propuesta de resolución o de liquidación cuando la Administración cuente con la información necesaria para ello.

f) En su caso, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica.

4. Salvo en los supuestos de iniciación mediante personación, se concederá al obligado tributario un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para que comparezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente, o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas.

5. Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.

Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tributarias que puedan corresponder. En este caso, no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso.

Datos clave

  • La iniciación de oficio requiere acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.
  • El procedimiento se inicia mediante comunicación notificada al obligado tributario o mediante personación.
  • Cuando así estuviese previsto, puede iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.
  • Salvo iniciación mediante personación, se concede un plazo no inferior a 10 días, desde el día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para comparecer, aportar documentación o alegar.
  • Las declaraciones o autoliquidaciones presentadas una vez iniciado el procedimiento no inician un procedimiento de devolución ni producen los efectos de los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003.
  • Los ingresos posteriores al inicio tienen carácter de ingresos a cuenta y no devengan intereses de demora desde el día siguiente al del ingreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente y se notifica al obligado mediante comunicación (o personación); si paga o declara tras el inicio, eso no abre un procedimiento de devolución sino que cuenta como ingreso a cuenta.

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Artículo 88. Iniciación a instancia del obligado tributario.

1. La iniciación de un procedimiento a instancia del obligado tributario podrá realizarse mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa aplicable, que podrán ser presentados en papel o por medios electrónicos, informáticos y telemáticos cuando las disponibilidades técnicas de la Administración lo permitan.

2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.

c) Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

d) Órgano al que se dirige.

3. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

4. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones.

5. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios, cuando hayan sido previamente aprobados, los modelos normalizados de autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria, preferentemente por medios telemáticos, así como en las oficinas correspondientes para facilitar a los obligados la aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento.

6. Cuando los documentos a que se refiere el apartado 1 se presenten en papel, el obligado tributario podrá obtener copia sellada siempre que la aporte junto a los originales. En dicha copia se hará constar el lugar, fecha y hora de presentación.

7. Cuando el interesado efectúe la presentación de los documentos a que se refieren los apartados anteriores mediante soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, se deberán consignar aquellos datos exigidos por la Administración tributaria para la iniciación del procedimiento.

En estos casos, el recibí se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación utilizados.

Cuando se aporte documentación anexa a la presentada por medios informáticos, electrónicos o telemáticos y el sistema no permita la aportación directa, el obligado deberá presentarla en cualquiera de los registros administrativos previstos en la normativa aplicable en el plazo de 10 días, contados desde el de la presentación, sin necesidad de previo requerimiento administrativo al efecto, salvo que la normativa específica establezca un lugar o plazo distinto. En dicha documentación se identificará debidamente la solicitud o comunicación presentada por medios o técnicas electrónicos, informáticos o telemáticos.

Datos clave

  • La iniciación a instancia del obligado puede hacerse mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa.
  • La solicitud contiene al menos: identificación y NIF del obligado y, en su caso, del representante; hechos, razones y petición; lugar, fecha y firma; y órgano al que se dirige.
  • Si se actúa por medio de representante, debe aportarse la documentación acreditativa de la representación.
  • La solicitud puede incluir un domicilio a efectos de notificaciones.
  • En papel puede obtenerse copia sellada aportándola junto a los originales, con constancia del lugar, fecha y hora de presentación.
  • La documentación anexa que el sistema telemático no admita se presenta en un registro administrativo en el plazo de 10 días desde la presentación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento a instancia del obligado se inicia por autoliquidación, declaración, comunicación o solicitud; la solicitud tiene un contenido mínimo y la documentación anexa no admitida telemáticamente se presenta en 10 días.

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Artículo 89. Subsanación.

1. Si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.

2. Todas las recepciones por medios y técnicas electrónicos, informáticos y telemáticos serán provisionales a resultas de su procesamiento. Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas por la normativa aplicable, se requerirá al declarante para que en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el requerimiento, de persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por desistido de su petición o por no cumplida la obligación correspondiente y se procederá al archivo sin más trámite.

3. Cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hayan sido atendidos en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo.

Datos clave

  • Si el documento de iniciación no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que subsane en 10 días, contados desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento.
  • Si no subsana, se le tiene por desistido y se procede al archivo sin más trámite.
  • Todas las recepciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos son provisionales a resultas de su procesamiento.
  • Los defectos de diseño o especificaciones de las recepciones electrónicas también se subsanan en el plazo de 10 días.
  • Si el requerimiento se atiende en plazo pero no se entienden subsanados los defectos, debe notificarse el archivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la solicitud tiene defectos, se requiere subsanar en 10 días bajo apercibimiento de desistimiento y archivo; las recepciones telemáticas son provisionales y si se atiende en plazo sin subsanar, se notifica el archivo.

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Artículo 90. Lugar y horario de las actuaciones de aplicación de los tributos.

1. Las actuaciones que se desarrollen en las oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.

2. Si las actuaciones se desarrollan en los locales del obligado tributario, se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en ellos. Cuando medie el consentimiento del obligado tributario, las actuaciones podrán realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la actividad.

3. Cuando se disponga de autorización judicial para la entrada en el domicilio del obligado tributario constitucionalmente protegido, las actuaciones se ajustarán a lo que disponga la autorización en relación con la jornada y el horario para realizarlas.

4. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad reducida, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se desarrollarán en el lugar que resulte más apropiado de entre los previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Datos clave

  • En las oficinas públicas, las actuaciones se realizan dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.
  • En los locales del obligado tributario se respeta la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en ellos.
  • Con el consentimiento del obligado, las actuaciones pueden realizarse fuera de la jornada laboral.
  • Con autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido, se está a la jornada y horario que disponga la autorización.
  • Si el obligado es persona con discapacidad o con movilidad reducida, se actúa en el lugar más apropiado entre las oficinas públicas y sus locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En oficinas, actuaciones en horario de apertura y dentro de la jornada; en locales del obligado, en su jornada salvo consentimiento; con autorización judicial, según ésta; y para personas con discapacidad, en el lugar más apropiado.

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Artículo 91. Ampliación y aplazamiento de los plazos de tramitación.

1. El órgano a quien corresponda la tramitación del procedimiento podrá conceder, a petición de los obligados tributarios, una ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos.

2. No se concederá más de una ampliación del plazo respectivo.

3. Para que la ampliación pueda otorgarse serán necesarios los siguientes requisitos:

a) Que se solicite con anterioridad a los tres días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar.

b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.

c) Que no se perjudiquen derechos de terceros.

4. La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presentación en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de la finalización del plazo que se pretenda ampliar.

La notificación expresa de la concesión de la ampliación antes de la finalización del plazo inicialmente fijado podrá establecer un plazo de ampliación distinto e inferior al previsto en el párrafo anterior.

5. Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.

En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.

6. El acuerdo de concesión o la denegación de la ampliación o del aplazamiento no serán susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa.

Datos clave

  • El órgano de tramitación puede conceder, a petición del obligado, una ampliación que no exceda de la mitad de los plazos.
  • No se concede más de una ampliación del plazo respectivo.
  • Requisitos: solicitud antes de los tres días previos al fin del plazo, justificación de las circunstancias y que no se perjudiquen derechos de terceros.
  • La ampliación se entiende automáticamente concedida por la mitad del plazo con la presentación en plazo de la solicitud, salvo denegación expresa notificada antes de que finalice.
  • El aplazamiento de la comparecencia se solicita dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento.
  • La concesión o denegación de la ampliación o del aplazamiento no es susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ampliación de plazos de trámites hasta la mitad, una sola vez, pedida antes de los tres días previos al vencimiento; se entiende concedida al presentarla; aplazamiento de comparecencias; sin recurso.

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Artículo 92. Aportación de documentación y ratificación de datos de terceros.

El artículo 92 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Aportación de documentación y ratificación de datos de terceros», dispone lo siguiente.

1. Cuando se realicen requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado tributario que esté siendo objeto del procedimiento de aplicación de los tributos, de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa reguladora del procedimiento, dichos requerimientos no podrán ser impugnados mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente, sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acto administrativo dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento.

2. Cuando en un procedimiento de aplicación de los tributos el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Administración tributaria mediante comunicación o diligencia.

Datos clave

  • Los requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado no pueden impugnarse mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente.
  • Sí pueden recurrirse los actos dictados como consecuencia del procedimiento.
  • La inexactitud o falsedad de datos suministrados por terceros conforme a los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003 se alega en el plazo de 15 días.
  • Los 15 días se cuentan desde el día siguiente a aquel en que los datos se ponen de manifiesto mediante comunicación o diligencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los requerimientos al obligado dentro de su propio procedimiento no se recurren por separado; y si discute los datos que de él dieron terceros, tiene 15 días desde que se los muestran.

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Artículo 93. Conocimiento por los obligados tributarios del estado de tramitación de los procedimientos.

1. Los obligados tributarios que estén siendo objeto de un procedimiento podrán solicitar en cualquier momento información del estado en que se encuentra la tramitación de dicho procedimiento.

2. La información deberá solicitarse de forma que quede constancia del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad que la solicita, así como la firma del obligado tributario o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier otro medio.

La información se facilitará preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado e indicará la fase en que se encuentra el procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.

Datos clave

  • Los obligados que estén siendo objeto de un procedimiento pueden solicitar en cualquier momento información sobre el estado de su tramitación.
  • La solicitud deja constancia de nombre y apellidos o razón social, NIF y firma o acreditación de la voluntad del obligado.
  • La información se facilita preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado.
  • Indica la fase del procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien está en un procedimiento puede pedir en cualquier momento su estado, identificándose y firmando; se le informa, preferentemente por el mismo medio, de la fase, el último trámite y su fecha.

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Artículo 94. Acceso a archivos y registros administrativos.

1. Los obligados tributarios que hayan sido parte en el procedimiento podrán acceder a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido en los términos y con las condiciones establecidos en el artículo 99.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. El órgano que tramitó el expediente resolverá sobre la petición de acceso en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, esta podrá entenderse desestimada.

Si la resolución fuera estimatoria se dejará constancia en el expediente de dicho acceso.

3. El derecho de acceso llevará consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen sea autorizado en los términos previstos en el artículo siguiente.

4. Cuando los documentos que formen el expediente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, se facilitará el acceso al interesado por dichos medios siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan, de acuerdo con las especificaciones y garantías que se determinen y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Datos clave

  • Pueden acceder quienes hayan sido parte en el procedimiento, respecto de expedientes concluidos, en los términos del artículo 99.5 de la Ley 58/2003.
  • El órgano que tramitó el expediente resuelve la petición de acceso en el plazo máximo de un mes.
  • Sin respuesta expresa en ese plazo, la petición puede entenderse desestimada.
  • El derecho de acceso lleva consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen se autorice.
  • Si los documentos están almacenados por medios electrónicos, el acceso se facilita por esos medios cuando las disponibilidades técnicas lo permitan.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien fue parte en un procedimiento ya concluido puede acceder a sus registros y documentos; la Administración debe resolver en un mes y, si no contesta, se entiende denegado.

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Artículo 95. Obtención de copias.

1. El obligado tributario podrá obtener a su costa, previa solicitud, copia de los documentos que figuren en el expediente, en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, durante la puesta de manifiesto del expediente, cuando se realice el acceso a archivos y registros administrativos de expedientes concluidos o en cualquier momento en el procedimiento de apremio. Se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al obligado tributario.

2. El órgano competente entregará las copias en sus oficinas y recogerá en diligencia la relación de los documentos cuya copia se entrega, el número de folios y la recepción por el obligado tributario.

3. Cuando conste la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 99.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se denegará la obtención de copias mediante resolución motivada.

4. En aquellos casos en los que los documentos que consten en el archivo o expediente correspondiente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las copias se facilitarán preferentemente por dichos medios o en los soportes adecuados a tales medios, siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan.

Datos clave

  • El obligado obtiene copias a su costa, previa solicitud, en los términos del artículo 99 de la Ley 58/2003.
  • Pueden pedirse durante la puesta de manifiesto del expediente, en el acceso a expedientes concluidos o en cualquier momento del procedimiento de apremio.
  • Las copias se entregan en las oficinas y la diligencia recoge la relación de documentos, el número de folios y la recepción.
  • Si concurren las circunstancias del artículo 99.4 de la Ley 58/2003, se deniegan mediante resolución motivada.
  • Si los documentos están en soporte electrónico, las copias se facilitan preferentemente por esos medios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El obligado puede obtener a su costa copia de los documentos del expediente en la puesta de manifiesto, en expedientes concluidos o en cualquier momento del apremio; se entregan en oficina con diligencia y pueden denegarse motivadamente.

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Artículo 96. Trámites de audiencia y de alegaciones.

1. Durante el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones realizadas, todos los elementos de prueba que obren en poder de la Administración y los informes emitidos por otros órganos. Asimismo, se incorporarán las alegaciones y los documentos que los obligados tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución o de liquidación.

En dicho trámite, el obligado tributario podrá obtener copia de los documentos del expediente, aportar nuevos documentos y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime oportunas.

En los procedimientos en los que se prescinda del trámite de audiencia por estar previsto un trámite de alegaciones posterior a la propuesta de resolución o de liquidación, la Administración tributaria notificará al obligado dicha propuesta para que efectúe las alegaciones que considere oportunas y en dicho trámite será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores.

2. Si antes del vencimiento del plazo de audiencia o, en su caso, de alegaciones, el obligado tributario manifestase su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se dejará constancia en el expediente de dicha circunstancia.

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia o, en su caso, del plazo para formular alegaciones, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las presentadas por el interesado.

Cuando de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior se prescinda del plazo para formular alegaciones, se prescindirá, asimismo, de la notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación.

4. Una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones no se podrá incorporar al expediente más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho trámite, siempre que se aporten antes de dictar la resolución.

5. Concluido el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano competente para resolver, previa valoración de las alegaciones que, en su caso, se hayan efectuado, la propuesta de resolución o de liquidación.

Datos clave

  • En la audiencia se pone de manifiesto el expediente: actuaciones realizadas, elementos de prueba e informes de otros órganos.
  • El obligado puede obtener copia de los documentos, aportar nuevos documentos y justificantes y formular alegaciones.
  • Si antes del vencimiento manifiesta que no alegará, se tiene por realizado el trámite y se deja constancia en el expediente.
  • Puede prescindirse de la audiencia o de las alegaciones si solo constan los hechos, alegaciones y pruebas presentados por el interesado.
  • Tras el trámite no se incorpora más documentación, salvo imposibilidad demostrada de aportarla antes y siempre antes de dictar resolución.
  • Concluido el trámite, el órgano de tramitación eleva la propuesta al órgano competente para resolver.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la audiencia o alegaciones el obligado ve el expediente completo, obtiene copias, aporta documentos y alega; puede renunciar; se omite si solo hay hechos suyos; después no cabe más documentación salvo imposibilidad.

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Artículo 97. Comunicaciones.

1. Las comunicaciones a las que se refiere en el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contendrán mención expresa, al menos, de los siguientes datos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad a la que se dirige.

c) Lugar al que se dirige.

d) Hechos o circunstancias que se comunican o contenido del requerimiento que se realiza mediante la comunicación.

e) Órgano que la expide y nombre y apellidos y firma de la persona que la emite.

2. Cuando la comunicación sirva para notificar al obligado tributario el inicio de una actuación o procedimiento, el contenido incluirá además el previsto en el artículo 87.3 de este reglamento.

3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y se incorporarán al expediente.

Datos clave

  • Las comunicaciones del artículo 99.7 de la Ley 58/2003 mencionan el lugar y la fecha de su expedición.
  • Identifican, con su NIF, a la persona o entidad a la que se dirigen y el lugar al que se dirigen.
  • Recogen los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento.
  • Constan el órgano que la expide y el nombre, apellidos y firma de la persona que la emite.
  • Si notifican el inicio de una actuación o procedimiento, incluyen además el contenido del artículo 87.3 del reglamento.
  • Se notifican al obligado y se incorporan al expediente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo de las comunicaciones del art. 99.7 LGT: cinco datos obligatorios, más el contenido del art. 87.3 si inician un procedimiento; se notifican y se incorporan al expediente.

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Artículo 98. Diligencias.

El artículo 98 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Diligencias», dispone lo siguiente.

1. En las diligencias a las que se refiere en el 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se harán constar necesariamente los siguientes extremos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos y firma de la persona al servicio de la Administración tributaria interviniente.

c) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y firma de la persona con la que, en su caso, se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con el que interviene.

d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario al que se refieren las actuaciones.

e) Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.

f) Hechos y circunstancias que se hagan constar.

g) Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y circunstancias que se hacen constar.

2. En las diligencias podrán hacerse constar, entre otros, los siguientes contenidos:

a) La iniciación de la actuación o procedimiento y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios.

b) Los resultados de las actuaciones de obtención de información.

c) La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento y la descripción de estas.

d) Los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones.

e) La representación otorgada mediante declaración en comparencia personal del obligado tributario ante el órgano administrativo competente.

3. En las diligencias podrán hacerse constar los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro procedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado y, entre otros:

a) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias.

b) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.

c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quienes puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de la sanción tributaria, así como las circunstancias y antecedentes que pudieran ser determinantes de la responsabilidad.

d) Los hechos determinantes de la iniciación de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

e) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.

f) Los hechos que pudieran ser trascendentes para otros órganos de la misma o de otra Administración.

g) El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades dependientes integradas en un grupo que tributen en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Datos clave

  • Las diligencias del artículo 99.7 de la Ley 58/2003 hacen constar el lugar y la fecha de expedición y el nombre, apellidos y firma del personal interviniente.
  • Constan identificación, NIF y firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene.
  • Recogen el procedimiento, los hechos y las alegaciones del obligado, incluida su conformidad o no con los hechos.
  • Pueden reflejar el inicio de actuaciones, los resultados de la obtención de información, las medidas cautelares y los hechos resultantes de la comprobación.
  • Pueden recoger acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias o de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.
  • También posibles responsables solidarios o subsidiarios y hechos determinantes de la comprobación del domicilio fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las diligencias recogen siempre siete extremos obligatorios y pueden dejar constancia de actuaciones, resultados y hechos que justifiquen otro procedimiento, como infracciones, delitos o responsables.

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Artículo 99. Tramitación de las diligencias.

El artículo 99 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Tramitación de las diligencias», dispone lo siguiente.

1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo establecido por la correspondiente Administración tributaria. Las diligencias podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.

2. Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio de la Administración tributaria que practique las actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan estas, a las que se les entregará un ejemplar. En el caso de diligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.

Cuando la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar la diligencia o no pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin perjuicio de la entrega del ejemplar correspondiente. Si se negase a recibir la diligencia o los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados, se hará constar así en ella, y, en su caso, se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No obstante, cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones.

3. Las diligencias se incorporarán al respectivo expediente.

4. Cuando las diligencias recojan hechos o circunstancias que puedan tener incidencia en otro procedimiento de aplicación de los tributos o sancionador iniciados o que se puedan iniciar se remitirá copia al órgano competente que en cada caso corresponda.

Datos clave

  • Las diligencias pueden extenderse sin modelo preestablecido, aunque se usa el de la Administración cuando fuera posible.
  • Pueden suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
  • Las firman el personal actuante y la persona con quien se entiendan las actuaciones, que recibe un ejemplar.
  • La negativa a firmar se hace constar; la negativa a recibir puede considerarse rechazo a efectos del artículo 111 de la Ley 58/2003.
  • Se incorporan al expediente y, si afectan a otro procedimiento, se remite copia al órgano competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las diligencias no necesitan modelo fijo, se firman a mano o electrónicamente por el actuante y por quien atiende la actuación, que recibe un ejemplar; se incorporan al expediente y se copian a otros órganos si interesan.

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Artículo 100. Informes.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los órganos de la Administración tributaria emitirán los informes que sean preceptivos, los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos y los que les sean solicitados, siempre que en este último caso se fundamente la conveniencia de solicitarlos.

2. En particular, los órganos de aplicación de los tributos deberán emitir informe en los siguientes supuestos:

a) Cuando se complementen las diligencias que recojan hechos o conductas que pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias y no corresponda al mismo órgano la tramitación del procedimiento sancionador.

b) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda pública y se remita el expediente al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal.

Datos clave

  • Los órganos emiten los informes preceptivos, los necesarios para aplicar los tributos y los solicitados de forma fundamentada.
  • Es obligatorio el informe que complementa diligencias sobre posibles infracciones cuando otro órgano tramita el procedimiento sancionador.
  • Es obligatorio el informe cuando hay indicios de delito contra la Hacienda pública y se remite el expediente al órgano judicial o al Ministerio Fiscal.
  • La base legal es el artículo 99.7 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos tributarios emiten los informes preceptivos, los necesarios y los solicitados si se fundamenta su conveniencia; y deben informar al pasar infracciones a otro órgano o al remitir indicios de delito.

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Artículo 101. Resolución.

1. Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el órgano competente dictará resolución, que será motivada en los supuestos que disponga la normativa aplicable, y decidirá todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento y aquellas otras que se deriven de él.

2. La resolución deberá contener mención expresa del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario, de la fecha, de la identificación del órgano que dicta la resolución, del derecho u obligación tributaria objeto del procedimiento y, en su caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.

3. Cuando la resolución contenga una liquidación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e incluirá, cuando proceda, los intereses de demora correspondientes.

4. El incumplimiento de los plazos máximos de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa específica o, en su defecto, los previstos en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa cuando proceda.

En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo.

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

5. Los efectos del silencio administrativo se entenderán sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la comprobación o investigación de la situación tributaria de los obligados tributarios, con relación a la concurrencia de las condiciones y requisitos de beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Cuando un procedimiento de aplicación de los tributos finalice como consecuencia del inicio de otro procedimiento, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento, será suficiente haber realizado un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento.

Si se hubiese iniciado un procedimiento sancionador como consecuencia de un procedimiento de aplicación de los tributos y este último finalizase como consecuencia del inicio de otro procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador terminará mediante resolución expresa en la que se declarará dicha circunstancia, sin perjuicio de que posteriormente se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador derivado del procedimiento de aplicación de los tributos iniciado con posterioridad.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o de un procedimiento sancionador que hubiesen terminado de la forma prevista en este apartado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dichos procedimientos conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en los procedimientos de aplicación de los tributos o sancionadores que puedan iniciarse con posterioridad, siempre que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento.

Datos clave

  • Concluida la tramitación, el órgano competente dicta resolución, motivada en los supuestos que disponga la normativa.
  • Contiene identificación y NIF del obligado, fecha, órgano que resuelve, derecho u obligación objeto y, en su caso, hechos y fundamentos de derecho.
  • Si contiene una liquidación se aplica el artículo 102 de la Ley 58/2003 e incluye los intereses de demora que procedan.
  • En la estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria.
  • En la desestimación por silencio, la resolución expresa posterior no se vincula al sentido del silencio.
  • Si un procedimiento termina por el inicio de otro, basta un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La resolución cierra el procedimiento, se motiva cuando la norma lo exija y contiene los datos del obligado, la fecha, el órgano y el objeto; si se incumple el plazo máximo, se aplican los efectos del silencio.

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Artículo 102. Cómputo de los plazos máximos de resolución.

El artículo 102 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Cómputo de los plazos máximos de resolución», dispone lo siguiente.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá por registro del órgano competente para la tramitación del procedimiento, el registro del órgano que resulte competente para iniciar la tramitación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento o en la normativa específica del procedimiento.

2. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento.

3. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, períodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables a la Administración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.

Los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento de inspección, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.

4. Los períodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no imputable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento inspector deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.

5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración se contarán por días naturales, y respecto del procedimiento inspector se estará a lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 184 de este reglamento.

6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de este Reglamento, a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de este Reglamento y en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación de las fechas de inicio y fin de cada periodo, siempre que lo solicite expresamente

7. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no impedirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación pudieran desarrollarse.

Datos clave

  • El registro del órgano competente es el del órgano que resulte competente para iniciar según el artículo 59 del reglamento o la normativa específica.
  • Las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración no se incluyen en el cómputo del plazo de resolución.
  • Esos períodos se cuentan por días naturales.
  • Deben documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.
  • El obligado puede conocer, si lo solicita expresamente, el estado del cómputo con las fechas de inicio y fin de cada periodo.
  • No impiden la práctica de las actuaciones que puedan desarrollarse durante esa situación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración no cuentan en el plazo máximo de resolución; se computan por días naturales, se documentan y no paralizan las actuaciones.

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Artículo 103. Períodos de interrupción justificada.

El artículo 103 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Períodos de interrupción justificada», dispone lo siguiente.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán períodos de interrupción justificada los originados en los siguientes supuestos:

a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 12 meses.

b) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes o valoraciones a otro Estado o entidad internacional o supranacional como consecuencia de la información previamente recibida de los mismos en el marco de la asistencia mutua, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición a la autoridad competente del otro Estado o entidad hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones, de 12 meses. Este plazo de interrupción es independiente del regulado en el párrafo a) anterior.

c) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente para continuar el procedimiento.

d) Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano competente para continuar el procedimiento. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales previstas en los artículos 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por el tiempo que transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta la resolución dictada por la respectiva Junta Arbitral.

Datos clave

  • Peticiones de datos o informes a otros órganos o Administraciones: la interrupción no puede exceder de seis meses.
  • Si las solicitudes se formulan a otros Estados, el límite es de 12 meses.
  • Peticiones a otro Estado o entidad internacional derivadas de información recibida en asistencia mutua: máximo 12 meses, independiente del anterior.
  • Remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente por indicios de delito contra la Hacienda Pública.
  • Dependencia de actuaciones judiciales penales y fuerza mayor, con posibles liquidaciones provisionales del artículo 101.4 de la Ley 58/2003.
  • Conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales, hasta su resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis causas interrumpen justificadamente el plazo: pedir informes a otros órganos (hasta seis meses, o 12 si es a otro Estado), peticiones por asistencia mutua (12 meses), delito fiscal, proceso penal, fuerza mayor y Juntas Arbitrales.

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Artículo 104. Dilaciones por causa no imputable a la Administración.

El artículo 104 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Dilaciones por causa no imputable a la Administración», dispone lo siguiente.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, entre otras, las siguientes:

a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración tributaria. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria que no figuren íntegramente cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos de este cómputo hasta que se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al obligado tributario, salvo que la normativa específica establezca otra cosa.

b) La aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, de alegaciones. La dilación se computará desde el día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se aplicará lo dispuesto en el párrafo a) anterior.

c) La concesión por la Administración de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.

d) La paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado tributario por la falta de cumplimentación de algún trámite indispensable para dictar resolución, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se considere incumplido el trámite hasta su cumplimentación por el obligado tributario, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda declararse la caducidad, previa advertencia al interesado.

e) El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya producido

f) La presentación por el obligado tributario de declaraciones reguladas en el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de comunicaciones de datos o de solicitudes de devolución complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad. La dilación se computará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución o desde el día siguiente al de la presentación en los supuestos de presentación fuera de plazo hasta la presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.

g) La falta de presentación en plazo de la declaración informativa con el contenido de los libros registro regulada en el artículo 36 de este Reglamento. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación.

h) El retraso en la notificación derivado de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en supuestos en que los actos a notificar se refieran a procedimientos de aplicación de los tributos ya iniciados. A tal efecto, deberá quedar acreditado que la notificación pudo ponerse a disposición del obligado tributario en la fecha por él seleccionada conforme a lo dispuesto en la citada disposición adicional tercera.

i) El incumplimiento de la obligación de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación o registro.

Datos clave

  • Retrasos del obligado en comparecencias o requerimientos: desde el día siguiente a la fecha fijada o al fin del plazo hasta el íntegro cumplimiento.
  • Aportación de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o de alegaciones.
  • Concesión de la ampliación de cualquier plazo o del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado.
  • Paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado por falta de un trámite indispensable.
  • Retraso en la notificación de las propuestas desde el día siguiente al intento de notificación.
  • Declaraciones complementarias o sustitutivas, falta de la declaración informativa de libros registro del artículo 36 e incumplimiento de la llevanza de libros del IVA en la Sede electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son dilaciones no imputables a la Administración, entre otras, los retrasos del obligado al atender requerimientos, aportar pruebas tarde, las prórrogas concedidas, la paralización por su culpa y los retrasos en notificar.

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Artículo 114. Notificación.

El artículo 114 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Notificación», dispone lo siguiente.

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de notificación.

Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el destinatario está ausente o de que consta como desconocido en su domicilio fiscal o en el lugar designado al efecto para realizar la notificación.

Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole en la diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la dependencia al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de llegada se dejará a efectos exclusivamente informativos.

2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, el envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío en la oficina.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente en el correspondiente procedimiento.

3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del obligado tributario que consten con tal condición en el expediente.

4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre asistencia mutua, podrá solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.

Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo anterior deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad competente española de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán por válidamente efectuadas.

Datos clave

  • Si no es posible notificar por causas no imputables a la Administración, se hacen constar en el expediente las circunstancias del intento.
  • Tras dos intentos sin éxito se deja aviso de llegada en el casillero domiciliario, a efectos exclusivamente informativos.
  • En apartados postales, la notificación se entiende practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío.
  • En procedimientos a instancia, el apartado postal exige que el interesado lo haya señalado como preferente.
  • El fallecimiento o extinción conocidos al notificar la resolución final cuentan como intento válido a efectos del plazo máximo.
  • Por asistencia mutua puede pedirse a la autoridad de otro Estado la práctica de notificaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué hacer cuando la notificación falla: dejar constancia del intento, aviso de llegada tras dos intentos, reglas para apartados postales, fallecimiento del destinatario y notificaciones en otro Estado.

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Artículo 115. Notificación por comparecencia.

1. En el supuesto previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma del compareciente.

2. En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan pero rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se documentará esta circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.

Datos clave

  • La comparecencia debe producirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio.
  • Se practica la notificación y se deja constancia en diligencia con la firma del compareciente.
  • Si comparece y rehúsa recibir la documentación, se documenta el rechazo y se entiende practicada según el artículo 111.2 de la Ley 58/2003.
  • Se incorpora al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué pasa cuando el obligado acude a recoger una notificación tras el anuncio de comparecencia: si viene en 15 días naturales se le notifica con diligencia; si rehúsa, se entiende practicada.

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Artículo 115 bis. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

El artículo 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos», dispone lo siguiente.

1. El régimen para la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.

2. En el ámbito de competencias del Estado, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se podrán regular las especialidades en la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

Datos clave

  • Las notificaciones electrónicas siguen las normas administrativas generales.
  • Se aplican las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.
  • En el ámbito estatal, las especialidades pueden regularse por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones electrónicas tributarias siguen las normas administrativas generales con las especialidades legales y reglamentarias; en el Estado, una orden ministerial puede regularlas.

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