Especialidades de los procedimientos administrativos en materia tributaria: iniciación, desarrollo y terminación de las actuaciones y procedimientos tributarios. La prueba. La notificación. Actuaciones mediante personación en el domicilio o locales del contribuyente. La potestad sancionadora tributaria: Principios generales del derecho sancionador tributario. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias.
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Artículo 83. Ámbito de la aplicación de los tributos.
1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco de la asistencia mutua.
2. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la Administración tributaria.
3. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en este título.
4. Corresponde a cada Administración tributaria determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la aplicación de los tributos.
Datos clave
- La aplicación de los tributos comprende la información y asistencia, la gestión, la inspección y la recaudación, así como las actuaciones de los obligados.
- También es aplicación de los tributos lo que se realice en el marco de la asistencia mutua.
- Las funciones de aplicación se ejercen de forma separada a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
- Se desarrolla a través de los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en el título.
- Cada Administración tributaria determina su estructura administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La aplicación de los tributos abarca información y asistencia, gestión, inspección y recaudación, más las actuaciones de los obligados; va separada de la resolución de reclamaciones económico-administrativas.
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Artículo 84. Competencia territorial en la aplicación de los tributos.
La competencia en el orden territorial se atribuirá al órgano que se determine por la Administración tributaria, en desarrollo de sus facultades de organización, mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente.
En defecto de disposición expresa, la competencia se atribuirá al órgano funcional inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario.
Datos clave
- La competencia territorial se atribuye al órgano que determine la Administración tributaria en desarrollo de sus facultades de organización.
- La disposición debe publicarse en el boletín oficial correspondiente.
- En defecto de disposición expresa: órgano funcional inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La competencia territorial la fija la Administración tributaria mediante disposición publicada; a falta de ella, corresponde al órgano funcional inferior del domicilio fiscal del obligado.
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Artículo 85. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios
1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:
a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
c) Contestaciones a consultas escritas.
d) Actuaciones previas de valoración.
e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.
Datos clave
- La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
- La enumeración de actuaciones es abierta («entre otras»).
- Publicación de textos actualizados de las normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
- Comunicaciones y actuaciones de información de los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
- Contestaciones a consultas escritas y actuaciones previas de valoración.
- Asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración debe informar y asistir a los obligados sobre sus derechos y obligaciones, entre otras vías mediante publicaciones, comunicaciones, consultas escritas, valoraciones previas y ayuda con declaraciones.
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Artículo 86. Publicaciones.
1. El Ministerio de Hacienda difundirá por cualquier medio, durante el primer trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año.
2. El Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión.
3. La Administración tributaria del Estado y de las comunidades autónomas podrán convenir que las publicaciones a las que se refiere el apartado 1 se realicen en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
4. El acceso a través de internet a las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y, en su caso, a la información prevista en el artículo 87 de esta ley será, en todo caso, gratuito.
Datos clave
- El Ministerio de Hacienda difundirá los textos actualizados durante el primer trimestre del año.
- Afecta a normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria con variaciones respecto del año precedente.
- Se difunde también una relación de todas las disposiciones tributarias aprobadas en dicho año.
- Difusión periódica de contestaciones a consultas y resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión.
- Las publicaciones podrán realizarse en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas mediante convenio.
- El acceso por internet a estas publicaciones será, en todo caso, gratuito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda difunde en el primer trimestre los textos tributarios modificados y la lista de disposiciones del año anterior, publica la doctrina relevante y el acceso por internet es siempre gratuito.
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Artículo 87. Comunicaciones y actuaciones de información
1. La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.
2. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que afecten.
3. Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Datos clave
- La Administración informará de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria.
- Facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios.
- Podrá remitir comunicaciones sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.
- A petición de los interesados, deberá suministrar el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas.
- Se suprime toda referencia a los datos que permitan identificar a las personas afectadas.
- Las actuaciones de información pueden efectuarse por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración informa de sus criterios y facilita su consulta, puede enviar comunicaciones sectoriales y debe dar, a petición, el texto de consultas o resoluciones sin datos identificativos.
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Artículo 88. Consultas tributarias escritas.
1. Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.
2. Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.
La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, con el contenido que se establezca reglamentariamente.
3. Asimismo, podrán formular consultas tributarias los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con discapacidad, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como a las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.
4. La Administración tributaria archivará, con notificación al interesado, las consultas que no reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo y no sean subsanadas a requerimiento de la Administración.
5. La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.
6. La Administración tributaria competente deberá contestar por escrito las consultas que reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo en el plazo de seis meses desde su presentación. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de la consulta.
7. El procedimiento de tramitación y contestación de las consultas se desarrollará reglamentariamente.
8. La competencia, el procedimiento y los efectos de las contestaciones a las consultas relativas a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se regulará por lo dispuesto en el Código Aduanero Comunitario.
Datos clave
- Objeto: el régimen, la clasificación o la calificación tributaria que corresponda.
- Se formulan antes de la finalización del plazo para ejercer derechos, presentar declaraciones o autoliquidaciones o cumplir otras obligaciones.
- Pueden consultar también colegios profesionales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y federaciones cuando afecte a la generalidad de sus miembros.
- Se archivan, con notificación, las consultas sin requisitos no subsanadas a requerimiento.
- Competencia: órganos con iniciativa para elaborar disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.
- Plazo de contestación: seis meses desde su presentación.
- La falta de contestación no implica la aceptación de los criterios expresados en la consulta.
- Las consultas sobre normativa aduanera comunitaria se rigen por el Código Aduanero Comunitario.
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Regula el derecho a preguntar por escrito a la Administración el régimen o calificación tributaria aplicable, antes de que venza el plazo para declarar o cumplir la obligación, con contestación en 6 meses cuya falta no vincula.
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Artículo 89. Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas.
1. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta.
Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.
2. No tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior que planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.
3. La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación.
Datos clave
- La contestación tiene efectos vinculantes para los órganos de aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
- Se aplican los criterios mientras no se modifique la legislación o la jurisprudencia y no se alteren las circunstancias.
- Los criterios se aplican a cualquier obligado con identidad de hechos y circunstancias.
- No vinculan las consultas sobre cuestiones relacionadas con un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.
- La presentación y contestación no interrumpen los plazos para cumplir las obligaciones tributarias.
- La contestación tiene carácter informativo y no cabe recurso contra ella, sino contra los actos posteriores.
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La contestación a una consulta escrita vincula a la Administración frente al consultante, mientras no cambien la norma o las circunstancias, y también se aplica a cualquier otro obligado con hechos idénticos, aunque nunca se puede recurrir directamente.
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Artículo 90. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles.
1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y en relación con los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
2. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria.
Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario.
3. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comunicada. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.
La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la solicitud del interesado.
Datos clave
- Cada Administración informa, a solicitud del interesado, del valor a efectos fiscales de inmuebles que vayan a adquirirse o transmitirse.
- La información tiene efectos vinculantes durante tres meses desde la notificación.
- Requisitos: solicitud previa al fin del plazo de autoliquidación o declaración y datos verdaderos y suficientes.
- No impide la posterior comprobación administrativa de los hechos y circunstancias manifestados.
- No cabe recurso contra la información comunicada, sino contra los actos posteriores.
- La falta de contestación no implica la aceptación del valor incluido en la solicitud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite pedir a la Administración, antes de comprar o vender un inmueble, el valor fiscal que le atribuye; esa información vincula durante tres meses si se solicitó a tiempo y con datos veraces, sin perjuicio de que luego se compruebe.
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Artículo 91. Acuerdos previos de valoración.
1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o los reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito, antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. A dicha solicitud se acompañará la propuesta de valoración formulada por el obligado tributario.
3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el obligado tributario.
4. El acuerdo de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de la valoración, del supuesto de hecho al que se refiere, del impuesto al que se aplica y de su carácter vinculante, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. La falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.
5. En tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron la valoración, la Administración tributaria que hubiera dictado el acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo. Dicho acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años excepto que la normativa que lo establezca prevea otro distinto.
6. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto. Podrán hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo.
Datos clave
- Determinación previa y vinculante de la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos.
- Solo cuando las leyes o reglamentos propios de cada tributo lo prevean.
- Solicitud por escrito antes de la realización del hecho imponible, acompañada de propuesta de valoración.
- La falta de contestación en plazo implica la aceptación de los valores propuestos.
- Plazo máximo de vigencia: tres años, salvo que la normativa prevea otro distinto.
- No cabe recurso contra el acuerdo, sino contra los actos posteriores que apliquen sus valoraciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite pedir a la Administración, cuando la ley del tributo lo prevea, que fije con carácter previo y vinculante la valoración fiscal de rentas, bienes o gastos, con una vigencia máxima de tres años y aceptación tácita si no se contesta a tiempo.
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Artículo 92. Colaboración social.
El artículo 92 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula la colaboración social en la aplicación de los tributos.
1. Los interesados podrán colaborar en la aplicación de los tributos en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. En particular, dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.
3. La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:
a) Realización de estudios o informes relacionados con la elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la aplicación de los medios a que se refieren los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 57 de esta ley.
b) Campañas de información y difusión.
c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
d) Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su correcta cumplimentación.
e) Presentación y remisión a la Administración tributaria de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.
f) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.
g) Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.
h) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios.
4. La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Datos clave
- Los interesados pueden colaborar en la aplicación de los tributos en los términos que se determinen reglamentariamente.
- Se instrumenta mediante acuerdos con otras Administraciones públicas, entidades privadas o instituciones representativas.
- Específicamente, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para potenciar el cumplimiento cooperativo.
- Ocho aspectos de colaboración, letras a) a h) del apartado 3.
- Presentación de documentos, subsanación de defectos, información de devoluciones y certificados: previa autorización de los obligados tributarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interesados pueden colaborar con Hacienda en la aplicación de los tributos mediante acuerdos, en ocho aspectos, varios de ellos solo con autorización previa de los obligados tributarios.
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Artículo 93. Obligaciones de información.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.
En particular:
a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.
b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración tributaria.
A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.
c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.
d) Las personas y entidades que, por aplicación de la normativa vigente, conocieran o estuvieran en disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones deberán cumplir ante la Administración tributaria con los requerimientos u obligaciones de información que reglamentariamente se establezcan respecto a dicha identificación.
e) Las personas jurídicas o entidades deberán comunicar a la Administración tributaria la identificación de los titulares reales de las mismas. A tal efecto, tendrán la consideración de titulares reales los definidos conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.
Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.
Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.
La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.
4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:
a) El secreto del contenido de la correspondencia.
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.
c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.
5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.
Datos clave
- Obligados: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades del artículo 35.4, respecto de datos con trascendencia tributaria propios o derivados de relaciones con terceros.
- Retenedores y obligados a ingresos a cuenta deben presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados.
- Las personas jurídicas o entidades deben comunicar la identificación de sus titulares reales (artículo 4.2 de la Ley 10/2010), letra e) añadida por la Ley 13/2023.
- Se cumplen en la forma y plazos reglamentarios o mediante requerimiento individualizado, en cualquier momento posterior a las operaciones.
- El incumplimiento no puede ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización previa del órgano que reglamentariamente se determine.
- Límites para funcionarios: secreto de la correspondencia, de los datos estadísticos y del protocolo notarial.
- Los profesionales no deben revelar datos privados no patrimoniales ni datos confidenciales de asesoramiento o defensa, pero no pueden invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.
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Todos deben dar a Hacienda los datos con trascendencia tributaria propios o de sus relaciones con terceros, por declaración o requerimiento; el secreto bancario no ampara y hay límites para funcionarios y profesionales.
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Artículo 94. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar.
1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes o disposiciones reglamentarias vigentes.
2. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales.
4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtengan en el ejercicio de sus funciones, de oficio, con carácter general o mediante requerimiento individualizado en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria de los obligados en el curso del procedimiento de comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.
5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Datos clave
- Obligados: autoridades, órganos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, organismos públicos, colegios profesionales, mutualidades y gestoras de la Seguridad Social.
- Quedan sujetos también los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
- Juzgados y tribunales: facilitan datos de oficio o a requerimiento, respetando el secreto de las diligencias sumariales.
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo facilitan datos con trascendencia tributaria.
- La cesión de datos personales a la Administración tributaria no requiere el consentimiento del afectado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Extiende el deber de informar y colaborar con Hacienda a autoridades, organismos públicos, colegios profesionales, partidos políticos, sindicatos, juzgados y tribunales, y permite ceder datos personales a la Administración tributaria sin necesidad de consentimiento del afectado.
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Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada.
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
d) La colaboración con las Administraciones públicas para la prevención y lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, incluyendo las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas.
j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos.
k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.
l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Público.
m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes y derechos susceptibles de ser embargados o decomisados en un determinado proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.
n) La colaboración con las entidades responsables de los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones vinculadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en relación con el análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés.
2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.
3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.
Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente.
4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.
5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.
6. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el artículo 177 ter de esta Ley.
Datos clave
- Los datos obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado.
- Solo se usan para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones; no se ceden salvo en los supuestos de las letras a) a n) del apartado 1.
- Cesión preferente por medios informáticos o telemáticos; no se exigirán certificados si la información está disponible por esos medios.
- La infracción del deber de sigilo se considera siempre falta disciplinaria muy grave.
- Retenedores y obligados a ingresos a cuenta: uso de datos solo para los pagos a cuenta y deber de sigilo.
- La cesión en asistencia mutua se rige por el artículo 177 ter.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos tributarios son reservados: solo sirven para aplicar tributos e imponer sanciones y solo se ceden en los catorce supuestos tasados; romper el sigilo es siempre falta muy grave.
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Artículo 95 bis. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.
1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, incluidos los que tengan la condición de deudores al haber sido declarados responsables solidarios, por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de responsabilidad solidaria, supere el importe de 600.000 euros.
b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario.
En el supuesto de deudas incluidas en acuerdos de declaración de responsabilidad será necesario que haya transcurrido el plazo de pago del artículo 62.2 de esta Ley tras la notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.
A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.
2. En dichos listados se incluirá la siguiente información:
a) La identificación de los deudores conforme al siguiente detalle:
– Personas Físicas: nombre apellidos y NIF.
– Personas Jurídicas y entidades del artículo 35.4 de esta Ley: razón o denominación social completa y NIF.
b) El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.
3. En el ámbito del Estado, la publicidad regulada en este artículo se referirá exclusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración Tributaria del Estado no habiendo existido delegación alguna de competencias en estos ámbitos a favor de las Comunidades Autónomas o Entes Locales.
La publicidad regulada en este artículo resultará de aplicación respecto a los tributos que integran la deuda aduanera.
4. La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo.
La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para entender realizada dicha comunicación la acreditación por parte de la Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.
En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a la fecha de referencia antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias.
Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el apartado 1 o a los pagos efectuados por el deudor a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose aportar en este caso justificación fehaciente de dichos pagos.
Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración podrá acordar la rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales determinados en el apartado 1 o cuando a la conclusión del plazo para formular alegaciones se hubiera satisfecho la totalidad de las deudas o sanciones tributarias.
Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.
Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.
La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado.
Mediante Orden Ministerial se establecerán la fecha de publicación, que deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los correspondientes ficheros y registros.
La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.
El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por su normativa de desarrollo.
5. En el ámbito de competencias del Estado, será competente para dictar los acuerdos de publicación regulados en este artículo el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
6. En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo reflejada es la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 4, sin que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, salvo que se verifique el pago en los casos y con los requisitos señalados en dicho apartado.
Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de impugnación establecido en esta Ley en relación con las actuaciones y procedimientos de los que se deriven las deudas y sanciones tributarias ni tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos iniciados o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las mismas.
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo en orden a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen causa de interrupción a los efectos previstos en el artículo 68 de esta Ley.
7. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa.
Datos clave
- Publicación de listados de deudores con deudas y sanciones pendientes superiores a 600.000 euros.
- Deben no haberse pagado transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario; se excluyen las aplazadas o suspendidas.
- Fecha de referencia: 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación.
- Alegaciones en el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación.
- Publicación durante el primer semestre de cada año, por medios electrónicos; los listados dejan de ser accesibles a los tres meses.
- Competente en el ámbito estatal: el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- El acuerdo de publicación pone fin a la vía administrativa y no interrumpe la prescripción del artículo 68.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda publica cada año la lista de grandes deudores: más de 600.000 euros pendientes tras el periodo voluntario, a 31 de diciembre del año anterior, con 10 días para alegar.
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Artículo 96. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas.
1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.
2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.
3. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia. Además, cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse.
4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.
Datos clave
- La Administración tributaria promoverá técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con las limitaciones de la Constitución y las leyes.
- Los ciudadanos podrán relacionarse por estos medios cuando sea compatible con los medios técnicos de la Administración.
- Actuación automatizada: se identifican los órganos de programación y supervisión y los competentes para resolver recursos.
- Los programas y aplicaciones deben ser previamente aprobados por la Administración tributaria.
- Los documentos electrónicos tienen la misma validez y eficacia que los originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria debe impulsar el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, que tienen la misma validez que los documentos en papel si se garantiza su autenticidad e integridad.
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Artículo 97. Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.
Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:
a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Datos clave
- En primer lugar rigen las normas especiales del título y su normativa reglamentaria de desarrollo.
- También las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y su desarrollo reglamentario.
- Supletoriamente se aplican las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos de aplicación de los tributos se rigen primero por las normas tributarias especiales y su desarrollo, y solo supletoriamente por las normas generales del procedimiento administrativo.
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Artículo 98. Iniciación de los procedimientos tributarios.
1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa tributaria.
4. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
Datos clave
- Inicio de oficio o a instancia del obligado tributario.
- Medios de inicio a instancia: autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro previsto en la normativa tributaria.
- Los documentos de iniciación deben incluir nombre y apellidos o razón social y NIF del obligado y, en su caso, de su representante.
- Modelos y sistemas normalizados para los casos de tramitación masiva.
- El Ministro de Hacienda puede determinar cuándo es obligatoria la presentación por medios telemáticos en el ámbito estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos tributarios se inician de oficio o a instancia; los escritos de inicio deben identificar al obligado y su representante, y Hacienda puede aprobar modelos y exigir presentación telemática.
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Artículo 99. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.
1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.
Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.
Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.
El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.
Datos clave
- Se pueden rehusar documentos no exigibles o ya presentados que estén en poder de la Administración actuante.
- Derecho a certificación de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones presentadas.
- Copias del expediente a costa del obligado, en el trámite de audiencia o, en su defecto, en el de alegaciones.
- Para la prueba no es necesaria la apertura de un período específico.
- Documentación: comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos; las diligencias son documentos públicos y no pueden contener propuestas de liquidación.
- Se puede prescindir de la audiencia con actas con acuerdo o si hay alegaciones posteriores a la propuesta.
- El trámite de alegaciones dura entre 10 y 15 días.
- Videoconferencia: cuando lo determine la Administración y con conformidad del obligado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas comunes de desarrollo de los procedimientos tributarios: qué documentos puedes negarte a aportar, copias y certificados, cómo se documentan las actuaciones, audiencia y alegaciones de 10 a 15 días y videoconferencia.
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Artículo 100. Terminación de los procedimientos tributarios.
1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.
Datos clave
- Formas de terminación: resolución, desistimiento y renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud.
- También la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas y la caducidad.
- También el cumplimiento de la obligación objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
- La contestación automatizada tiene la consideración de resolución cuando esté prevista esa forma de terminación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos tributarios terminan por resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad sobrevenida, caducidad, cumplimiento de lo requerido u otra causa prevista; la contestación automatizada puede valer como resolución.
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Artículo 101. Las liquidaciones tributarias: concepto y clases.
1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.
2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
3. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.
4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.
Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección en los siguientes supuestos:
a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el acuerdo al que se refiere el artículo 155 de esta ley no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, cuando la conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de regularización, cuando se realice una comprobación de valor y no sea el objeto único de la regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.
c) En todo caso tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 250.2 de esta Ley.
Datos clave
- La liquidación es el acto resolutorio que determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad a devolver o a compensar.
- La Administración no está obligada a ajustarse a los datos consignados por los obligados.
- Las liquidaciones son provisionales o definitivas.
- Definitivas: las del procedimiento inspector tras comprobar e investigar la totalidad de los elementos, y las demás a las que la normativa otorgue tal carácter.
- En los demás casos son provisionales.
- En inspección cabe liquidación provisional en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 4.
- Siempre son provisionales las dictadas al amparo del artículo 250.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La liquidación es el acto que cuantifica la deuda o lo que se devuelve o compensa; puede ser provisional o definitiva, y solo es definitiva la inspección completa o la que la norma califique así.
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Artículo 102. Notificación de las liquidaciones tributarias.
1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.
2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.
4. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.
Datos clave
- Las liquidaciones se notifican conforme a la sección 3.ª del capítulo II del título III de la ley.
- Contenido: identificación del obligado, elementos determinantes de la cuantía y motivación cuando no se ajusten a los datos del obligado.
- Contenido: medios de impugnación, órgano y plazo; lugar, plazo y forma de pago; carácter provisional o definitivo.
- En tributos de cobro periódico por recibo, tras notificar el alta, las sucesivas liquidaciones pueden notificarse colectivamente mediante edictos.
- El aumento de base imponible se notifica con expresión concreta de hechos, salvo revalorizaciones generales autorizadas por las leyes.
- Reglamentariamente pueden fijarse supuestos sin notificación expresa, con advertencia por escrito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las liquidaciones se notifican con seis menciones obligatorias; en tributos periódicos por recibo cabe la notificación colectiva por edictos tras la del alta, y el aumento de base debe motivarse.
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Artículo 103. Obligación de resolver.
1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.
2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.
No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.
3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.
Datos clave
- Obligación de resolver expresamente todas las cuestiones y de notificar la resolución expresa.
- Sin obligación de resolver: derechos que sólo deban ser objeto de comunicación, caducidad, pérdida sobrevenida del objeto, renuncia o desistimiento.
- Si el interesado solicita expresamente que se declaren esas circunstancias, la Administración queda obligada a contestar.
- Deben motivarse los actos de liquidación, de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión.
- La motivación es con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria debe resolver y notificar expresamente, salvo en ciertos casos (comunicación, caducidad, pérdida de objeto, renuncia, desistimiento), y motivar sucintamente determinados actos.
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Artículo 104. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.
El plazo se contará:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.
b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.
2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.
En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.
Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, y los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.
3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda.
En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.
4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.
En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:
a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.
Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.
Datos clave
- Plazo máximo de resolución: el de la normativa del procedimiento, sin exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o normativa comunitaria; si no se fija, seis meses.
- Cómputo: de oficio, desde la notificación del acuerdo de inicio; a instancia, desde la entrada en el registro del órgano competente.
- El procedimiento de apremio queda excluido y puede extenderse hasta la prescripción del derecho de cobro.
- Basta un intento de notificación con el texto íntegro de la resolución; en notificación electrónica, la puesta a disposición.
- A instancia de parte, sin regulación expresa: silencio estimatorio, salvo derecho de petición (art. 29 CE) e impugnación de actos y disposiciones (desestimatorio).
- Paralización imputable al obligado: advertencia de caducidad transcurridos tres meses.
- De oficio, sin regulación expresa: desestimación si podían derivarse efectos favorables; caducidad si eran desfavorables o de gravamen.
- La caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero las actuaciones caducadas no la interrumpen y conservan validez probatoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazo máximo de resolución de seis meses salvo ley o norma europea, cómo se cuenta, qué basta para notificar a tiempo y qué pasa si no se resuelve: silencio o caducidad según el procedimiento.
Esquema
| Procedimiento | Efecto | |
|---|---|---|
| A instancia de parte (regla) | Solicitud del interesado | Silencio estimatorio |
| Derecho de petición e impugnación | A instancia de parte | Silencio desestimatorio |
| De oficio con efectos favorables | Reconocimiento de derechos | Desestimación por silencio |
| De oficio desfavorable o de gravamen | Efectos de gravamen | Caducidad |
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Artículo 105. Carga de la prueba.
1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
Datos clave
- Quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo.
- Se aplica en los procedimientos de aplicación de los tributos.
- Los obligados tributarios cumplen su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien hace valer un derecho debe probar sus hechos constitutivos, pero el obligado cumple designando concretamente las pruebas que ya tiene la Administración.
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Artículo 106. Normas sobre medios y valoración de la prueba.
1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
2. Las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua podrán incorporarse, con el valor probatorio que proceda conforme al apartado anterior, al procedimiento que corresponda.
3. La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales de deducibilidad para determinadas operaciones que tengan relevancia para la cuantificación de la obligación tributaria.
4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.
Datos clave
- Se aplican las normas sobre medios y valoración de prueba del Código Civil y de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
- Las pruebas de otros Estados o entidades internacionales en el marco de la asistencia mutua pueden incorporarse al procedimiento.
- La ley de cada tributo puede exigir requisitos formales de deducibilidad.
- Gastos y deducciones de operaciones empresariales o profesionales: se justifican de forma prioritaria mediante factura.
- La factura no es un medio de prueba privilegiado: si la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, el obligado debe probar la realidad de las operaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prueba tributaria se rige por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil; los gastos empresariales se justifican prioritariamente con factura, pero la factura no es prueba privilegiada.
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Artículo 107. Valor probatorio de las diligencias.
1. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
2. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.
Datos clave
- Las diligencias tienen naturaleza de documentos públicos.
- Hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
- Los hechos aceptados por el obligado tributario y sus manifestaciones se presumen ciertos.
- Solo pueden rectificarse mediante prueba de que se incurrió en error de hecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las diligencias son documentos públicos que hacen prueba salvo prueba en contrario; los hechos aceptados y las manifestaciones del obligado se presumen ciertos y solo los rectifica probando error de hecho.
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Artículo 108. Presunciones en materia tributaria.
El artículo 108 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula las presunciones en materia tributaria.
1. Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.
2. Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
3. La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario.
Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.
5. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, se podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidación correspondientes cuando la Administración Tributaria no pueda, en base a la información obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.
Datos clave
- Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo que una norma con rango de ley lo prohíba.
- Presunciones no establecidas por normas: enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
- Se puede considerar titular a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
- Los datos de las autoliquidaciones y declaraciones se presumen ciertos para el obligado y solo se rectifican mediante prueba en contrario.
- Datos de terceros (artículos 93 y 94): se presumen ciertos, pero deben contrastarse si el obligado alega su inexactitud o falsedad.
- Periodos de liquidación inferiores al año: cabe la distribución lineal de la cuota anual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las presunciones legales admiten prueba en contrario salvo que una ley lo prohíba; se presume titular a quien figura en un registro y ciertos los datos que tú mismo declaras.
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Artículo 109. Notificaciones en materia tributaria.
El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.
Datos clave
- El régimen de notificaciones tributarias es el previsto en las normas administrativas generales.
- Se aplican las especialidades establecidas en la sección de notificaciones de la Ley General Tributaria.
- Las normas administrativas generales actúan como régimen común y las reglas de la sección como especialidades tributarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las notificaciones tributarias siguen el régimen administrativo general con las especialidades previstas en su sección específica.
Artículo 110. Lugar de práctica de las notificaciones.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
Datos clave
- A solicitud del interesado: en el lugar señalado por el obligado o su representante.
- En su defecto, en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
- De oficio: en el domicilio fiscal del obligado o su representante, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica.
- De oficio cabe también cualquier otro lugar adecuado a tal fin.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A instancia del interesado, se notifica en el lugar que señale o, si no, en el domicilio fiscal; de oficio, en el domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad u otro adecuado.
Esquema
| A solicitud del interesado | De oficio | |
|---|---|---|
| Lugar | El señalado por el obligado o representante; en su defecto, el domicilio fiscal | Domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad o cualquier otro adecuado |
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Artículo 111. Personas legitimadas para recibir las notificaciones.
1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.
2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.
Datos clave
- Si el obligado o su representante no están presentes, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el lugar o domicilio y haga constar su identidad.
- También pueden recibirla los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios.
- Rige cuando se notifica en el lugar señalado o en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
- El rechazo de la notificación por el interesado o su representante implica que se tenga por efectuada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Determina quién puede hacerse cargo de una notificación cuando el interesado no está presente, y qué efecto tiene rechazarla.
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Artículo 112. Notificación por comparecencia.
El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la notificación por comparecencia.
1. Supuesto y forma de citación
Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el «Boletín Oficial del Estado».
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. Si el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.
2. Contenido de la publicación y plazo de comparecencia
En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
3. Efectos sobre las actuaciones posteriores
Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.
Datos clave
- Procede cuando la notificación no es posible por causas no imputables a la Administración, tras al menos dos intentos en el domicilio fiscal o designado.
- Basta un solo intento si el destinatario consta como desconocido.
- Citación mediante anuncio publicado una sola vez para cada interesado en el «Boletín Oficial del Estado».
- El BOE publica estos anuncios los lunes, miércoles y viernes de cada semana.
- Plazo de comparecencia: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio.
- Sin comparecencia, la notificación se entiende producida el día siguiente al vencimiento del plazo.
- Las liquidaciones y los acuerdos de enajenación de bienes embargados deben notificarse siempre conforme a esta Sección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si no se puede notificar en el domicilio tras dos intentos (o uno si es desconocido), se cita por anuncio en el BOE y el interesado tiene 15 días naturales para comparecer.
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Artículo 113. Autorización judicial para la entrada en el domicilio de los obligados tributarios.
Cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.
La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada en el mencionado domicilio deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.
Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial.
Datos clave
- Para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se necesita el consentimiento del obligado o autorización judicial.
- La solicitud debe motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada.
- La solicitud y concesión pueden practicarse aun antes del inicio formal del procedimiento.
- El acuerdo de entrada debe identificar al obligado tributario y los conceptos y períodos objeto de comprobación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para entrar o registrar el domicilio constitucionalmente protegido, Hacienda necesita el consentimiento del obligado o autorización judicial motivada, que puede pedirse incluso antes de iniciar el procedimiento.
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Artículo 114. Denuncia pública.
1. Mediante la denuncia pública se podrán poner en conocimiento de la Administración tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. La denuncia pública es independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria regulado en los artículos 93 y 94 de esta ley.
2. Recibida una denuncia, se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que pudieran proceder. Este órgano podrá acordar el archivo de la denuncia cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente los hechos o las personas denunciadas.
Se podrán iniciar las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la Administración tributaria. En este caso, la denuncia no formará parte del expediente administrativo.
3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia ni se le informará del resultado de las mismas. Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.
Datos clave
- La denuncia pública pone en conocimiento hechos que puedan constituir infracciones tributarias o tener trascendencia tributaria.
- Es independiente del deber de colaborar de los artículos 93 y 94.
- Puede archivarse si es infundada o no concreta suficientemente los hechos o las personas.
- La denuncia no forma parte del expediente administrativo.
- El denunciante no es interesado, no se le informa del resultado y no está legitimado para recurrir.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la denuncia pública como cauce para poner hechos en conocimiento de Hacienda, sin que el denunciante se convierta en interesado del procedimiento.
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Artículo 115. Potestades y funciones de comprobación e investigación.
1. La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables.
Dichas comprobación e investigación se podrán realizar aún en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley, siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley que no hubiesen prescrito, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 66 bis.2 de esta Ley, en los que resultará de aplicación el límite en el mismo establecido.
En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán extenderse a hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) citado en el párrafo anterior, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido.
2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación a que se refiere este artículo, la Administración Tributaria podrá calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste último hubiera dado a los mismos y del ejercicio o periodo en el que la realizó, resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de esta Ley.
La calificación realizada por la Administración Tributaria en los procedimientos de comprobación e investigación en aplicación de lo dispuesto en este apartado extenderá sus efectos respecto de la obligación tributaria objeto de aquellos y, en su caso, respecto de aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley.
3. Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración tributaria podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales conforme a lo dispuesto en el título V de esta ley.
Datos clave
- La Administración Tributaria puede comprobar e investigar los hechos y circunstancias determinantes de la obligación tributaria.
- Puede afectar a ejercicios prescritos (artículo 66.a) cuando sea precisa para derechos no prescritos, salvo el límite del artículo 66 bis.2.
- Puede calificar hechos y negocios con independencia de la calificación del obligado, aplicando en su caso los artículos 13, 15 y 16.
- Los actos de beneficios fiscales condicionados a requisitos no comprobados tienen carácter provisional.
- Se pueden regularizar sin revisión previa de dichos actos conforme al título V.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda comprueba e investiga todo lo que determina la obligación tributaria, incluso ejercicios prescritos si afectan a derechos vivos, y puede recalificar los negocios del obligado.
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Artículo 116. Plan de control tributario.
La Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen.
Datos clave
- La Administración tributaria elabora anualmente un Plan de control tributario.
- El Plan tiene carácter reservado.
- Se pueden hacer públicos los criterios generales que lo informen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria elabora cada año un Plan de control tributario reservado, aunque puede publicar sus criterios generales.
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Artículo 142. Facultades de la inspección de los tributos.
1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.
2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.
Para el acceso a los lugares mencionados en el párrafo anterior de los funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará de un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine, salvo que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraren otorguen su consentimiento para ello.
Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta Ley. La solicitud de autorización judicial requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.
3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y demás elementos solicitados.
Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.
4. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.
Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.
Se modifica el apartado 2 por el art. 13.12 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3
Datos clave
- Las actuaciones inspectoras se realizan mediante el examen de documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, bases de datos, programas y registros informáticos, y la inspección de bienes, elementos y explotaciones.
- Para entrar en fincas, locales de negocio y demás establecimientos se precisa un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine, salvo consentimiento del obligado tributario o de quien los custodie.
- Para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se aplica el artículo 113, y la solicitud de autorización judicial debe incorporar el acuerdo de entrada.
- El obligado tributario requerido debe personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados.
- Excepcionalmente y de forma motivada, la inspección puede requerir la comparecencia personal del obligado tributario.
- Los funcionarios de inspección son considerados agentes de la autoridad y deben acreditar su condición, si se les requiere, fuera de las oficinas públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla las facultades de la inspección: examinar documentación, entrar en locales de negocio (con acuerdo de entrada o consentimiento) y exigir la colaboración del obligado.
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Artículo 178. Principios de la potestad sancionadora.
La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en esta ley.
En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. El principio de irretroactividad se aplicará con carácter general, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley.
Datos clave
- La potestad sancionadora tributaria se ejerce conforme a los principios de la materia administrativa con las especialidades de la Ley General Tributaria.
- Son aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia.
- El principio de irretroactividad se aplica con carácter general, teniendo en consideración el apartado 2 del artículo 10.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad sancionadora tributaria sigue los principios administrativos con especialidades: legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia, e irretroactividad con carácter general.
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Artículo 179. Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias.
1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos.
2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.
A efectos de lo dispuesto en este apartado 2, en los supuestos a que se refiere el artículo 206 bis de esta Ley, no podrá considerarse, salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretación razonable de la norma señaladas en el párrafo anterior.
e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
3. Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de esta ley y de las posibles infracciones que puedan cometerse como consecuencia de la presentación tardía o incorrecta de las nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes.
Se modifica el apartado 2 por el art. único.30 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .
Datos clave
- Pueden ser sancionadas las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 cuando resulten responsables de los hechos.
- No hay responsabilidad: falta de capacidad de obrar en el orden tributario, fuerza mayor, decisión colectiva (para quien salvó su voto o no asistió), diligencia necesaria y deficiencia técnica de los programas de asistencia de la Administración.
- Se entiende puesta la diligencia necesaria al amparo de una interpretación razonable de la norma o de los criterios de las publicaciones y comunicaciones de los artículos 86 y 87.
- En los supuestos del artículo 206 bis no se aprecia, salvo prueba en contrario, diligencia debida ni interpretación razonable.
- Quien regulariza voluntariamente no incurre en responsabilidad por las infracciones de la presentación anterior, sin perjuicio del artículo 27.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo se sanciona a quien sea responsable de la infracción; hay causas tasadas que excluyen esa responsabilidad, y regularizar voluntariamente antes libra de sanción por lo anterior.
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Artículo 180. Principio de no concurrencia de sanciones tributarias.
El artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el principio de no concurrencia de sanciones tributarias.
1. Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción o como circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave o muy grave no podrá ser sancionada como infracción independiente.
2. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas.
Entre otros supuestos, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 191 de esta Ley será compatible con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 194 y 195 de esta Ley.
Asimismo, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 198 de esta Ley será compatible con las que procedan, en su caso, por la aplicación de los artículos 199 y 203 de esta Ley.
3. Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.
Datos clave
- Una acción u omisión usada como criterio de graduación o para calificar la infracción como grave o muy grave no puede sancionarse como infracción independiente.
- Varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones permiten imponer las sanciones de todas ellas.
- La sanción del artículo 191 es compatible con las de los artículos 194 y 195.
- La sanción del artículo 198 es compatible con las de los artículos 199 y 203.
- Las sanciones son compatibles con el interés de demora y con los recargos del período ejecutivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un mismo hecho no se castiga dos veces si ya sirve para graduar o calificar la infracción; pero varias conductas permiten varias sanciones, compatibles además con intereses y recargos.
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Artículo 181. Sujetos infractores.
1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes.
Entre otros, serán sujetos infractores los siguientes:
a) Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes.
b) Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta.
c) Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
d) La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal.
e) Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o miembros.
f) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
g) Los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
h) La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. El sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principal a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 de esta ley en relación con la declaración de responsabilidad.
3. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción.
Se añade la letra h) al apartado 1 por el art. 13.17 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3
Se modifica el párrafo d) del apartado 1 por el art. único.32 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .
Se añade el párrafo g) al apartado 1, con efectos desde el 1 de enero de 2012, por la disposición final 1.uno.17 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20638 .
Datos clave
- Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 que realicen las acciones u omisiones tipificadas.
- Entre otros: contribuyentes y sustitutos, retenedores y obligados a ingresos a cuenta, obligados a obligaciones formales y entidad representante del grupo fiscal.
- También: entidades obligadas a imputar o atribuir rentas, representante legal de quien carece de capacidad de obrar, obligados por asistencia mutua y entidad dominante del grupo de entidades del IVA.
- El sujeto infractor es deudor principal a efectos del artículo 41.1.
- La concurrencia de varios sujetos infractores determina que queden solidariamente obligados al pago de la sanción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Amplía quién puede ser sancionado más allá del propio contribuyente: retenedores, representantes, entidades del grupo... y si son varios, responden todos solidariamente del pago de la sanción.
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Artículo 182. Responsables y sucesores de las sanciones tributarias.
El artículo 182 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los responsables y sucesores de las sanciones tributarias.
1. Responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas o no de una deuda tributaria, las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a) y c) del apartado 1 y en los del apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, en los términos establecidos en dicho artículo. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 de esta Ley.
2. Responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a), g) y h) del apartado 1 del artículo 43 de esta Ley, en los términos establecidos en dicho artículo.
El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria será el previsto en el artículo 176 de esta Ley.
3. Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras.
Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a los sucesores de las mismas en los términos previstos en el artículo 40 de esta ley.
Datos clave
- Responden solidariamente de las sanciones quienes estén en los párrafos a) y c) del artículo 42.1 y en el artículo 42.2, por el procedimiento del artículo 175.
- Responden subsidiariamente quienes estén en los párrafos a), g) y h) del artículo 43.1, por el procedimiento del artículo 176.
- Las sanciones no se transmiten a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras.
- Las sanciones de sociedades y entidades disueltas se transmiten a sus sucesores según el artículo 40.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
De las sanciones responden solidariamente los del art. 42.1.a) y c) y 42.2 y subsidiariamente los del art. 43.1.a), g) y h); no pasan a herederos, pero sí a sucesores de sociedades disueltas.
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Artículo 183. Concepto y clases de infracciones tributarias.
1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.
2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
3. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica.
Datos clave
- Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia tipificadas y sancionadas en esta u otra ley.
- Se clasifican en leves, graves y muy graves.
- Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se rigen por su normativa específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia tipificadas por ley; se clasifican en leves, graves y muy graves, y el contrabando va aparte.
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Artículo 184. Calificación de las infracciones tributarias.
1. Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de esta ley.
Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave y, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de esta ley.
2. A efectos de lo establecido en este título, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 por ciento.
3. A efectos de lo establecido en este título, se consideran medios fraudulentos:
a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.
Se consideran anomalías sustanciales:
1.º El incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.
2.º La llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.
3.º La llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de esta circunstancia requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.
b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.
c) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.
Datos clave
- Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves según los artículos 191 a 206.
- Cada infracción se califica de forma unitaria y, en multas proporcionales, la sanción se aplica sobre la totalidad de la base, salvo en el artículo 191.6.
- Hay ocultación si la incidencia de la deuda derivada de ella en relación con la base de la sanción es superior al 10 por ciento.
- Son medios fraudulentos las anomalías sustanciales en la contabilidad, el empleo de documentos falsos o falseados y la utilización de personas o entidades interpuestas.
- La llevanza incorrecta es anomalía sustancial si su incidencia supera el 50 por ciento de la base de la sanción.
- Los documentos falsos o falseados son medio fraudulento si su incidencia supera el 10 por ciento de la base de la sanción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada infracción se califica de una sola vez como leve, grave o muy grave, y aquí se definen dos conceptos clave para subir esa calificación: la ocultación (umbral 10%) y los medios fraudulentos.
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Artículo 185. Clases de sanciones tributarias.
1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.
2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.
Datos clave
- Las infracciones tributarias se sancionan con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, con sanciones no pecuniarias.
- Las sanciones no pecuniarias tienen carácter accesorio.
- Las sanciones pecuniarias pueden consistir en multa fija o proporcional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones tributarias se sancionan con sanciones pecuniarias (multa fija o proporcional) y, cuando proceda, con sanciones no pecuniarias accesorias.
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Artículo 186. Sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy graves.
1. Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior a 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:
a) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave.
b) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave.
2. Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción muy grave sea de importe igual o superior a 60.000 euros y se haya utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:
a) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera sido igual o superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 euros, respectivamente.
b) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera sido igual o superior a 60.000, 150.000 ó 300.000 euros, respectivamente.
3. Cuando las autoridades o las personas que ejerzan profesiones oficiales cometan infracciones derivadas de la vulneración de los deberes de colaboración de los artículos 93 y 94 de esta ley y siempre que, en relación con dicho deber, hayan desatendido tres requerimientos según lo previsto en el artículo 203 de esta ley, además de la multa pecuniaria que proceda, podrá imponerse como sanción accesoria la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público por un plazo de tres meses.
La suspensión será por un plazo de doce meses si se hubiera sancionado al sujeto infractor con la sanción accesoria a la que se refiere el párrafo anterior en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán profesiones oficiales las desempeñadas por registradores de la propiedad y mercantiles, notarios y todos aquellos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del Estado, comunidades autónomas, entidades locales u otras entidades de derecho público.
4. Cuando se imponga la sanción prevista en el artículo 202.3 de esta Ley se podrán imponer, además, las sanciones accesorias previstas en el apartado 1 de este artículo.
Se añade el apartado 4 por el art. 5.12 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20843
Datos clave
- Caben sanciones accesorias si la multa por infracción grave o muy grave es igual o superior a 30.000 euros y se aplicó el criterio de comisión repetida.
- En ese caso, pérdida de subvenciones y beneficios fiscales rogados y prohibición de contratar durante un año (grave) o dos años (muy grave).
- Si la multa por infracción muy grave es igual o superior a 60.000 euros, los plazos son de tres, cuatro o cinco años según la sanción alcance 60.000, 150.000 o 300.000 euros.
- Autoridades y profesiones oficiales que desatiendan tres requerimientos de colaboración: suspensión de tres meses, o de doce meses si hubo sanción accesoria firme en los cuatro años anteriores.
- Son profesiones oficiales las de registradores de la propiedad y mercantiles, notarios y quienes ejerzan funciones públicas sin percibir directamente haberes públicos.
- La sanción del artículo 202.3 permite imponer además las sanciones accesorias del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la multa es alta y hay reincidencia, además de la multa caben sanciones accesorias: perder subvenciones o beneficios fiscales y no poder contratar con la Administración, con plazos que crecen según el importe.
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Artículo 188. Reducción de las sanciones.
1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes:
a) Un 65 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 155 de esta Ley.
b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.
2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) En los supuestos previstos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del depósito, cuando no se ingresen las cantidades derivadas del acta con acuerdo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en los plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se hubiera concedido por la Administración tributaria con garantía de aval o certificado de seguro de caución.
b) En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.
3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 40 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.
b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción.
El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo.
4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo se exija el importe de la reducción practicada, no será necesario interponer recurso independiente contra dicho acto si previamente se hubiera interpuesto recurso o reclamación contra la sanción reducida.
Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se entenderá que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el importe total de la sanción, y se extenderán los efectos suspensivos derivados del recurso a la reducción practicada que se exija.
Datos clave
- Se aplica a las sanciones pecuniarias de los artículos 191 a 197 de la Ley 58/2003.
- Reducción del 65 por ciento en las actas con acuerdo.
- Reducción del 30 por ciento en los supuestos de conformidad.
- Reducción adicional del 40 por ciento por ingreso en plazo sin recurso ni reclamación.
- La reducción del 40 por ciento no se aplica a las actas con acuerdo.
- El importe reducido se exige sin más requisito que la notificación si se interpone recurso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las multas de los arts. 191-197 bajan un 65% si hay acta con acuerdo o un 30% si hay conformidad, y encima un 40% más si se paga todo sin recurrir; pero esas rebajas se pueden perder y exigir de vuelta.
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Artículo 189. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias.
1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes sanciones.
2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones.
3. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria.
Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos.
4. La prescripción se aplicará de oficio por la Administración tributaria, sin necesidad de que la invoque el interesado.
Datos clave
- La responsabilidad por infracciones se extingue por fallecimiento del sujeto infractor y por prescripción.
- El plazo de prescripción para imponer sanciones es de cuatro años desde la comisión de la infracción.
- Interrumpe la prescripción cualquier acción administrativa con conocimiento formal del interesado conducente a la sanción o a la regularización.
- También la interrumpen los recursos o reclamaciones, la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal y las actuaciones en esos procedimientos.
- La prescripción se aplica de oficio, sin necesidad de que la invoque el interesado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad por infringir se extingue al morir el infractor o a los 4 años sin que la Administración actúe; y ese plazo se corta con cualquier acción administrativa o recurso notificado, aplicándose de oficio.
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Artículo 190. Extinción de las sanciones tributarias.
1. Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.
2. Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el capítulo IV del título II de esta ley.
En particular, la prescripción del derecho para exigir el pago de las sanciones tributarias se regulará por las normas establecidas en la sección tercera del capítulo y título citados relativas a la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
3. La recaudación de las sanciones se regulará por las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley.
4. Las sanciones tributarias ingresadas indebidamente tendrán la consideración de ingresos indebidos a los efectos de esta ley.
Datos clave
- Las sanciones se extinguen por pago o cumplimiento, prescripción, compensación, condonación y fallecimiento de todos los obligados.
- Se aplica el capítulo IV del título II de la Ley 58/2003.
- La prescripción del derecho a exigir su pago sigue las normas de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
- La recaudación se rige por el capítulo V del título III.
- Las sanciones ingresadas indebidamente son ingresos indebidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones ya impuestas se extinguen igual que una deuda: pago, prescripción del cobro, compensación, condonación o muerte de todos los obligados; y si se ingresan de más, son ingresos indebidos.
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Artículo 191. Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación.
1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161, ambos de esta ley.
También constituye infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en atribución de rentas.
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción.
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.
La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.
c) Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta.
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.
La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.
c) Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje inferior o igual al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.
La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.
La infracción también será muy grave, aunque no se hubieran utilizado medios fraudulentos, cuando se hubieran dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.
La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
5. Cuando el obligado tributario hubiera obtenido indebidamente una devolución y como consecuencia de la regularización practicada procediera la imposición de una sanción de las reguladas en este artículo, se entenderá que la cuantía no ingresada es el resultado de adicionar al importe de la devolución obtenida indebidamente la cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación y que el perjuicio económico es del 100 por ciento.
En estos supuestos, no será sancionable la infracción a la que se refiere el artículo 193 de esta ley, consistente en obtener indebidamente una devolución.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, siempre constituirá infracción leve la falta de ingreso en plazo de tributos o pagos a cuenta que hubieran sido incluidos o regularizados por el mismo obligado tributario en una autoliquidación presentada con posterioridad sin cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 27 de esta ley para la aplicación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
Lo previsto en este apartado no será aplicable cuando la autoliquidación presentada incluya ingresos correspondientes a conceptos y períodos impositivos respecto a los que se hubiera notificado previamente un requerimiento de la Administración tributaria.
Datos clave
- Es infracción dejar de ingresar en plazo la deuda que resultaría de la correcta autoliquidación, salvo regularización conforme al artículo 27 o aplicación del artículo 161.1.b).
- Base de la sanción: la cuantía no ingresada en la autoliquidación.
- Leve: base igual o inferior a 3.000 euros o, siendo superior, sin ocultación; multa proporcional del 50 por ciento.
- Grave: base superior a 3.000 euros con ocultación; multa del 50 al 100 por ciento.
- Muy grave: medios fraudulentos, o retenciones e ingresos a cuenta no ingresados superiores al 50 por ciento de la base; multa del 100 al 150 por ciento.
- Con devolución indebida, la cuantía no ingresada suma la devolución y lo que debió ingresarse, y el perjuicio económico es del 100 por ciento.
- Es siempre leve la falta de ingreso regularizada en autoliquidación posterior sin los requisitos del artículo 27.4, salvo requerimiento previo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Es la infracción por excelencia: no pagar lo que salía de tu propia autoliquidación. Se gradúa en leve/grave/muy grave según la cuantía, la ocultación y si hay medios fraudulentos.
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Artículo 192. Infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones.
1. Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, incluidos los relacionados con las obligaciones aduaneras, para que la Administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 de esta ley.
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
La base de la sanción será la cuantía de la liquidación cuando no se hubiera presentado declaración, o la diferencia entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.
La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.
La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.
La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.
La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
Datos clave
- Es infracción no presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos, incluidos los aduaneros, necesarios para liquidar tributos no autoliquidados.
- Base: la cuantía de la liquidación si no hubo declaración, o la diferencia con la que procedía según los datos declarados.
- Leve: base igual o inferior a 3.000 euros o sin ocultación; multa proporcional del 50 por ciento.
- Grave: base superior a 3.000 euros con ocultación; multa del 50 al 100 por ciento.
- Muy grave: uso de medios fraudulentos; multa del 100 al 150 por ciento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Es el equivalente del art. 191 pero para los tributos que liquida la Administración: no presentar completa y correcta la declaración necesaria para que pueda liquidar.
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Artículo 193. Infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones.
1. Constituye infracción tributaria obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de la comisión de la infracción.
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.
La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.
La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.
La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.
La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
Datos clave
- Es infracción obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
- Base: la cantidad devuelta indebidamente.
- Leve: base igual o inferior a 3.000 euros o sin ocultación; multa proporcional del 50 por ciento.
- Grave: base superior a 3.000 euros con ocultación; multa del 50 al 100 por ciento.
- Muy grave: uso de medios fraudulentos; multa del 100 al 150 por ciento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obtener indebidamente devoluciones es infracción leve, grave o muy grave según la base (3.000 euros), la ocultación, los documentos falsos, la contabilidad incorrecta y los medios fraudulentos; multa del 50 % al 150 %.
Esquema
| Leve | Grave | Muy grave | |
|---|---|---|---|
| Cuándo | Base ≤ 3.000 € o sin ocultación | Base > 3.000 € con ocultación, documentos falsos o libros incorrectos >10 % y ≤50 % | Medios fraudulentos |
| Multa | 50 % | 50 al 100 % | 100 al 150 % |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 194. Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
1. Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido.
La infracción tributaria prevista en este apartado será grave.
La base de la sanción será la cantidad indebidamente solicitada.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento.
2. Asimismo, constituye infracción tributaria solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos siempre que, como consecuencia de dicha conducta, no proceda imponer al mismo sujeto sanción por alguna de las infracciones previstas en los artículos 191, 192 ó 195 de esta ley, o en el primer apartado de este artículo.
La infracción tributaria prevista en este apartado será grave y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.
Datos clave
- Solicitar indebidamente devoluciones, sin obtenerlas, omitiendo datos relevantes o incluyendo datos falsos es infracción grave.
- Base: la cantidad indebidamente solicitada; multa proporcional del 15 por ciento.
- Solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales es infracción grave con multa fija de 300 euros.
- Esta última procede solo si no cabe sancionar por los artículos 191, 192 o 195 o por el apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A diferencia del art. 193, aquí la devolución nunca llega a cobrarse: por eso la multa es mucho más baja (15%) o incluso una cantidad fija (300 €) si es un beneficio fiscal indebido.
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Artículo 195. Infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.
1. Constituye infracción tributaria determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.
También se incurre en esta infracción cuando se declare incorrectamente la renta neta, las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un período impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de devoluciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o investigación cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación.
La infracción tributaria prevista en este artículo será grave.
La base de la sanción será el importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas. En el supuesto previsto en el segundo párrafo de este apartado, se entenderá que la cantidad indebidamente determinada o acreditada es el incremento de la renta neta o de las cuotas repercutidas, o la minoración de las cantidades o cuotas a deducir o de los incentivos fiscales, del período impositivo.
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 por ciento si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes.
3. Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este artículo serán deducibles en la parte proporcional correspondiente de las que pudieran proceder por las infracciones cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la compensación o deducción de los conceptos aludidos, sin que el importe a deducir pueda exceder de la sanción correspondiente a dichas infracciones.
Datos clave
- Es infracción determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos a compensar o deducir en declaraciones futuras, propias o de terceros.
- La infracción es grave.
- Base: el importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas.
- Multa del 15 por ciento si son partidas de la base imponible y del 50 por ciento si son partidas de la cuota o créditos tributarios aparentes.
- Estas sanciones son deducibles de las que procedan después por la compensación o deducción de esos conceptos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Es la infracción de 'inflar' compensaciones o deducciones para usarlas en el futuro, aunque todavía no hayan causado falta de ingreso ni devolución; si luego sí se usan, la sanción de este artículo se descuenta de la posterior.
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Artículo 196. Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
1. Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles o resultados a los socios o miembros por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas. Esta acción u omisión no constituirá infracción por la parte de las bases o resultados que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción a la entidad sometida al régimen de imputación de rentas por la comisión de las infracciones de los artículos 191, 192 ó 193 de esta ley.
La infracción prevista en este artículo será grave.
La base de la sanción será el importe de las cantidades no imputadas. En el supuesto de cantidades imputadas incorrectamente, la base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación con las diferencias negativas, entre las cantidades que debieron imputarse a cada socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 40 por ciento.
Datos clave
- Infracción: imputar incorrectamente o no imputar bases o resultados a socios o miembros por entidades en régimen de imputación de rentas.
- No hay infracción por la parte ya sancionada a la entidad por los artículos 191, 192 o 193.
- La infracción es grave.
- Base: cantidades no imputadas o suma de diferencias positivas sin compensar con las negativas.
- Multa pecuniaria proporcional del 40 por ciento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Es la infracción propia de las entidades en régimen de imputación de rentas cuando reparten mal las bases entre sus socios.
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Artículo 197. Infracción tributaria por imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
1. Constituye infracción tributaria imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta a los socios o miembros por las entidades sometidas al régimen de imputación de rentas. Esta acción no constituirá infracción por la parte de las cantidades incorrectamente imputadas a los socios o partícipes que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción a la entidad sometida a un régimen de imputación de rentas por la comisión de las infracciones de los artículos 191, 192 ó 193 de esta ley.
La infracción prevista en este artículo será grave.
La base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación con las diferencias negativas, entre las cantidades que debieron imputarse a cada socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento.
Datos clave
- Infracción: imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta a los socios o miembros.
- No hay infracción por la parte ya sancionada a la entidad por los artículos 191, 192 o 193.
- La infracción es grave.
- Base: suma de diferencias con signo positivo, sin compensación con las negativas.
- Multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Es infracción grave que una entidad en régimen de imputación de rentas impute mal deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta a sus socios; multa del 75 % sobre las diferencias positivas sin compensar.
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Artículo 198. Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.
1. Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública.
La infracción prevista en este apartado será leve.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros o, si se trata de declaraciones censales o la relativa a la comunicación de la designación del representante de personas o entidades cuando así lo establezca la normativa, de 400 euros.
Si se trata de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad de los previstos en el apartado anterior.
Si se hubieran presentado en plazo autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos y posteriormente se presentara fuera de plazo sin requerimiento previo una autoliquidación o declaración complementaria o sustitutiva de las anteriores, no se producirá la infracción a que se refiere el artículo 194 ó 199 de esta ley en relación con las autoliquidaciones o declaraciones presentadas en plazo y se impondrá la sanción que resulte de la aplicación de este apartado respecto de lo declarado fuera de plazo.
3. Si se hubieran realizado requerimientos, la sanción prevista en el apartado 1 de este artículo será compatible con la establecida para la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria en el artículo 203 de esta ley por la desatención de los requerimientos realizados.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, la sanción por no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
El importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la falta de presentación en plazo se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
5. También constituye infracción tributaria incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo por las personas físicas que no realicen actividades económicas.
La infracción prevista en este apartado será leve.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 100 euros.
6. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones que pueda conceder una autoridad aduanera o de las condiciones a que quedan sujetas las mercancías por aplicación de la normativa aduanera, cuando dicho incumplimiento no constituya otra infracción prevista en este capítulo.
La infracción prevista en este apartado será leve.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros.
Se modifica el apartado 4 por el art. 13.19 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3
Datos clave
- No presentar en plazo sin perjuicio económico es infracción leve: multa fija de 200 euros, o de 400 euros en declaraciones censales o designación de representante.
- Declaraciones informativas de los artículos 93 y 94: 20 euros por dato, con un mínimo de 300 y un máximo de 20.000 euros.
- Presentación fuera de plazo sin requerimiento previo: sanción y límites a la mitad.
- Documentos aduaneros sin deuda aduanera: uno por 1.000 del valor de las mercancías, mínimo de 100 y máximo de 6.000 euros (mínimo de 600 euros en la declaración sumaria de entrada).
- No comunicar el domicilio fiscal o su cambio (personas físicas sin actividades económicas): leve, multa fija de 100 euros.
- Incumplir las condiciones de autorizaciones aduaneras: leve, multa fija de 200 euros.
- Si hubo requerimientos, la sanción es compatible con la del artículo 203.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las infracciones leves por incumplimientos formales sin perjuicio económico: no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, no comunicar el domicilio fiscal y no cumplir las condiciones de autorizaciones aduaneras.
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Artículo 199. Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.
1. Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información.
También constituirá infracción tributaria presentar las autoliquidaciones, las declaraciones, los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
Las infracciones previstas en este artículo serán graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.
Si se presentan autoliquidaciones, declaraciones u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.
3. Si se presentan declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.
4. Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido, inexacto o falso.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad cuando la declaración haya sido presentada por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos y exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250 euros.
5. Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500 euros.
Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 o 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente. En caso de que el porcentaje sea inferior al 10 por ciento, se impondrá multa pecuniaria fija de 500 euros.
La sanción será del 1 por ciento del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250 euros.
6. La sanción a la que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo se graduará incrementando la cuantía resultante en un 100 por ciento en el caso de comisión repetida de infracciones tributarias.
7. Tratándose de declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
No obstante, el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
Si las declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.
Se modifica el apartado 7 por el art. 13.20 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3
Se modifican los apartados 1, 2, 4, 5 y 7 por el art. único.33 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .
Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 por el art. 1.11 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416 .
Datos clave
- Las infracciones de este artículo son graves.
- Autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos: 150 euros; por medios no electrónicos siendo obligatorios: 250 euros.
- Declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos: 250 euros.
- Datos no monetarios de requerimientos o declaraciones de los artículos 93 y 94: 200 euros por dato; 100 euros por dato en papel, con un mínimo de 250 euros.
- Datos monetarios: hasta el 2 por ciento de las operaciones, mínimo de 500 euros; 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento si superan el 10, 25, 50 o 75 por ciento.
- Comisión repetida: incremento del 100 por ciento en las sanciones de los apartados 4 y 5.
- Documentos aduaneros sin deuda aduanera: uno por 1.000 del valor, mínimo de 100 (600 en la declaración sumaria de entrada) y máximo de 6.000 euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sanciona presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, declaraciones o contestaciones a requerimientos de información, así como no usar los medios electrónicos obligatorios; todas las infracciones de este artículo son graves.
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Artículo 200. Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.
El artículo 200 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tipifica la infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales. Su redacción actual, establecida por el artículo único.34 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, entró en vigor el 1 de enero de 2017.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras:
a) La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos por las normas tributarias.
b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado.
c) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
d) La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario.
e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y registros establecidos por las normas tributarias.
f) La autorización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito.
g) El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente.
2. La infracción prevista en este artículo será grave.
3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los párrafos siguientes.
La inexactitud u omisión de operaciones o la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda se sancionará con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de los cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o recogidos en cuentas con significado distinto del que les corresponda, con un mínimo de 150 y un máximo de 6.000 euros.
La no llevanza o conservación de la contabilidad, los libros y los registros exigidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados se sancionará con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio al que se refiere la infracción, con un mínimo de 600 euros.
La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario se sancionará con multa pecuniaria fija de 600 euros por cada uno de los ejercicios económicos a los que alcance dicha llevanza.
El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o libros y registros exigidos por las normas tributarias se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.
El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente, se sancionará con multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.
La utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.
Datos clave
- La infracción por incumplir obligaciones contables y registrales es grave.
- Sanción general: multa pecuniaria fija de 150 euros.
- Inexactitud u omisión o cuentas con significado distinto: 1 por ciento de los cargos, abonos o anotaciones, con un mínimo de 150 y un máximo de 6.000 euros.
- No llevar o no conservar la contabilidad: 1 por ciento de la cifra de negocios, con un mínimo de 600 euros.
- Contabilidades distintas: 600 euros por cada ejercicio económico.
- Retraso de más de cuatro meses o libros sin diligenciar: 300 euros.
- Retraso en los Libros Registro a través de la Sede electrónica: 0,5 por ciento del importe de la factura, mínimo trimestral de 300 y máximo de 6.000 euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incumplir las obligaciones contables y registrales es siempre infracción grave; la multa base es de 150 euros, con cuantías propias para cada conducta.
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Artículo 201. Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación.
El artículo 201 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación», dispone lo siguiente.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, la de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.
2. La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será grave en los siguientes supuestos:
a) Cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la obligación de facturación, salvo lo dispuesto en la letra siguiente de este apartado y en el apartado 3 de este artículo. Entre otros, se considerarán incluidos en esta letra los incumplimientos relativos a la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas o documentos sustitutivos.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.
b) Cuando el incumplimiento consista en la falta de expedición o en la falta de conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del dos por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya emitido o conservado la correspondiente factura o documento.
3. La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será muy grave cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.
4. También constituye infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a la correcta expedición o utilización de los documentos de circulación exigidos por la normativa de los impuestos especiales, salvo que constituya infracción tipificada en la ley reguladora de dichos impuestos.
La infracción prevista en este apartado será leve.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros por cada documento incorrectamente expedido o utilizado.
5. Las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se graduarán incrementando la cuantía resultante en un 100 por ciento si se produce el incumplimiento sustancial de las obligaciones anteriores.
Datos clave
- Infracción: incumplir las obligaciones de facturación, como la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas.
- Grave por incumplir requisitos de facturación: multa del 1 por ciento del importe de las operaciones.
- Grave por falta de expedición o conservación: multa del 2 por ciento, o 300 euros por operación si no se conoce el importe.
- Muy grave por facturas con datos falsos o falseados: multa del 75 por ciento.
- Documentos de circulación de impuestos especiales: infracción leve con multa de 150 euros por documento.
- Incremento del 100 por ciento si hay incumplimiento sustancial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incumplir la facturación es grave (1 % o 2 %) o muy grave si hay facturas falsas (75 %); los documentos de circulación de impuestos especiales son leves, y el incumplimiento sustancial dobla la sanción.
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Artículo 201 bis. Infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.
1. Constituye infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;
b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;
c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;
e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.
2. Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.
La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado.
3. Las infracciones previstas en este artículo serán graves.
4. La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones de la letra f) del apartado 1 de este artículo se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado.
La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.
Téngase en cuenta que este artículo, añadida por el art. 13.21 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3 , entra en vigor el 11 de octubre de 2021, según establece la disposición final 7.a) de la citada Ley.
Se añade por el art. 13.21 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-3
Esta modificación entra en vigor el 11 de octubre de 2021, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de la citada Ley, según establece su disposición final 7.a).
Datos clave
- Es infracción fabricar, producir o comercializar sistemas que permitan contabilidades distintas, ocultar, registrar distinto o alterar transacciones, que incumplan el artículo 29.2.j) o que no se certifiquen.
- También es infracción la tenencia de sistemas no ajustados al artículo 29.2.j), no certificados o con dispositivos certificados alterados.
- Quien haya sido sancionado por fabricación o comercialización no puede serlo por tenencia.
- Las infracciones son graves.
- Fabricación o comercialización: 150.000 euros por ejercicio y por tipo de sistema; falta de certificado: 1.000 euros por sistema comercializado.
- Tenencia: multa fija de 50.000 euros por cada ejercicio.
- Artículo añadido por la Ley 11/2021, de 9 de julio, en vigor el 11 de octubre de 2021.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tipifica como infracción tributaria fabricar, producir o comercializar sistemas informáticos de facturación o contabilidad que permitan ocultar o alterar operaciones, así como tener un sistema no certificado debiendo estarlo; ambas infracciones son graves.
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Artículo 202. Infracción tributaria por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del número de identificación fiscal o de otros números o códigos.
El artículo 202 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tipifica la infracción por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del número de identificación fiscal o de otros números o códigos.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal y de otros números o códigos establecidos por la normativa tributaria o aduanera.
La infracción prevista en este apartado será leve, salvo que constituya infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.
2. La infracción prevista en el apartado 1 será grave cuando se trate del incumplimiento de los deberes que específicamente incumben a las entidades de crédito en relación con la utilización del número de identificación fiscal en las cuentas u operaciones o en el libramiento o abono de los cheques al portador.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del cinco por ciento de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, o del importe de la operación o depósito que debería haberse cancelado, con un mínimo de 1.000 euros.
El incumplimiento de los deberes relativos a la utilización del número de identificación fiscal en el libramiento o abono de los cheques al portador será sancionado con multa pecuniaria proporcional del cinco por ciento del valor facial del efecto, con un mínimo de 1.000 euros.
3. También constituye infracción tributaria comunicar datos falsos o falseados en las solicitudes de número de identificación fiscal provisional o definitivo.
La infracción prevista en este apartado será muy grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 30.000 euros.
Datos clave
- Incumplir las obligaciones de utilización del número de identificación fiscal y de otros números o códigos es infracción leve con multa fija de 150 euros.
- Es grave cuando afecta a deberes específicos de las entidades de crédito: 5 por ciento de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 1.000 euros.
- Cheques al portador: 5 por ciento del valor facial del efecto, con un mínimo de 1.000 euros.
- Comunicar datos falsos o falseados en solicitudes de NIF provisional o definitivo es muy grave: multa fija de 30.000 euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Usar mal el NIF u otros códigos es leve (150 euros); es grave para las entidades de crédito (5 %, mínimo 1.000 euros) y muy grave dar datos falsos al pedir el NIF (30.000 euros).
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Artículo 203. Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
1. Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.
Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria las siguientes conductas:
a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado.
c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias.
e) Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.
2. La infracción prevista en este artículo será grave.
3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.
4. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria consista en desatender en el plazo concedido requerimientos distintos a los previstos en el apartado siguiente, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de:
a) 150 euros, si se ha incumplido por primera vez un requerimiento.
b) 300 euros, si se ha incumplido por segunda vez el requerimiento.
c) 600 euros, si se ha incumplido por tercera vez el requerimiento.
5. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria se refiera a la aportación o al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento por personas o entidades que realicen actividades económicas del deber de comparecer, de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, o del deber de aportar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en:
a) Multa pecuniaria fija de 300 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.
b) Multa pecuniaria fija de 1.500 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.
c) Multa pecuniaria proporcional de hasta el dos por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a aquél en que se produjo la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros, cuando no se haya comparecido o no se haya facilitado la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto. Si el importe de las operaciones a que se refiere el requerimiento no atendido representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, uno, 1,5 y dos por ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente.
Si los requerimientos se refieren a la información que deben contener las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el tres por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural a aquél en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 600.000 euros. Si el importe de las operaciones a que se refiere el requerimiento no atendido representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno, 1,5, dos, y tres por ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente.
En caso de que no se conozca el importe de las operaciones o el requerimiento no se refiera a magnitudes monetarias, se impondrá el mínimo establecido en los párrafos anteriores.
No obstante, cuando con anterioridad a la terminación del procedimiento sancionador se diese total cumplimiento al requerimiento administrativo, la sanción será de 6.000 euros.
6. En el caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, se le sancionará de la siguiente forma:
a) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que no desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:
1.º Multa pecuniaria fija de 1.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.
2.º Multa pecuniaria fija de 5.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.
3.º Si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:
– Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
– Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conoce el importe de las operaciones requeridas, en multa pecuniaria proporcional del 0,5 por ciento del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la renta del sujeto infractor que corresponda al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
b) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:
1.º Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
2.º Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos:
a) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.
b) Multa pecuniaria fija de 15.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.
c) Si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:
– Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
– Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conociera el importe de las operaciones requeridas, la sanción será del 1 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
En cualquiera de los casos contemplados en este apartado, si el obligado tributario diese total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de la finalización del procedimiento sancionador o, si es anterior, de la finalización del trámite de audiencia del procedimiento de inspección, el importe de la sanción será de la mitad de las cuantías anteriormente señaladas.
7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera a actuaciones en España de funcionarios extranjeros realizadas en el marco de la asistencia mutua.
8. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas conforme a lo dispuesto en los artículos 146, 162 y 210 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del dos por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a aquel en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 3.000 euros.
Se añade el apartado 6 y se renumeran los anteriores 6 y 7 como 7 y 8 por el art. 1.12 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416 .
Se renumera el apartado 6 como 7 y se añade el 6, con efectos desde el 1 de enero de 2012, por la disposición final 1.uno.18 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20638 .
Datos clave
- La resistencia, obstrucción, excusa o negativa es infracción grave con multa fija general de 150 euros.
- Requerimientos ordinarios desatendidos: 150, 300 y 600 euros por el primer, segundo y tercer incumplimiento.
- Actividades económicas: 300 euros (primer requerimiento), 1.500 euros (segundo) y hasta el 2 por ciento de la cifra de negocios, con mínimo de 10.000 y máximo de 400.000 euros (tercero).
- Información de declaraciones de los artículos 93 y 94: hasta el 3 por ciento de la cifra de negocios, con mínimo de 15.000 y máximo de 600.000 euros.
- Cumplimiento total antes de terminar el procedimiento sancionador: sanción de 6.000 euros.
- En inspección: 1.000 y 5.000 euros sin actividades económicas; 3.000 y 15.000 euros con ellas; tercer requerimiento con mínimos de 10.000 o 20.000 euros.
- En inspección, cumplir antes del fin del sancionador o del trámite de audiencia reduce la sanción a la mitad.
- Quebrantamiento de medidas cautelares (artículos 146, 162 y 210): 2 por ciento de la cifra de negocios, con un mínimo de 3.000 euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (no facilitar documentos, no atender requerimientos, incomparecencia, impedir el acceso a locales, coacciones); infracción grave que escala según el número de requerimientos desatendidos.
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Artículo 204. Infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento del deber de sigilo que el artículo 95 de esta ley exige a retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta.
La infracción prevista en este artículo será grave.
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 300 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera sido comunicado indebidamente.
La sanción se graduará incrementando la cuantía anterior en el 100 por ciento si existe comisión repetida de la infracción.
Datos clave
- Infracción: incumplir el deber de sigilo del artículo 95 por retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta.
- La infracción es grave.
- Multa fija de 300 euros por cada dato o conjunto de datos de una misma persona o entidad comunicado indebidamente.
- Incremento del 100 por ciento si existe comisión repetida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incumplir el deber de sigilo del artículo 95 por retenedores y obligados a ingresos a cuenta es infracción grave: 300 euros por cada dato o conjunto de datos de una persona, más 100 % si hay comisión repetida.
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Artículo 205. Infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta.
1. Constituye infracción tributaria no comunicar datos o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, cuando se deriven de ello retenciones o ingresos a cuenta inferiores a los procedentes.
2. La infracción será leve cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar autoliquidación que incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
La base de la sanción será la diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente y la efectivamente practicada durante el período de aplicación de los datos falsos, incompletos o inexactos.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 35 por ciento.
3. La infracción será muy grave cuando el obligado tributario no tenga obligación de presentar autoliquidación que incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
La base de la sanción será la diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente y la efectivamente practicada durante el período de aplicación de los datos falsos, incompletos o inexactos.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento.
Datos clave
- Infracción: no comunicar o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al pagador cuando resulten retenciones inferiores a las procedentes.
- Leve si el obligado debe presentar autoliquidación con esas rentas: multa del 35 por ciento.
- Muy grave si no tiene obligación de autoliquidar: multa del 150 por ciento.
- Base: diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente y la practicada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
No comunicar o comunicar mal los datos al pagador, si reduce la retención, es leve (35 %) si el obligado debe autoliquidar esas rentas y muy grave (150 %) si no debe.
Esquema
| Con obligación de autoliquidar | Sin obligación de autoliquidar | |
|---|---|---|
| Calificación | Leve | Muy grave |
| Multa | 35 % | 150 % |
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Artículo 206. Infracción por incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta.
El artículo 206 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Infracción por incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta», dispone lo siguiente.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
La infracción prevista en este artículo será leve.
2. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.
Datos clave
- Infracción: no entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta a los perceptores de las rentas.
- La infracción es leve.
- Multa pecuniaria fija de 150 euros.
Artículo 206 bis. Infracción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la realización de actos o negocios cuya regularización se hubiese efectuado mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley y en la que hubiese resultado acreditada cualquiera de las siguientes situaciones:
a) La falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.
b) La obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.
c) La solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.
d) La determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.
2. El incumplimiento a que se refiere el apartado anterior constituirá infracción tributaria exclusivamente cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.
A estos efectos se entenderá por criterio administrativo el establecido por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley.
Reglamentariamente se regulará la publicidad del criterio administrativo derivado de los informes establecidos en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley.
3. La infracción tributaria prevista en este artículo será grave.
4. La sanción consistirá en:
a) Multa pecuniaria proporcional del 50 % de la cuantía no ingresada en el supuesto del apartado 1.a).
b) Multa pecuniaria proporcional del 50 % la cantidad devuelta indebidamente en el supuesto del apartado 1.b).
c) Multa pecuniaria proporcional del 15 % de la cantidad indebidamente solicitada en el supuesto del apartado 1.c).
d) Multa pecuniaria proporcional del 15 % del importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 % si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, en el supuesto del apartado 1.d).
5. Las infracciones y sanciones reguladas en este artículo serán incompatibles con las que corresponderían por las reguladas en los artículos 191, 193, 194 y 195 de esta Ley.
6. En los supuestos regulados en este artículo resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de esta Ley.
Se añade por el art. único.35 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .
Datos clave
- Infracción: incumplir obligaciones mediante actos o negocios regularizados con el artículo 15 de la Ley 58/2003.
- Exige igualdad sustancial con supuestos sobre los que existiera criterio administrativo hecho público antes del plazo de declaración.
- La infracción es grave.
- Multa del 50 por ciento por falta de ingreso o devolución obtenida y del 15 por ciento por solicitud indebida.
- Partidas a compensar en la base: 15 por ciento; en la cuota o créditos aparentes: 50 por ciento.
- Incompatible con los artículos 191, 193, 194 y 195; se aplica el artículo 188.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sanciona el conflicto en la aplicación de la norma tributaria (art. 15) cuando el caso sea sustancialmente igual a otro con criterio administrativo ya publicado antes del plazo de declaración; infracción grave, incompatible con las de los arts. 191, 193, 194 y 195.
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Artículo 207. Regulación del procedimiento sancionador en materia tributaria.
El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:
a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo.
b) En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.
Datos clave
- El procedimiento sancionador tributario se rige, en primer lugar, por las normas especiales de este título de la Ley 58/2003.
- También por la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo.
- En su defecto, se aplican las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento sancionador tributario se rige por las normas especiales de su título y su reglamento y, en su defecto, por las del procedimiento sancionador administrativo.
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Artículo 208. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.
2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente.
En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de esta ley, se incluirá en el acta con acuerdo.
Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador separado.
3. Los procedimientos sancionadores garantizarán a los afectados por ellos los siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
b) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.
c) Los demás derechos reconocidos por el artículo 34 de esta Ley.
4. La práctica de notificaciones en el procedimiento sancionador en materia tributaria se efectuará de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.
Se añade un nuevo apartado 3 y se reenumera el anterior 3, que pasa a ser el 4, por el art. 5.16 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20843
Datos clave
- El procedimiento sancionador se tramita de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado.
- En las actas con acuerdo, la renuncia consta expresamente y la propuesta de sanción motivada se incluye en el acta.
- Derecho a ser notificado de los hechos, las infracciones, las posibles sanciones, la identidad del instructor y la autoridad competente.
- Derecho a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa procedentes, además de los del artículo 34 de la Ley.
- Las notificaciones se practican conforme a la sección 3.ª del capítulo II del título III de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Establece que el procedimiento sancionador se tramita separado del de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado, y enumera los derechos del expedientado.
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Artículo 209. Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria.
El artículo 209 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria», dispone lo siguiente.
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.
2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley deberán iniciarse en el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.
Datos clave
- El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.
- Si deriva de declaración, verificación de datos, comprobación o inspección, no puede iniciarse transcurridos seis meses desde la notificación de la liquidación o resolución.
- Las sanciones del artículo 186 deben iniciarse en seis meses desde la notificación de la sanción pecuniaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sancionador tributario se inicia siempre de oficio y, si deriva de un procedimiento de aplicación de los tributos, solo dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la liquidación o resolución.
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Artículo 210. Instrucción del procedimiento sancionador en materia tributaria.
1. En la instrucción del procedimiento sancionador serán de aplicación las normas especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a las que se refiere el artículo 99 de esta ley.
2. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.
3. En el curso del procedimiento sancionador se podrán adoptar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de esta ley.
4. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquéllos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o responsabilidad.
En la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos.
La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.
5. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación. Dicho acuerdo se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.
Datos clave
- En la instrucción se aplican las normas del artículo 99 de la Ley 58/2003.
- Los datos y pruebas de los procedimientos de aplicación de los tributos se incorporan formalmente antes de la propuesta de resolución.
- Pueden adoptarse medidas cautelares conforme al artículo 146 de la Ley.
- La propuesta recoge hechos, calificación jurídica, infracción y sanción con los criterios de graduación motivados.
- Notificada la propuesta, se concede un plazo de 15 días para alegaciones y pruebas.
- Si al iniciar se dispone de todos los elementos, la propuesta de sanción se incorpora al acuerdo de iniciación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la instrucción del procedimiento sancionador: cómo se incorporan las pruebas del procedimiento de aplicación de los tributos, las medidas cautelares posibles y el contenido y notificación de la propuesta de resolución.
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Artículo 211. Terminación del procedimiento sancionador en materia tributaria.
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución o por caducidad.
Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con alguno de los contenidos a los que se refieren los párrafos del apartado 3 del artículo 156 de esta ley.
2. El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley.
Cuando habiéndose iniciado el procedimiento sancionador concurra en el procedimiento inspector del que trae causa alguna de las circunstancias previstas en el apartado 5 del artículo 150 de esta Ley, el plazo para concluir el procedimiento sancionador se extenderá por el mismo periodo que resulte procedente de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.
3. La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia tributaria contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que proceda de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de esta ley. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
4. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 de este artículo sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.
La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.
5. Son órganos competentes para la imposición de sanciones:
a) El Consejo de Ministros, si consisten en la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.
b) El Ministro de Hacienda, el órgano equivalente de las comunidades autónomas, el órgano competente de las entidades locales u órganos en quienes deleguen, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda o que sean de directa aplicación por los obligados tributarios, o de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para contratar con la Administración pública correspondiente.
c) El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo fiscal, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar el mismo, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.
d) El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador.
Se modifica el apartado 2 por el art. único.36 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .
Datos clave
- El procedimiento sancionador termina mediante resolución o por caducidad.
- Con conformidad a la propuesta en sanciones derivadas de inspección, la resolución se entiende dictada por el transcurso de un mes.
- Plazo máximo de seis meses desde la notificación de la comunicación de inicio.
- El vencimiento sin notificar resolución expresa produce caducidad, que impide iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
- El Consejo de Ministros impone la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.
- Con carácter general es competente el órgano para liquidar o el superior inmediato de la unidad que propuso el inicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la terminación del procedimiento sancionador (por resolución o por caducidad), su plazo máximo y los órganos competentes para imponer cada tipo de sanción.
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Artículo 212. Recursos contra sanciones.
1. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la impugnación contra la deuda.
2. Se podrá recurrir la sanción sin perder la reducción por conformidad prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 188 de esta ley siempre que no se impugne la regularización.
Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán ser impugnadas en vía administrativa. La impugnación de dicha sanción en vía contencioso-administrativa supondrá la exigencia del importe de la reducción practicada.
3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:
a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo.
Lo dispuesto en los párrafos a) y b) de este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 174.5 de esta Ley dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.
Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 42.2 de esta Ley.
Se modifica el apartado 3 por el art. 1.14 de la ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416 .
Datos clave
- La resolución sancionadora admite recurso o reclamación independiente; si también se impugna la deuda, se acumulan.
- Puede recurrirse la sanción sin perder la reducción por conformidad siempre que no se impugne la regularización.
- Las sanciones de actas con acuerdo no son impugnables en vía administrativa; en vía contencioso-administrativa se exige la reducción.
- El recurso en tiempo y forma suspende automáticamente la ejecución, sin garantías, hasta la firmeza en vía administrativa.
- No se exigen intereses de demora hasta que finalice el plazo de pago voluntario abierto por la resolución que pone fin a la vía administrativa.
- No se suspende por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación ni la responsabilidad del artículo 42.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el recurso contra las sanciones tributarias: se puede recurrir sin perder la reducción por conformidad si no se impugna la deuda, y su interposición suspende automáticamente la ejecución de la sanción.
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Artículo 87. Iniciación de oficio.
1. La iniciación de oficio de las actuaciones y procedimientos requerirá acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.
2. La iniciación del procedimiento se realizará mediante comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario o mediante personación.
Cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.
3. La comunicación de inicio contendrá, cuando proceda, además de lo previsto en el artículo 97.1 de este reglamento, lo siguiente:
a) Procedimiento que se inicia.
b) Objeto del procedimiento con indicación expresa de las obligaciones tributarias o elementos de las mismas y, en su caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal.
c) Requerimiento que, en su caso, se formula al obligado tributario y plazo que se concede para su contestación o cumplimiento.
d) Efecto interruptivo del plazo legal de prescripción.
e) En su caso, la propuesta de resolución o de liquidación cuando la Administración cuente con la información necesaria para ello.
f) En su caso, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica.
4. Salvo en los supuestos de iniciación mediante personación, se concederá al obligado tributario un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para que comparezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente, o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas.
5. Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.
Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tributarias que puedan corresponder. En este caso, no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso.
Datos clave
- La iniciación de oficio requiere acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.
- El procedimiento se inicia mediante comunicación notificada al obligado tributario o mediante personación.
- Cuando así estuviese previsto, puede iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.
- Salvo iniciación mediante personación, se concede un plazo no inferior a 10 días, desde el día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para comparecer, aportar documentación o alegar.
- Las declaraciones o autoliquidaciones presentadas una vez iniciado el procedimiento no inician un procedimiento de devolución ni producen los efectos de los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003.
- Los ingresos posteriores al inicio tienen carácter de ingresos a cuenta y no devengan intereses de demora desde el día siguiente al del ingreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente y se notifica al obligado mediante comunicación (o personación); si paga o declara tras el inicio, eso no abre un procedimiento de devolución sino que cuenta como ingreso a cuenta.
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Artículo 88. Iniciación a instancia del obligado tributario.
1. La iniciación de un procedimiento a instancia del obligado tributario podrá realizarse mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa aplicable, que podrán ser presentados en papel o por medios electrónicos, informáticos y telemáticos cuando las disponibilidades técnicas de la Administración lo permitan.
2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.
d) Órgano al que se dirige.
3. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.
4. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones.
5. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios, cuando hayan sido previamente aprobados, los modelos normalizados de autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria, preferentemente por medios telemáticos, así como en las oficinas correspondientes para facilitar a los obligados la aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento.
6. Cuando los documentos a que se refiere el apartado 1 se presenten en papel, el obligado tributario podrá obtener copia sellada siempre que la aporte junto a los originales. En dicha copia se hará constar el lugar, fecha y hora de presentación.
7. Cuando el interesado efectúe la presentación de los documentos a que se refieren los apartados anteriores mediante soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, se deberán consignar aquellos datos exigidos por la Administración tributaria para la iniciación del procedimiento.
En estos casos, el recibí se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación utilizados.
Cuando se aporte documentación anexa a la presentada por medios informáticos, electrónicos o telemáticos y el sistema no permita la aportación directa, el obligado deberá presentarla en cualquiera de los registros administrativos previstos en la normativa aplicable en el plazo de 10 días, contados desde el de la presentación, sin necesidad de previo requerimiento administrativo al efecto, salvo que la normativa específica establezca un lugar o plazo distinto. En dicha documentación se identificará debidamente la solicitud o comunicación presentada por medios o técnicas electrónicos, informáticos o telemáticos.
Datos clave
- La iniciación a instancia del obligado puede hacerse mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa.
- La solicitud contiene al menos: identificación y NIF del obligado y, en su caso, del representante; hechos, razones y petición; lugar, fecha y firma; y órgano al que se dirige.
- Si se actúa por medio de representante, debe aportarse la documentación acreditativa de la representación.
- La solicitud puede incluir un domicilio a efectos de notificaciones.
- En papel puede obtenerse copia sellada aportándola junto a los originales, con constancia del lugar, fecha y hora de presentación.
- La documentación anexa que el sistema telemático no admita se presenta en un registro administrativo en el plazo de 10 días desde la presentación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento a instancia del obligado se inicia por autoliquidación, declaración, comunicación o solicitud; la solicitud tiene un contenido mínimo y la documentación anexa no admitida telemáticamente se presenta en 10 días.
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Artículo 89. Subsanación.
1. Si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.
2. Todas las recepciones por medios y técnicas electrónicos, informáticos y telemáticos serán provisionales a resultas de su procesamiento. Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas por la normativa aplicable, se requerirá al declarante para que en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el requerimiento, de persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por desistido de su petición o por no cumplida la obligación correspondiente y se procederá al archivo sin más trámite.
3. Cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hayan sido atendidos en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo.
Datos clave
- Si el documento de iniciación no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que subsane en 10 días, contados desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento.
- Si no subsana, se le tiene por desistido y se procede al archivo sin más trámite.
- Todas las recepciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos son provisionales a resultas de su procesamiento.
- Los defectos de diseño o especificaciones de las recepciones electrónicas también se subsanan en el plazo de 10 días.
- Si el requerimiento se atiende en plazo pero no se entienden subsanados los defectos, debe notificarse el archivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la solicitud tiene defectos, se requiere subsanar en 10 días bajo apercibimiento de desistimiento y archivo; las recepciones telemáticas son provisionales y si se atiende en plazo sin subsanar, se notifica el archivo.
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Artículo 90. Lugar y horario de las actuaciones de aplicación de los tributos.
1. Las actuaciones que se desarrollen en las oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.
2. Si las actuaciones se desarrollan en los locales del obligado tributario, se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en ellos. Cuando medie el consentimiento del obligado tributario, las actuaciones podrán realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la actividad.
3. Cuando se disponga de autorización judicial para la entrada en el domicilio del obligado tributario constitucionalmente protegido, las actuaciones se ajustarán a lo que disponga la autorización en relación con la jornada y el horario para realizarlas.
4. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad reducida, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se desarrollarán en el lugar que resulte más apropiado de entre los previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Datos clave
- En las oficinas públicas, las actuaciones se realizan dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.
- En los locales del obligado tributario se respeta la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en ellos.
- Con el consentimiento del obligado, las actuaciones pueden realizarse fuera de la jornada laboral.
- Con autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido, se está a la jornada y horario que disponga la autorización.
- Si el obligado es persona con discapacidad o con movilidad reducida, se actúa en el lugar más apropiado entre las oficinas públicas y sus locales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En oficinas, actuaciones en horario de apertura y dentro de la jornada; en locales del obligado, en su jornada salvo consentimiento; con autorización judicial, según ésta; y para personas con discapacidad, en el lugar más apropiado.
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Artículo 91. Ampliación y aplazamiento de los plazos de tramitación.
1. El órgano a quien corresponda la tramitación del procedimiento podrá conceder, a petición de los obligados tributarios, una ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos.
2. No se concederá más de una ampliación del plazo respectivo.
3. Para que la ampliación pueda otorgarse serán necesarios los siguientes requisitos:
a) Que se solicite con anterioridad a los tres días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar.
b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.
c) Que no se perjudiquen derechos de terceros.
4. La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presentación en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de la finalización del plazo que se pretenda ampliar.
La notificación expresa de la concesión de la ampliación antes de la finalización del plazo inicialmente fijado podrá establecer un plazo de ampliación distinto e inferior al previsto en el párrafo anterior.
5. Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.
En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.
6. El acuerdo de concesión o la denegación de la ampliación o del aplazamiento no serán susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa.
Datos clave
- El órgano de tramitación puede conceder, a petición del obligado, una ampliación que no exceda de la mitad de los plazos.
- No se concede más de una ampliación del plazo respectivo.
- Requisitos: solicitud antes de los tres días previos al fin del plazo, justificación de las circunstancias y que no se perjudiquen derechos de terceros.
- La ampliación se entiende automáticamente concedida por la mitad del plazo con la presentación en plazo de la solicitud, salvo denegación expresa notificada antes de que finalice.
- El aplazamiento de la comparecencia se solicita dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento.
- La concesión o denegación de la ampliación o del aplazamiento no es susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ampliación de plazos de trámites hasta la mitad, una sola vez, pedida antes de los tres días previos al vencimiento; se entiende concedida al presentarla; aplazamiento de comparecencias; sin recurso.
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Artículo 92. Aportación de documentación y ratificación de datos de terceros.
El artículo 92 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Aportación de documentación y ratificación de datos de terceros», dispone lo siguiente.
1. Cuando se realicen requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado tributario que esté siendo objeto del procedimiento de aplicación de los tributos, de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa reguladora del procedimiento, dichos requerimientos no podrán ser impugnados mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente, sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acto administrativo dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento.
2. Cuando en un procedimiento de aplicación de los tributos el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Administración tributaria mediante comunicación o diligencia.
Datos clave
- Los requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado no pueden impugnarse mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente.
- Sí pueden recurrirse los actos dictados como consecuencia del procedimiento.
- La inexactitud o falsedad de datos suministrados por terceros conforme a los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003 se alega en el plazo de 15 días.
- Los 15 días se cuentan desde el día siguiente a aquel en que los datos se ponen de manifiesto mediante comunicación o diligencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los requerimientos al obligado dentro de su propio procedimiento no se recurren por separado; y si discute los datos que de él dieron terceros, tiene 15 días desde que se los muestran.
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Artículo 93. Conocimiento por los obligados tributarios del estado de tramitación de los procedimientos.
1. Los obligados tributarios que estén siendo objeto de un procedimiento podrán solicitar en cualquier momento información del estado en que se encuentra la tramitación de dicho procedimiento.
2. La información deberá solicitarse de forma que quede constancia del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad que la solicita, así como la firma del obligado tributario o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier otro medio.
La información se facilitará preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado e indicará la fase en que se encuentra el procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.
Datos clave
- Los obligados que estén siendo objeto de un procedimiento pueden solicitar en cualquier momento información sobre el estado de su tramitación.
- La solicitud deja constancia de nombre y apellidos o razón social, NIF y firma o acreditación de la voluntad del obligado.
- La información se facilita preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado.
- Indica la fase del procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien está en un procedimiento puede pedir en cualquier momento su estado, identificándose y firmando; se le informa, preferentemente por el mismo medio, de la fase, el último trámite y su fecha.
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Artículo 94. Acceso a archivos y registros administrativos.
1. Los obligados tributarios que hayan sido parte en el procedimiento podrán acceder a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido en los términos y con las condiciones establecidos en el artículo 99.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. El órgano que tramitó el expediente resolverá sobre la petición de acceso en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, esta podrá entenderse desestimada.
Si la resolución fuera estimatoria se dejará constancia en el expediente de dicho acceso.
3. El derecho de acceso llevará consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen sea autorizado en los términos previstos en el artículo siguiente.
4. Cuando los documentos que formen el expediente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, se facilitará el acceso al interesado por dichos medios siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan, de acuerdo con las especificaciones y garantías que se determinen y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Datos clave
- Pueden acceder quienes hayan sido parte en el procedimiento, respecto de expedientes concluidos, en los términos del artículo 99.5 de la Ley 58/2003.
- El órgano que tramitó el expediente resuelve la petición de acceso en el plazo máximo de un mes.
- Sin respuesta expresa en ese plazo, la petición puede entenderse desestimada.
- El derecho de acceso lleva consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen se autorice.
- Si los documentos están almacenados por medios electrónicos, el acceso se facilita por esos medios cuando las disponibilidades técnicas lo permitan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien fue parte en un procedimiento ya concluido puede acceder a sus registros y documentos; la Administración debe resolver en un mes y, si no contesta, se entiende denegado.
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Artículo 95. Obtención de copias.
1. El obligado tributario podrá obtener a su costa, previa solicitud, copia de los documentos que figuren en el expediente, en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, durante la puesta de manifiesto del expediente, cuando se realice el acceso a archivos y registros administrativos de expedientes concluidos o en cualquier momento en el procedimiento de apremio. Se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al obligado tributario.
2. El órgano competente entregará las copias en sus oficinas y recogerá en diligencia la relación de los documentos cuya copia se entrega, el número de folios y la recepción por el obligado tributario.
3. Cuando conste la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 99.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se denegará la obtención de copias mediante resolución motivada.
4. En aquellos casos en los que los documentos que consten en el archivo o expediente correspondiente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las copias se facilitarán preferentemente por dichos medios o en los soportes adecuados a tales medios, siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan.
Datos clave
- El obligado obtiene copias a su costa, previa solicitud, en los términos del artículo 99 de la Ley 58/2003.
- Pueden pedirse durante la puesta de manifiesto del expediente, en el acceso a expedientes concluidos o en cualquier momento del procedimiento de apremio.
- Las copias se entregan en las oficinas y la diligencia recoge la relación de documentos, el número de folios y la recepción.
- Si concurren las circunstancias del artículo 99.4 de la Ley 58/2003, se deniegan mediante resolución motivada.
- Si los documentos están en soporte electrónico, las copias se facilitan preferentemente por esos medios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El obligado puede obtener a su costa copia de los documentos del expediente en la puesta de manifiesto, en expedientes concluidos o en cualquier momento del apremio; se entregan en oficina con diligencia y pueden denegarse motivadamente.
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Artículo 96. Trámites de audiencia y de alegaciones.
1. Durante el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones realizadas, todos los elementos de prueba que obren en poder de la Administración y los informes emitidos por otros órganos. Asimismo, se incorporarán las alegaciones y los documentos que los obligados tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución o de liquidación.
En dicho trámite, el obligado tributario podrá obtener copia de los documentos del expediente, aportar nuevos documentos y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime oportunas.
En los procedimientos en los que se prescinda del trámite de audiencia por estar previsto un trámite de alegaciones posterior a la propuesta de resolución o de liquidación, la Administración tributaria notificará al obligado dicha propuesta para que efectúe las alegaciones que considere oportunas y en dicho trámite será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores.
2. Si antes del vencimiento del plazo de audiencia o, en su caso, de alegaciones, el obligado tributario manifestase su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se dejará constancia en el expediente de dicha circunstancia.
3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia o, en su caso, del plazo para formular alegaciones, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las presentadas por el interesado.
Cuando de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior se prescinda del plazo para formular alegaciones, se prescindirá, asimismo, de la notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación.
4. Una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones no se podrá incorporar al expediente más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho trámite, siempre que se aporten antes de dictar la resolución.
5. Concluido el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano competente para resolver, previa valoración de las alegaciones que, en su caso, se hayan efectuado, la propuesta de resolución o de liquidación.
Datos clave
- En la audiencia se pone de manifiesto el expediente: actuaciones realizadas, elementos de prueba e informes de otros órganos.
- El obligado puede obtener copia de los documentos, aportar nuevos documentos y justificantes y formular alegaciones.
- Si antes del vencimiento manifiesta que no alegará, se tiene por realizado el trámite y se deja constancia en el expediente.
- Puede prescindirse de la audiencia o de las alegaciones si solo constan los hechos, alegaciones y pruebas presentados por el interesado.
- Tras el trámite no se incorpora más documentación, salvo imposibilidad demostrada de aportarla antes y siempre antes de dictar resolución.
- Concluido el trámite, el órgano de tramitación eleva la propuesta al órgano competente para resolver.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la audiencia o alegaciones el obligado ve el expediente completo, obtiene copias, aporta documentos y alega; puede renunciar; se omite si solo hay hechos suyos; después no cabe más documentación salvo imposibilidad.
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Artículo 97. Comunicaciones.
1. Las comunicaciones a las que se refiere en el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contendrán mención expresa, al menos, de los siguientes datos:
a) Lugar y fecha de su expedición.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad a la que se dirige.
c) Lugar al que se dirige.
d) Hechos o circunstancias que se comunican o contenido del requerimiento que se realiza mediante la comunicación.
e) Órgano que la expide y nombre y apellidos y firma de la persona que la emite.
2. Cuando la comunicación sirva para notificar al obligado tributario el inicio de una actuación o procedimiento, el contenido incluirá además el previsto en el artículo 87.3 de este reglamento.
3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y se incorporarán al expediente.
Datos clave
- Las comunicaciones del artículo 99.7 de la Ley 58/2003 mencionan el lugar y la fecha de su expedición.
- Identifican, con su NIF, a la persona o entidad a la que se dirigen y el lugar al que se dirigen.
- Recogen los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento.
- Constan el órgano que la expide y el nombre, apellidos y firma de la persona que la emite.
- Si notifican el inicio de una actuación o procedimiento, incluyen además el contenido del artículo 87.3 del reglamento.
- Se notifican al obligado y se incorporan al expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contenido mínimo de las comunicaciones del art. 99.7 LGT: cinco datos obligatorios, más el contenido del art. 87.3 si inician un procedimiento; se notifican y se incorporan al expediente.
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Artículo 98. Diligencias.
El artículo 98 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Diligencias», dispone lo siguiente.
1. En las diligencias a las que se refiere en el 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se harán constar necesariamente los siguientes extremos:
a) Lugar y fecha de su expedición.
b) Nombre y apellidos y firma de la persona al servicio de la Administración tributaria interviniente.
c) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y firma de la persona con la que, en su caso, se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con el que interviene.
d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario al que se refieren las actuaciones.
e) Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.
f) Hechos y circunstancias que se hagan constar.
g) Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y circunstancias que se hacen constar.
2. En las diligencias podrán hacerse constar, entre otros, los siguientes contenidos:
a) La iniciación de la actuación o procedimiento y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios.
b) Los resultados de las actuaciones de obtención de información.
c) La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento y la descripción de estas.
d) Los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones.
e) La representación otorgada mediante declaración en comparencia personal del obligado tributario ante el órgano administrativo competente.
3. En las diligencias podrán hacerse constar los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro procedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado y, entre otros:
a) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias.
b) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quienes puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de la sanción tributaria, así como las circunstancias y antecedentes que pudieran ser determinantes de la responsabilidad.
d) Los hechos determinantes de la iniciación de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.
e) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.
f) Los hechos que pudieran ser trascendentes para otros órganos de la misma o de otra Administración.
g) El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades dependientes integradas en un grupo que tributen en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Datos clave
- Las diligencias del artículo 99.7 de la Ley 58/2003 hacen constar el lugar y la fecha de expedición y el nombre, apellidos y firma del personal interviniente.
- Constan identificación, NIF y firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene.
- Recogen el procedimiento, los hechos y las alegaciones del obligado, incluida su conformidad o no con los hechos.
- Pueden reflejar el inicio de actuaciones, los resultados de la obtención de información, las medidas cautelares y los hechos resultantes de la comprobación.
- Pueden recoger acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias o de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.
- También posibles responsables solidarios o subsidiarios y hechos determinantes de la comprobación del domicilio fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las diligencias recogen siempre siete extremos obligatorios y pueden dejar constancia de actuaciones, resultados y hechos que justifiquen otro procedimiento, como infracciones, delitos o responsables.
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Artículo 99. Tramitación de las diligencias.
El artículo 99 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Tramitación de las diligencias», dispone lo siguiente.
1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo establecido por la correspondiente Administración tributaria. Las diligencias podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
2. Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio de la Administración tributaria que practique las actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan estas, a las que se les entregará un ejemplar. En el caso de diligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.
Cuando la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar la diligencia o no pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin perjuicio de la entrega del ejemplar correspondiente. Si se negase a recibir la diligencia o los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados, se hará constar así en ella, y, en su caso, se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones.
3. Las diligencias se incorporarán al respectivo expediente.
4. Cuando las diligencias recojan hechos o circunstancias que puedan tener incidencia en otro procedimiento de aplicación de los tributos o sancionador iniciados o que se puedan iniciar se remitirá copia al órgano competente que en cada caso corresponda.
Datos clave
- Las diligencias pueden extenderse sin modelo preestablecido, aunque se usa el de la Administración cuando fuera posible.
- Pueden suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
- Las firman el personal actuante y la persona con quien se entiendan las actuaciones, que recibe un ejemplar.
- La negativa a firmar se hace constar; la negativa a recibir puede considerarse rechazo a efectos del artículo 111 de la Ley 58/2003.
- Se incorporan al expediente y, si afectan a otro procedimiento, se remite copia al órgano competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las diligencias no necesitan modelo fijo, se firman a mano o electrónicamente por el actuante y por quien atiende la actuación, que recibe un ejemplar; se incorporan al expediente y se copian a otros órganos si interesan.
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Artículo 100. Informes.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los órganos de la Administración tributaria emitirán los informes que sean preceptivos, los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos y los que les sean solicitados, siempre que en este último caso se fundamente la conveniencia de solicitarlos.
2. En particular, los órganos de aplicación de los tributos deberán emitir informe en los siguientes supuestos:
a) Cuando se complementen las diligencias que recojan hechos o conductas que pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias y no corresponda al mismo órgano la tramitación del procedimiento sancionador.
b) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda pública y se remita el expediente al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal.
Datos clave
- Los órganos emiten los informes preceptivos, los necesarios para aplicar los tributos y los solicitados de forma fundamentada.
- Es obligatorio el informe que complementa diligencias sobre posibles infracciones cuando otro órgano tramita el procedimiento sancionador.
- Es obligatorio el informe cuando hay indicios de delito contra la Hacienda pública y se remite el expediente al órgano judicial o al Ministerio Fiscal.
- La base legal es el artículo 99.7 de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos tributarios emiten los informes preceptivos, los necesarios y los solicitados si se fundamenta su conveniencia; y deben informar al pasar infracciones a otro órgano o al remitir indicios de delito.
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Artículo 101. Resolución.
1. Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el órgano competente dictará resolución, que será motivada en los supuestos que disponga la normativa aplicable, y decidirá todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento y aquellas otras que se deriven de él.
2. La resolución deberá contener mención expresa del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario, de la fecha, de la identificación del órgano que dicta la resolución, del derecho u obligación tributaria objeto del procedimiento y, en su caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.
3. Cuando la resolución contenga una liquidación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e incluirá, cuando proceda, los intereses de demora correspondientes.
4. El incumplimiento de los plazos máximos de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa específica o, en su defecto, los previstos en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa cuando proceda.
En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo.
En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
5. Los efectos del silencio administrativo se entenderán sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la comprobación o investigación de la situación tributaria de los obligados tributarios, con relación a la concurrencia de las condiciones y requisitos de beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. Cuando un procedimiento de aplicación de los tributos finalice como consecuencia del inicio de otro procedimiento, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento, será suficiente haber realizado un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento.
Si se hubiese iniciado un procedimiento sancionador como consecuencia de un procedimiento de aplicación de los tributos y este último finalizase como consecuencia del inicio de otro procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador terminará mediante resolución expresa en la que se declarará dicha circunstancia, sin perjuicio de que posteriormente se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador derivado del procedimiento de aplicación de los tributos iniciado con posterioridad.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o de un procedimiento sancionador que hubiesen terminado de la forma prevista en este apartado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dichos procedimientos conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en los procedimientos de aplicación de los tributos o sancionadores que puedan iniciarse con posterioridad, siempre que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento.
Datos clave
- Concluida la tramitación, el órgano competente dicta resolución, motivada en los supuestos que disponga la normativa.
- Contiene identificación y NIF del obligado, fecha, órgano que resuelve, derecho u obligación objeto y, en su caso, hechos y fundamentos de derecho.
- Si contiene una liquidación se aplica el artículo 102 de la Ley 58/2003 e incluye los intereses de demora que procedan.
- En la estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria.
- En la desestimación por silencio, la resolución expresa posterior no se vincula al sentido del silencio.
- Si un procedimiento termina por el inicio de otro, basta un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución cierra el procedimiento, se motiva cuando la norma lo exija y contiene los datos del obligado, la fecha, el órgano y el objeto; si se incumple el plazo máximo, se aplican los efectos del silencio.
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Artículo 102. Cómputo de los plazos máximos de resolución.
El artículo 102 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Cómputo de los plazos máximos de resolución», dispone lo siguiente.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá por registro del órgano competente para la tramitación del procedimiento, el registro del órgano que resulte competente para iniciar la tramitación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento o en la normativa específica del procedimiento.
2. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento.
3. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, períodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables a la Administración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.
Los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento de inspección, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.
4. Los períodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no imputable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento inspector deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.
5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración se contarán por días naturales, y respecto del procedimiento inspector se estará a lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 184 de este reglamento.
6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de este Reglamento, a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de este Reglamento y en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación de las fechas de inicio y fin de cada periodo, siempre que lo solicite expresamente
7. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no impedirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación pudieran desarrollarse.
Datos clave
- El registro del órgano competente es el del órgano que resulte competente para iniciar según el artículo 59 del reglamento o la normativa específica.
- Las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración no se incluyen en el cómputo del plazo de resolución.
- Esos períodos se cuentan por días naturales.
- Deben documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.
- El obligado puede conocer, si lo solicita expresamente, el estado del cómputo con las fechas de inicio y fin de cada periodo.
- No impiden la práctica de las actuaciones que puedan desarrollarse durante esa situación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración no cuentan en el plazo máximo de resolución; se computan por días naturales, se documentan y no paralizan las actuaciones.
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Artículo 103. Períodos de interrupción justificada.
El artículo 103 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Períodos de interrupción justificada», dispone lo siguiente.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán períodos de interrupción justificada los originados en los siguientes supuestos:
a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 12 meses.
b) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes o valoraciones a otro Estado o entidad internacional o supranacional como consecuencia de la información previamente recibida de los mismos en el marco de la asistencia mutua, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición a la autoridad competente del otro Estado o entidad hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones, de 12 meses. Este plazo de interrupción es independiente del regulado en el párrafo a) anterior.
c) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente para continuar el procedimiento.
d) Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano competente para continuar el procedimiento. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
e) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales previstas en los artículos 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por el tiempo que transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta la resolución dictada por la respectiva Junta Arbitral.
Datos clave
- Peticiones de datos o informes a otros órganos o Administraciones: la interrupción no puede exceder de seis meses.
- Si las solicitudes se formulan a otros Estados, el límite es de 12 meses.
- Peticiones a otro Estado o entidad internacional derivadas de información recibida en asistencia mutua: máximo 12 meses, independiente del anterior.
- Remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente por indicios de delito contra la Hacienda Pública.
- Dependencia de actuaciones judiciales penales y fuerza mayor, con posibles liquidaciones provisionales del artículo 101.4 de la Ley 58/2003.
- Conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales, hasta su resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis causas interrumpen justificadamente el plazo: pedir informes a otros órganos (hasta seis meses, o 12 si es a otro Estado), peticiones por asistencia mutua (12 meses), delito fiscal, proceso penal, fuerza mayor y Juntas Arbitrales.
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Artículo 104. Dilaciones por causa no imputable a la Administración.
El artículo 104 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Dilaciones por causa no imputable a la Administración», dispone lo siguiente.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, entre otras, las siguientes:
a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración tributaria. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria que no figuren íntegramente cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos de este cómputo hasta que se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al obligado tributario, salvo que la normativa específica establezca otra cosa.
b) La aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, de alegaciones. La dilación se computará desde el día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se aplicará lo dispuesto en el párrafo a) anterior.
c) La concesión por la Administración de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.
d) La paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado tributario por la falta de cumplimentación de algún trámite indispensable para dictar resolución, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se considere incumplido el trámite hasta su cumplimentación por el obligado tributario, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda declararse la caducidad, previa advertencia al interesado.
e) El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya producido
f) La presentación por el obligado tributario de declaraciones reguladas en el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de comunicaciones de datos o de solicitudes de devolución complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad. La dilación se computará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución o desde el día siguiente al de la presentación en los supuestos de presentación fuera de plazo hasta la presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.
g) La falta de presentación en plazo de la declaración informativa con el contenido de los libros registro regulada en el artículo 36 de este Reglamento. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación.
h) El retraso en la notificación derivado de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en supuestos en que los actos a notificar se refieran a procedimientos de aplicación de los tributos ya iniciados. A tal efecto, deberá quedar acreditado que la notificación pudo ponerse a disposición del obligado tributario en la fecha por él seleccionada conforme a lo dispuesto en la citada disposición adicional tercera.
i) El incumplimiento de la obligación de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación o registro.
Datos clave
- Retrasos del obligado en comparecencias o requerimientos: desde el día siguiente a la fecha fijada o al fin del plazo hasta el íntegro cumplimiento.
- Aportación de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o de alegaciones.
- Concesión de la ampliación de cualquier plazo o del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado.
- Paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado por falta de un trámite indispensable.
- Retraso en la notificación de las propuestas desde el día siguiente al intento de notificación.
- Declaraciones complementarias o sustitutivas, falta de la declaración informativa de libros registro del artículo 36 e incumplimiento de la llevanza de libros del IVA en la Sede electrónica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son dilaciones no imputables a la Administración, entre otras, los retrasos del obligado al atender requerimientos, aportar pruebas tarde, las prórrogas concedidas, la paralización por su culpa y los retrasos en notificar.
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Artículo 105. Actuaciones relativas a obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
1. Tratándose de entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones de comprobación o investigación que tengan por objeto examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de dicha ley.
Las liquidaciones que, en su caso, procedan se practicarán a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas entidades.
El examen del adecuado cumplimiento de las obligaciones relativas al tributo que grave las rentas obtenidas por las entidades en régimen de atribución de rentas se realizará en el curso de los procedimientos de comprobación o investigación que puedan instruirse frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe como obligado tributario por dicho tributo. En esos procedimientos podrán utilizarse los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de las actuaciones de comprobación o investigación de las obligaciones propias de la entidad.
2. La comprobación de la situación tributaria de las Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrollará con estas, sin perjuicio del derecho de sus socios o miembros a oponer todos los motivos de impugnación que estimen convenientes durante la tramitación del procedimiento de comprobación o investigación que se instruya frente a cada uno de ellos en el que se tenga en cuenta los resultados de las actuaciones desarrolladas con la entidad.
Datos clave
- En las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, las actuaciones se desarrollan con quien tenga su representación (artículo 45.3).
- Las liquidaciones se practican a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de partícipes, miembros o cotitulares.
- El tributo sobre las rentas en atribución se examina en los procedimientos frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe.
- La comprobación de UTE, AIE y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrolla con estas.
- Los socios o miembros pueden oponer todos los motivos de impugnación en el procedimiento que se instruya frente a cada uno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con entes del artículo 35.4 se actúa con su representante y se liquida a nombre de la entidad; la renta atribuida se comprueba en cada socio; UTE y AIE se comprueban con la entidad, sin perjuicio de que los socios impugnen.
Esquema
| Atribución de rentas (35.4) | UTE, AIE e imputación | |
|---|---|---|
| Con quién se comprueba | Tributo sobre la renta: frente a cada socio, comunero o partícipe | Con la propia entidad |
| Socios | Son los obligados por ese tributo | Pueden oponer todos los motivos de impugnación en su procedimiento |
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Artículo 106. Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación.
El artículo 106 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación», dispone lo siguiente.
1. En el supuesto previsto en el artículo 35.7, párrafo primero, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.
2. Una vez iniciado un procedimiento de comprobación o investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás obligados tributarios conocidos que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.
3. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.
4. En el ámbito de la deuda aduanera, lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas en su normativa específica. En particular, las actuaciones realizadas con cualquiera de las personas o entidades que con arreglo a la normativa de la Unión Europea tengan la consideración de deudores de la deuda aduanera serán válidas siempre que respecto a la persona o entidad con la que se hayan realizado se hayan respetado las disposiciones que resulten aplicables al procedimiento de que se trate, independientemente de que pudieran existir otros deudores. A estos efectos, la comunicación de la existencia del procedimiento a la que se refiere el apartado 2 anterior podrá realizarse en cualquier momento siempre que se garantice el derecho a ser oído en los términos establecidos en la normativa de la Unión Europea.
Datos clave
- En la solidaridad del artículo 35.7 de la Ley 58/2003 puede actuarse con cualquiera de los obligados que concurran en el presupuesto de hecho.
- Iniciada la comprobación o investigación, se comunica a los demás obligados conocidos, que pueden comparecer.
- El procedimiento es único y continúa con quienes hayan comparecido.
- Resoluciones y liquidaciones se dictan a nombre de todos los comparecientes y se notifican a los demás obligados conocidos.
- En la deuda aduanera son válidas las actuaciones con cualquiera de los deudores según la normativa de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con varios obligados solidarios en el mismo hecho imponible, Hacienda puede actuar con cualquiera; los demás conocidos son avisados y pueden comparecer, y el procedimiento es único.
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Artículo 108. Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso.
El artículo 108 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso», dispone lo siguiente.
1. En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Administración si son requeridos para ello en cuanto representantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el órgano competente podrá examinarlos en dicho registro y podrá requerir la comparecencia de los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones.
2. En los supuestos de concurso, las actuaciones administrativas se entenderán con el concursado o su representante cuando el juez no hubiere acordado la suspensión de las facultades de administración y disposición.
Si se hubiere acordado la suspensión de facultades, las actuaciones se entenderán con el concursado por medio de la administración concursal.
Datos clave
- En entidades en liquidación, antes de extinguirse su personalidad jurídica, las actuaciones se entienden con los liquidadores.
- Disuelta y liquidada la entidad, los liquidadores comparecen si son requeridos como representantes anteriores y custodios de libros y documentación.
- Si los libros están depositados en un registro público, pueden examinarse allí.
- En concurso sin suspensión de facultades, las actuaciones se entienden con el concursado o su representante.
- Con suspensión de facultades, se entienden con el concursado por medio de la administración concursal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En las entidades en liquidación se actúa con los liquidadores, incluso tras la extinción si se les requiere; en concurso, con el concursado o, si sus facultades están suspendidas, a través de la administración concursal.
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Artículo 109. Actuaciones relativas a obligados tributarios no residentes.
1. En el caso obligados tributarios no residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En el caso de incumplimiento de la obligación de nombrar representante, la Administración tributaria podrá considerar representante del establecimiento permanente a la persona que figure como tal en el Registro Mercantil. Si no hubiera representante nombrado o inscrito, o fuera una persona distinta de quien esté facultado para contratar en nombre de aquellos, la Administración tributaria podrá considerar como tal a este último.
En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de representante exigible a las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, la Administración tributaria podrá considerar que su representante es el depositario o gestor de los bienes o derechos de los obligados tributarios.
2. En el caso de tributos que deban satisfacer los obligados tributarios no residentes que operen en España sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con el obligado tributario no residente, con el representante, en su caso, designado al efecto o, cuando la ley así lo prevea, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las actuaciones directamente. En este último supuesto, las liquidaciones se podrán practicar directamente al responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la responsabilidad a él exigida.
Datos clave
- No residentes con establecimiento permanente: actuaciones con el representante designado conforme al artículo 47 de la Ley 58/2003.
- Sin nombramiento, puede considerarse representante a quien figure en el Registro Mercantil o a quien esté facultado para contratar.
- Residentes en territorios sin efectivo intercambio de información: puede considerarse representante al depositario o gestor de los bienes o derechos.
- Sin establecimiento permanente: actuaciones con el no residente, su representante o, si la ley lo prevé, el responsable solidario.
- El responsable solidario puede utilizar todos los motivos de impugnación de la liquidación o de la responsabilidad exigida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con no residentes con establecimiento permanente se actúa con su representante designado o, si falta, con el inscrito o el facultado para contratar; sin establecimiento, con el no residente, su representante o el responsable solidario.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 114. Notificación.
El artículo 114 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Notificación», dispone lo siguiente.
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de notificación.
Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el destinatario está ausente o de que consta como desconocido en su domicilio fiscal o en el lugar designado al efecto para realizar la notificación.
Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole en la diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la dependencia al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de llegada se dejará a efectos exclusivamente informativos.
2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, el envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío en la oficina.
En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente en el correspondiente procedimiento.
3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del obligado tributario que consten con tal condición en el expediente.
4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre asistencia mutua, podrá solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.
Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo anterior deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad competente española de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán por válidamente efectuadas.
Datos clave
- Si no es posible notificar por causas no imputables a la Administración, se hacen constar en el expediente las circunstancias del intento.
- Tras dos intentos sin éxito se deja aviso de llegada en el casillero domiciliario, a efectos exclusivamente informativos.
- En apartados postales, la notificación se entiende practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío.
- En procedimientos a instancia, el apartado postal exige que el interesado lo haya señalado como preferente.
- El fallecimiento o extinción conocidos al notificar la resolución final cuentan como intento válido a efectos del plazo máximo.
- Por asistencia mutua puede pedirse a la autoridad de otro Estado la práctica de notificaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hacer cuando la notificación falla: dejar constancia del intento, aviso de llegada tras dos intentos, reglas para apartados postales, fallecimiento del destinatario y notificaciones en otro Estado.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 115. Notificación por comparecencia.
1. En el supuesto previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma del compareciente.
2. En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan pero rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se documentará esta circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.
Datos clave
- La comparecencia debe producirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio.
- Se practica la notificación y se deja constancia en diligencia con la firma del compareciente.
- Si comparece y rehúsa recibir la documentación, se documenta el rechazo y se entiende practicada según el artículo 111.2 de la Ley 58/2003.
- Se incorpora al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué pasa cuando el obligado acude a recoger una notificación tras el anuncio de comparecencia: si viene en 15 días naturales se le notifica con diligencia; si rehúsa, se entiende practicada.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 115 bis. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
El artículo 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos», dispone lo siguiente.
1. El régimen para la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.
2. En el ámbito de competencias del Estado, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se podrán regular las especialidades en la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
Datos clave
- Las notificaciones electrónicas siguen las normas administrativas generales.
- Se aplican las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.
- En el ámbito estatal, las especialidades pueden regularse por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las notificaciones electrónicas tributarias siguen las normas administrativas generales con las especialidades legales y reglamentarias; en el Estado, una orden ministerial puede regularlas.