La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, garantías y suspensión de los mismos. La Protección de los datos personales y garantías de los derechos digitales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. La Corona.
Practica este tema con tests de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (C1), especialidad Investigación — AEAT: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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Constitución Española · Art. 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Datos clave
- ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? → La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- ¿Dónde reside la soberanía nacional según el art. 1.2? → En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- ¿Cuál es la forma política del Estado español? → La Monarquía parlamentaria.
- Los cuatro valores en orden: LI-JU-I-PLU (Libertad, Justicia, Igualdad, Pluralismo político).
- Un apartado, un dato: 1) qué Estado · 2) de quién es la soberanía · 3) qué forma política.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo es el Estado español: social y democrático de Derecho, con cuatro valores superiores, soberanía nacional en el pueblo español y forma política de Monarquía parlamentaria.
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Constitución Española · Art. 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Datos clave
- ¿Qué tres principios recoge el artículo 2 de la CE? → Unidad indisoluble de la Nación española, derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad entre ellas.
- ¿Qué carácter tiene la unidad de la Nación española según el art. 2? → Indisoluble.
- Regla mnemotécnica: U-A-S, el orden literal del artículo es Unidad, Autonomía, Solidaridad.
- Fíjate que dice 'nacionalidades y regiones', no 'comunidades autónomas': el término constitucional es distinto del administrativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres ideas en un solo artículo: la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española y reconoce y garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.
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Constitución Española · Art. 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Datos clave
- ¿Qué dos posiciones jurídicas tienen todos los españoles respecto del castellano? → El deber de conocerla y el derecho a usarla.
- ¿Cómo califica el art. 3.3 la riqueza de las modalidades lingüísticas de España? → Como un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
- Castellano = deber + derecho. Demás lenguas = oficialidad territorial vía Estatuto. Modalidades = respeto y protección.
- Fíjate en el matiz: el apartado 3 no habla de lenguas, habla de 'modalidades lingüísticas' como patrimonio cultural.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El castellano es la lengua oficial del Estado, con deber de conocerla y derecho a usarla; las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades según sus Estatutos, y las modalidades lingüísticas son patrimonio cultural.
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Constitución Española · Art. 4
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Datos clave
- ¿Qué proporción guardan las franjas de la bandera de España? → La franja amarilla central tiene el doble de anchura que cada una de las rojas.
- ¿Quién puede reconocer banderas propias de las Comunidades Autónomas? → Los Estatutos de Autonomía, con carácter potestativo ('podrán').
- Proporción 1:2:1 (roja-amarilla-roja): la amarilla es el doble de ancha que cada roja, no son tres franjas iguales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La bandera de España: tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, con la amarilla de doble anchura que cada roja. Los Estatutos pueden reconocer banderas autonómicas, que se usan junto a la de España.
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Constitución Española · 5
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Datos clave
- La villa de Madrid es la capital del Estado.
- La Constitución emplea el término "villa" para referirse a Madrid.
Constitución Española · Art. 6
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Datos clave
- ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos según el art. 6? → Democráticos.
- ¿Qué expresan los partidos políticos según el artículo 6? → El pluralismo político.
- Tres verbos clave: expresan (pluralismo), concurren (a la voluntad popular) y son instrumento (de participación); y una exigencia interna: democráticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los partidos políticos expresan el pluralismo, concurren a formar la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación; se crean libremente y su estructura y funcionamiento han de ser democráticos.
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Constitución Española · Art. 7
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Datos clave
- ¿Qué tipo de intereses defienden los sindicatos y las asociaciones empresariales según el art. 7? → Los intereses económicos y sociales que les son propios.
- ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de sindicatos y asociaciones empresariales? → Democráticos.
- Frase clave para examen: 'intereses económicos y sociales' (no políticos) son los que defienden sindicatos y asociaciones empresariales.
- La creación de los sindicatos y las asociaciones empresariales es libre, y su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sindicatos y asociaciones empresariales defienden los intereses económicos y sociales de sus miembros; comparten con otras organizaciones representativas la libertad de creación y la exigencia de funcionamiento democrático.
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Constitución Española · Art. 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
Datos clave
- ¿Qué tres cuerpos forman las Fuerzas Armadas según el art. 8 CE? → El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
- ¿Qué tipo de ley regula las bases de la organización militar? → Ley orgánica.
- Los tres ejércitos: Tierra, Armada, Aire — cuidado, el nombre oficial es 'Armada', no 'Marina'.
- Cuatro misiones en el apartado 1: soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Fuerzas Armadas las forman el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire; garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
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Constitución Española · Art. 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Datos clave
- Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
- Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
- 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.
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Constitución Española · Art. 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Datos clave
- ¿Qué son fundamento del orden político y de la paz social según el art. 10.1? → La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
- ¿Conforme a qué se interpretan las normas sobre derechos fundamentales? → De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
- Son cinco fundamentos en el 10.1: dignidad, derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley, respeto a los derechos de los demás.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco fundamentos del orden político y la paz social, con la dignidad de la persona a la cabeza, y la regla de interpretar los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal y los tratados ratificados por España.
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Constitución Española · Art. 11
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Datos clave
- ¿Quién no puede ser privado nunca de su nacionalidad según el art. 11.2? → Ningún español de origen.
- ¿Con qué países puede el Estado concertar tratados de doble nacionalidad? → Con países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan particular vinculación con España.
- El apartado 2 es de los más preguntados: memoriza literal 'ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad'.
- En esos países, los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aunque el país no reconozca a sus ciudadanos un derecho recíproco.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La nacionalidad se rige por la ley, pero ningún español de origen puede ser privado de ella. El Estado puede pactar doble nacionalidad con ciertos países, donde los españoles pueden naturalizarse sin perder la suya.
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Constitución Española · 12
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
Datos clave
- La mayoría de edad se alcanza a los dieciocho años.
- Este umbral se aplica a los españoles.
Constitución Española · Art. 13
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
Datos clave
- ¿Qué derechos reserva el art. 13.2 a los españoles y con qué excepción? → Los del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad se establezca por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
- ¿Qué delitos quedan excluidos de la extradición? → Los delitos políticos, sin que se consideren como tales los actos de terrorismo.
- 13.2: la puerta para el extranjero solo se abre en lo MUNICIPAL, y con llave de reciprocidad.
- En extradición, el terrorismo está expresamente sacado del saco de los delitos políticos: por eso sí cabe extraditar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derechos de los extranjeros: libertades públicas según tratados y ley; el art. 23 reservado a los españoles salvo el sufragio municipal por reciprocidad; extradición con reciprocidad y sin delitos políticos; asilo por ley.
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Constitución Española · Art. 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Datos clave
- ¿Cuántos motivos de discriminación se citan expresamente en el art. 14 antes de la cláusula abierta? → Cinco: nacimiento, raza, sexo, religión y opinión.
- ¿Es cerrada la lista de motivos de discriminación del artículo 14? → No, termina en cláusula abierta ('o cualquier otra condición o circunstancia personal o social').
- Memoriza los cinco motivos expresos en orden: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión; luego la cláusula abierta los amplía a cualquier otra condición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Igualdad ante la ley de los españoles, sin discriminación por cinco motivos expresos (nacimiento, raza, sexo, religión y opinión) ni por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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Constitución Española · Art. 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Datos clave
- ¿Qué excepción contempla el art. 15 a la abolición de la pena de muerte? → Lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra.
- ¿Qué no puede sufrirse en ningún caso según el art. 15? → Tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes.
- La pena de muerte no está prohibida al 100 %: queda la excepción militar en tiempo de guerra, dato muy preguntado.
- 'En ningún caso' va con tortura y tratos inhumanos, no con la pena de muerte (que sí tiene excepción).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, prohibición en ningún caso de tortura y tratos inhumanos o degradantes, y abolición de la pena de muerte con una única salvedad militar en tiempos de guerra.
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Constitución Española · Art. 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Datos clave
- ¿Cuál es el único límite a la libertad ideológica, religiosa y de culto según el art. 16.1? → El mantenimiento del orden público protegido por la ley.
- ¿Con qué confesión menciona expresamente el artículo que el Estado mantiene cooperación? → Con la Iglesia Católica, y también con las demás confesiones.
- El límite único de la libertad religiosa es el orden público protegido por la ley, literal del artículo.
- Aconfesional pero no aislacionista: 'ninguna confesión estatal' + 'cooperación' con la Iglesia Católica conviven en el mismo apartado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad ideológica, religiosa y de culto con un único límite, el orden público; nadie está obligado a declarar sus creencias; ninguna confesión es estatal, pero los poderes públicos cooperan con la Iglesia Católica y las demás.
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Constitución Española · Art. 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo máximo de la detención preventiva según el art. 17.2? → Setenta y dos horas.
- ¿Qué procedimiento regula la ley para la puesta inmediata a disposición judicial de un detenido ilegalmente? → El habeas corpus.
- ¿Quién fija el plazo máximo de la prisión provisional según el art. 17.4? → Se determina por ley.
- El dato más preguntado del artículo: 72 horas es el máximo de la detención preventiva, no de la prisión provisional.
- El 'habeas corpus' es para detenciones ilegales; el 'plazo máximo de prisión provisional' es un mandato de reserva de ley, cosa distinta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad y seguridad: detención preventiva por lo estrictamente necesario y como máximo setenta y dos horas, derechos del detenido, habeas corpus y plazo máximo de prisión provisional fijado por ley.
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Constitución Española · Art. 18
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Datos clave
- ¿Qué tres circunstancias permiten entrar en un domicilio sin más? → Consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito.
- ¿Qué excepción única admite el secreto de las comunicaciones? → La resolución judicial.
- Cuenta las vías de entrada al domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (tres); al secreto de las comunicaciones solo se accede por resolución judicial (una).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Honor, intimidad y propia imagen; domicilio inviolable salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito; secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial; y la ley limita el uso de la informática.
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Constitución Española · Art. 19
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
Datos clave
- ¿Por qué motivos no puede limitarse nunca el derecho del art. 19? → Por motivos políticos o ideológicos.
- ¿Qué facultad del art. 19 se ejerce 'en los términos que la ley establezca'? → La de entrar y salir libremente de España.
- Tres verbos: residir, circular, entrar y salir. Y un veto: ni por política ni por ideología.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los españoles eligen libremente residencia, circulan por el territorio nacional y entran y salen de España en los términos de la ley; este derecho no puede limitarse por motivos políticos o ideológicos.
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Constitución Española · Art. 20
1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Datos clave
- ¿Qué prohíbe expresamente el art. 20.2? → Que el ejercicio de estos derechos se restrinja mediante ningún tipo de censura previa.
- ¿Qué se exige para acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información? → Una resolución judicial.
- ¿Cuáles son los límites especiales que enumera el art. 20.4? → El derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia.
- Las cuatro letras en orden: Opinión, Obra (creación), Cátedra, Información. El adjetivo de la última es 'veraz'.
- Censura previa = prohibida siempre. Secuestro = solo el juez. No los mezcles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertades de expresión, creación, cátedra e información veraz, sin censura previa; secuestro de publicaciones solo por resolución judicial; límites en los derechos del Título y, en especial, honor, intimidad, imagen y protección de la juventud y la infancia.
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Constitución Española · Art. 21
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Datos clave
- ¿Necesita autorización previa el derecho de reunión? → No, nunca; como mucho comunicación previa si es en tránsito público.
- ¿Cuándo puede la autoridad prohibir una manifestación? → Solo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
- Autorización nunca; comunicación previa solo si es en la calle (tránsito público) o manifestación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones basta comunicación previa, y la autoridad solo puede prohibir por alteración del orden público con peligro.
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Constitución Española · Art. 22
1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Datos clave
- ¿Para qué sirve la inscripción de una asociación en el registro? → Solo a efectos de publicidad, según el apartado 3.
- ¿Quién puede disolver o suspender una asociación? → Solo la resolución judicial motivada.
- ¿Qué dos tipos de asociaciones prohíbe expresamente el apartado 5? → Las secretas y las de carácter paramilitar.
- El registro (apdo. 3) es de publicidad, no de autorización: memorízalo como 'inscribirse, no pedir permiso'.
- Disolución = solo resolución judicial motivada (apdo. 4); no vale una orden administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de asociación con límites: ilegales si persiguen fines o usan medios delictivos; registro solo a efectos de publicidad; disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada; prohibidas las secretas y paramilitares.
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Constitución Española · Art. 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Datos clave
- ¿Por qué sistema se eligen los representantes según el art. 23.1? → Por sufragio universal, en elecciones periódicas.
- ¿Qué exige el art. 23.2 para acceder a funciones y cargos públicos? → Condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes.
- Dos derechos en un artículo: participar/votar (apdo. 1) y acceder a cargos públicos (apdo. 2); no los mezcles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos derechos de los ciudadanos: participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes libremente elegidos, y acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos con los requisitos legales.
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Constitución Española · Art. 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Datos clave
- ¿Qué no puede producirse nunca según el art. 24.1? → Indefensión.
- ¿Qué juez garantiza el art. 24.2? → El juez ordinario predeterminado por la ley.
- ¿Por qué dos razones puede la ley eximir de declarar sobre hechos delictivos? → Por razón de parentesco o de secreto profesional.
- Diferencia el apdo. 1 (tutela judicial general, para cualquiera) del apdo. 2 (garantías específicas del proceso): son dos planos distintos.
- La excepción al deber de declarar por parentesco o secreto profesional está en el propio apdo. 2, al final.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 24 garantiza la tutela judicial efectiva sin indefensión (apdo. 1) y, en el proceso, un catálogo de garantías: juez predeterminado, defensa letrada, proceso público sin dilaciones y presunción de inocencia (apdo. 2).
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Constitución Española · Art. 25
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Datos clave
- ¿A qué están orientadas las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad? → Hacia la reeducación y la reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.
- ¿Qué sanciones no puede imponer la Administración civil? → Las que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
- 25.1 legalidad · 25.2 fin de la pena y derechos del preso · 25.3 tope a la Administración civil.
- Tres limitadores de los derechos del preso: fallo, sentido de la pena y ley penitenciaria. Y cuatro que no se tocan: trabajo remunerado, Seguridad Social, cultura y desarrollo de la personalidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Legalidad sancionadora, penas orientadas a la reeducación y reinserción sin trabajos forzados, derechos del condenado a prisión y prohibición de que la Administración civil imponga sanciones privativas de libertad.
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Constitución Española · Art. 26
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
Datos clave
- Quedan prohibidos los Tribunales de Honor.
- La prohibición alcanza a la Administración civil.
- También alcanza a las organizaciones profesionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohibición de los Tribunales de Honor en dos ámbitos concretos: la Administración civil y las organizaciones profesionales.
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Constitución Española · Art. 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
Datos clave
- ¿Qué enseñanza es obligatoria y gratuita? → La enseñanza básica (art. 27.4).
- ¿Quiénes intervienen en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos? → Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, en los términos que la ley establezca.
- ¿Qué reconoce el apartado 10 del art. 27? → La autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
- Diez apartados. Ancla los tres extremos: 1 derecho a la educación y libertad de enseñanza · 4 básica obligatoria y gratuita · 10 autonomía universitaria (último apartado).
- En el apartado 7 el orden del texto es profesores, padres y alumnos; los alumnos van con 'en su caso'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a la educación y libertad de enseñanza en diez apartados: fines de la educación, formación religiosa y moral, enseñanza básica obligatoria y gratuita, creación de centros, participación, inspección, ayudas y autonomía universitaria.
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Constitución Española · Art. 28
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Datos clave
- ¿A quién puede la ley limitar o exceptuar la libertad sindical? → A las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar.
- ¿Qué debe garantizar la ley que regule la huelga? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- Recuerda a quién puede limitar la ley la libertad sindical: Fuerzas/Institutos armados y Cuerpos con disciplina militar; para funcionarios solo regula 'peculiaridades', no la excluye.
- El derecho a huelga siempre va de la mano de los servicios esenciales en el propio artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad sindical de todos, que la ley puede limitar o exceptuar para Fuerzas armadas y Cuerpos con disciplina militar; nadie está obligado a afiliarse. Huelga de los trabajadores con garantías para los servicios esenciales.
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Constitución Española · Art. 29
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
Datos clave
- ¿Cómo se ejerce el derecho de petición según el art. 29.1? → Individual y colectivamente, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
- ¿Cómo pueden ejercer el derecho de petición los sometidos a disciplina militar? → Solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
- Regla corta: petición = por escrito, individual o colectiva; militar = solo individual.
- El titular del derecho de petición es «todos los españoles».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los españoles pueden ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente y por escrito; los miembros de Fuerzas armadas o Cuerpos con disciplina militar, solo individualmente y según su legislación específica.
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Constitución Española · Art. 30
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Datos clave
- ¿Qué es, además de un deber, defender a España según el art. 30.1? → También un derecho.
- ¿Qué puede imponerse a quien objeta el servicio militar obligatorio? → Una prestación social sustitutoria.
- ¿En qué casos permite el apdo. 4 regular deberes de los ciudadanos? → Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
- 'Derecho y deber' van juntos en el apdo. 1: no te quedes solo con 'deber'.
- Objeción de conciencia → prestación social sustitutoria (apdo. 2); servicio civil (apdo. 3) es otra figura distinta, para fines de interés general.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Defender a España es derecho y deber de los españoles; la ley fija las obligaciones militares, la objeción de conciencia y la prestación sustitutoria; cabe un servicio civil y deberes en grave riesgo, catástrofe o calamidad.
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Constitución Española · Art. 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Datos clave
- ¿En qué principios se inspira el sistema tributario del art. 31.1? → En los de igualdad y progresividad, y en ningún caso tendrá alcance confiscatorio; se contribuye según la capacidad económica.
- ¿A qué criterios responden la programación y ejecución del gasto público? → A los criterios de eficiencia y economía, con una asignación equitativa de los recursos públicos.
- Ingreso = capacidad, igualdad, progresividad, no confiscatorio. Gasto = equitativo, eficiencia y economía.
- El 31.3 es reserva de ley y habla de prestaciones personales o patrimoniales, no solo de tributos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos contribuyen según su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, igualitario, progresivo y nunca confiscatorio; el gasto público, equitativo, eficiente y económico; y las prestaciones públicas, solo por ley.
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Constitución Española · Art. 32
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
Datos clave
- ¿Qué principio consagra el art. 32.1 sobre el matrimonio? → La plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.
- ¿Quién regula la edad y las causas de separación y disolución del matrimonio? → La ley (apdo. 2).
- El dato que se pregunta siempre: 'plena igualdad jurídica' entre el hombre y la mujer, en el propio apdo. 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El hombre y la mujer pueden contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; la ley regula sus formas, edad y capacidad, derechos y deberes de los cónyuges, y separación y disolución con sus efectos.
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Constitución Española · Art. 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Datos clave
- ¿Qué delimita el contenido de la propiedad privada y la herencia según el apdo. 2? → Su función social.
- ¿Qué tres requisitos exige el art. 33.3 para privar a alguien de sus bienes? → Causa justificada de utilidad pública o interés social, indemnización correspondiente y conformidad con las leyes.
- Memoriza los tres requisitos de la privación de bienes como una lista: causa justificada + indemnización + ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Propiedad privada y herencia reconocidas, con un contenido que delimita su función social según las leyes; privar a alguien de sus bienes exige causa justificada, indemnización y conformidad con las leyes.
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Constitución Española · Art. 34
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
Datos clave
- Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
- El ejercicio del derecho de fundación se sujeta a la ley.
- A las fundaciones se les aplican los apartados 2 y 4 del artículo 22.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley; a las fundaciones se les aplican también los apartados 2 y 4 del artículo 22.
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Constitución Española · Art. 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Datos clave
- ¿Qué adjetivo usa el art. 35.1 para calificar la remuneración? → Suficiente.
- ¿Qué debe regular la ley según el art. 35.2? → Un estatuto de los trabajadores.
- 'Deber' y 'derecho' al trabajo van en la misma frase del apdo. 1: no elijas solo una opción en un test.
- La remuneración se cualifica como 'suficiente', no simplemente 'adecuada' ni 'justa': es el adjetivo literal del artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deber de trabajar y derecho al trabajo de todos los españoles, con libre elección de profesión, promoción y remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo en ningún caso; y un estatuto de los trabajadores por ley.
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Constitución Española · Art. 36
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
Datos clave
- ¿Qué exige la Constitución sobre la estructura de los Colegios Profesionales? → Que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos.
- Palabra clave para el examen: 'democráticos' va referido a la estructura interna del Colegio, no a la profesión en sí.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reserva de ley para las peculiaridades del régimen de los Colegios Profesionales y del ejercicio de las profesiones tituladas, y exigencia de que los Colegios sean democráticos por dentro.
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Constitución Española · Art. 37
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Datos clave
- ¿Qué fuerza tienen los convenios según el art. 37.1? → Fuerza vinculante.
- ¿Qué debe incluir la ley que regule el conflicto colectivo? → Garantías para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- Vincula los dos apartados: negociación colectiva con convenios vinculantes (1) frente a conflicto colectivo con límite de servicios esenciales (2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley garantiza la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios; se reconoce el derecho a medidas de conflicto colectivo, cuya ley incluirá garantías para los servicios esenciales de la comunidad.
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Constitución Española · Art. 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Datos clave
- ¿En qué marco se reconoce la libertad de empresa? → En el marco de la economía de mercado.
- Frase clave a memorizar tal cual: 'libertad de empresa en el marco de la economía de mercado'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado; los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la productividad según la economía general y, en su caso, la planificación.
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Constitución Española · Art. 39
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Datos clave
- ¿Qué deben prestar los padres a los hijos según el art. 39.3? → Asistencia de todo orden, durante la minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
- ¿Qué posibilitará la ley respecto a la paternidad? → Su investigación.
- Cuatro apartados, cuatro sujetos: familia (1), hijos y madres (2), padres (3), niños (4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Protección de la familia, de los hijos iguales con independencia de su filiación y de las madres sea cual sea su estado civil; deber de asistencia de los padres e investigación de la paternidad.
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Constitución Española · Art. 40
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Datos clave
- ¿Hacia qué objetivo de empleo orienta su política el art. 40.1? → El pleno empleo.
- ¿Con qué medidas garantiza el descanso el art. 40.2? → La limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
- Los compromisos del apartado 2: formación y readaptación profesionales, seguridad e higiene en el trabajo, y el descanso necesario mediante la jornada limitada, las vacaciones retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos promueven el progreso y una renta más equitativa en el marco de la estabilidad económica, con una política especial de pleno empleo, y velan por formación, seguridad e higiene y descanso.
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Constitución Española · Art. 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Datos clave
- ¿Qué deben mantener los poderes públicos según el art. 41? → Un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
- ¿Qué carácter tienen la asistencia y prestaciones complementarias? → Son libres.
- Tres claves en una línea: régimen PÚBLICO, para TODOS los ciudadanos, prestaciones SUFICIENTES (y el desempleo, subrayado).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos mantienen un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones suficientes ante la necesidad, especialmente el desempleo; las complementarias son libres.
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Constitución Española · Art. 42
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Datos clave
- El Estado protege los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero.
- La política estatal se orienta hacia el retorno de esos trabajadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado vela especialmente por los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orienta su política hacia su retorno.
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Constitución Española · Art. 43
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Datos clave
- ¿Qué compete a los poderes públicos según el art. 43.2? → Organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios.
- ¿Qué tres cosas fomentarán los poderes públicos según el art. 43.3? → La educación sanitaria, la educación física y el deporte.
- Tres apartados, tres planos: derecho a la salud (1), organización pública de la salud (2), fomento de hábitos saludables (3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a la protección de la salud; los poderes públicos organizan y tutelan la salud pública y fomentan la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitan el uso del ocio.
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Constitución Española · Art. 44
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Datos clave
- ¿A qué tienen derecho todos según el art. 44.1? → A la cultura.
- ¿En beneficio de qué se promueve la ciencia según el art. 44.2? → Del interés general.
- Ap. 1 = acceso a la cultura, derecho de todos; ap. 2 = ciencia e investigación, en beneficio del interés general.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos promueven y tutelan el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promueven la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
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Constitución Española · Art. 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Datos clave
- ¿Qué deber acompaña al derecho al medio ambiente adecuado en el art. 45.1? → El deber de conservarlo.
- ¿Qué obligación se suma siempre a la sanción del art. 45.3? → La obligación de reparar el daño causado.
- El apartado 3 tiene siempre dos piezas: la sanción (penal o administrativa) y, además, la reparación del daño.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a un medio ambiente adecuado y deber de conservarlo; los poderes públicos velan por el uso racional de los recursos naturales, y quien lo viole se expone a sanciones penales o administrativas y a reparar el daño.
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Constitución Española · Art. 46
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley sanciona los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico? → La ley penal.
- ¿Importa la titularidad del bien para que esté protegido por el art. 46? → No: se protege cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos conservan y enriquecen el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, sea cual sea el régimen jurídico y la titularidad de los bienes; la ley penal sanciona los atentados.
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Constitución Española · Art. 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Datos clave
- ¿Para qué regulan los poderes públicos la utilización del suelo según el art. 47? → Para impedir la especulación.
- ¿En qué participará la comunidad según el art. 47? → En las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
- El sujeto del derecho a la vivienda del art. 47 es 'todos los españoles'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; los poderes públicos regulan el suelo según el interés general para impedir la especulación, y la comunidad participa en las plusvalías urbanísticas públicas.
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Constitución Española · Art. 48
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Datos clave
- Los poderes públicos deben promover la participación de la juventud.
- Esa participación ha de ser libre y eficaz.
- Se extiende a los ámbitos político, social, económico y cultural.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos promueven las condiciones para que la juventud participe libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y cultural.
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Constitución Española · Art. 49
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. 2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Datos clave
- ¿En qué condiciones ejercen sus derechos las personas con discapacidad según el art. 49.1? → En condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas; la protección especial necesaria se regulará por ley.
- ¿Qué necesidades se atenderán particularmente en el art. 49.2? → Las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
- 49.1 = derechos + ley de protección especial. 49.2 = políticas (autonomía, inclusión, accesibilidad universal) + participación de sus organizaciones.
- Dos grupos citados expresamente al cierre: mujeres y menores con discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas con discapacidad ejercen sus derechos en libertad e igualdad reales y efectivas, con la protección especial que regule la ley; los poderes públicos impulsan su autonomía e inclusión, con atención a mujeres y menores.
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Constitución Española · Art. 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Datos clave
- ¿Qué cuatro áreas cubren los servicios sociales del art. 50? → Salud, vivienda, cultura y ocio.
- ¿Qué dos características exige el art. 50 a las pensiones? → Que sean adecuadas y que se actualicen periódicamente.
- Los servicios sociales del art. 50 cubren cuatro áreas: salud, vivienda, cultura y ocio.
- Los poderes públicos promueven el bienestar de los mayores con independencia de las obligaciones familiares.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Suficiencia económica en la tercera edad mediante pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente, y bienestar mediante servicios sociales para salud, vivienda, cultura y ocio, con independencia de las obligaciones familiares.
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Constitución Española · Art. 51
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Datos clave
- ¿Qué tres intereses de los consumidores protege el art. 51.1? → La seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.
- ¿Qué debe regular la ley según el art. 51.3? → El comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
- Los tres apartados van de más general a más concreto: defensa del consumidor → sus organizaciones → desarrollo legal del comercio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Defensa de consumidores y usuarios: protección eficaz de su seguridad, salud e intereses económicos legítimos, fomento de su información, educación y organizaciones, y ley sobre comercio interior y autorización de productos.
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Constitución Española · Art. 52
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Datos clave
- ¿Qué exige el art. 52 sobre la estructura de las organizaciones profesionales? → Que sea democrática, igual que su funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley regula las organizaciones profesionales que contribuyan a defender sus propios intereses económicos, y estas deben tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos.
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Constitución Española · Art. 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Datos clave
- ¿Qué procedimiento protege los derechos del art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo II? → Uno basado en la preferencia y sumariedad ante tribunales ordinarios, más el recurso de amparo ante el TC.
- ¿Puede alegarse directamente un principio rector del Capítulo III ante un tribunal? → No, solo según lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
- ¿Qué debe respetar siempre una ley que regule el ejercicio de un derecho del Capítulo II? → Su contenido esencial.
- Regla: «14 + sección 1ª = amparo»; el resto del capítulo II solo tiene reserva de ley; el capítulo III ni eso, solo lo que diga la ley que lo desarrolle.
- El recurso de amparo del art. 53.2 también es aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Garantías de los derechos: los del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos y solo se regulan por ley; el art. 14 y la Sección primera tienen procedimiento preferente y sumario y amparo; los principios del Capítulo tercero, según las leyes.
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Constitución Española · Art. 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley regula al Defensor del Pueblo? → Ley orgánica.
- ¿Quién designa al Defensor del Pueblo? → Las Cortes Generales.
- El Defensor del Pueblo depende de las Cortes, no del Gobierno: por eso supervisa a la Administración y les rinde cuentas a ellas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Defensor del Pueblo, regulado por ley orgánica, es alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan para defender los derechos del Título; puede supervisar la Administración y da cuenta a las Cortes.
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Constitución Española · Art. 55
1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
Datos clave
- ¿Qué apartado del art. 17 se exceptúa de la suspensión en el estado de excepción? → El art. 17.3.
- ¿Qué garantías exige la suspensión individual de derechos por terrorismo? → Intervención judicial y control parlamentario.
- ¿Qué consecuencia tiene el uso abusivo de la ley orgánica de suspensión individual? → Responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
- El apartado 3 del artículo 17 queda exceptuado de la suspensión únicamente para el supuesto de declaración de estado de excepción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué derechos pueden suspenderse con el estado de excepción o de sitio (con la salvedad del apartado 3 del art. 17 en excepción) y la suspensión individual por terrorismo mediante ley orgánica con control judicial y parlamentario.
¿Me lo sé? Flashcards
Constitución Española · Art. 56
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
Datos clave
- ¿Cuál es el título del Rey según el art. 56.2? → El de Rey de España, y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
- ¿Qué ocurre con los actos del Rey que no están refrendados? → Carecen de validez, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
- Cuatro verbos del 56.1: simboliza, arbitra y modera, representa, ejerce.
- El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad; sus actos deben estar siempre refrendados en la forma del artículo 64.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Posición del Rey: Jefe del Estado y símbolo de unidad y permanencia, con funciones de arbitraje y alta representación exterior, título de Rey de España e inviolabilidad ligada al refrendo.
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Constitución Española · Art. 57
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.
Datos clave
- ¿Qué criterios sigue el orden regular de primogenitura y representación? → Preferida la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
- ¿Cómo se resuelven las abdicaciones, renuncias y dudas en el orden de sucesión? → Por una ley orgánica (art. 57.5).
- ¿Quién provee a la sucesión si se extinguen todas las líneas llamadas en Derecho? → Las Cortes Generales, en la forma que más convenga a los intereses de España.
- Los cuatro criterios, de fuera hacia dentro: Línea, Grado, Sexo, Edad (L-G-S-E).
- 57.3 lo resuelven las Cortes Generales; 57.5 se resuelve por ley orgánica. No confundas el instrumento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sucesión en la Corona: orden de primogenitura y representación (línea, grado, sexo, edad), Príncipe de Asturias, Cortes Generales si se extinguen las líneas, exclusión por matrimonio prohibido y ley orgánica para abdicaciones y dudas.
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Constitución Española · Art. 58
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Datos clave
- La Reina consorte no puede asumir funciones constitucionales.
- Tampoco puede hacerlo el consorte de la Reina.
- La excepción es lo dispuesto para la Regencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ni la Reina consorte ni el consorte de la Reina pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
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Constitución Española · Art. 59
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
Datos clave
- ¿De cuántas personas puede componerse la Regencia nombrada por las Cortes Generales? → De una, tres o cinco personas.
- ¿Qué requisitos exige el art. 59.4 para ejercer la Regencia? → Ser español y mayor de edad.
- ¿Cómo se ejerce la Regencia? → Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
- Números de la Regencia: 1, 3 o 5 (impares). Requisitos: español y mayor de edad, solo dos.
- Minoría: padre/madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo. Inhabilitación: primero el Príncipe heredero si es mayor de edad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién ejerce la Regencia por minoría de edad o inhabilitación del Rey, cuándo la nombran las Cortes Generales (una, tres o cinco personas) y qué requisitos exige: ser español y mayor de edad.
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Constitución Española · Art. 60
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.
Datos clave
- ¿Quién será tutor del Rey menor si el Rey difunto no lo nombró en testamento? → El padre o la madre mientras permanezcan viudos y, en su defecto, quien nombren las Cortes Generales.
- ¿Con qué es incompatible el ejercicio de la tutela según el art. 60.2? → Con todo cargo o representación política.
- Tres escalones: Testamento → padre/madre viudos → Cortes Generales.
- La excepción a la acumulación Regente+tutor son los parientes en línea recta ascendente: padre, madre o ascendientes directos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tutela del Rey menor en tres escalones (testamento, padre o madre viudos, Cortes Generales), límite a la acumulación de Regente y tutor e incompatibilidad de la tutela con todo cargo o representación política.
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Constitución Española · Art. 61
1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.
Datos clave
- ¿Qué jura el Rey al ser proclamado ante las Cortes Generales? → Desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
- ¿Quiénes prestan además juramento de fidelidad al Rey? → El Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones.
- Tres contenidos del juramento: desempeñar fielmente, guardar y hacer guardar (Constitución y leyes), respetar derechos de ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
- Momentos: Rey = proclamación · Príncipe = mayoría de edad · Regente = toma de funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Rey jura ante las Cortes Generales al ser proclamado; el Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad y el Regente al asumir funciones prestan el mismo juramento y, además, el de fidelidad al Rey.
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Constitución Española · Art. 62
Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Datos clave
- ¿Qué corresponde al Rey respecto de las leyes y de las Cortes Generales? → Sancionar y promulgar las leyes, y convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- ¿Qué límite tiene el derecho de gracia del Rey? → Se ejerce con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- ¿Qué recoge la letra j) del art. 62? → El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
- Son diez letras, de la a) a la j). Ancla los extremos: empieza por sancionar y promulgar leyes y termina por el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
- Diferencia b) y d): las Cortes se convocan y disuelven; al Presidente se le propone, nombra y cesa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Diez funciones del Rey, de la a) a la j): de sancionar y promulgar las leyes al Alto Patronazgo de las Reales Academias, con un límite expreso: la ley no puede autorizar indultos generales.
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Constitución Española · Art. 63
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Datos clave
- ¿Qué corresponde al Rey en materia de tratados internacionales? → Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
- ¿Qué requisito exige el art. 63.3 para declarar la guerra y hacer la paz? → La previa autorización de las Cortes Generales.
- Tres apartados, tres verbos: acreditar · manifestar el consentimiento · declarar la guerra y hacer la paz.
- Solo en el 63.3 aparece 'previa autorización de las Cortes Generales'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funciones internacionales del Rey: acredita a los representantes diplomáticos, manifiesta el consentimiento del Estado en los tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz.
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Constitución Española · Art. 64
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
Datos clave
- ¿Quién refrenda la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno? → El Presidente del Congreso.
- ¿Quién es responsable de los actos del Rey? → Las personas que los refrendan.
- El Presidente del Congreso solo refrenda el «paquete del 99»: propuesta, nombramiento y disolución del artículo 99. Todo lo demás, Gobierno.
- Dos apartados, dos ideas: el 1 dice quién refrenda; el 2, quién responde.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Refrendo de los actos del Rey: lo hacen el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros; el Presidente del Congreso refrenda la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99. Responden quienes refrendan.
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Constitución Española · Art. 65
1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. 2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
Datos clave
- ¿Cómo recibe el Rey la asignación de los Presupuestos del Estado? → Como una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que distribuye libremente.
- ¿A quién nombra y releva libremente el Rey según el artículo 65? → A los miembros civiles y militares de su Casa.
- Dos veces «libremente» en dos apartados: libre distribución del dinero y libre nombramiento y relevo de la Casa.
- Miembros de la Casa son civiles y militares: no hay que elegir entre unos u otros, el texto incluye a los dos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para su Familia y Casa, que distribuye libremente, y nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
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Constitución Española · Art. 117
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
Datos clave
- ¿De quién emana la justicia y en nombre de quién se administra? → Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
- ¿En qué consiste el ejercicio de la potestad jurisdiccional? → En juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.
- ¿Qué establece el artículo 117.6? → Se prohíben los Tribunales de excepción.
- ¿Cuál es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales? → El principio de unidad jurisdiccional.
- Las cuatro notas del juez van siempre juntas y en este orden: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- Binomio que define la potestad jurisdiccional: juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
- El apartado 6 es el más corto de todo el artículo y el más preguntado: se prohíben los Tribunales de excepción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los pilares del Poder Judicial: justicia que emana del pueblo, jueces con cuatro notas de estatuto, monopolio de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, unidad jurisdiccional y prohibición de los Tribunales de excepción.
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Constitución Española · Art. 118
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Datos clave
- ¿Qué dos deberes impone el artículo 118? → Cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
- Dos verbos y dos momentos: cumplir lo firme y colaborar en el proceso y en la ejecución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos deberes frente a la Justicia: cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y colaborar cuando lo requieran Jueces y Tribunales, en el proceso y en la ejecución.
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Constitución Española · Art. 119
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Datos clave
- La justicia es gratuita en los casos que determine la ley.
- Es gratuita en todo caso para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Justicia gratuita por dos vías: cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
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Constitución Española · Art. 120
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
Datos clave
- ¿En qué materia es la oralidad del procedimiento más exigida según el art. 120.2? → En materia criminal.
- ¿Deben motivarse siempre las sentencias? → Sí, sin excepción, según el art. 120.3.
- Tres principios, tres palabras: publicidad, oralidad, motivación. Los tres del art. 120 se preguntan sueltos o combinados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios de la Justicia: actuaciones públicas salvo excepciones de las leyes procesales, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en lo criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
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Constitución Española · Art. 121
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
Datos clave
- ¿Qué daños dan derecho a indemnización conforme al artículo 121? → Los causados por error judicial y los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- ¿A cargo de quién va esa indemnización? → Del Estado, conforme a la ley.
- Dos supuestos y un único pagador: error judicial y funcionamiento anormal, siempre a cargo del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los daños por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
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Constitución Española · Art. 122
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Datos clave
- ¿Por cuántos miembros y por cuánto tiempo se nombra el Consejo General del Poder Judicial? → Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- ¿Cómo se reparten los veinte vocales? → Doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.
- ¿Qué requisitos deben reunir los vocales propuestos por las Cámaras? → Ser abogados u otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, elegidos por mayoría de tres quintos.
- Cuenta de tres números: 20 vocales, 5 años, 3/5 de mayoría en cada Cámara.
- Reparto 12 + 4 + 4: doce judiciales, cuatro del Congreso y cuatro del Senado.
- Las cuatro funciones citadas expresamente: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La LOPJ regula juzgados, jueces (Cuerpo único) y personal; el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial: su Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años.
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Constitución Española · Art. 123
1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
Datos clave
- ¿En qué materia el Tribunal Supremo NO es el órgano superior? → En materia de garantías constitucionales.
- ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo y a propuesta de quién? → Lo nombra el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- El truco está en la excepción: TS = superior en todo salvo garantías constitucionales.
- Cadena de nombramiento: el CGPJ propone, el Rey nombra al Presidente del TS.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
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Constitución Española · Art. 124
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- ¿Conforme a qué principios ejerce sus funciones el Ministerio Fiscal? → Unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad.
- ¿Cómo se nombra al Fiscal General del Estado? → Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Puede actuar el Ministerio Fiscal de oficio? → Sí, de oficio o a petición de los interesados.
- Dos parejas de principios: cómo se organiza (unidad de actuación y dependencia jerárquica) y a qué se sujeta siempre (legalidad e imparcialidad).
- Cadena del nombramiento en tres pasos: Gobierno propone, Consejo General del Poder Judicial es oído, Rey nombra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Misión del Ministerio Fiscal, sus cuatro principios (unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad) y nombramiento del Fiscal General del Estado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
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Constitución Española · Art. 125
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Datos clave
- ¿Mediante qué institución participan los ciudadanos en la Administración de Justicia según el art. 125? → Mediante la institución del Jurado.
- Además del Jurado, ¿en qué otros tribunales pueden participar los ciudadanos? → En los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
- Recuerda las 3 vías de participación popular en Justicia: acción popular, Jurado y tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ciudadanos participan en la Justicia por tres vías: la acción popular, el Jurado en los procesos penales que la ley determine y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
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Constitución Española · Art. 126
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Datos clave
- ¿De quién depende la policía judicial? → De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
- ¿En qué funciones existe esa dependencia? → En las de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
- Tres superiores (Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal) y tres funciones (averiguación del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La policía judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
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Constitución Española · Art. 127
1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
Datos clave
- ¿A qué dos cosas de tipo político no puede pertenecer un Juez, Magistrado o Fiscal en activo? → A partidos políticos ni a sindicatos.
- ¿Qué debe asegurar el régimen de incompatibilidades del poder judicial? → La total independencia de sus miembros.
- Tres noes mientras estén en activo: ni otros cargos públicos, ni partidos políticos, ni sindicatos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos o sindicatos; la ley regula su asociación profesional y las incompatibilidades del poder judicial.
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Constitución Española · Art. 159
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Datos clave
- ¿Cómo se reparten las propuestas de los 12 miembros del Tribunal Constitucional? → Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro del Senado con idéntica mayoría, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Cuánto dura el mandato de un miembro del Tribunal Constitucional y cómo se renueva el Tribunal? → Nueve años de mandato, con renovación por terceras partes cada tres años.
- ¿Entre quiénes se nombran los miembros del Tribunal Constitucional? → Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- 4 + 4 + 2 + 2 = 12: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, ambos por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- Los números del artículo en fila: 12 miembros, 3/5 de mayoría, más de 15 años de ejercicio, 9 años de mandato, renovación por tercios cada 3.
- Ni el nombramiento es del Congreso ni la propuesta es del Rey: todos los nombra el Rey, todos son propuestos por otros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Composición y estatuto de los miembros del Tribunal Constitucional: quién los propone, qué requisitos reúnen, cuánto duran y con qué son incompatibles.
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Constitución Española · 160
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
Datos clave
- El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey.
- Se elige entre los propios miembros del Tribunal.
- La propuesta corresponde al Tribunal en pleno.
- El mandato dura tres años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente del Tribunal Constitucional lo nombra el Rey entre los miembros del Tribunal, a propuesta del Tribunal en pleno, por tres años.
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Constitución Española · Art. 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Datos clave
- ¿Qué plazo tiene el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión del artículo 161.2? → Un plazo no superior a cinco meses.
- ¿Qué contiene la letra c) del artículo 161.1? → Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o los de estas entre sí.
- ¿Qué pasa con las sentencias ya dictadas cuando se declara inconstitucional una norma interpretada por la jurisprudencia? → La declaración afecta a esa jurisprudencia, pero las sentencias recaídas no pierden el valor de cosa juzgada.
- Cuatro letras, de la a) a la d): inconstitucionalidad, amparo, conflictos, cajón de sastre. La d) remite a la Constitución y a las leyes orgánicas, no a cualquier ley.
- Cinco meses es el único plazo del artículo, y va con la impugnación del Gobierno del 161.2.
- El amparo del 161.1.b) va atado al artículo 53.2: si no está ahí el derecho, no hay amparo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias del Tribunal Constitucional (inconstitucionalidad, amparo, conflictos de competencia y demás materias) y la impugnación por el Gobierno de disposiciones autonómicas, con suspensión que el Tribunal ratifica o levanta en cinco meses como máximo.
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Constitución Española · Art. 162
1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
Datos clave
- ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? → El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas.
- ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo? → Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- Cincuenta y cincuenta: 50 Diputados o 50 Senadores. Mismo número en las dos Cámaras.
- Quien repite en las dos letras es el Defensor del Pueblo. Memoriza esa única intersección y el resto sale por descarte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad y el de amparo; en los demás casos decide la ley orgánica. El Defensor del Pueblo es el único que aparece en ambas listas.
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Constitución Española · Art. 163
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Datos clave
- ¿Qué condiciones debe reunir la norma para plantear una cuestión de inconstitucionalidad? → Ser una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, y que el órgano judicial la considere posiblemente contraria a la Constitución.
- ¿Qué efectos tiene el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad? → Los que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
- Tres filtros que caen siempre juntos: rango de ley, aplicable al caso y de su validez depende el fallo. Si falla uno, no hay cuestión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuestión de inconstitucionalidad: el órgano judicial la plantea ante el Tribunal Constitucional si una norma con rango de ley, aplicable al caso y decisiva para el fallo, puede ser contraria a la Constitución. Sin efectos suspensivos.
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Constitución Española · Art. 164
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Datos clave
- ¿Desde cuándo tienen valor de cosa juzgada las sentencias del Tribunal Constitucional? → A partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no cabe recurso alguno contra ellas.
- ¿Qué sentencias del Tribunal Constitucional tienen plenos efectos frente a todos? → Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
- ¿Qué ocurre con la parte de la ley no afectada por la inconstitucionalidad? → Subsiste su vigencia, salvo que en el fallo se disponga otra cosa.
- Tres datos seguidos: BOE con votos particulares, cosa juzgada al día siguiente, sin recurso alguno.
- La frase que decide el efecto general es «que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho». Subráyala: es la que separa el erga omnes del efecto entre partes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares, son cosa juzgada desde el día siguiente y sin recurso; algunas valen frente a todos, y la parte de ley no afectada sigue vigente salvo que el fallo diga otra cosa.
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Constitución Española · 165
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
Datos clave
- Una ley orgánica regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
- Esa ley fija el estatuto de sus miembros.
- También regula el procedimiento ante el Tribunal.
- Y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una ley orgánica regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante él y las condiciones para ejercer las acciones.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 1
Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
Datos clave
- ¿Qué dos objetos tiene la LOPDGDD según su art. 1? → Adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
- ¿En qué artículo constitucional se amparan ambos objetos? → En el art. 18.4 de la Constitución.
- Un solo artículo constitucional (18.4 CE) sostiene los dos objetivos: protección de datos y derechos digitales.
- Letra a) = RGPD; letra b) = derechos digitales. No los mezcles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley persigue dos objetivos: adaptar España al RGPD y garantizar los derechos digitales. Ambos se apoyan en el mismo artículo de la Constitución.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 2
Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.
Datos clave
- ¿A qué tratamientos no automatizados se aplican los Títulos I a IX? → A los de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
- Cita los tres supuestos en que la LO 3/2018 no es de aplicación. → Los excluidos del RGPD por su art. 2.2; los de datos de personas fallecidas; y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
- ¿Qué tres ámbitos pone el art. 2.3 como ejemplo de actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión? → Los tratamientos al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los de instituciones penitenciarias y los derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y los Mercantiles.
- Las tres exclusiones del apartado 2 van en este orden: a) lo que el RGPD ya excluye, b) fallecidos, c) materias clasificadas. Europa, muertos y secretos.
- Los tres ejemplos del apartado 3 también son tres: electoral, penitenciario y registral (Civil, Propiedad y Mercantiles).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Marca hasta dónde llega la ley: Títulos I a IX y artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento automatizado y al no automatizado que esté en un fichero. Deja fuera tres bloques y remite a legislación específica en materia electoral, penitenciaria y registral. Juzgados y Fiscalía sí quedan dentro, con las salvedades de sus leyes propias.
Los tratamientos de los órganos judiciales en los procesos de su competencia y los de la Oficina Judicial (ap. 4), y los del Ministerio Fiscal y la Oficina Fiscal (ap. 5), se rigen por el RGPD y esta ley orgánica, sin perjuicio de la LO 6/1985 del Poder Judicial y, en la Fiscalía, de la Ley 50/1981 y de las normas procesales aplicables.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 3
Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
Datos clave
- En caso de fallecimiento de un menor, esas facultades también pueden ejercerlas sus representantes legales o el Ministerio Fiscal (art. 3.3).
- ¿Qué datos del fallecido pueden pedir siempre los herederos, aunque él lo prohibiera? → Los datos de carácter patrimonial (art. 3.1).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 3 dice quién puede pedir el acceso, la rectificación o la supresión de los datos de una persona fallecida: sus allegados y herederos, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo impida una ley.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 4
Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.
Datos clave
- ¿Quién asume la responsabilidad si un intermediario transmite datos incorrectos al responsable? → El propio mediador o intermediario.
- ¿Qué requisito debe cumplir siempre el responsable para no responder de la inexactitud? → Haber adoptado todas las medidas razonables para suprimir o rectificar los datos sin dilación.
- Cuatro fuentes exculpatorias: afectado, intermediario, portabilidad, registro público — mnemotecnia 'AIPR'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos deben ser exactos y actualizados, pero el responsable queda exento si el error viene de una de cuatro fuentes tasadas y él actuó con diligencia.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 5
Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo dura el deber de confidencialidad del art. 5? → Se mantiene aunque haya finalizado la relación con el responsable o encargado del tratamiento.
- ¿A quién obliga el deber de confidencialidad? → A responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
- La confidencialidad no caduca con el contrato: sigue después de dejar el puesto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo el que interviene en un tratamiento debe guardar confidencialidad, además del secreto profesional que ya tuviera, y esa obligación no termina al acabar la relación.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 6
Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 6.1 el consentimiento del afectado? → Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante declaración o clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
- ¿A qué no puede supeditarse la ejecución del contrato? → A que el afectado consienta el tratamiento de datos para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
- Cuatro adjetivos y van en bloque: libre, específica, informada e inequívoca. Si falla uno, no hay consentimiento.
- Tres palabras en el apartado 3 marcan el límite: mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define el consentimiento con los cuatro adjetivos del RGPD y le añade dos reglas prácticas: si hay varias finalidades, debe constar de forma específica e inequívoca que se otorga para todas; y no se puede condicionar la ejecución del contrato a consentir tratamientos ajenos a esa relación.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 7
Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
Datos clave
- Según el artículo 7.2 de la LO 3/2018, ¿quién debe consentir para basar en consentimiento el tratamiento de datos de una persona de trece años? → El titular de la patria potestad o tutela.
- ¿Qué excepción establece el artículo 7.1 al consentimiento del menor mayor de catorce años? → Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para menores de catorce años, el tratamiento fundado en consentimiento requiere el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determine.
Mapa mental
- El titular de la patria potestad o tutela.
- Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 8
Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
Datos clave
- ¿Qué exige el art. 8.2 para fundar un tratamiento en interés público o poderes públicos? → Que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
- ¿Qué puede imponer la norma que ampara un tratamiento por obligación legal? → Condiciones generales del tratamiento, tipos de datos, cesiones y medidas adicionales de seguridad del capítulo IV RGPD.
- El apartado 1 del art. 8 admite una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley; el apartado 2 exige siempre una norma con rango de ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tanto tratar por obligación legal como por interés público exigen una norma con rango de ley, pero solo la primera puede fijar condiciones y medidas de seguridad especiales.
Esquema
| Obligación legal (6.1.c) | Interés público / poderes públicos (6.1.e) | |
|---|---|---|
| Norma exigida | Derecho UE o rango de ley | Norma con rango de ley |
| Qué debe hacer la norma | Puede fijar condiciones, tipos de datos y cesiones | Debe atribuir la competencia al responsable |
| Medidas adicionales de seguridad | Sí, puede imponerlas (cap. IV RGPD) | No se menciona expresamente |
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 9
Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.
Datos clave
- ¿Basta el consentimiento para tratar datos con la finalidad principal de identificar la ideología del afectado? → No; se necesita apoyarse en otro de los supuestos del art. 9.2 RGPD.
- ¿Qué necesitan los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD? → Estar amparados en una norma con rango de ley.
- Consentimiento + finalidad de identificar ideología/sindicato/religión/orientación sexual/creencias/etnia = NO es suficiente por sí solo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El consentimiento solo no basta para tratar datos que identifiquen ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen étnico; los de salud y similares necesitan norma con rango de ley.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 10
Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿Quiénes pueden tratar datos penales sin necesitar una norma que lo ampare expresamente? → Abogados y procuradores, con los datos que les facilitan sus clientes para ejercer sus funciones.
- ¿Dónde se regula el registro completo de datos de condenas e infracciones penales? → En la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
- La única excepción sin norma expresa: abogados y procuradores, y solo con los datos de sus clientes para su función.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tratar datos penales fuera de fines de persecución del delito exige norma con rango legal; la única excepción sin ella son abogados y procuradores, con los datos de sus propios clientes.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 11
Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos.
Datos clave
- ¿Qué dos datos se añaden a la información básica cuando los datos no proceden del afectado? → Las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieron.
- ¿Qué debe saber el afectado si sus datos se usan para elaborar perfiles? → Esa circunstancia y su derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD.
- Misma información básica en los dos casos; cuando el dato no viene del afectado se suman categorías + fuente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información básica al afectado es la misma se obtengan o no los datos de él; cuando no vienen de él se añaden categorías de datos y su fuente.
Esquema
| Datos obtenidos del afectado (art. 13 RGPD) | Datos NO obtenidos del afectado (art. 14 RGPD) | |
|---|---|---|
| Información básica | Identidad del responsable, finalidad, derechos (arts. 15-22 RGPD) | Misma información básica |
| Se añade además | - | Categorías de datos y fuente de procedencia |
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 12
Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.
Datos clave
- ¿Sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de derechos? → Sobre el responsable del tratamiento (art. 12.4).
- ¿Hasta qué edad ejercen los titulares de la patria potestad los derechos en nombre del menor? → Hasta los catorce años: en nombre de los menores de catorce años.
- ¿Puede el encargado tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos? → Sí, por cuenta del responsable, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
- La edad que se pregunta aquí es catorce, no dieciocho: menores de catorce años actúan por medio de quien tenga la patria potestad.
- Gratuidad con excepciones tasadas: arts. 12.5 y 15.3 del RGPD y apartados 3 y 4 del art. 13 de esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas comunes para ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD: quién los ejerce, qué tiene que poner el responsable, quién prueba que contestó y la gratuidad. Incluye el dato estrella: los titulares de la patria potestad actúan por los menores de catorce años.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 13
Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.
Datos clave
- ¿En qué plazo se puede calificar de repetitivo el ejercicio del derecho de acceso? → Si se ejerce más de una vez en 6 meses, salvo causa legítima.
- ¿Quién asume el exceso de coste si el afectado elige un medio distinto y desproporcionado? → El propio afectado.
- El plazo clave es 6 meses: repetir el acceso antes, sin causa legítima, permite calificarlo de repetitivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho de acceso se satisface también con un sistema de acceso remoto permanente, y se puede calificar de repetitivo o excesivo en ciertos casos.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 14
Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.
Datos clave
- ¿Qué dos cosas debe indicar el afectado al pedir la rectificación? → A qué datos se refiere y la corrección que debe realizarse.
- Dos requisitos de la solicitud: qué dato + qué corrección; si hace falta, prueba documental.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pedir la rectificación exige decir exactamente qué dato corregir y cuál es la corrección, aportando prueba documental si hace falta.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 15
Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.
Datos clave
- ¿Qué puede conservar el responsable tras una supresión por oposición a la mercadotecnia directa? → Los datos identificativos necesarios para impedir tratamientos futuros con esa finalidad.
- Paradoja útil: para no volver a contactarte, el responsable puede seguir guardando tus datos identificativos, solo para bloquearte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La supresión se rige por el art. 17 RGPD; si viene de oponerse a la mercadotecnia directa, el responsable puede guardar los datos identificativos solo para no volver a contactar.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 16
Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.
Datos clave
- ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 16 LOPDGDD para regular el derecho a la limitación del tratamiento? → Al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
- Según el art. 16.2 LOPDGDD, ¿dónde debe constar que un tratamiento está limitado? → Claramente en los sistemas de información del responsable del tratamiento.
- Solo tiene 2 apartados: (1) remisión al art. 18 RGPD y (2) obligación de que conste en los sistemas del responsable.
- Como pista de examen: si preguntan por el contenido del derecho de limitación, la respuesta está en el RGPD; si preguntan por la obligación de constancia, está en este artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Este artículo no regula cómo se limita el tratamiento: eso está en el RGPD. Solo remite a él y añade una obligación interna: que la limitación quede anotada en los sistemas del responsable.
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Artículo 17. Derecho a la portabilidad.
El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018 regula el derecho a la portabilidad.
- La Ley Orgánica no desarrolla un régimen propio: se remite al Reglamento europeo.
- El derecho a la portabilidad se ejerce de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La portabilidad de los datos se ejerce conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679; la ley orgánica solo remite.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 18
Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para el derecho de oposición? → Al artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
- ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles? → Al artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
- El artículo respeta el orden: primero cita el derecho de oposición junto al art. 21, luego las decisiones automatizadas junto al art. 22 (van correlativos: 21 y 22).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo reenvía en bloque al RGPD dos derechos distintos: la oposición va al artículo 21 y las decisiones automatizadas, incluidos los perfiles, al artículo 22.
Esquema
| Derecho de oposición | Decisiones automatizadas y perfiles | |
|---|---|---|
| Artículo del RGPD | 21 | 22 |
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 19
Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. 2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. 3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias.
Datos clave
- ¿En qué artículo del RGPD se presume amparado el tratamiento de datos de contacto profesional? → En el artículo 6.1.f), salvo prueba en contrario.
- ¿Qué dos requisitos exige el art. 19.1? → Que el tratamiento se refiera solo a los datos necesarios para la localización profesional y que la finalidad sea únicamente mantener relaciones con la persona jurídica en la que el afectado presta servicios.
- Los dos requisitos giran sobre la palabra «únicamente»: únicamente datos de localización profesional y únicamente para relacionarse con la persona jurídica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Presume lícito, por interés legítimo, tratar los datos de contacto profesional de quienes trabajan en una persona jurídica, con dos requisitos muy estrechos. La misma presunción vale para empresarios individuales y profesionales liberales cuando se les trata solo en esa condición.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 20
Sistemas de información crediticia. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado. f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. 2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. 3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.
Datos clave
- ¿Cuánto tiempo como máximo pueden mantenerse los datos en un sistema de información crediticia? → Cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación, y solo mientras persista el incumplimiento.
- ¿Qué plazo de bloqueo se aplica tras notificar al afectado su inclusión? → Treinta días desde la notificación de la deuda al sistema; los datos permanecen bloqueados durante ese plazo.
- ¿Qué condición debe reunir la deuda para que opere la presunción? → Ser cierta, vencida y exigible, y que su existencia o cuantía no haya sido objeto de reclamación administrativa, judicial o de un procedimiento alternativo vinculante.
- Dos cifras que caen seguro: treinta días de bloqueo tras notificar la inclusión y cinco años de permanencia máxima.
- La deuda pide tres adjetivos y una negativa: cierta, vencida y exigible, y no reclamada.
- Los requisitos son seis letras, de la a) a la f), y la última es la única que obliga a quien consulta, no a quien incluye.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula los ficheros de morosos: presume lícita la inclusión si se cumplen seis requisitos, con dos cifras clave (treinta días de bloqueo tras la notificación y cinco años de permanencia máxima). Entidad y acreedor son corresponsables y la presunción no cubre el perfilado crediticio.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 21
Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. 2. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica.
Datos clave
- ¿Qué debe hacer la entidad cesionaria si la operación no llega a concluirse? → Proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo.
- ¿Cubre la presunción del art. 21 la comunicación de datos anterior al cierre de la operación? → Sí: expresamente incluye la comunicación con carácter previo.
- Dos elementos que se piden juntos: necesidad para el buen fin de la operación y continuidad en la prestación de los servicios.
- Operación frustrada: supresión inmediata y sin bloqueo. Es una excepción expresa a la regla de bloqueo de esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Da cobertura a los tratamientos y cesiones de datos que acompañan a fusiones, escisiones y traspasos de negocio o rama de actividad, incluso antes de cerrarlos. Si la operación se cae, la cesionaria borra de inmediato y no se aplica el bloqueo.
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Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.
Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.
2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.
3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica.
4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.
5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes.
6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.
8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.
Datos clave
- Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden tratar imágenes con cámaras para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
- La vía pública solo puede captarse en lo imprescindible, y nunca puede captarse el interior de un domicilio privado.
- Los datos se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones.
- En ese caso, las imágenes se ponen a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas.
- El deber de información se cumple con un dispositivo informativo visible que indique el tratamiento, el responsable y los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD.
- Queda excluido el tratamiento por una persona física de imágenes que solo capten el interior de su propio domicilio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 22 regula las cámaras de seguridad: solo pueden captar la vía pública lo imprescindible, deben suprimirse en un mes salvo que documenten un delito (72 horas para entregarlas a la autoridad), y basta un cartel informativo visible para cumplir el deber de información.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 23
Sistemas de exclusión publicitaria. 1. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, por parte de las asociaciones y organismos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) que cuenten con una alta representatividad en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Para la creación y mantenimiento de estos sistemas se observarán las medidas que se establezcan mediante desarrollo reglamentario. 2. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus preferencias. La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas. 3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. 4. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla.
Datos clave
- ¿Qué basta para entender cumplida la obligación de consulta previa en mercadotecnia directa? → Consultar los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente.
- ¿Qué son los servicios de preferencia? → Servicios dentro de los sistemas de exclusión mediante los cuales los afectados limitan la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.
- ¿Qué datos pueden incluirse en un sistema de exclusión publicitaria? → Solo los datos imprescindibles para identificar a los afectados.
- Tres verbos y tres sujetos: la entidad comunica, la autoridad publica, el anunciante consulta.
- Para dar por cumplida la consulta basta la relación publicada por la autoridad de control: no hay que rastrear sistemas no comunicados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Legitima las listas Robinson: sistemas, generales o sectoriales, donde se apunta quien no quiere publicidad. La entidad los comunica a la autoridad de control, esta los publica en su sede electrónica y quien hace mercadotecnia directa está obligado a consultarlos antes.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 24
Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Dichos tratamientos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en esta ley orgánica y en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Datos clave
- ¿Por qué normas se rigen los tratamientos de datos dirigidos a proteger a quienes informan sobre infracciones normativas? → Por el Reglamento (UE) 2016/679, por esta ley orgánica y por la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Tres normas en cascada: RGPD, LO 3/2018 y la ley del informante. Si te preguntan por plazos o por el canal interno, no están en este artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo de remisión: declara lícito el tratamiento de datos necesario para proteger a quien informa sobre infracciones normativas y manda su régimen al RGPD, a esta ley orgánica y a la ley reguladora de la protección del informante.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 25
Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. 1. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.
Datos clave
- ¿Qué régimen tienen en estadística los datos de los arts. 9 y 10 del RGPD? → Son de aportación estrictamente voluntaria y solo pueden recogerse previo consentimiento expreso de los afectados (art. 11.2 de la Ley 12/1989).
- ¿Cuándo se ampara en el art. 6.1 e) del RGPD la comunicación de datos a los órganos estadísticos? → Cuando la estadística venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o esté incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.
- Tres claves numeradas: 6.1 e) como base de la comunicación, arts. 9 y 10 del RGPD con consentimiento expreso, y arts. 15 a 22 denegables por secreto estadístico.
- La ley sectorial que se cita con número es la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública, y el precepto es su art. 11.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Encaja la función estadística pública en la protección de datos: legislación específica más RGPD y esta ley; la comunicación solo se ampara en el interés público si la estadística viene exigida por norma de la UE o está programada; y el secreto estadístico permite denegar los derechos de los artículos 15 a 22.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 26
Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas. Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación.
Datos clave
- ¿Qué real decreto regula el Sistema Español de Archivos al que remite el art. 26? → El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
- ¿Qué ley de patrimonio se cita como especialidad en el art. 26? → La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Dos referencias con fecha que se preguntan tal cual: Ley 16/1985, de 25 de junio, y Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
- El sujeto está acotado: el artículo habla del tratamiento por las Administraciones Públicas, no por cualquier archivo privado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Declara lícito que las Administraciones Públicas traten datos con fines de archivo en interés público, remitiendo al RGPD y a esta ley con las especialidades de la normativa de archivos y patrimonio histórico, estatal y autonómica.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 27
Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. 2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿Quiénes pueden ser responsables del tratamiento de datos de infracciones y sanciones administrativas según el art. 27.1? → Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o para la imposición de las sanciones.
- Fuera de los apartados 1 y 2, ¿quién puede tratar estos datos? → Solo abogados y procuradores, y únicamente para recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
- Tres escalones en orden descendente: órgano competente con datos mínimos, luego consentimiento o norma con rango de ley, y por último abogados y procuradores.
- Tres verbos en la letra a): instruir, declarar e imponer. Ese es el círculo de responsables posibles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Acota quién puede tratar datos de infracciones y sanciones administrativas: en principio solo el órgano competente del procedimiento sancionador y con los datos estrictamente necesarios. Si no, hacen falta consentimiento o ley. Y fuera de ahí, únicamente abogados y procuradores con lo que les den sus clientes.
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Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:
a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.
b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.
c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas.
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.
e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad.
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.
g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección.
h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación.
Datos clave
- Responsables y encargados determinan las medidas técnicas y organizativas apropiadas teniendo en cuenta los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679.
- Las medidas deben garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, la ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial.
- Deben valorar si procede la evaluación de impacto y la consulta previa de la Sección 3 del Capítulo IV del Reglamento.
- El apartado 2 enumera ocho supuestos de mayor riesgo, letras a) a h).
- Son de mayor riesgo, entre otros, el tratamiento de grupos en situación de especial vulnerabilidad, en particular menores de edad y personas con discapacidad.
- También el tratamiento masivo y las transferencias habituales a terceros Estados u organizaciones internacionales sin nivel adecuado de protección declarado.
- La elaboración de perfiles personales y el tratamiento no meramente incidental de categorías especiales de datos son supuestos de mayor riesgo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsables y encargados eligen las medidas técnicas y organizativas para garantizar y acreditar que tratan bien los datos, valorando la evaluación de impacto y la consulta previa y los supuestos de mayor riesgo que enumera la ley.
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Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
Datos clave
- El artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018 regula los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
- Desarrolla la determinación de responsabilidades del artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
- El criterio es atender a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando hay corresponsables del tratamiento, sus responsabilidades del artículo 26.1 del RGPD se reparten según las actividades que cada uno desarrolle efectivamente, no por su mera condición.
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Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea.
1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.
Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda.
2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.
Datos clave
- Se aplica a responsables o encargados no establecidos en la Unión Europea a los que el Reglamento resulte aplicable por su artículo 3.2, cuando el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España.
- La AEPD o, en su caso, las autoridades autonómicas pueden imponer al representante las medidas del Reglamento, solidariamente con el responsable o encargado.
- Queda a salvo la acción de repetición del representante frente a quien proceda.
- En la responsabilidad del artículo 82 del Reglamento, responsables, encargados y representantes responden solidariamente de los daños y perjuicios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el RGPD se aplica por su artículo 3.2 a un responsable o encargado no establecido en la UE y afecta a personas en España, las autoridades pueden imponer las medidas al representante solidariamente con aquel.
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Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.
2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.
Datos clave
- Responsables, encargados o sus representantes mantienen el registro de actividades del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo la excepción de su apartado 5.
- El registro puede organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y especifica las actividades según sus finalidades.
- Si hay delegado de protección de datos, se le comunica cualquier adición, modificación o exclusión del registro.
- Los sujetos del artículo 77.1 hacen público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos.
- El inventario incluye la información del artículo 30 del Reglamento y su base legal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsables y encargados deben llevar el registro de actividades del artículo 30 del RGPD, salvo su apartado 5, y comunicar los cambios al delegado; los sujetos del artículo 77.1 publican además un inventario electrónico.
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Artículo 32. Bloqueo de los datos.
1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.
Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.
3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior.
4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.
5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento.
Datos clave
- El responsable está obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- El bloqueo es la identificación y reserva de los datos para impedir su tratamiento, incluida su visualización.
- Solo pueden ponerse a disposición de jueces y tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular autoridades de protección de datos.
- Esa puesta a disposición es solo por el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades; transcurrido, los datos se destruyen.
- Si el sistema no permite el bloqueo o exige un esfuerzo desproporcionado, se hace un copiado seguro que acredite autenticidad, fecha del bloqueo y no manipulación.
- La AEPD y las autoridades autonómicas pueden fijar excepciones a la obligación de bloqueo por riesgo elevado o coste desproporcionado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 32 define el bloqueo: identificar y reservar los datos para impedir su tratamiento cuando se rectifican o suprimen, permitiendo solo su entrega a jueces, Fiscalía o Administraciones competentes durante el plazo de prescripción de responsabilidades, tras el cual deben destruirse.
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Artículo 33. Encargado del tratamiento.
1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.
Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista.
4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.
5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- El acceso del encargado a los datos necesarios para prestar un servicio al responsable no es comunicación de datos si se cumple la normativa.
- Es responsable, y no encargado, quien en su propio nombre y sin constar que actúa por cuenta de otro establezca relaciones con los afectados, salvo en los encargos de la contratación del sector público.
- También es responsable quien, figurando como encargado, utilice los datos para sus propias finalidades.
- Al finalizar el servicio, el responsable decide si los datos se destruyen, se devuelven o se entregan a un nuevo encargado.
- No procede la destrucción si una previsión legal obliga a conservarlos: se devuelven al responsable.
- El encargado puede conservar los datos debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades.
- En el sector público las competencias de encargado pueden atribuirse a un órgano mediante norma reguladora con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El acceso del encargado a los datos para prestar un servicio no es comunicación de datos; pero quien actúa en nombre propio o usa los datos para sus fines pasa a ser responsable. Al acabar el servicio decide el responsable el destino de los datos.
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Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.
4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.
5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.
Datos clave
- Es obligatorio designar delegado en los supuestos del artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, en las entidades de las letras a) a o).
- Entre ellas: colegios profesionales, centros docentes y Universidades, entidades de crédito, aseguradoras, empresas de seguridad privada y federaciones deportivas que traten datos de menores.
- Los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas deben designarlo, salvo los profesionales de la salud que ejerzan a título individual.
- Los no obligados pueden designarlo voluntariamente, con sujeción al mismo régimen.
- Designaciones, nombramientos y ceses se comunican en el plazo de diez días a la AEPD o a las autoridades autonómicas, sea la designación obligatoria o voluntaria.
- La AEPD y las autoridades autonómicas mantienen una lista actualizada de delegados accesible por medios electrónicos.
- La dedicación del delegado puede ser completa o a tiempo parcial según el volumen, la categoría especial de los datos o los riesgos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 34 obliga a nombrar delegado de protección de datos (DPD) a una larga lista de entidades —colegios profesionales, centros docentes, universidades, entidades financieras y aseguradoras, ficheros de solvencia, empresas de publicidad con perfilado, centros sanitarios, empresas de seguridad privada, entre otras— y exige comunicar su nombramiento o cese a la AEPD en 10 días.
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Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.
Datos clave
- El artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018 se refiere a los requisitos del artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
- El delegado de protección de datos puede ser persona física o jurídica.
- Su cualificación puede demostrarse, entre otros medios, mediante mecanismos voluntarios de certificación.
- La certificación tendrá particularmente en cuenta una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica de protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los requisitos del artículo 37.5 del RGPD para el delegado de protección de datos pueden demostrarse, entre otros medios, con certificaciones voluntarias que valoren especialmente una titulación universitaria especializada.
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Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos.
1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.
3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.
4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.
Datos clave
- El delegado es el interlocutor del responsable o encargado ante la AEPD y las autoridades autonómicas.
- Puede inspeccionar los procedimientos y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
- Si es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo dolo o negligencia grave.
- Se garantiza su independencia y debe evitarse cualquier conflicto de intereses.
- Tiene acceso a datos y procesos sin que pueda oponérsele deber de confidencialidad o secreto, incluido el del artículo 5.
- Ante una vulneración relevante, la documenta y la comunica inmediatamente a los órganos de administración y dirección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 36 protege la independencia del DPD: actúa de interlocutor con las autoridades, no puede ser removido ni sancionado por ejercer sus funciones salvo dolo o negligencia grave, tiene acceso a los datos sin que le sea oponible ningún deber de secreto, y debe documentar y comunicar de inmediato las vulneraciones relevantes.
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Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.
1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.
En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.
2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos.
Datos clave
- Si hay delegado designado, el afectado puede dirigirse a él con carácter previo a reclamar ante la AEPD o las autoridades autonómicas.
- El delegado comunica al afectado la decisión en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la reclamación.
- Presentada la reclamación ante la autoridad, esta puede remitirla al delegado para que responda en el plazo de un mes.
- Si el delegado no comunica la respuesta en ese plazo, la autoridad continúa el procedimiento conforme al Título VIII.
- El procedimiento ante la AEPD es el del Título VIII de la ley orgánica; las comunidades autónomas regulan el de sus autoridades.
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El artículo 37 permite al afectado acudir primero al DPD de la entidad antes de reclamar ante la AEPD, que debe responder en dos meses; y permite a la AEPD remitir la reclamación al DPD para que este conteste en un mes antes de continuar el procedimiento.
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Artículo 79. Los derechos en la Era digital.
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación.
Datos clave
- Los derechos y libertades de la Constitución y de los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet.
- Contribuyen a garantizar su aplicación los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos y libertades de la Constitución y de los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte se aplican plenamente en Internet, y los prestadores de servicios contribuirán a garantizarlo.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet.
Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.
Datos clave
- Titulares: los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet.
- Obligados: los proveedores de servicios de Internet.
- Deben proporcionar una oferta transparente de servicios.
- Sin discriminación por motivos técnicos o económicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet, y los proveedores deben ofrecer sus servicios de forma transparente y sin discriminar por motivos técnicos o económicos.
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Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet.
1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.
2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.
4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.
5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales.
6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales.
Datos clave
- Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.
- Acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
- Superación de la brecha de género en el ámbito personal y laboral.
- Superación de la brecha generacional mediante formación y acceso a las personas mayores.
- Atención a la realidad específica de los entornos rurales.
- Condiciones de igualdad para las personas con necesidades especiales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos tienen derecho a acceder a Internet sea cual sea su condición; el acceso será universal, asequible, de calidad y no discriminatorio, y atenderá las brechas de género y generacional, el mundo rural y las necesidades especiales.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 82. Derecho a la seguridad digital.
Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.
Datos clave
- Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet.
- Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los usuarios tienen derecho a la seguridad de sus comunicaciones por Internet y los proveedores deben informarles de sus derechos.
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Artículo 83. Derecho a la educación digital.
El artículo 83 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, regula el derecho a la educación digital.
1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.
3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet.
4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos.
Datos clave
- El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital.
- Las actuaciones tendrán carácter inclusivo, en particular respecto del alumnado con necesidades educativas especiales.
- Las Administraciones educativas incluirán en el currículo la competencia digital y los riesgos del uso inadecuado de las TIC, con especial atención a la violencia en la red.
- El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria.
- Los planes de estudio universitarios, en especial los que habiliten para la formación del alumnado, garantizarán la formación en uso y seguridad de los medios digitales.
- Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de acceso a los cuerpos superiores y a aquellos con acceso a datos personales materias sobre derechos digitales y protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a la educación digital: el sistema educativo debe insertar al alumnado en la sociedad digital con un uso crítico y seguro, formar al profesorado, a los universitarios y llevar los derechos digitales a los temarios de oposición.
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Artículo 84. Protección de los menores en Internet.
1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Datos clave
- Padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales por los menores.
- Finalidad: garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y derechos fundamentales.
- La difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales que implique intromisión ilegítima determina la intervención del Ministerio Fiscal.
- El Ministerio Fiscal instará las medidas cautelares y de protección de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Padres y representantes legales procurarán que los menores usen de forma equilibrada y responsable lo digital; si se difunden sus imágenes o datos con posible intromisión ilegítima, interviene el Ministerio Fiscal.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet.
1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.
Datos clave
- Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
- Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para el ejercicio del derecho de rectificación.
- Se aplican los requisitos y procedimientos de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
- Los medios digitales publicarán en sus archivos un aviso aclaratorio de que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.
- El aviso debe aparecer en lugar visible junto con la información original.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos tienen libertad de expresión en Internet; las redes sociales deben tener protocolos para la rectificación, y los medios digitales que deban rectificar publicarán un aviso aclaratorio visible junto a la noticia original.
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Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales.
Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.
En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.
Datos clave
- La solicitud debe ser motivada y dirigirse a los medios de comunicación digitales.
- Se pide un aviso de actualización suficientemente visible junto a la noticia.
- Requisito: que la noticia no refleje la situación actual por circunstancias posteriores a la publicación, causando un perjuicio.
- Procede en particular ante actuaciones policiales o judiciales afectadas en beneficio del interesado por decisiones judiciales posteriores.
- En ese caso el aviso hará referencia a la decisión posterior.
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Toda persona puede pedir motivadamente a un medio digital un aviso de actualización visible junto a una noticia desfasada que le perjudique; en particular, cuando decisiones judiciales posteriores le hayan beneficiado.
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Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.
El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.
Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado.
Datos clave
- Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso de dispositivos digitales del empleador.
- El empleador solo puede acceder a los contenidos para controlar el cumplimiento de obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos.
- Los empleadores establecerán criterios de utilización con participación de los representantes de los trabajadores.
- Si se admite el uso privado, deben especificarse de modo preciso los usos autorizados y establecerse garantías, como los períodos de uso privado.
- Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización.
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Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a su intimidad en los dispositivos digitales del empleador, que solo accede para controlar obligaciones y la integridad de los equipos, con criterios de uso pactados e informados.
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Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.
Datos clave
- Titulares: trabajadores y empleados públicos.
- Garantiza, fuera del tiempo de trabajo, el respeto del descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar.
- Modalidades: según la negociación colectiva o, en su defecto, lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
- El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna, incluidos los puestos directivos.
- La política incluirá formación y sensibilización para evitar el riesgo de fatiga informática.
- Se preserva especialmente en el trabajo a distancia total o parcial y en el domicilio del empleado.
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Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital fuera de su tiempo de trabajo; sus modalidades se pactan y el empleador elabora una política interna, previa audiencia de los representantes.
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Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.
Datos clave
- Control laboral mediante cámaras conforme al artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y a la legislación de función pública.
- Información previa, expresa, clara y concisa a trabajadores o empleados públicos y, en su caso, a sus representantes.
- Ante un acto ilícito flagrante, basta con que exista al menos el dispositivo del artículo 22.4.
- Prohibida en todo caso la grabación en vestuarios, aseos, comedores y lugares análogos de descanso o esparcimiento.
- Grabación de sonidos solo ante riesgos relevantes para la seguridad, con proporcionalidad e intervención mínima.
- La supresión de los sonidos se rige por el artículo 22.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El empleador puede tratar imágenes de cámaras para el control laboral, informando antes; nunca en zonas de descanso; y la grabación de sonidos solo ante riesgos relevantes para la seguridad.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.
1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
Datos clave
- Los datos de geolocalización pueden tratarse para las funciones de control del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y de la legislación de función pública.
- Siempre dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
- Información previa, expresa, clara e inequívoca sobre la existencia y características de los dispositivos.
- Se informará sobre los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El empleador puede tratar datos de geolocalización para controlar a trabajadores o empleados públicos dentro de su marco legal, informando antes de forma expresa, clara e inequívoca de los dispositivos y de los derechos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet.
Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.
Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.
Datos clave
- Obligados: centros educativos y personas físicas o jurídicas con actividades en las que participen menores.
- Deben garantizar el interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente la protección de datos.
- En redes sociales o servicios equivalentes se requiere el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
- El consentimiento se ajusta a lo prescrito en el artículo 7 de la ley orgánica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Centros educativos y quienes desarrollen actividades con menores deben proteger su interés superior al difundir sus datos en servicios de la sociedad de la información; en redes sociales, con consentimiento del menor o sus representantes.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet.
1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.
Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.
Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo.
2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.
Datos clave
- Afecta a los resultados de búsquedas efectuadas a partir del nombre de la persona.
- Enlaces inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o devenidos tales por el transcurso del tiempo.
- Se ponderan los fines, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.
- Subsiste aunque sea lícita la conservación de la información en el sitio web de origen.
- No impide el acceso a la información mediante otros criterios de búsqueda distintos del nombre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda persona puede pedir a los buscadores que eliminen de los resultados por su nombre los enlaces con información inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva, aunque la web original la mantenga lícitamente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes.
2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.
Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.
Datos clave
- Datos facilitados por el propio interesado: supresión a su simple solicitud.
- Datos facilitados por terceros: supresión si son inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos.
- Excepción: datos facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
- Datos facilitados durante la minoría de edad: supresión sin dilación a simple solicitud.
- En ese caso no es necesario que concurran las circunstancias del apartado 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho al olvido en redes sociales con tres supuestos: datos que facilitaste tú (basta pedirlo), datos que facilitaron terceros (solo si son inadecuados, inexactos, etc.) y datos de cuando eras menor (supresión sin dilación).
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Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.
Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.
Datos clave
- Los usuarios pueden recibir y transmitir los contenidos facilitados a los prestadores.
- Pueden pedir la transmisión directa a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.
- Los prestadores pueden conservar copia, sin difundirla en Internet, si es necesario para cumplir una obligación legal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los usuarios de redes sociales pueden recibir y transmitir sus contenidos y pedir que se pasen a otro prestador si es técnicamente posible; el prestador solo puede conservar copia, sin difundirla, por obligación legal.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 96. Derecho al testamento digital.
1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.
Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto.
b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.
c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.
El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.
3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.
4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.
Datos clave
- Legitimados: personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y sus herederos.
- No pueden acceder si el fallecido lo prohibió expresamente o lo establece una ley, salvo el derecho de los herederos sobre el caudal relicto.
- También el albacea testamentario y la persona o institución designada expresamente por el fallecido.
- Fallecidos menores: también sus representantes legales o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de interesado.
- Fallecidos con discapacidad: también quienes ejercían funciones de apoyo.
- La eliminación del perfil solicitada debe realizarse sin dilación.
- Un real decreto regulará la acreditación de mandatos e instrucciones y su registro, que podrá coincidir con el del artículo 3.
- Las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial propio se rigen por lo que estas establezcan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Testamento digital: quién puede acceder a los contenidos en línea de una persona fallecida y decidir sobre sus perfiles en redes, y cuándo lo impide la voluntad expresa del fallecido o una ley.