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El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. Denuncia y querella. Los órganos judiciales de naturaleza penal. Clases de tribunales penales. Competencias y reglas que los rigen.

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Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 · 1

No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente.

Datos clave

  • No se impone pena alguna por actos punibles cuya represión corresponda a la jurisdicción ordinaria salvo conforme al Código o a Leyes especiales.
  • La pena solo puede imponerse en virtud de sentencia dictada por Juez competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Garantía penal y jurisdiccional: por actos punibles de la jurisdicción ordinaria solo cabe pena conforme a esta ley o a leyes especiales y en virtud de sentencia de Juez competente.

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Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 · 2

Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de disposición expresa, a instruir a éste de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar mientras no se hallare asistido de defensor.

Datos clave

  • Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal deben consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al presunto reo.
  • Están obligados, a falta de disposición expresa, a instruirle de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar.
  • Esta obligación de instrucción rige mientras el reo no esté asistido de defensor.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien interviene en el proceso penal consigna y aprecia lo adverso y lo favorable al presunto reo y, a falta de disposición expresa, le instruye de sus derechos y recursos mientras no tenga defensor.

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Artículo 4

El artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente.

Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente.

Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, mediante diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento.

En estos juicios será parte el Ministerio Fiscal.

Datos clave

  • Si la cuestión prejudicial es determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el Tribunal de lo criminal suspende el procedimiento.
  • Puede fijar un plazo que no exceda de dos meses para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente.
  • Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial alza la suspensión mediante diligencia.
  • En estos juicios es parte el Ministerio Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la cuestión prejudicial decide la culpabilidad o la inocencia, el Tribunal penal suspende el procedimiento hasta que la resuelva quien corresponda, y puede dar a las partes un plazo de hasta dos meses para acudir al órgano competente.

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Artículo 5

No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, las cuestiones civiles prejudiciales, referentes a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil, se deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, y su decisión servirá de base a la del Tribunal de lo criminal.

Datos clave

  • Se refiere a las cuestiones civiles prejudiciales sobre la validez de un matrimonio o la supresión de estado civil.
  • Se defieren siempre al Juez o Tribunal que deba entender de ellas.
  • Su decisión sirve de base a la del Tribunal de lo criminal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las cuestiones civiles prejudiciales sobre validez del matrimonio o supresión de estado civil siempre se remiten al juez competente, y su decisión sirve de base a la del tribunal penal.

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Artículo 6

Si la cuestión civil prejudicial se refiere al derecho de propiedad sobre un inmueble o a otro derecho real, el Tribunal de lo criminal podrá resolver acerca de ella cuando tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.

Datos clave

  • Afecta a la cuestión civil prejudicial sobre el derecho de propiedad de un inmueble o sobre otro derecho real.
  • El Tribunal de lo criminal puede resolver acerca de ella.
  • Requisito: que los derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El tribunal penal puede resolver la cuestión prejudicial sobre propiedad de un inmueble u otro derecho real si se funda en título auténtico o actos indubitados de posesión.

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Artículo 7

El Tribunal de lo criminal se atemperará, respectivamente, a las reglas del Derecho civil o administrativo, en las cuestiones prejudiciales que, con arreglo a los arts. anteriores, deba resolver.

Datos clave

  • El Tribunal de lo criminal debe atemperarse a las reglas del Derecho civil o administrativo, según corresponda.
  • La regla rige en las cuestiones prejudiciales que, conforme a los artículos anteriores, deba resolver el propio Tribunal de lo criminal.
  • Es decir, el juez penal resuelve aplicando las normas propias de la rama del Derecho de la que procede la cuestión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al resolver cuestiones prejudiciales, el Tribunal de lo criminal se ajusta a las reglas del Derecho civil o administrativo según corresponda.

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Artículo 8

Artículo 8.

La jurisdicción criminal es siempre improrrogable.

Datos clave

  • La jurisdicción criminal es siempre improrrogable (artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
  • No puede extenderse a Jueces o Tribunales distintos de los que la ley señala, ni por acuerdo de las partes.
  • Es una regla general de la competencia en el orden penal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La jurisdicción criminal es siempre improrrogable: no admite prórroga de competencia.

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Artículo 9

El artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal extiende la competencia del órgano que conoce de una causa a todo lo que deriva de ella.

Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la ejecución de las sentencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 801.

Datos clave

  • Quien es competente para una causa lo es también para todas sus incidencias.
  • Comprende llevar a efecto las providencias de tramitación.
  • Comprende la ejecución de las sentencias.
  • Salvedad: lo dispuesto en el artículo 801.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien es competente para una causa lo es también para todo lo que de ella deriva: sus incidencias, la ejecución de las providencias de tramitación y la ejecución de las sentencias, salvo lo dispuesto en el artículo 801.

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Artículo 10

Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina y a las Autoridades administrativas o de policía.

Datos clave

  • Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales.
  • Excepciones: casos reservados por las leyes al Senado.
  • Excepciones: Tribunales de Guerra y Marina y Autoridades administrativas o de policía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las causas y juicios criminales corresponden a la jurisdicción ordinaria, salvo los casos que las leyes reservan al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina y a autoridades administrativas o de policía.

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Artículo 11

El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria, salvo las excepciones consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción.

Datos clave

  • Supuesto: causas por delitos en que aparecen a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas.
  • El conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria.
  • Salvo las excepciones consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si en un delito son culpables a la vez personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y aforados, conoce la ordinaria, salvo excepciones expresas de las leyes.

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Artículo 14

El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, fija la competencia objetiva en el proceso penal. Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes:

1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia, salvo que corresponda a las secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia de conformidad con los números 5 y 6.

2. Para la instrucción de las causas, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido, o las Secciones del Tribunal de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine.

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de diez años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido, o las secciones con competencia para el enjuiciamiento en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia, en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio. Ello sin perjuicio de la competencia de la Sección de Instrucción con competencia en materia de guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o de las secciones con competencia en la instrucción en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia, en los términos del artículo 801, así como de las Secciones de Instrucción competentes para dictar sentencia.

No obstante, en los delitos comprendidos en el título VIII del libro II del Código Penal, a los solos efectos de determinar la competencia para el enjuiciamiento, se tendrán en cuenta únicamente las penas de prisión o de multa, correspondiendo a la Sección de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o a las Secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia, en su caso, el conocimiento y fallo de los delitos para los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía.

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos, la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.

5. Las Secciones de los Tribunales de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer conocerán:

a) De la instrucción de los procesos por los delitos relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos por cualquier delito contra las relaciones familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez o jueza de guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra a).

e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.

f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

g) De la instrucción de los procesos por el delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea alguna de las personas de la letra a), o lo sea por alguno de los delitos de la letra h).

h) De la instrucción de los procesos por los delitos contra la libertad sexual del título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.

6. Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el orden penal, de la instrucción de los procesos por los delitos relativos a:

a) Homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas, adolescentes.

b) Delitos contra la libertad, delito de torturas y contra la integridad moral, delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, delitos contra el honor, delitos contra las relaciones familiares, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.

c) Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.

d) Delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea niño, niña o adolescente.

Estas Secciones serán igualmente competentes para la adopción de las medidas cautelares que aseguren la protección de las víctimas menores de edad, sin perjuicio de las competencias del juez de guardia; el conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea niño, niña o adolescente; dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley, y la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

7. En caso de que los hechos objeto de instrucción por la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia también pudieran ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia le corresponderá en todo caso a la segunda.

Datos clave

  • Delitos leves: Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, salvo competencia de las secciones de violencia sobre la mujer o contra la infancia y la adolescencia.
  • Instrucción: Sección de Instrucción del partido donde se cometió el delito, o el Juez Central de Instrucción en los delitos que la ley determine.
  • Sección de lo Penal: delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años, multa de cualquier cuantía u otras penas que no excedan de diez años.
  • Demás casos: Audiencia Provincial o Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; si el delito es del Tribunal del Jurado, corresponde a éste.
  • Título VIII del libro II CP: para el enjuiciamiento solo se atiende a las penas de prisión o de multa.
  • Concurrencia entre la Sección de Violencia contra la Infancia y la de Violencia sobre la Mujer: compete siempre a la segunda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte la competencia objetiva penal: delitos leves e instrucción a la Sección de Instrucción, penas de hasta cinco años a la Sección de lo Penal, el resto a la Audiencia Provincial o Nacional, y fija lo que conocen las secciones de violencia sobre la mujer y contra la infancia.

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Artículo 14 bis

El artículo 14 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadido por el artículo 1.1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, aclara cómo se determina la competencia cuando el proceso se dirige contra una persona jurídica.

Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley, se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.

Datos clave

  • Si la competencia depende de la gravedad de la pena, se atiende siempre a la pena prevista para la persona física.
  • La regla se aplica aunque el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.
  • Remite a los criterios de competencia del artículo 14.
  • Añadido por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la competencia del artículo 14 depende de la gravedad de la pena, se mira siempre la pena prevista para la persona física, aunque el proceso se dirija solo contra una persona jurídica.

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Artículo 15

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:

1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.

2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.

3.º El de la residencia del reo presunto.

4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.

Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.

Se modifica el párrafo último por el art. 2.2 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .

Datos clave

  • Si no consta el lugar de comisión, son competentes, por este orden: el del lugar donde se descubran pruebas materiales del delito; el de la aprehensión del presunto reo; el de la residencia del reo presunto; cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
  • En caso de competencia entre ellos, se da preferencia por ese orden.
  • Conocido el lugar de comisión, el Juez o Tribunal acordará la inhibición en favor del competente.
  • Pondrá a los detenidos a su disposición y remitirá diligencias y efectos ocupados en la misma resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si no consta dónde se cometió el delito, son competentes, por este orden de preferencia, el juez del lugar de las pruebas, el de la aprehensión, el de la residencia del reo y cualquiera que tenga noticia del delito.

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Artículo 15 bis

El artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente.

En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

Datos clave

  • Se aplica a los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer.
  • La competencia territorial la determina el lugar del domicilio de la víctima.
  • Sin perjuicio de la orden de protección o de las medidas urgentes del artículo 13 que pueda adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los asuntos del Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial la marca el domicilio de la víctima, no el lugar de los hechos, aunque el juez de ese lugar puede adoptar la orden de protección o medidas urgentes.

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Artículo 16

La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente consignadas en este Código o en Leyes especiales, y singularmente en las Leyes penales de Guerra y Marina, respecto a determinados delitos.

Datos clave

  • La jurisdicción ordinaria es la competente para juzgar a los reos de delitos conexos siempre que alguno esté sujeto a ella, aunque los demás sean aforados.
  • Quedan a salvo las excepciones expresamente consignadas en la propia Ley o en Leyes especiales.
  • Se citan singularmente las Leyes penales de Guerra y Marina respecto a determinados delitos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La jurisdicción ordinaria juzga los delitos conexos si alguno de los reos está sujeto a ella, aunque los demás sean aforados, salvo excepciones expresas, en especial las leyes penales de Guerra y Marina.

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Artículo 17

El artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, establece la regla de una causa por delito y define los delitos conexos.

1. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos:

1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.

2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.

3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.

4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.

6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.

3. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

Datos clave

  • Regla general: cada delito da lugar a una única causa.
  • Los delitos conexos se investigan y enjuician juntos si conviene, salvo excesiva complejidad o dilación.
  • Conexos: cometidos por dos o más personas reunidas, o en distintos lugares o tiempos con concierto previo.
  • Conexos: los cometidos como medio para otros, para procurar su impunidad, el favorecimiento real y personal y el blanqueo respecto del antecedente, y las lesiones o daños recíprocos.
  • Delitos no conexos de la misma persona con analogía o relación: pueden enjuiciarse juntos a instancia del Ministerio Fiscal si son del mismo órgano.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regla general: un delito, una causa. Los delitos conexos (seis supuestos) se investigan y enjuician juntos cuando conviene para esclarecerlos, salvo excesiva complejidad o dilación; y los no conexos de una misma persona pueden unirse a instancia del Fiscal.

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Artículo 17 bis

El artículo 17 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente.

La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de la presente Ley.

Datos clave

  • La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extiende a la instrucción y conocimiento de los delitos conexos.
  • Condición: que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos de los números 3.º y 4.º del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer también instruyen y conocen de los delitos y faltas conexos, pero solo si la conexión nace de los supuestos 3.º y 4.º del artículo 17: delito medio para otro o para procurar su impunidad.

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Artículo 18

El artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija qué órgano es competente para conocer de las causas por delitos conexos.

1. Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

1.º El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.

2.º El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena.

3.º El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero.

2. No obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por dos o más personas en distintos lugares, si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior, el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial.

Datos clave

  • Primer fuero: el territorio donde se cometió el delito con pena mayor.
  • Si la pena es igual: el que primero comenzó la causa.
  • Si las causas empezaron al mismo tiempo o se ignora cuál comenzó primero: el que designen la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo.
  • Conexos con concierto en distintos lugares: con preferencia, el del partido judicial sede de la Audiencia Provincial.
  • Requisitos: todos en la misma provincia y al menos uno cometido en el partido judicial sede.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para los delitos conexos es competente, por este orden, el del delito con pena mayor, el que antes empezó la causa o el que designe la Audiencia o el Supremo; con preferencia, el partido sede de la Audiencia Provincial en los conexos concertados en la misma provincia.

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Artículo 19

Podrán promover y sostener competencia:

1.º Los Jueces municipales en cualquier estado del juicio, y las partes desde la citación hasta el acto de la comparecencia.

2.º Los Jueces de instrucción durante el sumario.

3.º Las Audiencias de lo criminal durante la sustanciación del juicio.

4.º El Ministerio Fiscal en cualquier estado de la causa.

5.º El acusador particular antes de formular su primera petición después de personado en la causa.

6.º El procesado y la parte civil, ya figure como actora, ya aparezca como responsable, dentro de los tres días siguientes al en que se les comunique la causa para calificación.

Datos clave

  • Jueces municipales: en cualquier estado del juicio; las partes, desde la citación hasta el acto de la comparecencia.
  • Jueces de instrucción: durante el sumario; Audiencias de lo criminal: durante la sustanciación del juicio.
  • Ministerio Fiscal: en cualquier estado de la causa.
  • Acusador particular: antes de formular su primera petición después de personado.
  • Procesado y parte civil: dentro de los tres días siguientes a que se les comunique la causa para calificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera quiénes están legitimados para plantear y mantener una cuestión de competencia: jueces municipales, jueces de instrucción, Audiencias de lo criminal, el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el procesado o la parte civil, cada uno con su momento procesal límite.

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Artículo 20

Son superiores jerárquicos para resolver sobre las cuestiones de competencia, en la forma que determinarán los arts. siguientes:

1.º De los Jueces municipales del mismo partido, el de instrucción.

2.º De los Jueces de instrucción de una misma circunscripción, la Audiencia de lo criminal.

3.º De las Audiencias de lo criminal del mismo territorio, la Audiencia territorial en pleno.

4.º De las Audiencias territoriales, o cuando la competencia sea entre una Audiencia de lo criminal y la Sala de lo criminal de una territorial, el Tribunal Supremo.

Cuando cualquiera de los Jueces o Tribunales mencionados en los números 1.º, 2.º y 3.º no tengan superior inmediato común, decidirá la competencia el que lo sea en el orden jerárquico, y, a falta de éste, el Tribunal Supremo.

Datos clave

  • Entre Jueces municipales del mismo partido resuelve el Juez de instrucción.
  • Entre Jueces de instrucción de una misma circunscripción, la Audiencia de lo criminal.
  • Entre Audiencias de lo criminal del mismo territorio, la Audiencia territorial en pleno.
  • Entre Audiencias territoriales, o entre una Audiencia de lo criminal y la Sala de lo criminal de una territorial, el Tribunal Supremo.
  • Sin superior inmediato común en los números 1.º a 3.º, decide el que lo sea en el orden jerárquico y, a falta de este, el Tribunal Supremo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué superior resuelve las cuestiones de competencia según los órganos enfrentados, con el Tribunal Supremo como cúspide y como cierre cuando falta superior común.

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Artículo 21

El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún Juez, Tribunal o parte podrá promoverlas contra él.

Cuando algún Juez o Tribunal viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día, para en su vista, resolver.

El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas.

Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.

Datos clave

  • El Tribunal Supremo no puede formar ni promover competencias, y nadie puede promoverlas contra él.
  • Si otro Juez o Tribunal conoce de un asunto reservado al Supremo, este le ordena abstenerse de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte.
  • Los antecedentes se remiten en el término de segundo día.
  • El Supremo puede autorizar, entre tanto, las diligencias de urgencia o necesidad manifiestas.
  • Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal Supremo queda al margen del sistema de competencias: no puede plantearlas ni nadie puede planteárselas a él; si otro órgano invade un asunto reservado al Supremo, este le ordena abstenerse y remitir lo actuado.

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Artículo 22

El artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente.

Cuando dos o más Jueces de instrucción se reputen competentes para actuar en un asunto, si a la primera comunicación no se pusieren de acuerdo sobre la competencia, darán cuenta con remisión de testimonio al superior competente; y éste, en su vista, decidirá de plano y sin ulterior recurso cuál de los Jueces instructores debe actuar.

Mientras no recaiga decisión, cada uno de los Jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia.

Dirimido el conflicto por el superior a quien competa, el Secretario judicial del Juzgado de Instrucción que deje de actuar remitirá las diligencias practicadas y los objetos recogidos al declarado competente, dentro del segundo día, a contar desde aquél en que reciba la orden del superior para que deje de conocer.

Datos clave

  • Si dos o más Jueces de instrucción se reputan competentes y no se ponen de acuerdo a la primera comunicación, dan cuenta al superior competente con remisión de testimonio.
  • El superior decide de plano y sin ulterior recurso qué Juez instructor debe actuar.
  • Mientras no hay decisión, cada Juez practica las diligencias para comprobar el delito y las de reconocida urgencia.
  • El Secretario judicial del Juzgado que deja de actuar remite diligencias y objetos al declarado competente dentro del segundo día desde la orden del superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si dos o más Jueces de instrucción se creen competentes y no se ponen de acuerdo a la primera comunicación, decide el superior de plano y sin recurso; mientras, cada uno sigue con las diligencias necesarias y urgentes.

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Artículo 23

Si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior a quien corresponda, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso.

En todo caso, se cumplirá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.

Datos clave

  • Durante el sumario o cualquier fase de instrucción, el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes pueden reclamar si entienden que el Juez instructor no tiene competencia.
  • La reclamación se presenta ante el Tribunal superior a quien corresponda.
  • El Tribunal superior, previos los informes que estime necesarios, resuelve de plano y sin ulterior recurso.
  • En todo caso se cumple el párrafo segundo del artículo 22: cada Juez sigue practicando las diligencias necesarias y urgentes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Durante el sumario o la instrucción, el Fiscal o cualquier parte puede reclamar ante el tribunal superior si cree incompetente al instructor; este resuelve de plano y sin recurso.

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Artículo 24

Terminado el sumario, toda cuestión de competencia que se promueva suspenderá los procedimientos hasta la decisión de ella.

Datos clave

  • La regla se aplica una vez terminado el sumario.
  • Toda cuestión de competencia que se promueva entonces suspende los procedimientos.
  • La suspensión dura hasta la decisión de la cuestión de competencia.
  • Contrasta con la fase de sumario, en la que los Jueces siguen practicando las diligencias necesarias y urgentes mientras se resuelve la competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Terminado el sumario, cualquier cuestión de competencia que se plantee suspende los procedimientos hasta que se decida.

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Artículo 25

El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la promoción de la competencia y la inhibición de oficio por el propio Juez o Tribunal.

El Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competencia. También acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del Ministerio Fiscal.

Entretanto no recaiga decisión judicial firme resolviendo definitivamente la cuestión promovida o aceptando la competencia, el Juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo. A tal efecto, la resolución que inicialmente acuerde la inhibición expresará esta circunstancia, y a ella se acompañará únicamente testimonio de las actuaciones. Dirimida la cuestión o aceptada la competencia por resolución firme, el Secretario judicial remitirá los autos originales y las piezas de convicción al Juez que resulte competente.

Los autos que los Jueces municipales o de instrucción dicten inhibiéndose a favor de otro Juez o jurisdicción serán apelables, observándose en este caso lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12. Contra los de las Audiencias podrá interponerse el recurso de casación.

Datos clave

  • El Juez o Tribunal que se considere competente debe promover la competencia.
  • La inhibición se acuerda de oficio, aunque no la reclamen los interesados ni el Ministerio Fiscal.
  • Hasta la resolución firme, el Juez de instrucción que se inhibe sigue practicando las diligencias necesarias; se acompaña solo testimonio de las actuaciones.
  • Resuelta la cuestión, el Secretario judicial remite los autos originales y las piezas de convicción al competente.
  • Autos de inhibición de Jueces municipales o de instrucción: apelables; los de las Audiencias: recurso de casación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Juez o Tribunal debe promover su competencia y, de oficio, inhibirse si la causa no le corresponde; quien se inhibe sigue investigando hasta la resolución firme, y los autos de inhibición son apelables o recurribles en casación.

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Artículo 259

El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas.

Datos clave

  • Obligado: el que presenciare la perpetración de cualquier delito público.
  • Debe ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo.
  • Sanción por incumplimiento: multa de 25 a 250 pesetas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien presencie cualquier delito público debe comunicarlo inmediatamente al juez o funcionario fiscal más próximo, bajo multa de 25 a 250 pesetas.

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Artículo 260

Artículo 260.

La obligación establecida en el artículo anterior no comprende a los impúberes ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón.

Datos clave

  • La obligación de denunciar del artículo 259 no comprende a los impúberes.
  • Tampoco comprende a los que no gozaren del pleno uso de su razón.
  • Son excepciones subjetivas al deber de denunciar del testigo presencial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La obligación del artículo anterior no alcanza a los impúberes ni a quienes no gocen del pleno uso de su razón.

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Artículo 261

El artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal enumera las personas que, por su vínculo con el autor, no están obligadas a denunciar un delito.

Tampoco estarán obligados a denunciar:

1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.

2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive.

Esta dispensa no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

Datos clave

  • Exentos: cónyuge no separado legalmente o de hecho, o persona en análoga relación de afectividad.
  • Exentos: ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado inclusive.
  • La dispensa no rige en delitos contra la vida, homicidio, lesiones de los artículos 149 y 150 CP, maltrato habitual del 173.2 CP, delitos contra la libertad o la libertad e indemnidad sexual y trata de seres humanos.
  • Para esa excepción, la víctima ha de ser menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cónyuge o pareja del autor y sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado no están obligados a denunciar, salvo en ciertos delitos graves cuando la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

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Artículo 262

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente.

Si la omisión en dar parte fuere de un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas ni superior a 250.

Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las Leyes.

Datos clave

  • Obligados: quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tengan noticia de algún delito público.
  • Destinatarios: Ministerio fiscal, Tribunal competente, Juez de instrucción y, en su defecto, el municipal o el funcionario de policía más próximo si el delito es flagrante.
  • Incumplimiento: multa del artículo 259, impuesta disciplinariamente.
  • Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia: multa no inferior a 125 pesetas ni superior a 250.
  • Si es empleado público, se comunica además a su superior inmediato.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien conozca un delito público por su cargo, profesión u oficio debe denunciarlo inmediatamente; si no, multa del artículo 259, agravada para médicos, cirujanos y farmacéuticos.

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Artículo 264

El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.

El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión.

Datos clave

  • Quien conozca por otro medio un delito perseguible de oficio debe denunciarlo.
  • Destinatarios: Ministerio Fiscal, Tribunal competente, Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía.
  • El denunciante no está obligado a probar los hechos ni a formalizar querella.
  • Solo responde por los delitos cometidos por medio de la denuncia o con su ocasión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien conozca por otro medio un delito perseguible de oficio debe denunciarlo, sin obligación de probarlo ni de querellarse, y solo responde de los delitos cometidos con la denuncia.

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Artículo 265

El artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la forma y el contenido de la denuncia, en la redacción dada por el artículo 101.4 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

1. Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial.

2. La denuncia contendrá la identificación de la persona denunciante y la narración circunstanciada del hecho. En caso de persona jurídica o ente sin personalidad jurídica, deberá identificarse también la persona física que formula la denuncia en su nombre, indicando su relación con la persona jurídica o el ente sin personalidad denunciante.

Igualmente, si fueran conocidas, contendrá la identificación de las personas que lo hayan cometido y de quienes lo hayan presenciado o tengan información sobre él. También indicará la existencia de cualquier fuente de conocimiento de la que el denunciante tenga noticia, que pueda servir para esclarecer el hecho denunciado.

Datos clave

  • Forma: por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial.
  • Contenido mínimo: identificación del denunciante y narración circunstanciada del hecho.
  • Persona jurídica o ente sin personalidad: se identifica también a la persona física que denuncia en su nombre y su relación con él.
  • Si se conocen: identificación de los autores y de quienes lo presenciaron o tengan información.
  • Debe indicar cualquier fuente de conocimiento útil para esclarecer el hecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La denuncia puede hacerse por escrito o de palabra, en persona o con mandatario con poder especial, y debe identificar al denunciante y narrar el hecho; si se conocen, identifica a autores y testigos.

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Artículo 267

Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego.

Datos clave

  • Denuncia verbal: se extiende un acta por la autoridad o funcionario que la recibe.
  • El acta recoge, en forma de declaración, cuantas noticias tenga el denunciante sobre el hecho y sus circunstancias.
  • La firman ambos; si el denunciante no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La denuncia verbal se recoge en un acta, en forma de declaración, que firman la autoridad o funcionario y el denunciante (o otro a su ruego).

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Artículo 268

El Juez, Tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita harán constar por la cédula personal o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la persona del denunciador.

Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia.

Datos clave

  • Quien recibe la denuncia, verbal o escrita, hace constar la identidad del denunciador.
  • Medio: la cédula personal u otros medios que se reputen suficientes.
  • Si el denunciante lo exige, se le da un resguardo de haber formalizado la denuncia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien recibe una denuncia comprueba la identidad del denunciante por la cédula personal u otro medio suficiente, y le da resguardo si lo exige.

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Artículo 269

Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebidamente.

Datos clave

  • Formalizada la denuncia, se procederá inmediatamente a la comprobación del hecho denunciado.
  • Excepciones: que el hecho no revista carácter de delito o que la denuncia sea manifiestamente falsa.
  • En esos dos casos el Tribunal o funcionario se abstendrá de todo procedimiento.
  • Responden si desestiman la denuncia indebidamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Formalizada la denuncia, se comprueba inmediatamente el hecho, salvo que no sea delito o la denuncia sea manifiestamente falsa; desestimarla indebidamente genera responsabilidad.

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Artículo 270

Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley.

También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281.

Datos clave

  • Pueden querellarse todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito (acción popular del artículo 101).
  • Los extranjeros pueden querellarse por delitos contra sus personas o bienes o los de sus representados.
  • Los extranjeros deben cumplir previamente el artículo 280 (fianza), salvo que estén comprendidos en el último párrafo del 281.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo español, ofendido o no, puede querellarse ejerciendo la acción popular; los extranjeros, solo por delitos contra sus personas o bienes o los de sus representados.

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Artículo 271

Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitarán también, en forma de querella, las acciones penales en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105.

Datos clave

  • Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitan también las acciones penales en forma de querella.
  • Lo hacen en los casos en que estén obligados conforme al artículo 105.
  • La querella no es exclusiva de los particulares.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio fiscal también ejercita en forma de querella las acciones penales cuando esté obligado según el artículo 105.

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Artículo 272

La querella se interpondrá ante el Juez de instrucción competente.

Si el querellado estuviere sometido por disposición especial de la Ley a determinado Tribunal, ante éste se interpondrá la querella.

Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por dos o más conexos y alguno de aquéllos estuviere sometido excepcionalmente a un Tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito.

Datos clave

  • La querella se interpone ante el Juez de instrucción competente.
  • Si el querellado está sometido por disposición especial a determinado Tribunal, se interpone ante éste.
  • Igual regla si hay varios querellados por un mismo delito o por delitos conexos y alguno está sometido excepcionalmente a otro Tribunal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La querella se presenta ante el Juez de instrucción competente, salvo que el querellado, o uno de varios, esté sometido por ley especial a otro Tribunal.

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Artículo 274

El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, quedará sometido, para todos los efectos del juicio por él promovido, al Juez de instrucción o Tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella.

Pero podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores.

Datos clave

  • El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, queda sometido al Juez de instrucción o Tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella.
  • El sometimiento se extiende a todos los efectos del juicio por él promovido.
  • Puede apartarse de la querella en cualquier tiempo.
  • Aunque se aparte, queda sujeto a las responsabilidades que puedan resultarle por sus actos anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El querellante particular queda sometido, sea cual sea su fuero, al juez del delito; puede apartarse de la querella cuando quiera, respondiendo de sus actos anteriores.

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Artículo 275

Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el Tribunal así lo hubiese acordado.

Al efecto, a los diez días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante, o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el Juez o Tribunal que conociere de los autos que aquél pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo anterior.

Datos clave

  • Delitos perseguibles solo a instancia de parte: la querella se entiende abandonada si el querellante deja de instar el procedimiento.
  • Plazo: diez días siguientes a la notificación del auto que así lo acuerde.
  • A los diez días de las últimas diligencias pedidas o de paralización por falta de instancia, el Juez o Tribunal manda de oficio que el querellante pida lo que convenga a su derecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En delitos solo perseguibles a instancia de parte, la querella se tiene por abandonada si el querellante no insta en los diez días siguientes a la notificación del auto que se lo requiere.

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Artículo 277

La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado.

Se extenderá en papel de oficio, y en ella se expresará:

1.º El Juez o Tribunal ante quien se presente.

2.º El nombre, apellidos y vecindad del querellante.

3.º El nombre, apellidos y vecindad del querellado.

En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer.

4.º La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supieren.

5.º Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.

6.º La petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en el número anterior, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda.

7.º La firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar cuando el Procurador no tuviese poder especial para formular la querella.

Datos clave

  • La querella se presenta siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado.
  • Se extiende en papel de oficio.
  • Contenido: Juez o Tribunal; nombre, apellidos y vecindad de querellante y querellado; relación circunstanciada del hecho con lugar, año, mes, día y hora.
  • También: diligencias a practicar y petición de admisión, detención y prisión o fianza y embargo de bienes.
  • Firma del querellante o de otra persona a su ruego cuando el Procurador no tenga poder especial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La querella va siempre por Procurador con poder bastante y firmada por Letrado, en papel de oficio, con siete contenidos obligatorios.

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Artículo 278

Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a instancia de parte, excepto el de violación o rapto, acompañará también la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado.

Podrán, sin embargo, practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Datos clave

  • Delitos perseguibles solo a instancia de parte (excepto violación o rapto): se acompaña certificación del acto de conciliación celebrado o intentado.
  • La conciliación es entre querellante y querellado.
  • Pueden practicarse sin ese requisito las diligencias urgentes de comprobación o detención, suspendiendo después los autos hasta acreditarlo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En querellas por delitos perseguibles solo a instancia de parte, salvo violación o rapto, se acompaña certificación de conciliación celebrada o intentada.

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Artículo 279

En los delitos de calumnia o injuria causadas en juicio se presentará además la licencia del Juez o Tribunal que hubiese conocido de aquél, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal.

Datos clave

  • Se aplica a los delitos de calumnia o injuria causadas en juicio.
  • En esos casos debe presentarse además la licencia del Juez o Tribunal que hubiese conocido del juicio en que se causaron.
  • La exigencia de licencia se ajusta a lo dispuesto en el Código Penal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En calumnias o injurias causadas en juicio, se presenta además la licencia del Juez o Tribunal que conoció de aquel.

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Artículo 280

El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio.

Datos clave

  • El particular querellante presta fianza.
  • La clase y la cuantía las fija el Juez o Tribunal.
  • Finalidad: responder de las resultas del juicio.
  • Las exenciones de esta fianza se recogen en el artículo 281.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El particular querellante presta fianza, de la clase y cuantía que fije el Juez o Tribunal, para responder de las resultas del juicio.

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Artículo 281

El artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece quiénes quedan exentos de prestar la fianza que el artículo 280 exige al particular querellante.

Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior:

1.º El ofendido y sus herederos o representantes legales.

2.º En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente.

3.º Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima.

La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.

Datos clave

  • Exentos de fianza: el ofendido y sus herederos o representantes legales.
  • En asesinato u homicidio: cónyuge o pareja análoga, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, herederos de la víctima y padres, madres e hijos del delincuente.
  • Asociaciones de víctimas y personas jurídicas legitimadas, si la víctima autorizó expresamente la acción penal.
  • Extranjeros: la exención solo se aplica por tratados internacionales o por reciprocidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

No prestan la fianza del querellante particular el ofendido y sus herederos o representantes, ciertos familiares en asesinato u homicidio y las asociaciones de víctimas autorizadas; los extranjeros, solo por tratado o reciprocidad.

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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 53

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.

Datos clave

  • ¿Cuál es la sede y el ámbito territorial del Tribunal Supremo? → Sede en la villa de Madrid y jurisdicción en toda España.
  • ¿Qué salvedad establece el art. 53 LOPJ a la superioridad del Tribunal Supremo? → Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
  • Cuatro datos en dos líneas: Madrid, superior en todos los órdenes, toda España y título exclusivo.
  • Memoriza el inciso literal de la excepción: «salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales; tiene jurisdicción en toda España y el título de Supremo es exclusivo.

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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 57

Artículo 57.

1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:

1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.

2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.

3.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados.

4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.

5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

3. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, contra las personas a las que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado 1, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

Se modifican los números 2 y 3 del apartado 1 y se añade un apartado 3 por la disposición final 2.2 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2

Se añade el número 5 al apartado 1 por la disposición final 1.1. de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .

Se añade el número 4 al apartado 1 por el artículo único.2 la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo. Ref. BOE-A-2014-2709 .

Se añade el apartado 2 y se numera el contenido existente como apartado 1 por el art. 1.2 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621

Datos clave

  • ¿Quién instruye las causas de los números 2.º y 3.º del artículo 57.1? → Un instructor designado por turno preestablecido entre los miembros de la Sala de lo Penal, que no formará parte de ella para enjuiciarlas.
  • ¿Qué número del artículo 57.1 atribuye el decomiso autónomo? → El 5.º: los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sea competente.
  • ¿Contra qué jueces y fiscales conoce la Sala Segunda por el número 3.º? → Contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia y contra los Fiscales europeos delegados.
  • Cinco números del apartado 1: recursos, altos cargos, jueces y fiscales delegados, cajón de sastre y decomiso autónomo.
  • El Fiscal Europeo está entre los aforados del número 2.º del artículo 57.1, y los Fiscales europeos delegados en el número 3.º.
  • Regla de una línea: quien instruye no enjuicia, y el sustituto sale de la misma Sala por turno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Sala de lo Penal del Supremo: casación y revisión penal, instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los aforados, causas contra magistrados de AN y TSJ y fiscales europeos delegados, decomiso autónomo, y la regla de que quien instruye no enjuicia.

Esquema

Instructor (art. 57.2) frente a Juez de garantías (art. 57.3)
InstructorJuez de garantías
Cuándo se designaCausas de los números 2.º y 3.º del apartado 1Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea contra esas mismas personas
De dónde saleDe entre los miembros de la Sala, por turno preestablecidoDe entre los miembros de la Sala, por turno preestablecido
¿Enjuicia después?No: no forma parte de la Sala para enjuiciarNo: no forma parte de la Sala para enjuiciar

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 62

La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.

Datos clave

  • La Audiencia Nacional tiene su sede en la villa de Madrid.
  • Su jurisdicción se extiende a toda España.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos datos de la Audiencia Nacional: su sede está en la villa de Madrid y tiene jurisdicción en toda España.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 65

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:

1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, de las causas por los siguientes delitos:

a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.

b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.

f) Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia.

g) Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.

En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.

2.° De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.

3.º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.

4.º De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.

5.º De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de la Sección de lo Penal, de la Sección de Instrucción, incluidas sus funciones como Jueces de garantías en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea, y de la Sección de Menores, del Tribunal Central de Instancia.

6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.

7.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

8.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.

Datos clave

  • La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia delitos contra la Corona, altos organismos y la forma de Gobierno.
  • Conoce de falsificación de moneda y de tarjetas de crédito cometidas por organizaciones o grupos criminales.
  • Conoce de tráfico de drogas cometido por bandas organizadas con efectos en distintas Audiencias.
  • Resuelve la extradición pasiva sea cual fuere el lugar de residencia o detención del afectado.
  • Conoce de los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de la Sección de lo Penal, de la Sección de Instrucción y de la Sección de Menores, así como de los recursos contra las resoluciones de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, del Tribunal Central de Instancia.
  • Conoce de los procedimientos de decomiso autónomo de los delitos de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia una lista cerrada de delitos y sus conexos, asume la cooperación penal internacional y la extradición pasiva, resuelve recursos contra el Tribunal Central de Instancia y conoce del decomiso autónomo.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 70

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

Datos clave

  • El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma.
  • Esta culminación se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ es la cúspide de la organización judicial en su Comunidad Autónoma, pero sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 73

1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:

a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

2. Esta Sala conocerá igualmente:

a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.

b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.

3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:

a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.

c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.

d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.

e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Secciones de Menores de Tribunales de Instancia radicados en distintas provincias de la comunidad autónoma.

6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos Magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de éstos, recaerá en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón.

Se modifica el apartado 5 por el art. 1.15 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1

Se añade un párrafo segundo al apartado 4 por la disposición final 2.5 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2

Se añade la letra e) al apartado 3 por la disposición final 1.3 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .

Se modifica el apartado 6 por el art. único.20 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .

Se añade la letra c) al apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo. Ref. BOE-A-2011-8846 .

Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644

Se añade la letra c) del apartado 3 y se reordena la anterior letra c) como d) por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095

Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621

Datos clave

  • La Sala de lo Civil y Penal actúa como Sala de lo Civil y como Sala de lo Penal.
  • Como Sala de lo Civil conoce del recurso de casación fundado en infracción del derecho civil, foral o especial propio de la comunidad.
  • Conoce en única instancia de las demandas de responsabilidad civil contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa.
  • Como Sala de lo Penal instruye y falla las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
  • Conoce de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
  • Para instruir esas causas se designa, por turno preestablecido, un instructor que no forma parte de la Sala para enjuiciarlas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ actúa como Sala de lo Civil (casación y revisión en derecho civil propio, arbitraje, responsabilidad civil de aforados autonómicos) y como Sala de lo Penal (aforados, apelaciones contra Audiencias Provinciales).

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 80

1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82.

2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.

3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".

Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644

Se modifica el apartado 1 por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812

Datos clave

  • La Audiencia Provincial tiene su sede en la capital de la provincia y toma de ella su nombre.
  • Su jurisdicción se extiende a toda la provincia, salvo lo dispuesto en el art. 82.4.
  • Pueden crearse Secciones fuera de la capital, con uno o varios partidos judiciales adscritos.
  • El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, puede atribuir en exclusiva determinados asuntos a una sección.
  • Esa sección extiende siempre su competencia a todo el ámbito territorial, aunque existan secciones desplazadas.
  • El acuerdo de atribución se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Audiencia Provincial tiene sede en la capital y jurisdicción en toda la provincia; puede haber Secciones fuera de la capital, y el CGPJ puede atribuir en exclusiva ciertos asuntos a una sección para todo el territorio.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 82

1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:

1.º De las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales previstos en esta ley.

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia.

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia en juicios por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo magistrado o magistrada, mediante un turno de reparto.

3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y por las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 80.3 de la presente ley orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por las Secciones de Violencia sobre la Mujer, por las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y por las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia de la provincia, en procedimientos en los que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes o víctimas de violencia sobre la mujer.

4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.

5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

6.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:

1.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia.

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo magistrado o magistrada, mediante un turno de reparto.

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad y en materia civil, por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de los Tribunales de Instancia de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 82 bis y 80.3 de la presente ley orgánica.

3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia, salvo las que se dicten en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea.

4. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:

1.º De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.

2.º De las recusaciones de sus magistrados y magistradas, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

Téngase en cuenta que la modificación del apartado 2.3º, en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023, según se establece en la disposición final 5 de la citada Ley Orgánica.

Datos clave

  • En el orden penal conocen de las causas por delito, salvo las atribuidas a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia u otros Tribunales.
  • Los recursos contra resoluciones de Instrucción por delitos leves se resuelven con un solo magistrado, mediante turno de reparto.
  • Deben especializarse una o varias Secciones para los recursos sobre Violencia sobre la Mujer y Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
  • En el orden civil, los recursos contra resoluciones dictadas en juicio verbal por razón de la cuantía se resuelven también con un solo magistrado.
  • La Sección de la Audiencia Provincial de Alicante especializada en materia mercantil actúa como Tribunal de Marca de la Unión Europea, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
  • Conocen de las cuestiones de competencia civil y penal entre jueces y magistrados de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mapa de competencias de la Audiencia Provincial: en penal, causas por delito y recursos contra las Secciones de la provincia; en civil, apelaciones civiles, de familia y mercantiles; Alicante como Tribunal de Marca de la UE; y competencia y recusaciones.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 83

1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.

2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095

Datos clave

  • El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que establezca la ley.
  • Su composición y competencia se regulan en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que diga la ley; su composición y competencia están en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 84

1. Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.

2. Los Tribunales de Instancia estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.

Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones:

a) De Familia, Infancia y Capacidad.

b) De lo Mercantil.

c) De Violencia sobre la Mujer.

d) De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

e) De lo Penal.

f) De Menores.

g) De Vigilancia Penitenciaria.

h) De lo Contencioso-Administrativo.

i) De lo Social.

3. Cada Tribunal de Instancia contará con una Presidencia. Las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el Tribunal de Instancia hubiere dos o más Secciones.

b) Que en la Sección de que se trate existan ocho o más plazas judiciales.

c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.

4. El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en las diferentes Secciones que integren los Tribunales de Instancia. Su adscripción a las referidas Secciones será funcional. Conforme a criterios de racionalización del trabajo, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en una Sección del Tribunal de Instancia podrán conocer de los asuntos de nuevo ingreso de otras Secciones que lo integren, siempre que se trate de asuntos del mismo orden jurisdiccional. Esta asignación se realizará mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Presidencia del Tribunal y oída la Junta de Jueces y Juezas del orden jurisdiccional al que se refiera. Cuando la asignación se acuerde para cubrir ausencias provocadas por la concesión de comisiones de servicio o licencias de larga duración, podrá afectar a los asuntos de nuevo ingreso o a aquellos de los que esté conociendo el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada que se encuentre en alguna de tales situaciones. Dichos acuerdos deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado".

5. Se podrá establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.

6. En el Tribunal de Instancia se podrá nombrar a dos de sus jueces, juezas, magistrados o magistradas, conforme a un turno anual preestablecido y público, para que, junto con aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. En estos casos, para la adopción de cuantas resoluciones se dictaren en el curso del proceso, actuará como ponente aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente. Estos jueces, juezas, magistrados o magistradas conocerán de dicho procedimiento hasta su completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo otros asuntos.

Se modifica por el art. 1.21 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1

Datos clave

  • Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital.
  • Los Tribunales de Instancia se integran, con carácter general, por una Sección Única de Civil y de Instrucción, o por una Sección Civil y otra de Instrucción.
  • Pueden integrarse también por Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
  • Cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia; las Secciones tienen Presidencia propia cuando hay dos o más Secciones, ocho o más plazas judiciales en la Sección y doce o más plazas en el conjunto del Tribunal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay un Tribunal de Instancia por partido judicial, con Sección Única de Civil y de Instrucción (o dos Secciones en los supuestos de la Ley de Planta) y posibles Secciones especializadas; regula también sus Presidencias y la asignación de asuntos entre Secciones.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 88

1. Con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las Secciones de Instrucción o las Secciones Únicas extenderán su jurisdicción a un partido judicial.

Estas Secciones conocerán, en el orden penal:

a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, excepto de la instrucción de aquellas causas que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto.

c) Del conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces y juezas de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

d) De los procedimientos de habeas corpus .

e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los jueces y las juezas de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos.

f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer o de la Sección correspondiente que asuma el conocimiento de estos asuntos.

g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. Asimismo, las Secciones de Instrucción y las Secciones Únicas conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

3. Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.

4. Excepcionalmente, el Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, podrá acordar la agrupación de las Secciones de Instrucción y de las Secciones Únicas de varios partidos judiciales limítrofes, dentro de una misma provincia, siempre que, por razón del incremento de las actividades delictivas de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o personas, se produzca un destacado aumento en el volumen de asuntos penales de esta naturaleza en determinadas zonas o períodos.

La modificación singular en estos casos se limitará al periodo de tiempo en que se produzca la coyuntura que la motiva y a la instrucción de los procesos penales relacionados con los tipos delictivos que justifican el establecimiento de esa agrupación.

Para acordar dicha agrupación será necesario contar con la propuesta o informe tanto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente como de las Juntas de Jueces y Juezas de las poblaciones afectadas.

El Consejo General del Poder Judicial, antes de adoptar decisión alguna sobre la propuesta de que se trate, recabará el parecer del Ministerio de Justicia y el de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia. En todo caso, la efectividad de dicha decisión no implicará el aumento de dotaciones presupuestarias.

5. La agrupación de Secciones a que se refiere el apartado anterior estará presidida por el Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes quien, junto con los Presidentes o Presidentas de Sección que la integren, o, en su defecto, con los Presidentes o Presidentas de los Tribunales de Instancia afectados, elaborará las normas para el reparto de asuntos concretos materia de la agrupación, que posteriormente se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Tales normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos ya en trámite en cada una de las Secciones.

6. El reparto de asuntos entre las diferentes Secciones se realizará por el letrado o la letrada directores del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes de entre los que componen la agrupación. El Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia de ese partido judicial con mayor número de habitantes resolverá, con carácter gubernativo, las cuestiones que se planteen y corregirá las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Se modifica por el art. 1.27 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1

Se añaden los párrafos segundo y tercero por la disposición final 2.6 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2

Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .

Se modifica por el art. único de la Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2010-12133 .

Se modifica por el art. único.2 de la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo. Ref. BOE-A-2003-5450

Se modifica por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621

Datos clave

  • Las Secciones de Instrucción o Únicas extienden su jurisdicción a un partido judicial.
  • Conocen de la instrucción de causas por delito competencia de las Audiencias Provinciales y de las Secciones de lo Penal, salvo las que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
  • Conocen del fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o contra la Infancia y la Adolescencia, y de los procedimientos de habeas corpus.
  • El Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, puede acordar la agrupación de Secciones de varios partidos judiciales limítrofes de una misma provincia.
  • La agrupación la preside el Presidente o Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes.
  • El reparto de asuntos entre Secciones lo realiza el letrado o letrada director del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Secciones de Instrucción y Únicas instruyen las causas penales del partido, juzgan delitos leves, llevan el habeas corpus y el internamiento de extranjeros; y el CGPJ puede agruparlas excepcionalmente ante el crimen organizado ligado al tráfico de drogas o personas.

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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 43

Organización territorial. Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. 2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. 3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. 4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley.»

Datos clave

  • ¿Dónde tienen su sede y qué jurisdicción tienen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer según el artículo 87 bis.1 LOPJ? → Sede en la capital del partido y jurisdicción en todo su ámbito territorial; toman su designación del municipio de su sede.
  • ¿Quién puede acordar que un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción asuma los asuntos del artículo 87 ter, y con qué trámite? → El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, en función de la carga de trabajo.
  • ¿Qué ocurre en los partidos con un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción? → Ese juzgado asume el conocimiento de los asuntos del artículo 87 ter.
  • El artículo 87 bis LOPJ regula la organización territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en cuatro apartados: sede y jurisdicción por partido, extensión excepcional a varios partidos de la misma provincia, atribución a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción por el CGPJ según la carga de trabajo, y asunción automática por el único juzgado existente.
  • Memoriza el binomio del apartado 1: sede en la capital del partido y nombre del municipio de la sede.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Añade el artículo 87 bis de la LOPJ: crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con sede en la capital del partido y jurisdicción en todo él, y regula las tres salidas cuando no se justifica un juzgado propio.

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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 44

Competencia. Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado. 2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a) Los de filiación, maternidad y paternidad. b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. 5. En todos estos casos está vedada la mediación.»

Datos clave

  • El artículo 87 ter.1.a) LOPJ atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la instrucción de los delitos de homicidio, aborto, lesiones u otros cometidos con violencia o intimidación contra quien sea o haya sido su esposa o pareja, así como contra los descendientes propios o de esta, o los menores o incapaces convivientes o sujetos a su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
  • El apartado 5 del nuevo artículo 87 ter LOPJ veda la mediación en todos los casos.
  • Cuando el juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente (art. 87 ter.4 LOPJ).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define la doble competencia del JVM: en penal, instruye los delitos violentos y contra la libertad e indemnidad sexuales cuando la víctima es o ha sido pareja del autor (o sus hijos o menores a su cargo) con violencia de género, además de las órdenes de protección; en civil, puede conocer separación, divorcio, custodia y asuntos de familia, y lo hace en exclusiva si concurren los requisitos del apartado 3.

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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 45

Recursos en materia penal. Se adiciona un nuevo ordinal 4.º al artículo 82.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.»

Datos clave

  • ¿Qué órgano conoce de los recursos penales contra resoluciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer? → La Audiencia Provincial, por el nuevo ordinal 4.º del artículo 82.1 LOPJ.
  • ¿Es obligatoria la especialización de secciones en materia penal? → Sí: «deberán especializarse» una o varias secciones, conforme al artículo 98 LOPJ.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Añade un ordinal 4.º al artículo 82.1 LOPJ: las Audiencias Provinciales conocen de los recursos en materia penal contra resoluciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia, y deben especializar secciones para ello.

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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 58

Competencias en el orden penal. Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado de la siguiente forma: «Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes: 1. Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, el Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número quinto de este artículo. Sin embargo, conocerá de los juicios por faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código Penal, el Juez de Paz del lugar en que se hubieran cometido. También conocerán los Jueces de Paz de los juicios por faltas tipificadas en el artículo 620.1.º y 2.º, del Código Penal, excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del mismo Código. 2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine. 3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801. No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste. 4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste. 5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta Ley: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.»

Datos clave

  • ¿Qué artículo de la LECrim inserta al JVM en el reparto general de competencia penal? → El art. 14, modificado por el art. 58.
  • ¿Qué faltas conoce el JVM según el apartado 5.d? → Las de los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea de las personas del apartado 5.a.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reescribe el art. 14 LECrim para encajar al JVM en el reparto general de competencia penal: junto al Juez de Paz, el Juez de Instrucción, el Juez de lo Penal y la Audiencia Provincial, el apartado 5 atribuye al JVM la instrucción de los delitos violentos y contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos con violencia de género, los delitos conexos contra los derechos y deberes familiares, las órdenes de protección y ciertas faltas.

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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 59

Competencia territorial. Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente: «En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.»

Datos clave

  • ¿Qué determina la competencia territorial en los asuntos del Juez de Violencia sobre la Mujer? → El lugar del domicilio de la víctima (artículo 15 bis LECrim).
  • ¿Qué puede acordar el Juez del lugar de comisión de los hechos? → La orden de protección o las medidas urgentes del artículo 13 LECrim.
  • Fórmula corta: competencia = domicilio de la víctima; urgencia = lugar de los hechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Añade el artículo 15 bis LECrim: en los delitos y faltas propios del Juez de Violencia sobre la Mujer la competencia territorial se fija por el domicilio de la víctima, sin que ello impida al juez del lugar de los hechos adoptar la orden de protección o medidas urgentes.

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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 60

Competencia por conexión. Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente: «La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de la presente Ley.»

Datos clave

  • ¿En qué supuestos de conexión se extiende la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer? → En los previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 LECrim.
  • ¿Qué artículo de la LECrim añade el artículo 60 de la LO 1/2004? → El artículo 17 bis LECrim.
  • Solo hay que retener dos ordinales: 3.º y 4.º del artículo 17 LECrim. Son consecutivos y fáciles de fijar.
  • La extensión abarca instrucción y conocimiento, las dos cosas, no solo instruir.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Añade el artículo 17 bis LECrim: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer extienden su competencia a los delitos y faltas conexos, pero solo cuando la conexión venga de los números 3.º y 4.º del artículo 17.

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