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Contrabando: Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión de Contrabando. Definiciones y tipificación del delito. Valoración de las mercancías objeto de contrabando. Destino de las mercancías aprehendidas. Comiso. Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas.

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Artículo 1. Definiciones.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, recoge las definiciones que se aplican a efectos de toda la Ley.

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

1. “Mercancía”: todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio.

A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda, y cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago se considerarán como mercancías cuando se oculten bien entre otras mercancías presentadas ante la aduana o bien en los medios de transporte en los que se encuentren.

2. “Mercancías comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 18 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado).

3. “Mercancías no comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 19 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado).

4. “Recinto aduanero”: todo lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para:

a) La presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio español.

b) La presentación en aduana de las mercancías comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

c) El sometimiento a vigilancia aduanera de las mercancías comunitarias declaradas para el régimen de exportación, de perfeccionamiento pasivo, de tránsito o de depósito aduanero, desde el momento de la admisión de la correspondiente declaración en aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), o de cualquier otra operación prevista en la normativa aduanera comunitaria.

5. “Autoridad aduanera”: el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y los servicios de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria encargados del control aduanero de conformidad con las normas de organización de la Agencia.

6. “Importación”: la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas.

7. “Introducción”: la entrada en el territorio español de mercancías comunitarias procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea.

8. “Exportación”: la salida de mercancías del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero.

Con respecto a productos y tecnologías de doble uso, el concepto de “exportación” será el definido al efecto en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

9. “Expedición”: la salida de mercancías del territorio español con destino final a otros Estados miembros de la Unión Europea.

10. “Áreas exentas”: las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en los artículos 148 y 153 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), así como, en general, cualquier almacén, zona o ubicación en la que se depositen o almacenen mercancías no comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un régimen aduanero.

11. “Géneros o efectos estancados”: los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.

12. “Géneros prohibidos”: todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale.

13. “Material de defensa”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

14. “Productos y tecnologías de doble uso”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, y en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

15. “Precursores de drogas”: las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio, o en cualesquiera tratados o convenios internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España.

16. “Sustancias químicas tóxicas y sus precursores”: las sustancias enumeradas en las listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, definidas al efecto en su artículo II.

17. “Agentes biológicos o toxinas”: los incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972.

18. “Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”: los incluidos en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1236/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los sucesivos reglamentos que lo actualicen.

19. “Mercancías sujetas a medidas de política comercial”: cualquier mercancía distinta de las mencionadas anteriormente para la que, con ocasión de la importación o exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria, como, por ejemplo, autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de etiquetado o circulación, establecidos por normativa nacional o comunitaria.

20. “Deuda aduanera”: la obligación definida como tal en el apartado 13 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado).

Datos clave

  • Mercancía: todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio; los medios de pago ocultos se consideran mercancía.
  • Recinto aduanero: lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para presentación y vigilancia aduanera.
  • Importación: entrada de mercancías no comunitarias en territorio español o en Ceuta y Melilla; se asimila la entrada desde áreas exentas.
  • Introducción: entrada de mercancías comunitarias procedentes de otros Estados miembros; expedición: salida con destino a otros Estados miembros.
  • Géneros estancados: los atribuidos por ley al Estado en monopolio, así como las labores del tabaco.
  • Géneros prohibidos: los prohibidos por tratado o convenio suscrito por España, norma con rango de ley o reglamento de la UE.
  • Precursores de drogas: sustancias de los cuadros I y II de la Convención de Viena de 20 de diciembre de 1988.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Diccionario de la Ley de Contrabando: veinte definiciones que se usan en todo el texto. Las más preguntadas: mercancía, importación frente a introducción, exportación frente a expedición, áreas exentas, géneros estancados y prohibidos.

Esquema

Entradas y salidas de mercancías
MovimientoQué mercancíaOrigen o destino
ImportaciónEntradaNo comunitariaDesde fuera; también Ceuta y Melilla y áreas exentas
IntroducciónEntradaComunitariaDesde otros Estados miembros
ExportaciónSalidaCualquieraDel territorio español, salvo comunitarias al resto del territorio aduanero
ExpediciónSalidaCualquieraDestino final a otros Estados miembros

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Artículo 2. Tipificación del delito.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, tipifica el delito de contrabando y fija los umbrales de valor a partir de los cuales las conductas dejan de ser infracción administrativa.

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.

c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.

d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.

e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.

f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.

g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:

Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.

Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:

1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación.

3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.

b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.

4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.

5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.

6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.

7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Datos clave

  • Umbral general del delito (art. 2.1): valor igual o superior a 150.000 euros.
  • Umbral del art. 2.2 (Patrimonio Histórico, géneros estancados o prohibidos, especies CITES, material de defensa y doble uso, precursores): igual o superior a 50.000 euros.
  • Labores de tabaco: delito cuando su valor sea igual o superior a 15.000 euros.
  • Drogas, armas, explosivos, agentes biológicos, sustancias químicas tóxicas o contrabando a través de organización: delito con independencia del valor.
  • Pluralidad de acciones con plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión: se suma el valor acumulado.
  • Las conductas son punibles también por imprudencia grave.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme al art. 31 bis del Código Penal; entes sin personalidad, art. 129 CP.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El contrabando es delito según el valor: 150.000 euros como regla, 50.000 para patrimonio histórico, estancados, prohibidos, especies protegidas y material sensible, 15.000 para tabaco y sin umbral para drogas, armas y organizaciones.

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Artículo 3. Penalidad.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, establece la penalidad del delito de contrabando para personas físicas y jurídicas.

1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.

En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:

a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.

4. La conspiración y la proposición para cometer un delito de contrabando de material de defensa, o de material o productos y tecnologías de doble uso serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a lo que corresponde a este delito.

Datos clave

  • Pena general: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes.
  • Letras a), b) y e) del art. 2.1 (salvo e) para productos de la letra d)): penas en su mitad inferior; demás casos del art. 2: mitad superior.
  • Comisión imprudente: pena inferior en un grado.
  • Pena superior en un grado si se comete por medio o en beneficio de entidades con facilidad especial para la comisión.
  • Persona jurídica: multa proporcional del duplo al cuádruplo y prohibición de subvenciones y contratar de uno a tres años.
  • Supuestos del art. 2.2: suspensión de actividades de seis meses a dos años; supuestos del art. 2.3: clausura de locales.
  • Conspiración y proposición en material de defensa o doble uso: pena inferior en uno o dos grados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pena del contrabando: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo, en mitad inferior o superior según el supuesto, rebajada por imprudencia y agravada por facilidad especial. Penas propias para las personas jurídicas.

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Artículo 4. Responsabilidad civil.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula el alcance de la responsabilidad civil en los procedimientos por delito de contrabando.

En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción o por alguna de las causas previstas en el artículo 251.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluidos sus intereses de demora.

Cuando pudiera practicarse la liquidación de la deuda tributaria se observarán las reglas contenidas en la disposición adicional cuarta de esta Ley.

Respecto de la deuda aduanera se estará, asimismo, a lo previsto en la citada Disposición adicional cuarta.

Datos clave

  • Comprende la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la Administración no haya podido liquidar.
  • Causas: prescripción o las previstas en el artículo 251.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Incluye los intereses de demora.
  • Si puede liquidarse la deuda tributaria, se aplican las reglas de la disposición adicional cuarta de la Ley.
  • La deuda aduanera se rige también por la disposición adicional cuarta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el proceso por contrabando, la responsabilidad civil cubre la deuda tributaria que Hacienda no ha podido liquidar, con intereses de demora. Si sí puede liquidarse, o si es deuda aduanera, rige la disposición adicional cuarta.

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Artículo 4 bis. Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil.

El artículo 4 bis de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, determina cómo se ejecutan la pena de multa y la responsabilidad civil derivadas del delito de contrabando. Los órganos judiciales cuentan para ello con el auxilio de la Administración Tributaria.

Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria, que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.

Datos clave

  • Los jueces y tribunales recaban el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria.
  • La Administración Tributaria exige la multa y la responsabilidad civil por el procedimiento administrativo de apremio.
  • El apremio se sigue en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La multa y la responsabilidad civil del contrabando no las cobra el juzgado: los jueces piden auxilio a la Administración Tributaria, que las exige por apremio según la Ley General Tributaria.

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Artículo 5. Comiso.

El artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula el comiso como consecuencia de toda pena impuesta por delito de contrabando.

1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:

a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.

b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.

c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.

d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.

2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.

3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.

4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.

5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.

6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

Datos clave

  • Se decomisan las mercancías objeto del delito, los materiales e instrumentos de fabricación, los medios de transporte, las ganancias y los instrumentos del delito.
  • Medios de transporte de un tercero no partícipe: no se decomisan si el comiso resulta desproporcionado.
  • Si no es posible el comiso, se acuerda por valor equivalente de otros bienes de los responsables.
  • No hay comiso de bienes de lícito comercio propiedad o adquiridos por un tercero de buena fe.
  • Comiso ampliado obligatorio en actividades de organización o grupo criminal.
  • Los bienes decomisados se adjudican al Estado; los de lícito comercio los enajena la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Contrabando de drogas o precursores (art. 2.3 a): el destino corresponde a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones (Ley 17/2003).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda pena por contrabando lleva comiso de mercancías, instrumentos, transporte y ganancias, con excepciones para terceros. Cabe comiso por valor equivalente, comiso ampliado en organizaciones y comiso sin pena; los bienes van al Estado.

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Artículo 6. Intervención de bienes no monopolizados.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la intervención de los bienes no monopolizados durante el proceso por contrabando.

1. El Juez o Tribunal acordarán la intervención de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo anterior, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso.

2. La autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a éstos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación, en su caso, de la garantía que se establezca.

3. La autoridad judicial podrá acordar, asimismo, que, mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.

Datos clave

  • El Juez o Tribunal acuerda la intervención a resultas de la resolución que ponga término al proceso.
  • Los presuntos responsables pueden ser designados depositarios, con prestación, en su caso, de garantía.
  • Mientras se sustancia el proceso, los bienes pueden utilizarse provisionalmente por las fuerzas o servicios de persecución del contrabando.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Durante el proceso, el juez interviene los bienes que podrían decomisarse a la espera de la resolución final. Puede nombrar depositarios a los presuntos responsables o dejar que los usen provisionalmente quienes persiguen el contrabando.

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Artículo 7. Enajenación anticipada.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la enajenación anticipada de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.

1. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados, si éste fuere su destino final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos:

a) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.

b) Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo.

2. La enajenación a la que se refiere este artículo será ordenada por la autoridad judicial. A tal efecto se procederá a la valoración de las mercancías, géneros o efectos, cuando ésta no estuviere practicada, en la forma prevista en esta Ley.

3. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal.

Datos clave

  • Puede hacerse sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo.
  • Supuesto a): expreso abandono por su propietario.
  • Supuesto b): conservación peligrosa para la salud o seguridad pública o disminución importante de su valor, incluida la depreciación por el tiempo.
  • La enajenación la ordena la autoridad judicial, previa valoración en la forma prevista en la Ley.
  • El importe, deducidos los gastos, queda en depósito a resultas del proceso penal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los bienes intervenidos pueden venderse antes de la sentencia firme en dos casos: abandono expreso o riesgo de conservación o pérdida de valor. Lo ordena el juez y el dinero queda en depósito.

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Artículo 8. Adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.

El artículo 8 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no son enajenables. Su uso se reserva a quienes persiguen el contrabando.

El uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedarán adscritos a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable a esta materia.

Datos clave

  • Se aplica a los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables.
  • Su uso queda adscrito a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.
  • La adscripción se hace de acuerdo con la legislación específica aplicable a esta materia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los bienes intervenidos que no pueden venderse quedan adscritos, para su uso, a las fuerzas o servicios que persiguen el contrabando, según su legislación específica.

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Artículo 9. Mercancías de monopolio.

El artículo 9 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, establece el tratamiento de las mercancías aprehendidas que pertenecen a los monopolios públicos.

1. Cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, la autoridad judicial a cuya disposición se hayan colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos monopolios.

2. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme.

Datos clave

  • La autoridad judicial procede en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de los monopolios.
  • La autoridad judicial puede autorizar actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios.
  • Esos actos de disposición quedan a reserva de la pertinente indemnización, según el contenido de la sentencia firme.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si lo aprehendido es mercancía de monopolio público, el juez sigue las normas del monopolio y puede autorizar a la compañía gestora a disponer de ella, a reserva de indemnizar según la sentencia firme.

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Artículo 10. Valoración de los bienes.

El artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, fija las reglas para valorar los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando.

La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:

1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial.

2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.

3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel de ocho dígitos y, en su defecto, a nivel de seis o cuatro dígitos de la nomenclatura prevista en el Reglamento (CEE) n.º 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo de operación.

4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción incrementados, en su caso, con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales. Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta.

5. El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito o, de no conocerse ésta, en relación con el descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior.

Datos clave

  • Géneros estancados: precio máximo de venta al público; si no hay asimilación posible, el juez fija el valor previa tasación pericial.
  • Bienes de las letras a) y b) del art. 2.2: el juez recaba asesoramiento e informes de las Administraciones competentes.
  • Importación o exportación: precio medio declarado de productos semejantes en la subpartida de ocho dígitos (o seis o cuatro) del Reglamento (CEE) 2658/1987.
  • Resto de casos: precio oficial, precio medio de mercado español o valor de venta, con actualización por IPC si ha pasado más de un año natural.
  • Fecha de referencia: la de realización del ilícito o, si no se conoce, la del descubrimiento o aprehensión.
  • Para el precio medio se toma el mes natural anterior a esa fecha.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se calcula el valor de lo contrabandeado, que decide si hay delito o infracción: estancados por precio máximo de venta, bienes sensibles con informes, importación y exportación por precio medio declarado y el resto por precio oficial o de mercado.

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Artículo 16. Competencias en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas

El artículo 16 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando dispone lo siguiente.

1. En el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.

2. Los funcionarios adscritos a la aduana de la que depende un recinto aduanero, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso libre, directo e inmediato a todas las instalaciones del recinto donde pueda tener lugar la vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso.

Datos clave

  • Los servicios de aduanas pueden reconocer y registrar cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.
  • Esa facultad se ejerce en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia.
  • Los funcionarios adscritos a la aduana de la que depende un recinto aduanero tienen acceso libre, directo e inmediato a todas sus instalaciones.
  • El acceso alcanza las instalaciones donde pueda tener lugar la vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios de aduanas pueden reconocer y registrar cualquier vehículo, caravana, paquete o bulto, y sus funcionarios tienen acceso libre, directo e inmediato a todo el recinto aduanero, previa identificación en su caso.

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Artículo único. Consideración como género prohibido de determinadas embarcaciones.

El artículo único de el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, declara género prohibido determinadas embarcaciones a efectos del apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

1. Tendrán la consideración de género prohibido, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, las siguientes embarcaciones:

a) Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación marítima que cumplan alguna de las siguientes características:

i. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios.

ii. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros de eslora total.

b) Las embarcaciones neumáticas o semirrígidas diferentes de las descritas en el apartado anterior, así como cualquier otra embarcación y los buques de porte menor cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando.

Salvo prueba en contrario, se considerarán elementos o indicios racionales:

i. El incumplimiento de la obligación de registro y matriculación que resulten aplicables a la embarcación o buque de porte menor.

ii. La modificación significativa de las partes integrantes de la embarcación o buque de porte menor con relación al proyecto constructivo original, especialmente cuando existan refuerzos que permitan aumentar la potencia propulsora sin obras adicionales, tomas para tanques adicionales u otras obras que permitan aumentar la autonomía inicialmente prevista, a menos que la modificación hubiera sido debidamente autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante.

iii. La modificación de las partes integrantes de la embarcación o buque de porte menor para habilitar dobles fondos o espacios que permitan la estiba de carga no prevista en el diseño inicial.

iv. La manipulación de los sistemas visuales, acústicos, radioeléctricos de posicionamiento y ayudas tecnológicas, o la existencia de dispositivos, sistemas o tecnologías que permitan la manipulación de aquéllos.

v. La navegación sin exhibir las luces reglamentarias o la navegación errática a rumbos diversos, con o sin cambios injustificados de velocidad, desatendiendo, en ambos casos, las indicaciones de los buques o embarcaciones de Estado debidamente identificados, especialmente la indicación de parar y someterse a control.

vi. La incongruencia manifiesta entre el propósito declarado de la derrota o actividad propuesta y las pertenencias náuticas e incluso de la tripulación o pasajeros que se encuentren a bordo.

vii. El empleo de equipamientos o materiales que dificulten la detección o identificación de la embarcación o buque de porte menor, tales como pinturas antirradar, dispositivos atenuantes de las señales electrónicas, detectores de radar, así como el empleo de pinturas, estructuras o elementos de camuflaje o que simulen el aspecto o las marcas identificativas de una embarcación o buque de Estado.

El carácter de género prohibido se extenderá a la fabricación, reparación, reforma, circulación, tenencia o comercio de las embarcaciones citadas en el presente apartado, así como a la navegación por cualquier punto de las aguas interiores, mar territorial español o zona contigua.

2. A los efectos previstos en este real decreto-ley los conceptos de buque, embarcación, así como buque y embarcación de Estado serán los recogidos en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

A los mismos efectos, se entenderá por:

a) Buque de porte menor: Aquél de menos de ciento cincuenta toneladas de arqueo neto.

b) Embarcaciones neumáticas o semirrígidas: Aquellas que tengan flotadores rellenables o insuflables o en las que la totalidad o parte de su casco esté constituida por elementos no rígidos.

c) Eslora total: La eslora de casco para embarcaciones de recreo definida en la normativa reguladora de la inspección y certificación de buques civiles.

d) Potencia máxima: La suma de la potencia máxima de cada uno de los motores que equipe la embarcación, medida en kilovatios. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la potencia máxima es la especificada en el certificado de navegabilidad.

e) Operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad: Quienes por cualquier título ostenten la posesión legal de las embarcaciones.

3. La calificación como género prohibido no alcanzará a las siguientes embarcaciones neumáticas y semirrígidas:

a) Las adscritas a la defensa nacional.

b) Las que tengan la consideración de buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas.

c) Las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria adscritas al Servicio de Vigilancia Aduanera.

d) Las utilizadas para el cumplimiento de sus fines por los demás órganos del Estado, comunidades y ciudades autónomas, entidades locales o por organismos públicos vinculados o dependientes de los mismos, así como las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en el Reino de España.

e) Las embarcaciones auxiliares, cualquiera que sea su eslora, que se encuentren efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.

f) Las embarcaciones distintas de las previstas en la letra c) que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima.

g) Las utilizadas para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles.

h) Las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación.

i) Las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.

En los supuestos previstos en las letras f), g), h) e i) anteriores la exclusión de la calificación como género prohibido requerirá como condición previa la inscripción del operador en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de uso e inscripción en el mismo Registro de cada una de las embarcaciones en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1, letra a), previa solicitud formulada por el operador.

A los efectos de este real decreto-ley, la afectación a los usos previstos en las letras f), g), h) e i) habrá, en todo caso, ser efectiva y exclusiva en relación con uno o varios de dichos usos.

La transmisión de la propiedad o la cesión de uso de las embarcaciones contempladas en la letra a) del apartado 1, cualquiera que sea el título por el que se realicen o el procedimiento judicial o administrativo como consecuencia del cual se produzcan, requerirá que las mismas se destinen efectiva y exclusivamente a la realización de alguna de las actividades enumeradas en las letras a) a i) y que los adquirentes o cesionarios que pretendan utilizar las embarcaciones para los usos contemplados en las letras f), g), h) e i), acrediten ante los transmitentes o cedentes que se encuentran debidamente inscritos en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y que han obtenido la autorización de uso e inscripción en el Registro de la embarcación.

4. Se crea el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, el cual será único para todo el territorio español y se ubicará en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que corresponderá la gestión y mantenimiento del mismo.

5. Los procedimientos de inscripción y autorización, tanto para los operadores nacionales como extranjeros, se realizarán por vía electrónica.

6. Tendrán acceso a la información contenida en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, que podrán ser cedidos sin consentimiento del interesado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en la investigación de los delitos de terrorismo, crimen organizado y contrabando, el Centro Nacional de Inteligencia y la Dirección General de la Marina Mercante, integrada en el Ministerio de Fomento.

7. La autorización de uso de las embarcaciones podrá establecer, para cada una de ellas, el ámbito geográfico a que se extiende, así como las condiciones que se juzguen necesarias para garantizar el uso exclusivo de la embarcación para la actividad o actividades a que se extiende la autorización, incluida en su caso la obligación de instalar dispositivos de localización.

8. El incumplimiento de las condiciones de la autorización de uso e inscripción determinará la calificación de la embarcación como género prohibido a efectos de lo previsto en el apartado 12 del artículo 1 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, ambos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

9. La inspección y control de los operadores y de las embarcaciones para el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo se extenderá a todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, las aguas interiores y la zona contigua, y se llevará a cabo en los términos previstos en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando y en su normativa de desarrollo.

10. Reglamentariamente se regulará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, el procedimiento y los criterios aplicables para la inscripción de operadores y la autorización de uso de embarcaciones, el régimen de utilización, circulación y tenencia de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, así como las normas necesarias para la adecuada coordinación del Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad con el Registro de Buques y Empresas Navieras.

Datos clave

  • Género prohibido: neumáticas y semirrígidas de eslora total menor o igual a 8 metros con potencia igual o superior a 150 kilovatios.
  • También las neumáticas y semirrígidas de más de 8 metros de eslora total.
  • Buque de porte menor: el de menos de ciento cincuenta toneladas de arqueo neto.
  • Quedan excluidas, entre otras, las de defensa nacional y las del Servicio de Vigilancia Aduanera y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • En las letras f), g), h) e i) la exclusión exige inscripción en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad.
  • El Registro es único para todo el territorio español y se ubica en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Los procedimientos de inscripción y autorización se realizan por vía electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las neumáticas y semirrígidas rápidas o grandes pasan a ser género prohibido a efectos de contrabando, salvo exclusiones tasadas; algunas exigen inscripción en un Registro Especial gestionado por la Agencia Tributaria.

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Disposición final primera. Habilitación normativa.

La disposición final primera de el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, contiene la habilitación normativa para su desarrollo. Determina qué órganos pueden dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución.

Se habilita al Gobierno y a la Ministra de Hacienda, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Datos clave

  • Se habilita al Gobierno y a la Ministra de Hacienda.
  • La habilitación opera en el ámbito de sus respectivas competencias.
  • Alcanza a dictar disposiciones y adoptar medidas para el desarrollo y ejecución del real decreto-ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Habilita al Gobierno y a la Ministra de Hacienda, cada uno en su ámbito de competencias, para desarrollar y ejecutar el real decreto-ley.

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Disposición final segunda. Títulos competenciales.

La disposición final segunda de el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, identifica los títulos competenciales en que se ampara la norma.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 10 y 29 del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre régimen aduanero y arancelario y seguridad pública, respectivamente.

Datos clave

  • Se dicta al amparo del artículo 149.1.10.ª de la Constitución: régimen aduanero y arancelario.
  • Y del artículo 149.1.29.ª de la Constitución: seguridad pública.
  • Ambas son competencias exclusivas del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El real decreto-ley se ampara en dos competencias exclusivas del Estado: régimen aduanero y arancelario, y seguridad pública.

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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La disposición final tercera de el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, fija el momento de su entrada en vigor. Se trata de una norma de urgencia que despliega sus efectos de forma inmediata tras su publicación oficial.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Datos clave

  • Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.
  • La publicación se produce en el «Boletín Oficial del Estado».
  • Es un real decreto-ley de 26 de octubre de 2018.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El real decreto-ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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Disposición transitoria única. Aplicación a titulares anteriores de estas embarcaciones.

La disposición transitoria única de el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, regula la adaptación de quienes ya eran operadores de estas embarcaciones a su entrada en vigor.

1. Quienes a la entrada en vigor de este real decreto-ley sean operadores de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad contempladas en las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley para solicitar su inscripción en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de las embarcaciones que la precisen con arreglo a lo previsto en los mencionados preceptos.

2. El régimen de transmisión y cesión de las embarcaciones a que se refiere el apartado anterior se someterá, en todo caso, a lo previsto en el apartado 3 del artículo único.

3. Mientras no entre en vigor la reglamentación de desarrollo prevista en el apartado 10 del artículo único, las solicitudes de inscripción en el Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y de autorización de uso de las embarcaciones deberán ser realizadas a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Las solicitudes de inscripción en el Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad deberán especificar los datos identificativos del solicitante, la actividad para la que solicita la inscripción de las previstas en las letras en las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único y el área geográfica en la que se propone desarrollar la misma.

2.ª Las solicitudes de autorización de uso de las embarcaciones deberán especificar los datos identificativos del solicitante, la descripción de las características de la embarcación especificando eslora y potencia de motores, la actividad para la que solicita la autorización de uso de la embarcación de las previstas en las letras en las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único y el área geográfica en la que se propone utilizar la embarcación. A la solicitud se deberá unir la documentación técnica de la embarcación.

3.ª En tanto no recaiga resolución expresa sobre las solicitudes de inscripción de los operadores o de autorización de uso de las embarcaciones, las mismas se entenderán provisionalmente concedidas, sin que ello condicione la decisión final que se deba adoptar.

Datos clave

  • Plazo de seis meses desde la entrada en vigor para solicitar la inscripción y la autorización.
  • Afecta a los operadores de las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único.
  • La transmisión y cesión de las embarcaciones se somete al apartado 3 del artículo único.
  • Hasta el desarrollo reglamentario, las solicitudes se presentan por la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • La solicitud de autorización de uso especifica eslora y potencia de motores y se acompaña de la documentación técnica.
  • Sin resolución expresa, las solicitudes se entienden provisionalmente concedidas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los operadores ya existentes de embarcaciones de las exclusiones f) a i) tienen seis meses para inscribirse y pedir autorización; mientras no haya reglamento, se solicita en la sede de la Agencia Tributaria y se entiende provisionalmente concedido.

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