Oposhark

La detención. Concepto de detención. Derechos de los detenidos. La asistencia letrada al detenido: Alcance y contenido. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». Detención de menores. Detención de extranjeros. La puesta a disposición judicial de los detenidos. Detenidos en los espacios marinos.

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LECrim · Art. 489

Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Datos clave

  • Ningún español ni extranjero puede ser detenido salvo en los casos previstos por las leyes.
  • La detención debe practicarse en la forma que las leyes prescriban.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nadie, español o extranjero, puede ser detenido salvo en los casos y en la forma que prescriban las leyes.

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LECrim · Art. 490

Cualquier persona puede detener: 1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 2.º Al delincuente in fraganti. 3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Datos clave

  • ¿Cuántos supuestos de detención por cualquier persona recoge el artículo 490 y cuál es el primero? → Siete; el primero es el que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
  • ¿Puede un particular detener al procesado en rebeldía? → Sí: el número 7.º permite detener al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
  • Cuéntalos: siete ordinales. Dos de delito en curso (1.º y 2.º), cuatro de fuga (3.º a 6.º) y uno de rebeldía (7.º).
  • Distingue el 1.º del 2.º: el 1.º es antes, en el momento de ir a cometerlo; el 2.º es durante, in fraganti.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete supuestos en que cualquier persona puede detener: quien va a cometer un delito, el delincuente in fraganti, cuatro casos de fuga y el procesado o condenado en rebeldía.

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LECrim · Art. 491

El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior.

Datos clave

  • ¿Qué debe justificar el particular que detiene a otro, y cuándo? → Si el detenido lo exige, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior.
  • Tres palabras literales que valen la pregunta: motivos racionalmente suficientes, y el verbo creer, no comprobar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El particular que detiene debe justificar, si el detenido se lo exige, que obró por motivos racionalmente suficientes para creerlo incluido en alguno de los casos del artículo anterior.

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LECrim · Art. 492

La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener: 1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional. 3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. 4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.

Datos clave

  • ¿Qué evita la detención del procesado por delito de pena inferior con riesgo de fuga? → Prestar fianza bastante.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro supuestos en que la autoridad o agente de Policía judicial tiene obligación de detener; el procesado por delito de pena inferior se libra si presta en el acto fianza bastante.

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LECrim · Art. 493

La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa.

Datos clave

  • ¿Qué hace la Autoridad o agente de Policía judicial cuando no procede detener? → Toma nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona, y entrega oportunamente esa nota al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa.
  • La lista de datos, en orden: nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para averiguar e identificar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si no procede detener al procesado o al delincuente, la Autoridad o agente de Policía judicial anota sus datos de identificación y entrega oportunamente la nota al Juez o Tribunal de la causa.

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LECrim · Art. 495

No se podrá detener por la presunta comisión de delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle.

Datos clave

  • ¿Cuándo cabe detener por la presunta comisión de un delito leve? → Solo si el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle.
  • ¿Quién valora si la fianza es «bastante» en el art. 495 LECrim? → La autoridad o agente que intente practicar la detención.
  • Regla del «ni-ni»: sin domicilio conocido ni fianza bastante. Con que falle uno de los dos, no cabe la detención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Por delito leve, en principio, no se detiene. Solo cabe si el presunto reo no tiene domicilio conocido ni da fianza bastante, y quien lo valora es la autoridad o agente que intenta detenerle.

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LECrim · Art. 496

El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.

Datos clave

  • ¿Qué plazo tiene quien detiene para poner en libertad o entregar al detenido? → Veinticuatro horas siguientes al acto de la detención, entregándolo al Juez más próximo al lugar donde se hizo.
  • ¿Qué ocurre si se demora la entrega del detenido? → Se incurre en la responsabilidad que establece el Código Penal si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.
  • El plazo del art. 496 es de veinticuatro horas para poner en libertad o entregar al detenido al Juez más próximo al lugar de la detención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien detiene, sea particular, Autoridad o agente, debe liberar al detenido o entregarlo al Juez más próximo al lugar de la detención en veinticuatro horas; si la dilación las excede, incurre en responsabilidad penal.

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LECrim · Art. 497

Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 6.º, y caso referente al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado.

Datos clave

  • ¿De qué plazo dispone el Juez o Tribunal de la causa para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto? → Setenta y dos horas, contadas desde que el detenido le hubiese sido entregado.
  • ¿Qué dos decisiones puede adoptar el Juez en ese plazo? → Elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto.
  • Setenta y dos horas = tres días. Si en el examen el plazo se cuenta «desde la detención», sospecha: aquí se cuenta desde la entrega.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Juez o Tribunal propio de la causa tiene setenta y dos horas desde que le entregan al detenido para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto; el mismo plazo rige si él mismo acordó la detención.

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LECrim · Art. 501

El auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, y se notificará al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, al cual se le hará saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la reposición del auto, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.

Datos clave

  • ¿A quién se notifica el auto que eleva la detención a prisión o la deja sin efecto? → Al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado; al Ministerio Fiscal se le pone en conocimiento.
  • ¿Cómo puede el procesado pedir la reposición de ese auto? → De palabra o por escrito, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.
  • Tres destinatarios: Fiscal (conocimiento), querellante particular y procesado (notificación). El querellante, solo «si lo hubiere».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El auto que eleva la detención a prisión o la deja sin efecto se pone en conocimiento del Fiscal y se notifica al querellante (si lo hay) y al procesado, que puede pedir su reposición de palabra o por escrito.

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Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 · 509

1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o

b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.

2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.

3. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.

4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.

Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade el apartado 4 por el art. único.3 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .

Se modifica por la disposición final 1.1.h) de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538 .

Se modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2003-19748 .

Datos clave

  • La detención o prisión incomunicadas solo proceden excepcionalmente y mediante resolución motivada.
  • Proceden por necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida, libertad o integridad física, o para no comprometer el proceso penal.
  • La incomunicación no puede extenderse más allá de cinco días.
  • En delitos del artículo 384 bis u organizados por dos o más personas, puede prorrogarse por otros cinco días como máximo.
  • El auto que acuerde la incomunicación o su prórroga debe expresar los motivos.
  • En ningún caso puede acordarse la incomunicación de menores de dieciséis años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La detención o prisión incomunicada es excepcional, por resolución motivada y solo por dos necesidades urgentes. Máximo cinco días, prorrogables otros cinco en ciertos delitos, y nunca para menores de dieciséis años.

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LECrim · Art. 520

Artículo 520.

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.

6. La asistencia del abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).

b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.

Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.

Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .

Se modifican los apartados 2, 3 y 5 y se añade el 2 bis por el art. 2.4 de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2015-4605 .

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo máximo de la detención preventiva del art. 520? → 72 horas.
  • ¿En qué plazo máximo debe acudir el abogado designado tras el encargo? → 3 horas desde la recepción del encargo.
  • ¿Cuándo puede renunciarse a la asistencia de abogado? → Solo si la detención es por delitos contra la seguridad del tráfico; la renuncia es revocable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se practica la detención: lo menos perjudicial posible, solo el tiempo estrictamente necesario y como máximo setenta y dos horas; información de derechos por escrito, abogado en tres horas y renuncia solo en delitos de tráfico.

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LECrim · Art. 520 bis

1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada. 2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente. 3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste.

Datos clave

  • ¿Cuál es la duración máxima de la prórroga de la detención del art. 520 bis y en qué plazo debe solicitarse? → Hasta otras cuarenta y ocho horas, solicitada mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención.
  • ¿En qué plazo debe pronunciarse el Juez sobre la incomunicación del art. 520 bis? → En el plazo de veinticuatro horas y mediante resolución motivada.
  • ¿Puede el Juez conocer la situación del detenido durante la detención? → Sí, en todo momento, personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido.
  • Secuencia 48-24-48: se pide dentro de las primeras 48 h, el Juez autoriza en las 24 h siguientes y la prórroga dura hasta 48 h más.
  • El art. 520 bis usa el plazo de 24 horas dos veces: para autorizar la prórroga de la detención (apdo. 1) y para resolver sobre la incomunicación (apdo. 2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen reforzado para los detenidos por delitos del art. 384 bis: 72 horas para pasar a disposición judicial, prórroga de hasta 48 horas más con autorización judicial, e incomunicación sobre la que el Juez decide en 24 horas.

Esquema

Puesta a disposición y prórroga en el art. 520 bis
Puesta a disposiciónPrórroga
DuraciónSetenta y dos horas desde la detenciónHasta un máximo de otras cuarenta y ocho horas
FinalidadPoner al detenido ante el Juez competenteLos fines investigadores
Cómo se pideNo se pide: es el plazo general del preceptoComunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas
Quién decideOpera automáticamenteEl Juez, autorizándola en las veinticuatro horas siguientes
Forma de la decisiónSin resolución específica en el preceptoResolución motivada, tanto si autoriza como si deniega

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LECrim · Art. 520 ter

A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo máximo para poner en libertad o a disposición judicial al detenido en espacios marinos? → Tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas.
  • ¿Cuándo cabe la puesta a disposición judicial por medios telemáticos del art. 520 ter? → Cuando por razón de la distancia o la situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del plazo indicado.
  • Palabras clave del 520 ter: compatibles, tan pronto como sea posible, telemáticos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detenidos en el mar por delitos del art. 23.4.d) LOPJ: conservan los derechos del capítulo en lo que permitan los medios del buque o aeronave, con tope de 72 horas y posible puesta a disposición telemática.

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LECrim · Art. 521 · Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros

Artículo 521.

Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros.

Si la separación no fuese posible, el Juez instructor o Tribunal cuidará de que no se reúnan personas de diferente sexo ni los correos en una misma prisión, y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes.

Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute.

Datos clave

  • Si no es posible separar a los detenidos unos de otros, ¿qué debe evitar el Juez instructor o Tribunal? → Que se reúnan en una misma prisión personas de diferente sexo ni los correos, y que los jóvenes y no reincidentes estén separados de los de edad madura y los reincidentes.
  • ¿Qué circunstancias se tienen en cuenta para esa separación? → El grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute.
  • Para el segundo escalón, tres parejas que no se mezclan: personas de diferente sexo, los correos, y jóvenes/no reincidentes frente a los de edad madura/reincidentes.
  • Los tres criterios de separación son educación, edad y naturaleza del delito: E-E-N.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los detenidos deben estar separados entre sí a ser posible; si no se puede, el Juez o Tribunal evita ciertas mezclas, atendiendo a la educación, la edad y la naturaleza del delito imputado.

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LECrim · Art. 522

Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento en que esté custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario.

Datos clave

  • ¿Qué puede procurarse el detenido o preso conforme al art. 522 LECrim? → A sus expensas, las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento.
  • ¿Qué límite tienen esas comodidades u ocupaciones? → Que no comprometan su seguridad ni la reserva del sumario.
  • Cuatro palabras que resumen el artículo: a sus expensas, compatibles, seguridad, reserva del sumario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El detenido o preso puede procurarse, pagándolas él, comodidades u ocupaciones compatibles con su detención y el régimen del establecimiento, siempre que no comprometan su seguridad ni la reserva del sumario.

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LECrim · Art. 523

Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. La relación con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación.

Datos clave

  • ¿Por quién puede pedir ser visitado el detenido o preso según el art. 523 LECrim? → Por un ministro de su religión, un médico, sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos.
  • ¿Qué ocurre con la relación con el Abogado defensor? → No podrá impedírsele mientras el detenido o preso estuviere en comunicación.
  • Cuatro grupos de visitantes: religión, médico, parientes o relación de intereses, y quien pueda aconsejarle. Y aparte, el Abogado defensor.
  • La fórmula literal es «secreto y éxito del sumario», con los dos términos, no solo el secreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El detenido o preso puede recibir visitas de ministro de su religión, médico, parientes, personas de intereses o consejeros, con las condiciones del reglamento y si no afectan al secreto y éxito del sumario.

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LECrim · Art. 524

El Juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso. Pero en ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.

Datos clave

  • ¿Con qué límite autoriza el Juez instructor los medios de correspondencia y comunicación del detenido o preso? → En cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción.
  • ¿Qué comunicación no puede impedirse en ningún caso? → La libertad de los detenidos o presos de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.
  • Contraste de fórmulas: «en cuanto no se perjudique» para lo ordinario y «en ningún caso» para escribir a los superiores del orden judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Juez instructor autoriza la correspondencia y comunicación del detenido o preso mientras no perjudique la instrucción, pero nunca puede impedirle escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.

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LECrim · Art. 525

No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Esta medida deberá ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.

Datos clave

  • ¿En qué casos cabe adoptar medidas extraordinarias de seguridad contra el detenido o preso? → En caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse.
  • ¿Qué duración puede tener esa medida? → Deberá ser temporal y solo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.
  • Cuatro supuestos, con los tres primeros en escala: desobediencia → violencia → rebelión, más el cuarto de la fuga (intento o preparativos).
  • Dos adjetivos que caen en test: la medida es temporal y dura lo estrictamente necesario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las medidas extraordinarias de seguridad contra el detenido o preso solo caben por desobediencia, violencia, rebelión o intento o preparativos de fuga, y han de ser temporales.

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LECrim · Art. 527

Artículo 527.

1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:

a) Designar un abogado de su confianza.

b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.

c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.

d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.

2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos.

3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.

Se modifica por el art. único.6 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .

Datos clave

  • ¿En qué plazo debe pronunciarse el juez sobre la restricción pedida por Policía Judicial o Fiscal? → En 24 horas.
  • ¿Con qué frecuencia mínima se hacen los reconocimientos médicos si se restringe la comunicación? → Al menos dos reconocimientos cada 24 horas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los supuestos del art. 509 el detenido o preso puede ser privado de cuatro derechos por auto motivado; si lo piden Policía Judicial o Fiscal rige un plazo máximo de veinticuatro horas para que el juez decida.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 1

Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente. A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas: a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención. d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

Datos clave

  • ¿Cuántos supuestos de detención ilegal enumera el art. 1 y con qué letras? → Cuatro, de la a) a la d): sin supuestos o formalidades legales, internamiento ilícito, exceso de plazo y falta de respeto a los derechos del detenido.
  • En el supuesto de exceso de plazo, ¿ante qué juez debe entregarse al detenido? → Ante el Juez más próximo al lugar de la detención.
  • Las cuatro letras, en cuatro palabras: sin motivo (a), mal sitio (b), de más (c), sin derechos (d).
  • En la letra c) el destinatario es el Juez más próximo al lugar de la detención; no «el juez competente» ni «el instructor de la causa».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define para qué sirve el habeas corpus — poner al detenido ilegalmente a disposición judicial de forma inmediata — y cierra con las cuatro situaciones que la ley considera detención ilegal.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 2

Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 3 Si la detención obedece a la aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el art. 55.2 de la Constitución, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente. En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención.

Datos clave

  • ¿Cuál es el primer criterio de competencia en el habeas corpus? → El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
  • ¿Quién conoce del habeas corpus en el ámbito de la Jurisdicción Militar? → El Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención.
  • Cascada de tres lugares: dónde está → dónde lo detuvieron → dónde se le vio por última vez.
  • Tres jueces posibles, tres nombres distintos: Juez de Instrucción, Juez Central de Instrucción y Juez Togado Militar de Instrucción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién conoce la solicitud: por regla general el Juez de Instrucción, con tres criterios territoriales en cascada, más dos reglas especiales para terrorismo y para el ámbito militar.

Esquema

Órgano competente según el tipo de detención (art. 2)
Detención ordinariaSupuestos del art. 55.2 CEJurisdicción Militar
Juez competenteJuez de InstrucciónJuez Central de InstrucciónJuez Togado Militar de Instrucción
Punto de conexiónLugar en que se encuentre el privado de libertadEl que corresponda al Juez CentralCabecera de la circunscripción en que se efectuó la detención
Criterios subsidiariosLugar de la detención y, en su defecto, de las últimas noticias del paraderoNo se establecenNo se establecen

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 3

Podrán instar el procedimiento de “Habeas Corpus” que esta ley establece: a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores, sus representantes legales, y respecto a las personas con discapacidad con medidas de apoyo judiciales, la persona que preste su apoyo con facultad de representación específica para este acto concreto. b) El Ministerio Fiscal. c) El Defensor del Pueblo. d) El abogado defensor del privado de libertad. Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior.

Datos clave

  • ¿Puede el juez iniciar de oficio el procedimiento de habeas corpus? → Sí; lo puede iniciar de oficio el Juez competente conforme al art. 2.
  • ¿Qué parientes del privado de libertad pueden instar el habeas corpus? → El cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, los descendientes, los ascendientes y los hermanos.
  • Cuatro letras y una coletilla: a) el detenido y su gente, b) Fiscal, c) Defensor del Pueblo, d) abogado defensor; y al final, el Juez de oficio.
  • Parientes admitidos, tres grupos: hacia abajo (descendientes), hacia arriba (ascendientes) y al lado (hermanos), más el cónyuge o pareja.
  • El apoyo de la persona con discapacidad necesita facultad de representación específica para este acto concreto: si la pregunta dice «representación general», es falsa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién puede pedir el habeas corpus: el propio privado de libertad y su entorno familiar o de apoyo, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el abogado defensor; además, el juez puede incoarlo de oficio.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 4

El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho escrito o comparecencia deberán constar: a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley. b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes. c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».

Datos clave

  • ¿Cómo puede iniciarse el procedimiento de habeas corpus a instancia de parte? → Por medio de escrito o comparecencia, sin que sea preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
  • ¿Qué tres extremos deben constar en el escrito o comparecencia? → El nombre y circunstancias del solicitante y del privado de libertad; el lugar y la autoridad o persona bajo cuya custodia se encuentre, si se conocen; y el motivo concreto de la solicitud.
  • Tres contenidos, tres preguntas: quién (a), dónde y en manos de quién (b), por qué (c).
  • «No preceptiva» no es «prohibida»: se puede ir con abogado, simplemente no hace falta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se inicia: por escrito o por comparecencia, sin abogado ni procurador obligatorios, con tres datos que deben constar en la solicitud.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 5

La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de «Habeas Corpus», formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia. Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir.

Datos clave

  • ¿Qué debe hacer el agente que custodia a un detenido que solicita el habeas corpus? → Ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez competente.
  • ¿Qué consecuencias tiene incumplir esa obligación? → Ser apercibido por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudiera incurrir.
  • Tres sujetos obligados: autoridad gubernativa, agente y funcionario público. Y tres consecuencias del incumplimiento: apercibimiento, penal y disciplinaria.
  • Palabra clave literal: «inmediatamente». No hay plazo en horas porque no admite demora.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obligación de quien custodia al detenido: trasladar de inmediato al juez la solicitud de habeas corpus, bajo apercibimiento y con posibles responsabilidades penales y disciplinarias.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 6

Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.

Datos clave

  • ¿Cabe recurso contra el auto que deniega la incoación del habeas corpus? → No; contra la resolución que se adopte en uno u otro caso no cabrá recurso alguno.
  • ¿Qué forma adopta la resolución que incoa o deniega el procedimiento? → La de auto, notificado en todo caso al Ministerio Fiscal.
  • Orden de tres pasos: examina → traslada al Fiscal → auto. Y el auto, de vuelta al Fiscal.
  • Frase literal que cae tal cual: «no cabrá recurso alguno». Es irrecurrible también la denegación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fase de admisión: el juez comprueba los requisitos, da traslado al Fiscal y por auto incoa o deniega. Contra ese auto no cabe recurso alguno.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 7

En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de libertad o a aquél en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre. Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; acto seguido oirá en justificación de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 4 representante de la institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, a aquélla bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad. El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el párrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto. En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas las actuaciones a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda.

Datos clave

  • ¿Desde cuándo se cuentan las veinticuatro horas del art. 7? → Desde que sea dictado el auto de incoación; en ese plazo se practican todas las actuaciones y se dicta la resolución que proceda.
  • ¿A quién oye el Juez en primer lugar? → A la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, así como al Ministerio Fiscal.
  • ¿Qué pruebas admite el Juez? → Las que estime pertinentes de entre las aportadas y las propuestas que puedan practicarse en el acto.
  • Primero el que está privado de libertad, luego el que lo tiene privado de libertad. El detenido habla antes que la autoridad, y a esta se le enseñan sus declaraciones.
  • Dies a quo del plazo: auto de incoación. Truco: la cuenta empieza cuando el juez abre el procedimiento, no cuando alguien lo pide.
  • Dos verbos en el plazo de 24 horas: practicar las actuaciones y dictar la resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La comparecencia: el juez hace traer al detenido o se desplaza donde esté, oye primero a este y al Fiscal y después a quien lo custodia, admite pruebas y lo resuelve todo en veinticuatro horas.

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 8

Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptará seguidamente alguna de estas resoluciones: 1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo primero de esta ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando. 2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artículo primero de esta ley, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas: a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente. b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban. c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.

Datos clave

  • ¿Qué acuerda el Juez si no concurre ninguna circunstancia del artículo 1? → El archivo de las actuaciones, declarando conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando.
  • ¿Cuándo procede acordar la puesta inmediata a disposición judicial? → Cuando ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para la detención.
  • ¿Qué forma tiene la resolución del art. 8? → La de auto motivado.
  • Dos apartados y, dentro del segundo, tres letras: 1 archivo; 2 a) libertad, b) cambio de establecimiento o custodios, c) a disposición judicial.
  • La letra c) solo se activa por una razón: que haya transcurrido el plazo legal de la detención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La resolución: auto motivado con dos salidas posibles. O archiva declarando conforme a Derecho la privación de libertad, o aprecia alguna circunstancia del artículo 1 y adopta en el acto una de tres medidas.

Esquema

Las dos salidas del auto del art. 8
No concurre el art. 1Concurre el art. 1
DecisiónArchivo de las actuacionesAdopción en el acto de una medida
DeclaraciónLa privación de libertad y sus circunstancias son conformes a DerechoNo se declara la conformidad: se corrige la situación
Contenido posibleNinguno: la situación continúa iguala) puesta en libertad; b) continuar privado, en su caso en otro establecimiento o con otros custodios; c) puesta inmediata a disposición judicial

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LO 6/1984 Habeas Corpus · Art. 9

El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad. En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá asimismo, testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento, en caso contrario, éstas se declararán de oficio. Disposición final. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de mayo de 1984. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 5

Datos clave

  • ¿Cuándo se condena en costas al solicitante del habeas corpus? → Cuando se aprecie temeridad o mala fe; en caso contrario, las costas se declaran de oficio.
  • ¿En qué dos supuestos deduce testimonio el Juez conforme al art. 9? → Para perseguir los delitos de quienes ordenaron la detención o tuvieron al detenido bajo su custodia, y en los casos de denuncia falsa o simulación de delito.
  • ¿Cuándo entró en vigor la Ley Orgánica 6/1984? → Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
  • Binomio de costas: temeridad o mala fe → las paga el solicitante; en caso contrario → de oficio. No hay tercera opción.
  • Recuerda que la Disposición final fija la entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE, y la ley se firmó en el Palacio de la Zarzuela el 24 de mayo de 1984.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cierre de la ley: el juez deduce testimonio para perseguir los delitos que hayan podido cometerse, también los del solicitante que simula o denuncia en falso, y reparte las costas según haya habido o no temeridad o mala fe.

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Artículo 61. Medidas cautelares.

El artículo 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, bajo la rúbrica «Medidas cautelares», dispone lo siguiente.

1. Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida.

d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento.

En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas.

e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento.

f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente.

2. En los expedientes sancionadores en la comisión de infracciones por transportistas, si éstos infringen la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, podrá acordarse la suspensión de sus actividades, la prestación de fianzas, avales, o la inmovilización del medio de transporte utilizado.

Datos clave

  • Las medidas cautelares pueden adoptarse desde la incoación de un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión.
  • Las adopta el instructor para asegurar la resolución final.
  • Medidas: presentación periódica, residencia obligatoria, retirada del pasaporte, detención cautelar, internamiento preventivo y cualquier otra que el juez estime adecuada.
  • La detención cautelar dura un máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento.
  • En cualquier otra detención, la puesta a disposición judicial se produce en un plazo no superior a 72 horas.
  • A los transportistas que no tomen a cargo al extranjero transportado ilegalmente: suspensión de actividades, fianzas, avales o inmovilización del medio de transporte.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Desde que se incoa un procedimiento en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor puede adoptar medidas cautelares, desde la presentación periódica hasta la detención de 72 horas o el internamiento con autorización judicial.

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Artículo 62. Ingreso en centros de internamiento.

El artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, bajo la rúbrica «Ingreso en centros de internamiento», dispone lo siguiente.

1. Incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 54.1, en las letras a), d) y f) del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta Ley Orgánica en el que pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador.

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero.

2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

3. Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el extranjero será puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

4. No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 bis 1. i) de esta Ley. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores conforme establece la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el artículo 35 de esta Ley.

5. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

6. A los efectos del presente artículo, el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la detención. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente.

Datos clave

  • El instructor solicita el ingreso al Juez de Instrucción competente, que resuelve por auto motivado previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal.
  • El juez valora especialmente el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o documentación, conforme al principio de proporcionalidad.
  • Duración máxima del internamiento: 60 días.
  • No puede acordarse un nuevo internamiento por las causas previstas en un mismo expediente.
  • No puede acordarse el ingreso de menores, sin perjuicio del artículo 62 bis 1. i).
  • La incoación, la detención, el internamiento y la resolución final se comunican al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado.
  • Autoriza el internamiento el Juez de Instrucción del lugar de la detención; controla la estancia el del lugar donde esté el centro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El internamiento lo pide el instructor y lo acuerda el Juez de Instrucción por auto motivado, con audiencia y proporcionalidad; dura lo imprescindible, nunca más de 60 días, y no cabe para menores.

Esquema

Los dos jueces del internamiento
Juez del lugar de la detenciónJuez del lugar del centro
FunciónAutorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamientoControlar la estancia en los Centros de Internamiento y Salas de Inadmisión
Quejas de los internosNo se le atribuyenConoce de ellas sin ulterior recurso si afectan a derechos fundamentales
VisitasNo se le atribuyenPuede visitar los centros ante incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente

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Artículo 64. Ejecución de la expulsión.

El artículo 64 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, bajo la rúbrica «Ejecución de la expulsión», dispone lo siguiente.

1. Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se deba hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder del período establecido en el artículo 62 de esta Ley.

2. Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en documento debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía para el extranjero afectado de:

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio español.

b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades.

c) El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de enseñanza básica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

3. La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará, en su caso, a costa del empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el artículo 53.2 a) o 54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviere medios económicos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicará al representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.

4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del Juez de instrucción para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de expulsión, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

5. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional.

6. No será precisa la incoación de expediente de expulsión:

a) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud.

b) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, manutención, o recepción, custodia y transmisión de documentos de viaje, de los extranjeros que realicen un tránsito en territorio español, solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea, a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea.

Datos clave

  • Expirado el plazo de cumplimiento voluntario, se detiene al extranjero y se le conduce al puesto de salida.
  • Si la expulsión no puede ejecutarse en setenta y dos horas, puede solicitarse el internamiento, sin exceder el período del artículo 62.
  • Garantías durante la prórroga, el aplazamiento o la suspensión: unidad familiar, atención sanitaria de urgencia, enseñanza básica de los menores y necesidades de personas vulnerables.
  • La ejecución corre a costa del empleador sancionado por los artículos 53.2 a) o 54.1.d) o, en otro caso, del extranjero si tiene medios.
  • La resolución de expulsión de otro Estado miembro de la Unión Europea se ejecuta inmediatamente, sin nuevo expediente.
  • La petición de protección internacional suspende la ejecución de la expulsión hasta su inadmisión o resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Vencido el plazo de salida voluntaria se detiene y conduce al extranjero; si no se expulsa en setenta y dos horas cabe pedir internamiento. Fija garantías, quién paga y cuándo no hace falta expediente.

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Artículo 17. Detención de los menores.

El artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, bajo la rúbrica «Detención de los menores», dispone lo siguiente.

1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.

2. Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente.

El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración.

3. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.

4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.

5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el artículo 28.

6. El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido. Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica reguladora.

Datos clave

  • La detención se practica en la forma que menos perjudique al menor, informándole de forma inmediata y en lenguaje claro de los hechos, razones y derechos.
  • Se notifica inmediatamente la detención y el lugar de custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal; si es extranjero, a las autoridades consulares en los casos previstos.
  • La declaración se presta en presencia del letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda; en su defecto, del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor.
  • Los menores detenidos se custodian en dependencias adecuadas y separadas de las de los mayores de edad.
  • La detención policial dura lo estrictamente necesario y como máximo veinticuatro horas, tras las cuales el menor queda en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal.
  • El Ministerio Fiscal resuelve dentro de las cuarenta y ocho horas desde la detención.
  • Hábeas corpus: Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre el menor; en su defecto, el del lugar de la detención o el de las últimas noticias sobre su paradero.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detención del menor: forma menos perjudicial, información inmediata y comprensible, aviso a representantes y Fiscal, declaración con letrado, custodia separada y plazos de veinticuatro horas (policía) y cuarenta y ocho (Fiscal).

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