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La Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades y Ciudades Autónomas. La Administración Local. La administración electrónica. Normativa reguladora. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso. Identificación y autenticación.

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Constitución Española · Art. 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Datos clave

  • ¿En qué tres entidades se organiza territorialmente el Estado según el art. 137? → Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
  • Los tres niveles territoriales, de menor a mayor: municipio, provincia, Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas gozan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Datos clave

  • ¿Qué circunstancia territorial cita expresamente el art. 138 al hablar de equilibrio económico? → El hecho insular.
  • ¿Qué no pueden implicar en ningún caso las diferencias entre Estatutos de Autonomía? → Privilegios económicos o sociales.
  • Dato de examen: el hecho insular se cita expresamente como circunstancia a atender en el equilibrio económico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado garantiza la solidaridad del art. 2 velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre territorios, con atención al hecho insular; las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Datos clave

  • Según el art. 139.1, ¿qué tienen los españoles en cualquier parte del territorio? → Los mismos derechos y obligaciones.
  • ¿Qué dos libertades de circulación protege el art. 139.2? → La de personas (y su establecimiento) y la libre circulación de bienes.
  • Recuerda que se protegen dos circulaciones: la de las personas (y su establecimiento) y la de los bienes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en todo el territorio y prohibición de medidas que obstaculicen, directa o indirectamente, la circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Datos clave

  • ¿Quién integra el gobierno y la administración del municipio según el art. 140? → Los Alcaldes y los Concejales, en el Ayuntamiento.
  • ¿Cómo se eligen los Concejales? → Por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Los cinco adjetivos del sufragio de los concejales: universal, igual, libre, directo y secreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Autonomía y personalidad jurídica plena de los municipios, gobernados por Ayuntamientos de Alcaldes y Concejales; los Concejales los eligen los vecinos por sufragio, y los Alcaldes los Concejales o los vecinos.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley se necesita para alterar los límites provinciales? → Ley orgánica de las Cortes Generales.
  • ¿Cómo se llama la administración propia de las islas en los archipiélagos? → Cabildos o Consejos.
  • Dato de examen: cambiar los límites de una provincia exige ley orgánica de las Cortes Generales, no una ley ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La provincia: entidad local con personalidad jurídica, agrupación de municipios y división territorial del Estado. Sus límites solo se alteran por ley orgánica de las Cortes; la gobiernan Diputaciones y las islas tienen Cabildos o Consejos.

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Constitución Española · Art. 142

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿De qué se nutren fundamentalmente las Haciendas locales según el art. 142? → De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
  • Dos fuentes de financiación local: tributos propios + participación en tributos del Estado y de las CCAA.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Haciendas locales deben tener medios suficientes para sus funciones y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 143

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Datos clave

  • ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico del artículo 143? → A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
  • ¿En qué plazo deben cumplirse esos requisitos? → En seis meses desde el primer acuerdo adoptado por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
  • ¿Cuándo puede reiterarse una iniciativa que no prosperó? → Pasados cinco años.
  • Dos números que se confunden: seis meses para completar la iniciativa y cinco años para volver a intentarlo.
  • Tres tipos de territorio en el apartado 1: provincias limítrofes con rasgos comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Vía del art. 143 para acceder al autogobierno: quién puede (tres tipos de territorio), quién tiene la iniciativa, seis meses para cumplir los requisitos y cinco años para reiterarla si no prospera.

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Constitución Española · Art. 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley y por qué motivo actúan las Cortes Generales en el art. 144? → Ley orgánica, por motivos de interés nacional.
  • ¿Qué iniciativa pueden sustituir las Cortes según el apartado c) del art. 144? → La iniciativa de las Corporaciones locales prevista en el art. 143.2.
  • Memoriza las tres letras: a) CCAA pequeña sin cumplir el 143.1, b) territorio sin provincia, c) sustituir la iniciativa local del 143.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres facultades de las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, para casos que no encajan en la vía ordinaria del art. 143.

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Constitución Española · Art. 145

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Datos clave

  • ¿Qué necesita un convenio entre Comunidades Autónomas para gestionar servicios propios previsto en el Estatuto? → Comunicación a las Cortes Generales.
  • ¿Qué necesita un acuerdo de cooperación entre Comunidades Autónomas que no sea de servicios propios? → La autorización de las Cortes Generales.
  • Truco: comunicación con «c» de convenio de servicios propios; autorización para todo lo demás.
  • La federación entre Comunidades Autónomas está prohibida sin excepción alguna.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prohibida en todo caso la federación de Comunidades Autónomas; los convenios para servicios propios se rigen por los Estatutos con comunicación a las Cortes, y los demás acuerdos de cooperación requieren su autorización.

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Constitución Española · Art. 146

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Datos clave

  • ¿Quién elabora el proyecto de Estatuto por esta vía? → Una asamblea con los miembros de la Diputación u órgano interinsular y los Diputados y Senadores de las provincias afectadas.
  • ¿Cómo tramitan las Cortes ese proyecto de Estatuto? → Como una ley.
  • La asamblea redactora mezcla dos perfiles: cargos provinciales (Diputación) y parlamentarios nacionales (Diputados y Senadores) de esa zona.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea de miembros de la Diputación u órgano interinsular y de los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, y se eleva a las Cortes para su tramitación como ley.

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Constitución Española · Art. 147

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Qué naturaleza tiene el Estatuto de Autonomía según este artículo? → Es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.
  • ¿Con qué tipo de ley aprueban las Cortes la reforma de un Estatuto? → Ley orgánica.
  • Cuatro letras, cuatro contenidos mínimos: nombre, territorio, instituciones y competencias/traspasos.
  • Reforma = siempre Cortes + ley orgánica, sea cual sea el procedimiento interno que fije el Estatuto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estatuto es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma; debe contener cuatro contenidos mínimos y su reforma exige siempre aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

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Constitución Española · Art. 148

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8.ª Los montes y aprovechamientos forestales. 9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12.ª Ferias interiores. 13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14.ª La artesanía. 15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20.ª Asistencia social. 21.ª Sanidad e higiene. 22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Datos clave

  • ¿Qué prevé la materia 22.ª del artículo 148.1? → La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
  • ¿Qué pueden hacer las Comunidades Autónomas transcurridos cinco años? → Ampliar sucesivamente sus competencias mediante la reforma de sus Estatutos, dentro del marco del artículo 149.
  • ¿Qué puertos y aeropuertos pueden asumir las Comunidades Autónomas? → Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
  • ¿Con qué alcance asumen las Comunidades Autónomas el medio ambiente? → Solo la gestión en materia de protección del medio ambiente.
  • Son 22 materias numeradas con ordinales (1.ª a 22.ª) y un apartado 2 con la cláusula de los cinco años.
  • Para policía local, la que importa es la 22.ª: vigilancia de edificios propios y coordinación de las policías locales vía ley orgánica.
  • Varias materias llevan coletilla limitadora: «de interés de la Comunidad Autónoma», «en su propio territorio», «en su ámbito territorial».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las veintidós materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir, muchas limitadas a su interés o territorio, y la posibilidad de ampliar competencias tras cinco años reformando el Estatuto dentro del marco del artículo 149.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
  • ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
  • ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
  • ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
  • Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
  • Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.

Esquema

Cláusulas residuales del apartado 3
Comunidades AutónomasEstado
Qué materiasLas no atribuidas expresamente al Estado por la ConstituciónLas que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
TítuloEn virtud de sus respectivos EstatutosPor la propia Constitución

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Constitución Española · Art. 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige el artículo 150.3 y para qué exactamente? → Mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales, para apreciar la necesidad de armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
  • ¿Qué instrumento normativo emplea el artículo 150.2? → Ley orgánica, que además debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que el Estado se reserve.
  • ¿Dentro de qué debe moverse una Comunidad al dictar normas al amparo de una ley marco? → En el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
  • Ordena por el número: 1 marco, 2 orgánica, 3 armonización. Solo el 2 lleva ley orgánica y dinero; solo el 3 lleva mayoría absoluta.
  • La armonización es la única que puede meterse en materias que ya son de las Comunidades: por eso necesita el filtro del interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres vías para ampliar o encauzar la actuación autonómica: leyes marco, transferencia o delegación por ley orgánica y leyes de armonización apreciadas por mayoría absoluta de cada Cámara.

Esquema

Las tres vías del art. 150
Ley marcoTransferencia o delegaciónArmonización
MateriaCompetencia estatalTitularidad estatal susceptible de transferencia o delegaciónAun atribuida a las Comunidades
InstrumentoLey estatal con principios, bases y directricesLey orgánicaLey de principios
Control o requisitoControl de las Cortes fijado en cada ley marcoMedios financieros y formas de control del EstadoInterés general apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara

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Constitución Española · Art. 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: 1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. 4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué porcentaje de municipios se exige en la iniciativa del artículo 151.1? → Las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
  • ¿De cuánto es el plazo de la Comisión Constitucional del Congreso para examinar el proyecto de Estatuto? → Dos meses, con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente.
  • ¿Con qué mayoría elabora la Asamblea de Parlamentarios el proyecto de Estatuto? → Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
  • ¿Qué ocurre si no hay acuerdo en la Comisión Constitucional? → El proyecto de Estatuto se tramita como proyecto de ley ante las Cortes Generales y el texto aprobado se somete a referéndum en las provincias afectadas.
  • Tres cuartas partes de los municipios y mayoría del censo: la fracción va de municipios, la mayoría va de censo. No los cruces.
  • Único plazo en días o meses que fija el apartado 2: dos meses para que la Comisión Constitucional del Congreso examine el proyecto de Estatuto.
  • Las mayorías del referéndum suben y bajan: absoluta de electores para arrancar, simple de votos válidos para aprobar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La vía rápida de acceso a la autonomía: sin esperar los cinco años del art. 148.2 si la iniciativa la respaldan tres cuartas partes de los municipios y un referéndum; Estatuto pactado entre la Asamblea de Parlamentarios y la Comisión Constitucional.

Esquema

Estatuto del art. 151: con o sin acuerdo en la Comisión
Con acuerdo (2.º-4.º)Sin acuerdo (5.º)
Primer paso tras la ComisiónReferéndum en las provinciasTramitación como proyecto de ley en las Cortes
Papel de las CortesVoto de ratificación de ambos plenosAprueban el texto
ReferéndumAntes de las CortesDespués de las Cortes
Mayoría en el referéndumMayoría de votos válidamente emitidos en cada provinciaMayoría de votos válidamente emitidos en cada provincia

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Constitución Española · Art. 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Datos clave

  • ¿Cómo se elige la Asamblea Legislativa en estas Comunidades? → Por sufragio universal, con un sistema de representación proporcional.
  • ¿Quién elige al Presidente autonómico y quién lo nombra? → Lo elige la Asamblea de entre sus miembros; lo nombra el Rey.
  • ¿Qué requisito extra tiene la reforma del Estatuto por esta vía? → Referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
  • ¿Qué pueden crear los Estatutos agrupando municipios limítrofes? → Circunscripciones territoriales propias, con plena personalidad jurídica.
  • El Presidente lo elige la Asamblea de entre sus miembros, pero lo nombra el Rey: elección política, nombramiento formal.
  • El referéndum de reforma es un requisito añadido: se suma al procedimiento propio del Estatuto, no lo sustituye.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Organización de las Comunidades con Estatuto aprobado por el procedimiento del artículo anterior: Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente y Tribunal Superior de Justicia; reforma con referéndum y circunscripciones propias.

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Constitución Española · Art. 153

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Datos clave

  • ¿Quién controla la constitucionalidad de las normas autonómicas con fuerza de ley? → El Tribunal Constitucional.
  • ¿Qué necesita el Gobierno antes de controlar el ejercicio de funciones delegadas? → El dictamen previo del Consejo de Estado.
  • ¿Quién controla lo económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas? → El Tribunal de Cuentas.
  • Cuatro controles, cuatro órganos: Constitucional (leyes), Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (delegadas), contencioso-administrativo (reglamentos y actos), Tribunal de Cuentas (dinero).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro controles sobre los órganos autonómicos, cada uno con su órgano: Tribunal Constitucional, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.

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Constitución Española · Art. 154

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Datos clave

  • ¿Quién nombra al Delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma? → El Gobierno.
  • ¿Qué dirige el Delegado del Gobierno en el territorio autonómico? → La Administración del Estado.
  • El Delegado del Gobierno dirige lo estatal en la Comunidad; con la administración autonómica solo coordina, no dirige.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la administración autonómica.

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Constitución Española · Art. 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿A quién requiere primero el Gobierno antes de adoptar estas medidas? → Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
  • ¿Qué mayoría del Senado hace falta si el requerimiento no se atiende? → Mayoría absoluta.
  • Tras aprobarse las medidas, ¿a quién puede dar instrucciones el Gobierno? → A todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
  • Dos filtros antes de intervenir: requerimiento al Presidente autonómico + mayoría absoluta del Senado.
  • El requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma es necesario antes de que el Gobierno pueda adoptar las medidas del art. 155.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente al interés general, el Gobierno, tras requerir a su Presidente y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias.

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Constitución Española · Art. 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Datos clave

  • ¿Con qué dos principios debe coordinarse la autonomía financiera de las Comunidades? → Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
  • ¿En qué pueden colaborar las Comunidades Autónomas con el Estado? → En la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios estatales.
  • Autonomía financiera + dos límites: coordinación con Hacienda estatal y solidaridad entre españoles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera sujeta a coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad, y pueden actuar como delegadas o colaboradoras del Estado en sus recursos tributarios.

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Constitución Española · Art. 157

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e) El producto de las operaciones de crédito. 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Datos clave

  • ¿Qué recursos financian a las Comunidades además de sus impuestos y tasas propios? → Impuestos cedidos y participaciones estatales, el Fondo de Compensación interterritorial, rendimientos de su patrimonio y operaciones de crédito.
  • ¿Qué dos cosas tiene prohibido hacer una Comunidad con sus tributos? → Gravar bienes situados fuera de su territorio y obstaculizar la libre circulación de mercancías o servicios.
  • ¿Qué tipo de ley regula el ejercicio de las competencias financieras autonómicas? → Ley orgánica.
  • Cinco recursos, de la a) a la e): cedidos/participaciones, propios, Fondo de Compensación, patrimonio, crédito.
  • El límite más preguntado: nunca gravar bienes fuera de su territorio ni frenar la libre circulación de mercancías o servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades tienen cinco tipos de recursos financieros, no pueden gravar bienes fuera de su territorio ni frenar el mercado común, y una ley orgánica puede ordenar todo esto.

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Constitución Española · Art. 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Datos clave

  • ¿A qué se destina el Fondo de Compensación? → A gastos de inversión.
  • ¿Qué garantiza la asignación presupuestaria de este artículo? → Un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
  • ¿Quién distribuye el Fondo de Compensación? → Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y, en su caso, las provincias.
  • El Fondo de Compensación es para inversión, no para gasto corriente: memorízalo así.
  • Dos mecanismos distintos: la asignación por nivel mínimo de servicios y el Fondo de Compensación por desequilibrios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos mecanismos: una posible asignación en los Presupuestos Generales del Estado según servicios asumidos y nivel mínimo de servicios, y el Fondo de Compensación para inversión que reparten las Cortes Generales.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 1

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.

Datos clave

  • ¿Qué apartado del art. 1 LBRL dice que la Provincia y la Isla tienen la misma autonomía que el Municipio? → El apartado 2: gozan de idéntica autonomía para la gestión de sus intereses respectivos.
  • El art. 1 LBRL reconoce autonomía al Municipio, y una «idéntica» autonomía a la Provincia y, en su caso, la Isla, para la gestión de sus intereses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana, con autonomía para sus intereses; la Provincia y, en su caso, la Isla tienen idéntica autonomía.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 2

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.

Datos clave

  • ¿Qué deben determinar las leyes básicas del Estado según el art. 2.2? → Las competencias que ellas mismas atribuyan o que deban corresponder a los entes locales en las materias que regulan.
  • Cuatro principios del apartado 1, en este orden: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben garantizar a municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en lo que les afecte, con las competencias que proceda.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 3

Artículo 3.

1. Son Entidades Locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

b) Las Áreas Metropolitanas.

c) Las Mancomunidades de Municipios.

Téngase en cuenta lo previsto en las disposiciones transitorias 4 y 5 de la citada Ley, sobre disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y las que estén en constitución.

Datos clave

  • ¿En qué archipiélagos es la Isla Entidad Local territorial? → En el balear y el canario.
  • Cita las tres entidades del art. 3.2 que gozan de la condición de Entidad Local sin ser territoriales. → Comarcas (u otras entidades que agrupen varios Municipios), Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.
  • El apartado 1 enumera tres Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia, Isla) y el apartado 2 añade otras tres que también gozan de la condición de Entidad Local (Comarca, Área Metropolitana, Mancomunidad).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia e Isla en los archipiélagos balear y canario) y las que también gozan de esa condición: Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.

Datos clave

  • ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
  • ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Potestades de municipios, provincias e islas como Administraciones territoriales, su posible extensión a otras entidades locales según las leyes autonómicas y el régimen propio de las mancomunidades.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 5

Artículo 5.

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad si se interpreta en el sentido del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624

Y por conexión todas las remisiones al mismo contenidas en la presente Ley.

Datos clave

  • ¿Qué ley modificó el art. 5 LBRL? → La Ley 11/1999, de 21 de abril.
  • ¿A qué debe ajustarse el ejercicio de la capacidad jurídica de las Entidades locales según el art. 5? → A la Constitución y las leyes.
  • Es la «lista de la compra» de la capacidad jurídica local: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Entidades locales tienen plena capacidad jurídica, para sus fines y en el ámbito de sus competencias, para adquirir y disponer de bienes, contratar, establecer servicios, obligarse, recurrir y ejercitar acciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 6

1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.

Datos clave

  • ¿Quién ejerce el control de legalidad de los actos de las entidades locales según el art. 6.2? → Los Tribunales.
  • Cita los cuatro principios de actuación del art. 6.1. → Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
  • Cuatro principios del apartado 1: eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos, con cuatro principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho; el control de legalidad de sus actos es de los Tribunales.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 7

1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Por qué instrumento normativo deben determinarse las competencias propias de los Municipios? → Solo por Ley.
  • ¿Qué dos informes previos son necesarios y vinculantes para ejercer competencias distintas de las propias y delegadas? → El de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y el de la Administración con la tutela financiera (sostenibilidad financiera).
  • Tres tipos de competencia: propias (por Ley), delegadas (Estado/CCAA) y «distintas» (solo si no hay riesgo financiero, no hay duplicidad y hay dos informes vinculantes).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Clasifica las competencias locales en propias y delegadas, y fija las condiciones estrictas para ejercer competencias distintas de esas dos.

Esquema

Competencias propias vs. delegadas (art. 7)
PropiasDelegadas
Quién las fijaSolo por LeyEstado o CCAA, por delegación
Cómo se ejercenEn autonomía y bajo propia responsabilidadSegún la disposición o acuerdo de delegación (art. 27)

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Qué entidades pueden gestionar servicios ordinarios de la Administración autonómica según el art. 8? → Las Provincias y las Islas.
  • Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, conforme a los Estatutos y a la legislación de las Comunidades Autónomas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 9

Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Datos clave

  • ¿Qué no pueden hacer las normas de desarrollo de la LBRL respecto a Municipios, Provincias o Islas? → Limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular.
  • Regla anti-«traje a medida»: las normas de desarrollo no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias entidades con carácter singular, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales previstos en la propia Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas de desarrollo de la LBRL no pueden dirigirse con carácter singular a uno o varios municipios, provincias o islas concretos, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales de la propia Ley.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 10

1. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.

Datos clave

  • ¿Qué apartado del art. 10 dice que la coordinación es compatible con la autonomía local? → El apartado 4.
  • El apartado 1 enumera cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se relacionan la Administración Local y las demás Administraciones: información mutua, colaboración y coordinación, esta última reforzada para garantizar la estabilidad presupuestaria.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 11

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los elementos del Municipio según el art. 11 LBRL? → El territorio, la población y la organización.
  • ¿Cómo define el art. 11 LBRL al Municipio? → Como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • Los tres elementos del Municipio son el territorio, la población y la organización («TPO»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad; sus elementos son territorio, población y organización.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 12 · 1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias

Artículo 12.

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Se modifica por el art. único.1 de la Ley 4/1996, de 10 de enero. Ref. BOE-A-1996-753

Datos clave

  • ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
  • ¿A cuántas provincias puede pertenecer un municipio? → A una sola.
  • Artículo de dos líneas y dos datos: qué es el término (ámbito de competencias) y a cuántas provincias pertenece (una).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, y cada municipio pertenece a una sola provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 13

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige el art. 13.6 para aprobar el convenio de fusión? → Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados
  • ¿Cuántos años deben pasar antes de que un municipio fusionado pueda segregarse (art. 13.4)? → Diez años
  • ¿Qué debe emitirse antes de crear o suprimir un municipio (art. 13.1)? → Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Creación, supresión y alteración de municipios: ley autonómica con audiencia, dictamen e informe; nuevos municipios de al menos 4.000 habitantes; y el régimen completo de la fusión por convenio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 14

1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Datos clave

  • ¿Cuándo tiene carácter oficial el cambio de denominación de un Municipio? → Cuando, tras anotarse en un Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
  • ¿En qué lenguas puede estar la denominación de un Municipio? → En castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
  • Cadena de pasos para memorizar: anotación en el Registro estatal → publicación en el BOE. El último eslabón es el que da la oficialidad.
  • Tres opciones lingüísticas, no dos: castellano, otra lengua oficial de la Comunidad, o ambas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cambio de nombre de un Municipio solo es oficial tras anotarse en el Registro estatal de entidades y publicarse en el BOE; la denominación puede ser en castellano, en otra lengua oficial o en ambas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 15

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Datos clave

  • ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino? → En el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
  • Si alguien vive en varios municipios, ¿dónde debe inscribirse? → Únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
  • ¿Qué constituye la población del municipio? → El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal.
  • Criterio de desempate si vives en varios municipios: más tiempo al año, no domicilio fiscal ni propiedad de la vivienda.
  • Cadena de definiciones encadenadas: inscritos = población del municipio = vecinos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Empadronarse es obligatorio para toda persona que viva en España, en un único municipio: el de residencia habitual. Los inscritos son los vecinos y la vecindad nace en el momento mismo de la inscripción.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 16

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: a) Nombre y apellidos. b) Sexo. c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. d) Nacionalidad. e) Lugar y fecha de nacimiento. f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. 2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. g) Certificado o título escolar o académico que se posea. h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. 3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.

Datos clave

  • ¿Cada cuánto se renueva la inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin residencia de larga duración (art. 16.1)? → Cada dos años
  • ¿Qué carácter tienen las certificaciones de datos del Padrón (art. 16.1)? → Documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Padrón es el registro de los vecinos y prueba residencia y domicilio; sus certificaciones son documento público; ciertos extranjeros renuevan cada dos años; datos obligatorios tasados y cesión limitada.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 17

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. 2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.

Datos clave

  • ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento (art. 17.4)? → El Presidente del Instituto Nacional de Estadística
  • ¿A qué mecanismo remite el art. 17.2 si un Ayuntamiento rechaza el requerimiento del INE? → A la ejecución sustitutoria del art. 60

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ayuntamiento forma y gestiona el Padrón; el INE coordina los de todos los municipios, resuelve discrepancias y propone cifras oficiales; el Consejo de Empadronamiento colabora; y existe un Padrón de residentes en el extranjero.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 18

1. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

Datos clave

  • ¿A qué artículo de la Constitución remite el derecho del vecino a ser informado (art. 18.1.e)? → Al art. 105 CE
  • ¿Qué puede exigir el vecino si un servicio es competencia municipal propia y obligatoria (art. 18.1.g)? → Su prestación o, en su caso, su establecimiento

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derechos y deberes de los vecinos: nueve letras, de ser elector a la iniciativa popular, y la advertencia de que el padrón no prueba la residencia legal de los extranjeros.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 19

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes.

Datos clave

  • ¿Quién integra el ayuntamiento según el art. 19 LBRL? → El Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
  • ¿Cómo se eligen los Concejales? → Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Cinco adjetivos del sufragio, en este orden: universal, igual, libre, directo y secreto («U-I-L-D-S»).
  • El régimen de organización de los municipios señalados en el título X se ajusta a lo dispuesto en él; en lo no previsto por ese título, se aplica el régimen común de los artículos siguientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento (Alcalde y Concejales), salvo en Concejo Abierto; elección de Concejales y Alcalde, y régimen de los municipios del título X.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 20

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. 2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.

Datos clave

  • ¿Qué órganos existen en todos los ayuntamientos sin excepción según el art. 20.1.a? → El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
  • ¿A partir de qué población es obligatoria la Junta de Gobierno Local (art. 20.1.b)? → Más de 5.000 habitantes

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas de la organización municipal: órganos de todos los ayuntamientos, los ligados a más de 5.000 habitantes, las comisiones especiales y la organización complementaria autonómica o propia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 21

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. b) Representar al ayuntamiento. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e) Dictar bandos. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. ñ) (Derogada) o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. p) (Derogada) q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde. 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

Datos clave

  • ¿Qué porcentaje de los recursos ordinarios puede comprometer el Alcalde en operaciones de crédito sin acudir al Pleno (art. 21.1.f)? → El 10%
  • ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal según el art. 21.1.i? → El Alcalde
  • ¿Puede el Alcalde delegar la decisión de los empates con voto de calidad? → No, es una de las atribuciones indelegables del art. 21.3

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuciones del Alcalde como Presidente de la Corporación (letras a-s, con dos derogadas), nombramiento de Tenientes de Alcalde y la lista de atribuciones que no puede delegar.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 22

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n) (Derogada) ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada) p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué umbral de operaciones de crédito corresponde al Pleno según el art. 22.2.m? → Las que superen el 10% de los recursos ordinarios (o el 15% de ingresos corrientes en las de tesorería)
  • ¿Cómo se vota la moción de censura al Alcalde según el art. 22.3? → De forma pública, mediante llamamiento nominal

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno, presidido por el Alcalde, tiene las grandes atribuciones municipales (control, planeamiento, ordenanzas, presupuestos, personal, crédito), vota censura y confianza, y solo puede delegar parte de ellas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 23

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.

Datos clave

  • ¿Cuál es el número máximo de Concejales en la Junta de Gobierno Local? → No superior al tercio del número legal de Concejales (además del Alcalde, que la integra).
  • ¿En qué casos sustituyen los Tenientes de Alcalde al Alcalde y en qué orden? → En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden de su nombramiento.
  • ¿De entre quiénes se designan los Tenientes de Alcalde donde no existe Junta de Gobierno Local? → De entre los Concejales.
  • Tres causas de sustitución, fáciles porque riman con «VAE»: Vacante, Ausencia, Enfermedad.
  • El tope es un tercio del número legal de Concejales, y «no superior»: cabe menos, nunca más.
  • Mismo esquema, órgano provincial: compáralo con el art. 35 (Junta de Gobierno de la Diputación y Vicepresidentes).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y hasta un tercio del número legal de Concejales; asiste al Alcalde y ejerce atribuciones delegadas. Los Tenientes de Alcalde le sustituyen por orden de nombramiento.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24

1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.

Datos clave

  • ¿Para qué pueden los municipios crear órganos territoriales de gestión desconcentrada? → Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
  • ¿Qué régimen de gestión desconcentrada se aplica en los municipios del artículo 121? → El establecido en el artículo 128.
  • Palabra clave para distinguirlo del art. 24 bis: aquí son órganos del municipio (desconcentración interna); allí son entes de ámbito inferior al municipio.
  • Dos remisiones que caen juntas: municipios del 121, régimen del 128.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana y mejorar la gestión, sin romper la unidad de gobierno; en los del artículo 121 rige el artículo 128.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24 bis

1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Datos clave

  • ¿Tienen personalidad jurídica los entes de ámbito territorial inferior al Municipio? → No: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del municipio.
  • ¿A quién corresponde la iniciativa para crear estos entes? → Indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso.
  • ¿Qué requisito de eficiencia exige el art. 24 bis? → Solo pueden crearse si resulta una opción más eficiente, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
  • Regla de una línea: sin personalidad jurídica + iniciativa doble + Ayuntamiento oído siempre + test de eficiencia (LO 2/2012).
  • Contrapunto con el art. 24: allí, órganos del ayuntamiento; aquí, entes creados al amparo de la ley autonómica y también desconcentrados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entes de ámbito territorial inferior al Municipio: sin personalidad jurídica, regulados por las leyes autonómicas, con iniciativa de la población o del Ayuntamiento y solo si son la opción más eficiente.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 25

Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.

q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

6. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.

Datos clave

  • El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las materias del art. 25.2, entre otras policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
  • La letra q) del art. 25.2 incluye como competencia propia la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • Las competencias municipales en las materias del artículo se determinarán por Ley, evaluando la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
  • La Ley de atribución deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas.
  • Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que acredite los criterios señalados.
  • La Ley garantizará que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública, y antes de atribuirla deberá ponderarse la capacidad de gestión de la entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de materias en las que el municipio ejerce competencias propias «en todo caso», de la a) a la q), y las condiciones que debe cumplir la ley que se las atribuye: memoria económica, sin duplicidades y ponderando antes su capacidad de gestión.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 26

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

Datos clave

  • ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de biblioteca pública? → Más de 5.000 habitantes.
  • ¿A partir de qué población son obligatorios protección civil y prevención y extinción de incendios? → Más de 20.000 habitantes.
  • ¿Qué órgano coordina ciertos servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes? → La Diputación provincial o entidad equivalente.
  • ¿Qué sentencia declaró inconstitucionales varios incisos del apartado 2 del art. 26? → La STC 111/2016, de 9 de junio.
  • Cuatro tramos de población, siempre sumando servicios: todos los municipios (8 servicios) → 5.000 hab. (+3) → 20.000 hab. (+4) → 50.000 hab. (+2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios mínimos obligatorios del municipio crecen por tramos de población: todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes. En los de menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 28

Podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios. La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.

Datos clave

  • ¿A qué municipios se puede aplicar la gestión colaborativa del art. 28 LBRL? → A los de menos de 20.000 habitantes.
  • ¿Quién decide aplicar la gestión colaborativa a un municipio y qué más hace falta? → Lo decide la Comunidad Autónoma, con la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas.
  • El dato que más cae es el umbral: menos de 20.000 habitantes.
  • Para que se aplique hacen falta tres 'síes': el de la Comunidad Autónoma (decide), el del municipio (conformidad) y el de las entidades locales (informe).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos y servicios mínimos; los decide la Comunidad Autónoma con conformidad del municipio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 29

1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría del Ayuntamiento se exige para constituir el Concejo Abierto por conveniencia (art. 29.2)? → Dos tercios de sus miembros
  • ¿Quién forma la asamblea vecinal en el Concejo Abierto según el art. 29.3? → Todos los electores del municipio

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Concejo Abierto es un régimen de gobierno con Alcalde y asamblea de todos los electores. Se aplica por tradición o por conveniencia, y en este segundo caso exige petición vecinal, dos tercios del Ayuntamiento y aprobación autonómica.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Datos clave

  • ¿Quién puede establecer regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural? → Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en la LBRL.
  • ¿Qué características cita el art. 30 LBRL como aconsejables para un régimen especial? → El carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
  • Recuento para el test: se citan tres actividades expresas (turísticas, industriales, mineras) más la cláusula abierta «u otras semejantes».
  • Sujeto habilitado = Comunidades Autónomas; en el art. 30 no aparece ni el Estado ni el propio municipio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las leyes autonómicas de régimen local pueden crear regímenes especiales para municipios pequeños o rurales y para los que lo aconsejen por su carácter histórico-artístico o por sus actividades predominantes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 31

1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.

Datos clave

  • ¿Cómo define el art. 31 LBRL la Provincia? → Como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • ¿Cuáles son los dos fines propios y específicos de la Provincia? → Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
  • ¿A quién corresponde el gobierno y la administración autónoma de la Provincia? → A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
  • Dos letras, dos verbos: a) asegurar la prestación; b) participar en la coordinación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Provincia es una entidad local formada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia. Su fin es la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, y la gobierna la Diputación u otra Corporación representativa.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32 bis

Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.

Datos clave

  • ¿Entre quiénes debe nombrarse al personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares? → Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional pertenecientes a cuerpos o escalas del subgrupo A1.
  • ¿Con qué criterios se efectúa ese nombramiento? → De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia.
  • ¿Cuándo puede el titular no ser funcionario? → Cuando el correspondiente Reglamento Orgánico lo permita, en atención a las características específicas de las funciones del órgano directivo.
  • Cuatro procedencias posibles: Estado, CCAA, Entidades Locales y habilitados nacionales; una sola clasificación: A1.
  • El artículo se aplica a tres entidades: Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra por competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico permita otra cosa.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 33

1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. l) (Derogada) m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n) (Derogada) ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿A partir de qué porcentaje de recursos ordinarios decide el Pleno una operación de crédito? → Más del 10% (15% si es de tesorería), art. 33.2.k.
  • ¿Quién vota la moción de censura al Presidente de la Diputación? → El Pleno, mediante llamamiento nominal (art. 33.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno de la Diputación (Presidente y Diputados) tiene las grandes atribuciones provinciales, vota censura y confianza y puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno salvo las reservadas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 34

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. k) (Derogada) l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. m) (Derogada) n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.

Datos clave

  • ¿Qué NO puede delegar el Presidente de la Diputación? → Convocar el Pleno, el voto de calidad, concertar créditos y la jefatura del personal (art. 34.2).
  • ¿Quién nombra a los Vicepresidentes de la Diputación? → El Presidente (art. 34.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuciones del Presidente de la Diputación (dirigir, representar, convocar y presidir, personal, gestión económica, acciones judiciales…) y la lista de las que no puede delegar. También nombra a los Vicepresidentes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 35

1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno.

Datos clave

  • ¿Cómo se integra la Junta de Gobierno de la Diputación? → Por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
  • ¿De entre quiénes se designan los Vicepresidentes de la Diputación? → De entre los miembros de la Junta de Gobierno, libremente designados por el Presidente.
  • ¿Puede el Presidente delegar cometidos específicos en Diputados ajenos a la Junta de Gobierno? → Sí, mediante delegaciones especiales a favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
  • Trío de sustitución idéntico al municipal: vacante, ausencia o enfermedad, y por orden de nombramiento.
  • Estudia el 23 y el 35 en paralelo: las preguntas suelen cruzar Teniente de Alcalde ↔ Vicepresidente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Gobierno de la Diputación la forman el Presidente y Diputados libremente nombrados, sin pasar del tercio del número legal. Asiste al Presidente y ejerce lo delegado; los Vicepresidentes salen de ella.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 36

1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.

Datos clave

  • ¿Por debajo de qué población es obligatoria la secretaría e intervención provincial? → 1.000 habitantes (art. 36.1.b).
  • ¿Por debajo de qué población asume la Diputación el tratamiento de residuos? → 5.000 habitantes (art. 36.1.c).
  • ¿Por debajo de qué población asume la Diputación la extinción de incendios? → 20.000 habitantes (art. 36.1.c).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias propias de la Diputación: coordinar servicios municipales, asistir a los municipios, prestar servicios supramunicipales y apoyar a los de menor población, con umbrales de 1.000, 5.000 y 20.000 habitantes. Su instrumento es el plan provincial anual.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 37

1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de competencias puede delegar el Estado en las Diputaciones y con qué trámite previo? → Competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
  • ¿A qué artículo se acomoda el ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas? → Al artículo 27.
  • Palabra clave del Estado: «mera ejecución» + «previa consulta e informe». Si en la pregunta el Estado delega algo más que ejecución, es falsa.
  • Remisión final que cae: el ejercicio de lo delegado va por el artículo 27.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones o encomendarles la gestión ordinaria de servicios; el Estado solo puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe autonómico.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 38

Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Datos clave

  • Según el art. 38 LBRL, ¿a qué se extienden las previsiones establecidas para la Diputación? → A otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
  • Piensa en 'equivalente funcional de la Diputación': mismas normas, distinto nombre según el territorio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lo que la LBRL prevé para la Diputación se aplica también a las otras Corporaciones representativas a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de aplicación con carácter supletorio.

Datos clave

  • ¿Qué órganos forales conservan su régimen peculiar según el art. 39 LBRL? → Los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
  • ¿Con qué carácter se aplica la LBRL a esos órganos forales? → Con carácter supletorio.
  • Artículo de dos datos: tres territorios históricos + aplicación supletoria de la LBRL.
  • Si la pregunta mete a Navarra en la lista del art. 39, es falsa: Navarra está en el art. 40.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco; la LBRL solo se les aplica con carácter supletorio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto propio.

Datos clave

  • ¿Qué asumen las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra? → Las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.
  • ¿Qué Comunidad se exceptúa de la regla del art. 40 LBRL? → La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto propio.
  • Tríada literal que cae en test: competencias, medios y recursos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos de las Diputaciones Provinciales, con la excepción de Baleares según su Estatuto.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 41

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares.

Datos clave

  • ¿Qué son los Cabildos Insulares Canarios y por qué normas se rigen? → Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla; se rigen por la disposición adicional decimocuarta de la LBRL y supletoriamente por las normas de las Diputaciones provinciales.
  • ¿Para qué subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares canarias? → Exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales.
  • ¿Qué normas se aplican a los Consejos Insulares de las Islas Baleares? → Las de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo sus competencias conforme a esta ley y al Estatuto de Autonomía de Baleares.
  • Tres palabras para los Cabildos: gobierno, administración y representación de cada isla.
  • La presidencia de la mancomunidad interinsular no rota ni se vota: la tiene el Presidente del Cabildo de la isla con la capital de la provincia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen insular: los Cabildos canarios gobiernan cada isla y asumen las competencias de las Diputaciones; las mancomunidades interinsulares solo representan intereses provinciales; los Consejos Insulares baleares siguen la organización de las Diputaciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 42

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría de municipios puede vetar una comarca? → Dos quintas partes, si representan la mitad del censo electoral (art. 42.2).
  • ¿Pierden los municipios sus competencias del art. 26 al crearse la comarca? → No, la ley lo prohíbe expresamente (art. 42.4).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden crear comarcas que agrupen municipios con intereses comunes. Hay un veto municipal (dos quintas partes con la mitad del censo) y los municipios conservan sus servicios mínimos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 43

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 2. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipios integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.

Datos clave

  • ¿Cómo se crea un área metropolitana? → Por Ley autonómica, oídos el Estado y los municipios y diputaciones afectados (art. 43.1).
  • ¿Qué garantiza el régimen económico del área metropolitana? → La participación de todos los municipios y un reparto justo de las cargas (art. 43.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir por Ley áreas metropolitanas, previa audiencia del Estado y de los entes locales afectados; qué son y qué debe regular la ley autonómica.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 44

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.

Datos clave

  • ¿Tiene la mancomunidad personalidad jurídica propia? → Sí, para cumplir sus fines específicos (art. 44.2).
  • ¿Quién elabora los estatutos de una mancomunidad? → Los concejales de los municipios promotores, constituidos en asamblea (art. 44.3.a).
  • ¿Pueden mancomunarse municipios de distintas CCAA? → Sí, si lo permiten las normativas autonómicas afectadas (art. 44.5).
  • Pueden mancomunarse municipios de distintas Comunidades Autónomas si lo permiten sus normativas (art. 44.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de los municipios a mancomunarse para obras y servicios comunes: personalidad jurídica, contenido de los Estatutos, reglas mínimas para aprobarlos y mancomunidades entre Comunidades distintas.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 9

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c). 3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • ¿Cuánto debe transcurrir desde la comunicación para que un sistema de la letra c) tenga eficacia jurídica? → Dos meses, durante los cuales el órgano estatal competente por seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional.
  • ¿En qué plazo emite su informe vinculante la Secretaría de Estado de Seguridad? → En diez días desde su solicitud.
  • ¿Dónde deben situarse los recursos técnicos de los sistemas de la letra c)? → En territorio de la Unión Europea y, si hay categorías especiales de datos del art. 9 del RGPD, en territorio español.
  • Letra a) firma, letra b) sello, letra c) el cajón de sastre con condiciones. Los certificados de a) y b) son siempre cualificados y de la Lista de confianza.
  • Dos cifras de la letra c): dos meses para que el sistema sea eficaz, diez días para el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Geografía de los datos: UE como regla, España si son categorías especiales del art. 9 del RGPD.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe verificar la identidad del interesado. Electrónicamente valen tres sistemas: certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello y otros que la Administración admita previa comunicación, con dos meses de espera y datos alojados en la UE.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 10

Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Datos clave

  • ¿Qué debe permitir acreditar el medio de firma elegido? → La autenticidad de la voluntad y el consentimiento del firmante, y la integridad e inalterabilidad del documento.
  • ¿Cuánto ha de transcurrir desde la comunicación de un sistema de la letra c) hasta su eficacia jurídica? → Dos meses.
  • Cuando lo disponga expresamente la normativa reguladora, las Administraciones Públicas pueden admitir los sistemas de identificación como sistema de firma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Firmar sirve para acreditar voluntad e integridad. Si el interesado va por vía electrónica, la ley tasa qué sistemas valen.

Esquema

Identificar (art. 9) frente a firmar (art. 10)
Identificación (art. 9)Firma (art. 10)
Certificados cualificados de firmaSíSí
Certificados cualificados de selloSíSí
Otros sistemas con registro previoSíSí
Plazo previo a la eficacia jurídicaDos mesesDos meses

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 11

Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos.

Datos clave

  • Según el artículo 11.1 de la Ley 39/2015, ¿qué basta con carácter general para realizar una actuación prevista en el procedimiento? → La previa acreditación de la identidad por un medio admitido.
  • ¿Para cuál de estas actuaciones exige firma el artículo 11.2 de la Ley 39/2015? → Para presentar una declaración responsable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter general basta acreditar la identidad. El artículo 11.2 enumera las actuaciones para las que se requiere obligatoriamente firma.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 12

Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Datos clave

  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a quién deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos? → A los interesados no obligados que lo soliciten, en los términos del artículo.
  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no obligado carece de medios electrónicos, ¿cómo puede realizarse válidamente su identificación o firma? → Por un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 12.2 prevé asistencia a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que la soliciten, especialmente en identificación y firma, solicitudes y copias auténticas.

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Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
  • Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
  • Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
  • Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración sin ser todavía parte de un procedimiento. No confundir con los derechos del interesado del artículo 53.

Esquema

Artículo 13 frente a artículo 53
Art. 13 · derechos de las personasArt. 53 · derechos del interesado
TitularQuien tiene capacidad de obrarQuien es interesado en un procedimiento
MomentoAntes o al margen del procedimientoDentro del procedimiento
Ejemplo típicoAcceso a información públicaConocer el estado de la tramitación

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 14

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Datos clave

  • Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujeto está obligado a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite administrativo? → Una entidad sin personalidad jurídica.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿puede una persona física cambiar el medio por el que se comunica con la Administración? → Sí, en cualquier momento, si no está obligada al canal electrónico.
  • ¿Qué profesionales menciona expresamente el último inciso del artículo 14.2.c de la Ley 39/2015? → Los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles
  • Según el artículo 14.2.e de la Ley 39/2015, y en la forma que determine reglamentariamente cada Administración, ¿a qué trámites se limita la obligación electrónica de sus empleados? → A los realizados por su condición de empleado público.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué situación obliga a relacionarse electrónicamente a quien actúa por otro? → Representar a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
  • Para determinados procedimientos y colectivos con acceso y disponibilidad de medios acreditados, ¿por qué vía permite el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 establecer la obligación electrónica? → Mediante una disposición de carácter reglamentario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas físicas eligen y pueden cambiar en todo momento si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas. Lo están, al menos, personas jurídicas, entes sin personalidad, colegiados, sus representantes y empleados públicos, y el reglamento puede ampliar.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 16

Registros. 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Datos clave

  • ¿Qué se asienta en el Registro Electrónico General? → Todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo público o entidad vinculada; también puede anotarse la salida de documentos oficiales.
  • ¿Cómo funciona el Registro Electrónico General respecto de los registros de cada organismo? → Como un portal que facilita el acceso a ellos.
  • Palabras clave del artículo: general, interoperable, interconectado y portal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene un Registro Electrónico General que funciona como portal; los organismos pueden tener el suyo, siempre interoperable e interconectado.

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Artículo 17. Archivo de documentos.

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Datos clave

  • Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados.
  • Los documentos electrónicos se conservan en un formato que garantice autenticidad, integridad y conservación y su consulta con independencia del tiempo transcurrido; su eliminación debe autorizarse.
  • Los soportes cuentan con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, con identificación de usuarios y control de accesos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Archivo electrónico único por Administración para los procedimientos ya terminados, con formato que garantice autenticidad, integridad y consulta futura.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 26

Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. 1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

Datos clave

  • ¿Qué documentos están exceptuados de firma electrónica por el artículo 26.3 de la Ley 39/2015? → Los meramente informativos y los que no formen parte de un expediente, identificando su origen.
  • ¿Qué requisito temporal enumera el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para un documento electrónico administrativo válido? → Una referencia temporal del momento en que se ha emitido.
  • Además de información electrónica identificable, metadatos y referencia temporal, ¿qué exige el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para el documento electrónico administrativo válido? → Las firmas electrónicas que correspondan según la normativa aplicable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La excepción no elimina la necesidad de identificar el origen del documento. No deben generalizarse los requisitos de firma sin atender al tipo de documento.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 27

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. 1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas: a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. 5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

Datos clave

  • Según el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo se expide, salvo las excepciones legales, la copia auténtica de un documento público administrativo solicitada al órgano emisor? → Quince días desde la recepción de la solicitud.
  • Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué validez tienen las copias auténticas realizadas por una Administración respecto de las restantes? → Tienen validez ante las restantes Administraciones.
  • Según el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, ¿qué deben garantizar las copias auténticas? → La identidad del órgano que realiza la copia y su contenido.
  • Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué efectos tienen las copias auténticas de documentos privados? → Surten únicamente efectos administrativos.
  • ¿Qué vías prevé el artículo 27.1 de la Ley 39/2015 para realizar copias auténticas? → Funcionario habilitado o actuación administrativa automatizada.
  • Según el artículo 27.3.c de la Ley 39/2015, ¿para qué sirve el código generado en una copia en papel de un documento electrónico? → Para contrastarla accediendo a los archivos electrónicos del emisor.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La solicitud se dirige al órgano que emitió el original y la copia se expide en quince días desde su recepción, salvo las excepciones derivadas de la Ley 19/2013.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38

La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Datos clave

  • ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
  • ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
  • Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la 'oficina digital' oficial de una Administración. Su titular responde de que todo lo que hay dentro sea veraz, esté actualizado y se sepa quién manda ahí.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 39

Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué es un portal de internet según el art. 39? → El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
  • Cadena de la definición: titularidad pública → punto de acceso electrónico → información publicada → (en su caso) sede electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Definición de portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad pública que da acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica. Artículo de una línea, pero de definición literal.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 40

Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos incluye siempre el certificado de un sello electrónico administrativo? → El número de identificación fiscal (NIF) y la denominación de la Administración.
  • ¿Hace falta sello para que se entienda identificada la Administración en su portal de internet? → No: basta con que la información se publique como propia en dicho portal.
  • Dato de examen: el certificado del sello lleva NIF + denominación, y solo añade la identidad del titular cuando el sello es de un órgano administrativo concreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sello electrónico identifica a la Administración como organización, no a una persona. Se basa en certificado reconocido o cualificado y su relación debe ser pública.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41

Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Datos clave

  • ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una actuación es 'automatizada' solo si la hace la máquina de principio a fin, sin que intervenga directamente ningún empleado público. Antes de activarla hay que fijar quién responde de ella.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 42

Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué dos sistemas de firma prevé el art. 42 para la actuación administrativa automatizada? → El sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado y el código seguro de verificación.
  • ¿Qué debe permitir en todo caso el código seguro de verificación? → La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
  • Dos sistemas y dos palabras clave: sello → certificado reconocido o cualificado; CSV → comprobación de la integridad en la sede.
  • Quien decide los supuestos de utilización es cada Administración Pública, no una norma estatal única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la actuación administrativa automatizada solo hay dos sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación. Cada Administración decide en qué supuestos usa cada uno.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 43

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.

Datos clave

  • ¿Con qué firma electrónica se realiza, con carácter general, la actuación de un empleado público? → Con su firma electrónica personal (la del titular del órgano o empleado).
  • ¿Qué puede sustituir a la identificación completa en la firma, por razones de seguridad pública? → El número de identificación profesional del empleado público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La regla general de actuación electrónica es la firma del titular del órgano o del empleado. Por seguridad pública, esa firma puede reducirse a un simple número de identificación profesional.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 44

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Datos clave

  • ¿Cómo se fijan las condiciones del intercambio cuando participan Administraciones distintas? → Mediante convenio suscrito entre ellas.
  • ¿Qué debe comprender, como mínimo, la regulación cuando los participantes son de la misma Administración? → La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
  • Regla rápida: ¿participan Administraciones distintas? Si sí, hace falta convenio; si es la misma Administración, lo decide ella sola.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En entornos cerrados entre Administraciones, los documentos electrónicos son válidos sin más trámite. Quién fija las condiciones depende de si es la misma Administración o varias distintas.

Esquema

Quién fija las condiciones del intercambio
Misma AdministraciónAdministraciones distintas
Cómo se regulaLo determina esa AdministraciónMediante convenio entre ellas
Contenido mínimoEmisores/receptores autorizados y naturaleza de los datosLo pactado en el convenio

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 45

Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

Datos clave

  • ¿Qué puede superponer una Administración a un documento firmado con un sistema no basado en certificado reconocido o cualificado, al remitirlo a otros organismos? → Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
  • Asocia 'firma no reconocida + se manda fuera' con la solución 'sello reconocido o cualificado superpuesto': es el puente de interoperabilidad del artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la firma de un documento no usa certificado reconocido o cualificado, la Administración puede 'blindarla' superponiendo un sello electrónico para que otros organismos la verifiquen sin problema.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46

Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

Datos clave

  • ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
  • ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
  • 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo se archiva en electrónico salvo que sea imposible, y con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad que aseguren que el documento se pueda leer y verificar durante años.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46 bis

Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos. Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Datos clave

  • ¿En qué territorio deben ubicarse los sistemas que tratan censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud? → Dentro del territorio de la Unión Europea.
  • ¿Cuáles son las dos excepciones para transferir estos datos a un tercer país? → Que exista decisión de adecuación de la Comisión Europea, o que lo exija una obligación internacional asumida por España.
  • Cuatro bloques de datos a memorizar juntos: censo electoral, padrones/registros de población, datos fiscales y datos de salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud son 'datos de Estado': sus sistemas deben estar en la UE y solo pueden salir a terceros países en dos casos tasados.

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