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Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y eficacia de los Actos administrativos. Notificación de los actos administrativos.

Practica este tema con tests de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (C1), especialidad Investigación — AEAT: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Constitución Española · Art. 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Datos clave

  • Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
  • Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
  • 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.

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Constitución Española · Art. 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
  • Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
  • Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué materias van por ley orgánica (derechos fundamentales, Estatutos, régimen electoral general y demás previstas) y con qué mayoría: absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto.

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Constitución Española · Art. 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
  • ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
  • ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
  • ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
  • Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
  • La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Cortes pueden delegar en el Gobierno dictar normas con rango de ley: ley de bases para textos articulados, ley ordinaria para refundir. Delegación expresa, para materia concreta, con plazo y sin subdelegación.

Esquema

Ley de bases frente a ley ordinaria de delegación
Ley de basesLey ordinaria
ObjetoFormación de textos articuladosRefundir varios textos legales en uno solo
Qué debe fijarObjeto y alcance, principios y criteriosÁmbito normativo; mera formulación o también regularizar, aclarar y armonizar

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Constitución Española · Art. 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Datos clave

  • Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
  • Tampoco pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos cosas que una ley de bases tiene vedadas «en ningún caso»: autorizar que se modifique la propia ley de bases y facultar para dictar normas retroactivas.

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Constitución Española · Art. 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Datos clave

  • ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
  • ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.
  • Frente a la oposición del Gobierno a la tramitación, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una proposición de ley o una enmienda contraría una delegación legislativa en vigor, el Gobierno puede oponerse a su tramitación; entonces cabe una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación.

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Constitución Española · Art. 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Datos clave

  • Las disposiciones de legislación delegada se denominan Decretos Legislativos.
  • Es el Gobierno quien las dicta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nombre que reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada: Decretos Legislativos.

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Constitución Española · Art. 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Datos clave

  • ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
  • ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
  • ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
  • Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
  • Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno puede dictar Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin afectar a cuatro materias; el Congreso los convalida o deroga en treinta días y las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley.

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Constitución Española · Art. 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Datos clave

  • ¿Cuántas firmas mínimas exige la iniciativa legislativa popular? → 500.000 firmas acreditadas.
  • ¿Cuántos miembros de la Asamblea autonómica pueden defender su proposición de ley ante el Congreso? → Un máximo de tres.
  • ¿En qué materias no procede la iniciativa popular? → Ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, y prerrogativa de gracia.
  • Número clave: 500.000 firmas acreditadas.
  • Materias vetadas a la iniciativa popular: Tributarias, Internacional, Orgánicas, Prerrogativa de gracia («TIOP»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La iniciativa legislativa es del Gobierno, Congreso y Senado; las Asambleas autonómicas pueden pedir o remitir textos; la iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas y está vetada en ciertas materias.

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Constitución Española · Art. 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Datos clave

  • Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros.
  • Después se someten al Congreso.
  • Deben acompañarse de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los proyectos de ley los aprueba el Consejo de Ministros y los somete al Congreso, acompañados de exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse.

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Constitución Española · Art. 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre cuando el Senado toma en consideración una proposición de ley? → Se remite al Congreso, que la tramita como proposición de ley.
  • Ojo al verbo: el Senado «toma en consideración», no «aprueba»; y lo que llega al Congreso sigue siendo proposición, nunca proyecto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las proposiciones de ley se tramitan según los Reglamentos de las Cámaras; la prioridad de los proyectos no impide la iniciativa del art. 87, y las que toma en consideración el Senado pasan al Congreso como proposición.

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Constitución Española · Art. 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Datos clave

  • ¿Cuánto tiempo tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley ordinario? → Dos meses desde la recepción del texto.
  • ¿A cuánto se reduce ese plazo si el proyecto es urgente? → A veinte días naturales.
  • ¿Qué mayoría necesita el veto del Senado para ser válido? → Mayoría absoluta.
  • Encadena los plazos: 2 meses tiene el Senado para vetar o enmendar; 20 días naturales si es urgente; y otros 2 meses cuentan desde el veto para que baste mayoría simple en el Congreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tramitación en el Senado de los proyectos aprobados por el Congreso: dos meses (veinte días naturales si son urgentes) para vetar por mayoría absoluta o enmendar, y cómo levanta el Congreso el veto.

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Constitución Española · Art. 91

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Datos clave

  • El Rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
  • El plazo para sancionarlas es de quince días.
  • Tras sancionarlas, las promulga y ordena su publicación inmediata.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Rey sanciona en quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulga y ordena su inmediata publicación.

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Constitución Española · Art. 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley exige el artículo 93 para atribuir a un organismo internacional el ejercicio de competencias constitucionales? → Ley orgánica.
  • ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de esos tratados? → A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
  • No se cede la competencia entera: se cede su ejercicio, y siempre necesita ley orgánica, nunca ley ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ceder el ejercicio de competencias constitucionales a una organización internacional (la vía que permitió entrar en la UE) exige siempre ley orgánica. Vigilar que se cumplan esos tratados es cosa de las Cortes o del Gobierno, según el caso.

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Constitución Española · Art. 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Datos clave

  • ¿Cuántos supuestos exigen autorización previa de las Cortes para un tratado? → Cinco, tasados en el artículo 94.1 (a-e).
  • ¿Qué exige el artículo 94.2 para el resto de tratados? → Que el Congreso y el Senado sean inmediatamente informados de su conclusión.
  • Son cinco letras, de la a) a la e): político, militar, territorial/derechos fundamentales, financiero y legislativo. Si no encaja en ninguna, solo hace falta informar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo cinco tipos de tratados exigen que las Cortes autoricen antes de firmar: políticos, militares, los que tocan la integridad territorial o los derechos fundamentales, los que cuestan dinero público y los que exigen cambiar una ley. El resto, solo hay que informarlos después.

Esquema

Tratados: autorización previa vs. solo información
Los 5 supuestos del art. 94.1El resto de tratados (art. 94.2)
Trámite en CortesAutorización previa de las Cortes GeneralesNinguno; no hace falta autorizarlos
MomentoAntes de prestar el consentimiento del EstadoInmediatamente después de su conclusión

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Constitución Española · Art. 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Datos clave

  • ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
  • ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
  • Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.

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Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Datos clave

  • Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
  • Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
  • La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.

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Constitución Española · Art. 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  • ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.

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Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Datos clave

  • Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE).
  • Derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2 CE).
  • Excepción: los casos de fuerza mayor (art. 106.2 CE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 22 · Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno

Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.

Datos clave

  • ¿A qué norma remite el art. 22 para el ejercicio de la iniciativa y la potestad reglamentaria? → Al Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y al presente Título de la Ley del Gobierno.
  • Dos remisiones y una sola cifra que memorizar: Título VI de la Ley 39/2015.
  • Regla de descarte: si una pregunta sobre el art. 22 cita anteproyectos, memoria económica o doble elevación al Consejo de Ministros, está usando la redacción anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Artículo puente: el Gobierno ejerce la iniciativa y la potestad reglamentaria conforme al Título VI de la Ley 39/2015 y a lo que diga este mismo Título de la Ley del Gobierno.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 23 · Disposiciones de entrada en vigor

Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.

Datos clave

  • ¿En qué fechas deben entrar en vigor las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quienes ejercen una actividad económica o profesional? → El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
  • ¿Qué normas quedan excluidas de esa regla? → Los reales decretos-leyes, y los casos en que el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.
  • Dos fechas y solo dos: 2 de enero y 1 de julio. Ojo al día: es 2 de enero, no 1.
  • Excepciones: reales decretos-leyes siempre fuera; lo demás, solo con justificación acreditada en la Memoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quien ejerce una actividad económica o profesional deben entrar en vigor el 2 de enero o el 1 de julio siguientes, con excepciones tasadas.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 24 · De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros.

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

Datos clave

  • ¿Qué forma revisten las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la de Real Decreto? → La de Acuerdos del Consejo de Ministros (art. 24.1.d).
  • ¿Qué forma adopta una disposición ministerial que afecta a varios Departamentos? → Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
  • Enuncia la jerarquía de los reglamentos del art. 24.2. → 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
  • Seis letras, a)-f): la letra a) corresponde a los Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes que aprueban las normas de los artículos 82 y 86 de la Constitución, y las demás se ordenan por autor: Presidente (b), Consejo de Ministros (c y d), Comisiones Delegadas (e) y Ministros (f).
  • Diferencia c) y d): Real Decreto para lo reglamentario y lo que deba revestir esa forma; Acuerdo para todo lo demás del Consejo de Ministros.
  • Jerarquía reglamentaria: dos peldaños, Real Decreto por encima de Orden Ministerial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de formas que revisten las decisiones del Gobierno y de sus miembros, de la a) a la f), y la jerarquía de los reglamentos en dos escalones.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 25 · Plan Anual Normativo

Artículo 25. Plan Anual Normativo.

1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.

3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.

Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan.

Datos clave

  • ¿Qué Ministerio coordina el Plan Anual Normativo? → El Ministerio de la Presidencia (art. 25.4).
  • ¿Qué hay que justificar si una norma no estaba en el Plan Anual Normativo? → El hecho, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (art. 25.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno aprueba cada año un Plan Normativo con las iniciativas previstas, coordinado por el Ministerio de la Presidencia para evitar descoordinación y cambios normativos sucesivos.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 26

Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica. d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia. f) Cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2. h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de especial independencia o autonomía. El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública una vez emitidos el resto de informes que conformen el expediente, a excepción en su caso del dictamen del Consejo de Estado, y antes de ser sometida al órgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. Será además necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. 7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de desarrollo. 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo mínimo de la consulta pública previa? → 15 días naturales (art. 26.2).
  • ¿Cuál es el plazo mínimo de la audiencia e información pública, y a cuánto puede reducirse? → 15 días hábiles, reducible a 7 (art. 26.6).
  • ¿Qué plazo tienen los informes preceptivos si los emite otra Administración? → Un mes (art. 26.5).
  • Mnemotecnia: «naturales para consultar, hábiles para escuchar» — consulta pública en naturales, audiencia pública en hábiles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el procedimiento completo de elaboración de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reglamentos: estudios previos, consulta pública, Memoria de Impacto Normativo, informes, audiencia pública, dictamen del Consejo de Estado y aprobación final.

Esquema

Procedimiento de elaboración de una norma
Estudios y consultaspreviosConsulta pública (≥15días)Memoria de ImpactoNormativoInformes preceptivosAudiencia e info.públicaDictamen Consejo deEstadoComisión General SEySConsejo de Ministros:aprueba

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 27

Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos: a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento. 2. La tramitación por vía de urgencia implicará que: a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo. b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba.

Datos clave

  • ¿Quién acuerda la tramitación urgente de una iniciativa normativa y a propuesta de quién? → El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa.
  • ¿Qué ocurre con los plazos del procedimiento en la tramitación urgente? → Se reducen a la mitad de su duración.
  • ¿Qué plazo tiene la audiencia o información pública del art. 26.6 en tramitación urgente? → Siete días.
  • ¿Dónde debe constar la existencia del acuerdo de tramitación urgente? → En la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, junto con las circunstancias que le sirven de fundamento.
  • Dos causas (a y b) y tres efectos (a, b y c). Los efectos en tres verbos: reducir a la mitad, suprimir la consulta previa y no esperar al informe que no llega.
  • Cifra suelta que cae: siete días para la audiencia o información pública del art. 26.6 en tramitación urgente.
  • Tres tipos de norma afectados: anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La tramitación urgente de iniciativas normativas en la AGE: quién la acuerda, en qué dos casos y qué tres efectos produce sobre plazos, consulta pública e informes.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 28

Informe anual de evaluación. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa. 2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso: a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación. b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias. c) La sostenibilidad de la disposición. El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.

Datos clave

  • ¿Antes de qué fecha se aprueba el informe anual de evaluación? → Antes del 30 de abril de cada año.
  • ¿Qué tres extremos comprende en todo caso la evaluación? → La eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de la norma.
  • ¿A propuesta de qué órgano lo aprueba el Consejo de Ministros? → Del Ministerio de la Presidencia.
  • Tres letras, tres criterios: a) eficacia, b) eficiencia, c) sostenibilidad. Se parecen las dos primeras, pero la eficacia mira los fines y la eficiencia mira las cargas.
  • Cadena de memoria del artículo: propone Presidencia, aprueba el Consejo de Ministros, tope el 30 de abril.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Ministros aprueba cada año, antes del 30 de abril y a propuesta del Ministerio de la Presidencia, el informe que mide cómo se cumplió el Plan Anual Normativo del año anterior y cómo están funcionando las normas que tocaba evaluar.

Esquema

Eficacia y eficiencia en la evaluación normativa
EficaciaEficiencia
Letra del artículoa)b)
Qué mideLa medida en que la norma ha conseguido los fines pretendidos con su aprobaciónLas cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 34

Producción y contenido. 1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

Datos clave

  • ¿Cómo debe ser el contenido de los actos administrativos? → Ajustado al ordenamiento jurídico, determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
  • Tres exigencias: competencia, procedimiento y contenido determinado y adecuado al fin.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo acto administrativo, de oficio o a instancia del interesado, lo dicta el órgano competente según los requisitos y el procedimiento establecido, y su contenido se ajusta al ordenamiento y es determinado y adecuado a sus fines.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 35

Motivación. 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Datos clave

  • ¿Debe motivarse un acto que se aparta del criterio de actuaciones anteriores? → Sí (art. 35.1.c).
  • ¿Deben motivarse los actos dictados en potestades discrecionales? → Sí, siempre (art. 35.1.i).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nueve grupos de actos que deben motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho; y la motivación de los actos que ponen fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva sigue sus convocatorias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 36

Forma. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Datos clave

  • ¿Quién deja constancia escrita de un acto dictado verbalmente? → El titular del órgano inferior o el funcionario que la recibe oralmente, expresando la autoridad de la que procede.
  • ¿Pueden refundirse varios actos en uno solo? → Sí, cuando sean de la misma naturaleza, especificando las personas y circunstancias que individualizan sus efectos.
  • Tres apartados, tres ideas: forma escrita electrónica, actos verbales y actos refundidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regla general: actos por escrito y por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Prevé también cómo se deja constancia escrita de los actos verbales y cuándo pueden refundirse actos de la misma naturaleza en uno solo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 37

Inderogabilidad singular. 1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

Datos clave

  • ¿Puede una resolución particular vulnerar una disposición general dictada por un órgano inferior? → No: la prohibición rige aunque la resolución proceda de un órgano de igual o superior jerarquía.
  • ¿Qué consecuencia tiene vulnerar una disposición reglamentaria? → La resolución es nula.
  • La clave es «aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía»: la jerarquía no salva la resolución singular.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Inderogabilidad singular: una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, aunque la dicte un órgano de igual o superior jerarquía al autor de la disposición. Son nulas las que vulneren un reglamento o incurran en las causas del art. 47.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 38

Ejecutividad. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Datos clave

  • La ejecutividad es la regla general de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.
  • Esa ejecutividad se aplica con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley (LPAC).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos, con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley 39/2015.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 39

Efectos. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.

Datos clave

  • ¿Desde cuándo producen efectos los actos administrativos, por regla general? → Desde la fecha en que se dictan (art. 39.1).
  • ¿Cuándo puede darse eficacia retroactiva a un acto? → Si sustituye a uno anulado o es favorable al interesado, sin lesionar a terceros (art. 39.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que ellos mismos dispongan otra cosa. La eficacia puede demorarse y, excepcionalmente, ser retroactiva; además, obligan a todos los órganos y regula el requerimiento entre Administraciones.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 40

Notificación. 1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

Datos clave

  • ¿Qué información sobre impugnación debe incluir la notificación según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015? → Los recursos procedentes, el órgano y el plazo para interponerlos.
  • ¿Cuál es la relación entre una resolución y su notificación? → La resolución contiene la decisión; la notificación comunica el acto con sus garantías.
  • Según el artículo 40.3 de la Ley 39/2015, una notificación con texto íntegro pero otros requisitos omitidos surte efecto cuando el interesado: → Actúa mostrando conocer su contenido y alcance o interpone un recurso procedente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La notificación incluye el texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa y los recursos, órgano y plazos procedentes.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 41

Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. 2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. 4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Datos clave

  • Según el artículo 41.2 de la Ley 39/2015, ¿qué notificación no debe efectuarse por medios electrónicos? → La que contenga un cheque como medio de pago a favor del obligado.
  • Un interesado recibe válidamente el mismo acto por dos cauces. Según el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, ¿qué fecha se toma como notificación? → La de la notificación producida en primer lugar.
  • Según el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tiene la falta del aviso de puesta a disposición sobre la validez de la notificación? → No impide por sí misma que la notificación sea considerada plenamente válida.
  • Según el artículo 41.3 de la Ley 39/2015, en un procedimiento iniciado a solicitud de una persona no obligada a la relación electrónica, ¿qué medio rige para notificar? → El señalado al efecto por la persona interesada en su solicitud.
  • Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de estos supuestos puede practicarse la notificación por medios NO electrónicos? → Si comparece espontáneamente en la oficina de registros y pide notificación personal.
  • Además del envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, sus fechas y horas y el contenido íntegro, ¿qué constancia exige el artículo 41.1 de la Ley 39/2015? → La identidad fidedigna del remitente y del destinatario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos; caben en papel por comparecencia espontánea o entrega directa, nunca electrónicas con elementos no convertibles o medios de pago, y vale la fecha de la primera.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 42

Práctica de las notificaciones en papel. 1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Datos clave

  • ¿Qué expresión utiliza el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 sobre la edad de quien puede recibir la notificación en el domicilio si el interesado está ausente? → Mayor de catorce años.
  • Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo debe repetirse el intento de notificación en papel cuando nadie se hace cargo? → Por una sola vez, en hora distinta y dentro de los tres días siguientes
  • Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué margen mínimo debe mediar entre los dos intentos de notificación en papel? → Tres horas
  • Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre con las notificaciones practicadas en papel respecto de la sede electrónica? → Se ponen en la sede electrónica para permitir el acceso voluntario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones en papel se ponen también en la sede electrónica. En el domicilio, si falta el interesado, puede recogerla un mayor de catorce años; si nadie la recoge, un solo segundo intento en tres días, al otro lado de las quince horas y con tres horas de margen.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 43

Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. 4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Datos clave

  • Una persona no obligada recibe en la sede una copia de su notificación en papel, sin haber elegido el canal electrónico. ¿La mera falta de acceso activa el rechazo del artículo 43.2 de la Ley 39/2015? → No, exige notificación electrónica obligatoria o expresamente elegida.
  • ¿Qué basta para cumplir la obligación del artículo 40.4 de la Ley 39/2015 cuando se notifica electrónicamente, según su artículo 43.3? → La puesta a disposición en sede o en la dirección electrónica habilitada única.
  • Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿cuándo se entiende practicada una notificación electrónica? → En el momento en que se produce el acceso a su contenido
  • Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, ¿cuándo opera el rechazo por falta de acceso de una notificación electrónica obligatoria o expresamente elegida? → A los diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceso.
  • Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por comparecencia en la sede electrónica? → El acceso al contenido por el interesado o representante identificado.
  • Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿desde qué portal pueden los interesados acceder a sus notificaciones? → Desde el Punto de Acceso General electrónico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en sede o por la dirección electrónica habilitada única; se entienden practicadas al acceder y, si son obligatorias o elegidas, rechazadas a los diez días naturales sin acceso.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 44

Notificación infructuosa. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Datos clave

  • Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, ¿dónde debe publicarse el anuncio cuando la notificación resulta infructuosa? → En el Boletín Oficial del Estado
  • Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tienen las formas de notificación complementarias que establezcan las Administraciones? → No sustituyen el anuncio obligatorio en el Boletín Oficial del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el interesado es desconocido, se ignora el lugar de notificación o el intento fracasa, se notifica por anuncio en el BOE. Antes, de forma facultativa, puede publicarse en otros boletines o tablones, y caben otras formas complementarias, pero nunca en lugar del BOE.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 45

Publicación. 1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. 2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. 3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.

Datos clave

  • Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de estos casos la publicación surte los efectos de la notificación? → En actos de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
  • Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿qué debe indicar la convocatoria de un procedimiento selectivo respecto de las publicaciones? → El medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
  • Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿en qué diario oficial se publican los actos? → En el correspondiente a la Administración de origen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos se publican cuando lo dicen sus normas o por interés público; y en todo caso, con efectos de notificación, si van a una pluralidad indeterminada o son de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 46

Indicación de notificaciones y publicaciones. Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.

Datos clave

  • ¿Qué se publica cuando la publicación del acto lesiona derechos o intereses legítimos? → Una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde comparecer para conocerlo íntegramente.
  • Las formas de notificación complementarias no excluyen la obligación de publicar en el Diario oficial correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si publicar el acto entero lesiona derechos, se publica solo una pista: qué es y dónde ir a leerlo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 127

Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Datos clave

  • ¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa? → Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
  • ¿Qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno según el art. 127? → Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, en los términos previstos en la Constitución.
  • Anteproyecto dentro, proyecto fuera: el nombre cambia al cruzar la puerta de las Cortes Generales.
  • Dos normas con rango de ley del Gobierno en este artículo: reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Las autonómicas son «normas equivalentes».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa con anteproyectos que, aprobados, se remiten como proyectos a las Cortes Generales; además puede aprobar reales decretos-leyes y legislativos. Las Comunidades Autónomas, en paralelo, según su Estatuto.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128

Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Datos clave

  • ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
  • Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, y tampoco pueden regular las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas.
  • La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dice quién puede hacer reglamentos y hasta dónde llega esa potestad: nunca puede pisar terreno reservado a la ley (delitos, tributos, sanciones) ni saltarse la jerarquía normativa.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129

Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
  • ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
  • La STC 55/2018, de 24 de mayo, declaró el art. 129 contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y declaró además la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados del párrafo tercero del apartado 4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la iniciativa legislativa y reglamentaria, las Administraciones deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, justificándolo en la exposición de motivos o el preámbulo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130

Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
  • ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
  • Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
  • Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a las Administraciones a revisar periódicamente sus normas para comprobar que cumplen su objetivo y que el coste estaba bien calculado. Ojo: el TC declaró este artículo contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131

Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Datos clave

  • ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
  • ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
  • Publicar en el diario oficial no es un trámite más: es la condición para que la norma exista jurídicamente.
  • Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas con rango de ley, reglamentos y disposiciones administrativas se publican en el diario oficial para entrar en vigor y producir efectos; la edición electrónica vale como la impresa y el BOE en sede electrónica es oficial y auténtico.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132

Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
  • ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
  • El artículo 132 se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos de los fundamentos jurídicos 7 b) y 7 c) de la STC 55/2018.
  • Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la Administración debe hacer público su Plan Normativo con lo que piensa aprobar el año siguiente, y publicarlo en el Portal de la Transparencia. También fue declarado contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
  • ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Participación ciudadana en leyes y reglamentos: consulta pública previa sobre cuatro aspectos, audiencia e información pública sobre el texto, documentación clara y supuestos en que pueden omitirse estos trámites.

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