El Delito de Blanqueo de Capitales. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: Sujetos obligados, infracciones y sanciones. La declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
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- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005
Código Penal · Art. 301
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código. También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en el título VII bis, el capítulo V del título VIII, la sección 4.ª del capítulo XI del título XIII, el título XV bis, el capítulo I del título XVI o los capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del título XIX. 2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos. 3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. 4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.
Datos clave
- ¿Se castiga el blanqueo si el delito de origen se cometió en el extranjero? → Sí: el art. 301.4 lo castiga igual, aunque fuera total o parcialmente en el extranjero.
- ¿Qué ocurre con las ganancias del culpable según el art. 301.5? → Se decomisan conforme a las reglas del art. 127 del Código Penal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Blanqueo de capitales: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo su origen delictivo, u ocultar ese origen o ayudar a eludir sus consecuencias. Pena agravada según el delito de origen, modalidad imprudente y decomiso de ganancias.
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Código Penal · Art. 302
1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. También se impondrá la pena en su mitad superior a quienes, siendo sujetos obligados conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cometan cualquiera de las conductas descritas en el artículo 301 en el ejercicio de su actividad profesional. 2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Datos clave
- ¿Qué pena se impone a los jefes, administradores o encargados de la organización en el art. 302.1? → La pena superior en grado.
- ¿Qué multa se impone a la persona jurídica si el delito de la persona física tiene prevista prisión de más de cinco años? → Multa de dos a cinco años.
- ¿Qué penas adicionales pueden imponerse a la persona jurídica? → Las recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33, atendidas las reglas del artículo 66 bis.
- Regla de los tres escalones del apartado 1: integrante y sujeto obligado, mitad superior; jefe, superior en grado.
- La frontera de la multa a la persona jurídica es «más de cinco años» de prisión de la persona física; justo cinco años cae en el resto de los casos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Agrava el blanqueo cometido por integrantes de organizaciones, por sus jefes y por sujetos obligados en su actividad profesional, y fija las multas de la persona jurídica responsable.
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Código Penal · Art. 303
Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma. A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
Datos clave
- ¿Qué inhabilitación se impone al funcionario público conforme al art. 303? → Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años.
- ¿Y si los hechos los realiza una autoridad o agente de la misma? → Inhabilitación absoluta de diez a veinte años.
- ¿Quiénes son facultativos a efectos del art. 303? → Los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
- Siete profesionales en la primera lista: empresario, intermediario financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente y educador.
- Los números van en pares dobles: 3-10 para la especial, 10-20 para la absoluta. El tope de una es el suelo de la otra.
- El concepto de facultativo se cierra con «y sus dependientes»: no solo el titulado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Añade inhabilitación especial de tres a diez años cuando los hechos de los artículos anteriores los cometen ciertos profesionales en el ejercicio de su cargo, e inhabilitación absoluta de diez a veinte si los comete una autoridad o su agente.
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Código Penal · Art. 304
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.
Datos clave
- Conductas punibles: provocación, conspiración y proposición.
- Se refieren a los delitos de los artículos 301 a 303.
- Pena: la inferior en uno o dos grados a la del delito consumado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de los artículos 301 a 303 se castigan, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.
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Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
El artículo 1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Objeto, definiciones y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente.
1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:
a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.
Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.
A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.
Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.
4. Se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a propuesta de su Secretaría.
La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo.
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mantendrá en su página web una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la condición de país tercero equivalente.
5. Se entenderá por criptoactivo aquella representación digital de un valor o de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar, tal como se definen en el artículo 3.1, punto 5, del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937, excepto cuando entren en las categorías enumeradas en el artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de dicho Reglamento (UE) o cumplan los requisitos para ser considerados fondos.
6. Se entenderá por proveedor de servicios de criptoactivos aquella persona jurídica u otra empresa cuya actividad o negocio consista en la prestación profesional de uno o varios servicios de criptoactivos a clientes y que está autorizada a prestar servicios de criptoactivos, tal como se definen en el artículo 3.1, punto 15, del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, cuando lleve a cabo uno o más servicios de criptoactivos tal como se definen en el artículo 3.1, punto 16, de dicho Reglamento (UE), con la excepción de la prestación de asesoramiento sobre criptoactivos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, punto 16, letra h), de dicho Reglamento (UE).
7. Se entenderá por dirección autoalojada aquella dirección definida en el artículo 3, punto 20, del Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de mayo de 2023, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2015/849.
Datos clave
- Objeto: protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Cuatro conductas de blanqueo: conversión o transferencia; ocultación o encubrimiento; adquisición, posesión o utilización; y participación, asociación, tentativa, ayuda, instigación o consejo.
- Existe blanqueo aunque lo realice quien cometió la actividad delictiva que generó los bienes y aunque esa actividad se desarrollara en el territorio de otro Estado.
- Los bienes procedentes de actividad delictiva incluyen la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública.
- Financiación del terrorismo: suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes para cometer delitos de terrorismo del Código Penal, también si se hizo en otro Estado.
- Los países terceros equivalentes los determina la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a propuesta de su Secretaría, sin efecto retroactivo; la lista la mantiene la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
- Criptoactivo, proveedor de servicios de criptoactivos y dirección autoalojada se definen por remisión a los Reglamentos (UE) 2023/1114 y 2023/1113.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley protege la integridad del sistema financiero imponiendo obligaciones de prevención. Define blanqueo de capitales (cuatro grupos de conductas), financiación del terrorismo, país tercero equivalente y conceptos de criptoactivos.
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Artículo 2. Sujetos obligados.
El artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Sujetos obligados», dispone lo siguiente.
1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:
a) Las entidades de crédito.
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
c) Las empresas de servicios de inversión.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
g) Las sociedades de garantía recíproca.
h) Las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna actividad prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, o desarrollen actividades de concesión de préstamos previstas en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros.
m) Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y cualquier otra persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal.
n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso ( trust ) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades, y las personas que almacenen o comercien con objetos de arte o antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades cuando lo lleven a cabo en puertos francos.
s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.
v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.
x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.
z) Los proveedores de servicios de criptoactivos.
Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores.
2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados.
Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.
3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Asimismo, podrán excluirse, total o parcialmente, aquellos juegos de azar y los sujetos obligados de la letra h) del apartado 1 de este artículo, que presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
4. A los efectos de esta ley, se considerarán entidades financieras los sujetos obligados mencionados en las letras a) a i) y en la letra z) del apartado 1 de este artículo.
5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley.
Datos clave
- El apartado 1 enumera los sujetos obligados de la letra a) (entidades de crédito) a la letra z) (proveedores de servicios de criptoactivos).
- Promotores e intermediarios inmobiliarios en arrendamientos: renta total anual igual o superior a 120.000 euros o mensual igual o superior a 10.000 euros.
- Casinos de juego, comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos y de objetos de arte o antigüedades son sujetos obligados.
- Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago lo son en los términos del artículo 34.
- Si las personas físicas actúan como empleados de una persona jurídica, las obligaciones recaen sobre dicha persona jurídica.
- Entidades financieras: los sujetos obligados de las letras a) a i) y de la letra z).
- También quedan sujetas las personas o entidades no residentes que desarrollen en España actividades de igual naturaleza mediante sucursales, agentes o prestación de servicios sin establecimiento permanente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley enumera de la letra a) a la z) quién está obligado: entidades financieras, profesionales jurídicos y fiscales, inmobiliarias, casinos, comerciantes de bienes de lujo, criptoactivos y otros; y cuándo las obligaciones recaen en la persona jurídica.
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Artículo 3. Identificación formal.
1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones.
En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas. Queda prohibida, en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas de ahorro, cajas de seguridad, activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios.
2. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualesquiera operaciones, los sujetos obligados comprobarán la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes. En el supuesto de no poder comprobar la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes en un primer momento, se podrá contemplar lo establecido en el artículo 12, salvo que existan elementos de riesgo en la operación.
Reglamentariamente se establecerán los documentos que deban reputarse fehacientes a efectos de identificación.
3. En el ámbito del seguro de vida, la comprobación de la identidad del tomador deberá realizarse con carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad del beneficiario del seguro de vida deberá realizarse en todo caso con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
Datos clave
- Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones.
- Queda prohibida la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas de ahorro, cajas de seguridad, activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios.
- La identidad se comprueba mediante documentos fehacientes con carácter previo a la relación de negocios o a la operación.
- Si no puede comprobarse en un primer momento, cabe acudir al artículo 12, salvo que existan elementos de riesgo.
- Los documentos fehacientes se establecen reglamentariamente.
- Seguro de vida: el tomador se identifica antes de celebrar el contrato; el beneficiario, antes del pago de la prestación o del ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay que identificar a todo el que quiera operar o establecer relaciones de negocio, comprobando su identidad con documentos fehacientes antes de empezar; prohibidas las cuentas anónimas, cifradas o con nombre ficticio.
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Artículo 4. Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones.
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular real:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica. A efectos de la determinación del control serán de aplicación, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Serán indicadores de control por otros medios, entre otros, los previstos en el artículo 22 (1) a (5) de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.
Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.
b bis) Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica. Los sujetos obligados verificarán su identidad y consignarán las medidas tomadas y las dificultades encontradas durante el proceso de verificación.
c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajón, tendrán la consideración de titulares reales todas las personas siguientes:
1.º el fideicomitente o fideicomitentes.
2.º el fiduciario o fiduciarios,
3.º el protector o protectores, si los hubiera
4.º los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica; y
5.º cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.
d) En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al trust , como las fiducias o el treuhand de la legislación alemana, los sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas que ocupen posiciones equivalentes o similares a las relacionadas en los números 1.º a 5.º del apartado anterior.
3. Los sujetos obligados recabarán información de los clientes para determinar si éstos actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan aquéllos.
4. Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas al efecto de determinar la estructura de propiedad y de control de las personas jurídicas, estructuras jurídicas sin personalidad, fideicomisos y cualquier otra estructura análoga.
Los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas, o estructuras jurídicas sin personalidad, cuya estructura de propiedad y de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad y de control. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.
Datos clave
- El titular real se identifica con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de operaciones.
- Es titular real quien posea o controle, directa o indirectamente, más del 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica.
- Para determinar el control se aplican, entre otros, los criterios del artículo 42 del Código de Comercio.
- Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado sujetas a requisitos de información equivalentes.
- Si nadie supera ese umbral ni ejerce el control por otros medios, se considera que lo ejerce el administrador o administradores.
- En los fideicomisos son titulares reales el fideicomitente, el fiduciario, el protector, los beneficiarios y cualquier otra persona física que ejerza el control en último término.
- No se establecerán ni mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad y de control no haya podido determinarse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Además del cliente hay que identificar al titular real: quien está detrás, quien controla más del 25 % de una persona jurídica o, a falta de él, el administrador; y en fideicomisos, todos sus intervinientes.
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Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que les fueran exigibles por su normativa reguladora, las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jurídicas estén sujetas a la obligación de declarar su titularidad real, constituidas conforme a la legislación española o con domicilio social o sucursal en España, están obligadas a obtener, conservar y actualizar la información del titular o los titulares reales de esa persona jurídica, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4. La información de los titulares reales se conservará por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real en los términos establecidos reglamentariamente.
2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, las entidades previstas en el apartado 1 tendrán a disposición de los sujetos obligados la información a la que se refiere este artículo, a fin de que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
3. La información actualizada sobre la titularidad real será mantenida por:
a) El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios.
b) El Consejo de Administración, así como, en particular, el secretario del Consejo de Administración, sea o no consejero.
c) El patronato y el secretario.
d) El órgano de representación de la asociación y el secretario.
4. Todas las personas físicas que tengan la condición de titulares reales conforme a lo dispuesto en el artículo 4, tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, desde el momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a las personas relacionadas en el apartado 3, su condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de identificación:
a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en cada una de ellas.
i) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.
Datos clave
- Obligados: sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y demás personas jurídicas sujetas a declarar su titularidad real.
- Deben obtener, conservar y actualizar la información del titular o titulares reales.
- La información se conserva 10 años desde el cese de la condición de titular real.
- La mantienen el administrador único o los administradores mancomunados o solidarios, el Consejo de Administración y su secretario, el patronato y el secretario, o el órgano de representación de la asociación y el secretario.
- Los titulares reales deben comunicar su condición de forma inmediata desde que tengan conocimiento de ese hecho.
- Entre los datos figuran nombre y apellidos, fecha de nacimiento, documento identificativo, país de residencia, nacionalidad, criterio de titularidad y porcentaje de participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas jurídicas españolas o con domicilio o sucursal en España deben tener y actualizar la información de sus titulares reales durante 10 años desde su cese; los titulares reales deben comunicárselo de inmediato.
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Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos.
1. Las personas físicas o jurídicas residentes o con establecimiento en España que actúen como fiduciarios, gestionando o administrando fideicomisos como el trust anglosajón y otros tipos de instrumentos jurídicos análogos con actividades en España, están obligadas a obtener, conservar y actualizar la información de los titulares reales, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2. c) y d). La información de los titulares reales se conservará por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real.
2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, los fiduciarios o personas que ocupen posición equivalente deberán informar de la condición en la que actúan a los sujetos obligados, teniendo a su disposición la información a la que se refiere este artículo.
3. Las personas físicas que tengan la condición de titulares reales de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 c) y d), tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, desde el momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a los fiduciarios o personas que ocupen posición equivalente, su condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de identificación:
a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el Documento nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.
Datos clave
- Obligados: fiduciarios residentes o con establecimiento en España que gestionen o administren trust y otros instrumentos jurídicos análogos con actividades en España.
- Deben obtener, conservar y actualizar la información de los titulares reales conforme al artículo 4.2 c) y d).
- La información se conserva 10 años desde el cese de la condición de titular real.
- En las relaciones de negocio u operaciones ocasionales, los fiduciarios informarán a los sujetos obligados de la condición en la que actúan.
- Los titulares reales comunican su condición a los fiduciarios de forma inmediata.
- Datos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, documento identificativo, país de expedición, país de residencia, nacionalidad y criterio que los cualifica como titulares reales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los fiduciarios residentes o establecidos en España que gestionen trusts o instrumentos análogos con actividad en España deben tener la información de sus titulares reales 10 años y declarar su condición a los sujetos obligados.
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Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios.
Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los clientes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de los clientes de documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de información sobre ella ajena al propio cliente.
Datos clave
- Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios.
- Recabarán información para conocer la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente.
- Adoptarán medidas para comprobar razonablemente la veracidad de esa información.
- Los procedimientos de verificación tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo.
- Se basan en documentos del cliente relacionados con la actividad declarada o en información ajena al propio cliente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sujeto obligado debe conocer el propósito e índole de la relación de negocios y la actividad del cliente, y comprobar razonablemente que lo declarado es cierto.
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Artículo 6. Seguimiento continuo de la relación de negocios.
Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar que los documentos, datos e información de que se disponga estén actualizados.
Datos clave
- Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
- Incluye el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de la relación.
- Las operaciones deben coincidir con el conocimiento del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos.
- Debe garantizarse que los documentos, datos e información disponibles estén actualizados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Durante toda la relación de negocios el sujeto obligado vigila las operaciones para que encajen con el perfil del cliente, incluido el origen de los fondos, y mantiene actualizados los datos.
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Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de diligencia debida previstas en los precedentes artículos, pero podrán determinar el grado de aplicación de las medidas establecidas en los artículos 4, 5 y 6 en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación, recogiéndose estos extremos en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.
Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.
En todo caso los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3.1, los sujetos obligados no solo aplicarán las medidas de diligencia debida previstas en este capítulo a todos los nuevos clientes sino, asimismo, a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo.
En todo caso, los sujetos obligados aplicarán a los clientes existentes las medidas de diligencia debida en función del riesgo cuando se proceda a la contratación de nuevos productos, cambien las circunstancias del cliente o cuando se produzca una operación significativa por su volumen o complejidad y, en todo caso, cuando el sujeto obligado tenga obligación en el curso del año natural correspondiente de ponerse en contacto con el cliente para revisar la información pertinente relativa al titular o titulares reales.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad exigible por el incumplimiento de obligaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
3. Los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en esta Ley. Cuando se aprecie la imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere el artículo 17.
La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación de la relación de negocios por imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida previstas en esta Ley no conllevará, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún tipo de responsabilidad para los sujetos obligados.
4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida establecidas en este Capítulo a los fideicomisos como el trust anglosajón, la fiducia, el treuhand de la legislación alemana u otros instrumentos jurídicos análogos o masas patrimoniales que, careciendo de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.
5. Los casinos de juego identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes la identidad de cuantas personas pretendan acceder al establecimiento. La identidad de tales personas será registrada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.
Asimismo, los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan realizar las siguientes operaciones:
a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio de fichas.
b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los clientes.
c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.
Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, ya sea en el momento del cobro de ganancias, de compra o venta de fichas de juego, los casinos deberán aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto del cliente en los términos de esta Sección.
6. Los operadores de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos identificarán y comprobarán la identidad de cuantas personas pretendan participar en estos juegos o apuestas, en los términos previstos reglamentariamente.
Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, ya sea en el momento del cobro de ganancias y/o de la realización de apuestas, estos operadores de juego deberán aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto del cliente en los términos de esta Sección.
Los operadores de juego a través de medios presenciales aplicarán las medidas de diligencia debida cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.
7. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservación de documentos en relación con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.
8. Las entidades financieras que actúen como adquirentes solo aceptarán pagos efectuados con tarjetas prepago anónimas emitidas en países fuera de España cuando esas tarjetas cumplan con los umbrales y requisitos establecidos en el artículo 12 de la Directiva (UE) 2015/849.
Datos clave
- El grado de aplicación de las medidas de los artículos 4, 5 y 6 puede graduarse en función del riesgo y se recoge en la política expresa de admisión de clientes del artículo 26.
- El previo análisis de riesgo deberá constar en todo caso por escrito.
- Con indicios de blanqueo o de financiación del terrorismo se aplica la diligencia debida con independencia de cualquier excepción, exención o umbral.
- Las medidas se aplican también a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo.
- Si no pueden aplicarse las medidas, no se establece la relación ni se ejecuta la operación; en curso, se le pone fin y se realiza el examen especial del artículo 17.
- Los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan acceder al establecimiento.
- Casinos y operadores de juego aplican el resto de medidas en transacciones por valor igual o superior a 2.000 euros.
- Los adquirentes solo aceptarán tarjetas prepago anónimas emitidas fuera de España que cumplan el artículo 12 de la Directiva (UE) 2015/849.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas de diligencia debida se gradúan según el riesgo, se aplican también a clientes existentes y, si no pueden aplicarse, no se opera. Casinos y juego tienen reglas propias desde 2.000 euros.
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Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la presente ley, así como a las organizaciones o federaciones de estos sujetos, para la aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en esta Sección, con excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios regulada en el artículo 6. Esta limitación no será aplicable en el caso de grupos.
No obstante, los sujetos obligados mantendrán la plena responsabilidad respecto de la relación de negocios u operación, aun cuando el incumplimiento sea imputable al tercero, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad de éste.
2. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de otros Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, así como a las organizaciones o federaciones de estas entidades obligadas, aun cuando los documentos o datos exigidos en aquéllos sean distintos de los previstos en la presente ley, y siempre que su cumplimiento sea objeto de supervisión por las autoridades competentes.
Queda prohibido el recurso a terceros domiciliados en países terceros con deficiencias estratégicas identificados mediante Decisión de la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, con excepción de las sucursales y filiales con participación mayoritaria de sujetos obligados establecidos en la Unión Europea, siempre que tales sucursales y filiales cumplan plenamente las políticas y procedimientos a nivel de grupo establecidos por la matriz.
3. El recurso a terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida exigirá la previa conclusión de un acuerdo escrito entre el sujeto obligado y el tercero, en el que se formalicen las respectivas obligaciones.
Los terceros pondrán a inmediata disposición del sujeto obligado la información obtenida en aplicación de las medidas de diligencia debida. Asimismo, los terceros remitirán al sujeto obligado, a instancias de éste, copia de la documentación pertinente con arreglo a esta sección.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a las relaciones de externalización o agencia cuando, en virtud de un acuerdo contractual, el proveedor de servicios de externalización o agente deba ser considerado como parte del sujeto obligado.
Los sujetos obligados, sin perjuicio de mantener la plena responsabilidad respecto del cliente, podrán aceptar las medidas de diligencia debida practicadas por sus filiales o sucursales domiciliadas en España o en terceros países.
Datos clave
- Puede recurrirse a terceros sometidos a la ley para aplicar la diligencia debida, salvo el seguimiento continuo del artículo 6; esta limitación no se aplica en el caso de grupos.
- El sujeto obligado mantiene la plena responsabilidad, aunque el incumplimiento sea imputable al tercero.
- Queda prohibido el recurso a terceros domiciliados en países terceros con deficiencias estratégicas identificados por la Comisión Europea.
- Se exceptúan las sucursales y filiales con participación mayoritaria de sujetos obligados de la Unión Europea que cumplan las políticas del grupo.
- El recurso a terceros exige un acuerdo escrito previo.
- Los terceros pondrán a inmediata disposición del sujeto obligado la información obtenida.
- No se aplica a las relaciones de externalización o agencia en que el proveedor o agente se considere parte del sujeto obligado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sujeto obligado puede encargar a terceros sometidos a la ley la diligencia debida, salvo el seguimiento continuo, con acuerdo escrito previo; pero sigue respondiendo plenamente aunque falle el tercero.
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Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida.
La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operación de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobarán que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
b) La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida será en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
c) Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.
Datos clave
- Las medidas simplificadas se gradúan en función del riesgo.
- Antes de aplicarlas se comprueba que el cliente, producto u operación comporta efectivamente un riesgo reducido.
- Su aplicación será en todo caso congruente con el riesgo.
- Se dejan de aplicar tan pronto como se aprecie que no hay riesgos reducidos.
- Se mantiene un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial del artículo 17.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas simplificadas de diligencia debida solo caben si se comprueba antes que el riesgo es efectivamente reducido, deben ser congruentes con él y nunca eximen del seguimiento continuo.
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Artículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida, medidas reforzadas en relación con los países que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y figuren en la decisión de la Comisión Europea adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015.
2. Los sujetos obligados aplicarán también medidas reforzadas en los supuestos previstos en la presente Sección, y en cualesquiera otros que, por presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se determinen reglamentariamente.
Los sujetos obligados, aplicarán, en función de un análisis del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida en aquellas situaciones que por su propia naturaleza puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En todo caso, tendrán esta consideración la actividad de banca privada y las operaciones de envío de dinero y de cambio de moneda extranjera que superen los umbrales establecidos reglamentariamente.
3. Reglamentariamente podrán concretarse las medidas reforzadas de diligencia debida exigibles en las áreas de negocio o actividades que presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Datos clave
- Se aplican medidas reforzadas, además de las normales, respecto de países con deficiencias estratégicas incluidos en la decisión de la Comisión Europea del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
- También en los supuestos de la Sección y en los de alto riesgo que se determinen reglamentariamente.
- Se aplican, en función de un análisis del riesgo, en situaciones de riesgo más elevado por su propia naturaleza.
- Tienen en todo caso esta consideración la banca privada y el envío de dinero y cambio de moneda extranjera que superen los umbrales reglamentarios.
- Reglamentariamente podrán concretarse las medidas reforzadas exigibles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Medidas reforzadas, además de las normales: con países de deficiencias estratégicas según la Comisión Europea, en los supuestos de la ley o del reglamento y en situaciones de mayor riesgo, como la banca privada.
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Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La identidad del cliente quede acreditada mediante la firma electrónica cualificada regulada en el Reglamento (UE) n.° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. En este caso no será necesaria la obtención de la copia del documento, si bien será preceptiva la conservación de los datos de identificación que justifiquen la validez del procedimiento. En el resto de casos, cuando la firma electrónica utilizada no reuniese los requisitos de la firma electrónica cualificada seguirá siendo preceptiva la obtención en un mes de una copia del documento de identificación.
b) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una entidad domiciliada en España, en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
c) Se verifiquen los requisitos que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la relación de negocio, los sujetos obligados deberán obtener de estos clientes una copia de los documentos necesarios para practicar la diligencia debida.
Cuando se aprecien discrepancias entre los datos facilitados por el cliente y otra información accesible o en poder del sujeto obligado, será preceptivo proceder a la identificación presencial.
Los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales de diligencia debida cuando en el curso de la relación de negocio aprecien riesgos superiores al riesgo promedio.
2. Los sujetos obligados establecerán políticas y procedimientos para afrontar los riesgos específicos asociados con las relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
Datos clave
- Se admiten relaciones u operaciones por medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes no presentes si concurre alguna de las circunstancias legales.
- Primera: identidad acreditada con firma electrónica cualificada del Reglamento (UE) n.º 910/2014; no hace falta copia del documento.
- Con firma electrónica no cualificada, la copia del documento de identificación se obtiene en un mes.
- Segunda: primer ingreso desde una cuenta a nombre del mismo cliente en una entidad de España, de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
- En el plazo de un mes desde el establecimiento de la relación se obtendrá copia de los documentos necesarios para la diligencia debida.
- Si hay discrepancias entre los datos del cliente y otra información, es preceptiva la identificación presencial.
- Los sujetos obligados establecerán políticas y procedimientos para los riesgos de las relaciones no presenciales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se puede operar a distancia con clientes no presentes si se identifican con firma electrónica cualificada, si el primer ingreso viene de una cuenta suya en entidad de España, la Unión Europea o país equivalente, o por otros requisitos reglamentarios.
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Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza.
El artículo 13 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regula la corresponsalía bancaria transfronteriza.
1. Se entiende por relación de corresponsalía la prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente, incluidas, entre otras, la prestación de cuentas corrientes u otras cuentas de pasivo y servicios conexos, como gestión de efectivo, transferencias internacionales de fondos, compensación de cheques, y servicios de cambio de divisas.
El concepto incluye cualquier relación entre entidades de crédito, entre entidades financieras y entre entidades de crédito y entidades financieras, con inclusión de las entidades de pago, que presten servicios similares a los de un corresponsal a un cliente, incluidas, entre otras, las relaciones establecidas para operaciones con valores o transferencias de fondos o para operaciones con criptoactivos o transferencias de criptoactivos. En todos estos supuestos es de aplicación este artículo.
2. Con respecto a las relaciones de corresponsalía transfronteriza con entidades clientes de terceros países, las entidades financieras deberán aplicar las siguientes medidas:
a) Reunir sobre la entidad cliente información suficiente para comprender la naturaleza de sus actividades y determinar, a partir de información de dominio público, su reputación y la calidad de su supervisión.
b) Evaluar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de que disponga la entidad cliente.
c) Obtener autorización de la dirección antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía bancaria. Los procedimientos internos determinarán el nivel directivo mínimo necesario para autorizar el establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocios, que podrá adecuarse en función del riesgo. Solo podrán tener asignada esta función las personas con conocimiento suficiente del nivel de exposición del sujeto obligado al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y con jerarquía suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposición.
d) Documentar las responsabilidades respectivas de cada entidad.
e) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de las operaciones efectuadas en el marco de la relación de negocios, tomando en consideración los riesgos geográficos, del cliente, o derivados del tipo de servicio prestado.
f) Respecto a las cuentas de transferencias de pago en otras plazas, cerciorarse de que la entidad cliente ha comprobado la identidad y aplicado en todo momento las medidas de diligencia debida con respecto a los clientes que tienen acceso directo a cuentas de la entidad corresponsal y de que, a instancias de esta, pueden facilitar los datos de un cliente que sean necesarios a efectos de la diligencia debida.
Las entidades financieras modularán el grado e intensidad de aplicación de las medidas conforme a un criterio de riesgo.
2 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en las relaciones de corresponsalía transfronteriza que supongan la ejecución de servicios de criptoactivos con una entidad cliente no establecida en la Unión Europea que preste servicios equivalentes, los proveedores de servicios de criptoactivos comprobarán que la entidad cliente está autorizada o registrada. En todo caso, actualizarán la información sobre diligencia debida para la relación de corresponsalía de forma periódica o cuando surjan nuevos riesgos en relación con la entidad cliente, y tendrán en cuenta la información recabada para determinar, en función del riesgo, las medidas adecuadas para mitigar los riesgos asociados a la entidad cliente.
3. Las entidades financieras no establecerán o mantendrán relaciones de corresponsalía con bancos pantalla. Asimismo, adoptarán medidas adecuadas para asegurar que no entablan o mantienen relaciones de corresponsalía con un banco del que se conoce que permite el uso de sus cuentas por bancos pantalla.
Se entiende por banco pantalla la entidad de crédito, o entidad que desarrolle una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga una presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no sea filial de un grupo financiero regulado.
4. Las entidades financieras y los proveedores de servicios de criptoactivos no establecerán o mantendrán relaciones de corresponsalía que, directamente o a través de una subcuenta, permitan ejecutar operaciones a los clientes de la entidad representada.
5. Cuando las entidades financieras y los proveedores de servicios de criptoactivos decidan poner fin a relaciones de corresponsalía por razones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, documentarán y registrarán su decisión.
Datos clave
- Corresponsalía: prestación de servicios bancarios de un banco corresponsal a otro banco como cliente.
- Incluye relaciones entre entidades de crédito y financieras, entidades de pago y las establecidas para operaciones con criptoactivos o transferencias de criptoactivos.
- Con entidades clientes de terceros países se exige, entre otras medidas, autorización de la dirección antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía.
- El grado e intensidad de las medidas se modula conforme a un criterio de riesgo.
- Los proveedores de servicios de criptoactivos comprobarán que la entidad cliente no establecida en la Unión Europea está autorizada o registrada.
- Prohibidas las relaciones de corresponsalía con bancos pantalla.
- Banco pantalla: entidad constituida en un país sin presencia física que permita una verdadera gestión y dirección y que no sea filial de un grupo financiero regulado.
- La decisión de poner fin a una corresponsalía por razones de prevención se documenta y registra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La corresponsalía es el servicio bancario que un banco presta a otro como cliente. Con clientes de terceros países se exigen medidas reforzadas y está prohibido relacionarse con bancos pantalla.
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Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.
1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública.
2. Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.
3. Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública:
a) Las personas, distintas de las enumeradas en el apartado anterior, que tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado.
b) Las personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como las personas que desempeñen cargos equivalentes a los relacionados en la letra a), y los diputados autonómicos y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación autonómica.
c) En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y las personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, así como los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación en dichas circunscripciones.
d) Los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.
e) Las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las organizaciones internacionales acreditadas en España. Estas organizaciones deberán elaborar y mantener actualizada una lista de esas funciones públicas de conformidad con lo señalado en el apartado 2.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias elaborará y publicará una lista en la que se detallará qué tipo de funciones y puestos determinan la consideración de persona con responsabilidad pública española.
4. Ninguna de las categorías previstas en los apartados anteriores incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.
5. En relación con los clientes o titulares reales enumerados en este artículo, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán en todo caso:
a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se incluirán en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.
b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.
c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.
d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.
En los procedimientos internos de la entidad se determinará el nivel directivo mínimo necesario para la autorización de establecer o mantener relaciones de negocios, que podrá adecuarse en función del riesgo de la operación y del cliente concreto. Solamente podrán tener asignada esta función las personas que tengan conocimiento suficiente del nivel de exposición del sujeto obligado al riesgo de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y que cuenten con la jerarquía suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposición.
6. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en el apartado anterior a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública.
A los efectos de este artículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad.
Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.
7. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario de una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza. En esos casos, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán:
a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoración.
b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el tomador de la póliza.
c) Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a efectos de determinar si procede la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18.
8. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado la condición de cargo público representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.
9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años. Transcurrido ese plazo, el sujeto obligado aplicará medidas de diligencia debida adecuadas, en función del riesgo que pudiera seguir presentado el cliente, y hasta tanto se determine por el sujeto obligado que ya no representa un riesgo específico derivado de su antigua condición de persona con responsabilidad pública.
Datos clave
- A las personas con responsabilidad pública se aplican medidas reforzadas de diligencia debida.
- Lo son, entre otros, jefes de Estado y de Gobierno, ministros, parlamentarios, magistrados de altas instancias, embajadores y alto personal militar.
- En el ámbito local, alcaldes y concejales de capitales de provincia o de comunidad autónoma y de entidades locales de más de 50.000 habitantes.
- No se incluyen empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.
- La lista de funciones y puestos la elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Se exige la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.
- Las medidas se extienden a familiares y allegados.
- Tras dejar el cargo, las medidas se mantienen durante dos años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con las personas con responsabilidad pública, sus familiares y allegados se aplican medidas reforzadas de diligencia debida, que se mantienen dos años después de dejar el cargo.
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Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.
1. A fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas en el artículo anterior, los sujetos obligados podrán proceder a la creación de ficheros donde se contengan los datos identificativos de las personas con responsabilidad pública, aun cuando no mantuvieran con las mismas una relación de negocios.
A tal efecto los sujetos obligados podrán recabar la información disponible acerca de las personas con responsabilidad pública sin contar con el consentimiento del interesado, aun cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al público.
Los datos contenidos en los ficheros creados por los sujetos obligados únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en esta Ley.
2. Será igualmente posible la creación por terceros distintos de los sujetos obligados de ficheros en los que se incluyan los datos identificativos de quienes tengan la condición de personas con responsabilidad pública con la exclusiva finalidad de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia debida.
Quienes procedan a la creación de estos ficheros no podrán emplear los datos para ninguna otra finalidad distinta de la señalada en el párrafo anterior.
3. El tratamiento y cesión de los datos a los que se refieren los dos apartados anteriores quedarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, “Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016’’ y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante, “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre”.
No obstante, no será preciso informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos en los ficheros a los que se refiere este artículo.
4. Los sujetos obligados y los terceros a que se refiere el apartado 2 deberán establecer procedimientos que permitan la actualización continua de los datos contenidos en los ficheros relativos a las personas con responsabilidad pública. En todo caso deberán aplicarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.
Datos clave
- Los sujetos obligados podrán crear ficheros con los datos identificativos de las personas con responsabilidad pública, aunque no mantengan relación de negocios con ellas.
- Pueden recabar la información sin el consentimiento del interesado.
- Los datos solo pueden usarse para las medidas reforzadas de diligencia debida.
- También pueden crear estos ficheros terceros distintos de los sujetos obligados, con esa finalidad exclusiva.
- El tratamiento se sujeta al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018.
- No es preciso informar a los afectados de la inclusión de sus datos.
- Deben existir procedimientos de actualización continua de los datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para cumplir la diligencia reforzada con personas con responsabilidad pública se pueden crear ficheros con sus datos sin su consentimiento y sin informarles, pero solo para ese fin y con actualización continua.
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Artículo 16. Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos.
Los sujetos obligados prestarán especial atención a todo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo que pueda derivarse de productos u operaciones propicias al anonimato, o de nuevos desarrollos tecnológicos, y tomarán medidas adecuadas a fin de impedir su uso para fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
En tales casos, los sujetos obligados efectuarán un análisis específico de los posibles riesgos en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que deberá documentarse y estar a disposición de las autoridades competentes.
Datos clave
- Especial atención al riesgo derivado de productos u operaciones propicias al anonimato.
- Igual atención al riesgo de los nuevos desarrollos tecnológicos.
- Se tomarán medidas adecuadas para impedir su uso con fines de blanqueo o de financiación del terrorismo.
- Se efectuará un análisis específico de los posibles riesgos.
- El análisis deberá documentarse y estar a disposición de las autoridades competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los productos u operaciones propicios al anonimato y los nuevos desarrollos tecnológicos exigen especial atención, medidas para impedir su uso ilícito y un análisis de riesgos documentado.
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Artículo 18. Comunicación por indicio.
1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
En particular, se consideran operaciones por indicio y se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión los casos que, tras el examen especial, el sujeto obligado conozca, sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que tengan relación con el blanqueo de capitales, o con sus delitos precedentes o con la financiación del terrorismo, incluyendo aquellos casos que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.
2. Las comunicaciones a que se refiere el apartado precedente se efectuarán sin dilación de conformidad con los procedimientos correspondientes según el artículo 26 y contendrán, en todo caso, la siguiente información:
a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto de su participación en ella.
b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y correspondencia entre la actividad y la operación.
c) Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.
d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la operación comunicada.
e) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la operación.
f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión vendrá precedida de un proceso estructurado de examen especial de la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 17. En los casos en que el Servicio Ejecutivo de la Comisión estime que el examen especial realizado resulta insuficiente, devolverá la comunicación al sujeto obligado a efectos de que por éste se profundice en el examen de la operación, en la que se expresarán sucintamente los motivos de la devolución y el contenido a examinar.
En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrará la operación como no ejecutada, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión la información que se haya podido obtener.
3. La comunicación por indicio se efectuará por los sujetos obligados en el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
4. Los directivos o empleados de los sujetos obligados podrán comunicar directamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones de que conocieran y respecto de las cuales estimen que concurren indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, en los casos en que, habiendo sido puestas de manifiesto internamente, el sujeto obligado no hubiese informado al directivo o empleado comunicante del curso dado a su comunicación.
Datos clave
- La comunicación por indicio se dirige al Servicio Ejecutivo de la Comisión, por iniciativa propia.
- Abarca cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, con indicio o certeza de relación con el blanqueo o la financiación del terrorismo tras el examen especial.
- Las comunicaciones se efectuarán sin dilación.
- Contenido mínimo: intervinientes, su actividad, operaciones vinculadas, gestiones realizadas, circunstancias del indicio y otros datos reglamentarios.
- Si el Servicio Ejecutivo estima insuficiente el examen especial, devolverá la comunicación al sujeto obligado.
- Las operaciones meramente intentadas se registran como no ejecutadas.
- Soporte y formato los determina el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
- Directivos o empleados pueden comunicar directamente si el sujeto obligado no les informó del curso dado a su comunicación interna.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras el examen especial, el sujeto obligado debe comunicar por iniciativa propia y sin dilación al Servicio Ejecutivo de la Comisión toda operación, incluso intentada, con indicio o certeza de blanqueo o financiación del terrorismo.
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Artículo 19. Abstención de ejecución.
1. Los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar cualquier operación de las señaladas en el artículo precedente.
No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la investigación, los sujetos obligados podrán ejecutar la operación, efectuando inmediatamente una comunicación de conformidad con lo establecido en el artículo 18. La comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión expondrá, además de la información a que se refiere el artículo 18.2, los motivos que justificaron la ejecución de la operación.
2. A efectos de esta Ley se entenderá por justa causa que motive la negativa a la autorización del notario o su deber de abstención la presencia en la operación bien de varios indicadores de riesgo de los señalados por el órgano centralizado de prevención o bien de indicio manifiesto de simulación o fraude de ley. Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, el notario recabará del cliente los datos precisos para valorar la concurrencia de tales indicadores o circunstancias en la operación.
Respecto de los registradores, la obligación de abstención a que se refiere este artículo en ningún caso impedirá la inscripción del acto o negocio jurídico en los registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles.
Datos clave
- Los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar las operaciones del artículo 18.
- Si la abstención no es posible o puede dificultar la investigación, pueden ejecutarla comunicándolo inmediatamente conforme al artículo 18.
- La comunicación expondrá los motivos que justificaron la ejecución.
- Justa causa para la negativa del notario: varios indicadores de riesgo del órgano centralizado de prevención o indicio manifiesto de simulación o fraude de ley.
- La abstención de los registradores no impide la inscripción en los registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante operaciones sospechosas del artículo 18 el sujeto obligado se abstiene; si no es posible o dificultaría la investigación, ejecuta y comunica de inmediato explicando por qué.
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Artículo 20. Comunicación sistemática.
1. En todo caso los sujetos obligados comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión con la periodicidad que se determine las operaciones que se establezcan reglamentariamente.
Sin perjuicio de ello, cuando las operaciones sujetas a comunicación sistemática presenten indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, se estará a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19.
Reglamentariamente podrá exceptuarse de la obligación de comunicación sistemática de operaciones a determinadas categorías de sujetos obligados.
De no existir operaciones susceptibles de comunicación los sujetos obligados comunicarán esta circunstancia al Servicio Ejecutivo de la Comisión con la periodicidad que se determine reglamentariamente.
2. La comunicación sistemática de operaciones se efectuará por los sujetos obligados en el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Datos clave
- La comunicación sistemática se dirige al Servicio Ejecutivo de la Comisión con la periodicidad que se determine.
- Las operaciones sujetas se establecen reglamentariamente.
- Con indicios o certeza de blanqueo se aplican los artículos 17, 18 y 19.
- Pueden exceptuarse reglamentariamente determinadas categorías de sujetos obligados.
- Si no hay operaciones que comunicar, se comunica esa circunstancia.
- Soporte y formato los determina el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los sujetos obligados comunican periódicamente al Servicio Ejecutivo las operaciones fijadas por reglamento, en el formato que este determine, y también la ausencia de operaciones comunicables.
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Artículo 21. Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.
1. Los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran para el ejercicio de sus competencias.
Los requerimientos precisarán la documentación que haya de ser aportada o los extremos que hayan de ser informados e indicarán expresamente el plazo en que deban ser atendidos. Transcurrido el plazo para la remisión de la documentación o información requerida sin que ésta haya sido aportada o cuando se aporte de forma incompleta por omisión de datos que impidan examinar la situación en debida forma, se entenderá incumplida la obligación establecida en el presente artículo.
2. Los sujetos obligados establecerán, en el marco de las medidas de control interno a que se refiere el artículo 26, sistemas que les permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les curse la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sus órganos de apoyo u otras autoridades legalmente competentes sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y sobre la naturaleza de dichas relaciones.
Datos clave
- Se facilitará la documentación e información que requieran la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo.
- Los requerimientos indicarán expresamente el plazo en que deban atenderse.
- No aportar la información en plazo, o aportarla incompleta, supone incumplir la obligación.
- Los sistemas de control interno del artículo 26 deben permitir responder sobre relaciones de negocios mantenidas en los diez años anteriores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los sujetos obligados deben atender los requerimientos de la Comisión y sus órganos de apoyo en plazo y completos, y tener sistemas para informar de sus relaciones de negocio de los diez años anteriores.
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Artículo 22. No sujeción.
Los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, los abogados guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente.
Datos clave
- Los abogados no están sometidos a los artículos 7.3, 18 y 21 respecto de determinada información de sus clientes.
- Se trata de la información obtenida al determinar la posición jurídica del cliente o al defenderlo en procesos judiciales.
- Incluye el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso.
- Es indiferente que la información se obtenga antes, durante o después de los procesos.
- Los abogados guardarán el deber de secreto profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los abogados no están sujetos a los artículos 7.3, 18 y 21 respecto de la información obtenida al determinar la posición jurídica del cliente o defenderlo en procesos judiciales, y guardan el secreto profesional.
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Artículo 23. Exención de responsabilidad.
La comunicación de buena fe de información a las autoridades competentes con arreglo a la presente Ley por los sujetos obligados o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados ningún tipo de responsabilidad.
Datos clave
- Se refiere a la comunicación de buena fe de información a las autoridades competentes.
- La realizan los sujetos obligados o, excepcionalmente, sus directivos o empleados.
- No constituye violación de las restricciones sobre divulgación contractuales, legales, reglamentarias o administrativas.
- No implica ningún tipo de responsabilidad para los sujetos obligados, sus directivos o empleados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comunicar de buena fe información a las autoridades conforme a esta ley no viola restricciones contractuales o legales de divulgación ni genera responsabilidad alguna.
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Artículo 24. Prohibición de revelación.
1. Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.
Esta prohibición no incluirá la revelación a las autoridades competentes, incluidos los órganos centralizados de prevención, o la revelación por motivos policiales en el marco de una investigación penal.
2. La prohibición establecida en el apartado precedente no impedirá:
a) La comunicación de información entre sujetos obligados que pertenezcan al mismo grupo. A estos efectos, se estará a la definición de grupo establecida en el artículo 42 del Código de Comercio. Esta excepción es aplicable a la comunicación de información con sujetos obligados domiciliados en terceros países, siempre que se aplique en ellos políticas y procedimientos de grupo que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
b) La comunicación de información entre los sujetos obligados a que se refieren los párrafos m) y ñ) del artículo 2.1, cuando ejerzan sus actividades profesionales, ya sea como empleados o de otro modo, dentro de la misma entidad jurídica o en una red. Se entenderá por red, a estos efectos, la estructura más amplia a la que pertenece la persona y que comparte una propiedad, gestión o supervisión de cumplimiento comunes.
c) La comunicación de información, referida a un mismo cliente y a una misma operación en la que intervengan dos o más entidades o personas, entre entidades financieras o entre los sujetos obligados a que se refieren los párrafos m) y ñ) del artículo 2.1, siempre que pertenezcan a la misma categoría profesional y estén sujetos a obligaciones equivalentes en lo relativo al secreto profesional y a la protección de datos personales. La información intercambiada se utilizará exclusivamente a efectos de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Las excepciones establecidas en las letras anteriores también serán aplicables a la comunicación de información entre personas o entidades domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
Queda prohibida la comunicación de información con personas o entidades domiciliadas en países terceros no calificados como equivalentes o respecto de los que la Comisión Europea adopte la decisión a que se refiere la Disposición adicional de esta Ley.
3. Cuando los sujetos obligados a que se refieren las letras m) y ñ) del artículo 2.1 intenten disuadir a un cliente de una actividad ilegal, ello no constituirá revelación a efectos de lo dispuesto en el apartado primero.
Datos clave
- No se revelará al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión o que se examina una operación.
- La prohibición no incluye la revelación a las autoridades competentes, incluidos los órganos centralizados de prevención, ni la revelación por motivos policiales en una investigación penal.
- Se permite la comunicación entre sujetos obligados del mismo grupo, conforme al artículo 42 del Código de Comercio.
- Se permite entre los sujetos de las letras m) y ñ) del artículo 2.1 dentro de la misma entidad jurídica o red.
- Prohibida la comunicación con personas o entidades de países terceros no equivalentes.
- Intentar disuadir a un cliente de una actividad ilegal no constituye revelación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Está prohibido avisar al cliente o a terceros de que se ha comunicado o se examina una operación, salvo a las autoridades y en ciertos intercambios entre sujetos obligados del mismo grupo, red o categoría.
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Artículo 25. Conservación de documentos.
1. Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de prevención, y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal.
En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad legalmente competente:
a) Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, durante un periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.
b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio, durante un periodo de diez años desde la ejecución de la operación o la terminación de la relación de negocios.
2. Los sujetos obligados, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, almacenarán las copias de los documentos de identificación a que se refiere el artículo 3.2 en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización.
En todo caso, el sistema de archivo de los sujetos obligados deberá asegurar la adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno, como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.
3. En el caso de la identificación realizada de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014, de 23 de julio de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, la obligación de conservación se extenderá a los datos e información que acrediten la identificación por esos medios.
Datos clave
- La documentación se conserva durante diez años y después se elimina.
- Transcurridos cinco años, solo es accesible por los órganos de control interno, las unidades técnicas de prevención y, en su caso, los encargados de la defensa legal.
- Se conservan copias de los documentos de diligencia debida durante diez años desde la terminación de la relación o la ejecución de la operación.
- También el original o copia con fuerza probatoria de los documentos que acrediten las operaciones.
- Las copias de los documentos de identificación se almacenan en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos.
- En la identificación por el Reglamento (UE) n.º 910/2014, la conservación se extiende a los datos que la acrediten.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La documentación de prevención se conserva diez años y luego se elimina; a partir de los cinco años desde el fin de la relación solo acceden el control interno y la defensa legal.
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Artículo 26. Políticas y procedimientos.
1. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
2. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán una política expresa de admisión de clientes. Dicha política incluirá una descripción de aquellos tipos de clientes que podrían presentar un riesgo superior al riesgo promedio. La política de admisión de clientes será gradual, adoptándose precauciones reforzadas respecto de aquellos clientes que presenten un riesgo superior al promedio.
Cuando exista un órgano centralizado de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a la presente ley, corresponderá al mismo la aprobación por escrito de la política expresa de admisión de clientes.
3. Las políticas y procedimientos serán de aplicación a las sucursales y filiales del grupo situadas en terceros países, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de las normas específicas del país de acogida, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. En el caso de sucursales y filiales del grupo en otros Estados miembros de la Unión Europea, los sujetos obligados darán cumplimiento a las obligaciones contenidas en el país de acogida. A efectos de la definición de grupo se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.
4. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en esta ley, las entidades españolas que operen en un país de la Unión Europea mediante agentes u otras formas de establecimiento permanente distintas a una sucursal, deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del país en el que operan.
5. Los sujetos obligados deberán aprobar un manual adecuado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que se mantendrá actualizado, con información completa sobre las medidas de control interno a que se refieren los apartados anteriores. Para el ejercicio de su función de supervisión e inspección, el manual estará a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, de los órganos supervisores de las entidades financieras.
6. El Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, los órganos supervisores de las entidades financieras, podrán proponer al Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de requerimientos instando a los sujetos obligados a adoptar las medidas correctoras oportunas respecto de sus manuales y procedimientos internos.
7. Reglamentariamente podrán determinarse los sujetos obligados exceptuados del cumplimiento de las obligaciones relacionadas en los apartados 1, 2 y 5 de este artículo.
Datos clave
- Se aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos de diligencia debida, información, conservación, control interno, gestión de riesgos y comunicación.
- Se aprobará por escrito una política expresa de admisión de clientes, que será gradual.
- Si existe órgano centralizado de prevención de profesiones colegiadas, a él corresponde aprobar la política de admisión.
- Las políticas se aplican a sucursales y filiales del grupo en terceros países.
- El manual de prevención estará a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
- El Servicio Ejecutivo puede proponer al Comité Permanente requerimientos de medidas correctoras.
- Reglamentariamente pueden exceptuarse sujetos de los apartados 1, 2 y 5.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los sujetos obligados aprueban por escrito políticas y procedimientos de prevención, una política de admisión de clientes gradual y un manual actualizado a disposición del Servicio Ejecutivo.
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Artículo 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos.
1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado.
Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas que hubiera podido establecer el sujeto obligado para la comunicación de informaciones relativas a la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la restante normativa general o sectorial que les fuere aplicable.
2. Será de aplicación a estos sistemas y procedimientos lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas.
A estos efectos, se considerarán como órganos de control interno y cumplimiento exclusivamente los regulados en el artículo 26 ter.
3. Los sujetos obligados adoptarán medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto.
4. La obligación de establecimiento del procedimiento de comunicación descrito en los apartados anteriores, no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados a las que se refiere el artículo 18.
5. Reglamentariamente podrán determinarse los sujetos obligados exceptuados del cumplimiento de la obligación prevista en este artículo.
Datos clave
- Procedimientos internos para que empleados, directivos o agentes comuniquen posibles incumplimientos.
- La comunicación puede hacerse incluso anónimamente.
- Se aplica la normativa de protección de datos sobre sistemas de denuncias internas.
- Los órganos de control interno y cumplimiento son exclusivamente los del artículo 26 ter.
- Los informantes serán protegidos frente a represalias, discriminaciones y trato injusto.
- No sustituye los mecanismos de comunicación interna de operaciones sospechosas del artículo 18.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Debe existir un canal interno, incluso anónimo, para que empleados, directivos o agentes denuncien incumplimientos de la normativa de prevención, con protección frente a represalias.
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Artículo 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo.
1. Los sujetos obligados designarán como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.
En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante será único y deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del grupo.
En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión el titular de la actividad.
2. Con las excepciones que se determinen reglamentariamente, la propuesta de nombramiento del representante, acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones.
El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la presente ley, para lo que tendrá acceso sin limitación alguna a cualquier información obrante en el sujeto obligado así como en cualquiera de las entidades del grupo, en su caso.
3. Los sujetos obligados cuya administración central se encuentre en otro Estado miembro de la Unión Europea y que operen en España mediante agentes u otras formas de establecimiento permanente distintas de la sucursal deberán nombrar un representante residente en España, que tendrá la consideración de punto central de contacto.
Los sujetos obligados que operen en España en régimen de libre prestación de servicios deberán asimismo designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin que sea exigible su residencia en España.
4. Los sujetos obligados establecerán un órgano adecuado de control interno responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos a que se refiere el artículo 26.
El órgano de control interno, que contará, en su caso, con representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado, se reunirá, levantando acta expresa de los acuerdos adoptados, con la periodicidad que se determine en el procedimiento de control interno.
5. Para el ejercicio de sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el órgano de control interno deberán contar con los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios.
6. Los órganos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo operarán, en todo caso, con separación funcional del departamento o unidad de auditoría interna del sujeto obligado.
7. Reglamentariamente se determinarán las categorías de sujetos obligados que puedan exceptuarse de la obligación de constitución de un órgano de control interno, siendo las funciones de éste ejercidas en tales supuestos por el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
La norma reglamentaria determinará también las categorías de sujetos obligados para los que sea exigible la constitución de unidades técnicas para el tratamiento y análisis de la información.
Datos clave
- El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión es una persona residente en España con cargo de administración o dirección.
- En los grupos, el representante es único y ejerce cargo en la sociedad dominante.
- En empresarios o profesionales individuales, el representante es el titular de la actividad.
- La propuesta de nombramiento se comunica al Servicio Ejecutivo, que puede formular reparos u observaciones.
- En libre prestación de servicios se designa representante sin que se exija residencia en España.
- El órgano de control interno levanta acta expresa de sus acuerdos.
- Los órganos de prevención operan con separación funcional de la auditoría interna.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada sujeto obligado designa un representante ante el Servicio Ejecutivo, residente en España y con cargo de administración o dirección, y crea un órgano de control interno separado de la auditoría interna.
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Artículo 27. Órganos centralizados de prevención.
1. Mediante orden del Ministro Economía y Empresa podrá acordarse la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a la presente Ley.
Los órganos centralizados de prevención tendrán por función la intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los profesionales incorporados como sujetos obligados. El representante del órgano centralizado de prevención tendrá la condición de representante de los profesionales incorporados a efectos de lo dispuesto en el artículo 26 ter.
2. Los órganos centralizados de prevención examinarán, por propia iniciativa o a petición de los profesionales incorporados, las operaciones a que se refiere el artículo 17, comunicándolas al Servicio Ejecutivo de la Comisión cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 18. Los profesionales incorporados deberán facilitar al órgano centralizado de prevención toda la información que éste les requiera para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, los profesionales incorporados facilitarán toda la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran, directamente o por intermedio del órgano centralizado de prevención, para el ejercicio de sus competencias.
3. Con excepción de los funcionarios a que se refiere el artículo 2.1.n), la incorporación de los sujetos obligados a los órganos centralizados de prevención será voluntaria.
Datos clave
- Los órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas se constituyen por orden del Ministro de Economía y Empresa.
- Su función es intensificar y canalizar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades.
- Su representante es el representante de los profesionales incorporados a efectos del artículo 26 ter.
- Examinan las operaciones del artículo 17 y las comunican al Servicio Ejecutivo si concurre el artículo 18.
- La incorporación es voluntaria, salvo para los funcionarios del artículo 2.1.n).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las profesiones colegiadas pueden contar con un órgano centralizado de prevención, creado por orden ministerial, que canaliza su colaboración con las autoridades. Adherirse es voluntario, salvo para los funcionarios del artículo 2.1.n).
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Artículo 28. Examen externo.
1. Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26 ter serán objeto de examen anual por un experto externo.
Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. No obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser sustituido por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas.
Mediante orden del Ministro de Economía y Empresa podrán aprobarse los modelos a que habrán de ajustarse los informes emitidos.
El informe se elevará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de emisión al Consejo de Administración o, en su caso, al órgano de administración o al principal órgano directivo del sujeto obligado, que adoptará las medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas.
2. Los sujetos obligados deberán encomendar la práctica del examen externo a personas que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas para el desempeño de la función.
Quienes pretendan actuar como expertos externos deberán comunicarlo al Servicio Ejecutivo de la Comisión antes de iniciar su actividad e informar a éste semestralmente de la relación de sujetos obligados cuyas medidas de control interno hayan examinado.
Los sujetos obligados no podrán encomendar la práctica del examen externo a aquellas personas físicas que les hayan prestado o presten cualquier otra clase de servicios retribuidos durante los tres años anteriores o posteriores a la emisión del informe.
3. El informe estará en todo caso a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo durante los cinco años siguientes a la fecha de emisión.
4. La obligación establecida en este artículo no será exigible a los empresarios o profesionales individuales.
Datos clave
- Las medidas y órganos de control interno de los artículos 26, 26 bis y 26 ter se someten a examen anual por un experto externo.
- En los dos años sucesivos, el informe puede sustituirse por un informe de seguimiento.
- El informe se eleva en el plazo máximo de tres meses al Consejo de Administración u órgano equivalente.
- Los expertos externos comunican su actividad al Servicio Ejecutivo antes de iniciarla e informan semestralmente.
- No puede actuar como experto quien haya prestado servicios retribuidos en los tres años anteriores o posteriores al informe.
- El informe estará a disposición durante cinco años.
- La obligación no es exigible a empresarios o profesionales individuales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control interno del sujeto obligado se somete cada año al examen de un experto externo independiente, cuyo informe llega al órgano de administración en tres meses y se conserva cinco años a disposición de la Comisión.
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Artículo 29. Formación de empleados.
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.
Datos clave
- Los empleados deben conocer las exigencias derivadas de la ley.
- Las medidas incluyen la participación acreditada en cursos específicos de formación permanente.
- La formación se orienta a detectar operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo.
- Las acciones formativas son objeto de un plan anual diseñado en función de los riesgos del sector.
- El plan lo aprueba el órgano de control interno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los empleados deben conocer las exigencias de la ley mediante cursos de formación permanente acreditados, dentro de un plan anual según riesgos que aprueba el órgano de control interno.
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Artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación de operativa que presente indicios o certeza de estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a los órganos de control interno.
El representante a que se refiere el artículo 26 ter será la persona que comparecerá en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en relación con los datos recogidos en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión o cualquier otra información complementaria que pueda referirse a aquéllas cuando se estime imprescindible obtener la aclaración, complemento o confirmación del propio sujeto obligado.
2. Los sujetos obligados establecerán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes.
3. Toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos obligados que lleven a cabo estas comunicaciones, siendo aplicables las medidas de protección establecidas en el artículo 65.1.
Datos clave
- Se mantendrá la confidencialidad de la identidad de quienes comuniquen operativa sospechosa a los órganos de control interno.
- El representante del artículo 26 ter comparece en los procedimientos administrativos o judiciales sobre los datos comunicados.
- Se aplicarán por escrito políticas que aseguren altos estándares éticos en la contratación.
- Toda autoridad o funcionario protegerá a los comunicantes frente a amenazas o acciones hostiles.
- Son aplicables las medidas de protección del artículo 65.1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien comunica internamente una operación sospechosa debe quedar protegido: su identidad es confidencial, en los procedimientos comparece el representante del sujeto obligado y las autoridades le protegen frente a amenazas.
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Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países.
1. Los sujetos obligados aplicarán en sus sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al menos equivalentes a las establecidas por el derecho comunitario.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá supervisar la idoneidad de tales medidas.
2. Cuando el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas equivalentes a las establecidas por el derecho de la Unión Europea, los sujetos obligados adoptarán respecto de sus sucursales y filiales con participación mayoritaria medidas adicionales para hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Las entidades financieras deberán aplicar medidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/758, de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
Asimismo, los sujetos obligados informarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión de esta circunstancia en el plazo máximo de siete días después de identificar al tercer país, que podrá proponer al Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de requerimientos para la adopción de medidas de obligado cumplimiento.
3. En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias informará a la Autoridad Bancaria Europea de aquellos casos en que el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas equivalentes y en los que se pueda actuar en el marco de un procedimiento acordado para hallar una solución.
Datos clave
- En sucursales y filiales con participación mayoritaria en terceros países se aplican medidas al menos equivalentes a las comunitarias.
- El Servicio Ejecutivo de la Comisión puede supervisar la idoneidad de tales medidas.
- Si el derecho del tercer país no lo permite, se adoptan medidas adicionales.
- Las entidades financieras aplican el Reglamento Delegado (UE) 2019/758.
- Se informa al Servicio Ejecutivo en el plazo máximo de siete días desde la identificación del tercer país.
- El Servicio Ejecutivo informa de estos casos a la Autoridad Bancaria Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sucursales y filiales mayoritarias en terceros países aplican medidas al menos equivalentes a las europeas; si la ley local lo impide, medidas adicionales y aviso al Servicio Ejecutivo en siete días.
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Artículo 32. Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo III de esta ley se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no precisando del consentimiento del interesado.
Tampoco será necesario el consentimiento para las comunicaciones de datos previstas en el citado capítulo y, en particular, para las previstas en el artículo 24.2, quedando igualmente amparadas por el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1, y de conformidad con el artículo 14.5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no será de aplicación al tratamiento de datos la obligación de información prevista en el artículo 14 del mencionado Reglamento en relación con los tratamientos a los que se refiere el apartado anterior.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no procederá la atención de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento en relación con los citados tratamientos. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, los sujetos obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo dispuesto en este artículo.
Lo dispuesto en el presente apartado será igualmente aplicable a los tratamientos llevados a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión para el cumplimiento de las funciones que le otorga esta ley.
3. Los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 27 tendrán la condición de encargados del tratamiento a los efectos previstos en la normativa de protección de datos personales.
Se exceptúan de lo señalado en el párrafo anterior los tratamientos que llevasen a cabo los órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria en el ámbito de las funciones que se les atribuyan reglamentariamente. La norma reglamentaria especificará los supuestos en que estos órganos tengan la condición de responsables del tratamiento.
4. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de impacto en la protección de datos de los tratamientos a los que se refiere este artículo a fin de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos.
En todo caso, el tratamiento deberá llevarse únicamente a cabo por los órganos a los que se refiere el artículo 26 ter de esta ley.
5. Serán de aplicación a los ficheros creados en aplicación de lo dispuesto en el capítulo III las medidas de seguridad y control reforzadas.
Datos clave
- El tratamiento para las obligaciones del capítulo III se ampara en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018 y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679.
- No precisa del consentimiento del interesado.
- No se aplica la obligación de información del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679.
- No procede atender los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento.
- Los órganos centralizados de prevención son encargados del tratamiento.
- Es obligatoria una evaluación de impacto en la protección de datos.
- El tratamiento solo lo llevan a cabo los órganos del artículo 26 ter.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos tratados para las obligaciones de información del capítulo III no requieren consentimiento, no se informa al interesado ni se atienden sus derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD; a cambio, se exige evaluación de impacto y seguridad reforzada.
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Artículo 32 bis. Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida.
1. El tratamiento de datos personales que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo II de esta ley se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no precisando del consentimiento del interesado.
2. Los datos recogidos por los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida no podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sin el consentimiento del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la gestión ordinaria de la relación de negocios.
3. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o la realización de una transacción ocasional, los sujetos obligados deberán facilitar a los nuevos clientes la información requerida en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Dicha información contendrá, en particular, un aviso general sobre las obligaciones legales de los sujetos obligados con respecto al tratamiento de datos personales a efectos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
4. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de impacto en la protección de datos de los tratamientos a los que se refiere este artículo a fin de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos.
Datos clave
- El tratamiento para las obligaciones del Capítulo II no precisa del consentimiento del interesado.
- Se ampara en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018 y el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679.
- Los datos de diligencia debida no se usarán para otros fines sin consentimiento, salvo la gestión ordinaria de la relación de negocios.
- Antes de la relación o de la transacción ocasional se informa a los nuevos clientes conforme a los artículos 13 y 14 del Reglamento y 11 de la Ley Orgánica 3/2018.
- La información incluye un aviso general sobre las obligaciones legales de prevención.
- Se exige evaluación de impacto en la protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos de la diligencia debida se tratan sin consentimiento, pero solo para prevenir el blanqueo, y el cliente nuevo debe ser informado antes de iniciar la relación. A diferencia del artículo anterior, aquí sí hay deber de informar.
Esquema
| Art. 32 (Capítulo III) | Art. 32 bis (Capítulo II) | |
|---|---|---|
| Consentimiento | No precisa | No precisa |
| Información al interesado | No se aplica la del artículo 14 del Reglamento | Previa, artículos 13 y 14 del Reglamento y 11 de la LO 3/2018 |
| Evaluación de impacto | Obligatoria | Obligatoria |
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Artículo 32 ter
1. Los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría de las establecidas en el artículo 2 de esta ley podrán crear sistemas comunes de información, almacenamiento y, en su caso, acceso a la información y documentación recopilada para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida establecidas en el capítulo II, con excepción de la relacionada con el seguimiento continuo de la relación de negocios, regulada en el artículo 6.
Los sujetos adheridos al sistema tendrán la condición de corresponsables del tratamiento a los efectos previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
El mantenimiento de estos sistemas podrá encomendarse a un tercero, aun cuando no tenga la condición de sujeto obligado.
Los sujetos obligados corresponsables deberán comunicar a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la intención de constituir estos sistemas al menos sesenta días antes de su puesta en funcionamiento. Esta comunicación no exime a las entidades financieras del cumplimiento de las obligaciones de notificación a que estén sujetas.
2. La comunicación de datos a los sistemas, así como el acceso a los datos incorporados a los mismos se encuentran amparados en lo dispuesto en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Los sujetos obligados solo podrán acceder a la información facilitada por otro sujeto obligado en los supuestos en que la persona a la que se refieran los datos sea su cliente o el acceso a la información sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones de identificación previas al establecimiento de la relación de negocios previstas en el artículo 3. En este supuesto, solo se accederá a los datos necesarios a tal efecto.
3. Los datos serán facilitados al sistema por los órganos de control interno previstos en el artículo 26 ter. Estos órganos canalizarán asimismo las solicitudes de acceso a los datos contenidos en el sistema.
En todo caso, los interesados deberán ser informados acerca de la comunicación de los datos al sistema, así como del acceso que pretendiese llevarse a cabo con carácter previo a que el mismo se produzca.
4. Los datos obtenidos como consecuencia del acceso al sistema únicamente podrán ser empleados para el cumplimiento por los sujetos obligados de lo dispuesto en el capítulo II de esta ley.
5. Corresponderá al sujeto obligado que hubiera proporcionado los datos al sistema responder de su exactitud y actualización, debiendo cumplir en su caso lo establecido en los artículos 17.2 y 19 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. Conforme al artículo 26.3 del Reglamento (UE) 2016/679, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el citado Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.
Cuando el sujeto obligado compruebe, a la vista de la información que él mismo hubiese recabado en cumplimiento de sus deberes de diligencia debida, que los datos a los que hubiese accedido son incorrectos o no están actualizados, lo comunicará al sistema a fin de que los datos sean objeto de actualización o rectificación en su caso.
Del mismo modo deberá proceder cuando aprecie que un documento incorporado al sistema deba ser sustituido por otro más reciente.
6. Sin perjuicio de las restantes medidas que deban adoptarse en cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y el título VI de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el sistema de información incorporará medidas que garanticen la trazabilidad de los accesos al mismo.
7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias podrá autorizar el establecimiento de sistemas comunes en que participen varias categorías de sujetos obligados, delimitando dichas categorías y la información que podrá ser compartida.
Datos clave
- Sujetos de una misma categoría del artículo 2 pueden crear sistemas comunes de información para la diligencia debida, salvo el seguimiento continuo del artículo 6.
- Los adheridos son corresponsables del tratamiento.
- El mantenimiento puede encomendarse a un tercero, aunque no sea sujeto obligado.
- La intención de constituirlos se comunica a la Comisión al menos sesenta días antes de su puesta en funcionamiento.
- Solo se accede a datos de un cliente propio o para la identificación previa del artículo 3.
- Los datos los facilitan los órganos de control interno del artículo 26 ter.
- Los interesados deben ser informados antes de la comunicación y del acceso.
- La Comisión puede autorizar sistemas comunes de varias categorías de sujetos obligados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sujetos obligados de una misma categoría pueden compartir un sistema común con la documentación de diligencia debida, como corresponsables, avisando a la Comisión sesenta días antes y con acceso solo a datos de clientes propios.
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Artículo 34. Obligación de declarar.
El artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Obligación de declarar», dispone lo siguiente.
1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:
a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
A estos efectos se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago.
Se exceptúan de la obligación de declaración establecida en el presente artículo las personas físicas que actúen por cuenta de empresas que, debidamente autorizadas e inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago, excepto cuando se trate de movimientos de entrada y salida de la Unión Europea.
2. Cuando se produzca la entrada o salida del territorio nacional de medios de pago no acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador, tales como envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o carga en contenedores, por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, deberá presentarse declaración dentro del plazo de 30 días anteriores al movimiento no acompañado. La obligación de declaración del movimiento será responsabilidad del remitente o su representante legal en el caso de movimientos de salida de medios de pago. En los casos de entrada de medios de pago procedentes de un tercer país, será responsable de la declaración el destinatario del efectivo, o su representante legal.
3. A los efectos de esta ley se entenderá por medios de pago:
a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
b) Los efectos negociables o medios de pago al portador. Son aquellos instrumentos que, previa presentación, dan a sus titulares el derecho a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Se incluyen aquí los cheques de viaje, los cheques, pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la entrega y los instrumentos incompletos.
c) Las tarjetas prepago, entendiendo por tales aquellas tarjetas no nominativas que almacenen o brinden acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, cuando dichas tarjetas no estén vinculadas a una cuenta bancaria.
d) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez, como el oro.
En la interpretación de las definiciones de los medios de pago descritos se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005.
4. La declaración establecida en el presente artículo se ajustará al modelo aprobado y deberá contener datos veraces relativos al portador, propietario, destinatario, remitente, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios de pago. La obligación de declarar se entenderá incumplida cuando la información consignada sea incorrecta o incompleta.
El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que transporte los medios de pago en el caso de los movimientos relacionados en el apartado 1. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración debidamente diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador.
En los movimientos de medios de pago descritos en el apartado 2, la declaración será presentada por el remitente o el destinatario, según corresponda.
Los modelos de declaración establecida en el presente artículo serán:
a) En el supuesto de entradas y salidas a las que se refieren los apartados 1 y 2 procedentes o con destino a un país que no forma parte de la Unión Europea, el aprobado por la Comisión Europea en el correspondiente Reglamento de Ejecución.
b) En el resto de supuestos, el aprobado por Orden del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El lugar y forma de presentación de ambas declaraciones se fijará mediante Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
5. Cuando los medios de pago sean transportados por menores de edad no acompañados, será responsable del cumplimiento de la obligación de declaración la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En caso de que el menor viajara acompañado, la cuantía de los medios de pago transportada por el menor se entenderá, a los efectos de lo previsto en este artículo, portada por la persona mayor de edad que acompañe al menor.
Datos clave
- Declaración previa por entrada o salida del territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros.
- Declaración por movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros.
- Movimiento: cualquier cambio de lugar o posición en el exterior del domicilio del portador.
- Envíos sin portador de 10.000 euros o más: declaración dentro de los 30 días anteriores al movimiento; responde el remitente en las salidas y el destinatario en las entradas desde un tercer país.
- Medios de pago: papel moneda y moneda metálica, efectos negociables al portador, tarjetas prepago y materias primas de gran liquidez como el oro.
- La obligación se entiende incumplida si la información es incorrecta o incompleta.
- Si viaja un menor no acompañado responde quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; si va acompañado, los medios se entienden portados por el mayor de edad que lo acompaña.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mover medios de pago obliga a declararlos antes: desde 10.000 euros al entrar o salir del territorio nacional y desde 100.000 euros dentro de él. Los envíos sin portador se declaran en los 30 días anteriores.
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Artículo 35. Control e intervención de los medios de pago.
El artículo 35 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Control e intervención de los medios de pago», dispone lo siguiente.
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34.1, los funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.
A los efectos de comprobar el cumplimiento de la obligación de declarar medios de pago no acompañados prevista en el artículo 34.2, y sin perjuicio de la legislación aduanera, los funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar e inspeccionar las mercancías que puedan contener medios de pago no acompañados, envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado, carga en contenedores y cualquier sistema de envío y de transporte que pueda contener medios de pago no acompañados.
2. Procederá la intervención provisional de la totalidad de los medios de pago objeto del movimiento por parte de los funcionarios aduaneros o policiales actuantes, salvo el mínimo de supervivencia que pueda determinarse mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en los casos siguientes:
a) No presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 34 cuando esta sea preceptiva.
b) No presentación en plazo de la declaración previa a que se refiere el apartado 2 del artículo 34 cuando esta sea preceptiva.
c) Presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 34 con información incorrecta o incompleta. A estos efectos, y sin perjuicio de su aplicación en otros supuestos, en todo caso se considerará información incorrecta o incompleta la falta de veracidad total o parcial de los datos relativos al portador, propietario, remitente, destinatario, procedencia o uso previsto de los medios de pago, así como la variación por exceso o defecto del importe declarado respecto del real en más de un 10 por ciento o de 3.000 euros.
d) Cuando los medios de pago no se pongan a disposición de las autoridades para su control en los términos previstos en la normativa, cuando el movimiento esté sometido a la obligación de declaración.
e) Cuando, no obstante haberse declarado o ser el importe del efectivo inferior al umbral que determina la obligación de su declaración, existan, al menos, indicios de que los medios de pago están vinculados a una actividad delictiva.
Esta intervención provisional tendrá una duración de treinta días que podrá ser ampliada, en su caso, hasta un máximo de noventa días por razones motivadas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61.2 para el caso en que se acuerde la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador por infracción de lo previsto en los artículos 34 de esta ley.
3. Los medios de pago intervenidos se ingresarán, directamente o por transferencia, en las cuentas abiertas a nombre de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Los funcionarios policiales o aduaneros actuantes podrán identificarse en el momento del ingreso mediante la aportación de su número de identificación profesional.
4. Los medios de pago objeto de intervención que como consecuencia del transcurso de los plazos establecidos o de las actuaciones administrativas correspondientes deban ser objeto de devolución, de manera total o parcial, se pondrán a disposición de la persona a la que le fueron intervenidos esos medios de pago en los casos del artículo 34.1 o de las personas obligadas o responsables de la declaración de los movimientos de medios de pago no acompañados previstos en el artículo 34.2, sin perjuicio de la acreditación de un apoderamiento expreso en un tercero de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la intervención realizada afecte a divisas para las que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias no disponga de cuenta en el Banco de España, se procederá a su conversión al euro por la entidad bancaria con carácter previo a su transferencia a las cuentas abiertas a nombre de la Comisión en el Banco de España, salvo que la divisa intervenida no esté cotizada en mercado oficial o concurran otras circunstancias que aconsejen el depósito en efectivo de los fondos, en cuyo caso se depositarán en el Banco de España para su custodia. Cuando como consecuencia del transcurso de los plazos establecidos o de las actuaciones administrativas correspondientes deba procederse a la devolución de todo o parte de la cantidad intervenida objeto de conversión a euros, la cuantía de la devolución se determinará tomando como referencia la cantidad en euros que fue objeto de conversión inmediatamente tras la intervención de la divisa.
5. El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisión para su investigación y a la Secretaría de la Comisión para la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados, en su caso, en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos. El acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.
Contra la intervención provisional de los medios de pago a las personas físicas, los interesados podrán formular reclamación ante la persona titular de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la intervención, que será resuelta en los términos del artículo 61.2.
6. Cuando en el curso de un procedimiento judicial se aprecie incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo precedente, el juzgado o tribunal lo comunicará a la Secretaría de la Comisión, poniendo a su disposición los medios de pago intervenidos no sujetos a responsabilidades penales, procediéndose según lo establecido en este artículo.
Datos clave
- Los funcionarios aduaneros y policiales pueden controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.
- Se interviene provisionalmente la totalidad de los medios de pago, salvo el mínimo de supervivencia fijado por orden ministerial.
- Es información incorrecta la variación del importe declarado respecto del real en más de un 10 % o de 3.000 euros.
- Procede también la intervención si hay indicios de vinculación con una actividad delictiva, aunque se haya declarado o el importe sea inferior al umbral.
- La intervención provisional dura treinta días, ampliables hasta un máximo de noventa días por razones motivadas.
- Los medios intervenidos se ingresan en cuentas a nombre de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- El acta de intervención tiene valor probatorio; contra la intervención cabe reclamación ante la Secretaría de la Comisión en 15 días hábiles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aduanas y policía pueden inspeccionar e intervenir provisionalmente todos los medios de pago no declarados o mal declarados, salvo el mínimo de supervivencia, durante treinta días ampliables hasta noventa.
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Artículo 36. Tratamiento de la información.
La información obtenida como resultado de la obligación de declaración deberá remitirse al Servicio Ejecutivo de la Comisión mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos con uso del soporte informático normalizado que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión. La información relativa a las incautaciones se centralizará en la Secretaría de la Comisión.
La Administración tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a la información a que se refiere el párrafo precedente para el ejercicio de sus competencias.
Datos clave
- La información de las declaraciones se remite al Servicio Ejecutivo de la Comisión por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
- Se usa el soporte informático normalizado que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
- La información sobre incautaciones se centraliza en la Secretaría de la Comisión.
- Tienen acceso a ella la Administración tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de sus competencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información de las declaraciones se envía electrónicamente al Servicio Ejecutivo en su soporte normalizado; las incautaciones se centralizan en la Secretaría, y acceden Hacienda y la policía.
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Artículo 37. Intercambio de información.
La información obtenida a partir de la declaración establecida en el artículo 34 o de los controles a que se refiere el artículo 35 podrá transmitirse a las autoridades competentes de otros Estados.
Cuando haya indicios de relación con el producto de un fraude o con cualquier otra actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros de la Comunidad Europea, dicha información se transmitirá también a la Comisión Europea.
Datos clave
- La información de la declaración del artículo 34 o de los controles del artículo 35 puede transmitirse a las autoridades competentes de otros Estados.
- Si hay indicios de relación con un fraude u otra actividad ilegal que perjudique los intereses financieros de la Comunidad Europea, se transmite también a la Comisión Europea.
- La transmisión a otros Estados es potestativa («podrá»); la transmisión a la Comisión Europea en esos casos es obligatoria («se transmitirá»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información de las declaraciones y controles de medios de pago puede transmitirse a otros Estados y, si hay indicios de fraude contra intereses financieros comunitarios, también a la Comisión Europea.
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Artículo 41. Envío de dinero.
En las operaciones de envío de dinero a que se refiere el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, las transferencias correspondientes deberán cursarse a través de cuentas abiertas en entidades de crédito, tanto en el país de destino de los fondos como en cualquier otro en el que operen los corresponsales en el extranjero o sistemas intermedios de compensación. Las entidades que presten servicios de envío de dinero sólo contratarán con corresponsales en el extranjero o sistemas intermedios de compensación que cuenten con métodos adecuados de liquidación de fondos y de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los fondos así gestionados deberán ser utilizados única y exclusivamente para el pago de las transferencias ordenadas, sin que quepa el empleo de los mismos para otros fines. En todo caso, el abono a los corresponsales que paguen a los beneficiarios de las transferencias se hará necesariamente en cuentas en entidades de crédito abiertas en el país en que se efectúe ese pago.
En todo momento, las entidades a que se refiere este artículo deberán asegurar el seguimiento de la operación hasta su recepción por el beneficiario final, debiendo esta información ser facilitada de conformidad con lo previsto en el artículo 21.
Datos clave
- Las transferencias de envío de dinero deben cursarse a través de cuentas abiertas en entidades de crédito.
- Las entidades de envío de dinero solo contratan con corresponsales o sistemas de compensación con métodos adecuados de liquidación y de prevención.
- Los fondos gestionados se usan única y exclusivamente para el pago de las transferencias ordenadas.
- El abono a los corresponsales se hace en cuentas de entidades de crédito del país en que se efectúe el pago.
- Debe asegurarse el seguimiento de la operación hasta su recepción por el beneficiario final.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El envío de dinero tiene que pasar por cuentas en entidades de crédito, con corresponsales fiables y fondos dedicados solo a pagar las transferencias, siguiendo la operación hasta el beneficiario final.
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Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.
El artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regula el Fichero de Titularidades Financieras.
1. Con la finalidad de prevenir, impedir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago (las entidades declarantes) deberán declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo de cuentas de pago, así como los contratos de alquiler de cajas de seguridad y su periodo de arrendamiento, con independencia de su denominación comercial.
Las declaraciones no incluirán las cajas de seguridad, cuentas y depósitos de las sucursales o filiales de las entidades declarantes españolas en el extranjero.
La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares y de sus titulares reales y los de los representantes o autorizados y cualesquiera otras personas con poderes de disposición. La información de los productos incluirá en todo caso la numeración que los identifique, el tipo de producto declarado y las fechas de apertura y de cancelación; en las cajas de seguridad, la duración del periodo de arrendamiento. Reglamentariamente se podrán determinar otros datos de identificación que deban ser declarados.
2. Los datos declarados se incluyen en un fichero de titularidad pública, denominado Fichero de Titularidades Financieras, del cual es responsable la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión, como encargado del tratamiento, determinará, con arreglo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, las características técnicas del fichero, pudiendo aprobar las instrucciones pertinentes. Su tratamiento de los datos se rige por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, y podrá utilizar la información del fichero para el ejercicio de sus competencias.
3. Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, podrán acceder al Fichero los órganos jurisdiccionales con competencias en la investigación de estos delitos, el Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea en el ejercicio de sus competencias, así como:
- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de los delitos graves.
- Los organismos de recuperación de activos, incluida la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuando les haya sido encomendada la localización de activos por los órganos judiciales o fiscalías, así como en sus funciones de intercambio de información con oficinas análogas de la Unión Europea o instituciones de terceros Estados cuyo fin sea el embargo o decomiso en un procedimiento penal por delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- La Secretaría de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, en el marco de sus competencias de bloqueo de saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en cajas de seguridad abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones terroristas, en virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, y del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo.
- El Centro Nacional de Inteligencia, para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas en su normativa reguladora.
- La Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el ejercicio de sus competencias en materia de prevención y lucha contra el fraude, en los términos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y del artículo 7.3 bis del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Igual acceso dispondrán las Haciendas Forales para esa finalidad.
Toda petición de acceso habrá de realizarse a través de los respectivos puntos únicos de acceso que deberán asignarse a todas estas autoridades y deberá ser adecuadamente motivada por el órgano requirente, que será responsable de la regularidad del requerimiento. En ningún caso podrá requerirse el acceso al Fichero para finalidades distintas de las previstas en este artículo. Los accesos quedarán registrados y los datos de los registros se conservarán por un plazo de 5 años.
4. Sin perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo General del Poder Judicial en relación con los tratamientos con fines jurisdiccionales, un miembro del Ministerio Fiscal designado por el Fiscal General del Estado, conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que durante esta actividad no desarrolle su función en órganos del Ministerio Fiscal encargados de perseguir los delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, velará por el uso adecuado del fichero, a cuyos efectos podrá requerir, con posterioridad a cualquier acceso, justificación completa de los motivos del mismo.
Datos clave
- Entidades declarantes: entidades de crédito, de dinero electrónico y de pago.
- Declaran al Servicio Ejecutivo la apertura o cancelación de cuentas y depósitos y los contratos de alquiler de cajas de seguridad.
- No se declaran las cuentas, depósitos y cajas de sucursales o filiales en el extranjero.
- El responsable del Fichero es la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; el Servicio Ejecutivo es el encargado del tratamiento.
- Pueden acceder órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, Fiscalía Europea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organismos de recuperación de activos, CNI, AEAT y Haciendas Forales.
- Las peticiones se canalizan por puntos únicos de acceso y deben ser motivadas.
- Los accesos se registran y los registros se conservan 5 años.
- Vela por el uso adecuado del Fichero un miembro del Ministerio Fiscal designado por el Fiscal General del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Bancos, entidades de dinero electrónico y de pago declaran al Servicio Ejecutivo la apertura y cancelación de cuentas y el alquiler de cajas de seguridad; con eso se forma un fichero público al que solo acceden autoridades tasadas y por petición motivada.
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Artículo 50. Clases de infracciones.
Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Datos clave
- Las infracciones administrativas de la Ley 10/2010 se clasifican en tres clases.
- Clases: muy graves, graves y leves.
- Las muy graves se tipifican en el artículo 51, las graves en el artículo 52 y las leves en el artículo 53.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones de la ley de prevención del blanqueo de capitales se clasifican en muy graves, graves y leves.
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Artículo 51. Infracciones muy graves.
El artículo 51 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Infracciones muy graves», dispone lo siguiente.
1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes:
a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 18, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
b) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
c) El incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en el artículo 24 o del deber de reserva previsto en los artículos 46.2 y 49.2.e).
d) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.
e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.
f) La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.
g) El incumplimiento de las medidas de suspensión acordadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de conformidad con el artículo 48 bis.6.
2. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones muy graves de la presente Ley las siguientes:
a) El incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.
b) El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.
Datos clave
- Incumplir la comunicación del artículo 18 es muy grave cuando un directivo o empleado hubiera puesto de manifiesto internamente indicios o certeza de blanqueo o financiación del terrorismo.
- Incumplir la colaboración del artículo 21 es muy grave cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- La resistencia u obstrucción a la labor inspectora es muy grave si media requerimiento expreso y por escrito del personal actuante.
- Es muy grave no adoptar las medidas correctoras requeridas por el Comité Permanente cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.
- Reincidencia: infracción grave con sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción en los cinco años anteriores.
- Es muy grave el incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear fondos y de la prohibición de ponerlos a disposición de personas o entidades designadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones muy graves son incumplimientos agravados: no comunicar pese al aviso interno, no colaborar o no corregir tras requerimiento, revelar, obstruir la inspección, reincidir o incumplir dolosamente las congelaciones de fondos.
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Artículo 52. Infracciones graves.
El artículo 52 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Infracciones graves», dispone lo siguiente.
1. Constituirán infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de obligaciones de identificación formal, en los términos del artículo 3.
b) El incumplimiento de las obligaciones de identificación e información del titular real, en los términos de los artículos 4, 4 bis y 4 ter.
c) El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, en los términos del artículo 5.
d) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, en los términos del artículo 6.
e) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes existentes, en los términos del artículo 7.2 y de la Disposición transitoria séptima.
f) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida, en los términos de los artículos 11 a 16.
g) El incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del artículo 17.
h) El incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del artículo 18, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
i) El incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución, en los términos del artículo 19.
j) El incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática, en los términos del artículo 20.
k) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de uno de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
l) El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos, en los términos del artículo 25.
m) El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno en los términos de los artículos 26 y 26 bis, incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa de admisión de clientes.
n) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a atender los reparos u observaciones formulados, en los términos del artículo 26 ter.
ñ) El incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de control interno, con inclusión, en su caso, de las unidades técnicas, que operen en los términos previstos en el artículo 26 ter.
o) El incumplimiento de la obligación de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y al órgano de control interno de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
p) El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos del artículo 26.5.
q) El incumplimiento de la obligación de examen externo, en los términos del artículo 28.
r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29.
s) El incumplimiento de la obligación de adoptar por parte del sujeto obligado las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, en los términos del artículo 30.1.
t) El incumplimiento de la obligación de aplicar respecto de las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países las medidas previstas en el artículo 31.
u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo 42.
v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar la apertura, modificación o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, cuentas de pago y contratos de alquiler de cajas de seguridad, así como de declarar y mantener actualizados los datos de los intervinientes.
w) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando no concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.
x) El establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocio o la ejecución de operaciones prohibidas.
y) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora cuando no haya mediado requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.
2. Salvo que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, las infracciones tipificadas en las letras a), b), c), d), e), f) y l) del apartado anterior podrán ser calificadas como leves cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como meramente ocasional o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento.
3. Constituirán infracciones graves de la presente Ley:
a) El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago, en los términos del artículo 34.
b) El incumplimiento por fundaciones o asociaciones de las obligaciones establecidas en el artículo 39.
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, salvo que deba calificarse como muy grave de conformidad con el artículo 51.1.b).
4. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones graves de la presente Ley:
a) El incumplimiento de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
b) El incumplimiento de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
c) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las autoridades competentes establecidas específicamente en los Reglamentos comunitarios.
5. Constituirán infracciones graves de la presente ley los incumplimientos recogidos en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023.
Asimismo, será considerado infracción grave de la presente ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 24 y 26 respecto de los proveedores de servicios de pago y de los proveedores de servicios de criptoactivos del Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023.
Datos clave
- El apartado 1 tipifica como graves los incumplimientos de diligencia debida, comunicación, conservación de documentos, control interno, formación y examen externo, entre otros (letras a) a y)).
- La resistencia u obstrucción a la labor inspectora es grave cuando no haya mediado requerimiento expreso y por escrito del personal actuante.
- Las infracciones de las letras a), b), c), d), e), f) y l) pueden calificarse como leves si el incumplimiento es meramente ocasional o aislado y no concurren indicios o certeza de blanqueo.
- Es grave incumplir la obligación de declaración de movimientos de medios de pago del artículo 34.
- Es grave el incumplimiento por fundaciones o asociaciones de las obligaciones del artículo 39.
- Es grave incumplir la obligación de congelar o bloquear fondos, o la prohibición de ponerlos a disposición de personas designadas, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
- También son graves los incumplimientos del artículo 29 y de los artículos 4 a 24 y 26 del Reglamento (UE) 2023/1113.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El catálogo de infracciones graves recoge casi todas las obligaciones de la ley: diligencia debida, comunicación, conservación, control interno, formación, examen externo, declaración de medios de pago y congelación de fondos no dolosa.
Esquema
| Muy grave | Grave | |
|---|---|---|
| Colaboración (art. 21) | Requerimiento escrito de la Comisión | Requerimiento escrito de un órgano de apoyo |
| Obstrucción a la inspección | Con requerimiento expreso y por escrito | Sin ese requerimiento |
| Medidas correctoras | Deliberadamente rebelde | Sin voluntad rebelde |
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Artículo 53. Infracciones leves.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la presente Ley que no constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo previsto en los dos artículos precedentes.
Datos clave
- Son leves los incumplimientos de obligaciones de la Ley que no constituyan infracción muy grave ni grave.
- Se aplica sin perjuicio del artículo 52.2, que permite calificar como leves determinadas infracciones graves ocasionales o aisladas.
- Las infracciones leves se sancionan conforme al artículo 58.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones leves son la categoría residual: todo incumplimiento de obligaciones específicas de la Ley que no sea muy grave ni grave, sin perjuicio del artículo 52.2.
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Artículo 54. Responsabilidad de administradores y directivos.
Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de simple inobservancia, quienes ejerzan en el mismo cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
Datos clave
- El sujeto obligado responde aun a título de simple inobservancia.
- Responden además quienes ejerzan cargos de administración o dirección, unipersonales o colegiados.
- La responsabilidad de administradores y directivos exige que la infracción sea imputable a su conducta dolosa o negligente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Además del sujeto obligado, responden de las infracciones sus administradores y directivos, unipersonales o colegiados, cuando la infracción sea imputable a su conducta dolosa o negligente.
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Artículo 55. Exigibilidad de la responsabilidad administrativa.
La responsabilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun cuando con posterioridad al incumplimiento el sujeto obligado hubiera cesado en su actividad o hubiera sido revocada su autorización administrativa para operar.
En el caso de sociedades disueltas, los antiguos socios responderán solidariamente de las sanciones administrativas pecuniarias impuestas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los directivos, administradores o liquidadores.
Datos clave
- La responsabilidad es exigible aunque el sujeto obligado haya cesado en su actividad tras el incumplimiento.
- También es exigible aunque se haya revocado su autorización administrativa para operar.
- En sociedades disueltas, los antiguos socios responden solidariamente de las sanciones pecuniarias hasta el límite de su cuota de liquidación.
- Esa responsabilidad de los socios se entiende sin perjuicio de la de directivos, administradores o liquidadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad no se esquiva cerrando: es exigible aunque el sujeto obligado cese o pierda la autorización, y en sociedades disueltas responden los antiguos socios hasta su cuota de liquidación.
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Artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves.
El artículo 56 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Sanciones por infracciones muy graves», dispone lo siguiente.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros.
b) Amonestación pública.
c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la suspensión temporal o revocación de ésta.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).
2. Si el sujeto obligado sancionado es una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que tenga que establecer cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total a considerar para el cálculo de la sanción máxima a imponer, será el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso correspondiente, conforme a las Directivas sobre contabilidad pertinentes, según la cuenta consolidada más reciente disponible, aprobada por el órgano de gestión de la empresa matriz.
3. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 10.000.000 euros.
b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de diez años.
c) Amonestación pública.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá aplicarse simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).
4. En todos los casos, las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
5. Acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podrá:
a) retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la suspensión;
b) acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.
Datos clave
- Multa por infracción muy grave: mínimo de 150.000 euros.
- Máximo: la mayor cifra entre el 10 % del volumen de negocios anual total, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo de los beneficios derivados o 10.000.000 euros.
- La multa es obligatoria y se impone simultáneamente con amonestación pública o con suspensión temporal o revocación de la autorización.
- A administradores y directivos responsables: multa de entre 60.000 y 10.000.000 euros cada uno.
- Separación del cargo con inhabilitación por un plazo máximo de diez años.
- La publicación de la amonestación pública puede retrasarse o no acordarse si perjudica una investigación en marcha o la estabilidad de los mercados financieros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por infracción muy grave la multa es obligatoria, de 150.000 euros como mínimo y con un máximo que es la cifra mayor entre cuatro referencias, y siempre va con amonestación pública o con suspensión o revocación de la autorización.
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Artículo 57. Sanciones por infracciones graves.
El artículo 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Sanciones por infracciones graves», dispone lo siguiente.
1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Multa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 euros. A los efectos del cálculo del volumen de negocios anual, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 56.2.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
d) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la suspensión temporal de ésta.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con una de las previstas en las letras b) a d).
2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones graves, se podrán imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, o la función de experto externo, fueran responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 5.000.000 euros.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
d) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de cinco años.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) a d).
3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34 se impondrán las siguientes sanciones:
a) Multa, cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 por ciento del valor de los medios de pago empleados.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con una de las previstas en las letras b) o c).
4. En todos los casos, las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
5. Acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podrá:
a) retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la suspensión;
b) acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.
Datos clave
- Multa por infracción grave: mínimo de 60.000 euros.
- Máximo: la mayor cifra entre el 10 % del volumen de negocios anual total, el tanto del contenido económico de la operación más un 50 %, el triple de los beneficios derivados o 5.000.000 euros.
- La multa es obligatoria y se impone con amonestación pública, amonestación privada o suspensión temporal de la autorización.
- A administradores, directivos o experto externo responsables: multa de entre 3.000 y 5.000.000 euros.
- Separación del cargo con inhabilitación por un plazo máximo de cinco años.
- Incumplir la declaración del artículo 34: multa de 600 euros como mínimo y hasta el 50 % del valor de los medios de pago empleados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por infracción grave la multa obligatoria parte de 60.000 euros con tope en la mayor de cuatro cifras, siempre con otra sanción; los directivos y el experto externo responden con 3.000 a 5.000.000 euros, y no declarar medios de pago se multa desde 600 euros.
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Artículo 58. Sanciones por infracciones leves.
El artículo 58 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Sanciones por infracciones leves», dispone lo siguiente.
Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.
Estas sanciones podrán ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
Datos clave
- Sanciones por infracción leve: amonestación privada.
- Multa por importe de hasta 60.000 euros.
- Pueden ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones leves se sancionan con amonestación privada o multa de hasta 60.000 euros, y el requerimiento de cese aquí es potestativo.
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Artículo 59. Graduación de las sanciones.
El artículo 59 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Graduación de las sanciones», dispone lo siguiente.
1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) La cuantía de las operaciones afectadas por el incumplimiento.
b) Los beneficios obtenidos como consecuencia de las omisiones o actos constitutivos de la infracción.
c) La circunstancia de haber procedido o no a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
d) Las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones de distinto tipo impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco años con arreglo a esta ley.
e) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el sujeto obligado.
f) La gravedad y duración de la infracción.
g) Las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento.
h) La capacidad económica del inculpado, cuando la sanción sea de multa.
i) El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
En todo caso, se graduará la sanción de modo que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 56.3, 57.2 y 58, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
a) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en relación con las exigencias previstas en esta ley.
c) El carácter de la representación que el interesado ostente.
d) La capacidad económica del interesado, cuando la sanción sea multa.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o actos constitutivos de la infracción.
f) Las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento.
g) El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
3. Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, se considerarán como agravantes las siguientes circunstancias:
a) La notoria cuantía del movimiento, considerándose en todo caso como tal aquélla que duplique el umbral de declaración.
b) La falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago.
c) La incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuantía del movimiento.
d) La circunstancia de ser hallados los medios de pago en lugar o situación que muestre una clara intención de ocultarlos.
e) Las sanciones firmes en vía administrativa por incumplimiento de la obligación de declaración impuestas al interesado en los últimos cinco años.
f) El grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.
Datos clave
- Criterios de graduación del apartado 1: cuantía de las operaciones, beneficios obtenidos, subsanación por propia iniciativa, sanciones firmes de distinto tipo en los últimos cinco años, intencionalidad, gravedad y duración, pérdidas para terceros, capacidad económica y cooperación.
- La sanción se gradúa de modo que infringir no resulte más beneficioso que cumplir las normas.
- Para las sanciones de los artículos 56.3, 57.2 y 58 se valoran, entre otras, la conducta anterior del interesado y el carácter de su representación.
- En la declaración del artículo 34 es agravante la notoria cuantía del movimiento, que en todo caso es la que duplica el umbral de declaración.
- También son agravantes la falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago y su hallazgo en lugar o situación que muestre una clara intención de ocultarlos.
- Son agravantes las sanciones firmes por incumplir la obligación de declaración en los últimos cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sanción se gradúa con criterios tasados, distintos para el sujeto obligado, para los directivos y para quien no declara medios de pago; en todo caso, infringir nunca debe salir más rentable que cumplir.
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Artículo 60. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
El artículo 60 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Prescripción de las infracciones y de las sanciones», dispone lo siguiente.
1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos años, contados desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume. En el caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida el plazo de prescripción se contará desde la fecha de terminación de la relación de negocios, y en el de conservación de documentos desde la expiración del plazo al que se refiere el artículo 25.
La prescripción se interrumpirá por cualquier acción de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, realizada con conocimiento formal de los sujetos obligados, conducente a la inspección, supervisión o control de todas o parte de las obligaciones recogidas en esta Ley. También se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de los interesados, del procedimiento sancionador o de un proceso penal por los mismos hechos, o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible.
2. Las sanciones que se impongan conforme a esta Ley prescribirán a los tres años en caso de infracciones muy graves, a los dos años en caso de infracciones graves, y al año en caso de infracciones leves, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora.
La prescripción se interrumpirá cuando se acuerde administrativa o judicialmente la suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora.
Datos clave
- Las infracciones muy graves y graves prescriben a los cinco años; las leves, a los dos años.
- En infracciones continuadas, el cómputo empieza al finalizar la actividad o en el último acto con que se consume la infracción.
- En diligencia debida, el plazo se cuenta desde la terminación de la relación de negocios; en conservación de documentos, desde que expira el plazo del artículo 25.
- Las sanciones prescriben a los tres años (muy graves), a los dos años (graves) y al año (leves), desde la notificación de la resolución sancionadora.
- La prescripción de las sanciones se interrumpe cuando se acuerda administrativa o judicialmente la suspensión de su ejecución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones muy graves y graves prescriben a los cinco años y las leves a los dos; las sanciones, a los tres años, a los dos y al año, con reglas especiales para el inicio del cómputo.
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Artículo 61. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
El artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, bajo la rúbrica «Procedimiento sancionador y medidas cautelares», dispone lo siguiente.
1. La incoación y, en su caso, el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de las infracciones previstas en esta Ley corresponderá al Comité Permanente, a propuesta de la Secretaría de la Comisión.
La competencia para incoar o acordar el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34 corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
2. La instrucción de los procedimientos sancionadores a que hubiera lugar por la comisión de infracciones previstas en esta ley corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador podrá acordar, al tiempo de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, la constitución de garantía suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que hubiera lugar. En el caso de los procedimientos por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, de conformidad con el artículo 35.2 se entenderá constituida en garantía, pudiendo acordarse por el secretario de la Comisión durante la instrucción del procedimiento sancionador la ampliación o reducción de la referida garantía.
En el caso de que hubiera sido interpuesta por el interesado reclamación contra la intervención provisional de medios de pago en los términos previstos en el artículo 35.5, la persona titular de la Secretaría de la Comisión resolverá dicha reclamación, en su caso, en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, pudiendo el interesado formular las alegaciones que considere oportunas, que serán resueltas en la resolución por la que se acuerde la terminación del procedimiento administrativo sancionador.
El procedimiento sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas.
3. Será competente para imponer las sanciones por infracciones muy graves el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. Será competente para imponer las sanciones por infracciones graves el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Será competente para imponer las sanciones por infracciones leves el Director General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del instructor.
Cuando el inculpado sea una entidad financiera o precise de autorización administrativa para operar, será preceptivo para la imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves solicitar de la institución u órgano administrativo responsable de su supervisión informe sobre la posible incidencia de la sanción o sanciones propuestas sobre la estabilidad de la entidad objeto del procedimiento.
La competencia para resolver los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34 corresponderá, a propuesta del instructor y previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión, al Director General del Tesoro y Política Financiera, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
4. En los procedimientos sancionadores instruidos por la Secretaría de la Comisión el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de un año a contar desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la posibilidad de suspensión por el instructor del cómputo del plazo en los supuestos señalados en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la ampliación en seis meses adicionales de dicho plazo máximo que podrá acordarse motivadamente por el Secretario de la Comisión, a propuesta del instructor, al amparo de lo previsto en el artículo 49 de la misma Ley.
El transcurso de los plazos establecidos en el apartado precedente determinará la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, debiendo procederse a dictar nuevo acuerdo de incoación en tanto no haya prescrito la infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.
5. La ejecución de las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, será ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo en todo caso publicada en el “Boletín Oficial del Estado” y en la página web de la Comisión, donde permanecerá disponible durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de tramitación del recurso y el resultado del mismo.
6. En aquellos supuestos en que la resolución del expediente sancionador no acuerde la imposición de una sanción de amonestación pública, la Secretaría de la Comisión publicará en la página web de la Comisión las sanciones firmes en vía administrativa impuestas por la comisión de infracciones tipificadas en los artículos 51 y 52, con excepción de las tipificadas en el apartado 3.a), indicando el tipo y naturaleza de la infracción cometida y la sanción o sanciones impuestas por cada una de las infracciones cometidas, pero sin identificar a la entidad, persona o personas responsables de la infracción. Esta información permanecerá disponible en la web de la Comisión por un plazo de cinco años.
7. La Secretaría de la Comisión informará a la Autoridad Bancaria Europea de todas las sanciones impuestas a las entidades de crédito y financieras, incluido cualquier recurso que se haya podido interponer contra las mismas y su resultado.
Datos clave
- Incoación y sobreseimiento: Comité Permanente, a propuesta de la Secretaría de la Comisión; si se trata de la declaración del artículo 34, la Secretaría de la Comisión.
- La instrucción corresponde a la Secretaría de la Comisión.
- Sanciones muy graves: Consejo de Ministros; graves: Ministro de Economía y Hacienda; leves: Director General del Tesoro y Política Financiera.
- Declaración del artículo 34: resuelve el Director General del Tesoro y Política Financiera, previo informe del Servicio Ejecutivo, y sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
- Plazo máximo para resolver y notificar: un año desde la notificación del acuerdo de incoación, ampliable seis meses; su transcurso determina la caducidad.
- La amonestación pública firme se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y en la web de la Comisión durante cinco años.
- La Secretaría de la Comisión informa a la Autoridad Bancaria Europea de las sanciones a entidades de crédito y financieras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reparto de papeles en el procedimiento sancionador: incoa el Comité Permanente, instruye la Secretaría, sancionan el Consejo de Ministros, el Ministro o el Director General según la gravedad, con un año para resolver.
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Artículo 62. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal.
1. Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley se entenderán sin perjuicio de las previstas en otras leyes y de las acciones y omisiones tipificadas como delito y de las penas previstas en el Código Penal y leyes penales especiales, salvo lo establecido en los apartados siguientes.
2. No podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico.
3. En cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador en que se estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Secretaría de la Comisión dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas al efecto y acordará la suspensión de aquél hasta que se reciba la comunicación a que se refiere el primer párrafo del apartado siguiente o hasta que recaiga resolución judicial.
4. Si el Ministerio Fiscal no encontrara méritos para proceder penalmente contra todos o alguno de los sujetos obligados, lo comunicará a la Secretaría de la Comisión para que pueda continuar el procedimiento administrativo sancionador.
Si, por el contrario, el Ministerio Fiscal interpusiera denuncia o querella, comunicará dicha circunstancia a la Secretaría de la Comisión, así como, cuando se produzca, el resultado de tales actuaciones.
5. La resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador deberá respetar, en todo caso, los hechos declarados probados en la sentencia.
Datos clave
- Las infracciones y sanciones de la ley se entienden sin perjuicio de las de otras leyes y del Código Penal.
- No se sanciona lo ya sancionado penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico.
- Si los hechos pueden ser delito, la Secretaría de la Comisión da traslado al Ministerio Fiscal y suspende el procedimiento.
- Si el Fiscal no aprecia méritos, se continúa el procedimiento administrativo sancionador.
- La resolución administrativa respetará los hechos declarados probados en la sentencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Establece que las sanciones de esta Ley son compatibles con las de otras leyes, salvo que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento con lo ya sancionado, y regula la relación del expediente con la vía penal.
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Artículo 63. Comunicación de infracciones.
1. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones contempladas en esta ley, los podrán poner en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
2. Las comunicaciones serán remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por escrito e incorporarán todos los documentos e informaciones sobre los hechos denunciados que permitan justificar la denuncia. Mediante orden del Ministro de Economía y Empresa se aprobará el modelo de comunicación y se establecerán las características y requisitos del canal de recepción de comunicaciones, a fin de asegurar su confidencialidad y seguridad.
3. Los programas de formación de las entidades deberán incluir la información sobre la existencia de estos mecanismos.
Datos clave
- Empleados, directivos y agentes pueden comunicar posibles infracciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
- Las comunicaciones se remiten por escrito, con los documentos que justifiquen la denuncia.
- El modelo y el canal de recepción se aprueban por orden del Ministro de Economía y Empresa.
- El canal debe asegurar la confidencialidad y seguridad.
- Los programas de formación incluirán información sobre estos mecanismos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Empleados, directivos y agentes pueden denunciar posibles infracciones ante el Servicio Ejecutivo por escrito y con documentos, a través de un canal confidencial que se aprueba por orden ministerial.
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Artículo 64. Tratamiento de las comunicaciones.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión determinará si existe o no sospecha fundada de infracción en las comunicaciones recibidas de conformidad con el artículo 63. De no existir sospecha fundada o cuando no se concreten suficientemente los hechos o personas responsables de la infracción, requerirá a la persona comunicante para que aclare el contenido de la comunicación realizada, o lo complemente con nueva información, concediendo un plazo para ello no inferior a 15 días. Transcurrido el plazo fijado para la aclaración o aportación de nueva información, sin que pueda determinarse sospecha fundada, se procederá al archivo de la comunicación.
2. Las comunicaciones recibidas no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporadas directamente al procedimiento administrativo. Si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la Administración, el Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los supervisores de las entidades financieras, en caso de convenio de los previstos en el artículo 44. 2 m) de la ley, podrán:
a) Utilizar la información obtenida para la definición del nuevo plan de inspección.
b) Realizar actuaciones adicionales de inspección, que podrán llevarse a cabo de manera independiente o incardinarse en las acciones de supervisión planificadas en el contexto del desarrollo del plan anual de inspección aprobado.
3. Los resultados de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión serán remitidas a la Secretaría de la Comisión, que las elevará a la consideración del Comité Permanente. Cuando las actuaciones de comprobación pongan de manifiesto la posible existencia de un ilícito penal, la información será remitida al Ministerio Fiscal para su investigación.
Datos clave
- El Servicio Ejecutivo determina si existe sospecha fundada de infracción.
- Puede requerir aclaraciones al comunicante con un plazo no inferior a 15 días.
- Sin sospecha fundada tras el plazo, se archiva la comunicación.
- Las comunicaciones no tienen valor probatorio ni se incorporan directamente al procedimiento.
- Pueden servir para el nuevo plan de inspección o para actuaciones adicionales de inspección.
- Los resultados se remiten a la Secretaría de la Comisión, que los eleva al Comité Permanente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Servicio Ejecutivo filtra las denuncias de empleados: si no hay sospecha fundada pide aclaración y, si no llega, archiva. Las denuncias no son prueba, pero pueden orientar la inspección.
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Artículo 65. Protección de las personas.
1. Las comunicaciones realizadas al amparo del artículo 63:
a) no constituirán violación o incumplimiento de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que pudieran afectar a la persona comunicante, a las personas estrechamente vinculadas con ésta, a las sociedades que administre o de las que sea titular real;
b) no constituirán infracción de ningún tipo en el ámbito de la normativa laboral por parte de la persona comunicante, ni de ella podrá derivar trato injusto o discriminatorio por parte del empleador;
c) no generarán ningún derecho de compensación o indemnización a favor de la empresa a la que presta servicios la persona comunicante o de un tercero.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión informará de los diferentes mecanismos legales que la normativa en vigor habilita para la garantía de estos derechos.
3. Las comunicaciones tendrán carácter confidencial, no pudiendo desvelar el Servicio Ejecutivo de la Comisión los datos identificativos de las personas que las hubieran realizado. En el caso de que, como consecuencia de la comunicación realizada, se inicie un expediente sancionador contra una persona física o jurídica, no se incluirán en ningún caso los datos de la persona que llevó a cabo la comunicación.
4. La comunicación realizada al amparo de lo previsto en el artículo 63 no conferirá por sí sola la condición de interesado en el procedimiento administrativo que pudiera iniciarse contra el infractor.
5. Las personas expuestas a amenazas, acciones hostiles o medidas laborales adversas por comunicar por vía interna o al Servicio Ejecutivo de la Comisión comunicaciones sobre actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo podrán presentar una reclamación ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. en los términos previstos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En los casos en los que el sujeto obligado no haya adoptado las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, en los términos del artículo 30.1, será de aplicación el artículo 52.1.s).
Datos clave
- Las comunicaciones del artículo 63 no constituyen violación de restricciones sobre divulgación de información.
- No constituyen infracción laboral del comunicante ni generan derecho de compensación o indemnización a favor de la empresa.
- Tienen carácter confidencial y no se desvelan los datos del comunicante.
- No confieren por sí solas la condición de interesado en el procedimiento.
- Las personas expuestas a represalias pueden reclamar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
- Si no se protege la confidencialidad del artículo 30.1, se aplica el artículo 52.1.s).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien denuncia infracciones al Servicio Ejecutivo queda blindado: no vulnera deberes de reserva ni incurre en infracción laboral, su identidad es confidencial y puede reclamar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante si sufre represalias.
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Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Objeto», dispone lo siguiente.
El presente Reglamento establece un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión a fin de complementar el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo previsto en la Directiva (UE) 2015/849.
Datos clave
- El Reglamento establece un sistema de controles sobre la entrada o salida de efectivo de la Unión.
- Su finalidad es complementar el marco jurídico de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Ese marco es el previsto en la Directiva (UE) 2015/849.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Reglamento crea un sistema de controles del efectivo que entra o sale de la Unión, como complemento de la Directiva (UE) 2015/849 contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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Artículo 2. Definiciones.
El artículo 2 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Definiciones», dispone lo siguiente.
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «efectivo» :
i) el dinero en metálico,
ii) los efectos negociables al portador,
iii) las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez,
iv) las tarjetas de prepago;
b) «entrada o salida de la Unión» : la procedencia de un territorio situado fuera del territorio comprendido en el artículo 355 del TFUE con destino al territorio comprendido en dicho artículo, o el abandono del territorio comprendido en dicho artículo;
c) «dinero en metálico» : los billetes de banco y monedas metálicas que estén en circulación como instrumento de cambio o que hayan estado en circulación como instrumento de cambio y aún puedan cambiarse a través de instituciones financieras o bancos centrales por billetes de banco y monedas metálicas que estén en circulación como instrumento de cambio;
d) «efectos negociables al portador» : instrumentos distintos del dinero en metálico que, previa presentación, den a sus titulares derecho a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Estos instrumentos son:
i) los cheques de viaje, y
ii) los cheques, pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la entrega;
e) «materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez» : un bien, como se enumera en el anexo I, punto 1, que presente una ratio valor/volumen elevada y que pueda convertirse fácilmente en dinero en metálico a través de mercados de negociación accesibles con unos costes de transacción solo exiguos;
f) «tarjeta de prepago» : una tarjeta no nominativa, como se enumera en el anexo I, punto 2, que almacene o brinde acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, cuando dicha tarjeta no esté vinculada a una cuenta bancaria;
g) «autoridades competentes» : las autoridades aduaneras de los Estados miembros y cualesquiera otras autoridades facultadas por los Estados miembros para aplicar el presente Reglamento;
h) «portador» : cualquier persona física que entre o salga de la Unión transportando efectivo consigo, en su equipaje o en su medio de transporte;
i) «efectivo no acompañado» : el efectivo que forma parte de un envío sin portador;
j) «actividad delictiva» : cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 3, punto 4, de la Directiva (UE) 2015/849;
k) «unidad de inteligencia financiera (UIF)» : la entidad establecida en un Estado miembro a efectos de la aplicación del artículo 32 de la Directiva (UE) 2015/849.
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 del presente Reglamento en lo referente a la modificación de su anexo I para tener en cuenta las nuevas tendencias que surjan en el blanqueo de capitales, tal como se define en el artículo 1, apartados 3 y 4 de la Directiva (UE) 2015/849, o la financiación del terrorismo, tal como se define en el artículo 1, apartado 5, de dicha Directiva, o para tener en cuenta las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o a fin de evitar el uso por los delincuentes de materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez y de tarjetas de prepago para eludir las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 del presente Reglamento.
Datos clave
- Efectivo: dinero en metálico, efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez y tarjetas de prepago.
- Efectos negociables al portador: cheques de viaje y cheques, pagarés u órdenes de pago al portador o cuya titularidad se transmita a la entrega.
- Tarjeta de prepago: tarjeta no nominativa no vinculada a una cuenta bancaria.
- Autoridades competentes: las autoridades aduaneras y cualesquiera otras facultadas por los Estados miembros.
- Portador: persona física que entra o sale de la Unión con efectivo consigo, en su equipaje o en su medio de transporte.
- Efectivo no acompañado: el que forma parte de un envío sin portador.
- La Comisión puede modificar el anexo I mediante actos delegados conforme al artículo 15.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
«Efectivo» es mucho más que billetes: incluye efectos negociables al portador, materias primas de gran liquidez y tarjetas de prepago. Además, distingue portador y efectivo no acompañado.
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Artículo 3. Obligación de declarar el efectivo acompañado.
El artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Obligación de declarar el efectivo acompañado», dispone lo siguiente.
1. Los portadores que transporten efectivo por un importe igual o superior a 10 000 EUR deberán declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de control. La obligación de declarar el efectivo no se considerará cumplida si la información facilitada es incorrecta o incompleta, o el efectivo no se exhibe para su control.
2. La declaración a que se refiere el apartado 1 deberá incluir datos relativos a:
a) el portador, a saber, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identificación;
b) el propietario del efectivo, a saber, si es persona física, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identificación, o, si es persona jurídica, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección), número de inscripción registral y, si se dispone del dato, número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA);
c) si se dispone de los datos, el destinatario previsto del efectivo, a saber, si es persona física, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identificación, o, si es persona jurídica, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección), número de inscripción registral y, si se dispone del dato, número de identificación a efectos del IVA;
d) la naturaleza y el importe o valor del efectivo;
e) la procedencia económica del efectivo;
f) el uso al que se vaya a destinar el efectivo;
g) el itinerario de transporte, y
h) el medio de transporte.
3. Los datos enumerados en el apartado 2 del presente artículo se facilitarán por escrito o por vía electrónica, utilizando el formulario de declaración a que se refiere el artículo 16, apartado 1, letra a). Previa solicitud, se entregará al declarante una copia autenticada de la declaración.
Datos clave
- Umbral: efectivo por importe igual o superior a 10 000 EUR.
- Se declara a las autoridades competentes del Estado miembro por el que se entre o salga de la Unión y se pone a su disposición para control.
- La obligación no se cumple si la información es incorrecta o incompleta o el efectivo no se exhibe para su control.
- La declaración incluye portador, propietario, destinatario previsto, naturaleza e importe, procedencia económica, uso, itinerario y medio de transporte.
- Se presenta por escrito o por vía electrónica con el formulario del artículo 16; previa solicitud se entrega copia autenticada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien entre o salga de la Unión con 10 000 EUR o más en efectivo debe declararlo y exhibirlo; una declaración incorrecta o incompleta equivale a no declarar.
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Artículo 4. Obligación de informar del efectivo no acompañado.
El artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Obligación de informar del efectivo no acompañado», dispone lo siguiente.
1. Cuando un importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR entre o salga de la Unión, las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga de la Unión podrán exigir que el remitente o el destinatario del efectivo, o su representante, según el caso, realicen una declaración informativa en un plazo de treinta días. Las autoridades competentes podrán intervenir el efectivo hasta que el remitente o el destinatario, o su representante, realicen la declaración informativa del efectivo. La obligación de informar del efectivo no acompañado no se considerará cumplida cuando la declaración no se realice antes de que expire el plazo, la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para someterlo a control.
2. La declaración informativa deberá incluir datos relativos a:
a) el declarante, a saber, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identificación;
b) el propietario del efectivo, a saber, si es persona física, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número de documento de identificación, o, si es persona jurídica, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección), número de inscripción registral y, si se dispone del dato, número de identificación a efectos del IVA;
c) el remitente del efectivo, a saber, si es persona física, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número de documento de identificación, o, si es persona jurídica, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección), número de inscripción registral y, si se dispone del dato, número de identificación a efectos del IVA;
d) el destinatario o el destinatario previsto del efectivo, a saber, si es persona física, nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número de documento de identificación, o, si es persona jurídica, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección), número de inscripción registral y, si se dispone del dato, número de identificación a efectos del IVA;
e) la naturaleza y el importe o valor del efectivo;
f) la procedencia económica del efectivo, y
g) el uso al que se vaya a destinar el efectivo.
3. Los datos enumerados en el apartado 2 del presente artículo se facilitarán por escrito o por vía electrónica, utilizando el formulario de información a que se refiere el artículo 16, apartado 1, letra a). Previa solicitud, se entregará al declarante una copia autenticada de la declaración informativa de efectivo.
Datos clave
- Efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR que entre o salga de la Unión.
- Las autoridades pueden exigir al remitente, al destinatario o a su representante una declaración informativa en un plazo de treinta días.
- Pueden intervenir el efectivo hasta que se realice la declaración informativa.
- Se incumple si no se declara antes de que expire el plazo, la información es incorrecta o incompleta o el efectivo no se pone a disposición para su control.
- Se facilita por escrito o por vía electrónica con el formulario del artículo 16; previa solicitud se entrega copia autenticada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para el efectivo no acompañado de 10 000 EUR o más, la declaración no es automática: la autoridad puede exigirla al remitente, al destinatario o a su representante en treinta días e intervenir el efectivo mientras tanto.
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Artículo 5. Facultades de las autoridades competentes.
El artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Facultades de las autoridades competentes», dispone lo siguiente.
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declarar el efectivo acompañado prevista en el artículo 3, las autoridades competentes estarán facultadas para controlar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho nacional.
2. A efectos de la aplicación de la obligación de informar del efectivo no acompañado prevista en el artículo 4, las autoridades competentes estarán facultadas para controlar cualquier envío, receptáculo o medio de transporte que pueda contener efectivo no acompañado, de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho nacional.
3. Cuando no se haya cumplido la obligación de declarar el efectivo acompañado prevista en el artículo 3 o la obligación de informar del efectivo no acompañado prevista en el artículo 4, las autoridades competentes redactarán, por escrito o por vía electrónica, una declaración de oficio que contendrá, en la medida de lo posible, los datos enumerados en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 4, apartado 2, según corresponda.
4. Los controles se basarán principalmente en un análisis de riesgos, con objeto de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias, y se efectuarán ateniéndose al marco común de gestión de riesgos, de conformidad con los criterios a que se refiere el artículo 16, apartado 1, letra b), que también deberán tener en cuenta las evaluaciones de riesgos elaboradas por la Comisión y por las UIF en virtud de la Directiva (UE) 2015/849.
5. A efectos del artículo 6, las autoridades competentes ejercerán asimismo las facultades que se les confieren con arreglo al presente artículo.
Datos clave
- Para el efectivo acompañado pueden controlarse las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.
- Para el no acompañado puede controlarse cualquier envío, receptáculo o medio de transporte.
- Si se incumple la obligación de declarar o de informar, las autoridades redactan una declaración de oficio.
- Los controles se basan principalmente en un análisis de riesgos y en el marco común de gestión de riesgos.
- Se tienen en cuenta las evaluaciones de riesgos de la Comisión y de las UIF conforme a la Directiva (UE) 2015/849.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué pueden controlar las autoridades según el efectivo vaya acompañado o no, qué hacen si no se declara (declaración de oficio) y cómo se eligen los controles: por análisis de riesgos.
Esquema
| Efectivo acompañado | Efectivo no acompañado | |
|---|---|---|
| Obligación que se comprueba | Declarar (artículo 3) | Informar (artículo 4) |
| Objeto del control | Personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte | Cualquier envío, receptáculo o medio de transporte |
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Artículo 6. Importes inferiores al umbral que podrían estar vinculados a actividades delictivas.
El artículo 6 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Importes inferiores al umbral que podrían estar vinculados a actividades delictivas», dispone lo siguiente.
1. Cuando las autoridades competentes detecten a un portador que transporte un importe de efectivo inferior al umbral a que se refiere el artículo 3 y existan indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, consignarán esa información y los datos enumerados en el artículo 3, apartado 2.
2. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o salida de la Unión de efectivo no acompañado inferior al umbral a que se refiere el artículo 4 y existan indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, consignarán esa información y los datos enumerados en el artículo 4, apartado 2.
Datos clave
- Se aplica a importes de efectivo inferiores a los umbrales de los artículos 3 y 4.
- Requiere indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva.
- Las autoridades consignan esa información y los datos del artículo 3, apartado 2 (acompañado) o del artículo 4, apartado 2 (no acompañado).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aunque no se llegue al umbral, si hay indicios de vínculo con una actividad delictiva, las autoridades consignan esa información y los datos de la declaración correspondiente.
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Artículo 7. Intervención temporal de efectivo por las autoridades competentes.
El artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Intervención temporal de efectivo por las autoridades competentes», dispone lo siguiente.
1. Las autoridades competentes podrán intervenir temporalmente el efectivo, mediante decisión administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho nacional, cuando:
a) no se haya cumplido la obligación de declarar el efectivo acompañado prevista en el artículo 3 o la obligación de informar del efectivo no acompañado prevista en el artículo 4, o
b) existan indicios de que el efectivo, sea cual fuere el importe, está vinculado a una actividad delictiva.
2. La decisión administrativa mencionada en el apartado 1 será impugnable por vías de recurso efectivas de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional. Las autoridades competentes notificarán una motivación de la decisión administrativa a:
a) la persona obligada a efectuar la declaración con arreglo al artículo 3 o la declaración informativa con arreglo al artículo 4, o
b) la persona obligada a facilitar la información con arreglo al artículo 6, apartados 1 o 2.
3. El período de intervención temporal se limitará al tiempo estrictamente necesario, de acuerdo con el Derecho nacional, para permitir a las autoridades competentes determinar si las circunstancias del caso justifican una prórroga de la intervención. El período de intervención temporal no excederá de treinta días. Las autoridades competentes harán una evaluación exhaustiva de la necesidad y proporcionalidad de una prórroga de la intervención temporal, tras lo cual podrán decidir ampliar el período de la intervención temporal hasta un máximo de 90 días.
En caso de que, en ese período, no se adopte decisión alguna acerca de la prórroga del período de intervención del efectivo o en caso de que se determine que las circunstancias no justifican dicha prórroga, el efectivo se pondrá inmediatamente a disposición de:
a) la persona a la que le fue intervenido temporalmente el efectivo en las situaciones mencionadas en los artículos 3 y 4, o
b) la persona a la que le fue intervenido temporalmente el efectivo en las situaciones mencionadas en el artículo 6, apartados 1 y 2.
Datos clave
- La intervención temporal se acuerda mediante decisión administrativa conforme al Derecho nacional.
- Procede si se incumple la obligación de declarar o de informar, o si hay indicios de vinculación con una actividad delictiva, sea cual fuere el importe.
- La decisión es impugnable por vías de recurso efectivas y debe notificarse motivada.
- El período de intervención temporal no excede de treinta días.
- Puede ampliarse hasta un máximo de 90 días tras evaluar la necesidad y proporcionalidad de la prórroga.
- Si no se decide la prórroga o no está justificada, el efectivo se pone inmediatamente a disposición de la persona a la que se intervino.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La intervención temporal del efectivo: cuándo procede, que es recurrible y motivada, que no pasa de treinta días salvo prórroga hasta un máximo de 90, y que, si no hay prórroga, el dinero se devuelve de inmediato.
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Artículo 14. Sanciones.
El artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, bajo la rúbrica «Sanciones», dispone lo siguiente.
Cada Estado miembro fijará las sanciones que aplicará en caso de incumplimiento de la obligación de declarar el efectivo acompañado prevista en el artículo 3 o de la obligación de informar del efectivo no acompañado prevista en el artículo 4. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Datos clave
- Cada Estado miembro fija las sanciones por incumplir la obligación de declarar el efectivo acompañado (artículo 3).
- También por incumplir la obligación de informar del efectivo no acompañado (artículo 4).
- Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones por no declarar el efectivo acompañado o no informar del no acompañado no las fija el Reglamento sino cada Estado miembro, con tres cualidades: efectivas, proporcionadas y disuasorias.