El Ministerio Fiscal. La Fiscalía Especial Antidroga. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Policía Judicial: Legislación general. Vigilancia Aduanera como policía judicial. El agente encubierto. La entrega vigilada.
Practica este tema con tests de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (C1), especialidad Investigación — AEAT: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)
- Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
- Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
- Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
LECrim · Art. 263
Artículo 263.
La obligación impuesta en el párrafo primero del art. anterior no comprenderá a los Abogados ni a los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
Datos clave
- La obligación de denunciar del párrafo primero del artículo anterior (262) no alcanza a los Abogados ni a los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que reciban de sus clientes.
- Tampoco alcanza a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les revelen en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
Artículo 263 bis
1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones.
También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 de dicho Código en todos los supuestos previstos en el mismo, así como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 399 bis, 566, 568 y 569, también del Código Penal.
2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.
3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales.
Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente.
4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente Ley.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953 .
Se modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero. Ref. BOE-A-1999-846 .
Datos clave
- Pueden autorizar la circulación o entrega vigilada el Juez de Instrucción competente, el Ministerio Fiscal y los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o provinciales, y sus mandos superiores.
- Se acuerda por resolución fundada, atendiendo a su necesidad para la investigación según la importancia del delito y las posibilidades de vigilancia.
- El Juez da traslado de copia al Juzgado Decano, que custodia un registro de esas resoluciones.
- Alcanza también los bienes y ganancias de los delitos de los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal.
- Se acuerda caso por caso y, en el plano internacional, conforme a los tratados.
- Los Jefes policiales dan cuenta inmediata al Ministerio Fiscal y, si hay procedimiento abierto, al Juez de Instrucción.
- La apertura de envíos postales respeta las garantías judiciales, con excepción de lo previsto en el artículo 584.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Juez de Instrucción, el Ministerio Fiscal o los jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial pueden autorizar, por resolución fundada, la circulación o entrega vigilada de drogas y otras sustancias o bienes ilícitos para identificar a los implicados en el delito.
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LECrim · Art. 282
Artículo 282.
La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.
Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
Datos clave
- ¿Qué tiene por objeto la Policía Judicial? → Averiguar los delitos públicos de su territorio o demarcación, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro.
- Los efectos, instrumentos o pruebas recogidos se ponen a disposición de la autoridad judicial.
- Cuando las víctimas entran en contacto con la Policía Judicial, esta cumple los deberes de información de la legislación vigente y valora sus circunstancias particulares para determinar provisionalmente las medidas de protección.
- La decisión final sobre las medidas de protección corresponde al Juez o Tribunal.
- En los delitos perseguibles solo a instancia de parte legítima, la misma obligación nace si se le requiere al efecto.
- La ausencia de denuncia no impide las primeras diligencias de prevención y aseguramiento en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Agente encubierto contra la delincuencia organizada: quién lo autoriza, identidad supuesta por seis meses prorrogables, qué es delincuencia organizada, exención de responsabilidad y versión informática.
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LECrim · Art. 282 bis
Artículo 282 bis.
1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.
La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.
La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente.
2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.
Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.
3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.
4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:
a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.
b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.
c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.
d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.
e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.
f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.
g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal.
h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal.
i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal.
j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.
k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.
l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.
m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.
n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal.
o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.
Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.
6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.
El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.
7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.
Datos clave
- ¿Cuántas personas mínimo exige la 'delincuencia organizada' del art. 282 bis? → Tres o más.
- El agente encubierto informático, con autorización específica, puede intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El agente encubierto actúa con identidad supuesta autorizada por el Ministerio del Interior para investigar delincuencia organizada (tres o más personas), incluida la modalidad informática en canales cerrados; queda exento de responsabilidad si su actuación es proporcionada y no constituye provocación al delito.
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LECrim · Art. 283
Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes: Primero. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales. Segundo. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación. Tercero. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. Cuarto. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores. Quinto. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural. Sexto. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración. Séptimo. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones. Octavo. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. Noveno. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes.
Datos clave
- ¿De quién son auxiliares los integrantes de la Policía judicial? → De los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio fiscal.
- ¿En qué ordinal del artículo 283 aparece el personal de la Jefatura Central de Tráfico? → En el Noveno, y solo el encargado de la investigación técnica de los accidentes.
- ¿Qué requisito exige el artículo a los guardas de montes, campos y sembrados? → Estar jurados o confirmados por la Administración.
- Son nueve ordinales, de Primero a Noveno; el Noveno corresponde al personal de la Jefatura Central de Tráfico.
- Los tres que sorprenden y por eso caen: alcaldes (Tercero), guardas de montes (Sexto) y Prisiones (Séptimo).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve grupos integran la Policía judicial, auxiliar de los Jueces y Tribunales penales y del Ministerio fiscal, obligada a seguir sus instrucciones en la investigación de delitos y la persecución de delincuentes.
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LECrim · Art. 284
Artículo 284.
1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.
2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;
b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o
c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.
De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.
3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.
4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 334.
Datos clave
- ¿Qué hace la Policía Judicial con el atestado cuando no hay autor conocido? → Lo conserva a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo las tres circunstancias del apartado 2.
- ¿Qué delitos obligan a remitir el atestado aunque no haya autor conocido? → Los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales y los relacionados con la corrupción.
- ¿Ante quién y cuándo puede recurrirse la incautación de efectos? → Ante el juez de instrucción, en cualquier momento, conforme al párrafo tercero del artículo 334.
- ¿Puede sustituirse la descripción minuciosa de los efectos hallados? → Sí, por un reportaje gráfico.
- Las tres excepciones, en corto: delitos de la lista del art. 284.2.a) / 72 horas con resultado / que lo pida el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial.
- La lista de la letra a) son cuatro bloques: vida, integridad física, libertad e indemnidad sexuales y corrupción.
- El recurso contra la incautación enlaza con el artículo 334, párrafo tercero: es el enganche típico de pregunta cruzada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hace la Policía Judicial al conocer un delito: avisar al juez o al fiscal, guardar el atestado sin autor conocido salvo tres excepciones, documentar los efectos hallados y comunicar su incautación a la víctima.
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LECrim · Art. 285
Si concurriere algún funcionario de Policía judicial de categoría superior a la del que estuviese actuando, deberá éste darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a su disposición.
Datos clave
- ¿Qué debe hacer el funcionario de Policía judicial que está actuando si concurre otro de categoría superior? → Darle conocimiento de cuanto hubiese practicado y ponerse desde luego a su disposición.
- Dos verbos para memorizarlo: dar conocimiento y ponerse a disposición; en ese orden.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si concurre un funcionario de Policía judicial de categoría superior, el que estaba actuando le informa de todo lo practicado y se pone desde luego a su disposición.
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LECrim · Art. 287
Los funcionarios que constituyen la Policía judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encargaren los Jueces de instrucción y municipales.
Datos clave
- ¿Con qué finalidad encomienda el Ministerio fiscal diligencias a la Policía judicial según el artículo 287? → Para la comprobación del delito y la averiguación de los delincuentes.
- Tres palabras clave: sin dilación, atribuciones respectivas y durante el curso de la causa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Policía judicial practica sin dilación, según sus atribuciones, las diligencias que le encomiende el fiscal para comprobar el delito y averiguar a los delincuentes, y las que le encarguen los jueces durante la causa.
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LECrim · Art. 288
El Ministerio fiscal, los Jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con los funcionarios de Policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título; pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de Policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste.
Datos clave
- ¿Cuándo deben el fiscal o el juez acudir al superior del funcionario de Policía judicial en lugar de a él directamente? → Cuando el servicio que le exigen admite espera y no necesitan su inmediato auxilio.
- Regla de dos tiempos: urgente, directo; si puede esperar, por el superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fiscal y jueces de instrucción y municipales pueden tratar directamente con cualquier funcionario de Policía judicial; si el servicio admite espera y no necesitan su auxilio inmediato, deben acudir a su superior.
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LECrim · Art. 289
El funcionario de Policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio fiscal, del Juez de instrucción, del Juez municipal, o de la Autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución.
Datos clave
- ¿A quién avisa el funcionario de Policía judicial que no puede cumplir una orden y para qué? → A quien hizo el requerimiento o dio la orden, inmediatamente, para que provea de otro modo a su ejecución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El funcionario de Policía judicial que, por cualquier causa, no puede cumplir una orden o requerimiento lo comunica inmediatamente a quien se la dio, para que provea de otro modo a su ejecución.
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LECrim · Art. 290
Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excuse para que le corrija disciplinariamente, a no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes. El superior jerárquico comunicará a la Autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que adopte respecto de su subordinado.
Datos clave
- ¿Qué debe hacer el superior jerárquico tras conocer la queja del artículo 290? → Comunicar a la Autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que adopte respecto de su subordinado.
- Piensa en un bucle: queja hacia arriba, resolución de vuelta. Ese retorno de información es lo que se olvida y lo que se pregunta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la excusa del funcionario de Policía judicial para no cumplir una orden no es legítima, quien dio la orden lo comunica a su superior para que le corrija disciplinariamente, y el superior le informa de lo resuelto.
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LECrim · Art. 291
Artículo 291.
El jefe de cualquier fuerza pública que no pudiere prestar el auxilio que por los Jueces de instrucción o municipales o por un funcionario de Policía judicial le fuere pedido se atendrá también a lo dispuesto en el artículo 289.
El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del Jefe superior inmediato del que se excusare en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior.
Datos clave
- ¿A qué artículo se remite el jefe de fuerza pública que no puede prestar el auxilio pedido? → Al artículo 289.
- ¿A quién comunica el requirente la excusa del jefe de fuerza pública? → Al Jefe superior inmediato del que se excusare, en la forma y para el objeto expresados en los párrafos del artículo anterior.
- El artículo 291 es el 289 y el 290 aplicados al jefe de fuerza pública: si te sabes esos dos, este sale solo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El jefe de fuerza pública que no puede prestar el auxilio pedido por jueces o Policía judicial actúa como el art. 289, y el requirente lo comunica a su Jefe superior inmediato como prevé el art. 290.
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LECrim · Art. 292
Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos.
Datos clave
- ¿Qué debe remitir la Policía Judicial junto con el atestado? → Un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca, cuando así conste en sus bases de datos.
- ¿Qué circunstancias se anotan en el atestado? → Todas las que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito.
- Tres verbos y en este orden: especificar hechos, insertar declaraciones e informes, anotar circunstancias.
- El detalle tonto que cae: vale papel sellado o papel común, da igual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El atestado, en papel sellado o común, detalla los hechos, inserta declaraciones e informes y anota los indicios; con él va un informe de detenciones anteriores y requisitorias si constan en las bases de datos policiales.
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LECrim · Art. 295
Artículo 295.
En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284.
Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con multa de 250 a 1.000 pesetas, si la omisión no mereciere la calificación de delito, y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave las siguientes.
Los que, sin exceder el tiempo de las veinticuatro horas, demorasen más de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 pesetas, y además esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy grave las restantes.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo máximo para dar conocimiento de las diligencias practicadas y a quién? → Veinticuatro horas, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, salvo fuerza mayor y el supuesto del apartado 2 del artículo 284.
- ¿Cómo se califica la infracción de quien deja pasar más de 24 horas? → Falta grave la primera vez y falta muy grave las siguientes, con multa de 250 a 1.000 pesetas si la omisión no mereciere la calificación de delito.
- Las dos excepciones caben en tres palabras: fuerza mayor y artículo 284.2.
- Las cuatro cifras, en pareja: 250-1.000 para el que se pasa de 24 horas; 100-350 para el que se demora dentro de ellas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Policía Judicial no puede dejar pasar más de veinticuatro horas sin comunicar sus diligencias al juez o al fiscal, salvo fuerza mayor o el art. 284; se sanciona tanto pasarse del plazo como demorarse sin necesidad dentro de él.
Esquema
| Más de veinticuatro horas | Demora innecesaria dentro de plazo | |
|---|---|---|
| Multa | De 250 a 1.000 pesetas, si no es delito | De 100 a 350 pesetas |
| Primera vez | Falta grave | Falta leve |
| Siguientes | Falta muy grave | Grave las dos siguientes; muy grave las restantes |
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LECrim · Art. 297
Artículo 297.
Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.
Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.
En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice.
Datos clave
- ¿Qué valor tienen los atestados redactados por la Policía judicial? → Se consideran denuncias para los efectos legales.
- ¿Qué valor tienen las demás declaraciones de los funcionarios de Policía judicial? → Valor de declaraciones testificales, en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio, y deben estar firmadas.
- Dos etiquetas y no las mezcles: atestado = denuncia; declaración del agente = testifical, pero solo sobre lo que sepa de primera mano.
- La coletilla final es una pregunta clásica: se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios que la Ley no autorice.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los atestados y manifestaciones de la Policía judicial valen como denuncias; sus demás declaraciones, firmadas, valen como testificales sobre hechos de conocimiento propio, y nunca pueden usar medios de averiguación no autorizados.
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LECrim · Art. 298
Los Jueces de instrucción y los Fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de Policía judicial; y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán a los superiores de cada uno de aquéllos, para los efectos a que hubiere lugar, la calificación razonada de su comportamiento. Cuando los funcionarios de Policía judicial que hubieren de ser corregidos disciplinariamente con arreglo a esta Ley fuesen de categoría superior a la de la Autoridad judicial o fiscal que entendiesen en las diligencias en que se hubiere cometido la falta, se abstendrán éstos de imponer por sí mismos la corrección, limitándose a poner lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido.
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad comunican jueces y fiscales la calificación del comportamiento de la Policía judicial? → Cada semestre, con referencia al registro reservado, a los superiores de cada uno de aquéllos.
- ¿Qué ocurre si el funcionario que debe ser corregido es de categoría superior al juez o fiscal? → Estos se abstienen de imponer por sí mismos la corrección y ponen lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido.
- Tres adjetivos del texto: registro reservado, periodicidad semestral, calificación razonada.
- Si el funcionario que debe ser corregido es de categoría superior, el juez o fiscal se abstiene de imponer la corrección y lo pone en conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Jueces de instrucción y Fiscales califican en un registro reservado a la Policía judicial y comunican cada semestre la calificación razonada a sus superiores; si el funcionario es de categoría superior, no lo corrigen ellos.
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Artículo 1. Misión del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Datos clave
- Artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
- Misión: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
- Actúa de oficio o a petición de los interesados.
- Vela por la independencia de los Tribunales.
- Procura ante los Tribunales la satisfacción del interés social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Misión del Ministerio Fiscal: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos y el interés público, velar por la independencia judicial y procurar el interés social.
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Artículo 2. Naturaleza del Ministerio Fiscal
Uno. El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Dos. Corresponde al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.1 de la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2007-17769
Datos clave
- Es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia.
- Está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.
- Principios de organización: unidad de actuación y dependencia jerárquica.
- Sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad.
- La denominación «Ministerio Fiscal» le corresponde con carácter exclusivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define al Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, con unidad de actuación y dependencia jerárquica; su denominación es exclusiva.
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Artículo 3. Funciones del Ministerio Fiscal
Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal:
1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea para ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio oral por los delitos contra los intereses financieros de la Unión que asuma de acuerdo con su normativa, u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.
13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.
16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.
Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.
Se modifica el apartado 4 por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df
Se modifican los apartados 5, 10 y 11 por el art. único.2 de la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2007-17769
Se modifica por el art. único.1 de la Ley 14/2003, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10523
Se modifica el apartado 5 por el art. único.1 de la Ley 12/2000, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24264
Datos clave
- El artículo 3 enumera 16 funciones para cumplir las misiones del artículo 1.
- Ejercita las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea en delitos contra los intereses financieros de la Unión.
- En el proceso penal puede ordenar a la Policía Judicial las diligencias que estime oportunas.
- Instruye directamente el procedimiento en el ámbito de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, orientado al interés superior del menor.
- Vela por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos.
- Interpone el recurso de amparo constitucional e interviene en las cuestiones de inconstitucionalidad.
- Intervención mediante escrito o comparecencia, o por medios tecnológicos con garantías.
- En los procesos no penales interviene en último lugar, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las 16 funciones del Ministerio Fiscal para cumplir su misión: desde velar por la función jurisdiccional y los derechos fundamentales hasta ejercer la acción penal y civil, intervenir en procesos de menores, amparo constitucional o auxilio judicial internacional.
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Artículo 4. Facultades del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal, para el ejercicio de sus funciones, podrá:
Uno. Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. Asimismo, podrá pedir información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. También podrá acceder directamente a la información de los Registros oficiales, cuyo acceso no quede restringido a control judicial.
Uno bis. Interesar la notificación de cualquier resolución de la Fiscalía Europea en asuntos en que esta haya intervenido, debiendo colaborar con aquella en las investigaciones que asuma, cuando sea requerido para ello.
Dos. Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente.
Tres. Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.
Cuatro. Dar a cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso.
Cinco. Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.
Las autoridades, funcionarios u organismos o particulares requeridos por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de las facultades que se enumeran en este artículo y en el siguiente deberán atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente, y con los mismos límites, deberán comparecer ante el Fiscal cuando éste lo disponga.
Seis. Establecer en las sedes de las Fiscalías Provinciales y en las que se considere necesario, centros de relación con las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales cometidas en su circunscripción y por las que se sigue proceso penal en los Juzgados o Tribunales de la misma, con la finalidad de conocer los daños y perjuicios sufridos por ellas y para que aporten los documentos y demás pruebas de que dispongan para acreditar su naturaleza y alcance.
Se añade el apartado Uno.bis por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df
Se modifica por el art. único.3 de la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2007-17769
Se modifica por el art. único.2 de la Ley 14/2003, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10523
Datos clave
- Puede interesar la notificación de cualquier resolución judicial y acceder directamente a los Registros oficiales no restringidos a control judicial.
- Puede interesar la notificación de resoluciones de la Fiscalía Europea y debe colaborar en sus investigaciones cuando sea requerido.
- Puede visitar en cualquier momento los centros de detención, penitenciarios o de internamiento de su territorio.
- Puede requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.
- Da a los funcionarios de la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso.
- Los requeridos deben atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales y comparecer ante el Fiscal cuando lo disponga.
- Puede establecer en las sedes de las Fiscalías Provinciales centros de relación con las víctimas y perjudicados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recoge las facultades instrumentales del Fiscal para ejercer sus funciones: pedir notificaciones e información judicial, visitar centros de detención, requerir auxilio de autoridades, dar órdenes a la Policía Judicial, informar a la opinión pública y crear centros de relación con víctimas.
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Artículo 5. Denuncias y diligencias de investigación del Fiscal
Uno. El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.
Dos. Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.
Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad.
Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas diligencias.
A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas. La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos a que se hace referencia en el apartado Cuatro del artículo Diecinueve del presente Estatuto, tendrán una duración máxima de doce meses salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado.
Tres. Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo.
También podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.
Se modifica por el art. único.4 de la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2007-17769
Se modifica por el art. único.3 de la Ley 14/2003, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10523
Se modifica por el art. único.2 de la Ley 12/2000, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24264
Datos clave
- El Fiscal puede recibir denuncias y enviarlas a la autoridad judicial o decretar su archivo, notificándolo al denunciante.
- Sus diligencias no pueden suponer medidas cautelares o limitativas de derechos, salvo la detención preventiva.
- Las diligencias del Ministerio Fiscal gozan de presunción de autenticidad.
- Principios inspiradores: contradicción, proporcionalidad y defensa.
- El sospechoso declara asistido de letrado.
- Duración máxima: seis meses, salvo prórroga por decreto motivado del Fiscal General del Estado.
- Delitos del apartado Cuatro del artículo 19 (Fiscalía contra la Corrupción): duración máxima de doce meses, salvo prórroga.
- Si hay hechos de significación penal, el Fiscal judicializa mediante denuncia o querella, salvo que proceda el archivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las diligencias de investigación del Fiscal: puede archivar o remitir denuncias y practicar diligencias sin medidas cautelares —salvo la detención preventiva—, con un plazo general de seis meses, ampliable a doce para determinados delitos.
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Artículo 6. Principio de legalidad
Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan.
Si el Fiscal estimare improcedente el ejercicio de las acciones o la actuación que se le haya confiado, usará de las facultades previstas en el artículo 27 de este Estatuto.
Datos clave
- Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico vigente.
- Dictamina, informa y ejercita las acciones procedentes o se opone a las indebidamente actuadas.
- Si estima improcedente la acción o actuación confiada, usa las facultades del artículo 27 del Estatuto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principio de legalidad del Fiscal: actúa sujeto a la Constitución y al ordenamiento y, si ve improcedente lo encomendado, usa las facultades del artículo 27.
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Artículo 7. Principio de imparcialidad
Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.
Datos clave
- Artículo 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
- Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad.
- Actúa también con independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Imparcialidad del Ministerio Fiscal: actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses encomendados.
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Artículo 12. Órganos del Ministerio Fiscal
El artículo 12 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) enumera los órganos que integran el Ministerio Fiscal.
Son órganos del Ministerio Fiscal:
a) El Fiscal General del Estado.
b) El Consejo Fiscal.
c) La Junta de Fiscales de Sala.
d) La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.
e) La Fiscalía del Tribunal Supremo.
f) La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
g) La Fiscalía de la Audiencia Nacional.
h) Las Fiscalías Especiales.
i) La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho Tribunal.
j) La Fiscalía Jurídico Militar.
k) Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
l) Las Fiscalías Provinciales.
m) Las Fiscalías de Área.
n) La Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.
Datos clave
- El artículo 12 enumera 14 órganos, de la letra a) a la n).
- El primero es el Fiscal General del Estado, seguido del Consejo Fiscal y de la Junta de Fiscales de Sala.
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional figura en la letra g) y las Fiscalías Especiales en la letra h).
- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se rige por la Ley Orgánica de dicho Tribunal.
- La organización territorial comprende las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, las Provinciales y las de Área.
- La letra n) es la Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de los órganos del Ministerio Fiscal: de la jefatura (Fiscal General, Consejo y Juntas) a las fiscalías ante tribunales, las especiales y las territoriales, más la Unidad de Protección de Datos.
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Artículo 13. La Fiscalía General del Estado
Uno. El Fiscal General del Estado dirige la Fiscalía General del Estado, integrada por la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo, y por los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla.
Corresponde al Fiscal General del Estado, además de las facultades reconocidas en otros preceptos de este Estatuto, la de proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal, oído el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma respectiva cuando se trate de cargos en las Fiscalías de su ámbito territorial.
Dos. La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado será dirigida por un Fiscal Jefe Inspector y estará integrada por un Teniente Fiscal Inspector y los inspectores fiscales que se determine en plantilla. Ejercerá con carácter permanente sus funciones por delegación del Fiscal General del Estado en la forma que el reglamento establezca, sin perjuicio de las funciones Inspectoras que al Fiscal Jefe de cada Fiscalía corresponden respecto a los funcionarios que de él dependan. En todo caso, corresponde al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma ejercer la inspección ordinaria de las Fiscalías de su ámbito territorial.
En la Inspección Fiscal se creará una Sección Permanente de Valoración, a los efectos de centralizar toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, con la finalidad de apoyar al Consejo Fiscal a la hora de informar las diferentes propuestas de nombramientos discrecionales en la Carrera Fiscal.
Tres. La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado será dirigida por un Fiscal Jefe y estará integrada por un Teniente Fiscal y los fiscales que se determinen en plantilla, que realizarán los trabajos preparatorios que se les encomienden en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de Sala asistir al Fiscal General del Estado, así como cuantos otros estudios, investigaciones e informes estime éste procedente.
Asimismo, la Secretaría Técnica colaborará en la planificación de la formación de los miembros de la carrera fiscal cuya competencia corresponde al Centro de Estudios Jurídicos.
Sin perjuicio de las competencias encomendadas a otros órganos, la Secretaría Técnica asumirá las funciones que las leyes atribuyan al Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial internacional, en el marco de las directrices de política exterior emanadas del Gobierno.
Cuatro. La Unidad de Apoyo será dirigida por un Fiscal Jefe y estará integrada por los fiscales que se determinen en plantilla. Para el cumplimiento de sus funciones podrán ser adscritos a la Unidad de Apoyo funcionarios de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia, en el número que igualmente se determine en plantilla, quedando en todo caso en servicio activo en sus cuerpos de origen. Su función será realizar labores de asistencia a la Fiscalía General del Estado en materia de:
a) Representación institucional y relaciones con los poderes públicos.
b) Comunicación, relaciones con los medios y gestión de la atención al ciudadano.
c) Análisis y evaluación de las propuestas relativas a necesidades de organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal en materia de estadística, informática, personal, medios materiales, información y documentación.
d) En general, aquellas funciones de asistencia o apoyo al Fiscal General del Estado, a los Fiscales de Sala adscritos a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Fiscal y a la Junta de Fiscales de Sala que no correspondan a la Inspección o a la Secretaría Técnica.
Cinco. Los Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado contarán con los fiscales adscritos que se determinen en plantilla.
El régimen de designación y cese de estos Fiscales de Sala será el previsto en el apartado uno del artículo treinta y seis y en el apartado uno del artículo cuarenta y uno de este Estatuto.
El régimen de designación y cese de los fiscales adscritos a los Fiscales de Sala será el previsto en el apartado tres del artículo treinta y seis.
Se modifica por el art. único.7 de la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2007-17769
Se modifica por el art. único.5 de la Ley 14/2003, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10523
Datos clave
- La Fiscalía General del Estado la dirige el Fiscal General del Estado y la integran la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y los Fiscales de Sala de plantilla.
- El Fiscal General propone al Gobierno ascensos y nombramientos, previo informe del Consejo Fiscal.
- La Inspección Fiscal la dirige un Fiscal Jefe Inspector, con un Teniente Fiscal Inspector.
- En la Inspección Fiscal se crea una Sección Permanente de Valoración de méritos y capacidad de los Fiscales.
- La inspección ordinaria de las Fiscalías de su territorio corresponde al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.
- La Secretaría Técnica asume las funciones del Ministerio Fiscal en cooperación judicial internacional.
- La formación de la carrera fiscal corresponde al Centro de Estudios Jurídicos, con la colaboración de la Secretaría Técnica.
- Los funcionarios adscritos a la Unidad de Apoyo quedan en servicio activo en sus cuerpos de origen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la Fiscalía General del Estado: su dirección por el Fiscal General del Estado y sus tres unidades internas —Inspección Fiscal, Secretaría Técnica y Unidad de Apoyo— con sus respectivas funciones.
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Artículo dieciocho
El artículo dieciocho de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone lo siguiente.
Las Fiscalías se constituirán y organizarán de acuerdo con las siguientes reglas:
Uno. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Fiscalías Especiales estarán integradas por un Fiscal de Sala, por un Teniente Fiscal y por los Fiscales que determine la plantilla, que deberán pertenecer a la categoría segunda.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho Tribunal.
Dos. La Fiscalía Jurídico Militar estará integrada por la Fiscalía Togada, la Fiscalía del Tribunal Militar Central y las Fiscalías de los Tribunales Militares Territoriales. La Fiscalía Togada será dirigida por el Fiscal Togado y estará integrada al menos por un General Auditor y por un Fiscal de Sala perteneciente a la Carrera Fiscal y designado con arreglo a lo dispuesto en el artículo Trece de este Estatuto. La Fiscalía del Tribunal Militar Central y las Fiscalías de los Tribunales Militares Territoriales se formarán y organizarán conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
Tres. Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y las Fiscalías Provinciales serán dirigidas por su Fiscal Jefe y estarán integradas por un Teniente Fiscal, los Fiscales Decanos necesarios para su correcto funcionamiento según el tamaño y el volumen de trabajo de las Fiscalías, y los demás Fiscales que determine la plantilla. En las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, podrán crearse unidades de apoyo al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, en las que podrán integrarse funcionarios de la Comunidad Autónoma en el número que se determine en la plantilla, para labores de apoyo y asistencia en materias de estadística, informática, traducción de lenguas extranjeras, gestión de personal u otras que no sean de las que con arreglo a este Estatuto tengan encomendadas los Fiscales. Corresponde al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma informar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las necesidades de organización y funcionamiento de las Fiscalías de su ámbito territorial en materia de medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
Estas Fiscalías podrán contar con Secciones especializadas en aquellas materias que se determinen legal o reglamentariamente, o que por su singularidad o por el volumen de actuaciones que generen requieran de una organización específica. Dichas Secciones podrán constituirse, si se estima necesario para su correcto funcionamiento según el tamaño de las mismas, bajo la dirección de un Fiscal Decano, y a ellas serán adscritos uno o más Fiscales pertenecientes a la plantilla de la Fiscalía, teniendo preferencia aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias.
Las Secciones ejercerán las funciones que les atribuyan los respectivos Fiscales Jefes, en el ámbito de la materia que les corresponda, con arreglo a lo dispuesto en este Estatuto, en el reglamento que lo desarrolle y en las Instrucciones del Fiscal General del Estado. Además, en estas Secciones se integrarán los Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales cuando proceda conforme a lo dispuesto en el artículo Diecinueve de esta Ley. Las instrucciones que se den a las Secciones especializadas en las distintas Fiscalías, cuando afecten a un ámbito territorial determinado, deberán comunicarse al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En todo caso, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en las Fiscalías Provinciales existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen. Asimismo, en las Fiscalías Provinciales existirá una Sección contra la Violencia sobre la Mujer, que coordinará o en su caso asumirá directamente la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos penales y civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En la Sección contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto en cada caso procedente. Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen.
En las Fiscalías Provinciales, cuando por el volumen de actuaciones que generen requieran de una organización específica podrán constituirse Secciones de seguridad vial y siniestralidad laboral.
También existirá una Sección de Medio Ambiente especializada en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales. Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen.
En las Fiscalías Provinciales existirá una Sección contra los delitos de odio, que coordinará o en su caso asumirá directamente la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos penales relacionados con los delitos de odio y discriminación. En la Sección contra los delitos de odio deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos, que permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia al efecto en cada caso procedente. Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las comunidades autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen.
Cuatro. Cuando el volumen de asuntos, el número de órganos judiciales dentro de una provincia o la creación de una sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de la misma lo aconsejen, el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal y el Fiscal Superior de la respectiva Comunidad, podrá proponer al Ministro de Justicia la constitución de Fiscalías de Área, que serán dirigidas por un Fiscal Jefe y estarán integradas por los Fiscales que determine la plantilla. Se creará una Fiscalía de Área en todas aquellas localidades en las que exista una Sección desplazada de la Audiencia Provincial, tomando su nombre del lugar de su sede. Las Fiscalías de Área asumirán el despacho de los asuntos correspondientes al ámbito territorial que prevea la norma que las establezca, que podrá comprender uno o varios partidos judiciales.
Cuando no se den las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, pero la dispersión geográfica de los órganos judiciales o la mejor prestación del servicio lo hagan necesario, el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal y el Fiscal Superior de la respectiva Comunidad, podrá proponer al Ministro de Justicia la constitución de Secciones Territoriales de la Fiscalía Provincial que atenderán los órganos judiciales de uno o más partidos de la misma provincia. Dichas Secciones se constituirán por los Fiscales que se determinen en plantilla y estarán dirigidas por un Fiscal Decano que será designado y ejercerá sus funciones en los términos previstos en este Estatuto.
Por las mismas circunstancias señaladas en los dos párrafos anteriores, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, oídos los respectivos Fiscales Jefes Provinciales, podrá proponer al Fiscal General del Estado la constitución de Fiscalías de Área y de Secciones Territoriales en las Fiscalías de su ámbito territorial.
Cinco. El número de las Fiscalías, las Secciones Territoriales en su caso, y sus respectivas plantillas se fijarán, de acuerdo con los criterios establecidos en los números anteriores, por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal.
La referida plantilla orgánica tendrá en todo caso, las limitaciones que se deriven de las previsiones presupuestarias que correspondan y será revisada al menos cada cinco años para adaptarla a las nuevas necesidades.
Seis. Las decisiones referidas a las materias previstas en los apartados números tres, cuatro y Cinco de este precepto deberán contar con el informe previo del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia.
Datos clave
- Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de la Audiencia Nacional y Especiales: un Fiscal de Sala, un Teniente Fiscal y los Fiscales de plantilla, de categoría segunda.
- La Fiscalía Togada la dirige el Fiscal Togado y la integran al menos un General Auditor y un Fiscal de Sala de la Carrera Fiscal.
- En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en las Provinciales existe una Sección de Menores; en las Provinciales, además, Secciones contra la Violencia sobre la Mujer y contra los delitos de odio.
- Existe una Sección de Medio Ambiente; las de seguridad vial y siniestralidad laboral pueden constituirse en las Provinciales según el volumen de actuaciones.
- Se crea una Fiscalía de Área en toda localidad con Sección desplazada de la Audiencia Provincial; las propone el Fiscal General del Estado al Ministro de Justicia, oídos el Consejo Fiscal y el Fiscal Superior.
- El número de Fiscalías y plantillas se fija por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Fiscal General del Estado y oído el Consejo Fiscal.
- La plantilla orgánica se revisa al menos cada cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se componen y organizan las Fiscalías: las centrales, la Jurídico Militar, las autonómicas y provinciales con sus Secciones especializadas, las Fiscalías de Área y Secciones Territoriales, y la fijación de plantillas.
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Artículo 19. Fiscalía de la Audiencia Nacional y Fiscalías Especiales
Uno. La Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente para conocer de los asuntos que correspondan a dicho órgano judicial, con excepción de los que resulten atribuidos a otra Fiscalía Especial de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto.
Dos. Son Fiscalías Especiales la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Tres. La Fiscalía Antidroga ejercerá las siguientes funciones:
a) Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción conforme a los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Investigar, en los términos del artículo Cinco de este Estatuto, los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos mencionados en el apartado anterior.
c) Coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico. Las Fiscalías de los Tribunales Militares colaborarán con la Fiscalía Antidroga en relación con los hechos cometidos en centros, establecimientos y unidades militares.
d) Colaborar con la autoridad judicial en el control del tratamiento de los drogodependientes a quienes se haya aplicado la remisión condicional, recibiendo los datos precisos de los centros acreditados que participen en dicho tratamiento.
Cuatro. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará las diligencias a que se refiere el artículo Cinco de esta Ley e intervendrá directamente en procesos penales, en ambos casos siempre que se trate de supuestos de especial trascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, en relación con:
a) Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando.
b) Delitos de prevaricación.
c) Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada.
d) Malversación de caudales públicos.
e) Fraudes y exacciones ilegales.
f) Delitos de tráfico de influencias.
g) Delitos de cohecho.
h) Negociación prohibida a los funcionarios.
i) Defraudaciones.
j) Insolvencias punibles.
k) Alteración de precios en concursos y subastas públicos.
l) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
m) Delitos societarios.
n) Blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conducta a las otras Fiscalías Especiales.
ñ) Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.
o) Delitos de corrupción en el sector privado.
p) Delitos conexos con los anteriores.
q) La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, flujos económicos o activos patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de grupos delictivos organizados o con el aprovechamiento económico de actividades delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional.
Cinco. Cuando el número de procedimientos así lo aconseje, el Fiscal General del Estado podrá designar en cualquier Fiscalía uno o varios Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales, que se integrarán en éstas. Dicha designación se hará, oído el Consejo Fiscal, previo informe de los Fiscales Jefes de la Fiscalía Especial y la Fiscalía territorial correspondiente, entre los Fiscales de la plantilla de ésta última que lo soliciten, acreditando su especialización en la materia en los términos que reglamentariamente se establezcan. Cuando en la Fiscalía territorial exista una Sección especializada, constituida con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, cuyo ámbito de actuación coincida total o parcialmente con la materia para la que es competente la Fiscalía Especial, el Fiscal Delegado se integrará en dicha Sección.
El Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial tendrá, con respecto a los Fiscales así designados y sólo en el ámbito específico de su competencia, las mismas facultades y deberes que corresponden a los Fiscales Jefes de los demás órganos del Ministerio Fiscal. Sin perjuicio de las Instrucciones que con carácter general pueda impartir el Fiscal General del Estado, el Decreto de nombramiento concretará las funciones y el ámbito de actuación de los Fiscales Delegados, especificando su grado de dedicación a los asuntos competencia de la Fiscalía Especial. En todo caso los Fiscales Delegados deberán informar de los asuntos de los que conozcan en su calidad de tales al Fiscal Jefe del órgano en que desempeñen sus funciones.
Seis. Para su adecuado funcionamiento, se podrán adscribir a las Fiscalías Especiales unidades de Policía Judicial y cuantos profesionales y expertos sean necesarios para auxiliarlas de manera permanente u ocasional.
Se modifica por el art. único.14 de la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Ref. BOE-A-2007-17769
Se modifica por el art. único.4 de la Ley 10/1995, de 24 de abril. Ref. BOE-A-1995-10066
Se modifica por el art. 4 de la Ley 5/1988, de 24 de marzo. Ref. BOE-A-1988-8175
Datos clave
- Son Fiscalías Especiales la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional conoce de los asuntos de dicho órgano judicial, salvo los atribuidos a otra Fiscalía Especial.
- La Fiscalía Antidroga interviene en los procedimientos de tráfico de drogas o blanqueo relacionado competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción (artículos 65 y 88 de la LOPJ).
- Las Fiscalías de los Tribunales Militares colaboran con la Fiscalía Antidroga en hechos cometidos en centros, establecimientos y unidades militares.
- La Fiscalía contra la Corrupción actúa en supuestos de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado.
- Entre sus delitos figuran los delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando.
- Los Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales los designa el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal.
- Se pueden adscribir a las Fiscalías Especiales unidades de Policía Judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las dos Fiscalías Especiales —Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada—, sus funciones específicas y la figura de los Fiscales Delegados que las representan en las Fiscalías territoriales.
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Artículo 22. Unidad y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal
El artículo 22 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) desarrolla los principios de unidad y dependencia jerárquica y fija las atribuciones de las jefaturas.
Uno. El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado.
Dos. El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.
Tres. El Fiscal General del Estado podrá delegar a los Fiscales de Sala funciones relacionadas con la materia propia de su competencia. Los Fiscales de Sala Delegados asumirán dichas funciones en los términos y con los límites que establezca el acto de delegación, que será revocable y en todo caso se extinguirá cuando cese el Fiscal General. Dentro de tales límites, los Fiscales de Sala podrán proponer al Fiscal General del Estado las Circulares e Instrucciones que considere necesarias, participar en la determinación de los criterios para la formación de los Fiscales especialistas y coordinar a nivel estatal la actuación de las Fiscalías, sin perjuicio de las facultades de los respectivos Fiscales Jefes de los órganos territoriales.
Cuatro. Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, además de dirigir su Fiscalía, actuarán en todo el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente, asumiendo en el mismo la representación y la jefatura del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las atribuciones del Fiscal General del Estado. En consecuencia, presidirán la Junta de Fiscales Jefes de su territorio, y ejercerán dentro del mismo las funciones previstas en los artículos Once, Veintiuno, Veinticinco y Veintiséis de este Estatuto, las que delegue el Fiscal General del Estado, así como las que les correspondan en materia disciplinaria. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales mencionadas en el artículo Veintiuno, apartado Tres, el Fiscal Superior asumirá también las funciones que correspondan al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial.
Cinco. El Fiscal Jefe de cada órgano ejercerá la dirección de éste y actuará siempre en representación del Ministerio Fiscal bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del Fiscal General del Estado. Corresponde a los Fiscales Jefes de cada órgano:
a) Organizar los servicios y la distribución del trabajo entre los Fiscales de la plantilla y la adscripción de los componentes de la Sección de Menores, oída la Junta de Fiscalía. Será preciso pertenecer a la categoría segunda para intervenir en los procedimientos ante el tribunal de jurado o para realizar funciones de visado.
b) Conceder los permisos y licencias de su competencia.
c) Ejercer la facultad disciplinaria en los términos que establezcan el presente Estatuto y su reglamento.
d) Hacer las propuestas de recompensas, de méritos y las menciones honoríficas que procedan.
e) Las demás facultades que este Estatuto u otras disposiciones le confieran.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las facultades que atribuye al Ministro de Defensa el artículo 92 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
Seis. El Teniente Fiscal, en las Fiscalías donde exista, asumirá las funciones de dirección o coordinación que le delegue el Fiscal Jefe, y sustituirá a éste en caso de ausencia, vacante o imposibilidad.
Siete. Los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales estarán jerárquicamente subordinados al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma y se integrarán, bajo la presidencia de éste, en la Junta de Fiscales Jefes de la Comunidad Autónoma.
Ocho. Los Fiscales Jefes de las Fiscalías de Área estarán jerárquicamente subordinados a los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales. En caso de ausencia, vacante o imposibilidad serán sustituidos por el Fiscal Decano más antiguo de la Fiscalía de Área, y en su defecto, por el propio Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial o en quien éste delegue.
Nueve. Los Fiscales Decanos ejercerán la dirección y coordinación de las Secciones de Fiscalía de acuerdo con las instrucciones del Fiscal Jefe Provincial y, en su caso, del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, y por delegación de éstos.
Diez. El Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial, los Fiscales Jefes de Área y los Fiscales Decanos integran la Junta de Coordinación de la Fiscalía Provincial, que será convocada periódicamente y dirigida por el Fiscal Jefe Provincial.
Datos clave
- El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado.
- El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y la representación en todo el territorio español.
- La delegación en los Fiscales de Sala es revocable y se extingue cuando cesa el Fiscal General.
- Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas presiden la Junta de Fiscales Jefes de su territorio.
- Para intervenir ante el tribunal de jurado o realizar funciones de visado es preciso pertenecer a la categoría segunda.
- El Teniente Fiscal sustituye al Fiscal Jefe en caso de ausencia, vacante o imposibilidad.
- Los Fiscales Jefes de Área los sustituye el Fiscal Decano más antiguo de la Fiscalía de Área.
- La Junta de Coordinación de la Fiscalía Provincial la integran el Teniente Fiscal, los Fiscales Jefes de Área y los Fiscales Decanos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministerio Fiscal es único y jerárquico: el Fiscal General lo dirige, puede delegar en Fiscales de Sala, y por debajo se ordenan Fiscales Superiores, Fiscales Jefes, Tenientes Fiscales y Decanos.
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Artículo 1. Funciones generales de policía judicial
El artículo 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, atribuye las funciones generales de policía judicial a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
Estas funciones se concretan en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Datos clave
- Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
- Colaboran a requerimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal.
- Finalidad: averiguación de delitos y descubrimiento y aseguramiento de delincuentes.
- Actúan con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias.
- Sin perjuicio del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sea cual sea su naturaleza y dependencia, tienen funciones generales de policía judicial: colaborar con Jueces y Fiscales en la persecución del delito.
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Artículo 2. Actuación en funciones de policía judicial
El artículo 2 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, determina quién puede activar la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus funciones de policía judicial.
Estos desarrollarán los cometidos expresados en el artículo 1.º a requerimiento de la Autoridad Judicial, del Ministerio Fiscal o de sus superiores policiales, o por propia iniciativa a través de estos últimos, en los términos previstos en los artículos siguientes del real decreto.
Datos clave
- Pueden requerir la actuación la Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal o los superiores policiales.
- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también pueden actuar por propia iniciativa.
- La actuación por propia iniciativa se canaliza a través de sus superiores policiales.
- Los cometidos son los expresados en el artículo 1.º del Real Decreto 769/1987.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los agentes actúan en funciones de policía judicial a requerimiento del Juez, del Fiscal o de sus superiores policiales, o por propia iniciativa canalizada a través de esos superiores.
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Artículo 4. Primeras diligencias de prevención y aseguramiento
El artículo 4 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, impone a todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sean su naturaleza y dependencia, el deber de actuar en cuanto tengan noticia de un hecho presuntamente delictivo.
Practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones:
- Las primeras diligencias de prevención y aseguramiento, así que tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo.
- La ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución.
De todo ello darán cuenta, en los términos legales, a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial.
Datos clave
- Obliga a todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sean su naturaleza y dependencia.
- Actúan por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones.
- Practican las primeras diligencias de prevención y aseguramiento al tener noticia del hecho presuntamente delictivo.
- Ocupan y custodian los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución.
- Dan cuenta a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al conocer un hecho presuntamente delictivo, cualquier agente practica de oficio las primeras diligencias de prevención y aseguramiento y ocupa y custodia los objetos del delito, dando cuenta al Juez o Fiscal.
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Artículo 6. Dependencia funcional de la Policía Judicial
El artículo 6 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, establece la dependencia funcional de la Policía Judicial.
La Policía Judicial, con la composición y estructuración que en este real decreto se determinan, desarrollará, bajo la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal, funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Datos clave
- La Policía Judicial actúa bajo la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal.
- Sus funciones son la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente.
- Su composición y estructuración las determina el Real Decreto 769/1987.
- Actúa con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Policía Judicial depende funcionalmente, de forma directa, de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal para averiguar el delito y descubrir y asegurar al delincuente.
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Artículo 7. Policía Judicial en sentido estricto
El artículo 7 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, define qué se entiende por Policía Judicial en sentido estricto.
Constituyen la Policía Judicial en sentido estricto las Unidades Orgánicas previstas en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Datos clave
- La Policía Judicial en sentido estricto la constituyen las Unidades Orgánicas de Policía Judicial.
- Esas Unidades Orgánicas están previstas en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Las integran miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Policía Judicial en sentido estricto son las Unidades Orgánicas del artículo 30.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, formadas por Policía Nacional y Guardia Civil.
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Artículo 11. Funcionarios comisionados para una investigación concreta
El artículo 11 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, fija la prevalencia de las órdenes judiciales o fiscales sobre las instrucciones policiales internas.
Los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal con arreglo al artículo 21 para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido. Las instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos no pueden contradecir esas órdenes y directrices.
Datos clave
- Se refiere a los funcionarios comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal con arreglo al artículo 21.
- La comisión tiene por objeto la práctica de alguna concreta investigación.
- Se atienen a las órdenes y directrices recibidas de la Autoridad Judicial o Fiscal.
- Las instrucciones de carácter técnico de sus superiores policiales inmediatos no pueden contradecirlas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El agente comisionado por el Juez o Fiscal para una investigación concreta sigue sus órdenes y directrices; las instrucciones técnicas de sus superiores no pueden contradecirlas.
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Artículo 15. Deber de reserva
El artículo 15 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, regula el deber de reserva de los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial.
Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan.
La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar.
La obligación de reserva no impedirá, salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes, el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios.
Datos clave
- Los integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deben guardar rigurosa reserva.
- La reserva alcanza a la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas y a las informaciones obtenidas.
- Su infracción se corrige disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades.
- Se permite el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica.
- Ese intercambio cabe salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los miembros de las Unidades Orgánicas guardan rigurosa reserva sobre sus investigaciones; su infracción se corrige disciplinariamente, pero cabe el intercambio interno salvo prohibición del Juez o Fiscal.
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Artículo 18. Función de investigación criminal de las Unidades Orgánicas
El artículo 18 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, asigna a las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial la función de investigación criminal con carácter permanente y especial.
A tal fin, contarán con los efectivos y medios necesarios para el eficaz desenvolvimiento de sus cometidos. En aquellas Unidades en cuyo ámbito de actuación el nivel de delincuencia lo hiciere preciso, se establecerán los correspondientes equipos de especialización delictual.
Datos clave
- A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corresponde la función de investigación criminal.
- Esa función tiene carácter permanente y especial.
- Contarán con los efectivos y medios necesarios para sus cometidos.
- Se establecen equipos de especialización delictual donde el nivel de delincuencia lo hiciere preciso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Unidades Orgánicas tienen la investigación criminal como función permanente y especial, con los medios necesarios y equipos de especialización delictual donde la delincuencia lo haga preciso.
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Disposición adicional primera. Organización funcional.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la organización funcional de los órganos encargados de perseguir el contrabando y el carácter del Servicio de Vigilancia Aduanera.
1. Las autoridades, los funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando continuarán desempeñando sus cometidos, con los derechos y facultades que, para la investigación, persecución y represión de estas conductas, han venido ostentando desde su creación.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, en la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando, actuará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tendrá, a todos los efectos legales, carácter colaborador de los mismos.
2. Los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a requerimiento de los organismos y servicios encargados de la persecución del contrabando, podrán autorizar, sin interferencias obstativas, la salida de mercancías de los recintos o lugares habilitados por la Administración aduanera, a fin de facilitar las investigaciones encaminadas al descubrimiento del contrabando.
3. Con idéntico fin, los organismos y servicios encargados de la persecución del contrabando podrán establecer contactos e intercambiar información con otros servicios homólogos nacionales o internacionales.
Datos clave
- Las autoridades, funcionarios y fuerzas que persiguen el contrabando conservan los derechos y facultades que han venido ostentando desde su creación.
- El Servicio de Vigilancia Aduanera actúa en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- El Servicio de Vigilancia Aduanera tiene, a todos los efectos legales, carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- La Administración aduanera de la AEAT puede autorizar, sin interferencias obstativas, la salida de mercancías de los recintos habilitados.
- Esa autorización se da a requerimiento de los servicios que persiguen el contrabando.
- Pueden intercambiar información con servicios homólogos nacionales o internacionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quienes persiguen el contrabando conservan sus facultades de siempre. El Servicio de Vigilancia Aduanera colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y caben la salida vigilada de mercancías y el intercambio de información.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 70
Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la siguiente redacción: «1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes funciones: a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. 2. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional.»
Datos clave
- ¿Qué categoría tiene el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y quién lo nombra? → Categoría de Fiscal de Sala; lo nombra el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, como delegado suyo.
- ¿Con qué periodicidad elabora su informe y a quién llega? → Semestralmente; lo presenta al Fiscal General del Estado para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y al Consejo Fiscal.
- ¿Qué artículo del EOMF introduce el art. 70 de la LO 1/2004? → El artículo 18 quáter de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.
- Cinco funciones, de la a) a la e), por sus verbos: Practicar, Intervenir, Supervisar, Coordinar, Elaborar.
- 87 ter.1 = penal (letra a) y 87 ter.2 = civil (letra b): el número del apartado te da el orden de las letras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Añade el art. 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para crear el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer: delegado del Fiscal General del Estado, con categoría de Fiscal de Sala, cinco funciones tasadas y un informe semestral.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 71
Secciones contra la violencia sobre la mujer. Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el siguiente texto: «En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y otra Sección Contra la Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. A estas Secciones serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias. En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales podrán existir las adscripciones permanentes que se determinen reglamentariamente. A la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer se atribuyen las siguientes funciones: a) Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto en cada caso procedente.»
Datos clave
- ¿En qué Fiscalías existe la Sección contra la Violencia sobre la Mujer? → En cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.
- ¿Qué dos funciones tiene atribuidas esa Sección? → Intervenir en los procedimientos penales y, directamente, en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
- ¿Qué debe llevarse en la Sección contra la Violencia sobre la Mujer? → Un registro de los procedimientos seguidos relacionados con estos hechos, que permita la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de su competencia.
- Truco de mapa: Menores llega a la Audiencia Nacional; Violencia sobre la Mujer se queda en TSJ y Audiencias Provinciales.
- Dos funciones y un deber: penal (a), civil (b) y registro de procedimientos.
- La preferencia para la adscripción se apoya en tres títulos: funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados y circunstancia análoga.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reforma el art. 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: junto a la Sección de Menores, crea una Sección contra la Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia Provincial, con Fiscales especializados, dos funciones y un registro de procedimientos.
Esquema
| Sección de Menores | Sección contra la Violencia sobre la Mujer | |
|---|---|---|
| Dónde existe | Fiscalía de la Audiencia Nacional y cada Fiscalía de TSJ y Audiencias Provinciales | Cada Fiscalía de TSJ y de Audiencias Provinciales |
| Funciones | Las que atribuye al Fiscal la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores | Procedimientos penales y, directamente, procesos civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer |
| Registro propio | No se menciona | Sí: registro de procedimientos consultable por los Fiscales |
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 72
Delegados de la Jefatura de la Fiscalía. Se da una nueva redacción al apartado 5 del artículo 22 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que queda redactado de la siguiente forma: «5. En aquellas Fiscalías en las que el número de asuntos de que conociera así lo aconsejara y siempre que resultara conveniente para la organización del servicio, previo informe del Consejo Fiscal, podrán designarse delegados de la Jefatura con el fin de asumir las funciones de dirección y coordinación que le fueran específicamente encomendadas. La plantilla orgánica determinará el número máximo de delegados de la Jefatura que se puedan designar en cada Fiscalía. En todo caso, en cada Fiscalía habrá un delegado de Jefatura que asumirá las funciones de dirección y coordinación, en los términos previstos en este apartado, en materia de infracciones relacionadas con la violencia de género, delitos contra el medio ambiente, y vigilancia penitenciaria, con carácter exclusivo o compartido con otras materias. Tales delegados serán nombrados y, en su caso, relevados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo, oída la Junta de Fiscalía. Cuando la resolución del Fiscal General del Estado sea discrepante con la propuesta del Fiscal Jefe respectivo, deberá ser motivada. Para la cobertura de estas plazas será preciso, con carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe correspondiente, realizar una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla. A la propuesta se acompañará relación del resto de los Fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados.»
Datos clave
- ¿En qué tres materias habrá en todo caso un delegado de Jefatura en cada Fiscalía? → Infracciones relacionadas con la violencia de género, delitos contra el medio ambiente y vigilancia penitenciaria, con carácter exclusivo o compartido.
- ¿Quién nombra y releva a los delegados de la Jefatura? → El Fiscal General del Estado, mediante resolución, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo y oída la Junta de Fiscalía.
- ¿Qué trámite es previo a la propuesta del Fiscal Jefe? → Una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla; a la propuesta se acompaña la relación del resto de solicitantes con los méritos alegados.
- ¿Qué determina el número máximo de delegados de la Jefatura en cada Fiscalía? → La plantilla orgánica.
- Las tres materias con delegado obligatorio, en el orden del texto: violencia de género, medio ambiente y vigilancia penitenciaria.
- Cadena del nombramiento: convocatoria en la plantilla → propuesta motivada del Fiscal Jefe (oída la Junta de Fiscalía) → resolución del Fiscal General.
- Dos órganos que no deciden, solo informan o son oídos: Consejo Fiscal (informe previo) y Junta de Fiscalía (oída).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Da nueva redacción al art. 22.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: pueden designarse delegados de la Jefatura cuando lo aconseje el volumen de asuntos, y en toda Fiscalía habrá en todo caso uno para violencia de género, medio ambiente y vigilancia penitenciaria, nombrado por el Fiscal General a propuesta motivada del Fiscal Jefe previa convocatoria entre la plantilla.