Asistencia mutua administrativa: El Convenio de Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras (Nápoles II). El Reglamento (CE) 515/97, del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.
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- Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria
- Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II)
Artículo 1
El artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, fija su objeto y su carácter supletorio.
Objeto: el Reglamento determina las condiciones en las que las autoridades administrativas encargadas en los Estados miembros de la ejecución de las reglamentaciones aduanera y agraria colaborarán entre sí y con la Comisión para garantizar el respeto de dichas reglamentaciones en el marco de un sistema comunitario.
Carácter supletorio: sus disposiciones no se aplicarán en la medida en que coincidan con disposiciones específicas de otras reglamentaciones en materia de asistencia mutua y de colaboración entre las autoridades administrativas de los Estados miembros, y entre estas y la Comisión, para la ejecución de las reglamentaciones aduanera y agraria.
Datos clave
- Regula la colaboración de las autoridades administrativas de los Estados miembros entre sí y con la Comisión.
- Ámbito: ejecución de las reglamentaciones aduanera y agraria.
- Finalidad: garantizar su respeto en el marco de un sistema comunitario.
- No se aplica cuando coincida con disposiciones específicas de otras reglamentaciones de asistencia mutua.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija para qué sirve el Reglamento: que las autoridades aduaneras y agrarias de los Estados colaboren entre sí y con la Comisión. Y aclara que cede ante disposiciones específicas de otras normas de asistencia mutua.
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Artículo 2
El artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, recoge las definiciones del Reglamento y la designación de las autoridades competentes.
Definiciones:
- Reglamentación aduanera: la legislación aduanera tal como se define en el artículo 5, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
- Reglamentación agraria: el conjunto de disposiciones adoptadas en el marco de la política agrícola común y de normativas específicas adoptadas respecto de mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas.
- Autoridad requirente: la autoridad competente de un Estado miembro que formule una petición de asistencia.
- Autoridad requerida: la autoridad competente de un Estado miembro a la que se dirija una petición de asistencia.
- Investigación administrativa: todos los controles, comprobaciones y acciones que efectúen los agentes de las autoridades administrativas del artículo 1.1 en el ejercicio de sus funciones para garantizar la aplicación correcta de las reglamentaciones aduanera y agraria y determinar, en su caso, el carácter irregular de operaciones que parezcan contrarias a ellas, exceptuadas las acciones emprendidas a instancia de una autoridad judicial o bajo su control directo. Cubre también las misiones comunitarias del artículo 20.
- Datos personales: cualquier información referente a una persona física identificada o identificable, es decir, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o elementos específicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
- Análisis operativo: el de las operaciones que sean o parezcan contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria, en cuatro fases sucesivas: a) recopilación de información, incluso datos personales; b) evaluación de la fiabilidad de la fuente y de los propios datos; c) investigación, presentación metódica e interpretación de las relaciones entre esos datos o con otros datos significativos; d) formulación de observaciones, hipótesis o recomendaciones directamente utilizables como información sobre los riesgos para evitar y detectar otras operaciones o identificar a las personas o empresas implicadas.
- Análisis estratégico: la investigación y presentación de las tendencias generales contrarias a esas reglamentaciones mediante una evaluación de la amenaza, el alcance y las repercusiones de determinados tipos de operaciones, para establecer prioridades, entender mejor el fenómeno o la amenaza, reorientar las medidas de prevención y detección del fraude y revisar la organización de los servicios. Solo pueden utilizarse datos en los que se hayan suprimido los elementos de identificación.
- Intercambio automático regular: comunicación sistemática de información predefinida, sin solicitud previa, a intervalos regulares preestablecidos.
- Intercambio automático ocasional: comunicación sistemática de información predefinida, sin solicitud previa, a medida que se disponga de dicha información.
- Territorio aduanero de la Unión: el definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
- Transportistas: las personas en el sentido del artículo 5, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
Autoridades competentes: cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros y a la Comisión la lista de las autoridades competentes designadas para hacerse cargo de los contactos a los fines del Reglamento. La expresión «autoridades competentes» incluye a esas autoridades designadas.
Datos clave
- Autoridad requirente formula la petición de asistencia; autoridad requerida la recibe.
- La investigación administrativa excluye las acciones a instancia o bajo control directo de una autoridad judicial e incluye las misiones comunitarias del artículo 20.
- El análisis operativo tiene cuatro fases sucesivas: recopilación, evaluación de fiabilidad, investigación e interpretación, y formulación de observaciones.
- En el análisis estratégico solo se usan datos sin elementos de identificación.
- Intercambio automático regular: a intervalos regulares preestablecidos; ocasional: a medida que se dispone de la información.
- Las definiciones de reglamentación aduanera, territorio aduanero y transportistas remiten al Reglamento (UE) n.º 952/2013.
- Cada Estado miembro comunica a los demás y a la Comisión la lista de autoridades competentes designadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Diccionario del Reglamento: autoridad requirente y requerida, investigación administrativa, datos personales, análisis operativo y estratégico, intercambios automáticos y remisiones al Código aduanero, más la lista de autoridades competentes.
Esquema
| Análisis operativo | Análisis estratégico | |
|---|---|---|
| Objeto | Operaciones que son o parecen contrarias a las reglamentaciones | Tendencias generales contrarias a esas reglamentaciones |
| Datos | Incluso datos personales | Solo datos sin elementos de identificación |
| Resultado | Observaciones, hipótesis o recomendaciones sobre riesgos | Prioridades, comprensión de la amenaza y reorientación de medidas |
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Artículo 2 bis
El artículo 2 bis del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, permite intercambiar determinados datos de las empresas.
Sin perjuicio de otras disposiciones del Reglamento y con vistas a la consecución de sus objetivos, en particular cuando no se presente declaración aduanera o declaración simplificada, cuando esta esté incompleta o cuando existan motivos para pensar que sus datos son falsos, la Comisión o las autoridades competentes de cada Estado miembro podrán intercambiar con la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro o con la Comisión los siguientes datos:
- a) razón social;
- b) nombre comercial;
- c) domicilio social;
- d) número de identificación del IVA de la empresa;
- e) número de identificación del impuesto especial;
- f) información sobre si se está utilizando el número de identificación del IVA o el del impuesto especial;
- g) nombre de los gestores, directores y, cuando se disponga de dicha información, de los accionistas principales de la empresa;
- h) número de la factura y fecha de su emisión;
- i) importe facturado.
Este artículo se aplica solo a los movimientos de mercancías descritos en el artículo 2, apartado 1, primer guion (reglamentación aduanera).
Datos clave
- Supuestos: falta de declaración aduanera o simplificada, declaración incompleta o motivos para pensar que sus datos son falsos.
- Intercambian la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros.
- Nueve datos: razón social, nombre comercial, domicilio social, NIF-IVA, número del impuesto especial, número utilizado, gestores, directores y accionistas principales, número y fecha de factura e importe facturado.
- Los accionistas principales solo cuando se disponga de esa información.
- Solo se aplica a los movimientos de mercancías del artículo 2.1, primer guion.
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Permite a la Comisión y a las autoridades de los Estados intercambiar una lista cerrada de datos de empresa cuando falta la declaración aduanera, está incompleta o sus datos parecen falsos.
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Artículo 3
El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la relación entre la cooperación administrativa y las actuaciones que requieren intervención judicial.
Cuando las autoridades nacionales decidan, basándose en una solicitud de asistencia administrativa o en una comunicación realizada en virtud del Reglamento, emprender una acción que incluya elementos que solo puedan aplicarse con autorización o a requerimiento de la autoridad judicial, deberán comunicar, en el marco de la cooperación administrativa prevista por el Reglamento:
- la información que obtengan sobre la aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria o, al menos,
- los elementos esenciales del expediente que permitan detener una práctica fraudulenta.
No obstante, dicha comunicación estará sujeta a autorización previa de la autoridad judicial si la necesidad de tal autorización se deriva del derecho nacional.
Datos clave
- Se aplica a acciones con elementos que solo pueden aplicarse con autorización o a requerimiento de la autoridad judicial.
- Debe comunicarse la información obtenida o, al menos, los elementos esenciales del expediente que permitan detener una práctica fraudulenta.
- La comunicación requiere autorización judicial previa si así lo exige el derecho nacional.
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Si una acción derivada de la cooperación necesita al juez, las autoridades siguen comunicando lo obtenido, o al menos lo esencial para frenar el fraude, salvo que el derecho nacional exija autorización judicial previa.
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Artículo 4
El artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la comunicación de información previa solicitud.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida le comunicará toda la información que le permita garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones aduanera y agraria, principalmente de las relativas:
- a la aplicación de los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y demás gravámenes previstos en el marco de la política agrícola común o de regímenes específicos aplicables a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas;
- a las operaciones que formen parte del sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.
Para obtener los datos solicitados, la autoridad requerida, o la autoridad administrativa a quien haya recurrido, procederá como si actuase por cuenta propia o a instancia de otra autoridad de su propio país.
Datos clave
- La asistencia se presta a instancia de la autoridad requirente.
- Comprende derechos de aduana, exacciones de efecto equivalente, exacciones reguladoras agrícolas y demás gravámenes de la política agrícola común.
- Comprende las operaciones financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.
- La autoridad requerida actúa como si lo hiciera por cuenta propia o a instancia de otra autoridad de su propio país.
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Asistencia previa solicitud: la autoridad requerida comunica a la requirente toda la información útil para garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones aduanera y agraria, y la obtiene como si actuase por cuenta propia.
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Artículo 5
El artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la entrega de documentos previa solicitud.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida le facilitará todos los certificados y documentos, o copias autenticadas de documentos, de que disponga o que obtenga en las condiciones del apartado 2 del artículo 4 (actuando como si lo hiciera por cuenta propia), y que se refieran a operaciones a las que se apliquen las reglamentaciones aduanera y agraria.
Datos clave
- Se presta a instancia de la autoridad requirente.
- Objeto: certificados, documentos o copias autenticadas de documentos.
- Incluye los que la autoridad requerida tenga o los que obtenga en las condiciones del artículo 4.2.
- Deben referirse a operaciones sujetas a las reglamentaciones aduanera y agraria.
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A petición de la autoridad requirente, la requerida le facilita certificados, documentos o copias autenticadas sobre operaciones sujetas a las reglamentaciones aduanera y agraria, tanto los que tenga como los que obtenga.
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Artículo 6
El artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la notificación de actos y decisiones previa solicitud.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida notificará al destinatario, o hará que se le notifiquen, observando las normas vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede, todos los actos o decisiones que emanen de las autoridades administrativas y que se refieran a la aplicación de las reglamentaciones aduanera o agraria.
Las solicitudes de notificación mencionarán el objeto del acto o de la decisión que haya que notificar e irán acompañadas de una traducción en la lengua oficial, o en una de las lenguas oficiales, del Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede, sin perjuicio de que esta pueda renunciar a la comunicación de dicha traducción.
Datos clave
- La notificación se hace conforme a las normas vigentes en el Estado miembro de la autoridad requerida.
- Abarca actos o decisiones de autoridades administrativas sobre las reglamentaciones aduanera o agraria.
- La solicitud menciona el objeto del acto o decisión.
- Debe acompañarse traducción a la lengua oficial del Estado de la autoridad requerida.
- La autoridad requerida puede renunciar a la traducción.
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La autoridad requerida notifica, a petición de la requirente, los actos y decisiones administrativos aduaneros o agrarios, según las normas de su propio Estado y con traducción, a la que puede renunciar.
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Artículo 7
El artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la vigilancia especial previa solicitud.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejercerá o hará ejercer, en la medida de lo posible, una vigilancia especial en la zona de acción de sus servicios sobre:
- a) las personas sobre las cuales existan sospechas razonables de que cometen infracciones de las reglamentaciones aduanera o agraria y, más particularmente, sus desplazamientos;
- b) los lugares donde se establezcan depósitos de mercancías en condiciones que dejen razonablemente suponer que tienen por objeto servir a operaciones contrarias a dichas reglamentaciones;
- c) los movimientos de mercancías señalados como posibles operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria;
- d) los medios de transporte que infundan sospechas razonables de que son utilizados para efectuar tales operaciones.
Datos clave
- Se ejerce a instancia de la autoridad requirente y en la medida de lo posible.
- Ámbito: la zona de acción de los servicios de la autoridad requerida.
- Cuatro objetos: personas sospechosas y sus desplazamientos, lugares de depósito de mercancías, movimientos de mercancías y medios de transporte.
- Para personas y medios de transporte se exigen sospechas razonables.
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Vigilancia especial a petición de la autoridad requirente: la requerida vigila, en la medida de lo posible y en su zona de acción, personas, lugares de depósito, movimientos de mercancías y medios de transporte sospechosos.
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Artículo 8
El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la comunicación de datos sobre operaciones irregulares previa solicitud.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida le comunicará, fundamentalmente mediante informes y otros documentos, o copias autenticadas o extractos de estos, todos los datos de que disponga o que obtenga en las condiciones del apartado 2 del artículo 4 sobre operaciones realizadas o proyectadas que sean o que, a juicio de la autoridad requirente, parezcan ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria o, eventualmente, a efectos de los resultados de la vigilancia ejercida en virtud del artículo 7.
Sin embargo, la comunicación de documentos originales y de objetos solo se efectuará cuando las disposiciones vigentes en el Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede no se opongan a ello.
Datos clave
- Forma: fundamentalmente informes y otros documentos, o copias autenticadas o extractos.
- Abarca operaciones realizadas o proyectadas.
- Basta con que, a juicio de la autoridad requirente, parezcan contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
- Incluye los resultados de la vigilancia del artículo 7.
- Documentos originales y objetos solo si no se opone la normativa del Estado de la autoridad requerida.
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A petición, la autoridad requerida comunica todos los datos sobre operaciones realizadas o proyectadas que sean o parezcan irregulares, incluidos los resultados de la vigilancia especial; originales y objetos, solo si su derecho no se opone.
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Artículo 9
El artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula las investigaciones administrativas previa solicitud.
A instancia de la autoridad requirente, la autoridad requerida procederá o hará proceder a las investigaciones administrativas apropiadas sobre las operaciones que sean o que, a juicio de la autoridad requirente, parezcan ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria. Para ello, la autoridad requerida, o la autoridad administrativa a la que haya recurrido, procederá como si actuase por cuenta propia o a instancia de otra autoridad de su propio país, y comunicará los resultados a la autoridad requirente.
Presencia de agentes de la autoridad requirente: por acuerdo entre ambas autoridades, podrán estar presentes en estas investigaciones agentes designados por la autoridad requirente. En ese caso:
- los agentes de la autoridad requerida se harán cargo en todo momento de la realización de las investigaciones;
- los agentes de la autoridad requirente no podrán, por propia iniciativa, hacer valer la facultad de control que se reconoce a los agentes de la autoridad requerida;
- tendrán acceso a los mismos locales y documentos que estos, por mediación de ellos y al solo efecto de la investigación en curso;
- no participarán en los actos que las disposiciones nacionales de procedimiento penal reserven a agentes designados específicamente por la legislación nacional y, en particular, ni en las visitas domiciliarias ni en el interrogatorio oficial de personas en el ámbito de la ley penal;
- tendrán acceso, no obstante, a la información así obtenida, en las condiciones del artículo 3.
Datos clave
- La autoridad requerida actúa como si lo hiciera por cuenta propia y comunica los resultados a la requirente.
- La presencia de agentes de la autoridad requirente exige acuerdo entre ambas autoridades.
- La dirección de la investigación corresponde en todo momento a los agentes de la autoridad requerida.
- Los agentes de la requirente acceden a locales y documentos solo por mediación de los de la requerida.
- No participan en visitas domiciliarias ni en interrogatorios oficiales en el ámbito penal.
- Acceden a la información así obtenida en las condiciones del artículo 3.
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La autoridad requerida hace las investigaciones administrativas que pida la requirente como si fueran suyas y le da los resultados. Si se acuerda, pueden asistir agentes de la requirente, pero con límites estrictos.
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Artículo 10
El artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, permite a agentes de la autoridad requirente recoger información en las oficinas del otro Estado miembro.
Por acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, y según las modalidades fijadas por esta última, agentes debidamente autorizados por la autoridad requirente podrán recoger, en las oficinas donde ejerzan sus funciones las autoridades administrativas del Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede, la información sobre la aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria que necesite la autoridad requirente y que figure en la documentación a la que los agentes de dichas oficinas puedan tener acceso. Estos agentes estarán autorizados a quedarse con una copia de dicha documentación.
Datos clave
- Requiere acuerdo entre la autoridad requirente y la requerida.
- Las modalidades las fija la autoridad requerida.
- Actúan agentes debidamente autorizados por la autoridad requirente.
- Lugar: las oficinas de las autoridades administrativas del Estado de la autoridad requerida.
- Pueden quedarse con una copia de la documentación.
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Con acuerdo entre autoridades, agentes autorizados de la requirente pueden ir a las oficinas administrativas del otro Estado a recoger información aduanera o agraria y llevarse copia, según las modalidades que fije la requerida.
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Artículo 11
El artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, exige la acreditación de los agentes desplazados a otro Estado miembro.
Los agentes de la autoridad requirente que estén presentes en otro Estado miembro en aplicación de los artículos 9 (investigaciones administrativas) y 10 (recogida de información en oficinas) deberán poder presentar en todo momento un mandato escrito en el que se consignen su identidad y su condición oficial.
Datos clave
- Afecta a los agentes presentes en otro Estado miembro en aplicación de los artículos 9 y 10.
- Deben poder presentar en todo momento un mandato escrito.
- El mandato consigna su identidad y su condición oficial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los agentes de la autoridad requirente desplazados a otro Estado para investigaciones o recogida de información deben poder acreditarse en todo momento con un mandato escrito.
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Artículo 12
El artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula el valor probatorio de la información obtenida en la asistencia previa solicitud.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, la información obtenida por los agentes de la autoridad requerida y transmitida a la autoridad requirente en los casos de asistencia de los artículos 4 a 11 (incluidos los documentos, las copias autenticadas, los certificados, la totalidad de los instrumentos o decisiones de autoridades administrativas, los informes y cualquier dato) podrá constituir una prueba admisible del mismo modo que si se hubiera obtenido en el Estado miembro donde se desarrolle el procedimiento:
- a) en los procedimientos administrativos del Estado miembro de la autoridad requirente, incluidos los procedimientos de recurso ulterior;
- b) en los procedimientos judiciales del Estado miembro de la autoridad requirente, salvo que la autoridad requerida declare explícitamente otra cosa en el momento de la transmisión de la información.
Datos clave
- Se aplica a la asistencia previa solicitud de los artículos 4 a 11.
- Rige sin perjuicio del artículo 51.
- La información es prueba admisible como si se hubiera obtenido en el Estado del procedimiento.
- Vale en procedimientos administrativos de la autoridad requirente, incluidos los recursos ulteriores.
- En procedimientos judiciales, salvo declaración explícita en contrario de la autoridad requerida al transmitirla.
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Lo obtenido por la autoridad requerida en la asistencia previa solicitud puede valer como prueba en el Estado requirente igual que si se hubiera obtenido allí, salvo, en vía judicial, declaración contraria de la requerida.
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Artículo 13
El artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, introduce la asistencia espontánea entre Estados miembros.
En las condiciones fijadas en los artículos 14 y 15, las autoridades competentes de cada Estado miembro prestarán asistencia a las autoridades competentes de los demás Estados miembros sin solicitud previa por parte de estas últimas.
Datos clave
- Es asistencia sin solicitud previa de las autoridades de los demás Estados miembros.
- La prestan las autoridades competentes de cada Estado miembro.
- Sus condiciones se fijan en los artículos 14 y 15.
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Abre la asistencia espontánea: las autoridades de cada Estado ayudan a las de los demás sin que se lo pidan, en las condiciones de los dos artículos siguientes.
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Artículo 14
El artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, concreta la asistencia espontánea en materia de vigilancia y comunicación de datos.
Cuando lo estimen útil para el cumplimiento de las reglamentaciones aduanera o agraria, las autoridades competentes de cada Estado miembro:
- a) ejercerán o harán ejercer, en la medida de lo posible, la vigilancia especial definida en el artículo 7;
- b) comunicarán a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados, principalmente mediante informes y otros documentos, o copias autenticadas o extractos de estos, todos los datos de que dispongan sobre operaciones que sean o les parezcan ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
Datos clave
- Es asistencia sin solicitud previa, cuando las autoridades lo estimen útil.
- Incluye la vigilancia especial del artículo 7, en la medida de lo posible.
- Incluye la comunicación de datos a los demás Estados miembros afectados.
- Forma: principalmente informes y otros documentos, o copias autenticadas o extractos.
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Concreta la asistencia espontánea: cuando lo estimen útil, las autoridades vigilan como en la vigilancia especial y comunican a los Estados afectados los datos sobre operaciones irregulares.
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Artículo 15
El artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la comunicación espontánea de información y los intercambios automáticos.
Comunicación sin demora: las autoridades competentes de cada Estado miembro comunicarán sin demora a las de los demás Estados miembros afectados toda la información útil sobre operaciones contrarias, o que les parezcan contrarias, a las reglamentaciones aduanera o agraria, principalmente la relativa a las mercancías objeto de ellas y a los nuevos medios o métodos empleados para efectuarlas.
Intercambio automático: podrán comunicar asimismo a la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro interesado, mediante un intercambio automático ocasional o un intercambio automático regular, la información recibida relativa a:
- la entrada, salida, tránsito, almacenaje y destino final de las mercancías, incluido el tráfico postal, que circulen entre el territorio aduanero de la Comunidad y otros territorios;
- la presencia y circulación dentro del territorio aduanero de la Comunidad de las mercancías no comunitarias y de las incluidas en el régimen de destino final.
Esta comunicación procede cuando sea necesaria para evitar o detectar operaciones que sean o parezcan contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
Datos clave
- La información útil sobre operaciones irregulares se comunica sin demora a los Estados miembros afectados.
- Se destacan las mercancías objeto de las operaciones y los nuevos medios o métodos empleados.
- Cabe intercambio automático ocasional o regular con cualquier Estado miembro interesado.
- Abarca entrada, salida, tránsito, almacenaje y destino final de mercancías, incluido el tráfico postal.
- Abarca la presencia y circulación de mercancías no comunitarias y en régimen de destino final.
- Finalidad: evitar o detectar operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
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Obliga a comunicar sin demora a los Estados afectados la información útil sobre operaciones irregulares y permite intercambios automáticos, ocasionales o regulares, sobre movimientos de mercancías.
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Artículo 16
El artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula el valor probatorio de la información transmitida en la asistencia espontánea.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, la información obtenida por los agentes de la autoridad transmisora y transmitida a la autoridad receptora en los casos de asistencia de los artículos 13 a 15 (incluidos los documentos, las copias autenticadas, los certificados, la totalidad de los instrumentos o decisiones de autoridades administrativas, los informes y cualquier dato) podrá constituir una prueba admisible del mismo modo que si se hubiera obtenido en el Estado miembro donde se desarrolle el procedimiento:
- a) en los procedimientos administrativos del Estado miembro de la autoridad receptora, incluidos los procedimientos de recurso ulterior;
- b) en los procedimientos judiciales del Estado miembro de la autoridad receptora, salvo que la autoridad transmisora declare explícitamente otra cosa en el momento de la transmisión de la información.
Datos clave
- Se aplica a la asistencia sin solicitud previa de los artículos 13 a 15.
- Intervienen la autoridad transmisora y la autoridad receptora.
- Rige sin perjuicio del artículo 51.
- Vale como prueba en procedimientos administrativos de la autoridad receptora, incluidos los recursos ulteriores.
- En procedimientos judiciales, salvo declaración explícita en contrario de la autoridad transmisora al transmitirla.
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Regla gemela de la asistencia previa solicitud, ahora para la espontánea: lo transmitido según los artículos 13 a 15 puede ser prueba en el Estado receptor como si se hubiera obtenido allí, salvo, en vía judicial, declaración contraria de la transmisora.
Esquema
| Previa solicitud | Sin solicitud previa | |
|---|---|---|
| Asistencia | Petición de la autoridad requirente | Artículos 13 a 15 |
| Quién usa la prueba | Estado de la autoridad requirente | Estado de la autoridad receptora |
| Quién puede excluirla en vía judicial | La autoridad requerida | La autoridad transmisora |
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Artículo 17
El artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la comunicación de información entre los Estados miembros y la Comisión.
De los Estados miembros a la Comisión: las autoridades competentes de cada Estado miembro comunicarán a la Comisión, en cuanto estén a su disposición:
- a) todas las informaciones que les parezcan útiles referentes a las mercancías de las que se sepa o se presuma que han sido objeto de operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria; a los métodos y procedimientos utilizados, o que se presuma que se han utilizado, para transgredirlas; y a las solicitudes de asistencia, las acciones emprendidas y la información intercambiada en aplicación de los artículos 4 a 16 que puedan poner en evidencia tendencias de fraude en los sectores aduanero o agrario;
- b) cualquier información sobre insuficiencias o lagunas de las reglamentaciones aduanera o agraria que su aplicación haya permitido poner de manifiesto o suponer.
De la Comisión a los Estados miembros: la Comisión comunicará a las autoridades competentes de cada Estado miembro, en cuanto esté a su disposición, toda la información que les permita asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones aduanera o agraria.
Datos clave
- Los Estados miembros comunican a la Comisión en cuanto la información esté a su disposición.
- Información sobre mercancías objeto de operaciones irregulares y sobre métodos y procedimientos de fraude.
- Incluye solicitudes, acciones e información de los artículos 4 a 16 que revelen tendencias de fraude.
- Incluye insuficiencias o lagunas de las reglamentaciones aduanera o agraria.
- La Comisión, a su vez, comunica a los Estados miembros la información que permita asegurar su cumplimiento.
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Flujo de información en ambos sentidos entre Estados y Comisión: los Estados le pasan lo que revele fraude y lagunas normativas, y la Comisión les devuelve lo que les ayude a cumplir las reglamentaciones.
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Artículo 18
El artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula las operaciones de interés comunitario y la coordinación por la Comisión.
Comunicación a la Comisión: cuando las autoridades competentes de un Estado miembro comprueben operaciones que sean o parezcan contrarias a las reglamentaciones aduanera y agraria y que presenten un interés particular a nivel comunitario, en especial cuando tengan o pudieran tener ramificaciones en otros Estados miembros o en terceros países, o cuando dichas autoridades opinen que posiblemente se hayan realizado operaciones similares en otros Estados miembros, comunicarán cuanto antes a la Comisión, por iniciativa propia o a instancia motivada de esta, toda la información pertinente necesaria para el conocimiento de los hechos, con vistas a la coordinación por la Comisión de las acciones de los Estados miembros. La Comisión comunicará dicha información a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
Seguimiento: en el plazo de seis meses a partir de la recepción de la información comunicada por la Comisión, las autoridades competentes de los Estados miembros transmitirán a la Comisión un resumen de las medidas de lucha contra el fraude adoptadas sobre esa base. Con esos resúmenes, la Comisión elaborará y enviará regularmente a los Estados miembros informes sobre los resultados.
Otras reglas:
- Quien actúe conforme al apartado 1 podrá abstenerse de cursar a los demás Estados miembros afectados la comunicación del artículo 14, letra b), y del artículo 15.
- A instancia motivada de la Comisión, las autoridades competentes actuarán como establecen los artículos 4 a 8.
- Si la Comisión considera que se han cometido irregularidades en uno o varios Estados miembros, se lo informará y estos iniciarán lo antes posible una investigación administrativa, en la que podrán estar presentes agentes de la Comisión en las condiciones del artículo 9.2 y del artículo 11; las conclusiones se comunicarán a la Comisión a la mayor brevedad.
- Los agentes de la Comisión podrán recabar la información del artículo 10 en las condiciones fijadas en él por mutuo acuerdo.
- El artículo no prejuzga el derecho de información y de control de la Comisión en virtud de otras reglamentaciones.
- Sin perjuicio del marco común de gestión de los riesgos del código aduanero comunitario, los datos intercambiados en aplicación de los artículos 17 y 18 podrán almacenarse y utilizarse a efectos de análisis estratégico y operativo, y los Estados miembros y la Comisión podrán intercambiar sus resultados.
Datos clave
- Interés comunitario: ramificaciones en otros Estados miembros o terceros países, u operaciones similares en otros Estados miembros.
- La comunicación a la Comisión se hace cuanto antes, de oficio o a instancia motivada de esta.
- Plazo de seis meses desde la recepción de la información de la Comisión para remitirle el resumen de medidas antifraude.
- Quien comunica a la Comisión puede abstenerse de las comunicaciones del artículo 14.b) y del artículo 15.
- En las investigaciones administrativas pueden estar presentes agentes de la Comisión (artículos 9.2 y 11).
- Los datos de los artículos 17 y 18 pueden almacenarse y usarse para análisis estratégico y operativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando una operación irregular tiene interés comunitario, el Estado avisa cuanto antes a la Comisión para que coordine; en seis meses los demás Estados le resumen sus medidas, y la Comisión puede impulsar investigaciones con presencia de sus agentes.
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Artículo 18 bis
El artículo 18 bis del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria, regula la base de datos de transporte y la base de datos de mensajes sobre el estado de los contenedores (MEC).
Base de datos de transporte: sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros, y para ayudar a las autoridades del artículo 29 a detectar los movimientos de mercancías que puedan ser objeto de operaciones contrarias a la reglamentación aduanera y agraria, así como los medios de transporte, incluidos los contenedores, utilizados a tal fin, la Comisión creará y gestionará una base de datos con información procedente de los transportistas. Dichas autoridades tienen acceso directo a ella y pueden utilizarla, también para analizar datos e intercambiar información, únicamente a efectos del Reglamento.
Facultades de la Comisión: acceder al contenido de los datos o extraerlo y almacenarlo, respetando los derechos de propiedad intelectual y estableciendo garantías (medidas técnicas y de organización y requisitos de transparencia), con derecho de los titulares a acceder a los datos y corregirlos; compararlos, contrastarlos, indexarlos, completarlos con otras fuentes y analizarlos conforme al Reglamento (CE) n.º 45/2001; y ponerlos a disposición de las autoridades del artículo 29 mediante técnicas informáticas.
Contenido: los datos se refieren en particular a los movimientos de contenedores y medios de transporte, y a las mercancías y personas implicadas. Incluyen, cuando estén disponibles:
- contenedores: número y estado de carga del contenedor, fecha y tipo de movimiento, denominación del buque o matrícula del medio de transporte, número de viaje, lugar y carta de porte u otro documento de transporte;
- medios de transporte: nombre del buque o matrícula, documento de transporte, número de contenedores, peso de la carga, descripción o codificación de las mercancías, número de reserva, número de precinto, lugar de la primera carga, lugar de descarga final, lugares de transbordo y fecha prevista de llegada;
- personas implicadas: apellidos, apellidos de soltera, nombres, apellidos anteriores, sobrenombres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo y domicilio;
- empresas implicadas: razón social, nombre comercial, domicilio social, número de registro, número de identificación del IVA y del impuesto especial y el domicilio de propietarios, expedidores, destinatarios, transitarios, transportistas y demás intermediarios de la cadena internacional de suministros.
Base de datos MEC: la Comisión creará y gestionará una base de datos con los mensajes sobre el estado de los contenedores, a la que tienen acceso directo las autoridades del artículo 29. Los transportistas que almacenen datos sobre el movimiento y estado de los contenedores notificarán los MEC, transmitiéndolos directamente a la base de datos, en dos situaciones:
- a) contenedores que vayan a introducirse en el territorio aduanero de la Unión a bordo de un buque marítimo desde un tercer país, salvo los que permanezcan a bordo del mismo buque y salgan con él, y los que se descarguen y carguen de nuevo en el mismo buque para permitir la carga o descarga de otras mercancías y salgan con él;
- b) embarques en contenedores que salgan del territorio aduanero de la Unión a bordo de un buque marítimo hacia un tercer país y entren en el ámbito del artículo 2 de la Directiva 92/84/CEE, del artículo 2 de la Directiva 2011/64/UE o del artículo 2.1 de la Directiva 2003/96/CE.
Periodo de notificación: desde que se constata que el contenedor está vacío antes de su introducción o salida hasta que se vuelve a constatar que está vacío; o, si los MEC necesarios no están en el registro electrónico del transportista, durante al menos tres meses antes de la llegada física hasta un mes después de la entrada, o durante al menos tres meses después de la salida.
Incidencias que se notifican: confirmación de la reserva; llegada a una instalación de carga o descarga y partida de ella; carga o descarga de un medio de transporte; instrucciones de llenado o vaciado y su confirmación; movimientos dentro de una terminal; inspección en la entrada de una terminal; y envío para una reparación importante. Cada Estado miembro establecerá sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por no facilitar datos o facilitarlos incompletos o falsos.
Protección de datos: en la Comisión solo los analistas designados pueden tratar los datos personales del apartado 2, letras b) y c). Los datos personales innecesarios se suprimirán de inmediato o se desvincularán de elementos de identificación y no podrán almacenarse más de tres años. Los datos procedentes de los transportistas solo se conservan el tiempo necesario y nunca más de cinco años. La Comisión y los Estados miembros protegerán la información confidencial de las empresas, aplicarán a sus expertos las más estrictas normas de seguridad en materia de secreto profesional y velarán por el tratamiento confidencial solicitado por otros Estados miembros para la información de la base de datos MEC.
Datos clave
- La Comisión crea y gestiona la base de datos de transporte y la base de datos MEC; las autoridades del artículo 29 tienen acceso directo.
- Los transportistas transmiten los MEC directamente a la base de datos MEC.
- MEC en entradas por buque marítimo desde tercer país y en salidas hacia tercer país de mercancías de las Directivas 92/84/CEE, 2011/64/UE y 2003/96/CE.
- Sin registro electrónico disponible: al menos tres meses antes de la llegada hasta un mes después de la entrada, o al menos tres meses después de la salida.
- Sanciones de los Estados miembros: efectivas, proporcionadas y disuasorias.
- Solo los analistas designados de la Comisión tratan los datos personales.
- Datos personales: máximo tres años; datos de los transportistas: máximo cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea dos bases de datos que gestiona la Comisión: la de transporte, con datos de los transportistas, y la de mensajes sobre el estado de los contenedores (MEC), que alimentan los transportistas, con plazos, sanciones y límites de conservación.
Esquema
| Base de datos de transporte | Base de datos MEC | |
|---|---|---|
| Gestiona | La Comisión | La Comisión |
| Origen de los datos | Información procedente de los transportistas | MEC transmitidos directamente por los transportistas |
| Contenido | Contenedores, medios de transporte, personas y empresas implicadas | Mensajes sobre el estado y movimiento de los contenedores |
| Acceso directo | Autoridades del artículo 29 | Autoridades del artículo 29 |
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Artículo 18 quinquies. Base de datos de importación, exportación y tránsito
El artículo 18 quinquies del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo obliga a la Comisión a crear y gestionar una base de datos denominada «base de datos de importación, exportación y tránsito».
Contenido. La base recoge información relativa a: a) la importación de mercancías; b) el tránsito de mercancías, y c) las exportaciones de mercancías, en la medida en que entren en el ámbito del artículo 2 de la Directiva 92/84/CEE, del artículo 2 de la Directiva 2011/64/UE o del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE. Se mantiene tal como se especifica en los anexos 37 y 38 del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión. La Comisión reproducirá sistemáticamente los datos procedentes de fuentes gestionadas por ella con arreglo al Reglamento (UE) n.º 952/2013. Los Estados miembros podrán facilitar los datos relativos al tránsito en el interior de su territorio y a la exportación directa, en función de la disponibilidad de los datos y de su infraestructura informática. Los departamentos designados por la Comisión y las autoridades nacionales del artículo 29 podrán analizar y comparar esta información con los MEC notificados en la base de datos MEC e intercambiar los resultados.
Acceso. Podrán acceder las autoridades nacionales a que se refiere el artículo 29. En el seno de la Comisión solo podrán tratar los datos los analistas designados al efecto. Los Estados miembros podrán acceder directamente a: a) los datos de todas las declaraciones establecidas y presentadas en el Estado miembro interesado; b) los datos de operadores económicos con número EORI asignado por sus autoridades; c) los datos sobre tránsito; d) todos los demás datos, excepto los datos personales del artículo 41 ter, apartado 2. Las autoridades que hayan introducido datos en el SIA (artículo 23, apartado 1) o un expediente en el fichero de identificación de los expedientes de investigaciones aduaneras (artículo 41 bis, apartado 1) podrán acceder a todos los datos correspondientes a esa introducción o expediente.
Protección de datos. Se aplica el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Comisión es «responsable del tratamiento» en el sentido de su artículo 2, letra d). La base está sujeta a control previo del Supervisor Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 27 de ese Reglamento. Los datos no podrán almacenarse por un plazo superior a cinco años, con un plazo adicional de dos años si estuviera justificado. No incluirá categorías especiales de datos del artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, y la Comisión aplicará medidas técnicas y de organización para proteger los datos personales contra su destrucción accidental o ilícita, extravío, divulgación, alteración, acceso no autorizado o cualquier otro tratamiento no autorizado.
Confidencialidad. La Comisión y los Estados miembros protegerán la información confidencial de las empresas, aplicarán a sus expertos las más estrictas normas técnicas, organizativas y de seguridad del personal en materia de secreto profesional y velarán por que se cumplan las solicitudes de tratamiento confidencial de otros Estados miembros.
Datos clave
- La crea y gestiona la Comisión: importación, tránsito y exportación de mercancías.
- Exportaciones incluidas: las del artículo 2 de la Directiva 92/84/CEE, artículo 2 de la Directiva 2011/64/UE o artículo 2.1 de la Directiva 2003/96/CE.
- Se mantiene según los anexos 37 y 38 del Reglamento (CEE) n.º 2454/93.
- En la Comisión solo tratan los datos los analistas designados al efecto.
- Acceso directo de los Estados miembros salvo a los datos personales del artículo 41 ter.2.
- La Comisión es «responsable del tratamiento»; control previo del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
- Conservación máxima: cinco años, más dos adicionales si está justificado.
- No incluye categorías especiales de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión crea y gestiona una base de datos de importación, exportación y tránsito, con acceso de las autoridades del artículo 29, límites de acceso a datos personales, conservación de cinco años más dos y deber de confidencialidad.
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Artículo 18 sexies. Solicitud de documentos justificativos por la Comisión
El artículo 18 sexies del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo permite a la Comisión solicitar a un Estado miembro que facilite los documentos que justifiquen las declaraciones de importación y exportación y para las que los operadores económicos hayan generado o recopilado documentos justificativos, respecto de las investigaciones relacionadas con la aplicación de la reglamentación aduanera.
La solicitud irá dirigida a las autoridades competentes. Cuando un Estado miembro haya designado más de una autoridad competente, tendrá que especificar el departamento administrativo responsable de dar respuesta a la solicitud de la Comisión.
El Estado miembro, en el plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la solicitud:
- facilitará la documentación solicitada; si estuviera justificado, dentro de un plazo adicional de seis semanas;
- notificará a la Comisión que no ha sido posible satisfacer la solicitud debido a que el operador económico no ha facilitado la información solicitada, o
- rechazará la solicitud a consecuencia de una decisión adoptada por una autoridad administrativa o judicial de dicho Estado miembro de conformidad con el artículo 3.
Datos clave
- Objeto: documentos justificativos de declaraciones de importación y exportación en investigaciones aduaneras.
- La solicitud se dirige a las autoridades competentes del Estado miembro.
- Con varias autoridades competentes, el Estado debe especificar el departamento que responde.
- Plazo de respuesta: cuatro semanas desde la recepción de la solicitud.
- Plazo adicional justificado para facilitar la documentación: seis semanas.
- Rechazo posible por decisión de autoridad administrativa o judicial conforme al artículo 3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En investigaciones aduaneras, la Comisión puede pedir a un Estado los documentos que justifiquen declaraciones de importación y exportación; el Estado tiene cuatro semanas para entregarlos, avisar de que el operador no los dio o rechazar la solicitud.
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Artículo 18 ter. Formación y asistencia técnica de la Comisión
El artículo 18 ter del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, regula el apoyo que la Comisión puede prestar en materia de formación y asistencia técnica.
En primer lugar, la Comisión estará facultada para ofrecer actividades de formación y todo tipo de asistencia técnica distinta de la asistencia financiera a los responsables de enlace de terceros países y de las organizaciones y agencias europeas o internacionales.
En segundo lugar, la Comisión podrá ofrecer a los Estados miembros asesoramiento técnico, asistencia técnica o logística, una actividad de formación o de comunicación o cualquier otro apoyo operativo. Este apoyo sirve tanto para la consecución de los objetivos del Reglamento como para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros en el marco de la cooperación aduanera contemplada en los artículos 29 y 30 del Tratado de la Unión Europea.
Datos clave
- Destinatarios de la formación y asistencia técnica: responsables de enlace de terceros países y de organizaciones y agencias europeas o internacionales.
- La asistencia técnica a esos destinatarios es distinta de la asistencia financiera.
- A los Estados miembros: asesoramiento técnico, asistencia técnica o logística, formación, comunicación u otro apoyo operativo.
- Marco de la cooperación aduanera: artículos 29 y 30 del Tratado de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión puede formar y asistir técnicamente a enlaces de terceros países y organismos europeos o internacionales, sin ayuda financiera, y ofrecer a los Estados todo tipo de apoyo operativo.
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Artículo 19. Comunicación de información a terceros países
El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula cuándo y cómo pueden comunicarse a un tercer país las informaciones obtenidas en aplicación del Reglamento.
La condición previa es que el tercer país afectado se haya comprometido jurídicamente a proporcionar la asistencia necesaria para reunir todos los elementos de prueba de la naturaleza irregular de operaciones que parezcan contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria, o para determinar la amplitud de las operaciones que se haya comprobado que son contrarias a ellas.
Cumplida esa condición, la información se le podrá comunicar:
- bien por la Comisión o el Estado miembro afectado, con el acuerdo previo de las autoridades competentes del Estado miembro que la haya proporcionado, o
- bien por la Comisión o los Estados miembros afectados en el marco de una acción concertada, si la información procede de varios Estados miembros, con el acuerdo previo de las autoridades competentes de todos ellos.
La comunicación por un Estado miembro se efectuará conforme a sus disposiciones internas sobre transmisión de datos personales a terceros países. En cualquier caso, deberá garantizarse que las normas del tercer país ofrezcan una protección equivalente a la del artículo 45, apartados 1 y 2.
Datos clave
- Requisito: compromiso jurídico del tercer país de prestar la asistencia necesaria.
- Siempre se exige el acuerdo previo de las autoridades del Estado o Estados que proporcionaron la información.
- Si la información procede de varios Estados: comunicación en el marco de una acción concertada.
- La comunicación estatal se rige por las normas internas sobre transmisión de datos personales a terceros países.
- El tercer país debe ofrecer protección equivalente a la del artículo 45, apartados 1 y 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información obtenida con el Reglamento solo puede pasarse a un tercer país que se haya comprometido jurídicamente a colaborar, con acuerdo previo de los Estados que la proporcionaron y protección equivalente de datos.
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Artículo 20. Misiones comunitarias en terceros países
El artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo permite a la Comisión, con el fin de alcanzar los objetivos del Reglamento y en las condiciones previstas en el artículo 19, proceder a misiones comunitarias de cooperación y de investigación administrativas en terceros países, en coordinación y en estrecha cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros.
Estas misiones se efectuarán en las condiciones siguientes:
a) se podrá emprender la misión por iniciativa de la Comisión, en su caso basándose en elementos de información facilitados por el Parlamento Europeo, o a instancia de uno o varios Estados miembros;
b) participarán agentes de la Comisión designados para tal fin y agentes designados por el Estado o Estados miembros de que se trate;
c) la misión también podrá ser realizada, previo consentimiento de la Comisión y de los Estados miembros de que se trate, en interés comunitario, por los agentes de un Estado miembro, particularmente en aplicación de un acuerdo bilateral de asistencia con un país tercero; en tal caso, se informará a la Comisión de los resultados.
La Comisión informará a los Estados miembros y al Parlamento Europeo de los resultados de las misiones efectuadas.
Datos clave
- Misiones de cooperación y de investigación administrativas en terceros países, en las condiciones del artículo 19.
- Iniciativa: de la Comisión (en su caso con información del Parlamento Europeo) o a instancia de uno o varios Estados miembros.
- Participan agentes designados por la Comisión y por el Estado o Estados miembros.
- Puede realizarla solo un Estado miembro, con consentimiento previo, especialmente en aplicación de un acuerdo bilateral.
- La Comisión informa de los resultados a los Estados miembros y al Parlamento Europeo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión puede hacer misiones comunitarias de cooperación e investigación administrativas en terceros países, coordinada con los Estados, con agentes propios y nacionales, o encargarlas a un Estado; informa de los resultados.
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Artículo 21. Tratamiento de la información de las misiones comunitarias
El artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo determina el régimen de las comprobaciones y de la información obtenidas en las misiones comunitarias del artículo 20.
Las comprobaciones realizadas y la información obtenida en esas misiones, especialmente la recibida en forma de documentos transmitidos por las autoridades competentes de los terceros países correspondientes, así como la información obtenida en el marco de una investigación administrativa, inclusive por parte de los servicios de la Comisión, serán tratadas de conformidad con el artículo 45, que regula su carácter confidencial.
A estas comprobaciones e informaciones se les aplica, mutatis mutandis, el artículo 12. Para su utilización con arreglo a dicho artículo, la Comisión expedirá a las autoridades competentes de los Estados miembros, a petición de estos, los documentos originales obtenidos o copias legalizadas de los mismos.
Datos clave
- La información de las misiones comunitarias se trata conforme al artículo 45.
- Incluye los documentos transmitidos por autoridades de terceros países y la información de investigaciones administrativas.
- Se aplica mutatis mutandis el artículo 12.
- A petición de los Estados miembros, la Comisión expide documentos originales o copias legalizadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo obtenido en misiones comunitarias e investigaciones administrativas se trata como confidencial según el artículo 45 y puede usarse como prueba aplicando el artículo 12; la Comisión entrega originales o copias legalizadas si se le piden.
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Artículo 22. Información intercambiada con terceros países
El artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo establece un deber de información de los Estados miembros hacia la Comisión en relación con sus contactos con terceros países.
Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de la información intercambiada con terceros países en el marco de la asistencia administrativa mutua cuando concurran dos condiciones: que ofrezca, en el sentido del apartado 1 del artículo 18, un interés particular para el correcto funcionamiento de las reglamentaciones aduanera o agraria con arreglo al Reglamento, y que la información entre dentro de su ámbito de aplicación.
Datos clave
- Obligados: los Estados miembros; destinataria: la Comisión.
- Objeto: la información intercambiada con terceros países en asistencia administrativa mutua.
- Condición: interés particular en el sentido del artículo 18, apartado 1.
- La información debe entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados deben informar a la Comisión de lo que intercambian con terceros países en asistencia mutua cuando tenga interés particular y entre en el ámbito del Reglamento.
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Artículo 23. Creación y objetivo del Sistema de información aduanera (SIA)
El artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo crea un sistema automatizado de información, el Sistema de información aduanera, denominado «SIA», que responderá a las necesidades de las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de las reglamentaciones aduanera o agraria, así como a las de la Comisión.
El objetivo del SIA será contribuir a prevenir, investigar y perseguir las operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria, facilitando la información con mayor rapidez y aumentando así la eficacia de los procedimientos de cooperación y de control de las autoridades competentes.
Las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán utilizar la infraestructura material del SIA en el marco de la cooperación aduanera de los artículos 29 y 30 del Tratado de la Unión Europea; en ese caso, la Comisión garantizará la gestión técnica de esta infraestructura.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 43, que determinen las operaciones relacionadas con la aplicación de reglamentos agrícolas que exijan introducir información en el SIA. Dichos actos delegados se adoptarán antes del 29 de febrero de 2016.
Los Estados miembros y la Comisión, denominados «los partícipes en el SIA», participarán en él en las condiciones del título correspondiente.
Datos clave
- SIA: Sistema de información aduanera, sistema automatizado de información.
- Objetivo (art. 23.2): prevenir, investigar y perseguir operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
- Uso de su infraestructura en la cooperación aduanera de los artículos 29 y 30 del TUE, con gestión técnica de la Comisión.
- Actos delegados conforme al artículo 43, adoptados antes del 29 de febrero de 2016.
- Partícipes en el SIA: los Estados miembros y la Comisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea el SIA, sistema automatizado de información aduanera al servicio de las autoridades y de la Comisión, para prevenir, investigar y perseguir el fraude aduanero y agrario con información más rápida.
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Artículo 24. Estructura y categorías de datos del SIA
El artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo define la estructura del SIA: consistirá en un banco central de datos accesible a través de terminales situadas en cada uno de los Estados miembros y en la Comisión.
Comprenderá exclusivamente aquellos datos, incluidos los datos personales, que sean necesarios para alcanzar el objetivo del apartado 2 del artículo 23, agrupados en las categorías siguientes:
a) mercancías;
b) medios de transporte;
c) empresas;
d) personas;
e) tendencias del fraude;
f) competencias disponibles;
g) retenciones, embargos o confiscaciones de mercancías;
h) retenciones, embargos o confiscaciones de dinero efectivo tal como se define en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad.
Datos clave
- El SIA es un banco central de datos con terminales en cada Estado miembro y en la Comisión.
- Solo contiene los datos necesarios para el objetivo del artículo 23.2, incluidos datos personales.
- Ocho categorías: mercancías, medios de transporte, empresas, personas, tendencias del fraude, competencias disponibles.
- También retenciones, embargos o confiscaciones de mercancías y de dinero efectivo.
- Dinero efectivo según el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1889/2005, de 26 de octubre de 2005.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El SIA es un banco central de datos con terminales en cada Estado y en la Comisión, que solo guarda los datos necesarios para su objetivo, agrupados en ocho categorías.
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Artículo 26. Principios de protección de datos personales en el SIA
El artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo establece los principios que deben respetarse al utilizar el SIA en lo referente a los datos personales:
a) la obtención y cualquier otra operación de tratamiento de los datos deberá efectuarse de manera leal y lícita;
b) los datos deberán recogerse para los fines definidos en el apartado 2 del artículo 23 y no tratarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines;
c) los datos deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos con respecto a los fines para los que se traten;
d) los datos deberán ser exactos y, cuando sea necesario, actualizarse;
e) los datos solamente deberán conservarse en una forma que permita la identificación del interesado durante un período que no sea superior al necesario para la realización de los fines perseguidos.
Datos clave
- Tratamiento leal y lícito.
- Limitación de la finalidad: fines del artículo 23.2, sin tratamiento posterior incompatible.
- Datos adecuados, pertinentes y no excesivos.
- Datos exactos y actualizados cuando sea necesario.
- Conservación identificable solo durante el tiempo necesario para los fines.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco principios para los datos personales del SIA: licitud y lealtad, finalidad, minimización, exactitud y conservación identificable solo el tiempo necesario.
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Artículo 27. Medidas propuestas e inclusión de datos personales en el SIA
El artículo 27 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo limita los fines para los que pueden incluirse datos personales en el SIA.
Los datos personales correspondientes a las categorías del artículo 24 solo se incluirán en el SIA para los fines de las siguientes medidas propuestas:
a) observación e informe;
b) vigilancia discreta;
c) controles específicos, y
d) análisis operativos.
Además, solo podrán incluirse datos personales si, especialmente por la existencia de actividades ilegales previas o a raíz de una información facilitada en el marco de la asistencia, existen indicios fundados para creer que la persona en cuestión ha realizado, está realizando o pretende realizar operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria que revistan una importancia particular a nivel comunitario.
Datos clave
- Cuatro medidas propuestas: observación e informe, vigilancia discreta, controles específicos y análisis operativos.
- Requisito: indicios fundados de operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
- Los indicios pueden derivar de actividades ilegales previas o de información facilitada en la asistencia.
- Las operaciones deben revestir una importancia particular a nivel comunitario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos personales solo entran en el SIA para cuatro medidas propuestas y si hay indicios fundados de que la persona realiza operaciones irregulares de importancia particular a nivel comunitario.
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Artículo 28. Información recogida y controles específicos
El artículo 28 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula la información que puede obtenerse al aplicar las acciones sugeridas del artículo 27, apartado 1.
Podrá recogerse y transmitirse, en su totalidad o en parte, al partícipe en el SIA que las haya sugerido la información siguiente:
a) el hecho de que la mercancía, los medios de transporte, la empresa o la persona en cuestión han sido localizados;
b) el lugar, la hora y la razón del control;
c) el itinerario seguido y el destino del viaje;
d) las personas que acompañan al individuo en cuestión o los ocupantes de los medios de transporte empleados;
e) los medios de transporte empleados;
f) los objetos transportados;
g) las condiciones en que fueron descubiertos la mercancía, los medios de transporte, la empresa o la persona.
Cuando esta información se recabe en el transcurso de una operación de vigilancia discreta, deberán tomarse medidas para asegurarse de que no se compromete la naturaleza secreta de la vigilancia.
En los controles específicos, las personas, los medios de transporte y los objetos podrán ser registrados dentro de lo permisible y con arreglo a las disposiciones y procedimientos del Estado miembro en el que se efectúe el registro. Si la legislación de un Estado miembro no permitiera dichos controles específicos, el Estado los convertirá automáticamente en una observación e informe o en una vigilancia discreta.
Datos clave
- La información se transmite al partícipe en el SIA que sugirió la acción.
- Incluye localización, lugar, hora y razón del control, itinerario y destino, acompañantes, medios de transporte y objetos.
- En la vigilancia discreta no debe comprometerse su naturaleza secreta.
- Los registros se rigen por la legislación del Estado miembro donde se efectúan.
- Si no se permiten controles específicos, se convierten automáticamente en observación e informe o vigilancia discreta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué información puede recogerse al ejecutar las acciones del SIA y transmitirse a quien las sugirió, con cautelas para la vigilancia discreta y reglas para los registros en los controles específicos.
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Artículo 29. Acceso a los datos del SIA
El artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo reserva el acceso a los datos del SIA exclusivamente a las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro y a los servicios designados por la Comisión. Entre esas autoridades nacionales figurarán las autoridades aduaneras, pero también podrán figurar otras autoridades competentes facultadas, conforme al Derecho del Estado miembro, para actuar a fin de alcanzar el objetivo del artículo 23, apartado 2. El partícipe que haya proporcionado los datos tendrá derecho a determinar qué autoridades nacionales podrán acceder a los datos que haya introducido.
Cada Estado miembro enviará a la Comisión una lista de las autoridades nacionales competentes designadas autorizadas a acceder al SIA, indicando, para cada una, a qué datos pueden acceder y con qué finalidades. La Comisión comprobará la lista con los Estados miembros interesados para evitar nombramientos de carácter desproporcionado; tras ello, los Estados confirmarán o modificarán la lista. La Comisión informará a los demás Estados miembros y a todos ellos sobre sus propios servicios facultados. Publicará, a título informativo, la lista en el Diario Oficial de la Unión Europea, y sus sucesivas actualizaciones en internet.
No obstante, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir permitir el acceso de organizaciones internacionales o regionales al SIA, siempre que, cuando resulte pertinente, se celebre paralelamente un protocolo con ellas, conforme al apartado 3 del artículo 7 del Convenio sobre la utilización de la informática en el ámbito aduanero. Se tendrán en cuenta los acuerdos bilaterales o comunitarios vigentes y la adecuación del nivel de protección de los datos.
Datos clave
- Acceso exclusivo: autoridades nacionales designadas y servicios designados por la Comisión.
- Entre las autoridades nacionales figuran las aduaneras y pueden figurar otras competentes.
- El partícipe que aporta los datos decide qué autoridades acceden a ellos.
- Lista de autoridades con datos accesibles y finalidades, comprobada por la Comisión para evitar designaciones desproporcionadas.
- Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y actualizaciones en internet.
- El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede abrir el acceso a organizaciones internacionales o regionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo acceden al SIA las autoridades nacionales designadas y los servicios designados por la Comisión; el que aporta los datos decide quién los ve, las listas se controlan y publican, y el Consejo puede abrirlo a organizaciones internacionales o regionales.
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Artículo 30. Uso de los datos obtenidos del SIA
El artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula el uso de los datos obtenidos del SIA.
Los partícipes en el SIA únicamente podrán usar estos datos para alcanzar el objetivo del apartado 2 del artículo 23; no obstante, podrán utilizarlos también para fines administrativos o de otra índole con autorización previa. Ese uso se hará conforme a las disposiciones y procedimientos del Estado miembro que pretenda la utilización y, en su caso, a las disposiciones aplicables en la Comisión, y debería tomar en consideración los principios del Anexo.
Sin perjuicio de los apartados 1 y 4 y del artículo 29.3, los datos serán utilizados únicamente por las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro y por los servicios designados por la Comisión facultados para actuar con el fin del artículo 23.2. Cada Estado miembro enviará a la Comisión una lista de esas autoridades; la Comisión informará a los demás Estados miembros, así como de sus propios servicios facultados, y publicará la lista a título informativo en el Diario Oficial de la Unión Europea y sus actualizaciones en internet.
Los datos podrán comunicarse, con autorización previa del Estado miembro que los haya introducido y bajo las condiciones que imponga, para su utilización por autoridades nacionales distintas, terceros países y organizaciones internacionales o regionales u organismos de la Unión que contribuyan a proteger los intereses financieros de la Unión y la correcta aplicación de la legislación aduanera. Los Estados adoptarán medidas especiales para garantizar la seguridad de los datos al transmitirlos fuera de su territorio. Esta regla se aplica mutatis mutandis a la Comisión cuando sea ella quien haya introducido los datos.
Datos clave
- Uso principal: el objetivo del artículo 23.2.
- Otros fines administrativos o de otra índole: solo con autorización previa.
- Se tomarán en consideración los principios del Anexo.
- Usuarios: autoridades nacionales designadas y servicios designados por la Comisión.
- Lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y actualizaciones en internet.
- Comunicación a terceros países u organizaciones: con autorización previa del Estado que introdujo los datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos del SIA se usan para el objetivo del sistema y, con autorización previa, para otros fines; solo los usan autoridades y servicios designados, y pueden comunicarse a terceros con autorización del Estado que los introdujo.
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Artículo 31. Derecho aplicable a la introducción y al tratamiento de datos
El artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo determina qué normas rigen la introducción y el tratamiento de los datos del SIA.
La introducción de datos en el SIA se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos del Estado miembro que los proporcione y, en su caso, por las disposiciones correspondientes de la Comisión, a menos que el Reglamento contenga disposiciones más estrictas.
El tratamiento de los datos obtenidos del SIA, incluida su utilización o la realización de cualquiera de las acciones del artículo 27 a petición del partícipe que los haya proporcionado, se regirá por las disposiciones y procedimientos del Estado miembro que trate o utilice tales datos y, en su caso, por las de la Comisión, salvo que el Reglamento contenga disposiciones más estrictas.
Datos clave
- Introducción de datos: Derecho del Estado miembro que los proporciona.
- Tratamiento y utilización: Derecho del Estado miembro que los trata o utiliza.
- En ambos casos, en su caso, las disposiciones aplicables en la Comisión.
- Prevalecen las disposiciones más estrictas del propio Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para introducir datos en el SIA manda el Derecho del Estado que los proporciona; para tratarlos o usarlos, el del Estado que los trata. En ambos casos prevalece el Reglamento si es más estricto.
Esquema
| Introducción de datos | Tratamiento y uso | |
|---|---|---|
| Derecho del Estado | El Estado que los proporciona | El Estado que los trata o utiliza |
| Límite | Disposiciones más estrictas del Reglamento | Disposiciones más estrictas del Reglamento |
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Artículo 32. Modificación, corrección y supresión de datos del SIA
El artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula quién puede modificar los datos del SIA y cómo se resuelven los errores y contradicciones.
Únicamente el partícipe en el SIA que haya proporcionado los datos estará facultado para modificar, completar, corregir o suprimir los datos que haya introducido.
Si ese partícipe advierte o es advertido de que sus datos son realmente inexactos o han sido introducidos o conservados contraviniendo el Reglamento, los modificará, completará, corregirá o suprimirá, según proceda, e informará a los demás partícipes.
Si otro partícipe tiene pruebas de que un elemento de los datos es inexacto o se introdujo o conservó contraviniendo el Reglamento, advertirá lo antes posible al partícipe que lo proporcionó, que comprobará los datos y, si es necesario, los corregirá o suprimirá sin demora, informando a los demás partícipes.
Si al introducir datos un partícipe observa que su informe se contradice, por su contenido o por la acción propuesta, con un informe anterior, informará inmediatamente a quien hizo el informe anterior y ambos intentarán solucionar el asunto. De no llegarse a un acuerdo, se conservará el primer informe, pero se introducirán los elementos del nuevo que no lo contradigan.
Si un tribunal u otra autoridad facultada de un Estado miembro adopta la decisión definitiva de modificar, completar, corregir o suprimir datos del SIA, los partícipes actuarán en consecuencia. En caso de conflicto entre tales decisiones, incluidas las del artículo 36, el Estado miembro que introdujo los datos los suprimirá del sistema. Lo mismo se aplica, mutatis mutandis, cuando el Tribunal de Justicia anule una decisión de la Comisión relativa a datos del SIA.
Datos clave
- Solo el partícipe que proporcionó los datos puede modificarlos, completarlos, corregirlos o suprimirlos.
- Quien detecta un error lo advierte lo antes posible al partícipe que aportó el dato.
- Las correcciones o supresiones se comunican a los demás partícipes.
- Informes contradictorios sin acuerdo: se conserva el primer informe.
- Decisiones judiciales o administrativas en conflicto: el Estado que introdujo los datos los suprime.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo quien introdujo un dato en el SIA puede cambiarlo o borrarlo; los demás le avisan de los errores, los informes contradictorios se resuelven conservando el primero y las decisiones definitivas de tribunales o autoridades se cumplen.
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Artículo 33. Plazo de conservación de los datos del SIA
El artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo fija el plazo de conservación de los datos introducidos en el Sistema de información aduanera (SIA).
Como regla general, los datos solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar el objetivo que motivó su introducción. Además, se establece un límite máximo: no podrán almacenarse por un plazo superior a cinco años, con un plazo adicional de dos años si este estuviera justificado.
Datos clave
- Conservación limitada al tiempo necesario para el objetivo que motivó la introducción.
- Plazo máximo de almacenamiento: cinco años.
- Plazo adicional posible: dos años, si está justificado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos del SIA se guardan solo el tiempo necesario para su objetivo y nunca más de cinco años, ampliables dos más si está justificado.
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Artículo 34. Requisitos de protección de datos para usar el SIA
El artículo 34 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo establece las garantías previas exigidas para tratar datos personales en el SIA.
El partícipe en el SIA que quiera obtener o introducir datos personales deberá adoptar, como muy tarde en el momento de la aplicabilidad del Reglamento, una legislación nacional o, en el caso de la Comisión, normas internas que garanticen la protección de los derechos y libertades de las personas en lo que se refiere al tratamiento de los datos personales.
Los partícipes únicamente podrán obtener e introducir datos personales cuando hayan entrado en vigor esas disposiciones de protección de datos. Asimismo, los Estados miembros deberán haber designado previamente una o varias autoridades nacionales de control previstas en el artículo 37.
Para garantizar la correcta aplicación de las normas de protección de datos, los Estados miembros y la Comisión considerarán el SIA un sistema de tratamiento de datos personales sujeto a:
- las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE;
- el Reglamento (CE) n.º 45/2001, y
- las disposiciones más estrictas contenidas en el propio Reglamento.
Datos clave
- Exige legislación nacional o normas internas de la Comisión de protección de datos, como muy tarde a la aplicabilidad del Reglamento.
- Solo se obtienen o introducen datos personales tras la entrada en vigor de esas disposiciones.
- Los Estados deben haber designado antes una o varias autoridades nacionales de control (artículo 37).
- El SIA queda sujeto a la Directiva 95/46/CE, al Reglamento (CE) n.º 45/2001 y a las normas más estrictas del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de introducir u obtener datos personales del SIA, cada partícipe debe tener en vigor normas de protección de datos y los Estados deben haber designado su autoridad nacional de control.
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Artículo 35. Prohibición de otros usos y copia de datos personales del SIA
El artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo limita el uso y la copia de los datos personales del SIA.
Sin perjuicio del artículo 30, apartado 1, está prohibida la utilización por los partícipes de datos personales del SIA con fines distintos del objetivo del artículo 23, apartado 2.
Únicamente podrán reproducirse datos con fines técnicos y siempre que la copia sea necesaria para que las autoridades del artículo 29 puedan efectuar una búsqueda de información.
Los datos personales introducidos por un Estado miembro o por la Comisión no podrán copiarse en otros sistemas de tratamiento de datos de los que sean responsables, salvo que se trate de sistemas de gestión de los riesgos destinados a orientar los controles aduaneros a nivel nacional o de un sistema de análisis operativo que permita coordinar las medidas a escala comunitaria. En tal caso, solo estarán habilitados los analistas designados por las autoridades nacionales y por los servicios de la Comisión. Cada Estado miembro enviará a la Comisión una lista de los servicios de gestión de riesgos con analistas autorizados; la Comisión la transmitirá a los demás Estados e informará de sus propios servicios de análisis operativo. La lista se publicará con fines informativos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los datos personales copiados solo podrán conservarse el tiempo necesario para los fines de la copia. La necesidad de conservarlos será examinada anualmente, como mínimo, por el partícipe que los haya copiado. El plazo de conservación no será superior a diez años, y los datos que no sean necesarios para proseguir los análisis se suprimirán o se harán anónimos de inmediato.
Datos clave
- Prohibido usar los datos personales del SIA con fines distintos del artículo 23.2 (sin perjuicio del artículo 30.1).
- Reproducción solo con fines técnicos y para búsquedas de las autoridades del artículo 29.
- Copia permitida solo a sistemas de gestión de riesgos nacionales o de análisis operativo comunitario.
- Solo pueden tratarlos los analistas designados.
- Revisión de la necesidad de conservación: anual como mínimo.
- Plazo máximo de conservación de los datos copiados: diez años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohíbe usar los datos personales del SIA para fines ajenos a su objetivo y limita su copia a fines técnicos o a sistemas de gestión de riesgos y análisis operativo, con analistas designados, revisión anual y tope de diez años.
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Artículo 36. Derechos de las personas sobre sus datos en el SIA
El artículo 36 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula los derechos de las personas sobre sus datos personales en el SIA, especialmente el derecho de acceso.
Ejercicio. Estos derechos se ejercerán conforme a las disposiciones y procedimientos del Estado miembro en el que se invoquen y conforme a las normas internas de la Comisión del artículo 34.1. Si el Derecho del Estado miembro lo establece, la autoridad nacional de control del artículo 37 decidirá si se comunica la información y el procedimiento que debe seguirse.
Denegación del acceso. Todo partícipe al que se solicite autorización podrá denegarla si la comunicación pudiera entorpecer la prevención, la investigación y la persecución de operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria. Los Estados miembros también podrán denegarla, si su Derecho lo prevé, cuando sea necesario para salvaguardar la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública o los derechos y libertades de terceros; la Comisión, para salvaguardar los derechos y libertades de terceros. En todo caso, podrá denegarse el acceso durante la observación o informe o la vigilancia discreta, durante el análisis operativo o mientras esté en curso un expediente administrativo o una investigación penal. Si los datos los facilitó otro partícipe, el acceso solo se autorizará tras darle la oportunidad de exponer su posición.
Corrección y recursos. Toda persona podrá hacer que cualquier partícipe corrija o suprima sus datos cuando sean erróneos, se hayan incluido o conservado contraviniendo el objetivo del artículo 23.2 o no se hayan respetado los principios del artículo 26. En cada Estado miembro, toda persona podrá interponer un recurso o presentar una demanda ante los tribunales o la autoridad facultada para: a) la corrección o supresión de datos erróneos; b) la corrección o supresión de datos incluidos o conservados contraviniendo el Reglamento; c) el acceso a los datos; d) obtener una indemnización por daños y perjuicios conforme al artículo 40.2. Si los datos los introdujo la Comisión, el recurso se interpondrá ante el Tribunal de Justicia conforme al artículo 173 del Tratado. Los Estados miembros y la Comisión se comprometen a ejecutar las decisiones definitivas sobre las letras a), b) y c).
Las referencias a una «decisión definitiva» en este artículo y en el artículo 32.5 no obligan al Estado miembro ni a la Comisión a apelar contra una decisión de un tribunal u otra autoridad facultada.
Datos clave
- El derecho de acceso se ejerce según el Derecho del Estado miembro donde se invoca.
- Denegación si entorpece la prevención, investigación o persecución de operaciones contrarias a las reglamentaciones.
- Los Estados pueden denegarlo por seguridad del Estado, defensa, seguridad pública o derechos de terceros.
- Denegable durante vigilancia discreta, observación e informe, análisis operativo o expediente o investigación penal en curso.
- Si otro partícipe facilitó los datos, debe poder exponer antes su posición.
- Recursos para corrección, supresión, acceso e indemnización (artículo 40.2).
- Datos introducidos por la Comisión: recurso ante el Tribunal de Justicia (artículo 173 del Tratado).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derechos de las personas sobre sus datos del SIA: acceso según el Derecho del Estado donde se invoca, con causas tasadas de denegación, derecho a corrección o supresión y recursos ante tribunales o autoridades, o ante el Tribunal de Justicia si los introdujo la Comisión.
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Artículo 37. Autoridades de control de la protección de datos del SIA
El artículo 37 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo organiza el control de la protección de datos personales en el SIA.
Cada Estado miembro designará una o varias autoridades nacionales de control, responsables de la protección de los datos personales y del control independiente de los datos personales incluidos en el SIA. Conforme a su legislación nacional, vigilarán y controlarán de forma independiente que el tratamiento y la utilización de los datos no conculcan los derechos de la persona interesada; con este fin, tendrán acceso al SIA.
Toda persona podrá solicitar a cualquier autoridad nacional de control del artículo 28 de la Directiva 95/46/CE o al Supervisor Europeo de Protección de Datos (artículo 41.2 del Reglamento (CE) n.º 45/2001) acceso a sus datos personales para comprobar su exactitud y el uso que se haya hecho o se esté haciendo de ellos. Este derecho se rige por el Derecho del Estado miembro donde se haga la solicitud y por el Reglamento (CE) n.º 45/2001. Si los datos los introdujo otro Estado miembro o la Comisión, la comprobación se hará en estrecha colaboración con la autoridad de control de ese Estado o con el Supervisor Europeo.
La Comisión adoptará en sus servicios las disposiciones necesarias para un control de nivel equivalente. El Supervisor Europeo de Protección de Datos verificará que el SIA cumple el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y convocará, al menos una vez al año, una reunión con todas las autoridades nacionales de protección de datos competentes para abordar los problemas de supervisión del SIA. Además, se coordinará con la Autoridad de Supervisión Común creada por la Decisión 2009/917/JAI del Consejo, cada uno dentro de sus competencias, para que la supervisión y las auditorías del SIA se realicen de forma coordinada.
Datos clave
- Cada Estado designa una o varias autoridades nacionales de control independientes, con acceso al SIA.
- Toda persona puede pedir acceso a sus datos para comprobar su exactitud y uso.
- El Supervisor Europeo de Protección de Datos verifica el cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 45/2001.
- Reunión del Supervisor Europeo con las autoridades nacionales: al menos una vez al año.
- Coordinación con la Autoridad de Supervisión Común de la Decisión 2009/917/JAI.
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Control independiente de los datos personales del SIA: autoridades nacionales con acceso al sistema, derecho de acceso de cualquier persona y un Supervisor Europeo que reúne a todas al menos una vez al año.
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Artículo 38. Medidas de seguridad del SIA
El artículo 38 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula la seguridad del SIA.
Las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad serán tomadas por los Estados miembros y la Comisión, en lo que corresponda a cada uno, respecto de las terminales del SIA situadas en sus territorios y en las oficinas de la Comisión, y por la Comisión respecto de los elementos comunitarios de la red común de comunicación.
Los Estados miembros y la Comisión adoptarán medidas destinadas, en particular, a:
a) impedir que personas no autorizadas accedan a las instalaciones de tratamiento de datos;
b) impedir que los datos y soportes puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimidos por personas no autorizadas;
c) impedir la introducción no autorizada de datos y toda consulta, modificación o supresión no autorizada;
d) impedir el acceso de personas no autorizadas a los datos del SIA mediante equipos de transmisión de datos;
e) garantizar que las personas autorizadas únicamente accedan a los datos de su competencia;
f) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar a qué autoridades pueden transmitirse datos mediante equipos de transmisión;
g) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar a posteriori qué datos se han introducido en el SIA, cuándo y por quién, y controlar la consulta;
h) impedir la lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas durante la transmisión de datos o el transporte de soportes.
Datos clave
- Terminales: seguridad a cargo de cada Estado miembro y de la Comisión en sus oficinas.
- Elementos comunitarios de la red común de comunicación: a cargo de la Comisión.
- Control de acceso a instalaciones, soportes y equipos de transmisión.
- Acceso de las personas autorizadas solo a los datos de su competencia.
- Trazabilidad a posteriori: qué datos se introdujeron, cuándo y por quién.
- Protección de los datos durante la transmisión y el transporte de soportes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seguridad del SIA repartida: Estados miembros y Comisión protegen sus terminales; la Comisión, los elementos comunitarios de la red. Ocho medidas contra accesos, copias y cambios no autorizados.
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Artículo 39. Servicios responsables de la seguridad y aplicación del Reglamento
El artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo obliga a designar servicios responsables del SIA.
Cada Estado miembro designará un servicio responsable de las medidas de seguridad del artículo 38 en lo que respecta a las terminales situadas en su territorio, de las funciones de examen mencionadas en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y, en general, de la correcta aplicación del Reglamento, en la medida necesaria con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias y procedimientos.
Por su parte, la Comisión designará dentro de ella, en lo que le atañe, los servicios encargados de esas mismas medidas.
Datos clave
- Cada Estado miembro designa un servicio responsable.
- Funciones: seguridad de las terminales (artículo 38), examen del artículo 33 y correcta aplicación del Reglamento.
- La Comisión designa sus propios servicios encargados, en lo que le atañe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Estado miembro nombra un servicio que responde de la seguridad de sus terminales, de las funciones de examen y de la correcta aplicación del Reglamento; la Comisión designa los suyos.
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Artículo 40. Responsabilidad de los partícipes en el SIA
El artículo 40 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula la responsabilidad derivada del uso del SIA.
El partícipe en el SIA que haya introducido datos será responsable de la exactitud, actualidad y legalidad de dichos datos. Cada Estado miembro o, en su caso, la Comisión, será también responsable de la observancia del artículo 26.
Cada partícipe será responsable, conforme a su Derecho nacional o a las disposiciones comunitarias equivalentes, del perjuicio causado a cualquier persona por la utilización del SIA en el Estado miembro en cuestión o en la Comisión. Lo será también cuando el perjuicio se deba a que el partícipe que proporcionó los datos introdujo datos erróneos o contraviniendo el Reglamento.
Si el partícipe demandado por la inexactitud de los datos no los hubiera proporcionado, los partícipes afectados procurarán llegar a un acuerdo sobre qué parte, de haberla, de las indemnizaciones pagadas deberá reembolsar el partícipe que proporcionó los datos. Las cantidades acordadas se reembolsarán a petición de la parte interesada.
Datos clave
- Quien introduce los datos responde de su exactitud, actualidad y legalidad.
- Los Estados miembros y la Comisión responden también de la observancia del artículo 26.
- Cada partícipe responde del perjuicio causado por el uso del SIA en su ámbito, aunque el error sea de otro partícipe.
- Reembolso de indemnizaciones por acuerdo entre los partícipes afectados, a petición de la parte interesada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien introduce datos en el SIA responde de su exactitud, actualidad y legalidad; ante el perjudicado responde cada partícipe en su ámbito aunque el error venga de otro, y luego se reparten el reembolso.
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Artículo 41 bis. Fichero de identificación de los expedientes de investigación (FIDE)
El artículo 41 bis del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo crea, dentro del SIA, una base de datos específica llamada «fichero de identificación de los expedientes de investigación», denominada «FIDE». Sin perjuicio de su régimen propio, todas las disposiciones del Reglamento relativas al SIA se aplican también al FIDE, y toda referencia al SIA incluye este fichero.
Los objetivos del FIDE son ayudar a prevenir las operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera y agraria aplicables a las mercancías que entran o salen del territorio aduanero de la Comunidad y facilitar y acelerar su investigación y enjuiciamiento.
Su finalidad es permitir a la Comisión, cuando abra un expediente de coordinación conforme al artículo 18 o prepare una misión comunitaria a un tercer país con arreglo al artículo 20, y a las autoridades competentes de un Estado miembro designadas conforme al artículo 29, cuando abran un expediente de investigación o investiguen sobre personas o empresas, identificar a las autoridades de los demás Estados miembros o a los servicios de la Comisión que estén investigando o hayan investigado a las mismas personas o empresas.
Si al efectuar una búsqueda en el FIDE un Estado miembro o la Comisión necesitan información más amplia sobre los expedientes registrados, deberán solicitar la asistencia del Estado miembro suministrador.
Las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán utilizar el FIDE en el marco de la cooperación aduanera de los artículos 29 y 30 del Tratado de la Unión Europea; en tal caso, la Comisión efectuará su gestión técnica.
Datos clave
- FIDE: fichero de identificación de los expedientes de investigación, integrado en el SIA.
- Las disposiciones del SIA se aplican también al FIDE.
- Objetivo: prevenir operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera y agraria y acelerar su investigación y enjuiciamiento.
- Finalidad: identificar qué autoridades investigan o han investigado a las mismas personas o empresas.
- Para más información, se solicita la asistencia del Estado miembro suministrador.
- Uso en la cooperación aduanera de los artículos 29 y 30 del TUE, con gestión técnica de la Comisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El FIDE es una base de datos dentro del SIA para saber qué otras autoridades investigan o han investigado a las mismas personas o empresas y coordinar así las investigaciones aduaneras y agrarias.
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Artículo 41 quater. Introducción y consulta de datos en el FIDE
El artículo 41 quater del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula quién puede usar el fichero de identificación de los expedientes de investigación (FIDE) y qué datos exige cada consulta.
La introducción y la consulta de datos en el FIDE se reservan exclusivamente a las autoridades mencionadas en el artículo 41 bis.
Toda consulta del FIDE deberá incluir los datos personales siguientes:
a) para las personas: el nombre y/o los apellidos y/o apellido de soltera y/o apellidos anteriores y/o el sobrenombre y/o la fecha de nacimiento;
b) para las empresas: razón social o nombre comercial o número de identificación del IVA o número de identificación del impuesto especial.
Datos clave
- Introducción y consulta reservadas exclusivamente a las autoridades del artículo 41 bis.
- Consulta sobre personas: nombre, apellidos, apellido de soltera, apellidos anteriores, sobrenombre o fecha de nacimiento.
- Consulta sobre empresas: razón social, nombre comercial, NIF-IVA o número del impuesto especial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo las autoridades del artículo 41 bis pueden introducir y consultar datos en el FIDE, y cada consulta tiene que incluir datos identificativos de la persona o de la empresa buscada.
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Artículo 41 quinquies. Plazos de conservación de los datos del FIDE
El artículo 41 quinquies del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo fija los plazos de conservación de los datos del fichero de identificación de los expedientes de investigación (FIDE).
Los plazos dependen de las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos del Estado miembro que facilite los datos, pero el Reglamento fija plazos máximos y no acumulables, calculados desde la fecha de introducción de los datos, que no es posible superar:
a) expedientes de investigaciones en curso: no más de tres años si no existe ninguna operación contraria a las reglamentaciones aduanera y agraria; los datos deberán anonimizarse antes si ha transcurrido un año desde la última constatación;
b) expedientes administrativos o investigaciones penales que hayan permitido establecer una operación contraria a esas reglamentaciones, pero sin decisión administrativa, sentencia condenatoria, multa ni sanción administrativa: no más de seis años;
c) expedientes administrativos o investigaciones penales que hayan dado lugar a una decisión administrativa, sentencia condenatoria, multa o sanción administrativa: no más de diez años.
En todas las etapas del expediente, en cuanto una persona o empresa del artículo 41 ter haya sido excluida de la investigación conforme al Derecho del Estado miembro suministrador, sus datos deberán suprimirse inmediatamente.
La Comisión anonimizará o suprimirá los datos en cuanto haya expirado el plazo máximo de almacenamiento.
Datos clave
- Plazos máximos y no acumulables, contados desde la introducción de los datos.
- Investigaciones en curso sin operación irregular: máximo tres años.
- Anonimización si ha transcurrido un año desde la última constatación.
- Operación establecida sin decisión, condena, multa ni sanción: máximo seis años.
- Con decisión administrativa, condena, multa o sanción: máximo diez años.
- Exclusión de la investigación: supresión inmediata de los datos.
- Expirado el plazo, la Comisión anonimiza o suprime los datos.
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Los datos del FIDE se conservan según la norma del Estado suministrador, pero con topes máximos no acumulables desde su introducción: tres, seis o diez años según cómo acabe el expediente.
Esquema
| Situación del expediente | Plazo máximo | |
|---|---|---|
| a) | Investigación en curso sin operación contraria | Tres años (anonimizar si pasa un año desde la última constatación) |
| b) | Operación establecida sin decisión, condena, multa ni sanción | Seis años |
| c) | Con decisión administrativa, condena, multa o sanción | Diez años |
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Artículo 41 ter. Datos que pueden introducirse en el FIDE
El artículo 41 ter del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo determina qué datos pueden introducirse en el fichero de identificación de los expedientes de investigación (FIDE).
Las autoridades competentes podrán introducir en el FIDE los datos de los expedientes de investigación, para los fines del artículo 41 bis, apartado 3, relativos a casos contrarios a la legislación aduanera o agraria aplicable a mercancías que entren o salgan del territorio aduanero de la Comunidad y que revistan una importancia particular a nivel comunitario. Estos datos abarcarán exclusivamente las siguientes categorías:
a) personas o empresas que sean o hayan sido objeto de un expediente administrativo o de una investigación penal por el servicio competente de un Estado miembro y que sean sospechosas de cometer, haber cometido, participar o haber participado en una operación contraria a las reglamentaciones aduanera o agraria; hayan sido objeto de una constatación relativa a una de dichas operaciones, o hayan sido objeto de una decisión o sanción administrativa o una sanción judicial por una de ellas;
b) el ámbito a que se refiere el expediente de investigación;
c) el nombre, la nacionalidad y la dirección del servicio del Estado miembro que trate el expediente, junto con su número.
Estos datos se introducirán en un registro de datos para cada persona o empresa por separado, y se prohibirá establecer enlaces entre dichos registros.
Los datos personales de la letra a) no excederán de los siguientes: para las personas, apellidos, apellidos de soltera, nombre, apellidos anteriores y sobrenombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y sexo; para las empresas, razón social, nombre comercial, domicilio social, número de identificación del IVA o número de identificación del impuesto especial.
Los datos se introducirán por un período limitado, con arreglo al artículo 41 quinquies.
Datos clave
- Casos contrarios a la legislación aduanera o agraria de importancia particular a nivel comunitario.
- Tres categorías: personas o empresas investigadas, ámbito del expediente y servicio que lo trata con su número.
- Un registro por cada persona o empresa; prohibidos los enlaces entre registros.
- Personas: apellidos, apellidos de soltera, nombre, apellidos anteriores, sobrenombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y sexo.
- Empresas: razón social, nombre comercial, domicilio social, NIF-IVA o número del impuesto especial.
- Introducción por período limitado según el artículo 41 quinquies.
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En el FIDE solo entran casos aduaneros o agrarios de importancia particular a nivel comunitario y tres categorías de datos, cada persona o empresa en su propio registro y sin enlaces entre registros.
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Artículo 44. Sustitución de documentos por información informática
El artículo 44 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, admite el uso de medios informáticos en lugar de la entrega de documentos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los títulos V y V bis del Reglamento, la facilitación de los documentos previstos por el Reglamento podrá ser sustituida por la de información obtenida por medio de la informática, con los mismos fines y con independencia de la forma que adopte.
Datos clave
- Los documentos previstos pueden sustituirse por información obtenida por medios informáticos.
- La sustitución sirve a los mismos fines, con independencia de la forma que adopte.
- Se entiende sin perjuicio de los títulos V y V bis del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los documentos que el Reglamento prevé facilitar pueden sustituirse por información obtenida por medios informáticos, para los mismos fines y sea cual sea su forma.
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Artículo 45. Confidencialidad y uso de la información transmitida
El artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo regula el carácter confidencial de la información intercambiada.
Los datos que se transmitan, independientemente de su forma, en aplicación del Reglamento tendrán carácter confidencial, incluidos los conservados en el SIA. Estarán cubiertos por el secreto profesional y gozarán de la protección que otorguen a información de la misma naturaleza la ley nacional del Estado miembro que los haya recibido y las disposiciones aplicables a las instancias comunitarias.
Estos datos solo podrán transmitirse a las personas que, en los Estados miembros o en las instituciones comunitarias, estén facultadas por sus funciones para conocerlos o utilizarlos. Tampoco podrán utilizarse con fines diferentes a los previstos, salvo consentimiento expreso del Estado miembro o de la Comisión que los haya facilitado o introducido en el SIA, con sujeción a sus condiciones y siempre que no se opongan las disposiciones vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede la autoridad receptora.
Sin perjuicio de los títulos V y V bis, la información relativa a personas físicas y jurídicas solo se transmitirá en la medida estrictamente necesaria para permitir la prevención, la indagación o la persecución de operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera o agraria.
Lo anterior no impide utilizar las informaciones en acciones judiciales o diligencias emprendidas como consecuencia del incumplimiento de las reglamentaciones aduanera o agraria; la autoridad que las haya facilitado será informada sin demora de dicha utilización.
Cuando un Estado miembro notifique a la Comisión que una investigación complementaria ha demostrado que una persona cuyo nombre se le comunicó no se ha visto implicada en una irregularidad, la Comisión informará de ello sin demora a todas las partes a quienes se comunicaron esos datos, y la persona ya no será tratada como implicada. Si sus datos personales se encuentran en el SIA, deberán retirarse.
Datos clave
- Los datos transmitidos, incluidos los del SIA, son confidenciales y están cubiertos por el secreto profesional.
- Solo se transmiten a personas facultadas por sus funciones para conocerlos o utilizarlos.
- Otros fines: solo con consentimiento expreso de quien facilitó o introdujo los datos.
- Datos de personas físicas y jurídicas: solo en la medida estrictamente necesaria.
- Uso en acciones judiciales permitido, informando sin demora a la autoridad que los facilitó.
- Persona no implicada: la Comisión informa sin demora y sus datos se retiran del SIA.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo que se intercambia en la asistencia mutua, incluido lo del SIA, es confidencial y secreto profesional: solo lo ven los facultados, para sus fines, y puede usarse en juicio avisando a quien lo facilitó.
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Artículo 46. Coordinación interna y cooperación directa entre autoridades
El artículo 46 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, impone a los Estados miembros obligaciones organizativas para aplicar el Reglamento.
A estos efectos, los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias:
a) para asegurar, a nivel interno, una correcta coordinación entre las autoridades administrativas a que se refiere el apartado 1 del artículo 1;
b) para establecer, en sus relaciones mutuas y en tanto fuere necesario, una cooperación directa entre las autoridades que habiliten especialmente a tal fin.
Datos clave
- Obligados: los Estados miembros.
- Coordinación interna entre las autoridades administrativas del artículo 1, apartado 1.
- Cooperación directa entre las autoridades habilitadas especialmente, en tanto fuere necesario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados miembros deben organizarse para aplicar el Reglamento: coordinar bien a sus propias autoridades y, cuando haga falta, cooperar directamente entre autoridades habilitadas.
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Artículo 47. Modalidades de funcionamiento de la asistencia mutua
El artículo 47 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, permite a los Estados miembros acordar entre ellos aspectos prácticos de la asistencia.
Los Estados miembros podrán decidir fijar de común acuerdo, en la medida necesaria, las modalidades apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento de la asistencia mutua prevista por el Reglamento, particularmente con el fin de evitar cualquier interrupción de la vigilancia de personas o de mercancías que pudiera perjudicar a la comprobación de operaciones contrarias a las reglamentaciones aduanera y agraria.
Datos clave
- Los Estados miembros fijan las modalidades de común acuerdo y en la medida necesaria.
- Finalidad: el correcto funcionamiento de la asistencia mutua.
- Objetivo particular: evitar interrupciones en la vigilancia de personas o de mercancías.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados miembros pueden pactar entre ellos los aspectos prácticos de la asistencia mutua, sobre todo para que no se interrumpa la vigilancia de personas o mercancías.
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Artículo 48. Denegación de asistencia
El artículo 48 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, regula los supuestos en que puede denegarse la asistencia.
El Reglamento no obligará a las autoridades administrativas de los Estados miembros a prestarse asistencia cuando dicha asistencia pueda perjudicar el orden público u otros intereses esenciales, en particular en materia de protección de datos, del Estado miembro donde tengan su sede.
Toda denegación de asistencia deberá ser motivada. Se informará a la Comisión con la mayor brevedad de toda denegación de asistencia y de los motivos alegados.
Datos clave
- Causa de denegación: perjuicio al orden público u otros intereses esenciales del Estado miembro.
- Entre esos intereses se cita en particular la protección de datos.
- Toda denegación debe ser motivada.
- Se informa a la Comisión con la mayor brevedad de la denegación y sus motivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un Estado puede no prestar asistencia si perjudica su orden público u otros intereses esenciales, como la protección de datos, pero debe motivarlo e informar con la mayor brevedad a la Comisión.
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Artículo 49. Comunicación de decisiones sancionadoras a la Comisión
El artículo 49 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, establece un deber de comunicación sobre las sanciones.
Sin perjuicio del derecho de información de que dispone la Comisión con arreglo a otras reglamentaciones vigentes, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las decisiones administrativas o judiciales, o los elementos esenciales de estas, relativas a la aplicación de sanciones por incumplimiento de las reglamentaciones aduanera o agraria, en los casos que hayan sido objeto de comunicaciones en virtud de los artículos 17 y 18.
Datos clave
- Obligados: los Estados miembros; destinataria: la Comisión.
- Se comunican las decisiones administrativas o judiciales sancionadoras, o sus elementos esenciales.
- Solo en casos comunicados en virtud de los artículos 17 y 18.
- Sin perjuicio del derecho de información de la Comisión por otras reglamentaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados miembros comunican a la Comisión las decisiones sancionadoras por incumplir las reglamentaciones aduanera o agraria en los casos ya comunicados por los artículos 17 y 18.
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Artículo 51. Relación con el procedimiento penal y la asistencia judicial
El artículo 51 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión, delimita su relación con el ámbito penal.
El Reglamento no afectará a la aplicación en los Estados miembros de normas relativas al procedimiento penal y a la asistencia judicial mutua en materia penal, incluidas las relativas al secreto del sumario. La asistencia que regula es, por tanto, administrativa y deja intactas las normas penales nacionales.
Datos clave
- No afecta a las normas nacionales de procedimiento penal.
- No afecta a la asistencia judicial mutua en materia penal.
- Se preservan expresamente las normas sobre el secreto del sumario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La asistencia del Reglamento es administrativa: no afecta a las normas nacionales de procedimiento penal ni a la asistencia judicial mutua en materia penal, incluido el secreto del sumario.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación
El artículo 1 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) delimita su ámbito de aplicación.
Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad, los Estados miembros de la Unión Europea se prestarán asistencia mutua y cooperarán por medio de sus administraciones aduaneras, a fin de:
- prevenir e investigar las infracciones de las normativas aduaneras nacionales, así como
- perseguir y reprimir las infracciones de las normativas aduaneras comunitarias y nacionales.
Sin perjuicio del artículo 3, el Convenio no afectará:
- a las disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia penal entre las autoridades judiciales;
- a las disposiciones más favorables de los acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes entre los Estados miembros que regulan esta cooperación entre las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes;
- a los acuerdos celebrados en el mismo ámbito sobre la base de una legislación uniforme o de un régimen particular que prevea la aplicación recíproca de las medidas de asistencia.
Datos clave
- La asistencia y la cooperación se prestan por medio de las administraciones aduaneras.
- Normativas aduaneras nacionales: prevenir e investigar las infracciones.
- Normativas aduaneras comunitarias y nacionales: perseguir y reprimir las infracciones.
- Se aplica sin perjuicio de las competencias de la Comunidad.
- No afecta a la asistencia judicial en materia penal ni a los acuerdos bilaterales o multilaterales más favorables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nápoles II organiza la asistencia y cooperación entre administraciones aduaneras para prevenir, investigar, perseguir y reprimir infracciones, sin tocar la asistencia judicial penal ni los acuerdos más favorables.
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Artículo 2. Competencias
El artículo 2 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula las competencias con las que actúan las administraciones aduaneras.
Las administraciones aduaneras aplicarán el Convenio dentro de los límites de las competencias que se les atribuyen en virtud de disposiciones nacionales. Ninguna disposición del Convenio podrá interpretarse como modificación de las competencias que, en virtud de las disposiciones nacionales, tengan conferidas las administraciones aduaneras a que el Convenio se refiere.
Datos clave
- El Convenio se aplica dentro de los límites de las competencias atribuidas por disposiciones nacionales.
- El Convenio no modifica las competencias que las disposiciones nacionales confieren a las administraciones aduaneras.
- Las competencias de las administraciones aduaneras derivan del Derecho nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las aduanas aplican Nápoles II dentro de las competencias que les da su Derecho nacional, y el Convenio no amplía ni modifica esas competencias.
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Artículo 3. Relación con la asistencia judicial entre las autoridades judiciales
El artículo 3 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) ordena su relación con la asistencia judicial.
El Convenio se aplicará a la asistencia mutua y a la cooperación en investigaciones penales relativas a infracciones de las normativas aduaneras nacionales y comunitarias siempre que, en virtud de las disposiciones nacionales del Estado miembro de que se trate, tales investigaciones sean competencia de la autoridad requirente.
Cuando una autoridad judicial practique o dirija una investigación penal, dicha autoridad decidirá si la presentación de solicitudes de asistencia mutua o cooperación se hará con arreglo a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal o con arreglo a las disposiciones del Convenio.
Datos clave
- El Convenio se aplica también a investigaciones penales sobre infracciones de las normativas aduaneras nacionales y comunitarias.
- Condición: que esas investigaciones sean competencia de la autoridad requirente según su Derecho nacional.
- Si una autoridad judicial practica o dirige la investigación penal, ella decide la vía de la solicitud.
- Opciones: asistencia judicial en materia penal o el propio Convenio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nápoles II también sirve en investigaciones penales aduaneras si son competencia de la autoridad requirente; cuando la dirige un juez, él elige entre la vía judicial penal o el Convenio.
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Artículo 4. Definiciones
El artículo 4 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) recoge las definiciones aplicables a efectos del Convenio.
1. «Normativa aduanera nacional»: las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un Estado miembro cuya aplicación es competencia total o parcial de su administración aduanera en lo que respecta al tráfico transfronterizo de mercancías sujetas a medidas de prohibición, restricción o control (en particular las contempladas en los artículos 36 y 223 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) y a los impuestos especiales no armonizados.
2. «Normativa aduanera comunitaria»: el conjunto de disposiciones comunitarias y de aplicación que regulan la importación, exportación, tránsito y permanencia de mercancías objeto de intercambios entre los Estados miembros y países terceros, así como entre los Estados miembros respecto de mercancías sin estatuto comunitario (apartado 2 del artículo 9 del Tratado) o sujetas a controles o investigaciones complementarios para determinar su estatuto comunitario; las disposiciones adoptadas en el marco de la política agrícola común y las normativas específicas sobre mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas; y las disposiciones comunitarias sobre impuestos especiales armonizados y sobre el impuesto sobre el valor añadido sobre la importación, junto con las disposiciones nacionales que los aplican.
3. «Infracciones»: los actos contrarios a la normativa aduanera nacional o comunitaria, que abarcan, entre otras cosas, la participación en la comisión de tales infracciones o el intento de cometerlas, la participación en una organización delictiva que cometa tales infracciones y el blanqueo de dinero procedente de ellas.
4. «Asistencia mutua»: la prestación de asistencia entre las administraciones aduaneras con arreglo al Convenio.
5. «Autoridad requirente»: la autoridad competente del Estado miembro que formula una solicitud de asistencia.
6. «Autoridad requerida»: la autoridad competente del Estado miembro a la que se dirige una solicitud de asistencia.
7. «Administraciones aduaneras»: las autoridades aduaneras de los Estados miembros, así como las demás autoridades responsables de la aplicación del Convenio.
8. «Datos personales»: toda información relativa a una persona física identificada o identificable; es identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
9. «Cooperación transfronteriza»: la cooperación entre las administraciones aduaneras que trasciende las fronteras de cada Estado miembro.
Datos clave
- El artículo recoge 9 definiciones.
- La normativa aduanera nacional incluye los impuestos especiales no armonizados.
- La normativa aduanera comunitaria incluye la política agrícola común, los impuestos especiales armonizados y el IVA a la importación.
- Las infracciones abarcan la participación, el intento, la organización delictiva y el blanqueo de dinero procedente de ellas.
- Autoridad requirente: la que formula la solicitud; autoridad requerida: aquella a la que se dirige.
- Cooperación transfronteriza: la que trasciende las fronteras de cada Estado miembro.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve definiciones del Convenio: normativa aduanera nacional y comunitaria, infracciones, asistencia mutua, autoridad requirente y requerida, administraciones aduaneras, datos personales y cooperación transfronteriza.
Esquema
| Nacional | Comunitaria | |
|---|---|---|
| Objeto | Tráfico transfronterizo de mercancías con prohibición, restricción o control | Importación, exportación, tránsito y permanencia de mercancías |
| Impuestos | Impuestos especiales no armonizados | Impuestos especiales armonizados e IVA a la importación |
| Otros | Competencia total o parcial de la administración aduanera | Política agrícola común y productos agrícolas transformados |
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Artículo 5. Servicios centrales de coordinación
El artículo 5 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula los servicios centrales de coordinación.
Los Estados miembros designarán un servicio central (servicio de coordinación) en sus respectivas autoridades aduaneras. Este servicio es responsable de recibir las solicitudes de asistencia mutua, de asegurar la coordinación de la asistencia mutua y de la cooperación con las demás autoridades que participen en las medidas de asistencia. Los servicios de coordinación de los Estados miembros mantendrán entre sí el contacto directo necesario, en particular en los casos previstos en el título IV.
Su actividad no excluirá, particularmente en los casos urgentes, la cooperación directa entre los demás servicios de las autoridades aduaneras. Por razones de eficacia y de coherencia, los servicios centrales de coordinación serán informados de toda acción que recurra a esta cooperación directa.
Cuando la autoridad aduanera no sea competente para tramitar una solicitud, o solo lo sea parcialmente, el servicio central de coordinación remitirá la solicitud a la autoridad nacional competente e informará de ello a la autoridad requirente. Si por razones de hecho o de derecho no pudiera darse curso a la solicitud, el servicio de coordinación la devolverá a la autoridad requirente, comunicando los motivos del impedimento.
Datos clave
- Cada Estado miembro designa un servicio central de coordinación en su autoridad aduanera.
- Recibe las solicitudes de asistencia mutua y coordina la asistencia.
- Contacto directo entre servicios de coordinación, en particular en los casos del título IV.
- En casos urgentes cabe la cooperación directa entre otros servicios, informando al servicio central.
- Si la autoridad aduanera no es competente, se remite la solicitud a la autoridad nacional competente y se informa a la requirente.
- Si no puede darse curso, se devuelve la solicitud comunicando los motivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Estado designa un servicio central de coordinación que recibe las solicitudes, coordina la asistencia, reenvía lo que no le compete y devuelve lo que no puede tramitarse explicando por qué.
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Artículo 6. Funcionarios de enlace
El artículo 6 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula los funcionarios de enlace.
Los Estados miembros podrán acordar el intercambio de funcionarios de enlace durante un período determinado o indeterminado, en las condiciones convenidas entre ellos. Los funcionarios de enlace no tendrán poder de intervención en el país de acogida.
Para fomentar la cooperación entre las administraciones aduaneras, los funcionarios de enlace podrán, con el acuerdo o la solicitud de las autoridades competentes de los Estados miembros:
a) facilitar y acelerar el intercambio de información entre los Estados miembros;
b) prestar asistencia a las investigaciones que afecten a su Estado de origen o al Estado miembro que representen;
c) participar en la tramitación de las solicitudes de asistencia;
d) asesorar y asistir al país de acogida en la preparación y ejecución de operaciones transfronterizas;
e) realizar cualquier otra función que los Estados miembros puedan acordar entre ellos.
Los Estados miembros podrán acordar bilateral o multilateralmente el mandato y el lugar de destino de los funcionarios de enlace, que podrán también representar los intereses de uno o varios otros Estados miembros.
Datos clave
- El intercambio puede ser por un período determinado o indeterminado.
- Los funcionarios de enlace no tienen poder de intervención en el país de acogida.
- Facilitan y aceleran el intercambio de información y participan en la tramitación de solicitudes.
- Asesoran al país de acogida en operaciones transfronterizas.
- Mandato y destino se acuerdan bilateral o multilateralmente.
- Pueden representar los intereses de uno o varios otros Estados miembros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados pueden intercambiar funcionarios de enlace, sin poder de intervención en el país de acogida, para agilizar información, apoyar investigaciones y asesorar en operaciones transfronterizas.
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Artículo 7. Deber de identificación
El artículo 7 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) impone un deber de identificación a los funcionarios que actúan fuera de su país.
Salvo disposición contraria del Convenio, los funcionarios de la autoridad requirente que se hallen en otro Estado miembro para ejercer los derechos derivados del Convenio deberán estar siempre en condiciones de presentar una acreditación escrita que indique su identidad y su condición oficial.
Datos clave
- Obligados: los funcionarios de la autoridad requirente que se hallen en otro Estado miembro.
- Deben poder presentar siempre una acreditación escrita.
- La acreditación indica su identidad y su condición oficial.
- Rige salvo disposición contraria del Convenio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El funcionario de la autoridad requirente que actúa en otro Estado debe poder acreditar siempre por escrito su identidad y su condición oficial, salvo que el Convenio disponga otra cosa.
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Artículo 8. Principios
El artículo 8 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II), primero del título II (asistencia previa solicitud), fija los principios de esta asistencia.
La autoridad requerida, o la autoridad competente a la que haya recurrido esta, procederá como si actuase por su propia cuenta o a instancia de otra autoridad de su propio Estado miembro. A tal fin ejercerá todos los poderes legales de que disponga en el marco de su Derecho nacional para dar cumplimiento a la solicitud.
La autoridad requerida hará extensiva la asistencia a todas las circunstancias de la infracción manifiestamente relacionadas con el objeto de la solicitud, sin que sea precisa una solicitud complementaria. En los casos dudosos, la autoridad requerida se pondrá primero en contacto con la autoridad requirente.
Datos clave
- La autoridad requerida actúa como si lo hiciera por cuenta propia o a instancia de una autoridad de su Estado.
- Ejerce todos los poderes legales de su Derecho nacional.
- La asistencia se extiende a las circunstancias manifiestamente relacionadas con el objeto de la solicitud.
- No hace falta solicitud complementaria.
- En casos dudosos, contacta primero con la autoridad requirente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la asistencia previa solicitud, la autoridad requerida actúa como si fuera un asunto propio, con todos sus poderes nacionales, y extiende la ayuda a lo manifiestamente relacionado sin nueva solicitud.
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Artículo 9. Forma y contenido de las solicitudes de asistencia
El artículo 9 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula la forma y el contenido de las solicitudes de asistencia.
Las solicitudes se formularán siempre por escrito e irán acompañadas de los documentos necesarios para darles curso, con la siguiente información:
a) identidad de la autoridad requirente;
b) medida que se solicita;
c) objeto y motivo de la solicitud;
d) leyes, reglamentos y otras disposiciones legales pertinentes;
e) datos lo más exactos y completos posible sobre las personas físicas o jurídicas objeto de la investigación;
f) resumen de los hechos pertinentes, excepto en los casos previstos en el artículo 13.
Las solicitudes se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro de la autoridad requerida o en una lengua aceptable para esta. Cuando la urgencia lo exija se aceptarán solicitudes verbales, que deberán confirmarse lo antes posible por escrito.
Si una solicitud no se ajusta a los requisitos formales, la autoridad requerida podrá pedir que se corrija o se complete; mientras tanto podrán ordenarse las medidas necesarias para acceder a ella. La autoridad requerida aceptará la aplicación de un procedimiento determinado en la medida en que no sea contrario a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del Estado miembro requerido.
Datos clave
- Las solicitudes se formulan siempre por escrito, con los documentos necesarios.
- Contenido: 6 elementos, de la identidad de la autoridad requirente al resumen de los hechos.
- El resumen de los hechos no se exige en los casos del artículo 13 (notificación).
- Lengua: oficial del Estado de la autoridad requerida o aceptable para esta.
- En urgencia se admiten solicitudes verbales, confirmadas lo antes posible por escrito.
- Ante defectos formales, la autoridad requerida puede pedir que se corrija o complete.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las solicitudes se hacen por escrito, con seis datos mínimos y en lengua aceptable para la requerida; en urgencia caben verbales, confirmadas por escrito cuanto antes.
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Artículo 10. Solicitudes de información
El artículo 10 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula las solicitudes de información.
A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida le comunicará toda la información que pueda permitirle prevenir, investigar y reprimir las infracciones. A la información se adjuntarán los informes y otros documentos, o extractos o copias certificadas de ellos, en que se base, de los que disponga la parte requerida o que se hayan elaborado u obtenido para contestar a la solicitud.
Por acuerdo entre la autoridad requirente y la requerida, funcionarios autorizados por la autoridad requirente podrán, siguiendo instrucciones detalladas de la autoridad requerida, recoger esas informaciones en las dependencias del Estado miembro requerido. Esta disposición se aplica a cuantas informaciones resulten de la documentación a que puedan tener acceso los funcionarios de tales dependencias, y dichos funcionarios estarán autorizados a obtener copias de ella.
Datos clave
- Finalidad: prevenir, investigar y reprimir las infracciones.
- Se adjuntan informes y documentos, o extractos o copias certificadas.
- Por acuerdo, funcionarios de la autoridad requirente pueden recoger información en dependencias del Estado requerido.
- Actúan siguiendo instrucciones detalladas de la autoridad requerida.
- Pueden obtener copias de la documentación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La autoridad requerida comunica toda la información útil para prevenir, investigar y reprimir infracciones, con sus documentos de base, y por acuerdo los funcionarios requirentes pueden recogerla en sus dependencias.
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Artículo 11. Solicitudes de vigilancia
El artículo 11 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula las solicitudes de vigilancia.
A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejercerá u ordenará que se ejerza una vigilancia especial, en la mayor medida posible, sobre cualquier persona de la que se pueda pensar fundadamente que ha cometido, comete o ha realizado actos preparatorios encaminados a la comisión de infracciones de las normativas aduaneras comunitarias o nacionales.
Asimismo, a petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejercerá vigilancia sobre los lugares, medios de transporte y mercancías que guarden relación con operaciones que puedan ser contrarias a dichas normativas aduaneras.
Datos clave
- La vigilancia especial se ejerce en la mayor medida posible.
- Sobre personas de las que se piense fundadamente que han cometido, cometen o preparan infracciones.
- También sobre lugares, medios de transporte y mercancías relacionados con esas operaciones.
- Se ejerce a petición de la autoridad requirente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A petición de la requirente, la requerida vigila especialmente a personas sospechosas fundadamente de infracciones aduaneras y también lugares, medios de transporte y mercancías vinculados a esas operaciones.
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Artículo 12. Solicitudes de investigaciones
El artículo 12 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula las solicitudes de investigaciones.
A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida efectuará o hará efectuar las investigaciones adecuadas sobre operaciones que constituyan infracciones o que, a juicio de la autoridad requirente, parezcan constituirlas. Comunicará los resultados a la autoridad requirente y se aplicará, mutatis mutandis, el apartado 2 del artículo 10.
Por acuerdo entre ambas autoridades, podrán estar presentes en las investigaciones funcionarios designados por la autoridad requirente. Las investigaciones las efectuarán siempre funcionarios de la autoridad requerida. Los funcionarios de la autoridad requirente no podrán asumir por propia iniciativa los poderes de los funcionarios de la autoridad requerida, pero tendrán acceso a los mismos locales y documentos, por mediación de estos y únicamente para los fines de la investigación en curso.
Datos clave
- Abarca operaciones que constituyan o parezcan constituir infracciones a juicio de la autoridad requirente.
- Los resultados se comunican a la autoridad requirente.
- Se aplica mutatis mutandis el apartado 2 del artículo 10.
- Pueden estar presentes funcionarios de la autoridad requirente, por acuerdo.
- Las investigaciones las efectúan siempre funcionarios de la autoridad requerida.
- El acceso a locales y documentos es por mediación de estos y solo para la investigación en curso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La requerida investiga las operaciones que constituyan o parezcan constituir infracciones y comunica los resultados; los funcionarios de la requirente pueden estar presentes, pero la investigación la hacen siempre los de la requerida.
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Artículo 13. Notificación
El artículo 13 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula la notificación.
A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida notificará al destinatario, u ordenará que se le notifique, de acuerdo con las disposiciones nacionales del Estado miembro en que tenga su sede, todos los actos o resoluciones que emanen de las autoridades competentes del Estado miembro en que la autoridad requirente tenga su sede y que se refieran a la aplicación del Convenio.
En las solicitudes de notificación se mencionará el objeto del acto o de la resolución que se deba notificar y se adjuntará una traducción en la lengua oficial, o en una de las lenguas oficiales, del Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede, sin perjuicio de que esta pueda renunciar a la traducción.
Datos clave
- La notificación se practica según las disposiciones nacionales del Estado de la autoridad requerida.
- Abarca actos o resoluciones de las autoridades del Estado de la autoridad requirente.
- La solicitud menciona el objeto del acto o resolución.
- Se adjunta traducción a la lengua oficial del Estado de la autoridad requerida.
- La autoridad requerida puede renunciar a la traducción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La requerida notifica, según su propio Derecho, los actos y resoluciones del Estado requirente; la solicitud indica su objeto y va traducida, salvo que la requerida renuncie a la traducción.
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Artículo 14. Utilización como elemento de prueba
El artículo 14 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula el valor probatorio de lo obtenido en la asistencia previa solicitud.
Las actas, diligencias, comunicaciones, certificados, informaciones, copias certificadas y otros documentos obtenidos, de conformidad con su normativa nacional, por los funcionarios de la autoridad requerida y transmitidos a la autoridad requirente, en los casos de asistencia previstos en los artículos 10 a 12, podrán utilizarse como elementos de prueba por las autoridades competentes del Estado miembro en que tiene su sede la autoridad requirente, con arreglo a su normativa nacional.
Datos clave
- Se aplica a la asistencia de los artículos 10 a 12 (información, vigilancia e investigaciones).
- Documentos: actas, diligencias, comunicaciones, certificados, informaciones y copias certificadas, entre otros.
- Se obtienen conforme a la normativa nacional de la autoridad requerida.
- Pueden utilizarse como prueba en el Estado de la autoridad requirente, con arreglo a su normativa nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los documentos obtenidos por la requerida en la asistencia de información, vigilancia e investigación pueden usarse como prueba en el Estado requirente, según el Derecho de este.
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Artículo 15. Principio
El artículo 15 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II), primero del título III (asistencia espontánea), fija el principio de esta asistencia.
En las condiciones que se establecen en los artículos 16 y 17, y supeditada a cualquier limitación impuesta por el Derecho nacional, las autoridades competentes de cada Estado miembro prestarán asistencia a las autoridades competentes de los demás Estados miembros sin solicitud previa de estos.
Datos clave
- La asistencia espontánea se presta sin solicitud previa.
- Sus condiciones están en los artículos 16 y 17.
- Está supeditada a cualquier limitación impuesta por el Derecho nacional.
- Se presta entre las autoridades competentes de los Estados miembros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abre la asistencia espontánea: las autoridades competentes ayudan a las de otros Estados sin que estas lo pidan, en las condiciones de los artículos 16 y 17 y con los límites del Derecho nacional.
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Artículo 16. Vigilancia
El artículo 16 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula la vigilancia dentro de la asistencia espontánea.
Siempre que sea útil para prevenir, investigar y reprimir infracciones en otro Estado miembro, las autoridades competentes de cada Estado miembro:
a) ejercerán o harán que se ejerza, en la medida de lo posible, la vigilancia especial definida en el artículo 11;
b) comunicarán a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados todos los datos de que dispongan, y en particular informes y otros documentos, o extractos o copias certificadas de ellos, sobre las operaciones relacionadas con una infracción proyectada o cometida.
Datos clave
- Procede siempre que sea útil para prevenir, investigar y reprimir infracciones en otro Estado miembro.
- Se ejerce, en la medida de lo posible, la vigilancia especial del artículo 11.
- Se comunican los datos disponibles a los demás Estados miembros afectados.
- Incluye informes, documentos, extractos o copias certificadas sobre infracciones proyectadas o cometidas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la asistencia espontánea, cada Estado ejerce la vigilancia especial del artículo 11 y comunica a los Estados afectados los datos que tenga sobre infracciones proyectadas o cometidas.
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Artículo 17. Comunicación espontánea de información
El artículo 17 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula la comunicación espontánea de información.
Las autoridades competentes de cada Estado miembro enviarán sin demora a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados toda la información pertinente sobre infracciones proyectadas o cometidas y, en particular, sobre las mercancías que sean objeto de tales operaciones y sobre los nuevos medios o métodos empleados para la comisión de los hechos.
Datos clave
- La información se envía sin demora.
- Destinatarios: las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados.
- Objeto: infracciones proyectadas o cometidas.
- En particular, las mercancías implicadas y los nuevos medios o métodos empleados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Estado envía sin demora a los Estados afectados la información pertinente sobre infracciones proyectadas o cometidas, sobre todo sobre las mercancías y los nuevos medios o métodos usados.
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Artículo 18. Utilización como elemento de prueba
El artículo 18 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula el valor probatorio de lo obtenido en la asistencia espontánea.
Las informaciones relativas a la vigilancia y los datos obtenidos por los funcionarios de un Estado miembro y transmitidos a otro Estado miembro en los casos de asistencia espontánea previstos en los artículos 15 a 17 podrán ser utilizados por el órgano competente del Estado miembro destinatario como elementos de prueba, con arreglo al Derecho nacional.
Datos clave
- Se aplica a la asistencia espontánea de los artículos 15 a 17.
- Comprende las informaciones relativas a la vigilancia y los datos obtenidos.
- Los utiliza como prueba el órgano competente del Estado miembro destinatario.
- Su uso se rige por el Derecho nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo obtenido y transmitido en la asistencia espontánea de los artículos 15 a 17 puede usarse como prueba por el órgano competente del Estado destinatario, con arreglo al Derecho nacional.
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Artículo 19. Principios
El artículo 19 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II), primero del título IV (formas especiales de cooperación), fija los principios de la cooperación transfronteriza.
Las administraciones aduaneras se prestarán recíprocamente la ayuda necesaria en personal y en organización. En principio, toda solicitud de cooperación se presentará en la forma de la solicitud de asistencia del artículo 9. En los casos concretos del título IV, los funcionarios de la autoridad requirente podrán intervenir en el territorio del Estado requerido, con el acuerdo de la autoridad requerida. La coordinación y la planificación de las operaciones transfronterizas corresponden a los servicios centrales de coordinación del artículo 5.
La cooperación transfronteriza puede llevarse a cabo para prevenir, investigar y perseguir infracciones en los siguientes casos:
a) tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, armas, municiones, explosivos, bienes culturales, residuos peligrosos y tóxicos, materiales nucleares o materiales y equipos destinados a la producción de armas nucleares, biológicas y químicas (mercancías sometidas a prohibición);
b) tráfico de sustancias enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, destinadas a la producción ilegal de drogas (sustancias precursoras);
c) comercio transfronterizo ilegal de mercancías sometidas a gravamen, practicado eludiendo obligaciones fiscales o para conseguir ilegalmente el pago de prestaciones públicas relacionadas con la importación o exportación, cuando la magnitud de las transacciones y el riesgo tributario y de subvenciones pueda generar cargas financieras importantes para el presupuesto de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros;
d) cualquier otro comercio de mercancías sometidas a prohibición por las normativas aduaneras comunitaria o nacionales.
La autoridad requerida no está obligada a acceder a ninguna forma concreta de cooperación si el tipo de investigación es contrario a su Derecho nacional o no está contemplado en él; la autoridad requirente podrá negarse por el mismo motivo a una cooperación del mismo tipo que le solicite el Estado requerido. Cuando el Derecho nacional lo exija, se pedirá autorización a las autoridades judiciales nacionales y se respetarán las condiciones y reservas que estas impongan.
Si los funcionarios de un Estado miembro causan daños en el territorio de otro, el Estado en que se produzcan se responsabilizará de su reparación con arreglo a su legislación, como si los hubieran causado sus propios funcionarios; el Estado cuyos funcionarios causaron los daños le reembolsará íntegramente los importes pagados a las víctimas o a otras personas o instituciones con derecho a ello. Sin perjuicio de sus derechos frente a terceros, cada Estado renunciará a reclamar a otro el reembolso de los daños que hubiere sufrido.
La información obtenida en las actividades de los artículos 20 a 24 podrá utilizarse como prueba, con arreglo al Derecho nacional y bajo las condiciones especiales impuestas por el Estado en que se obtuvo, por los órganos competentes de los Estados que la reciban. En esas operaciones, los funcionarios en misión en otro Estado miembro se asimilarán a los funcionarios de este en cuanto a las infracciones de las que sean víctimas o que puedan cometer.
Datos clave
- Las solicitudes de cooperación siguen, en principio, la forma del artículo 9.
- La coordinación y la planificación de las operaciones transfronterizas corresponden a los servicios centrales de coordinación del artículo 5.
- Cuatro casos: mercancías sometidas a prohibición, sustancias precursoras (cuadros I y II de la Convención de la ONU), comercio ilegal de mercancías sometidas a gravamen y otro comercio prohibido.
- No hay obligación de cooperar si la investigación es contraria al Derecho nacional o no está contemplada en él.
- Los daños los repara el Estado donde se producen y se los reembolsa íntegramente el Estado de los funcionarios.
- La información de los artículos 20 a 24 puede usarse como prueba.
- Los funcionarios en misión se asimilan a los del Estado de destino en cuanto a infracciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios de las formas especiales de cooperación: ayuda en personal y organización, coordinación por los servicios centrales, cuatro casos tasados, límites del Derecho nacional, reparto de daños y valor probatorio.
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Artículo 20. Persecución con cruce de fronteras
El artículo 20 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula la persecución con cruce de fronteras.
Supuesto. Los funcionarios de la administración aduanera de un Estado miembro que, en su país, estén persiguiendo a una persona hallada de forma flagrante en la comisión de una de las infracciones del apartado 2 del artículo 19 que pueda dar lugar a extradición, o de participación en ella, podrán continuar la persecución en el territorio de otro Estado miembro cuando las autoridades de este, debido a la especial urgencia, no hayan podido ser advertidas previamente de la entrada, o no hayan podido personarse en el lugar con tiempo suficiente.
A más tardar en el momento del cruce de la frontera, los perseguidores recurrirán a las autoridades competentes del Estado en que hayan penetrado. La persecución cesará cuando así lo solicite ese Estado. A petición de los perseguidores, las autoridades competentes interpelarán a la persona perseguida para determinar su identidad o detenerla. Los Estados comunicarán al depositario a qué funcionarios se aplica esta disposición y el depositario informará a los demás.
Modalidades (definidas en la declaración del apartado 6): los perseguidores no tendrán derecho a efectuar la aprehensión; no obstante, si no se pide interrumpir la persecución y las autoridades locales no pueden intervenir con rapidez suficiente, podrán retener a la persona hasta que los funcionarios de ese Estado, a los que se informará sin demora, determinen su identidad o la detengan. Además, la persecución se realizará en una zona o durante un período a contar desde el cruce de la frontera, definidos en la declaración, o sin límites de espacio ni de tiempo.
Condiciones generales:
a) atenerse al artículo y a la legislación del Estado en que actúan, y cumplir las órdenes de las autoridades territorialmente competentes;
b) por mar, hasta alta mar o la zona económica exclusiva, conforme al Derecho marítimo internacional recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar;
c) prohibida la entrada en domicilios y lugares donde el público no tenga acceso;
d) ser fácilmente identificables mediante uniforme, brazalete o dispositivos accesorios en su medio de locomoción; prohibida la indumentaria civil con medios de locomoción comunes sin identificación; justificar en todo momento su carácter oficial;
e) pueden llevar su arma reglamentaria, salvo declaración general de prohibición del Estado requerido o decisión expresa en contrario; su utilización está prohibida salvo en legítima defensa;
f) la persona perseguida solo podrá someterse a un registro de seguridad una vez aprehendida conforme a la letra b) del apartado 2; pueden usarse esposas durante su traslado y aprehenderse los objetos que lleve;
g) tras cada operación, presentarse ante las autoridades del Estado en que actuaron, dar cuenta de su misión y permanecer a su disposición si lo solicitan, aunque no haya habido detención;
h) a petición de ese Estado, las autoridades de origen colaborarán en la investigación posterior, incluidos los procedimientos judiciales.
La persona detenida por las autoridades territorialmente competentes podrá ser retenida, con independencia de su nacionalidad, para su interrogatorio. Si no tiene la nacionalidad del Estado en que fue detenida, será puesta en libertad a más tardar seis horas después de la detención, sin contar las horas entre medianoche y las nueve de la mañana, salvo que se haya recibido previamente una solicitud de detención provisional a efectos de extradición.
Al firmar el Convenio, cada Estado hará una declaración que defina las modalidades de la persecución en su territorio; podrá sustituirla en cualquier momento siempre que no restrinja el alcance de la anterior, y la hará previa consulta con los Estados interesados para que los regímenes sean equivalentes. Los Estados podrán ampliar bilateralmente el ámbito del apartado 1, y todo Estado podrá declarar, al depositar su instrumento de adopción, que no está vinculado por el artículo o parte de él, declaración que podrá retirar en cualquier momento.
Datos clave
- Requiere infracción flagrante del artículo 19.2 que pueda dar lugar a extradición.
- Se recurre a las autoridades locales a más tardar al cruzar la frontera; la persecución cesa si lo pide el Estado de destino.
- Los perseguidores no tienen derecho de aprehensión, pero pueden retener a la persona si las autoridades locales no llegan a tiempo.
- Modalidad en zona o período definidos, o sin límites de espacio ni de tiempo.
- Prohibida la entrada en domicilios y lugares sin acceso público.
- Arma reglamentaria permitida salvo prohibición; solo se usa en legítima defensa.
- Extranjero detenido: libertad a más tardar en 6 horas, sin contar de medianoche a las nueve de la mañana.
- La declaración se hace al firmar y puede sustituirse sin restringir la anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios aduaneros pueden seguir persiguiendo en otro Estado a quien sorprendan en flagrancia, por urgencia, con condiciones estrictas: sin derecho de aprehensión, sin entrar en domicilios y con plazo máximo de retención.
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Artículo 21. Vigilancia transfronteriza
El artículo 21 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula la vigilancia transfronteriza.
Vigilancia autorizada. Los funcionarios de la administración aduanera de un Estado miembro que estén vigilando en su país a una persona de la que se pueda pensar fundadamente que está implicada en una de las infracciones del apartado 2 del artículo 19 podrán proseguir la vigilancia en el territorio de otro Estado miembro cuando este la haya autorizado a raíz de una solicitud de asistencia presentada previamente. La autorización podrá estar sujeta a condiciones. Previa solicitud, la vigilancia se encomendará a los funcionarios del Estado en cuyo territorio se realice. La solicitud se dirigirá a la autoridad designada por cada Estado, competente para decidir o transmitirla a otra instancia. Los Estados comunican al depositario los funcionarios a los que se aplica la disposición y la autoridad designada, y el depositario informa a los demás.
Vigilancia urgente. Cuando, por razones particularmente urgentes, no pueda solicitarse la autorización previa, los funcionarios podrán proseguir la vigilancia más allá de la frontera con estas condiciones:
a) el cruce de la frontera se comunicará inmediatamente, durante la vigilancia, a las autoridades competentes del Estado en que prosiga;
b) se transmitirá sin demora una solicitud conforme al apartado 1 con los motivos que justifican el cruce sin autorización previa.
La vigilancia cesará si ese Estado lo solicita a raíz de la comunicación o de la solicitud, o si cinco horas después de cruzar la frontera no se ha obtenido la autorización.
Condiciones generales:
a) atenerse al artículo y al Derecho del Estado en que actúan, y obedecer las órdenes de las autoridades territorialmente competentes;
b) salvo en la vigilancia urgente, llevar un documento que certifique la autorización concedida;
c) poder justificar en cualquier momento su carácter oficial;
d) pueden llevar su arma reglamentaria, salvo declaración general de prohibición del Estado requerido o decisión expresa en contrario; su utilización está prohibida salvo en legítima defensa;
e) prohibida la entrada en domicilios y lugares donde el público no tenga acceso;
f) no podrán interpelar ni detener a la persona vigilada;
g) cada operación será objeto de un informe a las autoridades del Estado en que se realizó, y podrá exigirse la comparecencia de los funcionarios;
h) a petición de ese Estado, las autoridades de origen colaborarán en la investigación posterior, incluidos los procedimientos judiciales.
Los Estados podrán ampliar bilateralmente el ámbito del artículo, y todo Estado podrá declarar, al depositar su instrumento de adopción, que no está vinculado por el artículo o parte de él; la declaración puede retirarse en cualquier momento.
Datos clave
- Persona de la que se piense fundadamente que está implicada en una infracción del artículo 19.2.
- Regla general: autorización previa del otro Estado tras solicitud de asistencia, que puede sujetarse a condiciones.
- Urgencia: comunicación inmediata del cruce y solicitud sin demora.
- La vigilancia urgente cesa si en 5 horas desde el cruce no se obtiene autorización.
- Los funcionarios no pueden interpelar ni detener a la persona vigilada.
- Arma reglamentaria permitida salvo prohibición; solo se usa en legítima defensa.
- Cada operación se documenta en un informe a las autoridades del Estado de destino.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se puede seguir vigilando más allá de la frontera a un sospechoso fundado de infracciones graves, con autorización previa del otro Estado o, por urgencia, comunicando el cruce; la vigilancia urgente cesa a las cinco horas sin autorización.
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Artículo 22. Entregas vigiladas
El artículo 22 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula las entregas vigiladas.
Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a extradición. La decisión de recurrir a ellas la tomarán en cada caso las autoridades competentes del Estado miembro requerido, de conformidad con su Derecho nacional.
Las entregas vigiladas se efectuarán conforme a los procedimientos vigentes en el Estado miembro requerido, al que corresponden la dirección y el control de la operación. Para evitar que se interrumpa la vigilancia, sus autoridades se harán cargo de vigilar la entrega en el punto de cruce de la frontera o en otro punto convenido, y de la vigilancia permanente a lo largo de todo el itinerario posterior, de manera que puedan detener en cualquier momento a los autores y confiscar las mercancías.
Con el consentimiento de los Estados miembros interesados, se podrá interceptar los cargamentos cuya entrega se haya convenido en vigilar y autorizar que continúe su transporte, bien sin alterar las mercancías, bien después de retirar o sustituir la totalidad o una parte del contenido inicial por otros productos.
Datos clave
- Se permiten a petición de otro Estado miembro, en investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a extradición.
- Decide en cada caso el Estado miembro requerido, conforme a su Derecho nacional.
- La dirección y el control corresponden al Estado miembro requerido.
- La vigilancia se asume en el punto de cruce de la frontera o en otro punto convenido.
- Con consentimiento de los Estados interesados, los cargamentos pueden interceptarse y continuar intactos o con el contenido retirado o sustituido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados permiten entregas vigiladas en investigaciones penales por infracciones extraditables; decide, dirige y controla el Estado requerido, que vigila todo el itinerario y puede detener y confiscar.
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Artículo 23. Investigaciones encubiertas
El artículo 23 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula las investigaciones encubiertas.
A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá autorizar que operen en el territorio del Estado miembro requerido funcionarios de la administración aduanera del Estado requirente, o que actúen por su cuenta, con identidad supuesta (investigadores infiltrados). La autoridad requirente solo presentará la solicitud si fuera extremadamente difícil aclarar los hechos sin estas medidas. En el marco de su misión, estos funcionarios podrán recoger información y establecer contactos con sospechosos u otras personas de su entorno.
Las investigaciones encubiertas tendrán una duración limitada. Su preparación y dirección se realizarán en estrecha cooperación entre las autoridades del Estado requerido y del requirente. La autoridad requerida determinará, conforme a su Derecho nacional, los requisitos de autorización y las condiciones de realización, así como las condiciones de utilización de la información que se obtenga sobre una infracción distinta de la indicada en la solicitud original.
La autoridad requerida prestará la asistencia necesaria de personal y de medios técnicos y asumirá todas las medidas de protección de los funcionarios infiltrados mientras operen en su territorio. Todo Estado miembro podrá declarar, al depositar su instrumento de adopción, que no está vinculado por el artículo o parte de él; la declaración puede retirarse en cualquier momento.
Datos clave
- Los investigadores infiltrados actúan con identidad supuesta.
- La solicitud solo procede si sería extremadamente difícil aclarar los hechos de otro modo.
- Pueden recoger información y establecer contactos con sospechosos y su entorno.
- Las investigaciones encubiertas tienen una duración limitada.
- La autoridad requerida fija requisitos y condiciones conforme a su Derecho nacional.
- La autoridad requerida asume la protección de los funcionarios y presta personal y medios técnicos.
- Los Estados pueden declarar que no están vinculados por este artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado requerido puede autorizar a funcionarios aduaneros de otro a actuar con identidad supuesta, solo si sin ello fuera extremadamente difícil aclarar los hechos, por tiempo limitado y con su protección.
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Artículo 24. Equipos comunes de investigación especial
El artículo 24 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II) regula los equipos comunes de investigación especial.
Por mutuo acuerdo, las autoridades de varios Estados miembros podrán crear un equipo común de investigación especial con sede en un Estado miembro, formado por funcionarios especializados en los ámbitos correspondientes. Sus funciones son:
- la ejecución de investigaciones difíciles y costosas para la detección de infracciones concretas, que requieran una actuación simultánea y concertada en los Estados miembros participantes;
- la coordinación de actuaciones comunes para evitar y detectar tipos de infracciones determinados y para obtener información sobre las personas implicadas, las personas relacionadas con ellas y sus métodos.
Condiciones generales:
a) solo se crearán con una finalidad determinada y para un período limitado;
b) la dirección del equipo corresponderá a un funcionario del Estado miembro en cuyo territorio vaya a intervenir;
c) los funcionarios participantes se atendrán al Derecho del Estado miembro en cuyo territorio vaya a intervenir el equipo;
d) el Estado miembro en que interviene el equipo creará las condiciones de organización necesarias para que pueda operar.
La participación en el equipo no conferirá a sus funcionarios poderes de intervención en el territorio de otro Estado miembro.
Datos clave
- Se crean por mutuo acuerdo de las autoridades de varios Estados miembros, con sede en uno de ellos.
- Investigaciones difíciles y costosas que requieran actuación simultánea y concertada.
- Solo con una finalidad determinada y para un período limitado.
- Dirección: un funcionario del Estado en cuyo territorio intervenga el equipo.
- Se aplica el Derecho del Estado en que interviene el equipo.
- No confiere poderes de intervención en el territorio de otro Estado miembro.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Varios Estados pueden crear por mutuo acuerdo un equipo común para investigaciones difíciles y costosas, con fin y plazo limitados, dirigido por un funcionario del Estado donde actúa y sin poderes en otros Estados.
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Artículo 25. Protección de los datos intercambiados
El artículo 25 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II), dentro del título V, regula la protección de los datos intercambiados.
Al intercambiar información, las administraciones aduaneras tendrán en cuenta en cada caso las exigencias de protección de los datos de carácter personal y respetarán el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Todo Estado miembro podrá supeditar a determinadas condiciones el tratamiento por otro Estado de los datos que le haya facilitado.
Sin perjuicio del Convenio sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, los datos personales transmitidos se rigen por estas reglas:
a) La autoridad destinataria solo podrá tratarlos para la finalidad del apartado 1 del artículo 1. Podrá transmitirlos, sin consentimiento previo del Estado que los facilitó, a sus administraciones aduaneras, autoridades de investigación y órganos judiciales para la persecución y represión de las infracciones del apartado 3 del artículo 4; en los demás casos se requiere ese consentimiento.
b) La autoridad transmisora responde de su exactitud y carácter actual. Si se han transmitido datos inexactos o indebidos, o deben borrarse conforme al Derecho del Estado transmisor, se informará inmediatamente a la destinataria, que deberá corregirlos o borrarlos; si esta cree que son inexactos o deben borrarse, informará al Estado transmisor.
c) Si los datos deben borrarse o modificarse con arreglo al Derecho del Estado transmisor, la persona afectada deberá contar con medios legales eficaces para obtener su rectificación.
d) Las autoridades implicadas registrarán por escrito la transmisión y la recepción de los datos.
e) A petición del afectado, las autoridades emisora y receptora le informarán de los datos transmitidos sobre su persona y de su finalidad. No será obligatorio si el interés público de no comunicarla pesa más que el interés del afectado. Este derecho se rige por las normas y procedimientos del Estado en que se solicite, y antes de resolver se dará a la autoridad emisora la oportunidad de opinar.
f) Cada Estado responde, conforme a sus propias normas, de los daños derivados del tratamiento de los datos transmitidos y de los causados por la transmisión de datos inexactos o por actuar la autoridad emisora infringiendo el Convenio.
g) Los datos solo se conservarán el tiempo necesario para el objetivo de la transmisión, y el Estado deberá cerciorarse en su momento de la necesidad de seguir conservándolos.
h) Los datos gozarán al menos de igual protección que la que el Estado receptor garantice para datos de la misma índole.
i) Cada Estado garantizará el cumplimiento mediante controles eficaces, que podrá encomendar a la autoridad de control nacional del artículo 17 del Convenio sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros.
El «tratamiento de datos de carácter personal» se entiende tal como lo define la letra b) del artículo 2 de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995.
Datos clave
- Se respeta el Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981.
- Los datos solo se tratan para la finalidad del artículo 1.1.
- Sin consentimiento previo solo se transmiten a administraciones aduaneras, autoridades de investigación y órganos judiciales para las infracciones del artículo 4.3.
- La autoridad transmisora responde de la exactitud y actualidad de los datos.
- La transmisión y la recepción se registran por escrito.
- Los datos se conservan solo el tiempo necesario.
- Protección mínima: igual a la que el Estado receptor dé a datos de la misma índole.
- El concepto de tratamiento remite al artículo 2.b) de la Directiva 95/46/CE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos personales intercambiados se rigen por el Convenio del Consejo de Europa de 1981 y por reglas propias: finalidad tasada, exactitud a cargo del transmisor, registro escrito, conservación mínima y protección equivalente.
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Artículo 26. Tribunal de Justicia
El artículo 26 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II) atribuye competencias al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la interpretación y aplicación del Convenio.
Litigios entre Estados miembros: el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre Estados miembros relativo a la interpretación o aplicación del Convenio, siempre que dicho litigio no pueda ser resuelto por el Consejo en el plazo de seis meses a partir de su remisión al Consejo por uno de sus miembros.
Litigios entre Estados miembros y la Comisión: el Tribunal es competente para los litigios entre uno o varios Estados miembros y la Comisión que no hayan podido resolverse por vía de la negociación. El litigio podrá elevarse al Tribunal tras la expiración de un período de seis meses a partir de la fecha en que una de las partes haya notificado a la otra la existencia del litigio.
Cuestión prejudicial: el Tribunal es competente, en las condiciones de los apartados 4 a 7, para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación del Convenio. Cualquier Estado miembro puede aceptar esta competencia mediante declaración efectuada en el momento de la firma o en cualquier momento posterior. En esa declaración el Estado precisará una de estas dos opciones:
- a) que podrán plantear la cuestión prejudicial sus órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, o
- b) que podrá plantearla cualquiera de sus órganos jurisdiccionales.
En ambos casos, el órgano jurisdiccional debe considerar necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Son aplicables el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia y su Reglamento de procedimiento. Cualquier Estado miembro, haya formulado o no la declaración, puede presentar al Tribunal memorias u observaciones escritas en estos asuntos.
Límites: el Tribunal no es competente para controlar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por los servicios con funciones coercitivas en el marco del Convenio, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades de los Estados miembros respecto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.
Datos clave
- Litigios entre Estados miembros: al Tribunal si el Consejo no los resuelve en seis meses desde su remisión.
- Litigios Estados-Comisión: al Tribunal tras seis meses desde la notificación del litigio, si no se resuelven negociando.
- La competencia prejudicial se acepta por declaración en la firma o en cualquier momento posterior.
- Opción a): solo órganos cuyas decisiones no admitan ulterior recurso; opción b): cualquier órgano jurisdiccional.
- Todo Estado miembro puede presentar memorias u observaciones escritas, haya o no formulado la declaración.
- Sin competencia sobre la validez o proporcionalidad de operaciones de servicios con funciones coercitivas ni sobre orden público y seguridad interior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Justicia resuelve litigios entre Estados y con la Comisión tras seis meses sin solución y, si el Estado lo acepta, cuestiones prejudiciales; no controla operaciones coercitivas ni el orden público.
Esquema
| Entre Estados miembros | Estados y Comisión | |
|---|---|---|
| Paso previo | Remisión al Consejo | Negociación |
| Plazo | Seis meses desde la remisión al Consejo | Seis meses desde la notificación del litigio |
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Artículo 27. Confidencialidad
El artículo 27 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II) regula la confidencialidad en el intercambio de información.
En cada caso específico de intercambio de información, las administraciones aduaneras tendrán en cuenta las exigencias de confidencialidad de la investigación. A tal efecto, todo Estado miembro podrá determinar las condiciones en las que autoriza a otro Estado miembro a utilizar la información que se le transmita.
Datos clave
- Se aplica en cada caso específico de intercambio de información.
- Las administraciones aduaneras tienen en cuenta las exigencias de confidencialidad de la investigación.
- Todo Estado miembro puede determinar las condiciones en que autoriza a otro a utilizar la información transmitida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En cada intercambio de información se respeta la confidencialidad de la investigación, y el Estado que transmite puede fijar las condiciones de uso por el otro.
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Artículo 28. Excepciones a la obligación de asistencia
El artículo 28 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II) establece los supuestos en que no existe obligación de prestar asistencia.
El Convenio no obliga a las autoridades de los Estados miembros a la asistencia mutua en dos casos:
- cuando pudiera tener una incidencia negativa en el orden público o en otros intereses esenciales del Estado miembro afectado, en particular en el ámbito de la protección de datos;
- cuando el alcance de la actuación solicitada, en particular en el marco de las formas especiales de cooperación previstas en el título IV, sea manifiestamente desproporcionado en relación con la gravedad de la presunta infracción.
En tales casos se podrá denegar total o parcialmente la asistencia o supeditarla al cumplimiento de determinadas condiciones. Cualquier denegación de asistencia deberá motivarse.
Datos clave
- Excepción por incidencia negativa en el orden público u otros intereses esenciales, en particular la protección de datos.
- Excepción por desproporción manifiesta respecto a la gravedad de la presunta infracción, sobre todo en las formas especiales de cooperación del título IV.
- La asistencia puede denegarse total o parcialmente o supeditarse a condiciones.
- Toda denegación de asistencia debe motivarse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
No hay obligación de asistencia si perjudica el orden público u otros intereses esenciales o si es manifiestamente desproporcionada; la asistencia puede denegarse o condicionarse, siempre motivando.
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Artículo 29. Gastos
El artículo 29 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II) regula los gastos derivados de su aplicación.
Regla general: los Estados miembros renunciarán en principio a cualquier reclamación de reembolso de los gastos que suponga la aplicación del Convenio, con excepción de los gastos en concepto de pagos a expertos.
Gastos considerables o extraordinarios: si la ejecución de una solicitud supusiera gastos considerables o extraordinarios, las administraciones aduaneras afectadas se consultarán para determinar las condiciones de ejecución de la solicitud, así como la manera de sufragar los gastos.
Datos clave
- Regla general: renuncia en principio al reembolso de los gastos de aplicación del Convenio.
- Excepción: los gastos en concepto de pagos a expertos.
- Ante gastos considerables o extraordinarios, las administraciones aduaneras afectadas se consultan.
- La consulta fija las condiciones de ejecución de la solicitud y la manera de sufragar los gastos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Estados renuncian en principio a reclamarse los gastos de aplicar el Convenio, salvo los pagos a expertos; ante gastos considerables o extraordinarios, se consultan.
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Artículo 30. Reservas
El artículo 30 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II) limita la posibilidad de formular reservas.
Regla general: no se podrán formular reservas al Convenio, salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 20, el apartado 5 del artículo 21 y el apartado 5 del artículo 23.
Acuerdos previos sobre el título IV: los Estados miembros que ya tengan suscritos entre sí acuerdos sobre las materias reguladas por el título IV del Convenio solo podrán formular reservas al amparo del apartado 1 cuando estas no afecten a sus obligaciones derivadas de dichos acuerdos.
Relación con Schengen: las obligaciones derivadas de las disposiciones del convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, del 19 de junio de 1990, que prevén una cooperación más estrecha, no quedarán afectadas por el Convenio en el marco de las relaciones entre los Estados miembros vinculados a dichas disposiciones.
Datos clave
- No se admiten reservas salvo las previstas en los artículos 20.8, 21.5 y 23.5.
- Con acuerdos previos sobre materias del título IV, las reservas no pueden afectar a las obligaciones de esos acuerdos.
- El Convenio no afecta a la cooperación más estrecha del convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
- Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985; convenio de aplicación de 19 de junio de 1990.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
No se admiten reservas salvo las tres previstas para persecución, vigilancia e investigaciones encubiertas, y el Convenio no afecta a la cooperación más estrecha de Schengen.