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El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades. Situaciones administrativas. Sistema de retribuciones. Régimen disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 1

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.

A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.

2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.

3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Datos clave

  • ¿Puede el personal compatibilizar sus actividades con un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público? → No, salvo en los supuestos previstos en la propia Ley.
  • ¿Puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas? → No, salvo en los supuestos previstos en la Ley.
  • ¿Con qué es incompatible en cualquier caso el desempeño del puesto? → Con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Artículo 2

1. La presente Ley será de aplicación a:

a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.

b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.

c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.

d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.

f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.

g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.

h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.

i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.

2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

Datos clave

  • La Ley 53/1984 se aplica al personal civil y militar de la Administración del Estado y al de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
  • Incluye entidades, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con fondos públicos.
  • Incluye empresas con participación de las Administraciones Públicas superior al 50 por 100.
  • Incluye al personal del Banco de España y de las instituciones financieras públicas y al retribuido mediante arancel.
  • Se aplica a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

Artículo 3

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.

Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.

2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.

Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.

Datos clave

  • Solo puede desempeñarse un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos de la ley (funciones docente y sanitaria y casos de los artículos 5.º y 6.º).
  • También por razón de interés público, determinado por el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno autonómico, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.
  • Es indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no modifica jornada ni horario.
  • Desempeñar un puesto en el sector público es incompatible con la pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso.
  • Excepción en el ámbito laboral: la jubilación parcial es compatible con un puesto a tiempo parcial.

Artículo 4

El artículo 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, regula las compatibilidades en el ámbito docente, investigador, sanitario y cultural.

1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial.

2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el párrafo anterior, podrá autorizarse la compatibilidad para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace referencia.

Asimismo, a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.

Igualmente, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, al personal funcionario y laboral de las administraciones locales de las enseñanzas establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas y Profesores y Profesoras de Enseñanzas Artísticas Profesionales o de Enseñanzas Artísticas Superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan dichas enseñanzas.

3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos en la misma.

4. Asimismo, podrá autorizarse al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, al de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, al del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como al restante profesorado de formación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la compatibilidad para el desempeño de sus funciones, a tiempo parcial y cumpliendo las restantes exigencias de esta Ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, impartiendo todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional.

Datos clave

  • Profesor universitario asociado: dedicación no superior a la de tiempo parcial.
  • PDI universitario: segundo puesto en el sector público sanitario o exclusivamente investigador, si ambos son a tiempo parcial.
  • Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería: segundo puesto en el sector sanitario.
  • Sector público cultural: segundo puesto a tiempo parcial, salvo la prohibición del artículo 16.1.
  • El profesorado universitario es compatible con los trabajos del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria.
  • Profesorado de Secundaria y FP: compatibilidad a tiempo parcial en centros públicos con oferta integrada.

Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 5

1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:

a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.

b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.

2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.

Datos clave

  • ¿Con qué cargos electivos puede compatibilizarse, por excepción, la actividad? → Con el de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y el de miembro de las Corporaciones locales.
  • ¿Cuándo no cabe la compatibilidad como miembro de una Corporación local? → Cuando se desempeñen en ella cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
  • ¿Cuándo no cabe como miembro de una Asamblea Legislativa autonómica? → Cuando se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o por las mismas se establezca la incompatibilidad.
  • ¿Cuántas retribuciones pueden percibirse en estos supuestos? → Solo la de una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra.

Artículo 6

El artículo 6 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, regula la compatibilidad para actividades de investigación y asesoramiento.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.

Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley.

2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • Compatibilidad excepcional para actividades de investigación de carácter no permanente.
  • También para asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos ajenos a las funciones del personal adscrito.
  • La excepción se acredita por asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones.
  • El personal investigador puede ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por sus organismos.
  • Marco: esta ley y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
  • Autorizan el Ministerio de la Presidencia o los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.

Artículo 7

El artículo 7 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, fija los límites retributivos para autorizar la compatibilidad de actividades públicas.

1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.

– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.

– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.

– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.

– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.

2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

Datos clave

  • Límite absoluto: la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General.
  • Incrementos sobre el puesto principal: 30 por 100 (grupo A), 35 por 100 (grupo B) y 40 por 100 (grupo C).
  • 45 por 100 para el grupo D y 50 por 100 para el grupo E.
  • Superar los límites en cómputo anual exige acuerdo expreso del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.
  • El segundo puesto no computa a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
  • Pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo por uno de los puestos.

Artículo 8

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda.

No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.

Datos clave

  • Supuesto: personal que, en representación del sector público, pertenece a Consejos de Administración u órganos de gobierno.
  • Solo puede percibir dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas.
  • Las cantidades por cualquier otro concepto se ingresan directamente en la Tesorería pública.
  • Máximo: dos Consejos de Administración u órganos de gobierno.
  • Excepción por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.

Artículo 9

La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.

Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo puesto.

Datos clave

  • Autoriza o deniega en el Estado el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento.
  • En CCAA, el órgano competente; en Corporaciones Locales, el Pleno al que esté adscrito el puesto principal.
  • Requiere informe previo favorable del órgano del segundo puesto.
  • Si ambos puestos son del Estado, informa la Subsecretaría del Departamento del segundo puesto.

Artículo 10

Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.

Datos clave

  • Ante puestos incompatibles se debe optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
  • A falta de opción, se entiende que se opta por el nuevo puesto.
  • En el puesto anterior se pasa a excedencia voluntaria.
  • Puestos compatibles previa autorización: debe instarse en los diez primeros días del plazo de toma de posesión.
  • El plazo de toma de posesión se entiende prorrogado mientras recae resolución.

Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 11

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.

Datos clave

  • ¿Qué actividades privadas no puede ejercer el personal? → Las que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
  • ¿Qué actividades se exceptúan de esa prohibición? → Las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.

Artículo 12

1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.

Véase la disposición adicional 24 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril Ref. BOE-A-2007-7786 , sobre las limitaciones establecidas en el apartado.1 b) y d).

Datos clave

  • Prohibidas actividades privadas en asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o deba intervenir.
  • Prohibida la pertenencia a Consejos de Administración de entidades privadas relacionadas con su Departamento.
  • Prohibidos cargos en concesionarias, contratistas o arrendatarias de monopolios.
  • Prohibida la participación superior al 10 por 100 en el capital de dichas empresas.
  • Actividad privada con horario igual o superior a la mitad de la jornada: solo si la pública es a tiempo parcial.

Artículo 13

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • No cabe compatibilidad para actividades privadas a quien tenga autorizado un segundo puesto público.
  • Supuesto: suma de jornadas de ambos puestos igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
  • Se refiere a quienes ya tienen autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos.
  • La prohibición alcanza a cualquier actividad privada.

Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 14

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.

Datos clave

  • ¿Qué requiere el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas? → El previo reconocimiento de compatibilidad.
  • ¿En qué plazo se dicta la resolución que reconoce la compatibilidad o declara la incompatibilidad? → En el plazo de dos meses.
  • ¿A quién corresponde esa resolución en la Corporación Local? → Al Pleno de la Corporación Local.
  • ¿Pueden los reconocimientos de compatibilidad modificar la jornada y el horario? → No, y quedan automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

Artículo 15

El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.

Datos clave

  • Prohibición dirigida a todo el personal incluido en el ámbito de la Ley.
  • No puede invocar ni hacer uso de su condición pública.
  • Actividades afectadas: mercantil, industrial o profesional.

Artículo 16

El artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, limita el reconocimiento de compatibilidad para actividades privadas en función de las retribuciones del puesto.

1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Esta redacción del apartado 1 procede de la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y produce efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III con la aprobación de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.

3. Se exceptúan de la prohibición del apartado 1 las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4.º, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento del artículo 6.º, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.

4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones de los artículos 1.º.3, 11, 12 y 13, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

Datos clave

  • No cabe compatibilidad cuando las retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, ni para el personal retribuido por arancel ni para el personal directivo, incluido el de alta dirección.
  • La dedicación del profesorado universitario a tiempo completo se considera especial dedicación.
  • Excepciones: profesor universitario asociado y actividades de investigación o asesoramiento del artículo 6.º, salvo personal docente universitario a tiempo completo.
  • Cabe compatibilidad para actividades privadas si el complemento específico no supera el 30 por 100 de la retribución básica, excluida la antigüedad.
  • La redacción del apartado 1 procede de la disposición final tercera del texto refundido del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015).

Artículo 17

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en relación al personal de los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles respecto al de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las facultades que esta Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos respecto del personal de la Administración Civil del Estado y de sus Organismos autónomos y de la Seguridad Social.

2. Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas se entenderán referidas al Rector de cada Universidad, en relación al personal al servicio de la misma, en el marco del respectivo Estatuto.

Datos clave

  • Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: personal de los servicios periféricos de ámbito regional.
  • Gobernadores civiles: personal de los servicios periféricos provinciales.
  • Ejercen las facultades que la Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos.
  • En las Universidades, esas facultades corresponden al Rector, en el marco del respectivo Estatuto.

Artículo 18

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este requisito será indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.

Datos clave

  • Todas las resoluciones de compatibilidad se inscriben en los Registros de Personal correspondientes.
  • Afecta tanto al segundo puesto o actividad en el sector público como a las actividades privadas.
  • En el caso del sector público, la inscripción es requisito indispensable para acreditar haberes.

Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 19

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:

a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.

e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y

h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.

Datos clave

  • ¿Qué límite tienen los cursos o conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios para quedar exceptuados? → No tener carácter permanente o habitual ni suponer más de setenta y cinco horas al año.
  • ¿Está exceptuada la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas? → Sí, queda exceptuada del régimen de incompatibilidades.
  • ¿Qué participación en medios de comunicación está exceptuada? → La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
  • ¿Está exceptuada la administración del patrimonio personal o familiar? → Sí, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley.

Artículo 20

1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave.

3. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondiente de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales.

Datos clave

  • El incumplimiento se sanciona conforme al régimen disciplinario aplicable.
  • La actividad compatible no excusa el deber de residencia ni la asistencia al trabajo.
  • Falta grave o muy grave: revocación automática de la compatibilidad.
  • Los órganos de dirección, inspección o jefatura previenen o corrigen las incompatibilidades.
  • Coordina en el Estado la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 1

La presente Ley tiene por objeto regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen jurídico del personal al servicio de la misma, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado.

Datos clave

  • Objeto: regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen jurídico de su personal.
  • Se dicta en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 2

Ejercen la Función Pública de la Comunidad de Madrid el conjunto de personas vinculadas a la misma por una relación profesional de empleo.

Datos clave

  • Ejercen la Función Pública de la Comunidad de Madrid las personas vinculadas a ella por una relación profesional de empleo.
  • Es una definición por el vínculo: relación profesional de empleo.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 3

1. La presente Ley será de aplicación a todo el personal al servicio de la Administración regional y a las demás Instituciones de la Comunidad de Madrid, con las especialidades que, en cada caso, señala la Ley. 2. En aplicación de la Ley podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal sanitario, docente e investigador. 3. Queda excluido del ámbito de la presente Ley el personal al servicio de la Asamblea de Madrid.

Datos clave

  • Se aplica a todo el personal de la Administración regional y de las demás Instituciones de la Comunidad de Madrid, con las especialidades que señala la Ley.
  • Pueden dictarse normas específicas para el personal sanitario, docente e investigador.
  • ¿Qué personal queda excluido? → El personal al servicio de la Asamblea de Madrid.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 4

La Legislación estatal será supletoria en las materias no reguladas por la presente Ley y demás disposiciones de la Comunidad de Madrid sobre su personal.

Datos clave

  • La legislación estatal es supletoria en lo no regulado por esta Ley y demás disposiciones de la Comunidad de Madrid sobre su personal.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 5

El personal de la Comunidad de Madrid se integra por: a) Los funcionarios de carrera. b) Los funcionarios interinos. c) El personal laboral.

Datos clave

  • El personal de la Comunidad de Madrid se integra por tres clases: funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 20

En las convocatorias para los diferentes procedimientos selectivos se harán constar, en todo caso, los siguientes datos:

a) Número y características de las plazas vacantes.

b) Requisitos exigidos a los candidatos para participar en cada uno de los procedimientos selectivos, que deberán acreditarse en todo caso antes de la toma de posesión o de la formalización del correspondiente contrato.

c) Sistema de selección, forma de desarrollo de las pruebas y de valoración de las mismas.

d) Programas de la oposición o del concurso‑oposición, cuando se trata de estos sistemas y baremos de valoración de méritos si se tratase de concurso o de concurso‑oposición.

e) Composición del tribunal u Órgano técnico de selección.

f) Calendario para la realización de las pruebas.

g) Indicación del centro u oficina pública donde se expondrán las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan, además, publicarse en el «Boletín Oficial de la Comunidad», o notificarse directamente a los interesados.

h) Indicación, en su caso, de los cursos de formación subsiguientes a las pruebas, con expresión de si tienen o no carácter selectivo.

Datos clave

  • La convocatoria debe hacer constar, en todo caso, 8 datos (letras a a h).
  • Entre ellos: número y características de las plazas, requisitos, sistema de selección, programas o baremos, composición del tribunal y calendario de pruebas.
  • Los requisitos deben acreditarse antes de la toma de posesión o de la formalización del contrato.
  • Debe indicarse el centro u oficina donde se expondrán las comunicaciones, que además pueden publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad o notificarse a los interesados.
  • También, en su caso, los cursos de formación posteriores a las pruebas y si tienen o no carácter selectivo.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 21

1. La selección de los funcionarios se realizará preferentemente mediante los sistemas de oposición y concurso‑oposición. 2. El sistema de concurso tiene carácter excepcional; sólo se aplicará cuando se trate de seleccionar para puestos de trabajo de funcionarios que por sus características y tecnificación especial necesiten ser cubiertos por personal de experiencia o méritos muy singulares.

Datos clave

  • Sistemas preferentes de selección de funcionarios → oposición y concurso-oposición.
  • El concurso tiene carácter excepcional.
  • El concurso solo se aplica a puestos que, por sus características y tecnificación especial, exigen personal de experiencia o méritos muy singulares.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 22

1. La selección del personal laboral permanente se realizará por convocatoria pública y mediante el sistema de oposición y concurso‑oposición, salvo cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar, o el número de aspirantes u otras circunstancias, resulte más adecuado el de concurso. 2. La selección del personal laboral no permanente para el desempeño de funciones laborales se realizará mediante convocatoria y concurso, salvo en los casos de urgencia declarada, que deberá ser comunicada razonadamente al Consejo Regional de la Función Pública.

Datos clave

  • Personal laboral permanente → convocatoria pública y oposición o concurso-oposición.
  • Excepción para el laboral permanente: concurso, cuando lo aconsejen la naturaleza de las funciones, el número de aspirantes u otras circunstancias.
  • Personal laboral no permanente → convocatoria y concurso.
  • Salvo urgencia declarada, que debe comunicarse razonadamente al Consejo Regional de la Función Pública.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 23

1. El Reglamento para la selección de personal de la Comunidad regulará los diferentes sistemas de selección, criterios para composición y funcionamiento de los Tribunales y Órganos técnicos de selección, así como la presencia en los mismos de los representantes del personal, los criterios generales para la confección de los baremos y aquellos aspectos necesarios en esta materia en desarrollo de la Ley.

2. Los Tribunales u Órganos técnicos de selección, cuya composición concreta se anunciará en cada convocatoria, actuarán con total autonomía funcional y sus miembros serán responsables de la objetividad del procedimiento selectivo y del cumplimiento de las bases de la convocatoria, incluidos los plazos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

3. Todas las pruebas selectivas deberán estar concluidas antes del 1 de octubre de cada año, sin perjuicio de los cursos selectivos de formación que puedan establecerse.

4. Se garantizará la idoneidad de las personas integrantes de los Tribunales u Órganos técnicos de selección para enjuiciar los conocimientos y aptitudes en relación a los puestos de trabajo a desempeñar.

Los miembros de los tribunales podrán no ser personal de la Comunidad, pero deberán poseer la mitad más uno de aquéllos, al menos, la titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida a los candidatos para el ingreso; y la totalidad de los miembros del tribunal titulación de igual o superior nivel académico.

5. Los Tribunales u Órganos técnicos de selección podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas cuando resulte necesario para el mejor desarrollo de los procedimientos de selección. Su papel se limitará a la colaboración técnica que les solicite el Tribunal u Órgano de selección dentro de su especialidad. El número de asesores vendrá fijado en la correspondiente convocatoria.

Se suspende para el año 2026 el apartado 3, por la disposición adicional 1 de la Ley 6/2025, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2026-3218

Datos clave

  • El Reglamento de selección de personal de la Comunidad regula los sistemas de selección, los Tribunales, la presencia de representantes del personal y los criterios de los baremos.
  • La composición concreta del Tribunal se anuncia en cada convocatoria; actúa con total autonomía funcional.
  • Regla general: las pruebas selectivas deben concluir antes del 1 de octubre de cada año, sin perjuicio de los cursos selectivos de formación (apartado suspendido para 2026 por la Ley 6/2025).
  • Los miembros del tribunal pueden no ser personal de la Comunidad.
  • Al menos la mitad más uno debe tener titulación de la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y todos titulación de igual o superior nivel académico.
  • Asesores especialistas: solo colaboración técnica en su especialidad; su número lo fija la convocatoria.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 24

1. A la vista de la valoración de las pruebas selectivas y, en su caso, de los méritos, el Tribunal u Órgano técnico de selección declarará seleccionados a los candidatos que hayan obtenido las mayores puntuaciones. 2. Ningún Tribunal y Órgano de selección puede declarar seleccionados a un número mayor de candidatos que el de plazas objeto de convocatoria, bajo sanción de nulidad de pleno derecho y sin perjuicio de la responsabilidad personal de sus componentes. 3. La relación de seleccionados se presentará ordenada desde la mayor a la menor de las puntuaciones obtenidas. 4. La elección de los puestos de trabajo correspondientes a las plazas convocadas se realizará por los seleccionados según el orden de puntuación definitivamente obtenido, sin perjuicio de lo que establece el número 4 del artículo 54 de la Ley.

Datos clave

  • El Tribunal u Órgano técnico de selección declara seleccionados a los candidatos con mayores puntuaciones.
  • No pueden declararse seleccionados más candidatos que plazas convocadas, bajo sanción de nulidad de pleno derecho.
  • Esa nulidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad personal de los miembros del Tribunal.
  • La relación de seleccionados se ordena de mayor a menor puntuación.
  • Los seleccionados eligen los puestos según el orden de puntuación definitivamente obtenido, sin perjuicio de lo que establece el artículo 54.4 de la Ley.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 26

1. Son funcionarios propios de la Comunidad de Madrid los que en virtud de nombramiento legal efectuado por el Órgano competente de la misma quedan vinculados a ella por una relación de servicios de carácter profesional y permanente, tanto cuando ocupen puestos de trabajo presupuestariamente dotados como cuando se hallen en alguna de las situaciones previstas en el capítulo VI de este título.

2. Asimismo pertenecen de pleno derecho a la Administración de la Comunidad de Madrid, con el carácter de funcionarios propios de la misma, los que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en su disposición adicional primera.

3. En todo caso, la relación de servicio de los funcionarios de la Comunidad tiene naturaleza estatutaria y la determinación de sus condiciones de empleo corresponde al Derecho Administrativo.

Datos clave

  • Son funcionarios propios los vinculados por nombramiento legal del órgano competente, mediante una relación de servicios profesional y permanente.
  • La relación de servicio tiene naturaleza estatutaria y sus condiciones de empleo se determinan por el Derecho Administrativo.
  • También son funcionarios propios los comprendidos en la disposición adicional primera a la entrada en vigor de la Ley.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 27

Los funcionarios de la Comunidad de Madrid se ordenarán en los siguientes grupos, de acuerdo con la titulación que se les haya exigido para el ingreso: Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente. Grupo C: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. Grupo D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente. Grupo E: Certificado de Escolaridad.

Datos clave

  • Cinco grupos según la titulación exigida para el ingreso: A, B, C, D y E.
  • Grupo C: Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
  • Grupo D: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
  • Grupo E: Certificado de Escolaridad.
  • Grupo A: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente; Grupo B: Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, FP de Tercer Grado o equivalente.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 28

La condición de funcionario de la Comunidad de Madrid se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superar el sistema de selección. b) Nombramiento conferido por la autoridad competente. c) Jurar o prometer cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, en el ejercicio de las funciones que le estén atribuidas. d) Tomar posesión de su puesto de trabajo en el plazo reglamentario.

Datos clave

  • Cuatro requisitos sucesivos para adquirir la condición de funcionario: superar la selección, nombramiento, jura o promesa y toma de posesión.
  • El nombramiento lo confiere la autoridad competente.
  • La jura o promesa es de cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes.
  • La toma de posesión se hace en el plazo reglamentario.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 29

1. La condición de funcionario de la Comunidad de Madrid se perderá por alguna de las causas siguientes: a) Renuncia escrita del interesado. b) Imposición de sanción disciplinaria que suponga la separación del servicio, cuando aquélla adquiera firmeza. c) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. d) Pérdida de la nacionalidad española. e) Jubilación forzosa o voluntaria. 2. La renuncia deberá ser aceptada por el Órgano competente de la Administración, entendiéndose concedida si en el plazo de quince días siguientes a su solicitud no hubiese declaración expresa.

Datos clave

  • Cinco causas de pérdida de la condición de funcionario: renuncia escrita, sanción de separación del servicio firme, inhabilitación absoluta o especial para cargo público, pérdida de la nacionalidad española y jubilación forzosa o voluntaria.
  • La sanción de separación del servicio solo causa pérdida cuando adquiere firmeza.
  • La renuncia debe ser aceptada por el órgano competente.
  • ¿Cuándo se entiende concedida la renuncia? → Si en quince días desde la solicitud no hay declaración expresa.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 30

1. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.

No obstante, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan setenta años de edad.

El órgano competente para acordar la procedencia o no de la prolongación de la permanencia en el servicio activo, previo informe de la Consejería u organismo al que esté adscrito el funcionario, dictará resolución expresa y motivada sobre tal procedencia. Para ello se valorarán los siguientes aspectos:

a) Las condiciones psicofísicas del funcionario, previo reconocimiento médico del mismo.

b) Causas organizativas y funcionales.

c) El desempeño personal del funcionario en el puesto de trabajo, cuya evaluación objetiva se hará en los términos que se establecerán reglamentariamente.

Sin perjuicio de lo anterior, subsistirá la posibilidad de prórroga en el servicio activo, con objeto de completar el tiempo mínimo necesario para causar derecho a pensión de jubilación, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que sea aplicable.

Lo dispuesto en el presente apartado no será de aplicación a los funcionarios que tengan normas específicas de jubilación.

2. La jubilación se declarará también de oficio o a petición del funcionario, previa instrucción del correspondiente expediente, en los casos de incapacidad permanente, discapacidad o disminución o pérdida de facultades en grado tal que impida el correcto ejercicio de sus funciones.

Ello, no obstante, si el funcionario se encuentra acogido al régimen de la Seguridad Social, se estará a lo que se establezca para estos casos en dicho sistema de previsión.

3. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid podrán solicitar la jubilación voluntaria cuando se den los supuestos previstos en la legislación del Estado.

4. En el caso de funcionarios que, por exigencias especiales de las funciones que tengan encomendadas, requieran unas aptitudes físicas determinadas que se pierden, por lo general, en edades anteriores a la de la jubilación, se preverán reglamentariamente los mecanismos para que puedan prestar servicios complementarios para los que puedan resultar adecuados, previo, en su caso, el correspondiente curso de formación y siempre que se corresponda con su nivel de titulación y aptitudes.

Datos clave

  • ¿A qué edad se declara de oficio la jubilación forzosa? → A los sesenta y cinco años.
  • Se puede solicitar prolongar la permanencia en servicio activo como máximo hasta los setenta años.
  • Para resolver sobre la prolongación se valoran tres aspectos: condiciones psicofísicas, causas organizativas y funcionales, y desempeño personal en el puesto.
  • La jubilación por incapacidad permanente, discapacidad o pérdida de facultades se declara de oficio o a petición del funcionario, previa instrucción de expediente; si está acogido a la Seguridad Social, se estará a lo que establezca ese sistema.
  • La jubilación voluntaria se puede solicitar en los supuestos previstos en la legislación del Estado.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 31

El ingreso de los funcionarios de la Comunidad se efectuará para cubrir plazas de plantilla presupuestaria debidamente dotadas, las cuales pertenecerán en todo caso a un Grupo y a un Cuerpo de funcionarios, en los términos previstos en el título II de la presente Ley y ello con independencia de su posterior adscripción del funcionario a un puesto de trabajo individualizado según la relación confeccionada de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. Sección primera. Clasificación de Cuerpos

Datos clave

  • El ingreso se efectúa para cubrir plazas de plantilla presupuestaria debidamente dotadas.
  • Toda plaza pertenece a un Grupo y a un Cuerpo de funcionarios.
  • Es independiente de la posterior adscripción a un puesto de trabajo individualizado.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 42

1. Los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad reservados a funcionarios se clasifican en treinta niveles. 2. Los puestos de trabajo pueden atribuirse indistintamente a más de uno de los Grupos de funcionarios a que hace referencia el artículo 27, siempre que se trate de Grupos separados entre sí por un solo nivel de titulación.

Datos clave

  • Los puestos reservados a funcionarios se clasifican en 30 niveles.
  • Un puesto puede atribuirse a más de un Grupo si están separados entre sí por un solo nivel de titulación.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 43

1. La carrera administrativa de los funcionarios de la Comunidad se instrumenta a través del grado personal y de la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo mediante concurso o libre designación por convocatoria pública, así como por la posibilidad de promocionarse internamente a otros Cuerpos de Grupo superior o del mismo Grupo, pero con intervalos de niveles diferentes. 2. La carrera administrativa del funcionario se fomentará y racionalizará a través de los cursos y actividades de formación de los mismos.

Datos clave

  • La carrera administrativa se instrumenta a través del grado personal, el acceso a otros puestos y la promoción interna.
  • Acceso a otros puestos → concurso o libre designación por convocatoria pública.
  • Promoción interna → a Cuerpos de Grupo superior o del mismo Grupo con intervalos de niveles diferentes.
  • La carrera se fomenta y racionaliza mediante cursos y actividades de formación.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 44

1. Todo funcionario poseerá un grado personal que se corresponderá con uno de los treinta niveles en que estarán clasificados los puestos de trabajo. 2. El grado se adquiere por haber desempeñado durante dos años consecutivos o tres con interrupción, uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente. 3. En ningún caso podrá consolidarse un grado personal superior al nivel máximo que corresponda al funcionario en razón del Grupo al que pertenezca.

Datos clave

  • Todo funcionario posee un grado personal, correspondiente a uno de los 30 niveles.
  • El grado se adquiere desempeñando puestos del nivel correspondiente durante 2 años consecutivos o 3 con interrupción.
  • No puede consolidarse un grado superior al nivel máximo del Grupo del funcionario.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 45

1. Los funcionarios de nuevo ingreso comenzarán a consolidar el grado correspondiente al nivel del puesto de trabajo al que hayan sido destinados. 2. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeñe un puesto de trabajo se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará en el nivel más alto en que dicho puesto haya estado clasificado.

Datos clave

  • Los funcionarios de nuevo ingreso empiezan a consolidar el grado del nivel del puesto al que son destinados.
  • Si cambia el nivel del puesto durante su desempeño, el tiempo se computa en el nivel más alto en que haya estado clasificado.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 46

Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo, al menos, del complemento de destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal.

Datos clave

  • Garantía del grado: derecho a percibir, al menos, el complemento de destino del nivel de su grado personal.
  • Se aplica cualquiera que sea el puesto que se desempeñe.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 47

1. El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública, podrá determinar reglamentariamente la adquisición de grados superiores mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos objetivos establecidos al efecto. En todo caso, serán públicas las convocatorias y el resultado de las actividades realizadas en dichos cursos.

2. La adquisición directa del grado personal superior por este procedimiento no tiene efectos económicos inmediatos, pero habilita al funcionario para participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a dicho grado.

Datos clave

  • El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública, puede regular la adquisición de grados superiores mediante cursos de formación u otros requisitos objetivos.
  • Las convocatorias y los resultados de esos cursos son públicos.
  • Esa adquisición directa del grado no tiene efectos económicos inmediatos.
  • Habilita para participar en la provisión de puestos correspondientes a dicho grado.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 48

El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera obtenido por concurso.

Datos clave

  • El tiempo en servicios especiales computa para consolidar el grado personal.
  • Se computa como prestado en el último puesto desempeñado en servicio activo o en el obtenido después por concurso.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 54

1. Para facilitar la promoción de los funcionarios de un determinado Grupo o Cuerpo a un Grupo o Cuerpo superiores, de las plazas vacantes existentes que se convoquen a oposición o concurso‑oposición, se reservará hasta un máximo del 50 por 100 exclusivamente para su provisión en turno de promoción interna. 2. Los funcionarios deberán poseer la titulación legalmente exigida y superar las pruebas selectivas que reglamentariamente se establezcan, que garantizarán, en todo caso, su aptitud para las funciones a desempeñar y la compatibilidad de la preparación de las mismas con la normal dedicación al servicio. La Consejería de Presidencia organizará los cursos necesarios para la consecución de estos objetivos de promoción profesional. 3. Las plazas de turno de promoción sólo podrán acumularse al turno libre cuando los funcionarios aspirantes no hubieran superado las pruebas o los cursos de formación establecidos al efecto. 4. Los seleccionados en turno de promoción tendrán preferencia sobre los del turno libre para elegir los puestos de trabajo, cuando obtuvieren igualdad de puntuación en las pruebas que se hubiesen realizado conjuntamente.

Datos clave

  • Reserva para promoción interna → hasta un máximo del 50 % de las vacantes convocadas a oposición o concurso-oposición.
  • Los funcionarios deben poseer la titulación legalmente exigida y superar las pruebas selectivas que se establezcan reglamentariamente.
  • La Consejería de Presidencia organiza los cursos para la promoción profesional.
  • Las plazas de promoción solo se acumulan al turno libre si los aspirantes no superan las pruebas o cursos.
  • A igualdad de puntuación en pruebas conjuntas, los de promoción tienen preferencia para elegir puesto.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 58

Sin perjuicio de la aplicación de las normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución Española, los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Madrid pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:

a) Servicio activo.

b) Excedencia voluntaria:

– Por incompatibilidad.

– Por interés particular.

– Por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia forzosa.

e) Servicios en otras Administraciones Públicas.

f) Servicios especiales.

g) Suspensión.

Datos clave

  • Siete situaciones administrativas, de la letra a) a la g): servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia por cuidado de familiares, excedencia forzosa, servicios en otras Administraciones Públicas, servicios especiales y suspensión.
  • La excedencia voluntaria tiene tres modalidades: por incompatibilidad, por interés particular y por agrupación familiar.
  • Se aplica sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 58 bis

1. Los funcionarios se hallan en la situación de servicio activo: a) Cuando desempeñen un puesto correspondiente a la relación de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con carácter definitivo. b) Cuando desempeñen un puesto correspondiente a la relación de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con carácter provisional o en comisión de servicios. c) Cuando queden a disposición del órgano competente en el caso de funcionarios removidos del puesto de trabajo obtenido por concurso de méritos, consecuencia de una falta de capacidad para su desempeño, cesados en un puesto de trabajo obtenido por libre designación y los que cesen en el desempeño de puesto de trabajo por alteración sustancial del contenido o supresión del mismo en la correspondiente relación de puestos de trabajo. d) Durante el plazo posesorio, cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo. e) Cuando presten servicios en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en las Cortes Generales de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas y no les corresponda quedar en otra situación. f) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situación. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes del Delegado del Gobierno o del Subdelegado del Gobierno en la provincia. g) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejerías, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y opten por permanecer en esta situación. h) En todos aquellos casos en los que así lo establezca una norma con rango de ley. 2. El disfrute de licencias, vacaciones o permisos reglamentarios no altera la situación de servicio activo. 3. Los funcionarios en situación de servicio activo ostentan todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.

Datos clave

  • Servicio activo: el funcionario desempeña un puesto de la relación de puestos de trabajo con adscripción definitiva, provisional o en comisión de servicios.
  • El disfrute de licencias, vacaciones o permisos reglamentarios no altera la situación de servicio activo.
  • También están en servicio activo, entre otros, quienes presten servicios en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en las Cortes Generales o en el Tribunal de Cuentas y no les corresponda otra situación.
  • Quien está en servicio activo ostenta todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 59

1. La excedencia voluntaria supone el cese temporal en la relación de servicio.

2. Su concesión o declaración procederá en los siguientes supuestos:

a) Excedencia voluntaria por incompatibilidad. Cuando el funcionario se encuentre en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administración pública, salvo que hubiera obtenido la oportuna compatibilidad, o pase a prestar servicios como personal laboral fijo en Organismos o Entidades del sector público y no le corresponda quedar en otra situación administrativa. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.

El funcionario podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a su declaración. Una vez producido el cese como funcionario o como personal laboral fijo en la misma, deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la modalidad de esta situación administrativa regulada en el apartado b) del presente artículo.

b) Excedencia voluntaria por interés particular. Cuando el funcionario lo solicite por interés particular. Para solicitar el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados.

Procederá, asimismo, declarar en esta modalidad de excedencia voluntaria al funcionario cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, incumpla la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido, así como en los demás supuestos previstos en la normativa vigente.

c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Cuando el funcionario lo solicite por agrupación familiar por residir su cónyuge en otro municipio, al haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo con carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, Organismo Autónomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social, así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial.

La excedencia voluntaria por agrupación familiar tendrá una duración mínima de dos años y máxima de quince. Antes de finalizar el plazo máximo de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo declarándose de oficio al funcionario, en caso de no hacerlo, en la modalidad de este tipo de excedencia regulada en el apartado b) del presente artículo.

3. El funcionario excedente no devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se computará, a efectos de trienios, el período de prestación de servicios en organismos o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • La excedencia voluntaria supone el cese temporal en la relación de servicio.
  • Tres modalidades: por incompatibilidad, por interés particular y por agrupación familiar.
  • Por interés particular: se exigen servicios efectivos en cualquier Administración Pública durante los cinco años inmediatamente anteriores y no se puede permanecer menos de dos años continuados.
  • Por agrupación familiar: el cónyuge reside en otro municipio con puesto definitivo; la duración mínima es de dos años y la máxima de quince.
  • Por incompatibilidad: tras el cese en el otro puesto hay que solicitar el reingreso en el plazo máximo de un mes; si no, se pasa a excedencia por interés particular.
  • El funcionario excedente no devenga retribuciones ni computa el tiempo a efectos de ascensos, grado personal, trienios y derechos pasivos.
  • Excepción: computan para trienios los servicios prestados en organismos o entidades del sector público, salvo en sociedades mercantiles de capital público mayoritario.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 59 bis

1. El funcionario tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 2. También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 3. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 4. La presente situación constituye un derecho individual del funcionario. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 5. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia por interés particular. Durante el primer año, el funcionario tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaba. Transcurrido este período, el derecho a reserva lo será de un puesto de igual nivel y retribución en la misma Consejería. 6. En el caso de la excedencia prevista en el apartado 1 del presente artículo, el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer año a que se refiere el apartado anterior se extenderá hasta un máximo de quince meses, cuando se trate de miembros de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses, si tienen la condición de familia numerosa de categoría especial.

Datos clave

  • Excedencia por cuidado de cada hijo: duración no superior a tres años, a contar desde el nacimiento o la resolución judicial o administrativa.
  • Excedencia por cuidado de un familiar a su cargo hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida: duración no superior a un año.
  • El período de excedencia es único por cada sujeto causante; una nueva excedencia por otro sujeto pone fin a la anterior.
  • El tiempo computa para trienios, consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia por interés particular.
  • Reserva del puesto durante el primer año; después, de un puesto de igual nivel y retribución en la misma Consejería.
  • En la excedencia por hijo, la reserva se extiende a quince meses en familia numerosa de categoría general y a dieciocho en la de categoría especial.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 59 ter

1. Las funcionarias públicas víctimas de Violencia de Género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

2. Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.

Datos clave

  • La funcionaria víctima de Violencia de Género puede solicitar excedencia sin tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia.
  • Reserva del puesto durante los seis primeros meses, computable para ascensos, trienios y derechos pasivos.
  • La reserva puede prorrogarse por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, cuando lo exija la efectividad de la protección según la tutela judicial.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 60

1. La excedencia forzosa se produce cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. 2. El funcionario en excedencia forzosa estará obligado a participar en los procedimientos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan, así como a aceptar el reingreso al servicio activo en puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala. 3. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado anterior delimitará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 4. El funcionario en esta situación tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Asimismo, le será computado el tiempo de permanencia en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios. 5. El funcionario en excedencia forzosa no podrá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtiene un puesto de trabajo en dicho sector, pasará a la situación administrativa que corresponda de acuerdo con la ley.

Datos clave

  • Excedencia forzosa: el funcionario en suspensión firme sin puesto reservado solicita el reingreso y no se le concede en seis meses desde la extinción de la responsabilidad.
  • Está obligado a participar en los procedimientos de provisión cuyos requisitos reúna y a aceptar el reingreso en puestos de su Cuerpo o Escala.
  • Si incumple esas obligaciones, pasa a excedencia voluntaria por interés particular.
  • Percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; el tiempo computa para derechos pasivos y trienios.
  • No puede desempeñar puestos en el sector público bajo ninguna relación funcionarial o contractual.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 61

1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid que, mediante los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, pasen a ocupar puestos de trabajo adecuados a su Cuerpo o Escala en otras Administraciones Públicas quedarán, respecto de la Comunidad de Madrid, en la situación de servicios en otras Administraciones Públicas. En esta situación, los funcionarios se someterán al régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de Función Pública de la Administración Pública en la que estén destinados, con excepción de la sanción de separación del servicio, que deberá ser acordada por el órgano competente de la Comunidad de Madrid. Conservarán su condición de funcionarios de la Comunidad de Madrid en la situación de servicios en otras Administraciones Públicas si bien, en tanto permanezcan en tal situación, no tendrán derecho a retribución alguna con cargo a los créditos del Presupuesto de la Comunidad de Madrid. 2. Los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid que se encuentren en la situación administrativa de servicios en Comunidades Autónomas, respecto a la Administración del Estado, cuando reingresen en sus Cuerpos o Escalas estatales de origen, serán declarados en la Comunidad de Madrid en la situación de excedencia voluntaria, conforme a lo preceptuado en el artículo 59 de la presente Ley. 3. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que se encuentren prestando servicios en la Comunidad de Madrid de acuerdo con el procedimiento de movilidad administrativa previsto en el artículo 55 de la presente Ley, cesarán totalmente en su vinculación con la Comunidad de Madrid si pasan a prestar servicios con carácter definitivo en otra Administración Pública.

Datos clave

  • Pasan a servicios en otras Administraciones Públicas los funcionarios que ocupen, por concurso de méritos o libre designación, puestos adecuados a su Cuerpo o Escala en otras Administraciones.
  • Se les aplica la legislación de función pública de la Administración de destino, salvo la sanción de separación del servicio, que acuerda el órgano competente de la Comunidad de Madrid.
  • Conservan la condición de funcionarios de la Comunidad de Madrid pero no perciben retribución con cargo a su Presupuesto.
  • Los funcionarios propios en servicios en Comunidades Autónomas respecto del Estado que reingresen en sus Cuerpos o Escalas estatales de origen son declarados en la Comunidad de Madrid en excedencia voluntaria, conforme al artículo 59.
  • Los funcionarios de otras Administraciones cesan totalmente en su vinculación con la Comunidad si pasan a servir con carácter definitivo en otra Administración.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 62

1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid serán declarados en la situación administrativa de servicios especiales en los casos siguientes:

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas internacionales.

b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Nación o de los Gobiernos de otras Comunidades Autónomas, así como cuando sean nombrados por el Gobierno de las referidas Administraciones Altos Cargos de las mismas.

d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Órganos Constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales.

g) Cuando accedan a la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid o miembro de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Autónomas, siempre que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de esta función.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Entidades Locales, cuando desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, y cuando desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejerías, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y no opten por permanecer en la situación de servicio activo conforme a lo previsto en el artículo 58 bis.g) de la presente Ley y, en todo caso, cuando los niveles de los puestos de trabajo que desempeñen no estén incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala, así como cuando desempeñen funciones como personal eventual en las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

j) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y Secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo, conforme a lo previsto en el artículo 58 bis.f) de la presente Ley. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.

k) Cuando pasen a prestar servicios en el ámbito de la organización de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid o en los Grupos parlamentarios constituidos en la misma, siempre que no pertenezcan a Cuerpos o Escalas propios de la misma.

l) Cuando sean elegidos Consejeros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

m) Cuando se encuentren al servicio del Defensor del Menor, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor.

n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias o Directores Insulares de la Administración General del Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

ñ) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.

o) Cuando así se determine en una norma con rango de Ley.

2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular.

Asimismo, cuando sean declarados en servicios especiales desde situaciones administrativas que conllevan el desempeño o reserva de puesto de trabajo tendrán derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual nivel y retribuciones que el desempeñado con anterioridad a su pase a dicha situación.

Lo dispuesto en este apartado 2 relativo al cómputo del tiempo de permanencia en situación de servicios especiales, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, no será de aplicación a los funcionarios públicos que habiendo ingresado al servicio de las Instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias establecido en el artículo 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de los efectos económicos que puedan derivar de los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.

3. En todos los casos, los declarados en esta situación administrativa recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como tales.

4. Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

5. Los funcionarios que pierdan la condición en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios especiales, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición.

Datos clave

  • Los servicios especiales se declaran en dieciséis supuestos, de la letra a) a la o).
  • Entre ellos: misión superior a seis meses en organismos internacionales o gobiernos extranjeros, ser nombrado miembro del Gobierno de la Comunidad o de la Nación, o acceder a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
  • Entre ellos también: Diputado de la Asamblea de Madrid con retribuciones periódicas, miembro del Parlamento Europeo y Consejero de la Cámara de Cuentas.
  • El tiempo computa para ascensos, consolidación de grado personal, trienios, derechos pasivos y excedencia voluntaria por interés particular, salvo, en cuanto a ascensos, trienios y derechos pasivos, para quienes ejerzan el derecho de transferencia del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.
  • Se percibe la retribución del puesto o cargo efectivo desempeñado, sin perjuicio de los trienios reconocidos.
  • Quien pierda la condición que motivó la situación debe solicitar el reingreso en el plazo de un mes; si no, pasa a excedencia voluntaria por interés particular.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 63

1. Procederá declarar al funcionario en situación de suspensión, cuando así lo determine la autoridad u órgano competente, como consecuencia de la instrucción al mismo de un procedimiento judicial o disciplinario. 2. La situación de suspensión produce la privación al funcionario del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición. 3. La suspensión podrá ser provisional o firme.

Datos clave

  • Se declara la suspensión cuando lo determine la autoridad u órgano competente por la instrucción de un procedimiento judicial o disciplinario.
  • Priva al funcionario del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición.
  • La suspensión puede ser provisional o firme.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 64

1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario.

2. La suspensión provisional como medida preventiva durante la tramitación de un expediente disciplinario será acordada, en su caso, por la autoridad que ordene la iniciación del expediente, no pudiendo exceder su duración del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento disciplinario, excepto en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

3. Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se decreta la prisión provisional de un funcionario u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas.

4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75 por 100 de sus retribuciones básicas, así como la totalidad de la prestación familiar por hijo a cargo, excepto en caso de paralización del expediente imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización. Asimismo, no se acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario o procesal penal.

5. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.

Datos clave

  • La suspensión provisional puede acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario.
  • En el expediente disciplinario la acuerda la autoridad que ordene su iniciación y no puede exceder del plazo máximo de resolución y notificación, salvo paralización imputable al interesado.
  • El suspenso provisional percibe el 75 por 100 de sus retribuciones básicas y la totalidad de la prestación familiar por hijo a cargo, salvo paralización del expediente imputable al interesado, que supone la pérdida de toda retribución mientras dure.
  • Si la suspensión no se declara firme, el tiempo computa como servicio activo y se acuerda la inmediata incorporación al puesto.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 65

1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. La condena y la sanción determinarán la pérdida del puesto de trabajo cuando la suspensión firme exceda de seis meses. El tiempo de suspensión provisional se computará a efectos del cumplimiento de la suspensión firme. 2. En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones no procederá ningún cambio de situación administrativa. 3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo, como consecuencia de condena o sanción, deberá solicitar el reingreso al servicio activo al menos con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión. El referido reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se le declarará de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción. 4. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario será declarado, de oficio, en la situación de excedencia forzosa prevista en el artículo 60 de la presente Ley, con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Sección tercera. Reingreso al servicio activo

Datos clave

  • La suspensión es firme cuando se impone por condena criminal o sanción disciplinaria.
  • Si la suspensión firme excede de seis meses, la condena o sanción determina la pérdida del puesto de trabajo.
  • El tiempo de suspensión provisional se computa para cumplir la suspensión firme.
  • Quien haya perdido el puesto debe solicitar el reingreso con al menos un mes de antelación a la finalización de la suspensión; si no, se declara de oficio la excedencia voluntaria por interés particular.
  • Si solicitado el reingreso no se concede en seis meses, se declara de oficio la excedencia forzosa del artículo 60.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 66

1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios, que no tengan derecho a reserva de puesto de trabajo, se efectuará mediante su participación en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo. 2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año, y el funcionario reingresado con destino provisional tendrá obligación de participar en la convocatoria.

Datos clave

  • Quien no tenga reserva de puesto reingresa participando en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo.
  • También puede reingresar por adscripción provisional a un puesto, condicionada a las necesidades del servicio y al cumplimiento de requisitos.
  • El puesto provisional se convoca para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año y el reingresado tiene obligación de participar.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 67

Los funcionarios en servicio activo tienen los siguientes derechos:

a) A la información a cargo de sus jefes inmediatos sobre fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, y en especial de su dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que les incumben.

b) A la permanencia en su puesto de trabajo dentro de las garantías previstas en la Ley. Si fuera necesario prestar temporalmente servicios en otra localidad, tendrán derecho a las indemnizaciones que reglamentariamente se establezcan.

c) A la retribución correspondiente a su puesto de trabajo y al régimen de previsión social que les corresponda.

d) A la carrera administrativa y a la formación para la promoción en la misma.

e) Al ejercicio de las libertades sindicales y del derecho de huelga de acuerdo con la legislación estatal en la materia.

f) A la información y participación para la mejora de la gestión de los servicios, mediante su representación en los Órganos y a través de tos procedimientos que legalmente se establezcan.

g) A percibir anticipo a cuenta de su retribución mensual.

h) A la asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales.

i) A conservar la condición de funcionario, salvo por aplicación de las causas legales que determinen la pérdida de aquélla.

j) A la seguridad y la higiene en el trabajo.

Datos clave

  • Diez derechos de los funcionarios en servicio activo, de la letra a) a la j).
  • Incluyen la información sobre fines, organización y funcionamiento de la unidad, la carrera administrativa y la formación para la promoción.
  • Incluyen el ejercicio de las libertades sindicales y del derecho de huelga, y percibir anticipo a cuenta de su retribución mensual.
  • Incluyen la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales, conservar la condición de funcionario y la seguridad e higiene en el trabajo.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 67 bis

1. La funcionaria víctima de Violencia de Género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos determinados en la presente Ley. 2. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 31 de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Sección segunda. De las vacaciones y licencias

Datos clave

  • La funcionaria víctima de Violencia de Género tiene derecho a reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro de trabajo y excedencia.
  • Las circunstancias se acreditan conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 31 de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 68

Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar durante cada año completo de servicio activo unas vacaciones retribuidas de un mes de duración o de los días que, en proporción, les correspondan cuando el tiempo realmente trabajado fuera menor.

Datos clave

  • Las vacaciones son retribuidas y de un mes de duración por cada año completo de servicio activo.
  • Si el tiempo realmente trabajado es menor, corresponden los días proporcionales.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 69

1. Se concederán permisos por las siguientes causas, debidamente justificadas:

a) Por el nacimiento de un hijo o la muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

b) Por traslado de domicilio.

c) Por razón de matrimonio.

El máximo de duración de estos permisos se fijará por el Consejero de la Presidencia, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública,

2. Se concederán también permisos por las siguientes causas, debidamente justificadas:

a) Para concurrir a exámenes preceptivos en Centros oficiales o reconocidos, durante los días de su celebración.

b) Por deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo necesario para su cumplimiento.

3. El funcionario podrá disponer de un número de días al año de permiso para asuntos personales sin justificación. Por la Consejería de Presidencia se determinará el número máximo de días que pueden disfrutarse, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública.

Estos días de permiso estarán subordinados en su concesión a las necesidades del servicio y, en todo caso, deberá garantizarse que la misma unidad orgánica donde el funcionario presta sus servicios asumirá las tareas de éste sin daño para terceros ni para la propia organización.

4. En los casos en los que las funcionarias víctimas de Violencia de Género tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, según proceda. Las funcionarias víctimas de Violencia de Género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración de la Comunidad de Madrid.

Datos clave

  • Permisos con duración máxima fijada por el Consejero de la Presidencia, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública: nacimiento de hijo o muerte o enfermedad grave de familiar hasta segundo grado, traslado de domicilio y matrimonio.
  • También hay permiso para concurrir a exámenes preceptivos en centros oficiales o reconocidos y por deberes inexcusables de carácter público o personal.
  • El número máximo de días de permiso para asuntos personales sin justificación lo determina la Consejería de Presidencia, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública, y se subordinan a las necesidades del servicio.
  • Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de Violencia de Género se consideran justificadas por el tiempo y condiciones que determinen los servicios sociales de atención o salud.
  • Estas funcionarias tienen derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución o a la reordenación del tiempo de trabajo.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 70

1. Podrá concederse licencia para la realización de estudios sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo con informe favorable del Jefe de la unidad orgánica en la que el funcionario preste sus servicios. Si la licencia se concede por interés propio de la Administración, tendrá derecho a percibir todas sus retribuciones. En caso de discrepancia, podrá elevarse consulta al Consejo Regional de la Función Pública, que deberá pronunciarse en el plazo más breve posible. 2. Podrán concederse licencias por asuntos propios, sin ninguna retribución, y cuya duración se determinará por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia. La concesión de esta licencia se subordina a las necesidades del servicio. 3. Se determinarán, de acuerdo con el régimen de previsión social al que se encuentre acogido, las licencias que correspondan al funcionario por razón de enfermedad que impida el normal desempeño de las funciones públicas. 4. En caso de embarazo, se concederá licencia por el mismo plazo y en la misma forma que determine la normativa estatal. 5. Las licencias para realizar funciones sindicales, formación sindical o representación del personal se atendrán a lo establecido en la normativa estatal en la materia. 6. Podrán concederse licencias para la realización de prácticas para acceder a la condición de funcionario de otras Administraciones Públicas. Podrán ser retribuidas por la Comunidad cuando las prácticas se realicen en algún servicio de la misma. 7. La concesión de cualquiera de estas licencias dará lugar a reserva de plaza y puesto de trabajo y el período de la misma se estimará como servicio activo.

Datos clave

  • Licencia para estudios: requiere informe favorable del Jefe de la unidad orgánica; si se concede por interés de la Administración, se perciben todas las retribuciones.
  • Licencias por asuntos propios: sin retribución; su duración la determina el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia y se subordina a las necesidades del servicio.
  • En caso de embarazo, la licencia se concede por el mismo plazo y forma que determine la normativa estatal.
  • Las licencias para funciones sindicales, formación sindical o representación del personal se rigen por la normativa estatal.
  • Toda licencia da lugar a reserva de plaza y puesto de trabajo y el período se estima como servicio activo.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 71

1. El funcionario con un hijo/a menor de doce meses tendrá derecho a un permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo para atenderlo. En el caso de que el padre y la madre presten servicio en la Administración de la Comunidad, sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho. 2. El funcionario que por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a una persona con discapacidad que no desarrolle ninguna actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución proporcional de trabajo de un tercio o de un medio, con la reducción proporcional de sus retribuciones. La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal será incompatible con la realización de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que ha sido objeto de reducción. 3. En casos debidamente justificados, basados en la incapacidad física del cónyuge, padre o madre que convivan con el funcionario, éste podrá también solicitar la reducción de jornada en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Datos clave

  • Hijo menor de doce meses: permiso de una hora diaria de ausencia; si ambos progenitores sirven en la Administración de la Comunidad, solo uno puede ejercerlo.
  • Guarda legal de menor de seis años o de persona con discapacidad sin actividad retribuida: reducción de un tercio o de un medio de la jornada, con reducción proporcional de retribuciones.
  • La reducción por guarda legal es incompatible con cualquier otra actividad, remunerada o no, durante el horario reducido.
  • Puede solicitarse en las mismas condiciones por incapacidad física del cónyuge, padre o madre que convivan con el funcionario.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 72

Las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid se dividirán en básicas y complementarias. No podrá retribuirse a los funcionarios por conceptos diferentes a los incluidos en los tres artículos siguientes.

Datos clave

  • Las retribuciones se dividen en básicas y complementarias.
  • No se puede retribuir por conceptos distintos a los incluidos en los tres artículos siguientes.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 73

a) El sueldo que corresponde a cada uno de los grupos.

b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada uno de los grupos por cada tres años de servicios. En el supuesto de que los tres años de servicios lo sean en grupos distintos, se computará el trienio completo en el grupo superior.

c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios y que se devengarán las meses de junio y diciembre, computándose a estos efectos las licencias previstas en los articulas 68 y siguientes.

Datos clave

  • El artículo enumera tres conceptos, letras a) a c): sueldo de cada grupo, trienios y pagas extraordinarias.
  • El trienio es una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicios; si los tres años lo son en grupos distintos, se computa el trienio completo en el grupo superior.
  • Las pagas extraordinarias son dos al año, de importe mínimo una mensualidad de sueldo y trienios cada una, y se devengan en junio y diciembre.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 74

Son retribuciones complementarias: a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. En la Ley de Presupuestos Generales la Comunidad Autónoma fijará anualmente la cuantía por este complemento que corresponda a cada nivel. b) El complemento específico, único para cada puesto de trabajo que lo tenga asignado, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos de ellos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidades, peligro o penosidad. La cuantía de este complemento para cada puesto se individualizará poniendo en relación la valoración asignada al puesto con la cuota presupuestaria globalmente dotada para este concepto. c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos por Consejerías, Servicios o programas de gasto, correspondiendo al titular de la Consejería a quien se haya asignado la cuota global la concreción individual de las cuantías y de los funcionarios que merezcan su percepción, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno y sin que, en ningún caso, dicha percepción implique derecho alguno a su mantenimiento en posteriores ejercicios. Reglamentariamente, se aprobarán criterios objetivos de carácter técnico para la valoración de los factores que integran este complemento y se institucionalizaran fórmulas de colaboración de los representantes sindicales del personal en su determinación concreta y en su control formal de la asignación. En todo caso, reglamentariamente se adoptarán las reglas que procedan para poder efectuar, en su caso, las correspondientes deducciones en el complemento de productividad que le corresponda percibir al funcionario conforme a los criterios objetivos que se hayan determinado como consecuencia de sus ausencias reiteradas al trabajo. d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada normal, en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos y se abonarán de conformidad con el sistema de cálculo que reglamentariamente se determine. Las propuestas de gratificaciones que elaboren las respectivas Consejerías quedarán sujetas a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. e) Las cantidades que perciba cada funcionario por cualquiera de los conceptos regulados en este artículo serán de conocimiento público para todo el personal de la Comunidad de Madrid, así como para los representantes sindicales.

Datos clave

  • Cuatro retribuciones complementarias, letras a) a d): complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios; la letra e) regula la publicidad de lo percibido.
  • El complemento de destino corresponde al nivel del puesto; su cuantía por nivel la fija anualmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.
  • El complemento específico es único para cada puesto y retribuye especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidades, peligro o penosidad.
  • El complemento de productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa; su percepción no da derecho a su mantenimiento en ejercicios posteriores.
  • Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.
  • Las cantidades percibidas por estos conceptos son de conocimiento público para todo el personal de la Comunidad y los representantes sindicales.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 75

Los funcionarios de la Comunidad de Madrid tienen derecho a las indemnizaciones por razón del servicio que reglamentariamente se establezcan, y de conformidad con la legislación del Estado.

Datos clave

  • Los funcionarios tienen derecho a las indemnizaciones por razón del servicio que reglamentariamente se establezcan, conforme a la legislación del Estado.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 76

1. A los funcionarios de nuevo ingreso en la Administración de la Comunidad de Madrid les será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.

2. Los funcionarios propios de la Comunidad procedentes de otras Administraciones seguirán sometidos al mismo régimen de Seguridad Social o de previsión que les era aplicable en su Administración de origen.

Datos clave

  • Los funcionarios de nuevo ingreso quedan sometidos al Régimen General de la Seguridad Social.
  • Los funcionarios propios procedentes de otras Administraciones siguen en el régimen de Seguridad Social o de previsión de su Administración de origen.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 77

Son deberes de los funcionarios: a) El estricto cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico en el desempeño de sus funciones. b) El servicio con objetividad e imparcialidad a los intereses públicos, desempeñando fielmente las funciones a su cargo. c) El cumplimiento con eficacia de las funciones que tengan asignadas y esforzarse en el constante perfeccionamiento de sus conocimientos. d) El respeto y obediencia a sus superiores, sin perjuicio de que puedan formular de forma reglamentaria las sugerencias que estimen oportunas. e) El trato correcto a compañeros, subordinados y administrados, facilitando a estos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) El sigilo respecto de los asuntos que conozca por razón del cargo y no dar publicidad o utilizar indebidamente los asuntos secretos o reservados, así declarados de acuerdo con la Ley. g) La residencia en el término municipal donde preste su función o en cualquier otro que permita el estricto cumplimiento del horario de trabajo sin menoscabo de las tareas que tenga asignadas. h) La realización fuera del horario de las tareas que se les encomiende por ineludibles necesidades del servicio en circunstancias excepcionales. i) La atención de los servicios mínimos en caso de huelga, de conformidad con lo que acuerde el Consejo de Gobierno y según lo establecido por la legislación vigente. Sección segunda. De las incompatibilidades

Datos clave

  • Nueve deberes de los funcionarios, de la letra a) a la i).
  • Cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico; servir con objetividad e imparcialidad a los intereses públicos.
  • Respeto y obediencia a los superiores, sin perjuicio de formular sugerencias de forma reglamentaria.
  • Sigilo sobre los asuntos que conozcan por razón del cargo y residencia en el término municipal donde presten su función u otro que permita cumplir el horario.
  • Realizar fuera del horario las tareas encomendadas por ineludibles necesidades del servicio en circunstancias excepcionales y atender los servicios mínimos en caso de huelga.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 78

1. A los funcionarios de la Comunidad de Madrid se les aplicará el régimen de incompatibilidades, de acuerdo con las normas básicas contenidas en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el desarrollo por vía reglamentaria del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Misma. Sección tercera. De las responsabilidades

Datos clave

  • Se aplica el régimen de incompatibilidades según las normas básicas de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
  • Corresponde al Consejo de Gobierno el desarrollo reglamentario del régimen de incompatibilidades del personal de la Comunidad.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 79

Los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios que tengan encomendados, procurando resolver por propia iniciativa las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función, y sin perjuicio de la responsabilidad que incumba en cada caso a sus superiores jerárquicos, a los cuales deberán dar cuenta los funcionarios de las dificultades surgidas y de las soluciones aplicadas por su iniciativa.

Datos clave

  • Los funcionarios son responsables de la buena gestión de los servicios que tengan encomendados.
  • Deben resolver por propia iniciativa las dificultades y dar cuenta a sus superiores jerárquicos de las dificultades y de las soluciones aplicadas, sin perjuicio de la responsabilidad de estos.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 80

1. Sin perjuicio de su propia responsabilidad, en los términos del artículo 106.2 de la Constitución, la Administración podrá dirigirse, mediante la instrucción del correspondiente expediente, contra el funcionario que hubiere causado daños a los administrados o a los bienes y derechos de la Administración, por culpa grave o ignorancia inexcusable, con el fin de resarcirse de los daños causados.

2. Los particulares podrán exigir al personal de la Administración de la Comunidad de Madrid, mediante el proceso declarativo correspondiente, la indemnización de los daños causados en su persona o bienes cuando se hayan producido por culpa grave o ignorancia inexcusable.

Datos clave

  • La Administración puede dirigirse, mediante expediente, contra el funcionario que haya causado daños a administrados o a bienes y derechos de la Administración por culpa grave o ignorancia inexcusable, para resarcirse.
  • Los particulares pueden exigir al personal la indemnización de los daños causados en su persona o bienes por culpa grave o ignorancia inexcusable, mediante el proceso declarativo correspondiente.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 81

El incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios constituirá falta disciplinaria que dará lugar a la imposición en forma de la sanción correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que pudiera haberse incurrido.

Datos clave

  • El incumplimiento de las obligaciones constituye falta disciplinaria y da lugar a la sanción correspondiente.
  • Es independiente de las responsabilidades civiles o penales en que se pueda haber incurrido.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 82

Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.

Datos clave

  • Las faltas se clasifican en tres categorías: muy graves, graves y leves.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 83

Constituyen faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. c) El abandono del servicio. d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales declarados de acuerdo con la legislación vigente. f) La falta notoria de rendimiento cuando suponga inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas. g) La violación de la imparcialidad política utilizando facultades públicas con el fin de influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. i) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales. j) La realización de actos dirigidos a coartar el ejercicio legal del derecho de huelga. k) La participación en huelgas por los funcionarios que lo tengan expresamente prohibido por la Ley. l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos en caso de huelga. m) La realización de actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, ideas y opiniones. n) Causar daños muy graves por negligencia inexcusable o mala fe en el patrimonio de la Comunidad Autónoma. ñ) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas calificadas como graves en el período de un año.

Datos clave

  • Las faltas muy graves se enumeran de la letra a) a la ñ), quince supuestos.
  • Incluyen el abandono del servicio, la discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
  • Incluyen la participación en huelgas por funcionarios que lo tengan expresamente prohibido por la Ley y el incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos en huelga.
  • Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el período de un año es falta muy grave.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 84

1. Reglamentariamente se tipificarán las faltas graves y leves y se determinará el procedimiento de imposición de sanciones, en el que será preceptiva, en todo caso, la audiencia del interesado.

2. Para graduar las faltas en su gravedad o levedad se atenderá a los siguientes criterios:

a) Grado de intencionalidad.

b) Grado en que se haya atentado a la legalidad y al interés público.

c) Grado de perturbación producida en los servicios.

d) Daños producidos a la Administración o a los administrados.

e) La reincidencia.

f) La reiteración.

Datos clave

  • Las faltas graves y leves se tipifican reglamentariamente, al igual que el procedimiento de imposición de sanciones.
  • En el procedimiento sancionador es preceptiva, en todo caso, la audiencia del interesado.
  • Seis criterios para graduar las faltas: intencionalidad, atentado a la legalidad y al interés público, perturbación en los servicios, daños producidos, reincidencia y reiteración.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 85

1. Las sanciones que podrán imponerse serán las siguientes: a) Separación del servicio. b) Suspensión de funciones. e) Traslado a puesto de trabajo situado en distinta localidad. d) Pérdida de cuatro a quince días de retribución. e) Pérdida de uno a tres días de retribución. f) Amonestación verbal o escrita. 2. Las faltas muy graves se sancionarán con la separación del servicio o la suspensión de funciones por plazo superior a dos años e inferior a seis. 3. La separación del servicio deberá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Datos clave

  • Seis sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado a puesto en distinta localidad, pérdida de cuatro a quince días de retribución, pérdida de uno a tres días de retribución y amonestación verbal o escrita.
  • Las faltas muy graves se sancionan con separación del servicio o suspensión de funciones por plazo superior a dos años e inferior a seis.
  • La separación del servicio debe acordarla el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 86

1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos y las leves a los dos meses desde que la acción contra el funcionario pudiera haber sido ejercitada por la Administración. 2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos y las leves a los dos meses. 3. Las faltas y sanciones se inscribirán en el Registro de Personal.

Datos clave

  • Prescripción de las faltas: muy graves a los seis años, graves a los dos y leves a los dos meses.
  • Prescripción de las sanciones: las de faltas muy graves a los seis años, las de graves a los dos y las de leves a los dos meses.
  • Las faltas y sanciones se inscriben en el Registro de Personal.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 87

1. De conformidad con la legislación básica, es personal funcionario interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4 de este artículo.

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) La ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más en casos excepcionales previa acreditación de la vigencia del programa, la necesidad de ampliación y la existencia de dotación presupuestaria.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

3. En todo caso, se formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad, además de por las previstas en el artículo 29, por cualquiera de las siguientes causas previstas en la legislación básica, sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa vigente.

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Datos clave

  • Funcionario interino: nombrado por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal, para funciones propias de funcionarios de carrera.
  • Cuatro supuestos: plazas vacantes (máximo tres años), sustitución transitoria de titulares, programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses más en casos excepcionales) y exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho).
  • La selección es pública, con principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad; el nombramiento nunca da la condición de funcionario de carrera.
  • La interinidad finaliza, sin compensación, por cobertura reglada del puesto por funcionario de carrera, supresión o amortización del puesto, fin del plazo autorizado o fin de la causa del nombramiento.
  • Transcurridos tres años desde el nombramiento termina la interinidad por vacante y solo puede ocuparla un funcionario de carrera, salvo que el proceso quede desierto.
  • Excepcionalmente, puede permanecer hasta la resolución si la convocatoria se publicó dentro de los tres años y se resuelve en los plazos aplicables, sin compensación económica al cesar.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 88

1. El personal laboral se clasifica en: Fijo y temporal o de duración determinada. 2. Forman el personal laboral fijo quienes se encuentren vinculados a la Administración regional por una relación profesional de empleo en la que concurran las notas de ajeneidad, dependencia, voluntariedad y retribución, en virtud de contrato de naturaleza laboral, que deberán formalizarse siempre por escrito. 3. Forman el personal laboral temporal quienes hayan sido contratados, asimismo, por escrito, conforme a las diversas tipologías previstas en la legislación laboral. 4. El personal laboral está sometido al derecho del trabajo. Consiguientemente sus condiciones de empleo son las establecidas en la contratación colectiva e individual, en el marco de la legislación laboral y de los preceptos de esta Ley que expresamente se le refieran. 5. El personal laboral no podrá ocupar puestos de trabajo clasificados para funcionarios públicos en las relaciones de puestos de trabajo.

Datos clave

  • El personal laboral se clasifica en fijo y temporal o de duración determinada.
  • Los contratos del personal laboral, fijo y temporal, deben formalizarse siempre por escrito.
  • El personal laboral está sometido al derecho del trabajo: sus condiciones se fijan en la contratación colectiva e individual.
  • No puede ocupar puestos de trabajo clasificados para funcionarios públicos en las relaciones de puestos de trabajo.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 89

1. Al personal laboral de la Comunidad de Madrid se le aplicará el régimen de incompatibilidades, de acuerdo con las normas básicas contenidas en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2. El trabajador que como causa de la normativa sobre incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo quedará en el que cesare en situación de excedencia por incompatibilidad, aunque no hubiera cumplido un año de antigüedad en el servicio. Deberá permanecer en esta situación mientras dure la incompatibilidad, conservando el derecho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría a la que ostentase cuando pasó a la situación de excedencia.

Datos clave

  • Al personal laboral se le aplica el régimen de incompatibilidades según las normas básicas de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
  • Quien deba optar por un puesto por incompatibilidad queda en el que cesa en excedencia por incompatibilidad, aunque no tenga un año de antigüedad.
  • Permanece en esa situación mientras dure la incompatibilidad, con derecho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 90

1. La colaboración temporal en sectores de actividad administrativa reservados a funcionarios, según las relaciones de puestos de trabajo y que por razones excepcionales no puedan ser debidamente atendidos par éstos, se establecerá por contratación laboral temporal o de duración determinada. 2. Estos contratos no podrán ser objeto de prórroga ni renovación. Serán nulos de pleno derecho los reglamentos o actos administrativos que infrinjan lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad personal de la autoridad o funcionario que autorizara la prórroga o el nuevo contrato. 3. Asimismo, en cualquier sector de actividad pública de la Comunidad podrán establecerse contrataciones laborales temporales o de duración determinada para programas de inversión o de realización a tiempo cierto, cuando no puedan ser atendidos por el personal fijo. Estos contratos quedarán sujetos a los mismos límites contemplados en el apartado anterior.

Datos clave

  • La colaboración temporal en puestos reservados a funcionarios, por razones excepcionales, se cubre con contratación laboral temporal o de duración determinada.
  • Estos contratos no pueden prorrogarse ni renovarse.
  • Son nulos de pleno derecho los reglamentos o actos que lo infrinjan, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quien autorice la prórroga o el nuevo contrato.
  • También caben contratos temporales para programas de inversión o de realización a tiempo cierto, con los mismos límites.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 91

1. El personal adscrito a los Organismos autónomos y Órganos especiales de gestión se regirá por la presente Ley y por lo establecido en el capítulo VIII de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid y la fundacional correspondiente. 2. A los efectos previstos en el artículo 14, número 2, de esta Ley, se entenderán como puestos de trabajo que realizan las funciones de ejercicio de autoridad, inspección y control, los de Secretarios del Consejo de Administración del Organismo y los de Interventores, que habrán de reservarse a funcionarios de la Comunidad.

Datos clave

  • El personal de Organismos autónomos y Órganos especiales de gestión se rige por esta Ley y por el capítulo VIII de la Ley 1/1984, de Administración institucional.
  • Se consideran funciones de autoridad, inspección y control los puestos de Secretario del Consejo de Administración del Organismo y los de Interventor.
  • Esos puestos se reservan a funcionarios de la Comunidad.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 92

1. La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y su valoración será competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad, a propuesta del Consejo de Administración del Organismo y previo informe preceptivo de la Consejería de Presidencia. 2. Las demás competencias en materia de personal atribuidas a los Órganos de Gobierno correspondientes por las Leyes especiales a que hace referencia el artículo anterior, se ejercerán atendiendo a las instrucciones y directrices que emitan el Consejo de Gobierno y la Consejería de Presidencia de la Comunidad.

Datos clave

  • ¿Quién aprueba las relaciones de puestos de trabajo de los Organismos y su valoración? → El Consejo de Gobierno.
  • A propuesta del Consejo de Administración del Organismo y previo informe preceptivo de la Consejería de Presidencia.
  • Las demás competencias de personal se ejercen según las instrucciones del Consejo de Gobierno y de la Consejería de Presidencia.

Ley 1/1986 Función Pública CM · Art. 93

1. El personal de las Empresas públicas de la Comunidad tendrá naturaleza laboral y se regirá por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación por la presente Ley, por la Ley de Administración Institucional, por la propia fundacional y por las normas de Derecho Laboral.

2. Los órganos de Gobierno de las Empresas públicas vienen obligados a remitir a la Consejería de Presidencia, para su informe, las relaciones de puestos de trabajo de su plantilla, y adoptarán las decisiones que correspondan, atendiendo a los criterios que en política de personal fije el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Datos clave

  • El personal de las Empresas públicas de la Comunidad tiene naturaleza laboral.
  • Se rige por sus Convenios Colectivos, esta Ley, la Ley de Administración Institucional, su norma fundacional y el Derecho Laboral.
  • Sus relaciones de puestos de trabajo se remiten a la Consejería de Presidencia para informe.
  • Deben atender los criterios de política de personal que fije el Consejo de Gobierno.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 1

1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.

c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.

g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.

h) Transparencia.

i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.

j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.

k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.

l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

Datos clave

  • El Estatuto establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
  • También determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Recoge doce fundamentos de actuación (letras a a l), entre ellos igualdad, mérito y capacidad, transparencia y negociación colectiva.
  • La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan mediante la inamovilidad del funcionario de carrera.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 2

1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

c) Las Administraciones de las entidades locales.

d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

e) Las Universidades Públicas.

2. En la aplicación de este Estatuto al personal de investigación se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.

4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.

5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3 de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14581#df-3

Datos clave

  • Se aplica a la Administración General del Estado, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, entidades locales, organismos públicos vinculados y Universidades Públicas.
  • El personal docente y el estatutario de los Servicios de Salud se rigen por su legislación específica, salvo el capítulo II del título III (salvo el art. 20) y los arts. 22.3, 24 y 84.
  • Toda mención al funcionario de carrera se entiende hecha también al personal estatutario de los Servicios de Salud.
  • El Estatuto tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 3

Personal funcionario de las Entidades Locales. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Datos clave

  • El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal (de la que forma parte el TREBEP) y por la legislación autonómica, con respeto a la autonomía local.
  • Los Cuerpos de Policía Local también se rigen por el TREBEP y por la legislación autonómica.
  • Excepción: lo establecido para la Policía Local en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 4

Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Personal retribuido por arancel.

g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Datos clave

  • El Estatuto solo se aplica directamente a este personal cuando lo disponga su legislación específica.
  • Comprende ocho colectivos (letras a a h del art. 4).
  • Entre ellos: personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal militar de las Fuerzas Armadas y Jueces, Magistrados y Fiscales.
  • También el personal del Centro Nacional de Inteligencia y del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.

Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Datos clave

  • Personal funcionario de Correos y Telégrafos: se rige por sus normas específicas.
  • El Estatuto se aplica a ese personal funcionario con carácter supletorio.
  • Personal laboral: legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública.

En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Datos clave

  • Las leyes de Función Pública se aprueban en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Las Cortes Generales aprueban las de la Administración General del Estado.
  • Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprueban las de sus respectivas Administraciones, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

El artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, determina la normativa aplicable al personal laboral.

El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

Datos clave

  • El personal laboral se rige por la legislación laboral, por las normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan.
  • En los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público.
  • En esos supuestos no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensión del contrato de trabajo.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 8

Concepto y clases de empleados públicos. 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las cuatro clases de empleados públicos del art. 8 TREBEP? → Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
  • Son 4 letras, de la a) a la d): carrera, interino, laboral, eventual. Si en un test aparece una quinta opción rara, es la incorrecta.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 9

Funcionarios de carrera. 1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

Datos clave

  • ¿Qué carácter tienen los servicios profesionales del funcionario de carrera? → Servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
  • ¿A quién corresponde el ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas? → Exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que establezca la ley de desarrollo de cada Administración Pública.
  • El funcionario de carrera se define por el nombramiento legal, la relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo y el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
  • Las dos cosas reservadas al funcionario: potestades públicas y salvaguardia de los intereses generales.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 10

Funcionarios interinos. 1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. 3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública. No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Datos clave

  • ¿Plazo máximo de interinidad por vacante sin cobertura? → 3 años (art. 10.1.a)
  • ¿Plazo máximo por exceso o acumulación de tareas? → 9 meses dentro de un periodo de 18 meses (art. 10.1.d)
  • ¿El nombramiento de interino da la condición de funcionario de carrera? → No, nunca (art. 10.2)
  • Mnemotecnia VSPE: Vacante, Sustitución, Programa, Exceso — las 4 causas del art. 10.1 en orden.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 11

Personal laboral. 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. 3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Datos clave

  • ¿Cómo se vincula el personal laboral a la Administración? → Por contrato de trabajo formalizado por escrito (art. 11.1)
  • ¿Qué duraciones puede tener el contrato del personal laboral? → Fijo, por tiempo indefinido o temporal (art. 11.1)

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 12

Personal eventual. 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

Datos clave

  • ¿Qué funciones realiza el personal eventual (art. 12.1)? → Solo de confianza o asesoramiento especial
  • ¿Cuenta el personal eventual como mérito para acceder a la función pública? → No, nunca (art. 12.4)

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 13

Personal directivo profesional. El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Datos clave

  • ¿Quién puede establecer el régimen del personal directivo? → El Gobierno y los órganos de gobierno de las CCAA (art. 13)
  • ¿Qué relación laboral tiene el directivo con condición de personal laboral? → La relación laboral especial de alta dirección (art. 13.4)

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 14

Derechos individuales. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral. i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. p) A la libre asociación profesional. q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Datos clave

  • ¿Qué derecho recoge la letra a) del art. 14? → La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
  • ¿Qué añade la letra j bis) del art. 14? → El derecho a la intimidad digital, frente a videovigilancia/geolocalización, y a la desconexión digital
  • ¿Qué letra del art. 14 recoge la defensa jurídica del empleado público? → La letra f)

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 15

Derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

Datos clave

  • ¿Qué debe garantizarse al ejercer el derecho de huelga según el art. 15? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
  • ¿A qué otro artículo del Estatuto remite el derecho de reunión del art. 15? → Al artículo 46.
  • Cinco derechos, de la a) a la e). El de reunión es el único que remite a otro artículo (el 46), así que suele ser el que preguntan para comprobar si conoces la remisión.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 16

Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto. c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. 4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

Datos clave

  • ¿Qué tres principios rigen la carrera profesional según el art. 16? → Igualdad, mérito y capacidad.
  • ¿Puede un funcionario progresar en carrera horizontal y vertical a la vez? → Sí, si su Administración ha implantado ambas modalidades en el mismo ámbito.
  • El orden del apartado 3 es siempre el mismo: horizontal, vertical, promoción interna vertical, promoción interna horizontal. Memorizarlo en ese orden evita mezclar las letras a)-d).

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 17

Carrera horizontal de los funcionarios de carrera. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas: a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

Datos clave

  • ¿Qué elemento de valoración del art. 17.b) está ligado al rendimiento del puesto? → El resultado de la evaluación del desempeño.
  • ¿Cómo deben ser los ascensos en el sistema de grados del art. 17, con carácter general? → Consecutivos, salvo supuestos excepcionales previstos.
  • Los cuatro criterios de valoración del apartado b) van en este orden: trayectoria, calidad de los trabajos, conocimientos, evaluación del desempeño.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 18

Promoción interna de los funcionarios de carrera. 1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto. 2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. 4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.

Datos clave

  • ¿Cuántos años de antigüedad exige el art. 18 para poder promocionar internamente? → Al menos dos años de servicio activo en el Subgrupo o Grupo de clasificación profesional inferior.
  • Además de la antigüedad, ¿qué dos requisitos más exige el art. 18 para la promoción interna? → Cumplir los requisitos de ingreso y superar las correspondientes pruebas selectivas.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 19

Carrera profesional y promoción del personal laboral. 1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Datos clave

  • ¿A través de qué se hace efectiva la promoción profesional del personal laboral? → A través de los procedimientos del Estatuto de los Trabajadores o de los convenios colectivos.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 20

La evaluación del desempeño. 1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. 5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué mide la evaluación del desempeño (art. 20.1)? → La conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados
  • ¿Qué garantía exige el art. 20.4 para no continuar en un puesto de concurso por mala evaluación? → Audiencia al interesado y resolución motivada
  • ¿Qué requisito previo exige el art. 20.5 para aplicar la carrera horizontal o el cese por concurso? → Tener aprobado un sistema objetivo de evaluación del desempeño

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 21 · Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. 1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Datos clave

  • Las cuantías de las retribuciones básicas, el incremento de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el incremento de la masa salarial del personal laboral se reflejan cada ejercicio presupuestario en la ley de presupuestos.
  • No pueden acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 22 · Retribuciones de los funcionarios

Retribuciones de los funcionarios. 1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. 2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. 3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24. 5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

Datos clave

  • Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.
  • Básicas: retribuyen según el Subgrupo o Grupo de clasificación profesional del cuerpo o escala y la antigüedad; incluyen los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
  • Complementarias: retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados.
  • Las pagas extraordinarias son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las complementarias, salvo las de los apartados c) y d) del artículo 24.
  • No puede percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio en multas impuestas.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 23 · Retribuciones básicas

Retribuciones básicas. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.

Datos clave

  • Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Están integradas única y exclusivamente por el sueldo de cada Subgrupo o Grupo y por los trienios.
  • Trienio: cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 24 · Retribuciones complementarias

Retribuciones complementarias. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Datos clave

  • La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias las establecen las leyes de cada Administración Pública.
  • Factores a) progresión en la carrera administrativa; b) especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad o condiciones del trabajo; c) interés, iniciativa o esfuerzo y rendimiento o resultados; d) servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 25 · Retribuciones de los funcionarios interinos

Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. 2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Datos clave

  • Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción.
  • Perciben también las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala.
  • Se reconocen los trienios de servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente desde esa entrada en vigor.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 26 · Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Retribuciones de los funcionarios en prácticas. Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas determinan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
  • Como mínimo se corresponden con el sueldo del Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 27 · Retribuciones del personal laboral

Retribuciones del personal laboral. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.

Datos clave

  • Las retribuciones del personal laboral se determinan de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y el contrato de trabajo.
  • En todo caso se respeta lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 28 · Indemnizaciones

Indemnizaciones. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

Datos clave

  • Los funcionarios perciben las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 29 · Retribuciones diferidas

Retribuciones diferidas. Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que cubran la jubilación.
  • Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 30 · Deducción de retribuciones

Deducción de retribuciones. 1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. 2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Datos clave

  • La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y es compatible con la sanción disciplinaria que pueda corresponder.
  • Quien ejercita el derecho de huelga no devenga ni percibe las retribuciones del tiempo en que permanece en esa situación; la deducción no tiene carácter de sanción ni afecta al régimen de sus prestaciones sociales.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 31 · Principios generales

Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

Datos clave

  • Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, la representación y la participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo.
  • Negociación colectiva: derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios para la interlocución entre las Administraciones y sus empleados. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
  • Las organizaciones sindicales más representativas en la Función Pública están legitimadas para recurrir en vía administrativa y jurisdiccional las resoluciones de los órganos de selección.
  • El ejercicio de estos derechos debe respetar el contenido del Estatuto y sus leyes de desarrollo, y los procedimientos tienen en cuenta los convenios y acuerdos internacionales ratificados por España.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 32 · Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

Datos clave

  • El personal laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente le son de aplicación.
  • Se garantiza el cumplimiento de los convenios y acuerdos del personal laboral; excepcionalmente, por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno pueden suspenderlos o modificarlos en la medida estrictamente necesaria.
  • En ese caso, deben informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 33 · Negociación colectiva

Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.

Datos clave

  • Principios de la negociación colectiva de los funcionarios: legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
  • Se efectúa mediante Mesas de Negociación, con los representantes de la Administración y, por la parte sindical, las organizaciones más representativas a nivel estatal, las más representativas de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones a Delegados y Juntas de Personal de la unidad electoral.
  • La Administración puede encargar la negociación a órganos técnicos creados por ella, sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos por los órganos de gobierno o administrativos competentes.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 34 · Mesas de Negociación

Mesas de Negociación. 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. 3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. 5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. 6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

Datos clave

  • Se constituye una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, en cada Comunidad Autónoma, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales.
  • Se reconoce legitimación negocial a las asociaciones de municipios y a las Entidades Locales de ámbito supramunicipal; los municipios pueden adherirse a la negociación de ese ámbito.
  • Las Mesas Generales negocian las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito; de ellas pueden depender Mesas Sectoriales, cuya competencia alcanza a los temas comunes del sector no decididos por la Mesa General o que esta les reenvíe o delegue.
  • El proceso de negociación se abre en la fecha que fijen de común acuerdo la Administración y la mayoría de la representación sindical; a falta de acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes.
  • Ambas partes negocian bajo el principio de buena fe y se proporcionan la información que precisen.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 35 · Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Constitución y composición de las Mesas de Negociación. 1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto. 4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.

Datos clave

  • La Mesa queda válidamente constituida cuando, además de la Administración, las organizaciones sindicales legitimadas representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito.
  • Las variaciones de representatividad se acreditan con certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años desde la constitución de las Mesas.
  • Las partes designan a los componentes de la Mesa y pueden contar con asesores, con voz pero sin voto.
  • Ninguna de las partes puede superar los quince miembros.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 36 · Mesas Generales de Negociación

Mesas Generales de Negociación. 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas. 2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación. Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.

Datos clave

  • Existe una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias; las organizaciones sindicales se distribuyen según los resultados en las elecciones a los órganos de representación del personal.
  • Se negocian en ella las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica; es objeto específico de negociación el incremento global de las retribuciones del personal que se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Para las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración se constituye una Mesa General en la Administración General del Estado, en cada comunidad autónoma, en Ceuta y Melilla y en las entidades locales.
  • En estas Mesas Generales están presentes también las organizaciones sindicales de la Mesa General de las Administraciones Públicas que hayan obtenido el 10 por 100 de los representantes del personal funcionario o laboral en el ámbito correspondiente.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 37 · Materias objeto de negociación

Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. e) Los planes de Previsión Social Complementaria. f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. i) Los criterios generales de acción social. j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto. b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Datos clave

  • Son objeto de negociación, en su ámbito y según las competencias de cada Administración, entre otras: el incremento de retribuciones y las retribuciones complementarias; los criterios generales de acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos y planificación de recursos humanos; la evaluación del desempeño; la Previsión Social Complementaria; los planes y fondos de formación y promoción interna; los criterios generales de acción social; las propuestas sobre derechos sindicales y de participación; las que establezca la normativa de prevención de riesgos laborales; los criterios generales sobre ofertas de empleo público; y el calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y movilidad.
  • Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación: las decisiones sobre potestades de organización (si repercuten en condiciones de trabajo, procede negociar estas); la regulación de los derechos de los ciudadanos y usuarios y el procedimiento de formación de actos y disposiciones; las condiciones de trabajo del personal directivo; los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica; y la regulación de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 38 · Pactos y Acuerdos

Pactos y Acuerdos. 1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. 4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Datos clave

  • En el seno de las Mesas de Negociación se pueden concertar Pactos y Acuerdos con las organizaciones sindicales legitimadas para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios.
  • Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial estricto del órgano que los suscribe y se aplican directamente al personal; los Acuerdos versan sobre materias de competencia de los órganos de gobierno y necesitan su aprobación expresa y formal para su validez y eficacia.
  • Si un Acuerdo ratificado trata materias sometidas a reserva de ley, carece de eficacia directa y el órgano de gobierno con iniciativa legislativa elabora y remite el correspondiente proyecto de ley; si falta ratificación o hay negativa a incorporarlo, se renegocia en el plazo de un mes si lo solicita al menos la mayoría de una de las partes.
  • Deben determinar las partes, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, y la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia; se establecen Comisiones Paritarias de seguimiento.
  • Se remiten a la Oficina Pública que cada Administración determine y se publican en el Boletín Oficial que corresponda al ámbito territorial.
  • Se garantiza su cumplimiento, salvo suspensión o modificación excepcional por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, informando a las organizaciones sindicales.
  • Salvo acuerdo en contrario, se prorrogan de año en año si no hay denuncia expresa; los que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 39 · Órganos de representación

Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: De 50 a 100 funcionarios: 5. De 101 a 250 funcionarios: 9. De 251 a 500 funcionarios: 13. De 501 a 750 funcionarios: 17. De 751 a 1.000 funcionarios: 21. De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.

Datos clave

  • Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
  • Delegados de Personal: unidades con 6 o más y menos de 50 funcionarios; hasta 30 funcionarios se elige un Delegado y de 31 a 49 se eligen tres, que ejercen su representación conjunta y mancomunadamente.
  • Juntas de Personal: unidades electorales con un censo mínimo de 50 funcionarios.
  • Composición de la Junta: de 50 a 100 funcionarios, 5; de 101 a 250, 9; de 251 a 500, 13; de 501 a 750, 17; de 751 a 1.000, 21; de 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75.
  • Las Juntas eligen entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaboran su propio reglamento, que debe aprobarse por al menos dos tercios de sus miembros.
  • El Estado y cada Comunidad Autónoma regulan el establecimiento de las unidades electorales.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 40 · Funciones y legitimación de los órganos de representación

Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Datos clave

  • Funciones de las Juntas y Delegados de Personal: recibir información sobre la política de personal; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslados de instalaciones e implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de las sanciones por faltas muy graves; ser oídos en jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo; y colaborar con la Administración para mantener e incrementar la productividad.
  • Las Juntas, colegiadamente y por decisión mayoritaria, y los Delegados, mancomunadamente, están legitimados para iniciar procedimientos administrativos y ejercitar acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 41 · Garantías de la función representativa del personal

Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. De 101 a 250 funcionarios: 20. De 251 a 500 funcionarios: 30. De 501 a 750 funcionarios: 35. De 751 en adelante: 40. Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.

Datos clave

  • Garantías: acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en los expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; no ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con su mandato, durante el mismo ni en el año siguiente (salvo revocación o dimisión).
  • Crédito de horas mensuales retribuidas: hasta 100 funcionarios, 15; de 101 a 250, 20; de 251 a 500, 30; de 501 a 750, 35; de 751 en adelante, 40; se pueden acumular entre miembros de la misma candidatura, previa comunicación a la Jefatura de Personal.
  • No pueden ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón de su representación.
  • Observan sigilo profesional sobre los asuntos que la Administración declare reservados, incluso después de expirar el mandato.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 42 · Duración de la representación

Duración de la representación. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Datos clave

  • El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, con posibilidad de reelección.
  • Se entiende prorrogado si no se han promovido nuevas elecciones al término del mandato, sin que los representantes con mandato prorrogado cuenten para determinar la capacidad representativa de los sindicatos.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 43 · Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. 1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.

Datos clave

  • Pueden promover elecciones: los sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los que, sin ser más representativos, hayan obtenido al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que hayan obtenido al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral por acuerdo mayoritario.
  • Los legitimados tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal de las unidades electorales, distribuido por organismos o centros de trabajo.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 44 · Procedimiento electoral

Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.

Datos clave

  • El procedimiento se determina reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o por medios telemáticos.
  • Son electores y elegibles los funcionarios en servicio activo; no lo son quienes ocupan puestos con nombramiento por real decreto o por decreto de los consejos de gobierno autonómicos o de Ceuta y Melilla.
  • Pueden presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas, sus coaliciones y los grupos de electores de la unidad cuando su número sea al menos el triple de los miembros a elegir.
  • Las Juntas de Personal se eligen mediante listas cerradas con un sistema proporcional corregido; los Delegados de Personal, mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
  • Los órganos electorales son las Mesas Electorales y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados; las impugnaciones siguen un procedimiento arbitral, salvo las reclamaciones por denegación de inscripción de actas electorales, que van directamente a la jurisdicción social.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 45 · Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas.

Datos clave

  • Las Administraciones y las organizaciones sindicales pueden acordar la creación de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, con independencia de las comisiones paritarias del artículo 38.5.
  • Los conflictos pueden derivar de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias del artículo 37, excepto aquellas en que exista reserva de ley.
  • Los sistemas pueden incluir mediación y arbitraje: la mediación es obligatoria cuando la solicite una de las partes y sus propuestas pueden aceptarse o rechazarse libremente; en el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla.
  • El acuerdo de mediación o la resolución arbitral tienen la misma eficacia jurídica y tramitación que los Pactos y Acuerdos, si quienes los adoptan tienen legitimación; cabe recurso contra la resolución arbitral si no se observaron los requisitos y formalidades, si versó sobre puntos no sometidos a decisión o si contradice la legalidad vigente.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 46 · Derecho de reunión

Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal. b) Las Juntas de Personal. c) Los Comités de Empresa. d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

Datos clave

  • Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de Delegados Sindicales): los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
  • Las reuniones en el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas.
  • La reunión no debe perjudicar la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 47 · Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. 2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios.
  • La jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
  • Medidas de flexibilización horaria para la conciliación: empleados con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y empleados con necesidades de cuidado de hijos e hijas mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el domicilio y no puedan valerse por sí mismas por edad, accidente o enfermedad.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 47 bis · Teletrabajo

Teletrabajo. 1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial. 4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad. 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.

Datos clave

  • Teletrabajo: prestación de servicios a distancia, fuera de las dependencias de la Administración y con tecnologías de la información y comunicación, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
  • Debe ser expresamente autorizado, es compatible con la modalidad presencial y tiene carácter voluntario y reversible, salvo supuestos excepcionales debidamente justificados.
  • Se rige por las normas de desarrollo del Estatuto, objeto de negociación colectiva, con criterios objetivos de acceso.
  • El personal en teletrabajo tiene los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el presencial, incluida la prevención de riesgos laborales, salvo los inherentes a la presencialidad.
  • La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos necesarios.
  • El personal laboral se rige en esta materia por el Estatuto y sus normas de desarrollo.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 48 · Permisos de los funcionarios públicos

Permisos de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles. Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles. Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de funcionarias embarazadas incluye también a las personas funcionarias trans gestantes. f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. k) Por asuntos particulares, seis días al año. l) Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, quince días. m) Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

Datos clave

  • Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización con reposo domiciliario: cinco días hábiles si es cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el primer grado, o persona que conviva y requiera cuidado efectivo; cuatro días hábiles si es familiar de segundo grado.
  • Fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado: tres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta; de familiar de segundo grado: dos días hábiles en la misma localidad y cuatro en distinta.
  • Traslado de domicilio sin cambio de residencia: un día.
  • Lactancia de un hijo menor de doce meses: una hora de ausencia, divisible en dos fracciones, o reducción de jornada de media hora al inicio y al final, o de una hora al inicio o al final; es un derecho individual, no transferible.
  • Hijos prematuros u hospitalizados tras el parto: ausencia de hasta dos horas diarias con retribuciones íntegras, o reducción de jornada de hasta dos horas con disminución proporcional de retribuciones.
  • Guarda legal de menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o persona con discapacidad sin actividad retribuida: reducción de jornada con la disminución de retribuciones que corresponda.
  • Cuidado de un familiar de primer grado por enfermedad muy grave: reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada, retribuida, por un máximo de un mes.
  • Asuntos particulares: seis días al año. Matrimonio o pareja de hecho formalizada: quince días.
  • También hay permiso para funciones sindicales o de representación, exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud, exámenes prenatales y preparación al parto, deber inexcusable de carácter público o personal y conciliación, y actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo (letras a) a d))

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de diecinueve semanas.

En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.

En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

El permiso por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.

2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses.

3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

Este permiso, constituye un derecho individual de la madre biológica, sin que pueda transferirse su ejercicio.

El permiso previsto en los apartados 2.º y 3.º podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3.º, cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de diecinueve semanas para cada adoptante, guardador o acogedor.

En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas.

Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, una para cada uno de los progenitores.

El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.

2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

En ningún caso un mismo menor podrá dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

El permiso previsto en los apartados 2.º y 3.º podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3.º, cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de diecinueve semanas.

En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, una para cada uno de los progenitores.

En caso de fallecimiento del progenitor distinto de la madre biológica, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.

2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

El permiso previsto en los apartados 2.º y 3.º podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo del periodo de las doce semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3.º, cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

Datos clave

  • Permisos por nacimiento para la madre biológica, por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y del progenitor diferente de la madre biológica: diecinueve semanas, o treinta y dos en el supuesto de monoparentalidad.
  • Parto prematuro u hospitalización del neonato a continuación del parto: el permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
  • Discapacidad del hijo o hija: el permiso se ampliará en dos semanas más para ambos progenitores, y en los supuestos múltiples, una para cada progenitor por cada hijo o hija a partir del segundo.
  • Distribución: seis semanas ininterrumpidas obligatorias a jornada completa; once (veintidós en monoparentalidad) dentro de los doce meses; y dos (cuatro en monoparentalidad) hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.
  • Disfrute interrumpido: preaviso de al menos quince días y por semanas completas; en adopción o acogimiento internacional con desplazamiento previo, permiso de hasta dos meses percibiendo exclusivamente las retribuciones básicas.
  • Violencia de género o violencia sexual: la funcionaria mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 50 · Vacaciones de los funcionarios públicos

Vacaciones de los funcionarios públicos. 1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas. No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.

Datos clave

  • Vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles por año natural, o los que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no se consideran días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones para horarios especiales.
  • Si permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impiden iniciarlas, o sobrevienen una vez iniciadas, pueden disfrutarse terminado el año natural, siempre que no hayan pasado más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron.
  • No pueden sustituirse por una cuantía económica; en la renuncia voluntaria debe garantizarse el disfrute de las devengadas.
  • Si la relación de servicios concluye por causas ajenas a la voluntad del funcionario, puede solicitar compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 51 · Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.

Datos clave

  • La jornada de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por lo establecido en este capítulo del Estatuto y por la legislación laboral correspondiente.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 52

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Datos clave

  • ¿Cuántos principios éticos y de conducta enumera el art. 52 del TREBEP? → Quince.
  • ¿Qué función cumplen los principios del Código de Conducta según el propio artículo? → Informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
  • Cuenta los principios: son quince, no diez ni veinte. Empiezan en 'objetividad' y terminan en 'igualdad entre mujeres y hombres'.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 53

Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Datos clave

  • ¿Qué deben hacer ante un asunto con interés personal (art. 53.5)? → Abstenerse
  • ¿Pueden aceptar tratos de favor de entidades privadas? → No, en ningún caso (art. 53.7)

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 54

Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

Datos clave

  • ¿Qué deben hacer ante una orden que sea infracción manifiesta del ordenamiento (art. 54.3)? → No obedecerla y ponerla en conocimiento de los órganos de inspección
  • ¿En qué lengua deben atender al ciudadano (art. 54.11)? → En la lengua oficial del territorio que el ciudadano solicite

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 55

Principios rectores. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. b) Transparencia. c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los principios constitucionales del acceso al empleo público (art. 55.1)? → Igualdad, mérito y capacidad.
  • ¿Qué letra del art. 55.2 recoge la discrecionalidad técnica? → La d): independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
  • Son SEIS letras, de la a) a la f): publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia, adecuación, agilidad.
  • Truco de examen: la agilidad siempre va supeditada a la objetividad, nunca al contrario.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 56

Requisitos generales. 1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. e) Poseer la titulación exigida. 2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. 3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

Datos clave

  • ¿Qué edad mínima exige el art. 56 para participar en los procesos selectivos? → Tener cumplidos dieciséis años.
  • ¿Cómo han de establecerse los requisitos específicos adicionales? → De manera abstracta y general, guardando relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar.
  • ¿Qué deben prever las AAPP en las CCAA con dos lenguas oficiales? → La selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en esas Comunidades Autónomas.
  • Cinco letras, de la a) a la e): nacionalidad, capacidad, edad, no separación, titulación.
  • Edad: dieciséis años por abajo; por arriba la jubilación forzosa, y otra distinta solo por ley.
  • Los requisitos específicos del ap. 3 tienen tres filtros: objetivos, proporcionados y abstractos y generales.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 57

Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados. 2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. 4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles. 5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.

Datos clave

  • ¿Qué órgano puede eximir del requisito de nacionalidad para ser funcionario? → Solo una ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CCAA, por razones de interés general.
  • ¿Hasta qué edad accede un descendiente sin acreditar dependencia? → Hasta los 21 años; a partir de esa edad, solo si es dependiente.
  • ¿Cómo pueden acceder los extranjeros con residencia legal no comunitarios? → Como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
  • El requisito de nacionalidad solo lo exime una LEY (estatal o autonómica), nunca un reglamento ni la propia convocatoria.
  • Descendientes: menores de 21 años sin más requisito, o mayores de 21 solo si son dependientes.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 58

Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales. Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente.

Datos clave

  • ¿De qué pueden quedar exentos los funcionarios de Organismos Internacionales al opositar en España? → De las pruebas que acrediten conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.
  • Lo ya acreditado no se repite, pero el proceso selectivo en sí nunca se salta.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 59

Personas con discapacidad. 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

Datos clave

  • ¿Qué cupo mínimo se reserva en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad? → Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes.
  • ¿Qué porcentaje del cupo se destina a discapacidad intelectual? → Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas.
  • ¿Qué porcentaje de los efectivos totales se pretende alcanzar progresivamente? → El dos por ciento en cada Administración Pública.
  • Tres cifras: 7 % del cupo, 2 % de discapacidad intelectual dentro del cupo, 2 % de efectivos totales como meta progresiva.
  • El cupo no regala la plaza: hay que superar el proceso y acreditar discapacidad y compatibilidad con las tareas.
  • Momentos de la adaptación: durante el proceso (tiempos y medios) y después (puesto de trabajo).

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 60

Órganos de selección. 1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Datos clave

  • ¿Qué tres colectivos no pueden formar parte de los órganos de selección? → El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
  • ¿A qué título se pertenece a un órgano de selección? → Siempre a título individual, nunca en representación de nadie.
  • Tres excluidos: personal de elección o designación política, funcionarios interinos y personal eventual.
  • 'A título individual' es el matiz que más se pregunta: se opone a 'en representación'.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 61

Sistemas selectivos. 1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. 4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública. 5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso- oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. 7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso- oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los sistemas selectivos de los funcionarios de carrera? → La oposición y el concurso-oposición; solo por ley y con carácter excepcional, el concurso.
  • ¿Y los del personal laboral fijo? → Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
  • ¿Cuándo puede pedirse una relación complementaria de aspirantes? → Cuando se propuso igual número de aspirantes que de plazas convocadas y se producen renuncias antes del nombramiento o de la toma de posesión.
  • Funcionario: oposición y concurso-oposición (el concurso solo por ley y excepcional). Laboral fijo: esos dos más el concurso de méritos, sin necesidad de ley.
  • La relación complementaria tiene dos condiciones: que se hubiera propuesto igual número que plazas y que la renuncia sea antes del nombramiento o de la toma de posesión.
  • Las psicotécnicas y las entrevistas son complementos de las pruebas, nunca el proceso entero.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 62

Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superación del proceso selectivo. b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los cuatro requisitos sucesivos del art. 62.1? → Superación del proceso selectivo, nombramiento publicado, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo.
  • ¿Qué ocurre si tras superar el proceso no se acreditan los requisitos de la convocatoria? → No se puede ser funcionario y quedan sin efecto las actuaciones (art. 62.2).
  • Orden de las cuatro postas: superar → nombrar → acatar → tomar posesión; el propio orden es el truco.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 63

Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) La renuncia a la condición de funcionario. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La jubilación total del funcionario. d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Datos clave

  • ¿Cuántas causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera enumera el art. 63? → Cinco.
  • ¿Qué tipo de sanción disciplinaria hace perder la condición de funcionario? → La separación del servicio, cuando tenga carácter firme.
  • Cinco causas, de la a) a la e): renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación, sanción, pena — todas 'cierran' la relación, no la suspenden.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 64

Renuncia. 1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Datos clave

  • ¿En qué dos casos no puede aceptarse la renuncia de un funcionario? → Cuando esté sujeto a expediente disciplinario o tenga auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delito.
  • ¿Renunciar impide volver a ser funcionario en el futuro? → No; se puede reingresar a través del procedimiento de selección establecido.
  • Dos frenos a la renuncia: expediente disciplinario abierto o proceso penal ya en fase de procesamiento o juicio oral.
  • Renunciar no 'quema': se puede volver a opositar sin límite por haber renunciado antes.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 65

Pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Datos clave

  • ¿Qué excepción evita la pérdida de la condición de funcionario al perder la nacionalidad? → Que se adquiera simultáneamente la nacionalidad de otro Estado UE o con libre circulación de trabajadores.
  • El truco está en 'simultáneamente': pasar de una nacionalidad válida a otra igualmente válida sin solución de continuidad no tiene consecuencias.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 66

Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Datos clave

  • La inhabilitación absoluta firme produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.
  • La inhabilitación especial firme produce la pérdida de la condición de funcionario solo respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia.
  • En ambos casos se exige que la sentencia que impone la pena haya adquirido firmeza.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 67

Jubilación. 1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. 4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.

Datos clave

  • ¿A qué edad se declara de oficio la jubilación forzosa? → A los 65 años.
  • ¿Hasta qué edad máxima se puede prolongar la permanencia en servicio activo? → Hasta los 70 años, a solicitud del interesado y con resolución motivada de la Administración.
  • ¿Qué debe hacer la Administración ante una solicitud de prolongación? → Resolver de forma motivada, aceptando o denegando la prolongación.
  • Los dos números clave del art. 67: 65 (edad forzosa general) y 70 (tope de la prórroga).

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 68

Rehabilitación de la condición de funcionario. 1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. 2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre si no se resuelve a tiempo la solicitud de rehabilitación tras una inhabilitación penal? → Se entiende desestimada por silencio administrativo.
  • ¿En qué dos casos la rehabilitación del funcionario es automática (se concede siempre)? → Pérdida de la nacionalidad y jubilación por incapacidad permanente, una vez desaparecida la causa.
  • El verbo delata el régimen: 'le será concedida' (caso 1, automático) frente a 'podrán conceder' (caso 2, discrecional).
  • El silencio negativo solo se menciona para el caso de inhabilitación: en el otro, la rehabilitación es un derecho reglado.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 85

Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Excedencia. e) Suspensión de funciones. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera? → Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.
  • ¿Quién puede regular otras situaciones administrativas? → Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
  • Cinco situaciones, en el orden del texto: activo, especiales, otras Administraciones, excedencia y suspensión (A-E-O-E-S).
  • Las tres situaciones de servicio van juntas al principio: servicio activo, servicios especiales y servicio en otras AAPP.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 86

Servicio activo. 1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

Datos clave

  • ¿Quiénes se hallan en situación de servicio activo? → Quienes prestan servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración, organismo o entidad de destino, y no les corresponda quedar en otra situación.
  • ¿Por qué normas se rige el funcionario en servicio activo? → Por este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que preste servicios.
  • La coletilla que la convierte en situación residual: «y no les corresponda quedar en otra situación».
  • Derechos y deberes van en paquete: quien está en activo tiene todos los derechos, pero también todas las responsabilidades.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 87

Servicios especiales. 1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. 4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.

Datos clave

  • ¿Qué duración mínima debe tener la misión en organismos internacionales para pasar a servicios especiales? → Un periodo determinado superior a seis meses.
  • ¿Qué retribuciones se perciben en servicios especiales? → Las del puesto o cargo que se desempeñe, no las de funcionario de carrera, sin perjuicio de los trienios reconocidos.
  • ¿A qué reingreso se tiene derecho como mínimo? → Al servicio activo en la misma localidad, con las condiciones y retribuciones de la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.
  • Misión en el extranjero: el umbral es «superior a seis meses». Por debajo, no hay servicios especiales.
  • Se cobra del cargo, pero los trienios siguen siendo tuyos: es la única partida de funcionario que se conserva.
  • El suelo del reingreso son dos cosas: misma localidad y categoría, nivel o escalón consolidados.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 88

Servicio en otras Administraciones Públicas. 1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. 2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran. Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia. 3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.

Datos clave

  • ¿En qué situación quedan los funcionarios transferidos a una Comunidad Autónoma? → Se integran plenamente en su Función Pública y se hallan en situación de servicio activo en la Comunidad Autónoma en la que se integran.
  • ¿Cómo computa el tiempo de servicio en la Administración de destino por provisión? → Como servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
  • Transferido = activo en la CA de destino. Por provisión = servicio en otras AAPP, con la condición de origen intacta.
  • Lo que la CA debe respetar al integrar al transferido son dos cosas: Grupo o Subgrupo de origen y derechos económicos de su posición en la carrera.
  • El reconocimiento al reingresar: primero convenios del art. 84; en su defecto, la Administración de reingreso.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 89

Excedencia. 1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. c) Excedencia por cuidado de familiares. d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 5. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

Datos clave

  • ¿Qué tiempo de servicios efectivos exige la excedencia voluntaria por interés particular? → Un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en cualquiera de las Administraciones Públicas.
  • ¿Cuánto dura la reserva del puesto en la excedencia por cuidado de familiares? → Al menos dos años; transcurridos, la reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
  • ¿Cuántos meses de retribuciones íntegras hay en la excedencia por violencia de género o sexual? → Los dos primeros meses, además de las prestaciones familiares por hijo a cargo en su caso.
  • ¿Hasta qué límite puede prorrogarse la reserva del puesto en esa excedencia? → Por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, cuando lo exijan las actuaciones judiciales.
  • Cinco modalidades, de la a) a la e), y solo las dos primeras llevan el apellido «voluntaria».
  • Lo que computa y lo que no: interés particular y agrupación familiar, nada; cuidado de familiares y violencia, sí.
  • Cifras de violencia de género o sexual: 2 meses de retribuciones íntegras, 6 meses de reserva, prórrogas de 3 en 3 hasta 18.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 90

Suspensión de funciones. 1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. 4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

Datos clave

  • ¿Cuándo determina la suspensión la pérdida del puesto de trabajo? → Cuando exceda de seis meses.
  • ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme por sanción disciplinaria? → Seis años.
  • ¿Puede el suspenso prestar servicios en otra Administración? → No, en ninguna Administración Pública ni en organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas, durante el cumplimiento de la pena o sanción.
  • Dos seises que no se mezclan: seis MESES para perder el puesto, seis AÑOS de tope de la suspensión firme por sanción disciplinaria.
  • Firme = sentencia penal o sanción disciplinaria. Provisional = procedimiento judicial o expediente disciplinario en tramitación.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 91

Reingreso al servicio activo. Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Datos clave

  • ¿Qué tres cosas se regularán reglamentariamente para el reingreso al servicio activo? → Los plazos, los procedimientos y las condiciones.
  • ¿Qué derecho debe respetarse al regular el reingreso? → El derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.
  • Tres palabras que caen juntas: plazos, procedimientos y condiciones. Y una coletilla: reserva del puesto.
  • Regla de lectura: donde el TREBEP dice «reglamentariamente se regularán», no busques cifras.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 92

Situaciones del personal laboral. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Datos clave

  • ¿Por qué normas se rige el personal laboral en materia de situaciones? → Por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación.
  • ¿Quién puede extender el capítulo de situaciones administrativas al personal laboral y con qué límite? → Los convenios colectivos, en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
  • Dos verbos distintos: el laboral se regirá por ET y convenio (imperativo); el convenio podrá aplicar el capítulo (facultativo).
  • Doble filtro para aplicar el capítulo al laboral: que lo diga el convenio y que sea compatible con el ET.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 93

Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.

Datos clave

  • ¿Qué responsabilidad tiene quien induce a otro a cometer una falta disciplinaria? → La misma responsabilidad que el inducido.
  • ¿Qué faltas encubiertas generan responsabilidad y con qué requisito? → Las consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
  • ¿Qué norma rige el régimen disciplinario del personal laboral en lo no previsto en el título? → La legislación laboral.
  • Inductor = mismo castigo, sin condiciones. Encubridor = solo muy graves/graves consumadas y con daño grave.
  • Las faltas leves nunca generan responsabilidad del encubridor: el texto solo cita muy graves y graves.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 94

Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Datos clave

  • ¿Qué se hace si de la instrucción resultan indicios fundados de criminalidad? → Se suspende la tramitación del procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
  • Enumera los principios de ejercicio de la potestad disciplinaria del art. 94.2 → Legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo no favorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
  • ¿Qué vincula a la Administración de las resoluciones judiciales firmes? → Los hechos declarados probados.
  • Son cinco principios, de la a) a la e): le-i-p-c-p → legalidad/tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia.
  • Retroactividad solo hacia lo favorable; irretroactividad, hacia lo no favorable.
  • Dos palabras que se piden literales: indicios fundados de criminalidad y Ministerio Fiscal.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 95

Faltas disciplinarias. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual. c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. o) El acoso laboral. p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.

Datos clave

  • ¿Cómo se clasifican las faltas disciplinarias en el TREBEP? → Muy graves, graves y leves.
  • ¿Qué tres circunstancias se atienden para establecer las faltas graves? → El grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños al interés público, patrimonio o bienes, y el descrédito para la imagen pública de la Administración.
  • ¿Quién puede tipificar faltas graves? → La ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa autonómica y, para el personal laboral, los convenios colectivos.
  • ¿Es falta muy grave el acoso laboral? → Sí, letra o) del artículo 95.2.
  • Cuenta las muy graves: van de la a) a la p), con ñ incluida. La última, p), es la cláusula abierta de remisión a ley o convenio.
  • Los tres criterios de las graves se memorizan como legalidad, daño y descrédito.
  • Truco de descarte: si la pregunta dice que el TREBEP tipifica una falta grave concreta, es falsa.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 96

Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. f) Apercibimiento. g) Cualquier otra que se establezca por ley. 2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Datos clave

  • ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme de funciones? → 6 años.
  • ¿Qué comporta el despido disciplinario del personal laboral? → La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba.
  • ¿En qué consiste la sanción de demérito? → En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
  • ¿Qué circunstancias determinan el alcance de cada sanción? → El grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación.
  • La letra g) exige ley: ni reglamento ni convenio pueden crear sanciones nuevas por sí solos según este artículo.
  • Cuatro criterios para el alcance: intención, daño, reincidencia y participación.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 97

Prescripción de las faltas y sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Datos clave

  • ¿A qué plazo prescriben las infracciones muy graves, graves y leves? → A los tres años, a los dos años y a los seis meses, respectivamente.
  • ¿A qué plazo prescribe la sanción impuesta por falta leve? → Al año.
  • ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción de una falta continuada? → Desde el cese de su comisión.
  • Memoriza 3-2-6 meses para faltas y 3-2-1 año para sanciones: solo cambia el último escalón.
  • Faltas continuadas: el reloj empieza al cese, no al inicio de la conducta.

TREBEP (RDLeg 5/2015) · Art. 98

Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

Datos clave

  • ¿Cómo se imponen las sanciones por faltas leves? → Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
  • ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar? → 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.
  • ¿Qué ocurre si la suspensión provisional no llega a convertirse en sanción definitiva? → La Administración restituye la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera debido percibir, el tiempo computa como servicio activo y procede la inmediata reincorporación.
  • ¿Qué separación debe garantizar el procedimiento disciplinario? → La separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.
  • Dos procedimientos, dos velocidades: muy graves y graves → procedimiento previo; leves → sumario con audiencia.
  • Tres principios de estructura (eficacia, celeridad, economía procesal) más la regla de oro: instructor y sancionador, órganos distintos.