El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo de la igualdad de género, la protección integral contra la violencia de género y no discriminación de las personas LGTBI. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.

El art. 14 CE proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, y el art. 9.2 CE encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Este mandato se desarrolla en la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)**, cuyo art. 1 tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, en cualesquiera ámbitos de la vida y singularmente en el político, civil, laboral, económico, social y cultural.

El art. 3 consagra el **principio de igualdad de trato**: la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. El art. 6 distingue:

• **Discriminación directa**: situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo.
• **Discriminación indirecta**: situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados.

El art. 7 regula el **acoso sexual** (cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo) y el **acoso por razón de sexo** (comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el mismo propósito o efecto). Ambos se consideran en todo caso **discriminatorios** (art. 7.3), y el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo se considera también discriminación (art. 7.4). El art. 8 tipifica como discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, y el art. 9 declara nulas las represalias contra quienes formulen reclamaciones o denuncias destinadas a impedir la discriminación.

El **Título IV de la LOIEMH** («El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades», arts. 42-50) desarrolla la igualdad en el ámbito laboral. El art. 43 establece que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores de forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares.

Los **planes de igualdad** (arts. 45-49) son el instrumento central: conjuntos ordenados de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Tras la reforma operada por el **Real Decreto-ley 6/2019** y el desarrollo reglamentario (RD 901/2020), los planes de igualdad son **obligatorios para todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras** (antes el umbral era de 250), sin perjuicio de que otras empresas los aprueben voluntariamente o por convenio colectivo. Deben negociarse con la representación legal de las personas trabajadoras, registrarse en el **Registro de Planes de Igualdad de las Empresas (REGCON)** e incluir materias como acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones (con la obligación paralela del **registro retributivo**, RD 902/2020), ordenación del tiempo de trabajo y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En el **empleo público**, el Título V de la LOIEMH (arts. 51-62) impone a las Administraciones públicas remover obstáculos, facilitar la conciliación y establecer medidas efectivas de igualdad, y el art. 64 (Título VII) prevé la elaboración periódica de un **Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado**, modelo que las Comunidades Autónomas replican en su propio ámbito, con Unidades de Igualdad en los distintos departamentos y organismos.

La **Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación**, tiene por objeto (art. 1) garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de todas las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión o convicción, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El art. 6 define, entre otras, las siguientes categorías: **discriminación directa** (trato menos favorable por alguna de las causas protegidas), **discriminación indirecta** (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ocasiona una desventaja particular), **discriminación múltiple e interseccional** (concurrencia de dos o más causas), **discriminación por asociación** (con base en la relación con una persona con alguna de dichas causas) y **por error** (basada en una apreciación incorrecta), el **acoso discriminatorio**, la **inducción, orden o instrucción de discriminar** y las **represalias**. Se define también el **discurso de odio** y el **delito de odio**.

La **tutela del derecho** se articula en un doble plano: administrativo, con un régimen sancionador propio (infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden alcanzar hasta 500.000 € en las muy graves reincidentes, arts. 65-76), y judicial (art. 26), previéndose un procedimiento preferente y sumario y la aplicación de las reglas de **inversión de la carga de la prueba**: corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación cuando la parte actora aporte indicios fundados. La Ley crea la **Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación** (arts. 55 y ss.), organismo encargado de promover el derecho a la igualdad, asistir a las víctimas y elaborar informes y recomendaciones.

La **Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género**, tiene por objeto (art. 1) actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. El art. 3 define su concepto: comprende todo acto de **violencia física y psicológica**, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

El **Título I** reconoce los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género: derecho a la información (art. 18), a la asistencia social integral (art. 19, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización), a la asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada en todos los procesos derivados de la violencia (art. 20), y derechos laborales y de Seguridad Social (arts. 21-23): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y extinción del contrato con derecho a la prestación por desempleo.

La **tutela institucional** (Título IV) se articula mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. La **tutela penal** (Título V) reforma el Código Penal agravando penas en el ámbito de la pareja o expareja. La **tutela judicial** (Título VI, arts. 44 y ss.) crea los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, órganos con competencias penales y civiles acumuladas (separación, divorcio, guarda y custodia) cuando la víctima de violencia de género sea parte, así como la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. Los arts. 61 a 69 regulan las **medidas judiciales de protección y seguridad** (órdenes de alejamiento, prohibición de comunicación, suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas), que pueden acordarse en cualquier momento del procedimiento y en la **orden de protección**.

La **Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI**, tiene por objeto (art. 1) establecer y regular las condiciones y los medios para hacer efectivo el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de este colectivo, y el principio de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

El art. 3 define, entre otros conceptos, la **orientación sexual**, la **identidad sexual**, la **expresión de género** y las **características sexuales**, y considera discriminatorio, entre otros, el trato desfavorable por asociación con personas LGTBI o por error en la atribución de estas características. El **Título I** establece medidas para la igualdad real y efectiva en los ámbitos laboral, educativo, sanitario, de protección social, de medios de comunicación y publicidad, y de deporte, con especial atención a la prevención del acoso y la violencia por LGTBIfobia.

El **Título II** regula la **rectificación registral de la mención relativa al sexo** de las personas trans, modificando la Ley 20/2011, del Registro Civil: se reconoce el derecho a la rectificación sin necesidad de acreditar tratamiento médico, hormonal o quirúrgico previo, mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil que exige la ratificación de la solicitud transcurridos tres meses. Se prevén reglas específicas por edad: las **personas mayores de 16 años** pueden solicitarlo por sí mismas; entre **14 y 16 años**, con la asistencia de sus representantes legales; y entre **12 y 14 años**, mediante representante legal con autorización judicial. La ley crea también el **Consejo Estatal LGTBI** como órgano colegiado de participación y consulta, y establece un régimen sancionador (Título VI) con infracciones leves, graves y muy graves.

La Comunidad de Madrid cuenta con normativa propia de desarrollo en esta materia. La **Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid**, tiene por objeto actuar contra la violencia de género en el ámbito competencial autonómico mediante actuaciones de sensibilización y prevención (Título II), detección precoz (Título III), asistencia integral y protección a las víctimas (Título IV, con la red de puntos municipales del observatorio regional y servicios de atención especializada) y actuación en el ámbito laboral (Título V). Contempla, entre otros órganos, el **Observatorio Regional de la Violencia de Género** y el **Foro Regional contra la Violencia de Género**.

La **Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid**, garantiza el derecho a la identidad de género y a su libre desarrollo sin injerencias, así como la protección frente a la discriminación de las personas transexuales y transgénero, con medidas específicas en los ámbitos educativo (protocolos de atención a menores trans), sanitario (Unidad de Identidad de Género) y laboral.

La **Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad de Madrid**, garantiza en el territorio madrileño el ejercicio de los derechos de las personas LGTBI, regula medidas de sensibilización, prevención y actuación frente a la LGTBIfobia en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, de servicios sociales, policial y de medios de comunicación, crea el **Consejo Regional LGTBI** como órgano de participación, y establece un régimen sancionador propio con infracciones leves, graves y muy graves. Las tres leyes autonómicas se aplican con carácter complementario y sin perjuicio de la normativa básica estatal (LOIEMH, LO 1/2004, Ley 15/2022 y Ley 4/2023), a la que no pueden contradecir ni rebajar el nivel de protección.

• **LO 3/2007, de 22 de marzo**, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH): art. 6 discriminación directa/indirecta; art. 7 acoso sexual y acoso por razón de sexo (siempre discriminatorios).
• Planes de igualdad (arts. 45-49 LOIEMH): obligatorios para empresas de **50 o más personas trabajadoras** (RDL 6/2019); registro en REGCON; registro retributivo (RD 902/2020).
• **Ley 15/2022, de 12 de julio**, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: crea la **Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación**; prevé inversión de la carga de la prueba (art. 26).
• Régimen sancionador Ley 15/2022: infracciones leves, graves y muy graves; multas hasta **500.000 €** en las muy graves reincidentes.
• **LO 1/2004, de 28 de diciembre**, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: concepto en art. 3 (violencia física y psicológica de pareja o expareja).
• Órganos creados por LO 1/2004: **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** (competencia penal y civil acumulada), Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.
• Derechos de las víctimas (Título I LO 1/2004): información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita inmediata, derechos laborales (reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica, suspensión y extinción con derecho a desempleo).
• **Ley 4/2023, de 28 de febrero**, LGTBI: rectificación registral del sexo sin informe médico ni tratamiento previo; a partir de **16 años** por sí mismo, de **14 a 16** con representantes legales, de **12 a 14** con representante legal y autorización judicial.
• Comunidad de Madrid: **Ley 5/2005** (violencia de género autonómica, Observatorio Regional), **Ley 2/2016** (identidad y expresión de género), **Ley 3/2016** (protección integral contra la LGTBIfobia, Consejo Regional LGTBI).
• Jerarquía: la normativa autonómica madrileña (Leyes 5/2005, 2/2016 y 3/2016) complementa, sin poder rebajar, la protección de la normativa básica estatal (LOIEMH, LO 1/2004, Ley 15/2022, Ley 4/2023).