Las fuentes del ordenamiento jurídico. La Constitución. Las Leyes: Concepto y clases. Las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Los reglamentos: Concepto y clases. Otras fuentes.
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- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
- Constitución Española
- Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
- Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 1
El artículo 1 del Código Civil regula el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español.
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre.
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
Datos clave
- Fuentes del ordenamiento jurídico español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
- Principio de jerarquía: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
- La costumbre rige solo en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada.
- Los usos jurídicos no meramente interpretativos de una declaración de voluntad tienen la consideración de costumbre.
- Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento.
- Los tratados internacionales solo son de aplicación directa tras su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
- La jurisprudencia (doctrina reiterada del Tribunal Supremo) complementa el ordenamiento jurídico.
- Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso, ateniéndose al sistema de fuentes.
Artículo 2
1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
Se modifica por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. Ref. BOE-A-1974-1083 .
Datos clave
- Vacatio legis general: las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que dispongan otra cosa.
- Las leyes sólo se derogan por otras posteriores.
- La derogación tiene el alcance que expresamente se disponga y se extiende siempre a lo que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.
- Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
- Las leyes no tienen efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
- Redacción dada por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.
Constitución Española · Art. 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Datos clave
- Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
- Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
- 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.
Constitución Española · Art. 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Datos clave
- ¿En qué principios se inspira el sistema tributario del art. 31.1? → En los de igualdad y progresividad, y en ningún caso tendrá alcance confiscatorio; se contribuye según la capacidad económica.
- ¿A qué criterios responden la programación y ejecución del gasto público? → A los criterios de eficiencia y economía, con una asignación equitativa de los recursos públicos.
- Ingreso = capacidad, igualdad, progresividad, no confiscatorio. Gasto = equitativo, eficiencia y economía.
- El 31.3 es reserva de ley y habla de prestaciones personales o patrimoniales, no solo de tributos.
Constitución Española · Art. 79
1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
Datos clave
- ¿Puede un Diputado o Senador delegar su voto? → No: el voto es personal e indelegable.
- ¿Qué quorum hace falta para que la Cámara pueda adoptar acuerdos? → Asistencia de la mayoría de sus miembros.
- El artículo exige dos mayorías distintas: la asistencia de la mayoría de los miembros para adoptar acuerdos, y la aprobación por la mayoría de los presentes para que esos acuerdos sean válidos.
Constitución Española · Art. 81
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
- Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
- Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).
Constitución Española · Art. 82
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
- ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
- ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
- ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
- Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
- La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.
Constitución Española · Art. 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Datos clave
- Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- Tampoco pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Constitución Española · Art. 84
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Datos clave
- ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
- ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.
- Frente a la oposición del Gobierno a la tramitación, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Constitución Española · Art. 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Datos clave
- Las disposiciones de legislación delegada se denominan Decretos Legislativos.
- Es el Gobierno quien las dicta.
Constitución Española · Art. 86
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Datos clave
- ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
- ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
- ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
- Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.
Constitución Española · Art. 92
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
Datos clave
- ¿Quién convoca el referéndum consultivo del artículo 92? → El Rey.
- ¿Qué dos trámites previos exige antes de la convocatoria? → Propuesta del Presidente del Gobierno y autorización previa del Congreso de los Diputados.
- Encadena los tres actores en orden: propone el Presidente del Gobierno, autoriza el Congreso, convoca el Rey.
Constitución Española · Art. 93
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley exige el artículo 93 para atribuir a un organismo internacional el ejercicio de competencias constitucionales? → Ley orgánica.
- ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de esos tratados? → A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
- No se cede la competencia entera: se cede su ejercicio, y siempre necesita ley orgánica, nunca ley ordinaria.
Artículo 96
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Datos clave
- Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
- Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
- La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Constitución Española · Art. 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.
Constitución Española · Art. 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
- ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
- ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
- ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
- Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
- Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.
Constitución Española · Art. 150
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige el artículo 150.3 y para qué exactamente? → Mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales, para apreciar la necesidad de armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
- ¿Qué instrumento normativo emplea el artículo 150.2? → Ley orgánica, que además debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que el Estado se reserve.
- ¿Dentro de qué debe moverse una Comunidad al dictar normas al amparo de una ley marco? → En el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
- Ordena por el número: 1 marco, 2 orgánica, 3 armonización. Solo el 2 lleva ley orgánica y dinero; solo el 3 lleva mayoría absoluta.
- La armonización es la única que puede meterse en materias que ya son de las Comunidades: por eso necesita el filtro del interés general.
Constitución Española · Art. 166
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
Datos clave
- La iniciativa de reforma constitucional se ejerce en los términos del artículo 87.
- Se remite en concreto a los apartados 1 y 2 de ese artículo.
Constitución Española · Art. 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige con carácter general el artículo 167.1? → Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- ¿Quién y en qué plazo puede pedir el referéndum del artículo 167? → Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma.
- ¿Qué doble requisito permite aprobar la reforma sin los tres quintos de ambas Cámaras? → Voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y aprobación por el Congreso por mayoría de dos tercios.
- Números del artículo, en orden: 3/5 de cada Cámara, mayoría absoluta del Senado más 2/3 del Congreso, y 1/10 de los miembros de una Cámara en 15 días para pedir el referéndum.
- El referéndum del 167 se pide; no viene solo. Esa palabra, «cuando así lo soliciten», es la clave de la pregunta.
Constitución Española · Art. 168
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Datos clave
- ¿Qué partes de la Constitución obligan a seguir el procedimiento del artículo 168? → La revisión total, o la parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.
- ¿Qué mayoría se exige en el artículo 168 y en cuántos momentos? → Dos tercios: primero de cada Cámara para aprobar el principio y, tras la disolución, de ambas Cámaras elegidas para aprobar el nuevo texto.
- ¿Es potestativo el referéndum del artículo 168? → No: aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
- Las tres partes blindadas, en orden de aparición: Título preliminar, Sección primera del Capítulo segundo del Título I y Título II.
- Dos tercios dos veces y referéndum siempre. Ese es todo el artículo 168 en una frase.
Constitución Española · Art. 169
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. Disposición adicional primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Disposición adicional segunda. La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. Disposición adicional tercera. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Disposición adicional cuarta. En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Disposición transitoria primera. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. Disposición transitoria segunda. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Disposición transitoria tercera. La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución. Disposición transitoria cuarta. 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. Disposición transitoria quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144. Disposición transitoria sexta. Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. Disposición transitoria séptima. Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución. b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143. c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años. Disposición transitoria octava. 1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981. 2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101. 3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3. Disposición transitoria novena. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159. Disposición derogatoria. 1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945. 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876. 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Disposición final. Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. POR TANTO, MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO. PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. JUAN CARLOS EL PRESIDENTE DE LAS CORTES Antonio Hernández Gil EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Fernando Álvarez de Miranda y Torres EL PRESIDENTE DEL SENADO Antonio Fontán Pérez Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
Datos clave
- No cabe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra ni durante los estados del artículo 116.
- El mandato de las Cámaras que aprobaron la Constitución no podía extenderse más allá del 15 de junio de 1981.
- Ceuta y Melilla pueden constituirse en Comunidades Autónomas si lo deciden sus Ayuntamientos por mayoría absoluta y las Cortes Generales lo autorizan mediante ley orgánica.
- La reproducción de la iniciativa autonómica de Navarra, si no prospera, exige que haya transcurrido el plazo mínimo del artículo 143.
- La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.
- A los tres años de la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional se procede por sorteo para renovar un grupo de cuatro de ellos.
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid · Art. 15
1. La Asamblea ejerce la potestad legislativa en las materias de competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid recogidas en el artículo 26 del presente Estatuto. Igualmente ejerce la potestad legislativa en las materias previstas en el artículo 27 de este Estatuto, así como en aquellas que se le atribuyan, transfieran o deleguen en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución. 2. La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, en los términos que se establezcan en el Reglamento de la Asamblea. Por ley de la Asamblea se podrá regular el ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos, para las materias a las que se refiere el apartado 1. 3. La Asamblea solamente podrá delegar la potestad de dictar normas con rango de ley en el Gobierno de acuerdo con lo establecido para el supuesto de delegación de las Cortes Generales en el Gobierno de la Nación, en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución.
Datos clave
- La Asamblea ejerce la potestad legislativa en las materias de competencia exclusiva del artículo 26 del Estatuto y en las del artículo 27, además de las que se le atribuyan, transfieran o deleguen por el artículo 150.1 y 150.2 de la Constitución.
- La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, en los términos del Reglamento de la Asamblea.
- Por ley de la Asamblea puede regularse la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos.
- La Asamblea solo puede delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley conforme a los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución.
Ley 1/1983 Gobierno y Administración CM · Art. 36
1. De conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía en relación con los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución, la Asamblea podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos legislativos, con las siguientes excepciones: a) Las que afecten al ordenamiento básico del Gobierno o al régimen jurídico de la Administración de la Comunidad de Madrid. b) Las que regulen la legislación electoral. c) Todas aquellas normas que, por su carácter institucional, requieran un procedimiento especial para su aprobación. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de bases cuando su objeto sea la elaboración de textos articulados, o por una Ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. En ambos casos, el acuerdo de la Asamblea fijará el plazo de su ejercicio. 3. Las Leyes de Bases delimitarán con precisión el objetivo y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio, no pudiendo, en ningún caso, autorizar la modificación de la propia Ley de Bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 4. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 5. El Consejo de Gobierno, tan pronto como hubiere hecho uso de la delegación legislativa, dirigirá a la Asamblea la correspondiente comunicación, que contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquélla.
Datos clave
- La Asamblea puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos legislativos.
- Excepciones a la delegación (tres): ordenamiento básico del Gobierno o régimen jurídico de la Administración; legislación electoral; normas que por su carácter institucional requieran procedimiento especial.
- La delegación se otorga mediante Ley de bases para textos articulados, o por Ley ordinaria para refundir varios textos legales en uno; el acuerdo de la Asamblea fija el plazo de ejercicio.
- Las Leyes de Bases no pueden autorizar la modificación de la propia Ley de Bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
- Hecho uso de la delegación, el Consejo de Gobierno comunica a la Asamblea el texto articulado o refundido.
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 5
Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley. h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.
Datos clave
- ¿Qué estados excepcionales declara el Consejo de Ministros y cuál solo propone? → Declara los estados de alarma y de excepción; propone al Congreso la declaración del estado de sitio.
- ¿Qué requisito previo tiene la aprobación de reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes? → El dictamen previo del Consejo de Estado.
- ¿Qué carácter tienen las deliberaciones del Consejo de Ministros? → Son secretas (art. 5.3).
- ¿Quién puede crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales? → El Consejo de Ministros (art. 5.1.i).
- Once letras, de la a) a la k). Bloque normativo (a-c), bloque internacional (d-e), bloque de crisis (f), bloque económico (g), bloque reglamentario y organizativo (h-j) y cajón de sastre (k).
- Regla de los estados: alarma y excepción se declaran, el sitio se propone.
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 23 · Disposiciones de entrada en vigor
Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.
Datos clave
- ¿En qué fechas deben entrar en vigor las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quienes ejercen una actividad económica o profesional? → El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
- ¿Qué normas quedan excluidas de esa regla? → Los reales decretos-leyes, y los casos en que el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.
- Dos fechas y solo dos: 2 de enero y 1 de julio. Ojo al día: es 2 de enero, no 1.
- Excepciones: reales decretos-leyes siempre fuera; lo demás, solo con justificación acreditada en la Memoria.
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 24 · De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros
Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros.
1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.
d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.
f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:
1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.
2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Datos clave
- ¿Qué forma revisten las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la de Real Decreto? → La de Acuerdos del Consejo de Ministros (art. 24.1.d).
- ¿Qué forma adopta una disposición ministerial que afecta a varios Departamentos? → Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
- Enuncia la jerarquía de los reglamentos del art. 24.2. → 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
- Seis letras, a)-f): la letra a) corresponde a los Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes que aprueban las normas de los artículos 82 y 86 de la Constitución, y las demás se ordenan por autor: Presidente (b), Consejo de Ministros (c y d), Comisiones Delegadas (e) y Ministros (f).
- Diferencia c) y d): Real Decreto para lo reglamentario y lo que deba revestir esa forma; Acuerdo para todo lo demás del Consejo de Ministros.
- Jerarquía reglamentaria: dos peldaños, Real Decreto por encima de Orden Ministerial.
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 25 · Plan Anual Normativo
Artículo 25. Plan Anual Normativo.
1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.
3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan.
Datos clave
- ¿Qué Ministerio coordina el Plan Anual Normativo? → El Ministerio de la Presidencia (art. 25.4).
- ¿Qué hay que justificar si una norma no estaba en el Plan Anual Normativo? → El hecho, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (art. 25.3).
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 26
Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica. d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia. f) Cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2. h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de especial independencia o autonomía. El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública una vez emitidos el resto de informes que conformen el expediente, a excepción en su caso del dictamen del Consejo de Estado, y antes de ser sometida al órgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. Será además necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. 7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de desarrollo. 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo mínimo de la consulta pública previa? → 15 días naturales (art. 26.2).
- ¿Cuál es el plazo mínimo de la audiencia e información pública, y a cuánto puede reducirse? → 15 días hábiles, reducible a 7 (art. 26.6).
- ¿Qué plazo tienen los informes preceptivos si los emite otra Administración? → Un mes (art. 26.5).
- Mnemotecnia: «naturales para consultar, hábiles para escuchar» — consulta pública en naturales, audiencia pública en hábiles.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 37
Inderogabilidad singular. 1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.
Datos clave
- ¿Puede una resolución particular vulnerar una disposición general dictada por un órgano inferior? → No: la prohibición rige aunque la resolución proceda de un órgano de igual o superior jerarquía.
- ¿Qué consecuencia tiene vulnerar una disposición reglamentaria? → La resolución es nula.
- La clave es «aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía»: la jerarquía no salva la resolución singular.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128
Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.
Datos clave
- ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
- Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, y tampoco pueden regular las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas.
- La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129
Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
- ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
- La STC 55/2018, de 24 de mayo, declaró el art. 129 contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y declaró además la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados del párrafo tercero del apartado 4.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130
Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574
Datos clave
- ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
- ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
- Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
- Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131
Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
Datos clave
- ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
- ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
- Publicar en el diario oficial no es un trámite más: es la condición para que la norma exista jurídicamente.
- Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.
La Constitución como fuente del Derecho: supremacía, valor normativo directo y rigidez
La posición de la Constitución en el sistema de fuentes resulta de su propio articulado y se resume en tres rasgos: supremacía, valor normativo directo y rigidez.
1. Supremacía. Se manifiesta en los siguientes preceptos:
- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1), y la Constitución garantiza la jerarquía normativa (art. 9.3).
- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en ella (disposición derogatoria, apartado 3).
- La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión constitucional; el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción (art. 95).
- El Tribunal Constitucional garantiza esa supremacía frente a la ley: conoce del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1.a), para el que están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas (art. 162.1.a). Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con efectos que en ningún caso serán suspensivos (art. 163).
- Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley tienen plenos efectos frente a todos; salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada (art. 164).
2. Valor normativo directo. Sus preceptos obligan y pueden hacerse valer ante los tribunales:
- Los derechos y libertades del capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que deberá respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1).
- Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos del artículo 14 y de la sección primera del capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2).
- Los principios rectores del capítulo tercero informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3).
3. Rigidez. La Constitución solo puede modificarse por los procedimientos de su Título X:
- Procedimiento ordinario (art. 167): mayoría de tres quintos de cada Cámara, con Comisión paritaria si no hay acuerdo y posibilidad de aprobación por dos tercios del Congreso si el texto obtuvo la mayoría absoluta del Senado; referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en los quince días siguientes.
- Procedimiento agravado (art. 168), para la revisión total o la parcial que afecte al Título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del Título I o al Título II: aprobación del principio por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación y aprobación del nuevo texto por dos tercios de las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
- No puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados del artículo 116 (art. 169).
Datos clave
- Art. 9.1: ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución.
- Art. 95: un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige su previa revisión.
- Art. 162.1.a: legitimados para el recurso de inconstitucionalidad, entre otros, 50 Diputados o 50 Senadores.
- Art. 53.1: los derechos del capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos.
- Reforma: tres quintos (art. 167) o dos tercios con disolución de las Cortes y referéndum (art. 168).