La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: ámbito de actuación, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Especial referencia a la Comunidad de Madrid. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: principios y derechos de las personas. Referencia al Delegado de Protección de Datos, y al responsable y encargado del tratamiento. Especialidades en el Sector Público.
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Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Datos clave
- Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
- Regula y garantiza el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
- Establece las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.
e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.
2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
Datos clave
- El título de transparencia se aplica a la Administración General del Estado, a las de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, y a las entidades de la Administración Local, entre otros sujetos.
- También a sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por las Administraciones.
- A estos efectos, son Administraciones Públicas los organismos y entidades de las letras a) a d) del apartado 1.
Artículo 3. Otros sujetos obligados.
Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:
a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Datos clave
- Se les aplican las disposiciones del capítulo II del título (publicidad activa).
- Sujetos incluidos: partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
- Entidades privadas con ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros durante el período de un año.
- También las que reciban al menos el 40 % de sus ingresos anuales como ayuda o subvención pública.
- En el supuesto del 40 %, deben alcanzar como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Artículo 4. Obligación de suministrar información.
Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.
Datos clave
- Quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, la información necesaria a la Administración a la que estén vinculados.
- La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos del contrato.
Artículo 5. Principios generales.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Datos clave
- Los sujetos del artículo 2.1 publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia.
- Límites aplicables: los del artículo 14 y, especialmente, la protección de datos del artículo 15.
- Datos especialmente protegidos: publicidad solo previa disociación.
- Publicación en sedes electrónicas o páginas web, de forma clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
- Entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente sociales o culturales y presupuesto inferior a 50.000 euros: pueden usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas.
- Información comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad.
Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.
En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.
Datos clave
- Publicación de funciones, normativa aplicable y estructura organizativa.
- Organigrama actualizado con responsables, perfil y trayectoria profesional.
- Las Administraciones publican planes y programas anuales y plurianuales.
- Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento, con indicadores.
- En la AGE evalúan el cumplimiento las inspecciones generales de servicios.
Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.
El artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula el registro de actividades de tratamiento como obligación de publicidad activa.
Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.
Datos clave
- Obligados: los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
- Deben publicar su inventario de actividades de tratamiento.
- La obligación se aplica en virtud del artículo 31 de esa Ley Orgánica.
Artículo 7. Información de relevancia jurídica.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
Datos clave
- Las Administraciones publican directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
- También los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y de reglamentos, y las memorias de los expedientes normativos.
- Y los documentos que deban someterse a información pública durante su tramitación.
Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (apartado 1, letras d) a i), y apartados 2 y 3).
d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
Datos clave
- Se publican los presupuestos y su ejecución, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización.
- También las retribuciones anuales de los altos cargos, las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.
- Las Administraciones publican la relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que tengan algún derecho real.
Artículo 9. Control.
1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Datos clave
- El cumplimiento de la publicidad activa por la Administración General del Estado lo controla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa es infracción grave a efectos disciplinarios.
Artículo 10. Portal de la Transparencia.
1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.
2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.
Datos clave
- La Administración General del Estado desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
- El Portal incluye la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
Artículo 11. Principios técnicos.
El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:
a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.
Datos clave
- Principios técnicos del Portal de la Transparencia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- La interoperabilidad se ajusta al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).
Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.
Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.
Datos clave
- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.
- El derecho se ejerce en los términos del artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la Ley 19/2013.
- En el ámbito de sus competencias se aplica también la normativa autonómica correspondiente.
Artículo 13. Información pública.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, en poder de los sujetos del título.
- Han de haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
Datos clave
- El acceso puede limitarse por perjuicio, entre otros, para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.
- También para la prevención e investigación de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y las funciones de vigilancia, inspección y control.
- Y para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la confidencialidad en la toma de decisiones y el medio ambiente.
- La aplicación de los límites será justificada y proporcionada, atendiendo a un posible interés público o privado superior.
- Las resoluciones que apliquen límites se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas.
Artículo 15. Protección de datos personales.
El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula cómo se ponderan los datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.
1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.
2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
Datos clave
- Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiese hecho manifiestamente públicos.
- Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley.
- Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
- Sin datos especialmente protegidos, el acceso exige una ponderación suficientemente razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
- Entre los criterios de ponderación figuran los plazos del artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y los fines históricos, científicos o estadísticos.
- No se aplican estas reglas si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales.
- El tratamiento posterior de los datos obtenidos se somete a la normativa de protección de datos.
Artículo 16. Acceso parcial.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
Datos clave
- Procede cuando los límites del artículo 14 no afectan a la totalidad de la información.
- Se concede el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite.
- Excepción: que resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
- Debe indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.
Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.
2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.
Datos clave
- La solicitud se dirige al titular del órgano o entidad que posea la información.
- Constancia de: identidad, información solicitada, dirección de contacto y, en su caso, modalidad de acceso.
- El solicitante no está obligado a motivar la solicitud.
- La falta de motivación no es por sí sola causa de rechazo.
- Puede usarse cualquier lengua cooficial del territorio de la Administración.
Artículo 18. Causas de inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
Datos clave
- Las causas de inadmisión se aplican mediante resolución motivada.
- Se inadmite la información en curso de elaboración o de publicación general y la de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos).
- También la que requiera una acción previa de reelaboración.
- Y las solicitudes dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente, o las manifiestamente repetitivas o abusivas.
- En el caso de órgano sin la información, la resolución debe indicar el órgano que se considera competente.
Artículo 19. Tramitación.
1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.
Datos clave
- Información que no obra en poder del sujeto: se remite al competente, si lo conociera, y se informa al solicitante.
- Solicitud imprecisa: plazo de diez días para concretarla, con advertencia de desistimiento.
- Terceros afectados debidamente identificados: plazo de quince días para alegaciones.
- En ambos casos se suspende el plazo para dictar resolución y se informa al solicitante.
- Información elaborada en su integridad o parte principal por otro: se le remite la solicitud para que decida sobre el acceso.
Artículo 20. Resolución.
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.
3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.
6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Datos clave
- Plazo máximo para notificar la resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad.
- Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.
- Las resoluciones son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24.
- El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo es infracción grave a efectos disciplinarios.
Artículo 21. Unidades de información.
1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.
b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.
3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
Datos clave
- Las Administraciones establecen sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información en su organización interna.
- En la Administración General del Estado existen unidades especializadas que, entre otras funciones, reciben y tramitan las solicitudes y llevan su registro.
Artículo 22. Formalización del acceso.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Datos clave
- El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica; si no puede darse con la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días.
- Si hubo oposición de tercero, el acceso se produce cuando transcurre el plazo para el recurso contencioso-administrativo sin interponerlo o cuando se confirma el derecho.
- El acceso es gratuito; las copias o el cambio de formato pueden generar exacciones.
Artículo 23. Recursos.
1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
Datos clave
- La reclamación del artículo siguiente es sustitutiva de los recursos administrativos.
- Se fundamenta en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- Contra las resoluciones de los órganos del artículo 2.1.f) solo cabe recurso contencioso-administrativo.
Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.
Datos clave
- Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
- Plazo de interposición: un mes.
- Audiencia a terceros afectados cuando la denegación se basa en sus derechos o intereses.
- Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses; silencio desestimatorio.
- El Presidente del Consejo comunica las resoluciones al Defensor del Pueblo.
- Las CCAA pueden atribuir la competencia a un órgano específico.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 4
Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.
Datos clave
- ¿Quién asume la responsabilidad si un intermediario transmite datos incorrectos al responsable? → El propio mediador o intermediario.
- ¿Qué requisito debe cumplir siempre el responsable para no responder de la inexactitud? → Haber adoptado todas las medidas razonables para suprimir o rectificar los datos sin dilación.
- Cuatro fuentes exculpatorias: afectado, intermediario, portabilidad, registro público — mnemotecnia 'AIPR'.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 5
Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo dura el deber de confidencialidad del art. 5? → Se mantiene aunque haya finalizado la relación con el responsable o encargado del tratamiento.
- ¿A quién obliga el deber de confidencialidad? → A responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
- La confidencialidad no caduca con el contrato: sigue después de dejar el puesto.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 6
Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 6.1 el consentimiento del afectado? → Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante declaración o clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
- ¿A qué no puede supeditarse la ejecución del contrato? → A que el afectado consienta el tratamiento de datos para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
- Cuatro adjetivos y van en bloque: libre, específica, informada e inequívoca. Si falla uno, no hay consentimiento.
- Tres palabras en el apartado 3 marcan el límite: mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 7
Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
Datos clave
- Según el artículo 7.2 de la LO 3/2018, ¿quién debe consentir para basar en consentimiento el tratamiento de datos de una persona de trece años? → El titular de la patria potestad o tutela.
- ¿Qué excepción establece el artículo 7.1 al consentimiento del menor mayor de catorce años? → Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 8
Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
Datos clave
- ¿Qué exige el art. 8.2 para fundar un tratamiento en interés público o poderes públicos? → Que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
- ¿Qué puede imponer la norma que ampara un tratamiento por obligación legal? → Condiciones generales del tratamiento, tipos de datos, cesiones y medidas adicionales de seguridad del capítulo IV RGPD.
- El apartado 1 del art. 8 admite una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley; el apartado 2 exige siempre una norma con rango de ley.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 9
Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.
Datos clave
- ¿Basta el consentimiento para tratar datos con la finalidad principal de identificar la ideología del afectado? → No; se necesita apoyarse en otro de los supuestos del art. 9.2 RGPD.
- ¿Qué necesitan los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD? → Estar amparados en una norma con rango de ley.
- Consentimiento + finalidad de identificar ideología/sindicato/religión/orientación sexual/creencias/etnia = NO es suficiente por sí solo.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 10
Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿Quiénes pueden tratar datos penales sin necesitar una norma que lo ampare expresamente? → Abogados y procuradores, con los datos que les facilitan sus clientes para ejercer sus funciones.
- ¿Dónde se regula el registro completo de datos de condenas e infracciones penales? → En la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
- La única excepción sin norma expresa: abogados y procuradores, y solo con los datos de sus clientes para su función.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 11
Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos.
Datos clave
- ¿Qué dos datos se añaden a la información básica cuando los datos no proceden del afectado? → Las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieron.
- ¿Qué debe saber el afectado si sus datos se usan para elaborar perfiles? → Esa circunstancia y su derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD.
- Misma información básica en los dos casos; cuando el dato no viene del afectado se suman categorías + fuente.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 12
Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.
Datos clave
- ¿Sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de derechos? → Sobre el responsable del tratamiento (art. 12.4).
- ¿Hasta qué edad ejercen los titulares de la patria potestad los derechos en nombre del menor? → Hasta los catorce años: en nombre de los menores de catorce años.
- ¿Puede el encargado tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos? → Sí, por cuenta del responsable, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
- La edad que se pregunta aquí es catorce, no dieciocho: menores de catorce años actúan por medio de quien tenga la patria potestad.
- Gratuidad con excepciones tasadas: arts. 12.5 y 15.3 del RGPD y apartados 3 y 4 del art. 13 de esta ley.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 13
Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.
Datos clave
- ¿En qué plazo se puede calificar de repetitivo el ejercicio del derecho de acceso? → Si se ejerce más de una vez en 6 meses, salvo causa legítima.
- ¿Quién asume el exceso de coste si el afectado elige un medio distinto y desproporcionado? → El propio afectado.
- El plazo clave es 6 meses: repetir el acceso antes, sin causa legítima, permite calificarlo de repetitivo.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 14
Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.
Datos clave
- ¿Qué dos cosas debe indicar el afectado al pedir la rectificación? → A qué datos se refiere y la corrección que debe realizarse.
- Dos requisitos de la solicitud: qué dato + qué corrección; si hace falta, prueba documental.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 15
Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.
Datos clave
- ¿Qué puede conservar el responsable tras una supresión por oposición a la mercadotecnia directa? → Los datos identificativos necesarios para impedir tratamientos futuros con esa finalidad.
- Paradoja útil: para no volver a contactarte, el responsable puede seguir guardando tus datos identificativos, solo para bloquearte.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 16
Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.
Datos clave
- ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 16 LOPDGDD para regular el derecho a la limitación del tratamiento? → Al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
- Según el art. 16.2 LOPDGDD, ¿dónde debe constar que un tratamiento está limitado? → Claramente en los sistemas de información del responsable del tratamiento.
- Solo tiene 2 apartados: (1) remisión al art. 18 RGPD y (2) obligación de que conste en los sistemas del responsable.
- Como pista de examen: si preguntan por el contenido del derecho de limitación, la respuesta está en el RGPD; si preguntan por la obligación de constancia, está en este artículo.
Artículo 17. Derecho a la portabilidad.
El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018 regula el derecho a la portabilidad.
- La Ley Orgánica no desarrolla un régimen propio: se remite al Reglamento europeo.
- El derecho a la portabilidad se ejerce de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 18
Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para el derecho de oposición? → Al artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
- ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles? → Al artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
- El artículo respeta el orden: primero cita el derecho de oposición junto al art. 21, luego las decisiones automatizadas junto al art. 22 (van correlativos: 21 y 22).
Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:
a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.
b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.
c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas.
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.
e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad.
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.
g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección.
h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación.
Datos clave
- Responsables y encargados determinan las medidas técnicas y organizativas apropiadas teniendo en cuenta los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679.
- Las medidas deben garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, la ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial.
- Deben valorar si procede la evaluación de impacto y la consulta previa de la Sección 3 del Capítulo IV del Reglamento.
- El apartado 2 enumera ocho supuestos de mayor riesgo, letras a) a h).
- Son de mayor riesgo, entre otros, el tratamiento de grupos en situación de especial vulnerabilidad, en particular menores de edad y personas con discapacidad.
- También el tratamiento masivo y las transferencias habituales a terceros Estados u organizaciones internacionales sin nivel adecuado de protección declarado.
- La elaboración de perfiles personales y el tratamiento no meramente incidental de categorías especiales de datos son supuestos de mayor riesgo.
Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
Datos clave
- El artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018 regula los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
- Desarrolla la determinación de responsabilidades del artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
- El criterio es atender a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea.
1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.
Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda.
2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.
Datos clave
- Se aplica a responsables o encargados no establecidos en la Unión Europea a los que el Reglamento resulte aplicable por su artículo 3.2, cuando el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España.
- La AEPD o, en su caso, las autoridades autonómicas pueden imponer al representante las medidas del Reglamento, solidariamente con el responsable o encargado.
- Queda a salvo la acción de repetición del representante frente a quien proceda.
- En la responsabilidad del artículo 82 del Reglamento, responsables, encargados y representantes responden solidariamente de los daños y perjuicios.
Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.
2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.
Datos clave
- Responsables, encargados o sus representantes mantienen el registro de actividades del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo la excepción de su apartado 5.
- El registro puede organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y especifica las actividades según sus finalidades.
- Si hay delegado de protección de datos, se le comunica cualquier adición, modificación o exclusión del registro.
- Los sujetos del artículo 77.1 hacen público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos.
- El inventario incluye la información del artículo 30 del Reglamento y su base legal.
Artículo 32. Bloqueo de los datos.
1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.
Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.
3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior.
4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.
5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento.
Datos clave
- El responsable está obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- El bloqueo es la identificación y reserva de los datos para impedir su tratamiento, incluida su visualización.
- Solo pueden ponerse a disposición de jueces y tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular autoridades de protección de datos.
- Esa puesta a disposición es solo por el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades; transcurrido, los datos se destruyen.
- Si el sistema no permite el bloqueo o exige un esfuerzo desproporcionado, se hace un copiado seguro que acredite autenticidad, fecha del bloqueo y no manipulación.
- La AEPD y las autoridades autonómicas pueden fijar excepciones a la obligación de bloqueo por riesgo elevado o coste desproporcionado.
Artículo 33. Encargado del tratamiento.
1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.
Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista.
4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.
5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- El acceso del encargado a los datos necesarios para prestar un servicio al responsable no es comunicación de datos si se cumple la normativa.
- Es responsable, y no encargado, quien en su propio nombre y sin constar que actúa por cuenta de otro establezca relaciones con los afectados, salvo en los encargos de la contratación del sector público.
- También es responsable quien, figurando como encargado, utilice los datos para sus propias finalidades.
- Al finalizar el servicio, el responsable decide si los datos se destruyen, se devuelven o se entregan a un nuevo encargado.
- No procede la destrucción si una previsión legal obliga a conservarlos: se devuelven al responsable.
- El encargado puede conservar los datos debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades.
- En el sector público las competencias de encargado pueden atribuirse a un órgano mediante norma reguladora con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento.
Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.
4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.
5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.
Datos clave
- Es obligatorio designar delegado en los supuestos del artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, en las entidades de las letras a) a o).
- Entre ellas: colegios profesionales, centros docentes y Universidades, entidades de crédito, aseguradoras, empresas de seguridad privada y federaciones deportivas que traten datos de menores.
- Los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas deben designarlo, salvo los profesionales de la salud que ejerzan a título individual.
- Los no obligados pueden designarlo voluntariamente, con sujeción al mismo régimen.
- Designaciones, nombramientos y ceses se comunican en el plazo de diez días a la AEPD o a las autoridades autonómicas, sea la designación obligatoria o voluntaria.
- La AEPD y las autoridades autonómicas mantienen una lista actualizada de delegados accesible por medios electrónicos.
- La dedicación del delegado puede ser completa o a tiempo parcial según el volumen, la categoría especial de los datos o los riesgos.
Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.
Datos clave
- El artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018 se refiere a los requisitos del artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
- El delegado de protección de datos puede ser persona física o jurídica.
- Su cualificación puede demostrarse, entre otros medios, mediante mecanismos voluntarios de certificación.
- La certificación tendrá particularmente en cuenta una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica de protección de datos.
Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos.
1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.
3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.
4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.
Datos clave
- El delegado es el interlocutor del responsable o encargado ante la AEPD y las autoridades autonómicas.
- Puede inspeccionar los procedimientos y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
- Si es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo dolo o negligencia grave.
- Se garantiza su independencia y debe evitarse cualquier conflicto de intereses.
- Tiene acceso a datos y procesos sin que pueda oponérsele deber de confidencialidad o secreto, incluido el del artículo 5.
- Ante una vulneración relevante, la documenta y la comunica inmediatamente a los órganos de administración y dirección.
Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.
1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.
En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.
2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos.
Datos clave
- Si hay delegado designado, el afectado puede dirigirse a él con carácter previo a reclamar ante la AEPD o las autoridades autonómicas.
- El delegado comunica al afectado la decisión en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la reclamación.
- Presentada la reclamación ante la autoridad, esta puede remitirla al delegado para que responda en el plazo de un mes.
- Si el delegado no comunica la respuesta en ese plazo, la autoridad continúa el procedimiento conforme al Título VIII.
- El procedimiento ante la AEPD es el del Título VIII de la ley orgánica; las comunidades autónomas regulan el de sus autoridades.
LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 77
Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento. 1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados: a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos. b) Los órganos jurisdiccionales. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local. d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. e) Las autoridades administrativas independientes. f) El Banco de España. g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público. h) Las fundaciones del sector público. i) Las Universidades Públicas. j) Los consorcios. k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales. 2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda. 4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo. 6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción. Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica.
Datos clave
- ¿Qué dicta la autoridad de protección de datos cuando un ente público de los enumerados en el art. 77.1 comete una infracción? → Una resolución declarando la infracción y, en su caso, las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos (art. 77.2).
- ¿Cuándo se incluye una amonestación con denominación del cargo responsable? → Cuando la infracción sea imputable a autoridades y directivos y se acredite que no atendieron debidamente informes técnicos o recomendaciones sobre el tratamiento (art. 77.3).
LO 3/2018 Protección de Datos · Disp. adicional octava
Disposición adicional octava. Potestad de verificación de las Administraciones Públicas.
Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.
Datos clave
- Cuando el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario puede hacer las verificaciones necesarias para comprobar su exactitud, en el ejercicio de sus competencias.
LO 3/2018 Protección de Datos · Disp. adicional primera
Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público.
1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse en caso de tratamiento de datos personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado.
En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con las de la Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad.
Datos clave
- El Esquema Nacional de Seguridad incluye las medidas para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado de los datos personales tratados.
- Los responsables del artículo 77.1 aplican las medidas del Esquema Nacional de Seguridad e impulsan medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas sujetas al Derecho privado.
- Si un tercero presta un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponden con las de la Administración de origen.
LO 3/2018 Protección de Datos · Disp. adicional segunda
Disposición adicional segunda. Protección de datos y transparencia y acceso a la información pública.
La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
Datos clave
- La publicidad activa y el acceso a la información pública del Título I de la Ley 19/2013, y la publicidad activa autonómica, se someten a los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, al Reglamento (UE) 2016/679 y a la LO 3/2018 cuando la información contenga datos personales.
LO 3/2018 Protección de Datos · Disp. adicional septima
Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos.
1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse.
Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con competencia en la materia.
Datos clave
- Al publicar un acto con datos personales se identifica al afectado con nombre y apellidos más cuatro cifras numéricas aleatorias de su DNI, NIE, pasaporte o documento equivalente.
- Si se afecta a varias personas, las cifras aleatorias deben alternarse.
- En la notificación por anuncios (artículo 44 de la Ley 39/2015) se identifica al afectado exclusivamente con el número completo de su documento.
- En ningún caso se publican conjuntamente el nombre y apellidos y el número completo del documento.
Ley 10/2019 · Art. 1
Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto la regulación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública y la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
Datos clave
- La Ley 10/2019 regula en la Comunidad de Madrid la transparencia en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
- También regula la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
Ley 10/2019 · Art. 2
Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a: a) La Administración pública de la Comunidad de Madrid. b) Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional a que se refiere la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. c) Las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. d) Las asociaciones constituidas por la Administración pública de la Comunidad de Madrid y por los demás organismos y entidades previstos en este apartado. e) Las empresas públicas, que por ejercer una posición dominante, en los términos establecidos en la legislación estatal, hayan sido adscritas al sector público autonómico. f) En los términos establecidos en la disposición adicional octava, las entidades que integran la Administración local, las asociaciones, fundaciones y demás entes constituidos por las entidades locales, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como las empresas públicas que por ejercer una posición dominante, conforme a la legislación estatal, hayan sido adscritas al sector público local. 2. Serán también de aplicación las disposiciones de la presente Ley a las universidades públicas y a los organismos o entidades vinculadas o dependientes de ellas, en los términos establecidos en la disposición adicional octava. 3. Asimismo, en la actividad sujeta al Derecho administrativo, será aplicable a: a) La Asamblea de Madrid, en los términos de la disposición adicional sexta. b) La Cámara de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional séptima. c) Las Corporaciones de Derecho público madrileñas. d) Las federaciones y clubes deportivos.
Datos clave
- El ámbito del apartado 1 incluye la Administración de la Comunidad de Madrid, su administración institucional, fundaciones, consorcios y entes del sector público, asociaciones constituidas por ellos y empresas públicas adscritas por posición dominante.
- Las entidades locales y las universidades públicas se rigen por los términos de la disposición adicional octava.
- La Asamblea de Madrid (disposición adicional sexta) y la Cámara de Cuentas (disposición adicional séptima) quedan incluidas en su actividad sujeta al Derecho administrativo.
- También se aplica, en esa actividad, a las Corporaciones de Derecho público madrileñas y a las federaciones y clubes deportivos.
Ley 10/2019 · Art. 3
Otros sujetos obligados.
1. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario, estarán sujetas, además de a las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, a las exigencias específicas de publicidad de la información que puedan establecerse, de entre las previstas en el Título II, en las disposiciones de desarrollo de esta Ley y las correspondientes convocatorias, en los supuestos siguientes:
a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, en todo caso.
b) Las entidades privadas que perciban dichas ayudas o subvenciones en una cuantía superior 60.000 euros o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
En todo caso, las exigencias de publicidad de la información que puedan establecerse habrán de respetar la naturaleza privada de estas entidades y las finalidades que las mismas tienen reconocidas.
2. Las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales establecerán la información que deben publicar estas entidades, de entre la prevista en el Título II, para colaborar en la prestación de los mencionados servicios financiados con fondos públicos. La relación de la información que deben publicar estas entidades incluirá al menos, en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan, los importes básicos de la concesión (canon y/o precio inicial de licitación), las condiciones de la misma, el seguimiento de las infracciones, las modificaciones económicas que se realicen y su justificación, así como las sanciones o informes de seguimiento establecidos.
3. Las personas o entidades obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, lo harán en los términos establecidos en el Título IV.
4. El Gobierno de la Comunidad de Madrid publicará anualmente en el Portal de Transparencia un listado de los sujetos incluidos dentro de este artículo, clasificados según el grupo al que pertenezcan.
Datos clave
- Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales con ayudas o subvenciones de la Comunidad quedan sujetos en todo caso.
- Las entidades privadas lo están si reciben más de 60.000 euros, o si las ayudas son al menos el 30 % de sus ingresos anuales y alcanzan como mínimo 5.000 euros.
- El Gobierno publica anualmente en el Portal de Transparencia un listado de estos sujetos, clasificados por grupo.
- Los obligados a inscribirse en el Registro de Transparencia lo hacen según el Título IV.
Ley 10/2019 · Art. 4
Personas obligadas a suministrar información. 1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las de los artículos anteriores, que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o actúen como agentes colaboradores estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo, entidad o sujeto de los previstos en los artículos 2 y 3 al que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de 10 días desde el acuse de recibo de la petición, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones establecidas en esta Ley. 2. La obligación prevista en el apartado anterior será exigible a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos recogidos en el respectivo contrato. 3. En las licitaciones públicas en las que resulte de aplicación la obligación de suministro de la información prevista en los apartados anteriores se hará constar la misma en la documentación en la que se establecen las condiciones contractuales. Asimismo, en los pliegos de cláusulas, condiciones o prescripciones técnicas deberán establecerse expresamente la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo o entidad adjudicataria y al público en general a través de la web del Perfil del Contratante y el portal o página web propia.
Datos clave
- Quien presta servicios públicos, ejerce potestades administrativas o es agente colaborador debe suministrar la información en 10 días desde el acuse de recibo del requerimiento.
- La obligación es exigible a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos del contrato.
- Las licitaciones deben hacer constar esta obligación en la documentación contractual, y los pliegos fijarán la forma de poner la información a disposición.
Ley 10/2019 · Art. 5
Definiciones.
A los efectos de la presente Ley se entiende por:
a) Transparencia: la acción administrativa, proactiva y permanente de los sujetos obligados por esta Ley, del deber de dar a conocer, elaborar, actualizar, copiar, difundir, publicar, y poner a disposición de cualquier persona, también previa solicitud, de manera accesible, la información pública que posean y de dar a conocer el proceso y las decisiones adoptadas prevista en esta Ley, en el ejercicio de sus competencias, sin más limitaciones que las establecidas legalmente.
b) Información pública: los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.
c) Acceso a la información pública: derecho subjetivo de carácter universal, que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información veraz que obre en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título, sin más requisitos y condiciones que los establecidos en la legislación vigente.
d) Portal de Transparencia: espacio en el sitio web del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que tiene por objeto, conforme a las definiciones de este artículo, centralizar, publicar, facilitar y poner a disposición de cualquier persona, toda clase de servicios y la información que deba hacerse pública de acuerdo con esta Ley, relacionada con la Comunidad de Madrid. Igualmente tendrá por objeto el ejercicio del derecho de acceso a la información y participación.
e) Publicidad activa: obligación de difundir la información pública y de garantizar la transparencia de la actividad pública de oficio, de forma permanente y veraz, atendiendo a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título II.
f) Personas o entidades obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia: personas o entidades sea cual sea su estatuto jurídico, que, desarrollando sus actividades en la Comunidad de Madrid, realizan actuaciones de participación activa en políticas públicas o en procesos de toma de decisiones, con la finalidad de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 en defensa de intereses propios, de terceras personas, organizaciones o intereses generales.
g) Datos abiertos: Aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, sin necesidad de permisos específicos o licencias, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría, conforme a la legislación vigente.
h) Participación y colaboración ciudadana: la intervención individual o colectiva de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas mediante instrumentos y procesos que permitan su comunicación con las entidades públicas.
Datos clave
- El artículo define ocho conceptos de la letra a) a la h): transparencia, información pública, acceso a la información pública, Portal de Transparencia, publicidad activa, personas obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia, datos abiertos y participación y colaboración ciudadana.
- El acceso a la información pública es un derecho subjetivo de carácter universal.
- La publicidad activa consiste en difundir la información de oficio, de forma permanente y veraz.
- El Portal de Transparencia es un espacio en el sitio web del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ley 10/2019 · Art. 6
Principios técnicos.
La interpretación y aplicación de la Ley se regirá por los siguientes principios:
a) Principio de transparencia pública, en virtud del cual toda la información pública, es accesible en los términos y con los límites establecidos en la Ley.
b) Principio de libre acceso a la información pública, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública. Toda información pública es en principio accesible y el acceso sólo puede restringirse, motivadamente, en los supuestos previstos legalmente.
c) Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser cierta, exacta y trazable.
d) Principio de accesibilidad, en virtud del cual la información estará a disposición de todas las personas, con independencia de si tienen o no algún tipo de discapacidad, de modo que se proporcionará por medios o formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensible, facilitando su identificación y su búsqueda, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
e) Principio de gratuidad, en virtud del cual el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio de las tasas previstas legalmente por la expedición de copias o la transposición de la información a formatos diferentes del original.
f) Principio de reutilización, en virtud del cual se promoverá que la información sea publicada en formatos y bajo condiciones y licencias que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, debiendo utilizarse estándares de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
La información pública podrá ser reutilizada con cualquier objetivo legítimo, en especial la reproducción y divulgación, por cualquier medio, de los datos objeto de publicidad activa y la creación de productos o servicios de información basados en estos datos.
g) Principio de participación ciudadana, en virtud del cual se promueve y garantiza la implicación de la ciudadanía en la planificación, el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como en la toma de decisiones.
h) Principio de inscripción única, en virtud del cual:
1. o Se facilitará que los ciudadanos puedan realizar las gestiones establecidas en esta Ley a través de la Administración que le sea más cercana.
2. o Las Administraciones públicas facilitarán la interconexión e interoperabilidad de todas aquellas gestiones que aun afectando a distintos departamentos tienen un mismo objetivo, con salvaguardia de las competencias en la gestión de cada uno de ellos.
i) Principio de neutralidad tecnológica, que impone la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento y el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática.
Datos clave
- El artículo enumera principios en las letras a) a i): transparencia pública, libre acceso, veracidad, accesibilidad, gratuidad, reutilización, participación ciudadana, inscripción única y neutralidad tecnológica.
- ¿Qué impone la neutralidad tecnológica? → La utilización y promoción de software de código abierto y de estándares abiertos y neutrales.
- La veracidad exige que la información sea cierta, exacta y trazable.
- La gratuidad se entiende sin perjuicio de las tasas por expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.
Ley 10/2019 · Art. 7
Publicidad de la información. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán cumplir con la obligación de garantizar la publicidad activa en su actuación pública. A tal efecto, dispondrán de un portal o página web, en el que poder publicar, de modo comprensible, estructurado y actualizado la información pública en los términos del presente Título.
Datos clave
- Los sujetos obligados deben garantizar la publicidad activa y disponer de un portal o página web.
- La información se publica de modo comprensible, estructurado y actualizado.
Ley 10/2019 · Art. 8
Obligación de transparencia.
1. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, los sujetos incluidos en el artículo 2 deberán:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas, páginas web o portales propios, un directorio de la información relativa a la organización, los responsables, las materias y actividades de su interés, ordenada por tipos y categorías para facilitar su comprensión y accesibilidad, así como aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, con indicación expresa de la fecha en que se actualizó por última vez y, si es posible, de la fecha en que ha de volver a actualizarse.
b) Elaborar y difundir en su página web o portal propio un índice de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
c) Establecer y mantener medios de consulta de la información solicitada, incluyendo en todo caso un buscador que permita acceder de forma rápida a cualquier archivo y que incorpore mecanismos de alerta sobre datos que se han actualizado.
d) Establecer mecanismos de gestión de información adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, la geolocalización, la reutilización y la divulgación de la información pública.
e) Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Difundir los derechos que reconoce esta Ley a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
h) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
2. Toda la información prevista en esta Ley estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
3. Cada sujeto obligado es responsable de la información que incluye en su página web, portal de transparencia y de la que incorpora al Portal de Transparencia de la Comunidad, en cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
Datos clave
- Los sujetos del artículo 2 deben difundir un directorio de información, con indicación expresa de la fecha de su última actualización, y un índice de la información pública que obre en su poder.
- Deben mantener un buscador con mecanismos de alerta sobre datos actualizados.
- La información se publica con lenguaje no sexista ni discriminatorio.
- Toda la información debe estar a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible.
- Cada sujeto obligado es responsable de la información que incluye en su web, en su portal de transparencia y en el Portal de la Comunidad.
Ley 10/2019 · Art. 9
Protección de datos de carácter personal. 1. A la información sujeta a publicación de acuerdo con lo establecido en el presente Título le serán de aplicación los límites del derecho de acceso a la información pública previstos en la legislación de la protección de datos de carácter personal. La interpretación de este límite se adaptará, a los sucesivos criterios establecidos por el Consejo de la Transparencia y Participación, el cual los llevará a cabo de conformidad con el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos. 2. Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, a criterio del Consejo de la Transparencia y Participación, la publicación sólo se llevará a efecto previa anonimización, en su caso, de los mismos, ya sea por disociación o por agregación estadística.
Datos clave
- A la información sujeta a publicación se le aplican los límites del derecho de acceso previstos en la legislación de protección de datos personales.
- Si contiene datos especialmente protegidos, a criterio del Consejo de la Transparencia y Participación, solo se publica previa anonimización, por disociación o por agregación estadística.
Ley 10/2019 · Art. 10
Información institucional.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en lo que les sea aplicable, facilitarán y mantendrán actualizada la información general, en la que se ofrecerá la información institucional y aquella otra que se considere relevante.
2. En la información de carácter institucional, se recogerá de forma que sea accesible a todas las personas:
a) El Estatuto de Autonomía y las normas que les sean de aplicación y, en particular, los estatutos y normas de organización y funcionamiento.
b) La estructura organizativa de sus instituciones, detallando su composición, sus funciones y competencias, así como las reglas básicas de funcionamiento.
c) La composición, funciones y funcionamiento básico de su gobierno.
d) En el caso de la Comunidad de Madrid, los enlaces a las páginas web de todos los sujetos comprendidos en el artículo 2.
Cuando los enlaces sean a las páginas web de los Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, en todo caso, deberán contener la composición, funciones y funcionamiento básico y medios de contacto de los Ayuntamientos.
e) Las agendas completas de trabajo y de reuniones de los responsables públicos en los términos desarrollados en el apartado 4 de este artículo.
3. Asimismo, y sin perjuicio del secreto o reserva de las deliberaciones de sus órganos de gobierno, se harán públicos todos sus acuerdos, así como los acuerdos suscritos con los sindicatos y organizaciones empresariales. Se adjuntarán en la misma publicación los documentos aprobados que desarrollen los acuerdos suscritos.
4. A los efectos señalados en el apartado 2.e) de este artículo se deberán seguir los siguientes criterios interpretativos:
a) En caso de que esta información pudiera contener datos personales de categoría especial, en particular en atención a la naturaleza de las entidades participantes en la reunión, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 35.1.
b) Si la información no contuviera datos personales de categoría especial y se refiriese a miembros del gobierno, altos cargos, directivos públicos, profesionales, empleados públicos o personal de sujetos obligados por esta Ley, se facilitarán únicamente los datos personales identificativos de los participantes que tuvieran, al menos, la condición de titulares de responsabilidades administrativas hasta el nivel de subdirecciones generales o unidades asimiladas, los titulares de los organismos directivos de las entidades de carácter institucional, las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de su Administración pública, que tengan atribuida la condición de directivos en los estatutos o normativa reguladora de éstos así como el personal eventual que desarrolle funciones que incidan en el proceso de toma de decisiones de la entidad.
c) En los restantes supuestos, la información del personal estatutario se limitará a la identificación de los sujetos por razón de su cargo y la condición en la que asisten.
d) Si la agenda de trabajo o reunión hiciese referencia a los sujetos inscritos en el Registro de Transparencia, la información identificativa se limitaría al documento que acredite su identificación y la materia a tratar.
Celebrada la reunión o audiencia se incluirá además, el canal de comunicación empleado, así como la relación tanto de informes como de otros documentos aportados relativos a las materias tratadas.
e) Cuando las reuniones se celebren con personas físicas no obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia deberá ponderarse en cada caso la procedencia del otorgamiento del acceso atendiendo a la condición de dicha persona y la condición en que asiste a la reunión (persona experta, particular, etc.), sin que sea posible establecer un criterio general de ponderación en estos casos.
f) Igualmente podrá facilitarse la información referida a otras personas, no incluidas en los anteriores criterios, si las mismas cumplen con las bases legitimadoras establecidas para las Administraciones públicas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
g) En todo caso, los criterios anteriores se adaptarán a las nuevas interpretaciones que de los mismos pudieran adoptar conjuntamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, conforme establece la disposición adicional quinta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5. La información institucional ofrecida en las diferentes webs referidas en este artículo deberá mostrarse durante al menos 4 años, incluyendo cuando sea posible el histórico de cambios que haya podido sufrir durante este período y poniendo a disposición la información anterior.
Datos clave
- La información institucional incluye el Estatuto de Autonomía, la estructura organizativa, la composición y funciones del gobierno, los enlaces a las webs de los sujetos del artículo 2 y las agendas completas de trabajo y reuniones de los responsables públicos.
- Se publican todos los acuerdos, sin perjuicio del secreto o reserva de las deliberaciones, y los acuerdos suscritos con sindicatos y organizaciones empresariales.
- ¿Durante cuánto tiempo debe mostrarse la información institucional en las webs? → Al menos 4 años, con el histórico de cambios cuando sea posible.
- En las agendas sin datos de categoría especial, se facilitan únicamente los datos identificativos de determinados participantes, como los titulares de responsabilidades administrativas hasta el nivel de subdirecciones generales o unidades asimiladas.
Ley 10/2019 · Art. 11
Información en materia organizativa.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 3, en materia organizativa, harán pública y mantendrán actualizada la información que les afecte sobre los siguientes extremos:
a) Los departamentos, concejalías o consejerías, detallando las áreas funcionales que le corresponden, los órganos superiores, territoriales y colegiados, así como los organismos y entidades públicas adscritas, las competencias y funciones de sus órganos, las personas titulares de los mismos y la relación de puestos de trabajo de los departamentos, concejalías o consejerías con carácter semestral.
b) Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional, especificando las funciones y competencias, los recursos que financian sus actividades, régimen presupuestario y contable, los órganos de dirección y su composición, y personas titulares de los mismos.
c) Las unidades administrativas a nivel de servicio, de cada uno de los órganos superiores, territoriales o directivos, especificando su responsable y las funciones que tiene atribuidas.
En caso de nivel inferior a la subdirección general se especificará sólo el cargo y las funciones que tiene atribuidas.
d) Las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Administración pública en la que participe, especificando el objeto social, fin fundacional o funciones de los mismos, estatutos, normas de organización y funcionamiento, capital social, dotación fundacional o participación, los recursos que financian sus actividades, sus órganos y composición, las personas titulares de los órganos de dirección, y el número de personas que prestan servicios en la entidad.
2. Serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» los acuerdos del gobierno en los que se disponga la creación, modificación, participación o extinción de las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Administración pública en la que participe, así como los estatutos por los que han de regirse, y sus modificaciones. Asimismo, dichos acuerdos y los estatutos estarán a disposición de todas las personas en la página web de la entidad.
3. Será también objeto de publicación el organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos de decisión, consultivos o de participación, con indicación de su composición, sede, dirección electrónica de contacto y las competencias que ejercen, salvo que la publicidad de alguno de estos datos pudiera afectar a personas especialmente protegidas.
Datos clave
- La información organizativa incluye departamentos, órganos superiores, territoriales y colegiados, organismos autónomos, empresas públicas y unidades administrativas a nivel de servicio.
- La relación de puestos de trabajo de los departamentos, concejalías o consejerías se publica con carácter semestral.
- Los acuerdos del gobierno sobre creación, modificación, participación o extinción de fundaciones públicas, consorcios y demás entes, y sus estatutos, se publican en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
- También se publica el organigrama actualizado que identifique a los responsables de los órganos de decisión, consultivos o de participación.
Ley 10/2019 · Art. 12
Información relativa a altos cargos y personal directivo.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 3, harán pública y mantendrán actualizada la información relativa a sus altos cargos y personal directivo siguiente:
a) Personas que desempeñan altos cargos en los departamentos, concejalías o consejerías, especificando lo siguiente:
1.º Identificación, nombramiento y datos de contacto.
2.º Perfil y trayectoria profesional completa.
3.º Funciones.
4.º Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro.
5.º Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.
b) Personal directivo de los organismos y entidades públicas, así como de las sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios integrantes del sector público de su Administración pública, especificando:
1.º Identificación, nombramiento y datos de contacto.
2.º Perfil y trayectoria profesional completa.
3.º Funciones.
4.º Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro.
5.º Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.
2. Asimismo, se hará pública la información contenida en las declaraciones de bienes, derechos y actividades de los miembros de sus órganos de gobierno y demás altos cargos de su Administración pública, con ocasión de su nombramiento y cese, en los términos previstos reglamentariamente. En materia económica se estará a lo dispuesto en el artículo 15.
3. Los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, remitirán a los Registros de Bienes y Derechos Patrimoniales y de Actividades, así como a la dirección general competente en materia de transparencia, a los efectos de su publicación en el Portal de Transparencia, la declaración de bienes, derechos y actividades, con ocasión de su nombramiento y cese. Además, para su publicación en el Portal de Transparencia, remitirán también dicha declaración con ocasión de una nueva legislatura si continuaran en sus cargos.
4. Estarán exceptuados de la obligación de publicar nuevamente declaraciones de bienes, actividades y derechos, aquellos que hayan sido cesados y nuevamente nombrados en el mismo u otro cargo de la Comunidad de Madrid durante los dos meses siguientes a su cese.
Datos clave
- Se publica la información de altos cargos y personal directivo: identificación y nombramiento, datos de contacto, perfil y trayectoria profesional, funciones, órganos colegiados de los que es miembro y compatibilidades concedidas.
- Se hacen públicas las declaraciones de bienes, derechos y actividades de los altos cargos con ocasión de su nombramiento y cese.
- Los altos cargos de la Ley 14/1995 remiten la declaración también con ocasión de una nueva legislatura si continúan en sus cargos.
- Quien sea cesado y nuevamente nombrado en los dos meses siguientes al cese queda exceptuado de publicar de nuevo sus declaraciones.
Ley 10/2019 · Art. 13
Información relativa a personal eventual. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán pública y mantendrán actualizada la información relativa a su personal eventual, especificando su identificación, nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al que presta sus servicios y trayectoria profesional completa.
Datos clave
- Del personal eventual se publica: identificación, nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al que presta servicios y trayectoria profesional completa.
Ley 10/2019 · Art. 14
Información en materia de empleo en el sector público. 1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán públicos y mantendrán actualizados, desagregados por género, y a disposición de todas las personas, sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares, cualquiera que sea su denominación. 2. Los sujetos del apartado anterior, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de los mismos, harán pública y mantendrán actualizada la información siguiente: a) Número de empleados públicos y su distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación estatutaria, así como, en el caso del personal funcionario, los de carrera y los interinos, y para el personal laboral, los fijos, los indefinidos y los temporales. b) Número de empleados desagregados según su estructura orgánica. c) El número de liberados sindicales existentes en los distintos departamentos de su Administración pública, así como en sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, identificando el sindicato al que en cada caso pertenece. Asimismo se dará información sobre el número de horas sindicales utilizadas. d) La oferta de empleo público, las convocatorias y los resultados de los procesos selectivos de acceso. e) Las convocatorias de selección temporal de sus empleados, interinos o laborales, y los integrantes de las bolsas de trabajo constituidas. 3. La concesión de autorizaciones de compatibilidad para actividades públicas o privadas del personal al servicio del sector público de su Administración se hará pública mediante su publicación en el Portal de Transparencia, página web o portal propio, especificando, además de la identificación personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad.
Datos clave
- Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos, plantillas o instrumentos similares se publican desagregados por género.
- Se publica el número de empleados públicos por grupos de clasificación, el número de liberados sindicales con el sindicato al que pertenecen y las horas sindicales utilizadas.
- También se publican la oferta de empleo público, las convocatorias y resultados de los procesos selectivos, las convocatorias de selección temporal y los integrantes de las bolsas de trabajo constituidas.
- Las autorizaciones de compatibilidad se publican en el Portal de Transparencia, página web o portal propio, con la identificación personal, el puesto de trabajo y la actividad autorizada.
Ley 10/2019 · Art. 15
Información en materia de económica.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, harán pública y mantendrán actualizada, la información siguiente:
a) Información de las retribuciones anuales de los representantes locales, de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, así como de los gastos de representación que tienen asignados. Asimismo, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
b) Información de las retribuciones anuales del personal de confianza o asesoramiento especial, articulada en función de la clase o categoría.
c) Información de las retribuciones anuales del personal estatutario, articulada en función de los niveles y cargos existentes.
d) Información sobre las condiciones para el devengo y las cuantías de las indemnizaciones que corresponden por razón del servicio en concepto de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
e) Las declaraciones de bienes, derechos y actividades de los consejeros, altos cargos, representantes locales y órganos directivos, referidas en el apartado 2 del artículo 12, con omisión de los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares. Asimismo, se publicará la información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades. En el caso de los altos cargos referidos en el apartado 3 del artículo 12 de la presente ley, esta información se publicará de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.
f) Los gastos protocolarios, indicando medio de pago, derivados de las atenciones protocolarias que, redundando en beneficio o utilidad de la Administración, tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, la presidencia, consejeros, representantes locales, titulares de los órganos directivos y máximos responsables de las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios sujetos a la ley, así como del personal al servicio de las entidades comprendidas en el artículo 2, hasta el nivel de subdirección general, con indicación del motivo, identificación y cargo de quien efectúa u ordena el pago.
g) Las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales de la presidencia, consejeros, representantes locales, titulares de los órganos directivos y máximos responsables de las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios sujetos a la ley, así como del personal al servicio de las entidades comprendidas en el artículo 2, hasta el nivel de subdirección general, con indicación del motivo, identificación y cargo de quien efectúa u ordena el pago.
Datos clave
- Se publican las retribuciones anuales de altos cargos, personal directivo, personal de confianza o asesoramiento especial y personal estatutario, además de los gastos de representación.
- Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo.
- Las declaraciones de bienes se publican omitiendo la localización concreta de los inmuebles.
- Los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje se publican hasta el nivel de subdirección general, con el motivo y la identificación de quien efectúa u ordena el pago.
Ley 10/2019 · Art. 16
Información en materia normativa. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán pública y mantendrán actualizada la siguiente información que les corresponda: a) Los anteproyectos de ley en el momento en el que se aprueban, cuando, tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se solicite el dictamen, en su caso, de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno. b) Los proyectos de reglamento cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo, se publicarán cuando se solicite, en su caso, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. La publicación de los proyectos reglamentarios no supondrá, necesariamente la apertura de un trámite de audiencia. En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el pleno de la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por las entidades locales en ejercicio de su autonomía. c) Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, incluidos los señalados en los apartados anteriores, con ocasión de la publicidad de los mismos. d) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. e) El resultado de la participación en los proyectos reglamentarios y demás documentos que estén sujetos a participación pública, o en aquellos casos en que no siendo preceptiva la misma se haya acordado someterlos a información pública. f) La relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación. g) La relación de su normativa vigente, que se mantendrá permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía. h) La relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por su Administración.
Datos clave
- Los anteproyectos de ley se publican cuando, tras la elevación de la Consejería, los conoce el Consejo de Gobierno, y también cuando se solicita el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
- Los proyectos de reglamento se publican al someterse a audiencia o información pública, o al solicitarse el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
- La publicación de proyectos reglamentarios no supone necesariamente la apertura de un trámite de audiencia.
- Se publican también las memorias, informes y dictámenes de los expedientes normativos, la relación de normas en curso y la de normativa vigente, y la de competencias y traspasos asumidos.
Ley 10/2019 · Art. 17
Información sobre los servicios y procedimientos.
Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de sus servicios y procedimientos, así como respecto de los que prestan o se gestionan por los organismos y entidades vinculadas o dependientes de los mismos, harán pública y mantendrán actualizada la información siguiente:
a) Los servicios que presta cada unidad administrativa.
b) Los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluyendo horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios que se exigen.
c) Las listas de espera existentes para el acceso a cualquiera de los servicios que preste su Administración pública, sin perjuicio de las singularidades que se puedan establecer en diferentes ámbitos. En el ámbito social, sanitario y educativo la actualización de las listas de espera se realizará semanalmente, informando a los usuarios de los servicios de la situación en la que se encuentra su petición, sin perjuicio de que la información agregada del número de personas y tiempo de espera sea público de forma abierta para cualquier ciudadano.
d) Las cartas de servicios elaboradas.
e) El catálogo de procedimientos administrativos, con la información básica necesaria sobre los requisitos y los trámites de gestión.
f) El procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.
g) El número de reclamaciones presentadas y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados, así como el listado de quejas y reclamaciones habituales.
Datos clave
- Se publican los servicios de cada unidad administrativa, sus requisitos de acceso, horario y tasas, tarifas o precios.
- En los ámbitos social, sanitario y educativo, las listas de espera se actualizan semanalmente.
- Se publican las cartas de servicios, el catálogo de procedimientos administrativos y el procedimiento para presentar quejas y reclamaciones.
- Se publica el número de reclamaciones presentadas y cuántas se aceptaron o resolvieron a favor de los interesados.
Ley 10/2019 · Art. 18
Información económico-financiera.
Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de su gestión económico-financiera y la de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, harán pública y mantendrán actualizada, la información siguiente:
a) Información presupuestaria y contable.
1. o El límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio.
2. o El proyecto de Presupuestos y los presupuestos, con la descripción de las partidas presupuestarias anuales y los datos de su ejecución.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, incluyendo la clasificación orgánica, desglosada a nivel de dirección general, funcional, desglosada a nivel de programa y económica, desglosada a nivel subconcepto, e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución, con datos al mismo nivel de detalle que el presupuesto.
3. o Las cuentas anuales que deban rendirse.
En el caso de la Comunidad de Madrid, la Cuenta General de la Comunidad (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).
4. o La ejecución trimestral de los presupuestos, con los datos al mismo nivel de detalle que en los propios presupuestos.
5. o Los créditos extraordinarios, suplementos y modificaciones de créditos, relativos a los Presupuestos y su justificación.
6. o Los presupuestos de los entes y organismos del sector público (empresas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones públicas, y demás entidades).
7. o Las cuentas anuales de las entidades del sector público.
8. o Los Informes de auditoría y de fiscalización de la Cámara de Cuentas que sobre ellos o sus entidades del sector público se emitan.
9. o Los informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
10.º Los planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto.
11. o Los planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de déficit estructural.
12. o Los planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez.
13. o Los informes de seguimiento de los planes relacionados en los apartados 10.º, 11.º y 12.º anteriores.
14. o Las razones de desviación en todas aquellas partidas reales comparadas con presupuesto que excedan el 10 % de la cantidad prevista.
b) Información de los ingresos y gastos:
1. o La información básica sobre la financiación de su Administración: tributos propios, tributos cedidos, Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, Fondo de suficiencia global de convergencia.
2. o En el caso de la Comunidad de Madrid, la proporción que representa el déficit/superávit público de la Comunidad Autónoma sobre el PIB regional; los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III de Ingresos/Número de habitantes; el gasto por habitante en la Comunidad Autónoma; La inversión realizada por habitante en la Comunidad Autónoma.
3. o Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Asimismo, se especificarán los gastos derivados del personal directivo y eventual, así como los derivados de los liberados sindicales, expresando en todos los casos su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total.
4. o El gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles.
5. o Los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 22, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias, incluyendo el desglose de gastos por campaña y presupuesto asociado por medios de comunicación y los criterios para ese reparto. Será de aplicación lo dispuesto en la legislación que regula estas materias.
6. o El gasto realizado en concepto de patrocinio.
7. o El gasto total efectuado en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas.
8. o Gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el gasto total.
c) Información sobre endeudamiento.
1. o El importe de la Deuda pública actual de su Administración y su evolución a lo largo de los cinco ejercicios anteriores, recogiendo, en el caso de la Comunidad de Madrid el endeudamiento público por habitante y el endeudamiento relativo (Deuda de la Comunidad de Madrid/Presupuesto total de la Comunidad de Madrid).
2. o Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública, así como las entidades con las que se realizan estas operaciones en todas sus modalidades, realizadas por los entes del sector público de la Administración pública a la que pertenecen.
3. o Los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito por las entidades del sector público de su Administración pública.
4. o Las operaciones de arrendamiento financiero por las entidades del sector público de su Administración pública.
Datos clave
- La información económico-financiera se estructura en tres bloques: presupuestaria y contable, de ingresos y gastos, y de endeudamiento.
- Entre la presupuestaria y contable figuran el límite de gasto no financiero, los presupuestos con su ejecución, las cuentas anuales y la ejecución trimestral de los presupuestos.
- Se publican las razones de desviación en las partidas reales que excedan el 10 % de la cantidad prevista en el presupuesto.
- Sobre endeudamiento se publica la deuda pública actual y su evolución a lo largo de los cinco ejercicios anteriores, además de avales, garantías y operaciones de arrendamiento financiero.
Ley 10/2019 · Art. 19
Información del patrimonio.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en relación con su respectivo patrimonio, harán pública y mantendrán actualizada la información siguiente:
a) La relación de bienes demaniales afectos al uso general o servicio público.
b) La relación de bienes inmuebles de que sean titulares o sobre los que se ostente algún derecho real, especificando si están ocupados o no por las dependencias de sus órganos o servicios, así como los cedidos a terceros por cualquier título y, en su caso, la persona o entidad beneficiaria y el destino de la cesión, así como la cuantía.
c) La relación de bienes inmuebles arrendados y cedidos, y en su caso, el destino de uso o servicio público de los mismos, así como la cuantía del arrendamiento individual de cada uno.
d) El número de vehículos oficiales de los que sean titulares y los arrendados, y la función para la que están reservados.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona tendrá acceso al Inventario de Bienes y Derechos de todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, preferentemente por vía electrónica.
3. En relación a los negocios jurídicos que tengan por objeto bienes inmuebles y derechos patrimoniales, se hará pública la información relativa a los objetivos o finalidades de las operaciones, el procedimiento desarrollado al efecto, la identidad de los participantes en el procedimiento, las ofertas presentadas, el importe o beneficio finalmente alcanzado y la identidad de los adjudicatarios finales.
Datos clave
- Se publica la relación de bienes demaniales, la de inmuebles de los que sean titulares o sobre los que ostenten algún derecho real, la de inmuebles arrendados y cedidos, y el número de vehículos oficiales.
- Cualquier persona tiene acceso al Inventario de Bienes y Derechos de todos los sujetos comprendidos en la Ley, preferentemente por vía electrónica.
- En los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles y derechos patrimoniales se publican las finalidades, el procedimiento, los participantes, las ofertas, el importe alcanzado y los adjudicatarios finales.
Ley 10/2019 · Art. 20
Información de la planificación y programación. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán pública y mantendrán actualizada la información que les afecte siguiente: a) Los proyectos de planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales, cuya tramitación se haya iniciado. b) Los planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales, aprobados, con indicación para cada uno de ellos de los objetivos estratégicos perseguidos, las actividades y medios necesarios para alcanzarlos, una estimación temporal para su consecución, la identificación de los órganos responsables de su ejecución, así como los indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación. c) El grado de cumplimiento de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado. d) La evaluación de los resultados de los planes y programas.
Datos clave
- Se publican los proyectos de planes y programas cuya tramitación se haya iniciado y los planes y programas aprobados.
- De los aprobados se indican objetivos estratégicos, actividades y medios, estimación temporal, órganos responsables e indicadores de seguimiento y evaluación.
- Se publican el grado de cumplimiento y la evaluación de resultados de los planes y programas.
Ley 10/2019 · Art. 21
Información de las obras públicas. 1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 publicarán y mantendrán actualizada, desde la fecha de licitación, una relación de la totalidad de contratos de obras públicas desde la entrada en vigor de esta Ley. Esta relación permanecerá en la web de transparencia sin caducidad. 2. Para cada una de las obras públicas a que se refiere el apartado anterior en fase de adjudicación deberá hacerse pública y mantenerse actualizada, la siguiente información: a) Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación, incluyendo las actas de adjudicación anonimizadas, las valoraciones de cada oferta y la composición de las mesas de contratación y cargos de sus miembros. b) Número de empresas que han concurrido a la licitación. c) Empresa o empresas adjudicatarias. 3. Para cada una de las obras públicas a que se refiere el apartado anterior en fase de ejecución, deberá hacerse pública y mantenerse actualizada la siguiente información: a) Denominación y descripción de la obra. b) Importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios. c) Administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde. d) Persona o entidad adjudicataria. e) Persona o entidad subcontratada. f) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución que se hayan concedido. g) Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista. h) Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.
Datos clave
- Se publica una relación de la totalidad de contratos de obras públicas desde la licitación, que permanece en la web de transparencia sin caducidad.
- En fase de adjudicación se publican presupuesto, pliegos y criterios, número de empresas concurrentes y adjudicatarias.
- En fase de ejecución se publican descripción, importe diferenciando presupuesto inicial y revisiones, financiadores, adjudicatario, subcontratados, fechas, prórrogas, penalizaciones y Administración titular.
Ley 10/2019 · Art. 22
Información de los contratos.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en relación con su actividad contractual, publicarán y actualizarán la información siguiente, que les sea de aplicación:
a) La información general de las entidades y órganos de contratación.
b) La información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas, incluyendo las razones detalladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
c) La información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria.
d) La composición y convocatorias de las mesas de contratación, con los cargos, y las actas anonimizadas completas de adjudicación que firman.
e) La información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.
2. Asimismo, respecto de los contratos formalizados, y sin perjuicio de la información que deba hacerse pública en el perfil del contratante y de la que ha de inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público, deberán publicar y mantener actualizada la información siguiente:
a) Los contratos formalizados, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los motivos que justifican el procedimiento seguido, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios, las ofertas económicas y, en su caso, porcentaje de baja de su oferta y relación con el resto de licitadores y resultados de las evaluaciones.
b) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
c) Información de los contratos menores formalizados, trimestralmente, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Se especificará también el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de contratos formalizados.
d) Las modificaciones de los contratos formalizados, así como las prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución.
e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas.
f) La relación de contratos resueltos. Específicamente, se harán públicas las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
3. La publicación de la información a que se refiere el apartado anterior, previa justificación en el expediente, no se llevará a cabo respecto de los contratos declarados secretos o reservados cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente.
Datos clave
- Se publican los contratos programados, adjudicados y las licitaciones anuladas con sus razones, y las licitaciones en curso.
- De los contratos formalizados se publican objeto, duración, importes, procedimiento, licitadores, adjudicatarios y ofertas económicas.
- Los contratos menores se publican trimestralmente, y se hacen públicas las decisiones de desistimiento y renuncia.
- No se publica la información de los contratos declarados secretos o reservados que exijan medidas de seguridad especiales, previa justificación en el expediente.
Ley 10/2019 · Art. 23
Información de los convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán pública y mantendrán actualizada la relación de convenios celebrados por sus órganos y por los organismos y entidades dependientes de la misma con otras Administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, incluyendo:
a) Las partes firmantes.
b) El objeto, con indicación de las actuaciones o actividades comprometidas y los órganos o unidades encargados de la ejecución de las mismas.
c) Obligaciones económicas, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.
d) El plazo y condiciones de vigencia.
e) El objeto y la fecha de las distintas modificaciones realizadas durante su vigencia.
f) El Boletín Oficial en que fue publicado y el Registro en el que está inscrito.
2. Los convenios que se celebren por los órganos de su Administración pública y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras Administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», dentro de los veinte días siguientes a su firma.
Además, todos los convenios que se suscriban deberán ser objeto de inscripción en los registros de convenios, en el que se incluirá la copia del mismo. También, serán objeto de inscripción las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos. El acceso a los registros de convenios será público, debiendo garantizar y facilitar que puedan consultarse gratuitamente, tanto de forma presencial como telemática.
3. Asimismo se hará pública y mantendrá actualizada la relación de encargos a medios propios y encomiendas de gestión efectuadas por su Administración pública y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, incluyendo:
a) La entidad a la que se realiza la encomienda o encargo.
b) Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda o encargo, así como el importe total destinado a gastos de personal.
c) Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a disposición de la encomendada o encargada para la realización del trabajo.
d) Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante.
e) El objeto y el presupuesto de la encomienda o el encargo.
f) Las tarifas o precios fijados.
g) Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda o encargo.
h) Porcentajes de las encomiendas o los encargos a medios propios.
i) Las subcontrataciones efectuadas, en su caso, con indicación del procedimiento seguido para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importe de la adjudicación.
Datos clave
- De cada convenio se publican las partes firmantes, el objeto, las obligaciones económicas, el plazo, las modificaciones y el Boletín Oficial en que se publicó.
- ¿En qué plazo se publican los convenios en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»? → En los veinte días siguientes a su firma.
- Todos los convenios, con sus modificaciones, prórrogas y adendas, se inscriben en los registros de convenios, de acceso público y gratuito.
- También se publican los encargos a medios propios y encomiendas de gestión, con la entidad encargada, el presupuesto, las tarifas y las subcontrataciones.
Ley 10/2019 · Art. 24
Información sobre concesión de servicios públicos. Los sujetos incluidos en el artículo 2, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22, harán pública y mantendrán actualizada la información sobre los servicios públicos concedidos por los mismos y por los organismos públicos y entidades públicas vinculadas o dependientes, incluyendo: a) El servicio público objeto de la concesión administrativa. b) La identificación del concesionario. c) El plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio. d) Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rijan dicha concesión. e) Los estándares mínimos de calidad del servicio público que rija dicha concesión. f) Cargo de la persona responsable del contrato. g) Las direcciones electrónicas a las que pueden dirigirse las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y las quejas. h) Número, categoría y titulación del personal adscrito. i) Las evaluaciones de servicio llevadas a cabo por las entidades responsables. j) Las sanciones firmes. k) Los acuerdos de modificación del contrato de concesión.
Datos clave
- Se publica el servicio público concedido, el concesionario, el plazo, el régimen de financiación y las condiciones de prestación.
- Se publican los pliegos administrativos y técnicos, los estándares mínimos de calidad y el cargo de la persona responsable del contrato.
- Se publican el número, categoría y titulación del personal adscrito, las evaluaciones del servicio, las sanciones firmes y las modificaciones del contrato.
Ley 10/2019 · Art. 25
Información de las ayudas y subvenciones.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de las ayudas y subvenciones de sus órganos y de los órganos de los organismos y entidades vinculadas o dependientes, harán pública y mantendrán actualizada la información de las ayudas y subvenciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siguiente:
a) Los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. Asimismo, dichos planes deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.
b) La relación de las líneas de ayudas o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes que se destinen, el objetivo o la finalidad y la descripción de los posibles beneficiarios.
c) La relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio, indicando su importe, así como la fórmula empleada para hacer el cálculo y los resultados de los mismos que lleven a ese importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Además, la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia, especificando la persona o entidad beneficiaria, el importe, el destino y las motivaciones para su concesión, se publicará trimestralmente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
2. La publicación de la información pública descrita en el apartado anterior detallará: el plazo de ejecución, pagos anticipados o a cuenta, importe justificado, cuantías pagadas, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas.
3. La publicación de los beneficiarios de las ayudas y subvenciones concedidas prevista en el apartado 1 del presente artículo no se realizará cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Datos clave
- Los planes estratégicos de subvenciones se publican también en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» en los veinte días siguientes a su aprobación.
- Las subvenciones concedidas sin promover la concurrencia se publican trimestralmente en el Boletín, dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
- La publicación detalla plazo de ejecución, pagos anticipados, importe justificado, cuantías pagadas, reintegros y sanciones.
- No se publican los beneficiarios cuando ello pueda ser contrario al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas.
Ley 10/2019 · Art. 26
Información en materia de ordenación del territorio. Los sujetos incluidos en el artículo 2 están obligados a hacer públicos y mantener actualizados los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos que les afecten, garantizando como mínimo la siguiente información: a) La estructura general de cada municipio. b) La clasificación y calificación del suelo. c) La ordenación prevista para el suelo, con el grado de detalle adecuado. d) Las infraestructuras planteadas en cada localidad. e) Su estado de tramitación y desarrollo, incluyendo las fechas de aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento y gestión, así como los informes sectoriales emitidos por las Administraciones y organismos competentes. f) Las modificaciones y revisiones aprobadas con indicación de las fechas de publicación de las mismas. g) La información geográfica, económica y estadística de elaboración propia cuya difusión permita el conocimiento general, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados. h) La información medioambiental ha de hacerse pública de conformidad con la normativa vigente. i) Las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia de cualquiera de sus determinaciones.
Datos clave
- Se publican los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos, con la estructura general de cada municipio y la clasificación y calificación del suelo.
- Se publica el estado de tramitación, con las fechas de aprobación de los instrumentos y los informes sectoriales emitidos.
- Se publican las modificaciones y revisiones aprobadas con las fechas de publicación, y las resoluciones judiciales firmes que afecten a su vigencia.
Ley 10/2019 · Art. 27
Información estadística. La Administración pública de la Comunidad de Madrid viene obligada a hacer pública y mantener actualizada la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, así como la información estadística de interés.
Datos clave
- La Administración de la Comunidad de Madrid debe publicar la información estadística necesaria para valorar el cumplimiento y la calidad de los servicios públicos de su competencia.
- Debe publicar también la información estadística de interés.
Ley 10/2019 · Art. 28
Órganos responsables de la información pública.
1. En el ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid y de su sector público, se creará la Oficina de Coordinación de la Transparencia, dependiente de la Consejería competente en materia de información pública, que ejercerá las siguientes funciones:
a) Coordinación de la acción de todas las Consejerías para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
b) Elaboración y aprobación de las directrices aplicables a la publicación de la información.
c) Gestión del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
d) Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e) Apoyo y asesoramiento técnico a todas las Consejerías.
f) Elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de derecho de acceso en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
g) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico.
2. En el ámbito de cada Consejería y adscrita a la Secretaría General Técnica, existirán unidades de transparencia con las siguientes funciones:
a) Coordinar la acción de todos los órganos y entidades dependientes de la Consejería para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
b) Requerir de los órganos y entidades dependientes de su Consejería la elaboración, puesta a disposición y actualización de información que deba de hacerse pública en sus respectivos ámbitos.
c) Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
d) Apoyo y asesoramiento a las unidades de la Consejería.
e) Asesoramiento y orientación ciudadana en materia de transparencia.
f) Elaboración de una memoria anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
3. El resto de los sujetos obligados por esta Ley deberán establecer el órgano o unidad responsable del cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Coordinación de la acción de todas las áreas de gestión para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.
b) Elaboración y aprobación de las directrices aplicables a la publicación de la información.
c) Gestión de su página web o portal.
d) Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e) Apoyo y asesoramiento técnico a sus órganos de gestión.
f) Elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso.
Datos clave
- La Oficina de Coordinación de la Transparencia depende de la Consejería competente en materia de información pública y gestiona el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
- La Oficina elabora un informe anual sobre el cumplimiento de la publicidad activa y el derecho de acceso.
- En cada Consejería, adscritas a la Secretaría General Técnica, existen unidades de transparencia que elaboran una memoria anual sobre el cumplimiento de la publicidad activa.
- El resto de sujetos obligados deben establecer el órgano o unidad responsable de funciones análogas.
Ley 10/2019 · Art. 29
Portal de Transparencia.
1. Para facilitar el acceso a la información pública, los sujetos obligados por esta Ley dispondrán de un sistema integral de información y conocimiento en formato electrónico que garantice la transparencia de la información pública. El sistema integral se fundamenta en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y en los portales, sedes electrónicas o sitios web que corresponda, cuyos enlaces han de estar disponibles en el Portal de Transparencia de la Comunidad.
2. El Portal de Transparencia, ya sea mediante el alojamiento de la información en el mismo o mediante enlaces electrónicos a su ubicación, permitirá a cualquier usuario el acceso libre y gratuito desde un único punto a toda la información que es responsabilidad de la Comunidad y del resto de los sujetos obligados a publicar, de forma actualizada y de modo proactivo en los términos contemplados en esta Ley. Además de permitir el acceso a esta información, el Portal deberá incluir el Registro de acceso y reclamaciones, en los términos previstos en el Título III, y los instrumentos de participación y colaboración ciudadana y el Registro de Transparencia conforme establece el Título IV, así como el procedimiento de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Participación y su enlace.
3. El Portal de Transparencia funcionará como un contenedor que enlaza toda la información de modo ordenado, con un catálogo indexado al menos por sujetos obligados y tipo de información clasificada según el presente Título.
4. Son objetivos del Portal:
a) Ofrecer el acceso a toda la información obligada por este Título y proveniente de cualquiera de los sujetos obligados.
b) Facilitar la identificación de la información en el documento o documentos que se puedan encontrar en el mismo Portal.
c) Localizar la información de obligada publicación.
d) Ofrecer el derecho de acceso por vía electrónica y la información adecuada para ejercerlo, así como los procedimientos de reclamación.
e) Ofrecer la información en las condiciones que permitan utilizarla para su fin (consulta, análisis comparativo, difusión o procesado para que el usuario obtenga otros datos).
f) Informar trimestralmente, con estadísticas, de las solicitudes más frecuentes, los indicadores y los temas más consultados y solicitados a través del derecho de acceso por los ciudadanos.
g) Facilitar los mecanismos de participación ciudadana conforme al Título IV.
5. Para el cumplimiento de los objetivos del Portal:
a) Se ofrecerá la información en formatos abiertos y reutilizables, atendiendo a normas de estandarización aprobadas por la legislación española y europea, facilitando su integración en bases de datos de ámbito superior al autonómico y siguiendo los criterios marcados por los Consejos de Transparencia nacional y autonómico.
b) El catálogo de la información será reutilizable y permitirá la interoperabilidad con otros catálogos de información pública conforme a las normas técnicas del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
c) El Portal dispondrá de un buscador que permita un acceso rápido, fácil y comprensible a su contenido.
d) El Portal incorporará mecanismos de alerta sobre la información que se ha actualizado o incorporado.
e) La información se actualizará, con carácter general, de forma continua y en los términos establecidos en esta Ley cuando así se especifique. Se indicará en todo caso la fecha de actualización de cada información por última vez y, si es conocida o previsible, la fecha en que volverá a actualizarse.
f) La información catalogada e indexada se organizará de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas reglamentariamente y no tendrá caducidad.
6. El resto de los sujetos obligados por esta Ley facilitarán la información que están obligados a publicar a través de sus propios portales, sedes electrónicas o páginas web. En este caso, se ha de garantizar el enlace electrónico a su ubicación a través del Portal de Transparencia.
Datos clave
- El sistema integral de información se fundamenta en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y en los portales, sedes electrónicas o sitios web de los sujetos obligados.
- El Portal permite el acceso libre y gratuito desde un único punto, e incluye el Registro de acceso y reclamaciones y el Registro de Transparencia.
- El Portal informa trimestralmente, con estadísticas, de las solicitudes más frecuentes y los temas más consultados.
- La información catalogada e indexada no tiene caducidad, y se indica la fecha de su última actualización.
Ley 10/2019 · Art. 30
Titulares del derecho de acceso. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
Datos clave
- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos de la Ley y del resto del ordenamiento jurídico.
Ley 10/2019 · Art. 31
Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones.
1. La Administración de la Comunidad de Madrid contará con un Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones que será público, salvo en aquello que afecte a los datos de carácter personal protegidos por ley, en el que se inscribirán y podrán ser consultados todas las solicitudes y reclamaciones que se presenten, haciendo constar los siguientes datos:
a) La fecha de presentación de la solicitud o reclamación.
b) La identidad del solicitante o reclamante.
c) La descripción concisa de la información solicitada o reclamada y la motivación si la hubiera.
d) En su caso, la forma o formato de acceso.
e) Datos de contacto, a efectos de comunicación con el interesado.
f) El tiempo en que se ha atendido la solicitud, y, en caso de que la respuesta se haya realizado fuera del plazo, las razones que han motivado la demora.
g) El tipo de respuesta que se ha dado a la solicitud, y, en caso de denegación, los motivos de la misma.
h) Los demás que puedan establecerse en el reglamento de organización y funcionamiento del Registro.
2. El Registro dependerá del órgano competente del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de información pública y se accederá a él a través del Portal de Transparencia, salvo los datos correspondientes al apartado 1.b) y e) que podrán ser publicados si el solicitante o reclamante así lo expresa.
3. El resto de los sujetos relacionados en el artículo 2 y en los apartados 1 y 2 del artículo 3 podrán contar con sus propios registros de solicitudes de acceso y reclamaciones o adherirse expresamente al Registro de la Comunidad. En estos registros se inscribirán y podrán ser consultadas todas las solicitudes y reclamaciones que se les presenten, haciendo constar los datos a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, salvo los datos correspondientes a los apartados 1.b) y 1.e) que podrán ser publicados si el solicitante o reclamante así lo expresa. Estos registros estarán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web.
Datos clave
- La Administración de la Comunidad de Madrid cuenta con un Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, público salvo en lo que afecte a datos personales protegidos.
- El Registro depende del órgano competente del Departamento con competencias en información pública y se accede a él a través del Portal de Transparencia.
- Se anotan la fecha, la identidad del solicitante, la descripción de lo solicitado, el tiempo de atención, las razones de la demora y el tipo de respuesta y los motivos de la denegación.
- La identidad y los datos de contacto solo pueden publicarse si el solicitante o reclamante así lo expresa.
- Los demás sujetos pueden tener registros propios o adherirse al Registro de la Comunidad.
Ley 10/2019 · Art. 32
Órganos competentes. La competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública corresponderá: a) En el ámbito de la Administración pública y demás organismos o entidades incluidos en el artículo 2 será competente para resolver el titular del órgano o de la entidad que posea la información solicitada. b) En el caso de que se solicite información de las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, así como de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 3, será competente para resolver el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o en la materia.
Datos clave
- En la Administración y entidades del artículo 2 resuelve el titular del órgano o de la entidad que posea la información solicitada.
- Si se solicita información a quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas, resuelve el órgano con las competencias del servicio o de la materia.
Ley 10/2019 · Art. 33
Derechos y obligaciones.
1. En el ámbito de acceso a la información pública, las personas tienen los siguientes derechos:
a) Acceder a la información pública de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
b) Ser informadas de si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información obran o no en poder del órgano o entidad.
c) Ser asistidas en su búsqueda de información.
d) Recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
e) Recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
f) Conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, el otorgamiento del acceso en una modalidad o formato distinto al elegido.
g) Obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original.
h) Usar, reutilizar y compartir la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las impuestas por la legislación vigente.
2. Las personas que accedan a la información pública de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley están sujetas a las siguientes obligaciones:
a) Realizar el acceso a la información concretando lo más precisamente posible la petición.
b) Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
c) Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté depositada.
d) Respetar las obligaciones establecidas en la licencia y condiciones de uso de la información obtenida y en la normativa básica para la reutilización. Dichas obligaciones serán explicadas de forma clara por el suministrador de la información.
e) Abonar las tasas que pudieran establecerse para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original.
Datos clave
- El artículo reconoce a las personas ocho derechos en el apartado 1 (letras a a h), entre ellos ser asistidas en la búsqueda, conocer las razones de la denegación y obtener la información de forma gratuita.
- Pueden usar, reutilizar y compartir la información obtenida sin autorización previa, salvo las limitaciones legales.
- Entre sus obligaciones están concretar la petición lo más posible y actuar conforme a la buena fe y la interdicción del abuso de derecho.
- Deben abonar las tasas por copias y por transposición a un formato diferente del original.
Ley 10/2019 · Art. 34
Límites al derecho de acceso. 1. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado. 2. La aplicación de los límites a que se refiere el apartado anterior será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
Datos clave
- El derecho de acceso solo puede limitarse o denegarse en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado.
- La aplicación de los límites debe ser justificada y proporcionada, y atender al caso concreto, en especial a un interés público o privado superior que justifique el acceso.
Ley 10/2019 · Art. 35
Protección de datos personales.
1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales de categoría especial se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma Ley. Tendrá también en cuenta los criterios que adopte la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la protección de datos personales.
4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación o anonimizando de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
Datos clave
- Las solicitudes con datos personales de categoría especial se rigen por el Reglamento (UE) 2016/679, la LO 3/2018 y la legislación básica de acceso.
- Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos.
- Si no hay datos especialmente protegidos, se concede el acceso previa ponderación razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
- Nada de lo anterior se aplica si el acceso se efectúa previa disociación o anonimización que impida identificar a las personas.
Ley 10/2019 · Art. 36
Acceso parcial. 1. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo anterior no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. 2. Si la limitación está ocasionada por la normativa de la Unión Europea o la legislación básica del Estado de datos personales, los sujetos obligados deberán, en todo caso, anonimizar la información y facilitar el acceso a la misma.
Datos clave
- Si un límite no afecta a toda la información, se concede el acceso parcial omitiendo la parte afectada, salvo que resulte una información distorsionada o sin sentido.
- Si el límite deriva de la protección de datos personales, los sujetos deben anonimizar la información y facilitar el acceso.
Ley 10/2019 · Art. 37
Iniciación del procedimiento. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad competente.
Datos clave
- El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud dirigida al órgano o entidad competente.
Ley 10/2019 · Art. 38
Solicitud. 1. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31, el solicitante tendrá derecho a hacer pública su identidad en el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, debiéndolo hacerlo constar de manera expresa. b) La información que se solicita. c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud. d) En su caso, la modalidad preferida de acceso a la información solicitada. 2. Cuando la solicitud se formule de forma oral, por comparecencia en las unidades administrativas o en las oficinas de información, la misma será recogida en formato electrónico haciendo constar los extremos señalados en el apartado anterior. 3. Las unidades responsables de la información y las oficinas de información, así como el órgano o entidad en el que se presente o al que se dirija la solicitud, cualquiera que sea el medio utilizado para realizarla, ofrecerá la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio del derecho de acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos. 4. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
Datos clave
- La solicitud puede presentarse por cualquier medio que deje constancia de la identidad del solicitante, la información solicitada, una dirección de contacto (preferentemente electrónica) y, en su caso, la modalidad de acceso preferida.
- La identidad del solicitante debe constar, pero sin necesidad de acreditación electrónica.
- Si la solicitud es oral, se recoge en formato electrónico.
- El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, y la falta de motivación no es por sí sola causa de rechazo.
Ley 10/2019 · Art. 39
Solicitudes imprecisas.
1. Cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, se pedirá al solicitante que la concrete, y se le facilitarán las indicaciones precisas que sean necesarias para ello, dándole para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
2. El desistimiento y el archivo de la solicitud se acordarán mediante resolución expresa del órgano competente y en ningún caso impedirán la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada.
Datos clave
- Si la solicitud es imprecisa, se pide al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, lo que suspende el plazo para dictar resolución.
- Si no la concreta, se le tiene por desistido en su petición.
- El desistimiento y el archivo se acuerdan mediante resolución expresa y no impiden presentar una nueva solicitud.
Ley 10/2019 · Art. 40
Inadmisión de solicitudes. 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que conforme a la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública incurran en causa de inadmisión. 2. En todo caso, en la aplicación de las causas de inadmisión recogidas en la legislación básica a que hace referencia el apartado anterior, se seguirán las siguientes normas: a) En las resoluciones de inadmisión porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión. b) No podrá considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos ni aquellos otros documentos que sin serlo hayan servido de forma total o parcial, en su caso, directamente de motivación a resoluciones. c) No podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión de la información la que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. 3. La resolución que inadmita la solicitud podrá impugnarse de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Datos clave
- Las solicitudes incursas en causa de inadmisión según la legislación básica se inadmiten mediante resolución motivada.
- Si la inadmisión es porque la información está en curso de elaboración, debe especificarse el órgano que la elabora y el tiempo previsto para su conclusión.
- Los informes preceptivos, y los documentos que hayan servido de motivación a resoluciones, no pueden considerarse información auxiliar o de apoyo.
- No es reelaboración la información que se obtiene con un tratamiento informatizado de uso corriente.
Ley 10/2019 · Art. 41
Remisión de la solicitud al órgano competente. 1. Cuando la solicitud se refiera a información que no obre en poder del órgano a la que se dirige, éste la remitirá, en un plazo no superior a cinco días, al competente e informará de esta circunstancia al solicitante. 2. Cuando el órgano al que se dirija la solicitud desconozca el que sea competente para resolver sobre el acceso a la documentación solicitada, procurará averiguarlo. Si lo llegase a conocer deberá darle traslado en el plazo de cinco días, e informará de esta circunstancia al solicitante. 3. Transcurridos cinco días sin haberse conocido el órgano competente, se inadmitirá la solicitud y se informará de esta circunstancia al solicitante.
Datos clave
- Si la información no obra en poder del órgano, este remite la solicitud al competente en un plazo no superior a cinco días e informa al solicitante.
- Si desconoce cuál es el competente, procura averiguarlo y, si lo conoce, da traslado en cinco días.
- Transcurridos cinco días sin conocer el órgano competente, se inadmite la solicitud y se informa al solicitante.
Ley 10/2019 · Art. 42
Plazo de resolución y sentido del silencio. 1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de veinte días desde su recepción. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otros veinte días más, informando de esta circunstancia al solicitante. 2. Las resoluciones por las que se inadmitan a trámite las solicitudes por las causas previstas en el apartado 1 del artículo 40 se adoptarán y notificarán lo antes posible, y en todo caso, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción por el órgano competente para resolver. 3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de acceso se entenderá desestimada conforme a lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Datos clave
- Las resoluciones de acceso se adoptan y notifican en el plazo máximo de veinte días desde su recepción, ampliable por otros veinte días por volumen o complejidad.
- Las resoluciones de inadmisión por las causas del artículo 40.1 se notifican en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción por el órgano competente.
- ¿Qué sentido tiene el silencio? → Desestimatorio: la solicitud se entiende desestimada.
Ley 10/2019 · Art. 43
Resolución.
1. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada. La ponderación sobre la concurrencia de un interés público o privado superior deberá ser motivada en la resolución de las solicitudes de información de forma clara.
2. Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones siguientes:
a) Las que inadmitan a trámite las solicitudes.
b) Las que denieguen el acceso.
c) Las que concedan el acceso parcial.
d) Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada, debiendo motivar las causas de este cambio.
e) Las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado.
3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información suponga incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se pondrá de manifiesto que concurre esta circunstancia para desestimar la solicitud.
4. Si la resolución estimara, en todo o en parte, la solicitud, indicará la modalidad de acceso y, si procede, el plazo y las condiciones del mismo, garantizando la efectividad del derecho y la integridad de la información suministrada.
5. Las resoluciones que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero indicarán expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
6. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
7. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el Capítulo III del presente Título.
8. La resolución debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. Indicará los recursos y reclamaciones que procedan contra la misma, el órgano administrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo para su interposición.
Datos clave
- La resolución puede inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y fijar la modalidad de acceso.
- Son motivadas, en todo caso, las resoluciones que inadmiten, deniegan, conceden acceso parcial, conceden acceso por modalidad distinta a la solicitada o permiten el acceso pese a la oposición de un tercero.
- Si hubo oposición de un tercero, el acceso solo tiene lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin haberse formalizado, o se haya resuelto confirmando el derecho.
- Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa.
Ley 10/2019 · Art. 44
Acceso a la información. 1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando la información se facilite por vía electrónica, los documentos se proveerán en su formato electrónico original. 2. La información se proporcionará en la modalidad solicitada, a menos que no sea técnicamente posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado o exista una alternativa más económica.
Datos clave
- El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible o el solicitante haya señalado otro medio, y los documentos se proveen en su formato electrónico original.
- La información se proporciona en la modalidad solicitada, salvo que no sea técnicamente posible, resulte excesivamente gravosa o exista una alternativa más económica.
Ley 10/2019 · Art. 45
Obtención de copias. El reconocimiento del derecho de acceso conllevará el de obtener copias de los documentos solicitados, salvo en los supuestos en los que no sea posible realizar la copia en un formato determinado debido a la carencia de equipos apropiados o cuando, por su cantidad o complejidad, conlleve un coste desproporcionado para la Administración. La resolución que deniegue la copia debe ser motivada.
Datos clave
- El derecho de acceso conlleva el de obtener copias de los documentos solicitados.
- Se exceptúa si no se puede copiar en un formato determinado por falta de equipos o si el coste es desproporcionado por cantidad o complejidad.
- La resolución que deniegue la copia debe ser motivada.
Ley 10/2019 · Art. 46
Costes de acceso a la información. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la obtención de copias estará sujeta al pago de las tasas establecidas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora de las tasas.
Datos clave
- El acceso a la información es gratuito.
- La obtención de copias está sujeta al pago de las tasas establecidas en su normativa reguladora.
Ley 10/2019 · Art. 47
Objeto de la reclamación.
1. Contra la resolución desestimatoria, total o parcial de la solicitud de acceso a la información dictada por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, dicha reclamación tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos los sujetos comprendidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Datos clave
- Contra la resolución desestimatoria, total o parcial, cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación, con carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa.
- La reclamación es sustitutiva de los recursos administrativos, conforme al artículo 112.2 de la Ley 39/2015.
- Quedan excluidos los sujetos de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013.
Ley 10/2019 · Art. 48
Forma, plazo y presentación de la reclamación potestativa. 1. La reclamación se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 2. El escrito de interposición, dirigido al Consejo de Transparencia y Participación, deberá contener: a) El nombre y apellido del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica. b) La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama. c) Los motivos por los que se reclama. d) La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación. 3. El solicitante deberá tener la opción de hacer pública su identidad y dirección en el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, en los extremos determinados en el artículo 31. 4. La reclamación podrá presentarse presencial o telemáticamente en el registro del Consejo de Transparencia y Participación y en cualquiera de los registros públicos previstos para la presentación de escritos dirigidos a las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid. También por correo postal o electrónico a través de una dirección habilitada especialmente para tal fin.
Datos clave
- La reclamación se interpone por escrito en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.
- Se dirige al Consejo de Transparencia y Participación y contiene el nombre y apellido del solicitante, la resolución impugnada, los motivos y una dirección de contacto.
- Puede presentarse de forma presencial o telemática en el registro del Consejo, en los registros de las Administraciones de la Comunidad de Madrid, o por correo postal o electrónico a una dirección habilitada.
Ley 10/2019 · Art. 49
Tramitación, plazo y publicación de la reclamación. La tramitación de la reclamación, su resolución y publicación se ajustarán a lo establecido en la legislación básica del Estado.
Datos clave
- La tramitación, resolución y publicación de la reclamación se ajustan a la legislación básica del Estado.
Ley 10/2019 · Art. 50
Contenido y efectos de la resolución. 1. La resolución que se adopte por el Consejo de Transparencia y Participación será en todo caso motivada y podrá estimar o desestimar, en su totalidad o en parte, la reclamación presentada. 2. Cuando estime la reclamación, la resolución establecerá la información o documentación a la que puede acceder la persona interesada, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones del mismo.
Datos clave
- La resolución del Consejo de Transparencia y Participación es siempre motivada y puede estimar o desestimar la reclamación, en todo o en parte.
- Si estima la reclamación, establece la información a la que se puede acceder, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones.