La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Su organización. Las partes. Actos impugnables. Las fases principales del procedimiento contencioso-administrativo.
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Artículo 1
1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración local.
d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.
3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Datos clave
- El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
- También de las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y de los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- Son Administraciones públicas a estos efectos: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
- Incluye actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos autonómicos análogos.
- Incluye los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral.
Artículo 2
El artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, enumera las cuestiones de las que conocerá el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
Datos clave
- Respecto de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, conoce de la protección de derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones, cualquiera que sea la naturaleza del acto.
- Conoce de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública.
- Conoce de los actos de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
- Conoce de los actos de control de la Administración concedente sobre los concesionarios de servicios públicos.
- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones no puede demandarse ante los órdenes civil o social, aunque concurran particulares o haya seguro de responsabilidad.
Artículo 3
El artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, delimita negativamente su ámbito. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Datos clave
- Quedan fuera las cuestiones atribuidas expresamente a los órdenes civil, penal y social, aunque se relacionen con la actividad administrativa.
- Queda fuera el recurso contencioso-disciplinario militar.
- Quedan fuera los conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y la Administración y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
- Los recursos contra las Normas Forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
Artículo 4. Cuestiones prejudiciales e incidentales
1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
2. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.
Datos clave
- El orden contencioso-administrativo conoce de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo.
- Quedan excluidas las cuestiones de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
- La decisión no produce efectos fuera del proceso en que se dicta.
- La decisión no vincula al orden jurisdiccional correspondiente.
Artículo 5. Improrrogabilidad y falta de jurisdicción
El artículo 5 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece el carácter improrrogable de esta jurisdicción y el tratamiento de la falta de jurisdicción.
1. La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.
2. Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, si la nueva demanda que se formule ante el juzgado o tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en la referida resolución se presenta en el plazo de un mes desde que fuera notificada, se entenderá presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si se hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa. Al objeto de acreditar tales extremos la parte interesada podrá solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano judicial que haya dictado la resolución a que se refiere el apartado anterior.
La redacción vigente del apartado 3 procede del artículo 102.1 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.
- La falta de jurisdicción se aprecia de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
- El plazo de audiencia es un plazo común de diez días.
- Si la nueva demanda ante el orden competente se presenta en el plazo de un mes desde la notificación, se entiende presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.
- Ese efecto exige haber seguido las indicaciones de la notificación del acto o que ésta fuese defectuosa.
- La parte interesada puede solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano judicial que dictó la resolución.
- Apartado 3 modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Artículo 6
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes órganos:
a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Datos clave
- El artículo 6 de la LJCA enumera cinco tipos de órganos del orden contencioso-administrativo.
- Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
- Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Artículo 7
El artículo 7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la extensión y el carácter improrrogable de la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional.
1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los términos señalados en el artículo 103.1.
2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
3. La declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso, con emplazamiento a las partes para que en el plazo de diez días comparezcan ante el mismo. Si la competencia pudiera corresponder a un tribunal superior en grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.
Esta redacción del apartado 3 procede del artículo 102.2 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- El órgano competente para un asunto lo es también para sus incidencias y para ejecutar sus sentencias (art. 103.1).
- La competencia no es prorrogable y se aprecia incluso de oficio.
- Antes de resolver se oye a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
- La declaración de incompetencia adopta la forma de auto y se hace antes de la sentencia.
- Se emplaza a las partes para que comparezcan en diez días ante el órgano que se estime competente.
- Si el competente es un tribunal superior en grado, se acompaña exposición razonada y se está a lo que este resuelva.
Artículo 8
1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.
2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela.
Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.
4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.
6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada.
Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Se modifica el apartado 6 por el art. 12 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-2
Se modifica el apartado 6 por la disposición final 2.1 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-10923#df-2
Se modifica el apartado 6 por la disposición final 1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470 .
Se modifica el apartado 4 por el art. 3.1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2011-15937 .
Se modifica el apartado 6 por la disposición adicional 7.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2007-12946 .
Se modifica por la disposición adicional 14.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644 .
Se añade un segundo párrafo al apartado 5 por la disposición final 14.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero. Ref. BOE-A-2000-323 .
Datos clave
- Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocen de los actos de las entidades locales, excluidos los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- De los actos autonómicos (salvo los del Consejo de Gobierno) conocen en materia de personal, salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
- Sanciones: multas no superiores a 60.000 euros y ceses o privaciones de derechos que no excedan de seis meses.
- Responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
- Se exceptúan los actos de la Administración periférica del Estado de cuantía superior a 60.000 euros.
- Conocen de todas las resoluciones en materia de extranjería de la Administración periférica del Estado o de las Comunidades Autónomas.
- Autorizan la entrada en domicilios para la ejecución forzosa de actos administrativos y ratifican medidas sanitarias urgentes que limiten derechos fundamentales de personas identificadas.
Artículo 9
1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo 11.1.a) sobre personal militar.
b) En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artículo 8.
c) En primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i) del apartado 1 del artículo 10.
d) En primera o única instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
f) En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.
Téngase en cuenta que el Comité de Disciplina Deportiva queda suprimido y que todas sus funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, según se establece en la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-A-2013-6732 .
2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.
3. Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Datos clave
- Los Juzgados Centrales conocen de los actos de Ministros y Secretarios de Estado en materia de personal, salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
- Conocen de los recursos contra organismos públicos estatales con competencia en todo el territorio nacional.
- Responsabilidad patrimonial de Ministros y Secretarios de Estado cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
- En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de peticiones de asilo político.
- Las funciones del Comité Español de Disciplina Deportiva corresponden hoy al Tribunal Administrativo del Deporte.
- Conocen del procedimiento del artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.
Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.
m) Los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas referidos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
n) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
5. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99.
6. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el artículo 101.
7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.
8. (Anulado)
Se modifica la letra m) del apartado 1 y se añade la n) por la disposición final 2.1 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Ref. BOE-A-2023-4513#df-2
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 8, en la redacción dada por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio. Ref. BOE-A-2022-11086
Se modifica por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-10923#df-2
Se añade el apartado 7 por la disposición final 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-6
Se renumera la letra K) como m) y se añaden las nuevas letras k) y l) al apartado 1 por el art. 3.1 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Ref. BOE-A-2010-12765 .
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2007-12946 .
Datos clave
- Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia de los actos de entidades locales y Comunidades Autónomas no atribuidos a los Juzgados.
- También de las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
- Conocen de los actos de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y del TEAC en materia de tributos cedidos.
- Conocen de los actos de órganos estatales de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado en personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
- En segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias y autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
- Conocen del recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 99) y en interés de la ley (art. 101).
- El apartado 8 fue anulado por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio.
Artículo 11
El artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina las competencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros, aun cuando se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno, y de los Secretarios de Estado, en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo, conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
h) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
i) (Anulado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2022, de 2 de junio).
2. Conocerá, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. También conocerá de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.
La redacción vigente de la letra a) del apartado 1 procede del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.
Datos clave
- La Audiencia Nacional conoce en única instancia de las disposiciones y actos de Ministros y Secretarios de Estado, aunque se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas.
- También de los actos de órganos centrales del Ministerio de Defensa sobre ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.
- Conoce de los convenios entre Administraciones no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
- Conoce de los actos económico-administrativos del Ministro de Economía y Hacienda y del TEAC, salvo tributos cedidos (art. 10.1.e).
- Conoce de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los actos del Banco de España, la CNMV y el FROB.
- En segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales.
- La letra i) del apartado 1 fue anulada por la STC 70/2022, de 2 de junio.
Artículo 12
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado.
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
2. Conocerá también de:
a) Los recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.
b) Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.
c) Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artículo 61.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Asimismo conocerá de:
a) Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral.
b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.
Se modifica la letra b) del apartado 1 por la disposición final 4 de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14580#df-4
Se añade el apartado 4 por la disposición final 6.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-6
Datos clave
- La Sala Tercera del Tribunal Supremo conoce en única instancia de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- También de los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado.
- Conoce de los actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
- Conoce de los recursos de casación de cualquier modalidad y de los recursos de queja correspondientes.
- Conoce de los actos de la Junta Electoral Central y de los recursos contencioso-electorales sobre proclamación de electos.
- Autoriza al amparo del artículo 122 ter cuando lo solicita el Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 13
Para aplicar las reglas de distribución de competencia contenidas en los artículos anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Las referencias que se hacen a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas.
b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de vía de hecho.
c) Salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón de la materia prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.
Datos clave
- Las referencias a cada Administración comprenden a sus entidades y corporaciones dependientes o vinculadas.
- La competencia para conocer de recursos contra actos incluye la inactividad y la vía de hecho.
- Salvo disposición expresa en contrario, prevalece la atribución por razón de la materia sobre la del órgano autor del acto.
Artículo 14
1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinará conforme a las siguientes reglas:
Primera. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.
Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Tercera. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.
2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Se modifica el apartado 1, segunda regla por el art. 3.2 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2011-15937 .
Se añade el párrafo segundo a la regla segunda del apartado 1 por el art. 14.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .
Datos clave
- Regla primera: es competente el órgano jurisdiccional de la circunscripción donde tenga su sede el órgano autor del acto originario.
- Regla segunda: en responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante elige entre su domicilio y la sede del órgano autor.
- Si el acto es autonómico o local, esa elección se limita a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de la sede del órgano autor.
- Regla tercera: en planes de ordenación urbana, actuaciones urbanísticas y expropiatorias es competente el órgano donde radiquen los inmuebles.
- Con pluralidad de destinatarios y diversos órganos competentes, decide la sede del órgano autor del acto originario.
Artículo 15
El artículo 15 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actuará dividida en Secciones, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la Sección, salvo en el supuesto previsto en el artículo 96.6 en el que la Sección a que se refiere será presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
2. Para la vista o deliberación y fallo será necesaria la concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:
a) Todos los que componen la Sección para decidir los recursos de casación y revisión.
b) Cuatro en los demás casos.
3. Para el despacho ordinario será suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
Datos clave
- La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actúa dividida en Secciones, presididas por el Presidente de la Sala o por el Magistrado más antiguo de la Sección.
- Excepción: en el supuesto del artículo 96.6 la Sección es presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
- Vista, deliberación y fallo: concurren el que preside y todos los componentes de la Sección en los recursos de casación y revisión, y cuatro Magistrados en los demás casos.
- Despacho ordinario: basta el que presida y dos Magistrados.
Artículo 16
El artículo 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se compondrá de las Secciones que aconseje el número de asuntos, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los integrantes de la Sección.
2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el número de sus miembros exceda de cinco, actuarán divididas en Secciones, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la Sección.
3. Para la vista o deliberación y fallo, y despacho ordinario, será suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
4. La resolución de los recursos de casación en interés de la ley, de casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomendará a una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
Datos clave
- La Sala de la Audiencia Nacional se compone de las Secciones que aconseje el número de asuntos.
- Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia actúan divididas en Secciones cuando el número de sus miembros exceda de cinco.
- Vista, deliberación y fallo, y despacho ordinario: basta el que presida y dos Magistrados.
- Los recursos de casación en interés de la ley, de casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomiendan a una Sección con sede en el Tribunal Superior de Justicia, de cinco miembros, presidida por el Presidente de la Sala.
- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establece cada año judicial el turno de los Presidentes de Sección y de los Magistrados.
Artículo 17
El artículo 17 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La distribución de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una misma Sala, será acordada por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los recursos.
2. Idéntico criterio se tendrá en cuenta para la distribución de asuntos entre los diversos Juzgados de lo Contencioso-administrativo de una misma población. La aprobación corresponderá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional.
3. Los acuerdos sobre distribución de asuntos se adoptarán cada dos años y se comunicarán al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación, antes de la apertura de Tribunales, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la Comunidad Autónoma, según corresponda.
En caso de resultar alterada la competencia de los distintos Juzgados con sede en un mismo partido judicial, de las diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas Secciones de una Sala por razón de una nueva distribución de asuntos, de los procesos en tramitación continuará conociendo y fallará el órgano jurisdiccional que resultare competente al tiempo de la interposición del recurso, según los acuerdos entonces vigentes.
Datos clave
- La distribución de asuntos entre Salas de un mismo Tribunal o entre Secciones de una misma Sala la acuerda la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, atendiendo a la naturaleza y homogeneidad de la materia.
- Entre Juzgados de una misma población la aprueba la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.
- Los acuerdos de distribución se adoptan cada dos años y se comunican al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación antes de la apertura de Tribunales.
- Si la competencia resulta alterada, de los procesos en tramitación sigue conociendo el órgano competente al tiempo de la interposición del recurso.
Artículo 18
El artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare expresamente.
Datos clave
- Tienen capacidad procesal, además de quienes la ostenten según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para defender los derechos e intereses legítimos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- Los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos tienen capacidad procesal cuando la Ley lo declare expresamente.
Artículo 19
1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.
d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de ámbito estatal, y a las organizaciones, de ámbito estatal o del ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación, que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio.
j) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
k) Los sindicatos estarán también legitimados para actuar, en nombre interés del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos que así lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, recayendo sobre dichos afiliados los efectos de aquella actuación.
2. La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local.
4. Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad.
5. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.
Datos clave
- Están legitimadas las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
- Las entidades locales territoriales pueden impugnar actos y disposiciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten a su autonomía.
- Cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes.
- La Administración autora de un acto puede impugnarlo previa declaración de lesividad.
- El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre de las entidades locales se rige por la legislación de régimen local.
Artículo 20
El artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública:
a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.
Datos clave
- No pueden recurrir en vía contencioso-administrativa los órganos de la Administración ni los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
- Tampoco los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la Administración.
- Tampoco las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan.
- Se exceptúan las entidades a las que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.
Artículo 21
El artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por Administración demandada:
a) El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio.
b) La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición.
3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.
4. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida.
Datos clave
- Es parte demandada la Administración pública u órgano contra cuya actividad se dirige el recurso.
- También lo son las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos puedan quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
- Las aseguradoras de las Administraciones públicas son siempre parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
- En la fiscalización de Organismos o Corporaciones públicos, es Administración demandada el autor del acto si la fiscalización es aprobatoria, y la que fiscaliza si no aprueba íntegramente el acto o disposición.
- Los órganos que resuelven los recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación no son parte demandada; lo son las personas o Administraciones favorecidas por el acto.
- Si el recurso se funda en la ilegalidad de una disposición general, también es demandada la Administración autora de ésta.
Artículo 22
El artículo 22 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.
Datos clave
- Si la legitimación deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la parte inicial en cualquier estado del proceso.
Artículo 23
El artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.
2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
En este caso, estarán obligados al empleo de los sistemas electrónicos existentes, tanto para la remisión de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, como para la recepción de notificaciones, de forma tal que esté garantizada su autenticidad y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.
4. En todo caso, la representación prevista en este artículo podrá conferirse electrónicamente a través de los medios establecidos para ello.
Datos clave
- Ante órganos unipersonales, las partes pueden conferir su representación a un Procurador y son asistidas en todo caso por Abogado; si confieren la representación al Abogado, a éste se notifican las actuaciones.
- Ante órganos colegiados, las partes deben conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
- Pueden comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
- En ese caso están obligados a emplear los sistemas electrónicos existentes para la remisión de escritos y la recepción de notificaciones.
- La representación puede conferirse electrónicamente.
Artículo 24
El artículo 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
- Se aplican también las normas que dicten las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias.
Artículo 25
1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.
Datos clave
- Es admisible contra disposiciones de carácter general y contra actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa.
- Los actos de trámite son recurribles si deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable.
- También es admisible contra la inactividad de la Administración.
- También contra las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.
Artículo 26
1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
Datos clave
- Cabe la impugnación directa de las disposiciones de carácter general.
- Cabe también impugnar los actos de aplicación fundándose en que la disposición no es conforme a Derecho (impugnación indirecta).
- No impide la impugnación indirecta que la disposición no se recurriera directamente.
- Tampoco lo impide la desestimación del recurso directo interpuesto contra ella.
Artículo 27. Cuestión de ilegalidad.
1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
Datos clave
- Regla general: el Juez o Tribunal que dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal una disposición general aplicada debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para el recurso directo.
- Si el mismo Juez o Tribunal es competente para el recurso directo contra la disposición, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
- El Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general, sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
Artículo 28
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Datos clave
- No es admisible contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes.
- No es admisible contra actos confirmatorios de actos consentidos.
- Un acto se considera consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma.
Artículo 29
1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.
Datos clave
- La inactividad recurrible exige una obligación de realizar una prestación concreta a favor de personas determinadas, derivada de disposición general sin actos de aplicación, acto, contrato o convenio.
- Primero hay que reclamar a la Administración el cumplimiento.
- Si en tres meses desde la reclamación no cumple ni llega a acuerdo, cabe recurso contencioso-administrativo.
- Si la Administración no ejecuta sus actos firmes, los afectados pueden pedir la ejecución y, si no se produce en un mes, recurrir.
- El recurso por falta de ejecución de actos firmes se tramita por el procedimiento abreviado del artículo 78.
Artículo 30
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
Datos clave
- Ante una vía de hecho, el interesado puede requerir a la Administración actuante para que cese.
- El requerimiento es potestativo («podrá formular»).
- Si no se formula o no es atendido en diez días desde su presentación, cabe recurso contencioso-administrativo directo.
Artículo 43
El artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público.
Datos clave
- Si la propia Administración autora de un acto pretende demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, debe previamente declararlo lesivo para el interés público.
- La declaración de lesividad es un requisito previo a la demanda de la Administración contra su propio acto.
- El supuesto se refiere a la anulación de un acto por la misma Administración que lo dictó.
Artículo 44
El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso- administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo. 2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. 3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara. 4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local.
Datos clave
- En los litigios entre Administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa.
- Una Administración que recurra a otra puede requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que esté obligada.
- El requerimiento se dirige al órgano competente mediante escrito razonado, en el plazo de dos meses desde la publicación de la norma o desde que se conoció o pudo conocer el acto, actuación o inactividad.
- Se entiende rechazado si el requerido no lo contesta dentro del mes siguiente a su recepción.
- Contra decisiones de los órganos de recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación se recurre directamente, sin requerimiento ni recurso administrativo previo.
- Queda a salvo lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Artículo 45
1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.
2. A este escrito se acompañará:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.
d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.
e) En los casos en que el recurso se haya interpuesto por un sindicato que actúe en nombre e interés del personal funcionario y estatutario conforme dispone la letra k) del artículo 19.1, el documento o documentos que acrediten la afiliación de dicho personal y la existencia de comunicación por el sindicato al afiliado de la voluntad de iniciar el proceso, así como la autorización expresa del afiliado al sindicato para dicha iniciación.
3. El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo al artículo 56.1, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artículo.
5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo.
Datos clave
- El recurso se inicia por un escrito de interposición reducido a citar lo impugnado y solicitar que se tenga por interpuesto, salvo que la Ley disponga otra cosa.
- Se acompañan: representación, legitimación transmitida, copia o identificación de lo recurrido, requisitos para accionar de las personas jurídicas y, si recurre un sindicato por sus afiliados, la acreditación de afiliación, comunicación y autorización expresa.
- El Secretario judicial examina de oficio la validez de la comparecencia y, si hay defectos, requiere subsanación en diez días; si no se subsana, el Juez o Tribunal se pronuncia sobre el archivo.
- El recurso de lesividad se inicia por demanda (artículo 56.1), acompañada de la declaración de lesividad y el expediente administrativo.
- Sin terceros interesados, el recurso puede iniciarse también directamente mediante demanda.
Artículo 46
1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.
3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Datos clave
- Acto expreso o disposición: dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación.
- Acto presunto: seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Inactividad (artículo 29): dos meses desde el día siguiente al vencimiento de los plazos de ese artículo.
- Vía de hecho: diez días desde el fin del plazo del artículo 30; sin requerimiento, veinte días desde el inicio de la actuación.
- Tras reposición potestativa, el plazo corre desde la notificación de su resolución expresa o desde su desestimación presunta.
- Recurso de lesividad: dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad.
- Litigios entre Administraciones: dos meses, salvo que una Ley establezca otra cosa.
Artículo 47
El artículo 47 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3, el letrado de la Administración de Justicia en el siguiente día hábil acordará, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio electrónicamente para su publicación por el órgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. El letrado de la Administración de Justicia podrá también acordar de oficio la publicación, si lo estima conveniente.
2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artículo 45.5 y éste se dirige contra una disposición general, deberá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquél, en el que se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Secretario judicial procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por la Administración y luego por los demás demandados que se hubieran personado.
Datos clave
- Cumplido el artículo 45.3, el letrado de la Administración de Justicia acuerda en el siguiente día hábil, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso, con coste a cargo del recurrente.
- El letrado también puede acordar de oficio la publicación del anuncio.
- Si el recurso se inicia mediante demanda (artículo 45.5) contra una disposición general, se publica el anuncio y se conceden quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener su conformidad a Derecho.
- Transcurrido ese plazo se da traslado de la demanda para que conteste primero la Administración y luego los demás demandados personados.
Artículo 48
El artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la reclamación y remisión del expediente administrativo en el proceso contencioso-administrativo.
1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho.
2. No se reclamará el expediente en el caso del apartado 2 del artículo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este artículo 48.
3. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.
4. El expediente se enviará completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Al remitir el expediente, la Administración deberá identificar al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial. Si el expediente fuera reclamado por varios juzgados o tribunales, la Administración enviará copias en soporte electrónico del mismo, que deberán reunir los requisitos anteriormente expresados.
5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el tribunal podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración, que se remitirá en soporte electrónico. Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo entregará a las partes por cinco días para que formulen alegaciones.
6. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.
7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del letrado o letrada de la Administración de Justicia notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez, la jueza o el tribunal impondrán una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido. De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.
8. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en el artículo 79.
9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.
10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.
11. La Administración remitirá el expediente electrónicamente, utilizando, a tal efecto, los sistemas de interoperabilidad que resulten aplicables, al objeto de que el expediente administrativo en soporte electrónico así remitido quede automáticamente integrado en los sistemas de gestión procesal correspondientes.
Los apartados 1, 4, 5, 7 y 8 y el nuevo apartado 11 proceden del artículo 102.7 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- El letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere el expediente al órgano autor del acto o al que se impute la inactividad o vía de hecho.
- Plazo de remisión: veinte días improrrogables desde la entrada de la comunicación judicial en el registro general del órgano requerido.
- El expediente se envía completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y con índice autentificado.
- Los documentos clasificados como secreto oficial se excluyen mediante resolución motivada.
- Si no se remite tras reiterar la reclamación en diez días, multa coercitiva de 300 a 1.200 euros, reiterable cada veinte días.
- Contra el auto que impone la multa cabe recurso de reposición (art. 79).
- Tras las tres primeras multas sin éxito, los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo 49
El artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público se emplazará como parte demandada a las personas, distintas del recurrente, que hubieren comparecido en el recurso administrativo, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días.
2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.
3. Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el letrado o letrada de la Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en el Tablón Edictal Judicial Único. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.
5. En el supuesto previsto en el artículo 47.2 se estará a lo que en él se dispone.
6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuará personalmente por plazo de nueve días.
Datos clave
- La resolución que acuerda remitir el expediente se notifica en los cinco días siguientes a su adopción a los interesados, emplazándolos para personarse como demandados en el plazo de nueve días.
- En los recursos contra decisiones de los órganos de recursos especiales en materia de contratación se emplaza a quienes comparecieron en el recurso administrativo, también por nueve días.
- Si no se pudo emplazar a un interesado en el domicilio que conste, se inserta edicto en el Tablón Edictal Judicial Único; los emplazados por edictos pueden personarse hasta el momento en que deba dárseles traslado para contestar a la demanda.
- El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectúa personalmente por plazo de nueve días.
- El letrado de la Administración de Justicia comprueba las notificaciones y ordena completarlas si son incompletas.
Artículo 50
El artículo 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.
2. Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.
3. Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Datos clave
- El emplazamiento de la Administración se entiende efectuado por la reclamación del expediente.
- Las Administraciones públicas se entienden personadas por el envío del expediente.
- Los demandados emplazados que se personen tarde son parte solo para los trámites no precluidos.
- Si no se personan oportunamente, el procedimiento continúa sin practicarles notificaciones de clase alguna.
Artículo 51
1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:
a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.
b) La falta de legitimación del recurrente.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.
d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso.
2. El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias.
3. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.
Asimismo, cuando se impugne la no realización por la Administración de las obligaciones a que se refiere el artículo 29, el recurso se inadmitirá si fuera evidente la ausencia de obligación concreta de la Administración respecto de los recurrentes.
4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar.
5. Contra el auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.
6. Declarada la inadmisión al amparo de lo establecido en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo, se estará a lo que determinan los artículos 5.3 y 7.3.
Se modifica el inciso primero del apartado 1 por el art. 14.12 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .
Datos clave
- Causas de inadmisión manifiesta: falta de jurisdicción o incompetencia, falta de legitimación, actividad no impugnable y caducidad del plazo.
- Puede inadmitirse si se desestimaron en el fondo recursos sustancialmente iguales por sentencia firme.
- En la vía de hecho, puede inadmitirse si la actuación se produjo dentro de la competencia y conforme al procedimiento.
- Antes de inadmitir se oye a las partes por plazo común de diez días.
- El auto de admisión no es recurrible, pero no impide oponer después cualquier motivo de inadmisibilidad.
Artículo 52
El artículo 52 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la entrega del expediente al recurrente para deducir la demanda y la caducidad del recurso.
1. Recibido el expediente administrativo en soporte electrónico en el juzgado o tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el letrado o letrada de la Administración de Justicia se acordará su incorporación a los autos en ese mismo soporte y su entrega al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente a las partes se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto.
La redacción vigente del apartado 1 procede del artículo 102.9 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- El expediente se incorpora a los autos en soporte electrónico y se entrega al recurrente.
- Plazo para deducir la demanda: veinte días.
- Si concurre un supuesto del artículo 51, el letrado o letrada da cuenta al tribunal.
- Con varios recurrentes, la demanda se formula simultáneamente por todos, aunque no actúen bajo una misma dirección.
- La entrega se hace por vía telemática o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
- Sin demanda en plazo, se declara de oficio por auto la caducidad del recurso.
- Se admite la demanda si se presenta dentro del día en que se notifique el auto de caducidad.
Artículo 53
El artículo 53 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
2. Si después de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, el Secretario judicial pondrá éste de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
Datos clave
- Transcurrido el término para remitir el expediente sin que se envíe, el recurrente puede pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
- Si después se recibe el expediente, se pone de manifiesto a las partes por plazo común de diez días para alegaciones complementarias.
Artículo 54
El artículo 54 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el traslado de la demanda y la contestación en el procedimiento ordinario.
1. Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazará a la Administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente.
2. Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente.
3. La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En todos los casos la entrega del expediente se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
4. Si la Administración demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte días, pueda designar representante en juicio o comunicar al órgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensión del actor.
Datos clave
- Plazo para contestar la demanda: veinte días, con entrega del expediente administrativo.
- Si no se recibió el expediente, no se admite la contestación de la Administración sin él.
- El defensor de la Administración puede pedir la suspensión por veinte días si estima que la actuación pudiera no ajustarse a Derecho.
- Contesta primero la Administración demandada; los demás demandados lo hacen simultáneamente.
- La entrega del expediente se hace por vía telemática o mediante el punto de acceso electrónico al expediente judicial.
- La entidad local no personada recibe traslado para designar representante o alegar por escrito en veinte días.
Artículo 55
El artículo 55 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. A estos efectos se entenderá que el expediente administrativo está integrado por los documentos y demás actuaciones que lo conforman según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los documentos o elementos de prueba que formen parte de un expediente administrativo distinto no podrán solicitarse a través del trámite previsto en el presente artículo.
2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspenderá el curso del plazo correspondiente.
3. El letrado o letrada de la Administración de Justicia resolverá lo pertinente en el plazo de tres días.
Si acepta la solicitud y esta se hubiera formulado dentro de los diez primeros días del plazo para formular la demanda o la contestación, el plazo se reiniciará una vez el expediente completo remitido por la Administración se haya puesto a disposición de la parte solicitante. Si rechazara la solicitud o si, aun aceptándola, esta se hubiera presentado una vez transcurridos los diez primeros días antes referidos, el cómputo del plazo simplemente se reanudará, salvo que, en este último caso, el letrado o letrada de la Administración de Justicia considere oportuno que el plazo se reinicie atendido el volumen o la importancia para la causa de los documentos añadidos.
En ningún caso el plazo se reiniciará cuando la solicitud de complemento la hubiera formulado la Administración demandada.
La Administración, al remitir de nuevo el expediente, deberá indicar en el índice a que se refiere el artículo 48.4 los documentos que se han adicionado.
Datos clave
- Las partes pueden solicitar que se reclamen los antecedentes del expediente administrativo incompleto dentro del plazo para formular la demanda o la contestación; la solicitud suspende el curso del plazo.
- El letrado de la Administración de Justicia resuelve en el plazo de tres días.
- Si acepta y la solicitud se formuló dentro de los diez primeros días del plazo, éste se reinicia una vez puesto a disposición el expediente completo.
- Si rechaza, o la solicitud se presentó pasados esos diez días, el plazo simplemente se reanuda, salvo que el letrado considere oportuno reiniciarlo.
- El plazo nunca se reinicia si el complemento lo solicitó la Administración demandada.
Artículo 56
1. En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.
2. El Secretario judicial examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez días. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda sobre su admisión.
3. Con la demanda y la contestación las partes acompañarán los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarán el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.
4. Después de la demanda y contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podrá aportar, además, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones.
5. Presentados los escritos de demanda y contestación, si un juzgado o tribunal, en cualquier momento anterior a dictar sentencia, tuviese conocimiento, por cualquier medio, de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación que presenta una identidad jurídica sustancial con la cuestión debatida en el recurso del que está conociendo, oirá a las partes personadas por el plazo común de diez días sobre su posible suspensión, adjuntándoles copia del referido auto.
Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo, si el juzgado o tribunal apreciase una identidad jurídica sustancial y que la resolución que se dicte en casación puede resultar relevante para resolver el procedimiento, acordará la suspensión hasta que se dicte resolución firme en el recurso de casación. Contra el auto que resuelva sobre la suspensión no cabrá recurso alguno.
El auto que acuerde la suspensión se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo indicada en el auto de admisión, que, a su vez, remitirá testimonio de la sentencia que recaiga en el recurso de casación al juzgado o tribunal remitente.
Recibido el testimonio de la sentencia del recurso de casación, el juzgado o tribunal alzará la suspensión y dará un nuevo trámite de audiencia a las partes personadas, por plazo común de diez días, a fin de que aleguen sobre la incidencia que dicho pronunciamiento tiene para resolver el recurso. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo conferido, se continuará la tramitación del procedimiento en el momento en que se encontrare antes de la suspensión, salvo que las partes desistan del recurso o se allanen, en cuyo caso el juzgado o tribunal resolverá lo procedente.
Datos clave
- Demanda y contestación consignan por separado hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones.
- Pueden alegarse motivos planteados o no ante la Administración.
- El Secretario judicial requiere la subsanación de faltas en plazo no superior a diez días.
- Con la demanda y la contestación se acompañan los documentos en que se funde el derecho.
- Si el Tribunal Supremo admite una casación con identidad jurídica sustancial, se oye a las partes diez días sobre la suspensión.
- Contra el auto que resuelve sobre esa suspensión no cabe recurso alguno.
Artículo 57
El artículo 57 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
El Secretario judicial declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61 en los siguientes supuestos:
1.º Si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone.
2.º Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni los trámites de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, acuerde la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.
En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisión, y seguidamente se declarará concluso el pleito.
Datos clave
- Contestada la demanda, el pleito se declara concluso para sentencia sin más trámite, salvo que el Juez o Tribunal use la facultad del artículo 61.
- Primer supuesto: el actor pide por otrosí que se falle sin prueba, vista ni conclusiones y el demandado no se opone.
- Segundo supuesto: en demanda y contestación no se solicita prueba, vista ni conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal acuerde excepcionalmente vista o conclusiones escritas.
- Si el demandado solicita la inadmisión, se da traslado al demandante por cinco días para alegaciones.
Artículo 58
El artículo 58 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa.
2. Para hacer uso de este trámite la Administración demandada habrá de acompañar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes.
Datos clave
- Las partes demandadas pueden alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso (artículo 69).
- Salvo la incompetencia, esos motivos pueden alegarse también en la contestación aunque hubieran sido desestimados como alegación previa.
- La Administración demandada debe acompañar el expediente administrativo si no lo había remitido antes.
Artículo 59
El artículo 59 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dará traslado por cinco días al actor, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.
2. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación prevista para los incidentes.
3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste.
4. El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso. Si se hubiere declarado la falta de jurisdicción o de competencia, se estará a lo que determinan los artículos 5.3y 7.3.
Datos clave
- Del escrito de alegaciones previas se da traslado al actor por cinco días; éste puede subsanar el defecto en diez días.
- Evacuado el traslado se sigue la tramitación de los incidentes.
- El auto desestimatorio no es susceptible de recurso y dispone que se conteste la demanda en el plazo que reste.
- El auto estimatorio declara la inadmisibilidad del recurso; si hubo falta de jurisdicción o competencia se estará a los artículos 5.3 y 7.3.
Artículo 60
1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.
2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 56.
3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
5. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.
6. En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.
7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
8. La presentación de documentos en el curso de actos judiciales o procesales celebrados por videoconferencia se ajustará a lo establecido por la Ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
Datos clave
- El recibimiento a prueba solo se pide por otrosí en la demanda, la contestación o las alegaciones complementarias.
- Si la contestación aporta hechos nuevos, el recurrente puede pedir prueba en los cinco días siguientes.
- En sanciones administrativas o disciplinarias, el proceso se recibe siempre a prueba si hay disconformidad en los hechos.
- El plazo para practicar la prueba es de treinta días.
- Para aclaraciones al dictamen pericial se da un plazo no superior a cinco días.
- En discriminación por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, la carga de justificar recae en la parte demandada.
Artículo 61
1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.
2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.
3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.
4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.
5. El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A los efectos de la aplicación de las normas sobre costas procesales en relación al coste de estas pruebas se entenderá que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.
Se modifica el apartado 4 por el art. 14.21 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .
Datos clave
- El Juez o Tribunal puede acordar de oficio el recibimiento a prueba.
- Tras el periodo de prueba y hasta que el pleito quede concluso, puede acordar cualquier diligencia de prueba.
- Las partes intervienen en las pruebas acordadas de oficio.
- Si no pudieron alegar sobre la prueba de oficio, disponen de cinco días para hacerlo.
- Los efectos de las pruebas periciales pueden extenderse a procedimientos conexos, prorrateando su coste.
Artículo 62
El artículo 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.
2. Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación o por escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.
3. El Secretario judicial proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, sólo acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 61.
4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.
Datos clave
- Las partes pueden solicitar vista, conclusiones o que el pleito se declare concluso para sentencia, mediante otrosí en demanda o contestación, o por escrito en el plazo de cinco días desde la notificación de la diligencia de ordenación que declara concluso el período de prueba.
- Se proveerá según lo que coincidentemente soliciten las partes.
- En otro caso, solo se acuerda vista o conclusiones escritas si lo solicita el demandante o, habiéndose practicado prueba, cualquiera de las partes.
- Sin solicitud de las partes, el Juez o Tribunal puede acordarlas excepcionalmente atendida la índole del asunto.
Artículo 63
El artículo 63 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripción de la ley o por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrán ser antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho. En el señalamiento de las vistas el Secretario judicial atenderá asimismo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través del Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.
3. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales se documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso, acceso electrónico de las grabaciones originales.
4. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. A tal efecto, el letrado de la Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del letrado de la Administración de Justicia salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el letrado de la Administración de Justicia atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.
5. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.
6. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.
7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.
Datos clave
- La fecha de la vista se señala por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, con preferencia de las materias que por ley o acuerdo motivado deban tenerla.
- En la vista se da la palabra a las partes por su orden para exponer de forma sucinta sus alegaciones.
- La vista se documenta conforme a los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante grabación incorporada al expediente judicial electrónico.
- Con medios tecnológicos que garanticen autenticidad e integridad, la vista no requiere la presencia del letrado de la Administración de Justicia salvo solicitud de las partes al menos dos días antes o necesidad excepcional apreciada por él.
- Si no pueden usarse los mecanismos de garantía o los medios de registro, el Secretario judicial extiende acta de cada sesión.
- El acta se extiende por procedimientos informáticos y solo puede ser manuscrita si la sala carece de medios informáticos.
Artículo 64
El artículo 64 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.
2. El plazo para formular el escrito será de diez días sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación.
3. El señalamiento de día para votación y fallo se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior.
4. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del artículo 61, en cuyo caso dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.
Datos clave
- En conclusiones, las partes presentan alegaciones sucintas sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos.
- El plazo para formular el escrito es de diez días sucesivos para demandantes y demandados, simultáneo dentro de cada grupo si comparece más de una persona sin actuar unidos bajo una misma representación.
- Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declara el pleito concluso para sentencia, salvo uso de la facultad del artículo 61.2.
Artículo 65
El artículo 65 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación.
2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.
3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos.
Datos clave
- En la vista o en las conclusiones no pueden plantearse cuestiones no suscitadas en los escritos de demanda y contestación.
- Si el Juez o Tribunal juzga oportuno tratar motivos relevantes distintos de los alegados, lo comunica a las partes por providencia con plazo de diez días para ser oídas; contra ella no cabe recurso.
- El demandante puede solicitar que la sentencia se pronuncie sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios si constan ya probados en autos.
Artículo 66
El artículo 66 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia y, una vez conclusos, serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
Datos clave
- Los recursos directos contra disposiciones generales gozan de preferencia.
- Una vez conclusos se anteponen para votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado.
- Excepción: el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
Artículo 67
1. La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes.
Datos clave
- La sentencia se dicta en el plazo de diez días desde que el pleito se declara concluso.
- Decide todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
- Si no puede dictarse en plazo, el órgano lo razona y señala una fecha posterior concreta, notificándolo a las partes.
Artículo 68
1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:
a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.
2. La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.
Datos clave
- Fallos posibles: inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso.
- La sentencia incluye siempre el pronunciamiento sobre las costas.
- Son los únicos fallos que enumera el artículo 68 de la LJCA.
Artículo 69
La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:
a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.
b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
Datos clave
- Inadmisibilidad por falta de jurisdicción del Juzgado o Tribunal.
- Por haberse interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
- Por tener por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
- Por cosa juzgada o litispendencia.
- Por presentar el escrito inicial fuera de plazo.
Artículo 70
1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados.
2. La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Datos clave
- La sentencia desestima el recurso cuando la disposición, acto o actuación impugnados se ajustan a Derecho.
- La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo cuando hay cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- Desviación de poder: ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Artículo 71
1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:
a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.
b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.
c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.
2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
Datos clave
- La sentencia estimatoria declara no ser conforme a Derecho y, en su caso, anula total o parcialmente la disposición o acto, o dispone que cese o se modifique la actuación impugnada.
- Si se pretendió el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la sentencia la reconoce y adopta las medidas necesarias para su pleno restablecimiento.
- Si la medida consiste en emitir un acto o practicar una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
- Estimada una pretensión de resarcimiento, se declara en todo caso el derecho a la reparación y quién viene obligado a indemnizar.
- La sentencia fija la cuantía si lo pide expresamente el demandante y constan probados en autos elementos suficientes; en otro caso, fija las bases y la concreción se difiere al período de ejecución de sentencia.
- Los órganos jurisdiccionales no pueden determinar la redacción de los preceptos de una disposición general en sustitución de los anulados ni el contenido discrecional de los actos anulados.
Artículo 72
1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.
2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
3. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111.
Datos clave
- La inadmisión o desestimación solo produce efectos entre las partes.
- La anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas.
- La anulación firme de una disposición general tiene efectos generales desde la publicación del fallo en el mismo periódico oficial.
- También se publican las sentencias firmes que anulen actos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas.
- El reconocimiento de situaciones individualizadas solo afecta a las partes, salvo extensión de efectos (arts. 110 y 111).
Artículo 73
El artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
Datos clave
- Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectan por sí mismas a las sentencias o actos administrativos firmes que lo aplicaron antes de que la anulación alcanzara efectos generales.
- Excepción: cuando la anulación suponga la exclusión o reducción de sanciones aún no ejecutadas completamente.
Artículo 74
El artículo 74 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el desistimiento del recurso contencioso-administrativo.
1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.
3. El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, y en los supuestos de acción popular al Ministerio Fiscal, por plazo común de cinco días. Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a él, dictará decreto en el que declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos.
4. En otro caso, o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.
5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.
6. El desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas.
7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.
8. Desistido un recurso de apelación o de casación, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia sin más trámites declarará terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos y la devolución de las actuaciones recibidas al órgano jurisdiccional de procedencia.
La redacción vigente del apartado 8 procede del artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.
Datos clave
- Se puede desistir en cualquier momento anterior a la sentencia.
- El desistimiento del representante exige ratificación del recurrente o autorización.
- Si desiste la Administración, debe aportar testimonio del acuerdo del órgano competente.
- Traslado a las demás partes (y al Ministerio Fiscal en la acción popular) por plazo común de cinco días.
- Sin oposición, el letrado o letrada dicta decreto que declara terminado el procedimiento.
- El desistimiento no implica necesariamente condena en costas.
- Si la Administración revoca el reconocimiento que motivó el desistimiento, el actor puede pedir que continúe el procedimiento; alegaciones complementarias en diez días.
Artículo 75
1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.
2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.
3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.
Datos clave
- Los demandados pueden allanarse cumpliendo los requisitos del artículo 74.2.
- Producido el allanamiento, se dicta sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante.
- Excepción: si supone infracción manifiesta del ordenamiento, se oye a las partes por plazo común de diez días.
- Con varios demandados, el procedimiento sigue respecto de quienes no se allanen.
Artículo 76
El artículo 76 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera.
2. El letrado o letrada de la Administración de Justicia mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el juez, la jueza o el tribunal dictarán auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho.
Datos clave
- Si la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes puede ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal.
- El letrado de la Administración de Justicia manda oír a las partes por plazo común de cinco días.
- El órgano judicial dicta auto declarando terminado el procedimiento y ordenando el archivo del recurso, si el reconocimiento no infringe manifiestamente el ordenamiento jurídico.
- En caso contrario dicta sentencia ajustada a Derecho.
Artículo 77
El artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.
Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.
2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.
3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.
4. En todo caso, las actuaciones previstas en este artículo podrán llevarse a cabo por medios electrónicos.
Datos clave
- En primera o única instancia, tras la demanda y la contestación, el Juez o Tribunal puede someter a las partes el reconocimiento de hechos o documentos y la posibilidad de un acuerdo, en materias susceptibles de transacción, en particular la estimación de cantidad.
- Los representantes de las Administraciones demandadas necesitan autorización oportuna para transigir.
- El intento de conciliación no suspende las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo soliciten, y puede producirse hasta el día en que el pleito sea declarado concluso para sentencia.
- Si hay acuerdo que implique la desaparición de la controversia, se dicta auto de terminación siempre que no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.
- Estas actuaciones pueden llevarse a cabo por medios electrónicos.
Artículo 78
El artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el procedimiento abreviado.
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.
3. Presentada la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta a éste para que resuelva lo que proceda.
Admitida la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia acordará su traslado a la persona demandada, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo en soporte electrónico, con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista. Si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez o tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio. En el señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 54. Una vez contestada la demanda, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito, salvo que el juez o la jueza hagan uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.
Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar la demanda, las partes demandadas podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin en qué hechos existe disconformidad y qué medios de prueba, distintos de los ya obrantes en actuaciones, habrían de ser practicados para despejar esa disconformidad. El juez o la jueza decidirá sobre dicha solicitud mediante auto. El auto que acuerde la celebración de vista no será recurrible y, tras su notificación, se citará a las partes al acto. El auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además, que se conteste la demanda en el plazo que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición. Presentada la contestación se abrirá un trámite de conclusiones, por plazo de cinco días sucesivos, si la parte actora lo hubiese solicitado en su demanda.
4. Recibido el expediente administrativo, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia lo entregarán al actor y a las personas interesadas que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista. Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolverá lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si el demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corresponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales anteriores o si, habiéndose suscitado, se resolviese la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la controversia, la ausencia de proposición de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciará tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará sentencia sin más dilación. Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista, o desestimándola en la misma sentencia, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.
14. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos fuese excesivo y sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, el órgano judicial podrá limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de reposición (la ley dice «súplica», referencia que la disposición adicional octava entiende hecha a la reposición), que se sustanciará y resolverá seguidamente.
18. Si el juez o la jueza estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el letrado o la letrada de la Administración de Justicia competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse. Si no hubiera asistido a la vista, efectuará nuevo señalamiento en el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera acordado la suspensión.
19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, oídos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, antes de darla por terminada.
20. El juez o la jueza dictarán sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista. No obstante, la sentencia se podrá dictar oralmente al concluir dicho acto con los requisitos de forma y consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y pronunciando su fallo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 a 71 de la presente ley.
21. La vista se documentará en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 63.
22. Si esos mecanismos de garantía no se pudiesen utilizar deberán consignarse en el acta: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el juez, la jueza o el tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A esta acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones. Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar: a) lugar, fecha, juez o jueza que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores; b) breve resumen de las alegaciones, medios de prueba propuestos, declaración de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y protesta; c) en cuanto a las pruebas admitidas y practicadas, resumen del interrogatorio de parte y testifical, relación de los documentos presentados, incidencias sobre la prueba documental, resumen de los informes periciales y de la resolución sobre la recusación de peritos, y resumen de las declaraciones realizadas en la vista; d) conclusiones y peticiones concretas, recogiendo en el acta la cantidad si fueran de condena a cantidad; e) declaración de conclusión de los autos para sentencia. Las actas se extenderán por procedimientos informáticos, y solo podrán ser manuscritas si la sala careciera de medios informáticos; en ese caso, el letrado o letrada leerá el acta al terminar la sesión y la firmará tras el juez, la jueza o el presidente o la presidenta, las partes, sus representantes o defensores y los peritos.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este capítulo, se regirá por las normas generales de la presente Ley.
Los apartados 3, 4, 18, 20 y 22 tienen la redacción dada por el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.
Datos clave
- Ámbito: personal, extranjería, inadmisión de asilo político, dopaje en disciplina deportiva y asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
- Se inicia por demanda; el expediente debe remitirse con al menos quince días de antelación a la vista.
- Si el actor pide fallo sin prueba ni vista, los demandados contestan en veinte días y pueden pedir vista en los diez primeros.
- Si no comparece ninguna parte o solo el demandado, se tiene al actor por desistido y se le condena en costas.
- No se admiten pliegos en el interrogatorio de parte ni escritos de preguntas y repreguntas para testigos; los testigos no pueden ser tachados.
- Contra la decisión del Juez sobre la adecuación del procedimiento por la cuantía no cabe recurso.
- Sentencia en diez días desde la vista, o de forma oral al concluir el acto.