Los documentos administrativos: Concepto, funciones, clasificación y características. Especial referencia al documento electrónico. El registro de documentos: Concepto y funciones. Presentación, recepción, entrada y salida de documentos. El archivo de documentos: Concepto y funciones. Clases de archivo y criterios de ordenación. El acceso a los documentos administrativos: Sus limitaciones y formas de acceso.
Practica este tema con tests de Auxiliar Administrativo (Administración General, C2) — Comunidad de Madrid: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
Regístrate gratisTextos consolidados oficiales:
- Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid
- Decreto 127/2022, de 7 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan aspectos relativos a los servicios electrónicos y a la comisión de redacción, coordinación y seguimiento del portal de internet de la Comunidad de Madrid
- Constitución Española
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
- Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid
- Ministerio de Cultura — Diccionario de Terminología Archivística
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 15
De la actividad de registro 1. Integran la actividad de registro: a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones pre- sentadas por los ciudadanos así como de los documentos que las acompañen, dirigidos a las Administraciones Públi- cas. b) La expedición de copias selladas de los documentos ori- ginales que aporten los interesados y deban obrar en el procedimiento. c) La compulsa de las copias de los documentos originales que acompañen a las solicitudes, escritos y comunicaciones presentadas. d) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. e) La anotación de asientos de entrada o salida de las soli- citudes, escritos y comunicaciones. f) La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias. g) Cualesquiera otras que se atribuyan legal o reglamentaria- mente a los Registros. 2. En ningún caso los Registros podrán ser utilizados para la difusión de información o envío masivo de comunicaciones en desarrollo de una actividad privada de carácter comercial.
Datos clave
- La actividad de registro comprende: recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones, expedición de copias selladas, compulsa, expedición de recibos, anotación de asientos de entrada o salida, remisión a los destinatarios y las demás funciones que se atribuyan legal o reglamentariamente.
- Los Registros no pueden usarse para la difusión de información o el envío masivo de comunicaciones de una actividad privada de carácter comercial.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 16
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 1. Los ciudadanos tienen derecho a presentar, en cualquiera de los Registros de la Administración de la Comunidad de Madrid, las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentación comple- mentaria que acompañen, que dirijan a las Administraciones públi- cas ya sean de ámbito estatal, autonómico o local y a los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de las mismas. 2. Además, los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escri- tos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la Comu- nidad de Madrid: a) En los Registros de cualquier órgano administrativo per- teneciente a la Administración del Estado y de las demás Comunidades Autónomas. b) En las oficinas de Correos, en la forma establecida regla- mentariamente. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 3. Asimismo, los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la Comunidad de Madrid, a la Administración General del Estado y a los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de ambas Admi- nistraciones, en los Registros de las Entidades Locales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando éstas hayan sus- crito el correspondiente convenio.
Datos clave
- Los ciudadanos pueden presentar en cualquier Registro de la Administración de la Comunidad de Madrid sus escritos dirigidos a Administraciones estatales, autonómicas o locales y a sus organismos.
- Los dirigidos a la Comunidad de Madrid pueden presentarse en Registros de la Administración del Estado y de otras Comunidades Autónomas, en oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- También pueden presentarse en los Registros de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid cuando hayan suscrito el correspondiente convenio.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 17
Recepción de solicitudes y documentación por entidades colaboradoras Las Consejerías fomentarán convenios de colaboración con enti- dades públicas que faciliten las tareas de recogida de solicitudes y documentación para los procedimientos que se considere con- veniente, debiéndose dar la máxima difusión a las direcciones, teléfonos y horario de atención de las entidades colaboradoras.
Datos clave
- Las Consejerías fomentan convenios de colaboración con entidades públicas para la recogida de solicitudes y documentación.
- Debe darse la máxima difusión a las direcciones, teléfonos y horario de atención de las entidades colaboradoras.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 18
Medios de presentación 1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se podrá efectuar en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, de conformidad con las previsiones que se fijen en las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 2. Los ciudadanos que deseen presentar simultáneamente un número superior a diez solicitudes, escritos o comunicaciones, diri- gidas a un mismo órgano, se les facilitará el impreso que se recoge como Anexo 1 a este Decreto para que las relacionen, nume- rándolas y especificando la identidad de los interesados, la unidad a la que se dirige, así como un extracto de los contenidos.
Datos clave
- La presentación puede hacerse en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, según las disposiciones aplicables.
- Quien presente simultáneamente más de diez solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a un mismo órgano recibe el impreso del Anexo 1 para relacionarlas, numerándolas y con un extracto de su contenido.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 19
Efectos de la presentación 1. A los efectos del cumplimiento de los plazos por los ciu- dadanos, se entenderá como fecha de recepción por el órgano competente, la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comu- nicaciones, en los lugares previstos en el artículo 16 de este Decreto. 2. A los efectos de los plazos que haya de cumplir la Admi- nistración, y en particular del plazo máximo para notificar la reso- lución expresa, éstos se computarán a partir de la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro del órgano competente para su tramitación, entendiéndose por tal cual- quiera de los Registros de la Consejería competente para iniciar dicha tramitación, de conformidad con la disposición adicional de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro- cedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y Pág. 9MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002B.O.C.M. Núm. 30 el régimen de silencio administrativo de determinados proce- dimientos.
Datos clave
- Para los plazos que deben cumplir los ciudadanos, la fecha de recepción es la fecha de entrada en los lugares previstos en el artículo 16.
- Para los plazos de la Administración, en particular el plazo máximo para notificar la resolución expresa, se cuentan desde la entrada en el Registro del órgano competente para la tramitación.
- Se entiende por tal cualquiera de los Registros de la Consejería competente para iniciar la tramitación.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 20
Modelos y sistemas normalizados de solicitud 1. Cuando se estime conveniente para facilitar a los ciudadanos la aportación de los datos e informaciones requeridos o para sim- plificar la tramitación del correspondiente procedimiento, el órga- no competente para su instrucción o resolución deberá establecer modelos normalizados de solicitud. En todo caso, deberán esta- blecerse tales modelos cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos. Todo modelo normalizado de solicitud deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2. Los modelos a los que se refiere el apartado anterior deberán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permitan la transmisión por medios telemáticos de los datos e informaciones requeridos, de conformidad con las previsiones que se fijen en las disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
Datos clave
- El órgano competente para instruir o resolver establece modelos normalizados de solicitud cuando lo estime conveniente.
- Es obligatorio establecerlos en los procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
- Todo modelo normalizado debe publicarse en el BOCM.
- Los modelos se integran en sistemas normalizados de solicitud que permiten la transmisión telemática de los datos.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 21
Aportación de documentos originales 1. Cuando la normativa aplicable exija la aportación al pro- cedimiento de documentos originales, los ciudadanos tendrán dere- cho a que les sean selladas copias de los mismos. Para el ejercicio de este derecho, el ciudadano aportará una copia junto con el documento original. 2. Antes del sellado de la copia, el Registro la cotejará con el original, comprobando la identidad de sus contenidos y unirá el original a la solicitud, escrito o comunicación al que se acompañe para su remisión al órgano destinatario y entregará la copia al ciudadano con un sello en el que consten la fecha y lugar de presentación del original, órgano destinatario del documento ori- ginal y extracto del objeto del procedimiento o actuación para cuya tramitación se aporta. Se acompaña como Anexo 2 el modelo de sello que se utilizará. El Registro llevará el control de las copias selladas que expida, en el que se harán constar los datos señalados en el párrafo anterior. 3. La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en poder de la Administración autonómica, siendo válida a los efectos del ejercicio por el ciudadano del derecho a no pre- sentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi- nistración actuante, así como para solicitar, en su caso, la devo- lución del original una vez finalizado el procedimiento o actuación o de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación. La copia sellada será entregada a la Administración correspon- diente en el momento en que el documento original sea devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de la copia, su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el ciudadano en la que exponga por escrito la circunstancia producida. En todo caso, el interesado o su representante firmará un recibí en el que constará el documento que se devuelve, la identificación del interesado o su representante y la fecha y lugar de devolución.
Datos clave
- Cuando se exija documento original, el ciudadano tiene derecho a que se le selle una copia; para ello aporta la copia junto con el original.
- El Registro coteja la copia con el original, une el original a la solicitud y entrega la copia con un sello (Anexo 2) con fecha y lugar de presentación, órgano destinatario y extracto del objeto del procedimiento.
- La copia sellada acredita que el original está en poder de la Administración autonómica, y vale para el derecho a no presentar documentos que ya obren en su poder y para pedir la devolución del original.
- Al devolver el original, el interesado o su representante firma un recibí; si se pierde la copia, se sustituye por una declaración escrita del ciudadano.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 22
Aportación de copias y compulsa de documentos 1. El ciudadano podrá presentar copia de aquellos documentos que quiera acompañar a las solicitudes, escritos o comunicaciones. 2. No obstante, tendrá derecho a que dichas copias le sean compulsadas cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa así lo requieran y se acompañen los originales. 3. La compulsa consistirá en la comprobación de la identidad del documento original con su copia. Será realizada por la persona del Registro encargada de recoger la documentación, que devolverá el original al ciudadano y unirá la copia una vez compulsada, a la solicitud escrito o comunicación. 4. El sello o acreditación de compulsa expresará el Registro en que se practicó, la fecha y la identificación y firma de la persona que la realiza. Se acompaña como Anexo 3 el modelo de sello que se utilizará. 5. El Registro no estará obligado a compulsar copias de docu- mentos originales cuando dichas copias no acompañen a las soli- citudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano. 6. La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.
Datos clave
- El ciudadano puede presentar copia de los documentos que acompañen a sus escritos y tiene derecho a la compulsa cuando la norma del procedimiento lo requiera y aporte los originales.
- La compulsa es la comprobación de la identidad del documento original con su copia; la hace la persona del Registro que recoge la documentación, que devuelve el original.
- El sello de compulsa (Anexo 3) expresa el Registro, la fecha y la identificación y firma de quien la realiza.
- El Registro no está obligado a compulsar copias que no acompañen a escritos presentados por el ciudadano.
- La copia compulsada tiene la misma validez que el original en el procedimiento concreto, pero no acredita la autenticidad del original.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 23
Recibos de presentación 1. Los Registros expedirán un recibo acreditativo de la fecha de presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones que presenten los ciudadanos. En el recibo quedará constancia del número de asiento que se asigne a la solicitud, la identidad del remitente, el órgano destinatario, el lugar y fecha de presentación y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o comunicación. 2. Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la presentación se efectúe acompañando una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia, en la que se hará constar el número de asiento, lugar de presentación, así como la fecha. Si no se aportase copia, el Registro podrá optar por realizar una copia de la solicitud, escrito o comunicación o por la expedición del recibo, conforme al modelo que se recoge como Anexo 4 a este Decreto. 3. Cuando el ciudadano efectúe la presentación a través de soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o tele- máticas, el recibo se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación y deberá reunir los requisitos expre- sados en los apartados anteriores.
Datos clave
- Los Registros expiden un recibo acreditativo de la fecha de presentación, con número de asiento, identidad del remitente, órgano destinatario, lugar y fecha de presentación y extracto del contenido.
- Si se presenta en papel con copia, el recibo es esa copia con el número de asiento, el lugar y la fecha.
- Si no se aporta copia, el Registro puede hacer una copia o expedir el recibo conforme al modelo del Anexo 4.
- En la presentación por medios electrónicos o telemáticos, el recibo se expide según las características del medio y con los mismos requisitos.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 24
Anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones 1. Los asientos del registro se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida, dejando constancia de la fecha y hora, con expresión del minuto, en que se haya recibido o se haya dado salida a la solicitud, escrito o comunicación, número asignado por el registro y número secuencial al que se refiere el artículo 27 de este Decreto, identificación del remitente, del destinatario y breve referencia del contenido del escrito o comu- nicación. 2. Todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que se pre- senten en soporte papel deberán llevar estampada en la primera página un sello o validación mecánica en que conste la identi- ficación del Registro, los números de registro a que se refiere el párrafo anterior, la fecha y hora, con expresión del minuto, de la entrada o salida del documento. 3. Si en el momento de recepción de los documentos en soporte papel existiera imposibilidad material o técnica para realizar la validación mecánica de entrada, se procederá a la validación manual de los mismos, reflejándose posteriormente tal incidencia en el asiento registral posterior. 4. Los Registros, una vez concluido el trámite registral, cur- sarán las solicitudes, escritos y comunicaciones a sus destinatarios de inmediato, y en ningún caso, después del día siguiente.
Datos clave
- Los asientos se anotan por orden temporal, con fecha y hora con expresión del minuto, número del registro y número secuencial del artículo 27, remitente, destinatario y breve referencia del contenido.
- Los documentos en papel llevan en la primera página un sello o validación mecánica con el Registro, los números, la fecha y la hora con minuto.
- Si hay imposibilidad material o técnica de validación mecánica, se hace validación manual y se refleja la incidencia en el asiento posterior.
- Concluido el trámite, los Registros cursan los escritos a los destinatarios de inmediato y en ningún caso después del día siguiente.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 25
Copias auténticas de documentos públicos administrativos 1. Los ciudadanos podrán, en cualquier momento, solicitar la expedición de copias auténticas de los documentos públicos admi- nistrativos que hayan sido válidamente emitidos por los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid y por los Orga- nismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma. Pág. 10 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002 B.O.C.M. Núm. 30 2. Las copias auténticas de los documentos públicos adminis- trativos tienen la misma validez y eficacia que éstos, produciendo idénticos efectos frente a las Administraciones públicas y los interesados. 3. La expedición se solicitará al órgano administrativo o al Organismo público que emitió el documento original. Dicho órgano expedirá la copia previa comprobación en sus archivos de la exis- tencia del original o de los datos en él contenidos. En el supuesto de que, por el tiempo transcurrido, el documento original o los datos en él contenidos obrasen en un archivo general, histórico u organismo similar, la solicitud será cursada al correspondiente archivo para la expedición, en su caso, de la copia auténtica. 4. La copia auténtica podrá consistir en la transcripción íntegra del contenido del documento original o en una copia realizada por cualesquiera medios informáticos, electrónicos o telemáticos. En ambos casos figurará la acreditación de la autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal expedición. 5. La copia auténtica de aquellos documentos que contengan datos nominativos podrá ser solicitada por los titulares de tales datos o por terceros que acrediten un interés legítimo en su obten- ción. Cuando el documento contenga datos personales que pudie- ran afectar a la intimidad de los titulares la copia sólo podrá ser solicitada por éstas. Si los datos contenidos en el documento afec- taran también a la intimidad de personas diferentes del solicitante, sólo se expedirá la copia previo consentimiento de los restantes afectados. 6. La solicitud podrá ser denegada por resolución motivada que pondrá fin a la vía administrativa cuando concurran razones de protección del interés público o de protección de intereses de terceros o cuando así lo disponga una norma legal o regla- mentaria. 7. En el plazo máximo de un mes contado desde la recepción de la solicitud deberán expedirse las copias auténticas o notificarse la resolución que deniegue las mismas.
Datos clave
- Los ciudadanos pueden solicitar en cualquier momento copias auténticas de los documentos públicos administrativos válidamente emitidos; tienen la misma validez y eficacia que el original.
- La solicitud se dirige al órgano u organismo que emitió el original; si por el tiempo transcurrido está en un archivo general o histórico, se cursa a ese archivo.
- La copia puede ser transcripción íntegra o copia por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, e identifica el órgano, archivo u organismo que la expide y la persona responsable.
- Con datos nominativos, la pueden pedir los titulares o terceros con interés legítimo; si afectan a la intimidad, solo los titulares, y con consentimiento de los demás afectados si les atañe.
- La denegación es por resolución motivada que pone fin a la vía administrativa; el plazo máximo para expedir la copia o notificar la denegación es de un mes desde la recepción de la solicitud.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 26
Registros de la Comunidad de Madrid 1. En todas las Consejerías de la Administración de la Comu- nidad de Madrid, así como en los Organismos Autónomos, Enti- dades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma, existirá un Registro. No obstante, un mismo Registro podrá servir a varias Consejerías o unidades admi- nistrativas, siempre que así se prevea en la orden de creación. 2. Se podrán crear Registros auxiliares, que ejerciendo idén- ticas funciones y para la misma Consejería, se encuentren situados en dependencias diferentes.
Datos clave
- Existe un Registro en todas las Consejerías y en los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes.
- Un mismo Registro puede servir a varias Consejerías o unidades administrativas si lo prevé la orden de creación.
- Pueden crearse Registros auxiliares: ejercen idénticas funciones y para la misma Consejería, pero en dependencias diferentes.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 27
Instalación de los Registros en soporte informático 1. Los Registros de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como de los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma, se instalarán en soporte informático sobre una apli- cación única para todos ellos que permita su integración inter- comunicada. 2. Además de la preceptiva numeración de entrada o de salida de cada Registro y de los datos e indicaciones de los asientos previstos por la normativa aplicable, el sistema identificará numé- ricamente, de forma automática y secuencial en relación con la red unificada, cada una de las solicitudes, escritos o comunica- ciones, para facilitar el seguimiento efectivo de los mismos. 3. Los Registros auxiliares se integrarán de forma interconec- tada con el Registro del que dependan, con una única numeración correlativa, en función del orden temporal de recepción o salida.
Datos clave
- Los Registros se instalan en soporte informático sobre una aplicación única para todos ellos, que permite su integración intercomunicada.
- Además de la numeración de entrada o salida, el sistema identifica numéricamente cada solicitud, escrito o comunicación de forma automática y secuencial en relación con la red unificada.
- Los Registros auxiliares se integran de forma interconectada con el Registro del que dependan, con una única numeración correlativa por orden temporal.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 28
Creación, modificación o supresión de los Registros 1. Los Registros se crearán, modificarán o suprimirán mediante Orden del Consejero de Presidencia, que deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2. La creación, modificación o supresión de los Registros de los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la Comunidad de Madrid, se efectuará de conformidad con lo que dispongan sus normas reguladoras. En su defecto, conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo. 3. En todo caso en la creación de un Registro, se deberán prever, como mínimo, los siguientes extremos: a) Localización. b) Horario y régimen de apertura. c) En su caso, el carácter de auxiliar y el registro del que dependa. SECCIÓN 3.a Sugerencias y Reclamaciones
Datos clave
- Los Registros se crean, modifican o suprimen mediante Orden del Consejero de Presidencia, publicada en el BOCM.
- Los de los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y entes vinculados se rigen por sus normas reguladoras y, en su defecto, por la Orden del Consejero de Presidencia.
- Al crear un Registro se prevén como mínimo tres extremos: localización, horario y régimen de apertura y, en su caso, carácter de auxiliar y registro del que depende.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 6
Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid.
1. Se regula el Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid, dependiente de la dirección general competente en materia de Administración electrónica y responsable de su gestión, vinculado a la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Este registro está habilitado para la recepción y remisión electrónica de las solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a cualquier órgano, organismo o entidad, dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid. También se anotarán en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otras Administraciones públicas o particulares.
2. El Registro Electrónico General es común para toda la Administración de la Comunidad de Madrid y se encuentra disponible para cualquier ciudadano en la sede electrónica, todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. El Registro Electrónico General será interoperable con los registros del resto de Administraciones públicas, en los términos establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros electrónicos.
Datos clave
- El Registro Electrónico General depende de la dirección general competente en materia de Administración electrónica, que lo gestiona, y está vinculado a la sede electrónica.
- Recibe y remite solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Administración de la Comunidad; anota también la salida de documentos oficiales a otras Administraciones o particulares.
- Es común para toda la Administración de la Comunidad y está disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas.
- Es interoperable con los registros del resto de Administraciones públicas.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 7
Modelo de documentos admitidos por el Registro Electrónico General.
1. El Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid admitirá los siguientes modelos de documentos, todos ellos disponibles en la sede electrónica:
a) Formularios normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites competencia de la Administración de la Comunidad de Madrid, dirigidos a los órganos, organismos y entidades a que se refiere el artículo 2.1.a) del presente decreto.
b) Formulario genérico, para las solicitudes, escritos o comunicaciones que no dispongan de formulario normalizado para su presentación, dirigido a los órganos, organismos o entidades de la Comunidad de Madrid o a cualquier otra Administración pública.
2. En los casos descritos en el apartado 1 b) del presente artículo, efectuada la recepción, examinado el contenido de la solicitud, escrito o comunicación recibido y una vez determinado el órgano, organismo o entidad competente, se procederá a su remisión a los destinatarios.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si fuera imposible determinar el órgano, organismo o entidad a la que ha de dirigirse el escrito, o la materia no fuera competencia de la Comunidad de Madrid, se contactará con el ciudadano para recabar información adicional o comunicar la imposibilidad de redirigir el escrito por medios electrónicos al órgano competente.
4. El Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid emitirá un justificante que acredite la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, la fecha y hora de presentación, el número de registro asignado y el órgano destinatario, cuando sea posible su determinación. El justificante incorporará un código seguro de verificación que permite comprobar la autenticidad del documento electrónico generado.
Datos clave
- Modelos admitidos en el Registro Electrónico General: formularios normalizados de cada servicio o trámite y formulario genérico para lo que no tenga formulario normalizado.
- Con el formulario genérico, se determina el órgano competente y se remite el escrito a los destinatarios.
- Si no se puede determinar el destinatario o la materia no es competencia de la Comunidad, se contacta con el ciudadano para recabar información o comunicarle la imposibilidad de redirigirlo por medios electrónicos.
- El justificante acredita la recepción y remisión, la fecha y hora, el número de registro y el órgano destinatario; incorpora un código seguro de verificación.
Constitución Española · Art. 105
La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Datos clave
- ¿Qué tres límites pone el art. 105.b) al acceso a archivos y registros administrativos? → Seguridad y defensa del Estado, averiguación de los delitos e intimidad de las personas.
- ¿Qué garantiza el art. 105.c) en el procedimiento de los actos administrativos? → La audiencia del interesado, cuando proceda.
- Las tres letras del art. 105 son tres derechos distintos: a) audiencia normativa, b) acceso a archivos, c) audiencia procedimental.
- Los tres límites al acceso a archivos se recuerdan como SDI: Seguridad y defensa, Delitos (averiguación), Intimidad.
Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
Datos clave
- El acceso puede limitarse por perjuicio, entre otros, para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.
- También para la prevención e investigación de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y las funciones de vigilancia, inspección y control.
- Y para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la confidencialidad en la toma de decisiones y el medio ambiente.
- La aplicación de los límites será justificada y proporcionada, atendiendo a un posible interés público o privado superior.
- Las resoluciones que apliquen límites se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas.
Artículo 15. Protección de datos personales.
El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula cómo se ponderan los datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.
1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.
2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
Datos clave
- Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiese hecho manifiestamente públicos.
- Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley.
- Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
- Sin datos especialmente protegidos, el acceso exige una ponderación suficientemente razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
- Entre los criterios de ponderación figuran los plazos del artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y los fines históricos, científicos o estadísticos.
- No se aplican estas reglas si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales.
- El tratamiento posterior de los datos obtenidos se somete a la normativa de protección de datos.
Artículo 16. Acceso parcial.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
Datos clave
- Procede cuando los límites del artículo 14 no afectan a la totalidad de la información.
- Se concede el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite.
- Excepción: que resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
- Debe indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.
Artículo 22. Formalización del acceso.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Datos clave
- El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica; si no puede darse con la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días.
- Si hubo oposición de tercero, el acceso se produce cuando transcurre el plazo para el recurso contencioso-administrativo sin interponerlo o cuando se confirma el derecho.
- El acceso es gratuito; las copias o el cambio de formato pueden generar exacciones.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 16
Registros. 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.
Datos clave
- ¿Qué se asienta en el Registro Electrónico General? → Todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo público o entidad vinculada; también puede anotarse la salida de documentos oficiales.
- ¿Cómo funciona el Registro Electrónico General respecto de los registros de cada organismo? → Como un portal que facilita el acceso a ellos.
- Palabras clave del artículo: general, interoperable, interconectado y portal.
Artículo 17. Archivo de documentos.
1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
Datos clave
- Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados.
- Los documentos electrónicos se conservan en un formato que garantice autenticidad, integridad y conservación y su consulta con independencia del tiempo transcurrido; su eliminación debe autorizarse.
- Los soportes cuentan con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, con identificación de usuarios y control de accesos.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 26
Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. 1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.
Datos clave
- ¿Qué documentos están exceptuados de firma electrónica por el artículo 26.3 de la Ley 39/2015? → Los meramente informativos y los que no formen parte de un expediente, identificando su origen.
- ¿Qué requisito temporal enumera el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para un documento electrónico administrativo válido? → Una referencia temporal del momento en que se ha emitido.
- Además de información electrónica identificable, metadatos y referencia temporal, ¿qué exige el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para el documento electrónico administrativo válido? → Las firmas electrónicas que correspondan según la normativa aplicable.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 27
Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. 1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas: a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. 5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.
Datos clave
- Según el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo se expide, salvo las excepciones legales, la copia auténtica de un documento público administrativo solicitada al órgano emisor? → Quince días desde la recepción de la solicitud.
- Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué validez tienen las copias auténticas realizadas por una Administración respecto de las restantes? → Tienen validez ante las restantes Administraciones.
- Según el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, ¿qué deben garantizar las copias auténticas? → La identidad del órgano que realiza la copia y su contenido.
- Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué efectos tienen las copias auténticas de documentos privados? → Surten únicamente efectos administrativos.
- ¿Qué vías prevé el artículo 27.1 de la Ley 39/2015 para realizar copias auténticas? → Funcionario habilitado o actuación administrativa automatizada.
- Según el artículo 27.3.c de la Ley 39/2015, ¿para qué sirve el código generado en una copia en papel de un documento electrónico? → Para contrastarla accediendo a los archivos electrónicos del emisor.
Artículo 37. Registro electrónico.
Registro electrónico. 1. Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 60 de este Reglamento. 2. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. 3. Los registros electrónicos admitirán: a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el párrafo anterior dirigido a cualquier Administración Pública. 4. De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. En estos supuestos, el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al interesado e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable
Datos clave
- Los registros electrónicos deben ser plenamente interoperables (artículo 16 de la Ley 39/2015 y artículo 60 del Reglamento).
- Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General para el asiento de todo documento presentado o recibido.
- Los organismos públicos y entidades vinculados pueden tener registro propio interoperable e interconectado con el General.
- Se admiten documentos electrónicos normalizados y cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración.
- No se tienen por presentados los documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación (artículo 16.8 de la Ley 39/2015).
Artículo 38. Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.
Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. 1. El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se configura como el conjunto agregado de: a) Los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro. b) Las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos. c) Las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las que vayan dirigidos. Dicho servicio electrónico será accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. 2. Las anotaciones en el Registro General de la Administración General del Estado tendrán plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.
Datos clave
- Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Es el conjunto agregado de asientos de las unidades de registro, anotaciones de aplicaciones de procedimientos específicos y anotaciones del servicio electrónico general.
- El servicio para escritos sin modelo normalizado es accesible desde la sede electrónica del PAGe.
- Sus anotaciones tienen plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.
Artículo 39. Presentación y tratamiento de documentos en registro.
Presentación y tratamiento de documentos en registro. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro siempre que cumplan con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.
2. En el caso de que se detecte código malicioso susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su subsanación al interesado que los haya aportado de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de este Reglamento. 3. Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas de asistencia en materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte papel, conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 4. Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), su remisión a la Administración y órgano al que van dirigidos podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. En ámbito de la Administración General del Estado dicho repositorio de intercambio de ficheros será de titularidad pública y tanto los documentos depositados como los datos que estos contengan no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la normativa que regule el procedimiento para el que han sido objeto de registro. 5. Los documentos presentados en las oficinas de asistencia en materia de registro serán devueltos a las personas interesadas inmediatamente tras su digitalización o, en caso contrario, se les aplicará lo previsto en el artículo 53 de este Reglamento. 6. El archivo de los documentos intercambiados por registro corresponderá al órgano competente para la tramitación del procedimiento, de acuerdo al plazo que determine su normativa.
Datos clave
- Las Administraciones pueden fijar formatos y estándares conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Si se detecta código malicioso se requiere la subsanación según el artículo 14.3 del Reglamento.
- Los documentos en papel se presentan en las oficinas de asistencia en materia de registros y, digitalizados, son copia electrónica auténtica.
- Si se excede la capacidad del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), los documentos se ponen a disposición en un repositorio de intercambio de ficheros.
- Los documentos se devuelven inmediatamente tras su digitalización o se aplica el artículo 53.
- El archivo de los documentos intercambiados corresponde al órgano competente para tramitar el procedimiento.
Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.
Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.
1. Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .
La creación de nuevas Oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .
2. La Administración General del Estado contará con un directorio geográfico de las Oficinas de asistencia en materia de registros que será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. A tal efecto, el órgano del que dependa la correspondiente Oficina de asistencia deberá comunicar de forma inmediata al citado Ministerio la aprobación de la norma por la que se cree, modifique o suprima dicha oficina, de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, garantizando su actualización permanente.
3. Las Oficinas de asistencia en materia de registros desarrollarán las siguientes funciones:
a) La digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública, así como su anotación en el Registro Electrónico General o Registro electrónico de cada organismo o entidad según corresponda.
b) La anotación, en su caso, de los asientos de salida que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .
c) La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas.
d) La expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier documento original o copia auténtica que presenten las personas interesadas y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo a través de dicha oficina en el registro electrónico correspondiente.
e) La información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos en los trámites y procedimientos para los que se haya conferido habilitación.
f) La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona no obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos administrativos para los que se haya previsto habilitación.
g) La práctica de notificaciones, en el ámbito de actuación de esa Oficina, cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la Oficina y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
h) La comunicación a las personas interesadas del código de identificación del órgano, organismo público o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.
i) La iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .
j) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente.
Datos clave
- Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo (artículo 5 de la Ley 40/2015).
- Su creación, modificación o supresión se rige por el artículo 59.2 de la Ley 40/2015.
- El directorio geográfico de oficinas lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- Funciones: digitalización y anotación de escritos en papel, asientos de salida y emisión de recibo con fecha y hora.
- También expiden copias electrónicas auténticas y practican notificaciones por comparecencia espontánea.
- Inician la tramitación del apoderamiento presencial apud acta (artículo 6 de la Ley 39/2015).
Artículo 46. Documento administrativo electrónico.
Documento administrativo electrónico. 1. Se entiende por documento administrativo electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido
generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho administrativo. 2. Cuando en el marco de un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos el órgano actuante esté obligado a facilitar al interesado un ejemplar de un documento administrativo electrónico, dicho documento se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.
Datos clave
- Es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en soporte electrónico y con formato determinado.
- Debe ser susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Ha de ser generada, recibida o incorporada por las Administraciones en funciones sujetas a Derecho administrativo.
- La entrega de un ejemplar puede sustituirse por los datos necesarios para su acceso electrónico.
Artículo 47. Requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos
El artículo 47 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula los requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrá la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado original o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. 2. Las copias auténticas se expedirán siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
Datos clave
- Es copia auténtica la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas.
- Debe quedar garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
- La copia auténtica puede serlo de un documento público administrativo o privado original o de otra copia auténtica.
- Se expiden siempre a partir de un original o de otra copia auténtica.
- Tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales.
Artículo 48. Órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos en el ámbito estatal
El artículo 48 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, determina los órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos en el ámbito estatal. 1. En el ámbito estatal, serán competentes para la expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos o documentos privados, que sean documentos originales o copias auténticas de documento original los siguientes órganos: a) Los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales. b) Los órganos a los que corresponda la custodia y archivo de documentos. c) Los órganos que hayan previsto sus normas de competencia. d) Las oficinas de asistencia en materia de registros, respecto de los documentos originales o copias auténticas presentados por las personas interesadas para que se remitan desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo. 2. La expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos o documentos privados, que sean documentos originales o copias auténticas de documento original, podrá llevarse a cabo mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado al que se refiere el artículo 31 de este Reglamento. 3. Los titulares de los órganos que se relacionan en los párrafos a), b) c) y d) del apartado 1 de este artículo designarán a los funcionarios y funcionarias habilitados para la emisión de las copias electrónicas auténticas, que se llevará a cabo mediante el correspondiente proceso de digitalización.
Datos clave
- Son competentes cuatro tipos de órganos: los de emisión del original, los de custodia y archivo, los que prevean sus normas de competencia y las oficinas de asistencia en materia de registros.
- Las oficinas de asistencia en materia de registros actúan respecto de documentos presentados por las personas interesadas para remitirlos a la unidad competente.
- La expedición puede hacerse mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado.
- El personal funcionario habilitado debe estar inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado (artículo 31 del Reglamento).
- Los titulares de los órganos de los párrafos a), b), c) y d) designan a los funcionarios habilitados.
Artículo 49. Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado
El artículo 49 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado. Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, el proceso de digitalización por la Administración Pública generará una copia electrónica que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel.
Datos clave
- Supuesto: el interesado presenta en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente.
- La Administración Pública genera una copia electrónica mediante el proceso de digitalización.
- La copia electrónica tiene el mismo valor que la copia presentada en papel.
Artículo 50. Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos
El artículo 50 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos. 1. Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociadas una de las siguientes modalidades de referencia temporal, de acuerdo con lo que determinen las normas reguladoras de los respectivos procedimientos: a) Marca de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico. b) Sello electrónico cualificado de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento. Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados serán asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.
2. La marca de tiempo será utilizada en todos aquellos casos en los que las normas reguladoras no establezcan la utilización de un sello electrónico cualificado de tiempo La información relativa a las marcas y sellos electrónicos cualificados de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente. 3. La relación de prestadores cualificados de servicios de confianza que prestan servicios de sellado de tiempo en el sector público deberá estar incluida en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
Datos clave
- Todo documento administrativo electrónico lleva asociada una de dos modalidades de referencia temporal: marca de tiempo o sello electrónico cualificado de tiempo.
- La marca de tiempo asigna por medios electrónicos la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico.
- El sello electrónico cualificado de tiempo exige la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza.
- Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados son asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.
- La marca de tiempo se usa cuando las normas reguladoras no establezcan el sello electrónico cualificado de tiempo.
- Los prestadores de sellado de tiempo del sector público deben estar en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
Artículo 51. Configuración del expediente administrativo electrónico.
Configuración del expediente administrativo electrónico. 1. El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico autenticado que garantizará la integridad del expediente y permitirá su recuperación siempre que sea preciso. 2. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes administrativos. 3. El índice electrónico autenticado será firmado por el titular del órgano que conforme el expediente para su tramitación o bien podrá ser sellado electrónicamente en el caso de expedientes electrónicos que se formen de manera automática, a través de un sistema que garantice su integridad.
Datos clave
- El foliado se realiza mediante un índice electrónico autenticado.
- El índice garantiza la integridad del expediente y permite su recuperación.
- Un mismo documento electrónico puede formar parte de distintos expedientes.
- El índice lo firma el titular del órgano que conforma el expediente o se sella electrónicamente en expedientes automáticos.
Artículo 53. Tiempo de conservación y destrucción de documentos.
Tiempo de conservación y destrucción de documentos. 1. Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 2. Los documentos presentados por el interesado en formato electrónico dentro de un dispositivo, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez incorporados al expediente serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 3. Transcurrido el plazo previsto en los apartados anteriores, la destrucción de los documentos se realizará de acuerdo con las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano competente de la comunidad autónoma, y siempre que no se trate de documentos con valor histórico, artístico u otro relevante o de documentos en los que la firma u otras expresiones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor especial.
4. Cuando la generación de copias electrónicas auténticas se realice a partir de documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico que se conserven formando parte de sus correspondientes expedientes y series documentales en cualesquiera de las oficinas, archivos o dependencias de cualquier organismo de las Administraciones públicas, dichos documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico se restituirán a sus oficinas, archivos o dependencias de origen, donde les será de aplicación la normativa específica en materia de archivos y conservación del patrimonio documental en su respectivo ámbito y siguiendo lo establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 5. En el ámbito estatal, se estará a lo preceptuado en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
Datos clave
- Los documentos en papel no devueltos se conservan a disposición del interesado durante seis meses tras su digitalización.
- El mismo plazo de seis meses rige para documentos electrónicos aportados en un dispositivo.
- La Administración puede establecer reglamentariamente un plazo mayor.
- La destrucción se ajusta a las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano autonómico competente.
- No se destruyen documentos con valor histórico, artístico u otro relevante, ni aquellos cuya firma u otras expresiones manuscritas les den valor especial.
- En el ámbito estatal se aplica el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
Artículo 54. Conservación de documentos electrónicos.
Conservación de documentos electrónicos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo. La copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la consideración de patrimonio documental a efectos de aplicación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o la normativa autonómica correspondiente, siendo el periodo de conservación de los documentos el establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 2. Cada Administración Pública, regulará los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido, conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Cuando se tenga conocimiento por la Administración Pública, organismo o entidad de la existencia de procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a documentos electrónicos, estos deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales, hasta tanto exista constancia de la terminación del procedimiento judicial correspondiente en las sucesivas instancias, por haber recaído resolución no susceptible de recurso o procedimiento alguno ante órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales. 3. La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato. También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos. Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los mismos plazos establecidos para los correspondientes documentos electrónicos. 4. Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural. Asimismo, se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la conservación a largo plazo de los documentos digitales y permitan de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior
5. En todo caso, bajo la supervisión de los responsables de la seguridad y de los responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las unidades productoras de la documentación se establecerán los planes y se habilitarán los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.
Datos clave
- Se conservan en soporte electrónico todos los documentos del expediente y los de valor probatorio (artículo 46 de la Ley 40/2015).
- La copia electrónica auténtica es patrimonio documental a efectos de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
- Cada Administración regula los períodos mínimos de conservación.
- Ante procedimientos judiciales, los documentos se conservan a disposición de los órganos jurisdiccionales hasta su terminación.
- La conservación comprende, como mínimo, identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.
- Se planifica la migración de datos cuando el formato deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Artículo 55. Archivo electrónico único.
Archivo electrónico único. 1. El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 2. En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.
Datos clave
- El archivo electrónico único es el conjunto de sistemas y servicios para la gestión, custodia y recuperación de documentos y expedientes una vez finalizados los procedimientos.
- En la Administración General del Estado serán accesibles en él todos los documentos y expedientes del sector público estatal.
- Los plazos los determina la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
- Garantiza autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia.
- Se rige por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.
Ley 6/2023 · Art. 3
Conceptos y definiciones generales.
1. A efectos de esta ley, se entiende por:
a) Documento: toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte y en cualquier formato, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. En todo caso, tendrán la consideración de documentos:
1. o Los que sean resultado de procedimientos regulados en una norma jurídica.
2. o Los que, sin estar regulados por normas de procedimiento específicas, sirvan a las personas físicas o jurídicas como elementos de información y conocimiento.
3. o Los electrónicos, según la definición establecida en la letra a) del apartado 2 de este artículo.
b) Documento de titularidad pública: documento de titularidad de una persona física o jurídica, tanto pública como privada, de las enumeradas en el artículo 70, producido y/o recibido en el ejercicio de las competencias y funciones que les son propias, sin perjuicio de la normativa estatal o internacional que le afecte. En este sentido, se considera, también, documento de titularidad pública el documento público, es decir, el documento que, autorizado por un funcionario competente para ello, acredita los hechos que refiere y su fecha.
c) Documento de titularidad privada: documento de titularidad de una persona física o jurídica, de las enumeradas en el artículo 76, producido y/o recibido en el ejercicio de competencias y funciones privadas.
d) Ciclo vital de los documentos: las diferentes fases por las que atraviesan los documentos desde que se producen hasta su definitiva eliminación o, en su caso, conservación permanente.
e) Fondo documental: conjunto orgánico de documentos producidos o reunidos por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de sus funciones o actividades.
f) Colección: reunión de documentos que, sin poseer carácter orgánico, responde a criterios subjetivos.
g) Serie documental: conjunto de documentos de similar tipología producidos en el ejercicio de una determinada competencia por una persona física o jurídica, pública o privada.
h) Archivo: conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Se entiende también por archivo aquella unidad administrativa, servicio o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.
i) Archivo público: archivo que custodia y sirve los documentos generados por las entidades públicas en el ejercicio de sus competencias y que tiene a su cargo la gestión documental.
j) Archivo privado: archivo que custodia los documentos generados por personas físicas o jurídicas de naturaleza privada en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias.
k) Entidad de Derecho Público: cualquier entidad de las previstas en el artículo 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
l) Gestión administrativa: conjunto de funciones y procesos destinados al logro de los objetivos de una institución mediante el cumplimiento y la óptima aplicación de un procedimiento administrativo.
m) Gestión documental: conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso a los mismos y su uso adecuado, así como para la configuración del Patrimonio Documental Madrileño.
n) Sistema de gestión documental: conjunto de operaciones y de técnicas, integradas en la gestión administrativa general, basadas en el análisis de la producción, la tramitación y los valores de los documentos, que tienen como finalidad controlar de manera eficiente y sistemática la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso, la conservación y la eliminación o la transferencia de los mismos.
ñ) Política de gestión documental: documento que incluye las directrices para la estructuración y desarrollo de los procedimientos de gestión de los documentos en cualquier formato producidos o custodiados por las entidades públicas. Definirá las correspondientes responsabilidades en cuanto a coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento documental. En el contexto de cada organización se integrará junto al resto de políticas implantadas para el desempeño de sus actividades.
2. A los efectos de esta ley, en materia de documentos electrónicos, se entiende por:
a) Documento electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Los documentos electrónicos deben incorporar sus firmas y, al menos, los metadatos obligatorios establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas de desarrollo.
b) Documento convencional: información de cualquier naturaleza en forma no electrónica, recogida en un soporte convencional (papel o cualquier otro tipo de soporte no electrónico) según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
c) Expediente electrónico: conjunto ordenado, completo, foliado y autentificado de documentos y actuaciones electrónicos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, el índice electrónico numerado de todos los documentos que contenga y la copia electrónica certificada de la resolución adoptada. No formará parte del expediente electrónico la información electrónica que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
d) Metadato de gestión de documentos: información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, la gestión y el uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos identifican, autentican y contextualizan documentos; y, del mismo modo, a las personas, los procesos y los sistemas que los generan, gestionan, mantienen y utilizan.
e) Digitalización: proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte convencional o no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
f) Repositorio electrónico: servidor o conjunto de servidores informáticos donde se almacenan y administran datos y documentos electrónicos, y sus metadatos.
3. Reglamentariamente se podrán establecer cualesquiera otros conceptos y definiciones que sean necesarios a los efectos de la aplicación de esta ley. Asimismo, se podrán modificar por vía reglamentaria los conceptos y definiciones que figuran en los apartados 1 y 2 a los efectos de adaptarlos a los cambios que se puedan producir en un futuro fruto de la evolución de los sectores archivístico y tecnológico, así como en la normativa básica estatal.
Datos clave
- Documento: toda información producida por personas físicas o jurídicas como testimonio de sus actos, recogida en un soporte y en cualquier formato.
- Documento de titularidad pública: el producido o recibido en el ejercicio de competencias y funciones propias por las personas del artículo 70; es documento público el autorizado por un funcionario competente que acredita los hechos y su fecha.
- Fondo documental es un conjunto orgánico de documentos; colección es una reunión de documentos sin carácter orgánico que responde a criterios subjetivos; serie documental es un conjunto de documentos de similar tipología producidos en el ejercicio de una competencia.
- Expediente electrónico: conjunto ordenado, completo, foliado y autentificado de documentos y actuaciones electrónicos, con índice electrónico numerado y copia electrónica certificada de la resolución.
- El documento electrónico debe incorporar sus firmas y, al menos, los metadatos obligatorios del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Digitalización: proceso tecnológico que convierte un documento en soporte convencional en uno o varios ficheros electrónicos con la imagen codificada, fiel e íntegra.
- Los conceptos pueden modificarse por vía reglamentaria para adaptarlos a la evolución archivística y tecnológica y a la normativa básica estatal.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 6
Promoción de las tecnologías de la información y la comunicación y de la gestión documental electrónica.
1. Las Administraciones Públicas madrileñas promoverán el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para dotarse de un sistema de información y gestión común e interoperable que garantice el tratamiento, la conservación, la gestión, el acceso y la difusión de sus documentos en el ámbito de sus respectivos archivos y Subsistemas de Archivos.
2. La Comunidad de Madrid promoverá, además, la implantación y utilización de herramientas de Administración electrónica para facilitar a las personas físicas y jurídicas su participación en los procedimientos contemplados en esta ley.
3. La preservación de los documentos electrónicos se realizará de forma que se garantice que los documentos permanezcan: completos, tanto en su contenido como en su estructura y su contexto; fiables, en cuanto que puedan seguir dando fe del contenido; auténticos, en cuanto que originales que no han sufrido alteración en las eventuales migraciones; y accesibles, en cuanto a su localización y legibilidad.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas madrileñas promoverán las TIC para dotarse de un sistema de información y gestión común e interoperable.
- La Comunidad de Madrid promoverá herramientas de Administración electrónica para facilitar la participación de personas físicas y jurídicas.
- La preservación de los documentos electrónicos garantiza que permanezcan (4): completos, fiables, auténticos y accesibles.
- Completos en contenido, estructura y contexto; auténticos si no han sufrido alteración en las migraciones; accesibles en localización y legibilidad.
Ley 6/2023 · Art. 7
Definición. Son archivos públicos, a los efectos de esta ley: a) Los archivos que custodian y sirven los documentos generados y recibidos por las entidades públicas ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid y pertenecientes a la Asamblea de Madrid, a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, al Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, a las Entidades Locales madrileñas y a las Universidades Públicas madrileñas en el ejercicio de sus competencias y que tienen a su cargo la gestión documental. b) Los archivos de titularidad estatal gestionados por la Comunidad de Madrid. c) Los archivos de las empresas públicas, entes, consorcios y fundaciones públicas adscritos al sector público autonómico o local, así como el archivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Datos clave
- Son archivos públicos los de las entidades públicas ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid: Asamblea, Cámara de Cuentas, Gobierno y Administración de la Comunidad, Administración de Justicia, Entidades Locales y Universidades Públicas madrileñas.
- También lo son los archivos de titularidad estatal gestionados por la Comunidad de Madrid.
- Y los archivos de las empresas públicas, entes, consorcios y fundaciones públicas del sector público autonómico o local, así como el de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Ley 6/2023 · Art. 8
Clases de archivos públicos. 1. Los archivos públicos se podrán organizar, en función de las necesidades de las entidades públicas a las que pertenezcan y de su potestad de autoorganización y según la utilización de los documentos que custodien y gestionen, en: archivos de gestión, archivos centrales, archivos intermedios y archivos históricos. 2. Tendrán sus propios archivos las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Comunidad de Madrid o de las Entidades Locales madrileñas, así como las personas jurídico – privadas en cuyo capital o dotación participe mayoritariamente la Comunidad de Madrid o las Entidades Locales madrileñas y las restantes instituciones que integren éstas. Su organización se realizará de acuerdo con las necesidades específicas de cada una de ellas. 3. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá crear los archivos públicos que considere necesarios para garantizar la conservación, organización y difusión del Patrimonio Documental Madrileño.
Datos clave
- Clases de archivos públicos: de gestión, centrales, intermedios e históricos.
- Tienen archivos propios las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Comunidad o de las Entidades Locales, y las personas jurídico-privadas en cuyo capital participe mayoritariamente la Comunidad o las Entidades Locales.
- El Gobierno de la Comunidad de Madrid puede crear los archivos públicos que considere necesarios para conservar, organizar y difundir el Patrimonio Documental Madrileño.
Ley 6/2023 · Art. 9
Archivos de gestión. 1. Se entiende por archivo de gestión tanto el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por una unidad administrativa como las unidades que custodian los documentos en proceso de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. 2. Las personas responsables de las unidades administrativas se encargarán de que sus respectivos archivos de gestión custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación hasta su transferencia al archivo central correspondiente de acuerdo con los plazos establecidos en la correspondiente Tabla de Valoración o, en su defecto, con el plazo establecido en el artículo 51.2 a). 3. Las funciones, competencias y prescripciones básicas de funcionamiento de este tipo de archivos se establecerán reglamentariamente.
Datos clave
- Archivo de gestión: conjunto orgánico de documentos de una unidad administrativa y unidades que custodian documentos en tramitación o de consulta administrativa continua.
- Las personas responsables de las unidades administrativas se encargan de que custodien los documentos en tramitación hasta su transferencia al archivo central.
- La transferencia sigue los plazos de la Tabla de Valoración o, en su defecto, el plazo del artículo 51.2 a).
- Sus funciones y competencias se establecen reglamentariamente.
Ley 6/2023 · Art. 10
Archivos centrales.
1. Los archivos centrales son las unidades administrativas encargadas de la gestión de los documentos transferidos por los archivos de gestión de los organismos a los que están adscritos y en los que permanecen hasta su eliminación o transferencia al archivo intermedio correspondiente.
2. Los archivos centrales transferirán sus documentos al archivo intermedio correspondiente de acuerdo con los plazos establecidos en la correspondiente Tabla de Valoración o, en su defecto, con el plazo establecido en el artículo 51.2 b). En el caso de los expedientes electrónicos, incorporarán las referencias pertinentes al Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Comunidad de Madrid o su equivalente en cada Administración Pública y garantizarán la cadena de custodia.
3. Las funciones, competencias y prescripciones básicas de funcionamiento de este tipo de archivos se establecerán reglamentariamente.
Datos clave
- Archivos centrales: unidades administrativas que gestionan los documentos transferidos por los archivos de gestión de los organismos a los que están adscritos.
- Los documentos permanecen hasta su eliminación o transferencia al archivo intermedio, según la Tabla de Valoración o, en su defecto, el plazo del artículo 51.2 b).
- En los expedientes electrónicos incorporan las referencias al Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Comunidad de Madrid y garantizan la cadena de custodia.
Ley 6/2023 · Art. 11
Archivos intermedios. 1. Los archivos intermedios son los centros responsables de la custodia centralizada de los documentos transferidos por los archivos centrales cuando su consulta por las unidades productoras es esporádica y en los que permanecen hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico correspondiente. 2. Los archivos intermedios transferirán sus documentos al archivo histórico correspondiente de acuerdo con los plazos establecidos en la correspondiente Tabla de Valoración o, en su defecto, con el plazo establecido en el artículo 51.2 c). 3. Las funciones, competencias y prescripciones básicas de funcionamiento de este tipo de archivos se establecerán reglamentariamente.
Datos clave
- Archivos intermedios: centros de custodia centralizada de documentos transferidos por los archivos centrales cuando su consulta por las unidades productoras es esporádica.
- Los documentos permanecen hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico.
- La transferencia al archivo histórico sigue los plazos de la Tabla de Valoración o, en su defecto, el del artículo 51.2 c).
Ley 6/2023 · Art. 12
Archivos históricos. 1. Los archivos históricos reciben, conservan y difunden los documentos considerados de conservación permanente por su valor histórico o informativo, una vez concluidos los plazos establecidos en la correspondiente Tabla de Valoración o, en su defecto, el plazo establecido en el artículo 51.2 c). 2. Las funciones, competencias y prescripciones básicas de funcionamiento de este tipo de archivos se establecerán reglamentariamente.
Datos clave
- Archivos históricos: reciben, conservan y difunden los documentos de conservación permanente por su valor histórico o informativo.
- Los reciben una vez concluidos los plazos de la Tabla de Valoración o, en su defecto, el del artículo 51.2 c).
- Sus funciones y competencias se establecen reglamentariamente.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 14
Definición. Son archivos privados, a los efectos de esta ley, los que custodian documentos generados por personas físicas o jurídicas de naturaleza privada en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias y radiquen en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- Archivos privados: custodian documentos generados por personas físicas o jurídicas privadas en el ejercicio de sus funciones y actividades propias.
- Requisito territorial: deben radicar en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 16
Obligación de acceso libre para los archivos privados que reciban ayudas de la Comunidad de Madrid. Todos los archivos privados que hayan recibido ayudas de la Comunidad de Madrid deberán permitir el libre acceso público de los ciudadanos a sus fondos documentales, con las salvedades previstas en esta ley y en sus normas de desarrollo.
Datos clave
- Los archivos privados que reciban ayudas de la Comunidad de Madrid deben permitir el libre acceso público a sus fondos documentales.
- Ese acceso tiene las salvedades previstas en la ley y en sus normas de desarrollo.
Ley 6/2023 · Art. 40
Funciones relacionadas con la gestión administrativa y con la información administrativa.
1. Los archivos públicos tienen encomendadas en el campo de la gestión administrativa la custodia de los documentos para:
a) Dejar constancia de las actuaciones y actividades de las instituciones.
b) Testimoniar los derechos y deberes de las instituciones y de los ciudadanos.
c) Garantizar la transparencia y legalidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
d) Apoyar las medidas necesarias para la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos.
e) Servir de apoyo a la rendición pública de cuentas.
2. Asimismo, dentro del campo de la información administrativa, los archivos públicos tienen encomendadas las siguientes funciones:
a) Elaborar cuantos informes y estadísticas de los datos contenidos en los documentos que custodian les sean requeridos por las instituciones de quienes dependan.
b) Facilitar a la institución de que dependan la consulta de cuantos datos le sean necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ámbito de su competencia.
c) Prestar a la institución productora cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ámbito de su competencia.
d) Facilitar a las personas e instituciones públicas reconocidas por la legislación vigente cuantos datos y documentos originales o copias autenticadas necesiten para el ejercicio de sus competencias de inspección, jurisdicción y control.
Datos clave
- En gestión administrativa, los archivos públicos custodian documentos para dejar constancia de actuaciones, testimoniar derechos y deberes, garantizar la transparencia y legalidad, apoyar la simplificación de procedimientos y servir de apoyo a la rendición pública de cuentas.
- En información administrativa, elaboran informes y estadísticas, facilitan datos a la institución de que dependan y prestan documentos a la institución productora.
- También facilitan a personas e instituciones públicas reconocidas datos y documentos originales o copias autenticadas para sus competencias de inspección, jurisdicción y control.
Ley 6/2023 · Art. 41
Funciones de la gestión documental. 1. En el marco de esta ley, la gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio. 2. De acuerdo con el apartado anterior, la gestión documental implicará: a) La definición de los sistemas de información, con el fin de garantizar la capacidad de estos sistemas para generar los metadatos necesarios que han de asociarse al documento para su adecuada gestión archivística. b) La regulación de los procedimientos, con objeto de determinar los criterios de valoración para la selección, la transferencia de su custodia o el acceso. c) El diseño de los documentos para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización. 3. Todas las funciones establecidas en el apartado 1, así como cuantas otras puedan derivarse de la gestión documental, habrán de cumplir las exigencias de calidad de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- Ocho funciones archivísticas integran la gestión documental: identificación, valoración, organización, descripción, conservación, custodia, acceso y servicio.
- Implica definir los sistemas de información para generar los metadatos necesarios, regular los procedimientos para fijar criterios de valoración y diseñar los documentos para garantizar autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.
- Todas las funciones deben cumplir las exigencias de calidad de la Comunidad de Madrid.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 42
Aplicación de la gestión documental. 1. La gestión documental en el ámbito de la Comunidad de Madrid es común y está integrada en la gestión administrativa. 2. De acuerdo con el carácter transversal de la gestión documental, en las funciones y procesos reglados de ésta participarán todas las personas responsables de la gestión administrativa y de la custodia de los documentos de titularidad pública. 3. Las funciones de la gestión documental se aplicarán en todos los archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid. Estas funciones incorporarán las tecnologías de la información y de la comunicación propias de la Administración electrónica. 4. Las Administraciones Públicas madrileñas establecerán en sus respectivos ámbitos el uso de sistemas de información para la gestión de los documentos de titularidad pública, de conformidad con las funciones de la gestión documental, con las normas archivísticas y con los principios técnicos que establezca la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental.
Datos clave
- La gestión documental en la Comunidad de Madrid es común y está integrada en la gestión administrativa.
- Por su carácter transversal participan todas las personas responsables de la gestión administrativa y de la custodia de documentos públicos.
- Sus funciones se aplican en todos los archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid e incorporan las TIC de la Administración electrónica.
- Los principios técnicos los establece la Consejería competente en archivos, gestión de documentos y patrimonio documental.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 43
Documentos y expedientes electrónicos custodiados en los archivos públicos. 1. Los documentos y expedientes electrónicos custodiados por los archivos públicos deberán atenerse a la normativa estatal básica en la materia. 2. Reglamentariamente, se desarrollarán, en colaboración con la Consejería competente en materia de Administración electrónica, todos aquellos aspectos que afecten a la gestión y a las características de los documentos y expedientes electrónicos.
Datos clave
- Los documentos y expedientes electrónicos de los archivos públicos se atienen a la normativa estatal básica.
- Su gestión y características se desarrollan reglamentariamente en colaboración con la Consejería competente en Administración electrónica.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 44
Archivo electrónico único y custodia de documentos electrónicos en el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales madrileñas garantizarán, mediante la creación de un archivo electrónico único, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y su normativa de desarrollo, la custodia y conservación de los documentos electrónicos de titularidad pública correspondientes a procedimientos finalizados producidos o custodiados por las entidades cuyos archivos están integrados en los Subsistemas de Archivos: del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid; de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid; y de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.
2. El archivo electrónico único se caracterizará por lo siguiente:
a) Deberá contar con los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para almacenar de forma segura estos documentos, facilitando a los archivos de su titularidad o gestión el cumplimiento de las funciones que les corresponden sobre aquéllos.
b) En el caso de la Asamblea de Madrid y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su caso, estará adscrito y dependerá del órgano que ellas mismas determinen rigiéndose por su propia normativa específica, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) En el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y para el Subsistema de Archivos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid y el Subsistema de Archivos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, estará adscrito a la Consejería competente en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental, con el soporte técnico de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
d) En el caso de las Entidades Locales madrileñas, estará adscrito y dependerá del órgano de dirección y coordinación competente en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental del Subsistema de Archivos de cada una de ellas.
3. La Comunidad de Madrid promoverá la coordinación y colaboración entre las Consejerías competentes en materia de Administración electrónica y de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid para la adecuada custodia y conservación de los documentos electrónicos de titularidad pública producidos o custodiados por las entidades cuyos archivos están integrados en el Subsistema de Archivos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid y en el Subsistema de Archivos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.
4. La Comunidad de Madrid, en función de sus disponibilidades presupuestarias, promoverá la coordinación y colaboración con las entidades cuyos archivos estén integrados en los Subsistemas de Archivos de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid y de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, y cualesquiera otros subsistemas de archivos que pudiesen crearse en el futuro, así como con aquellas entidades privadas cuyos archivos formen parte de la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de Madrid, para la adecuada custodia y conservación de los documentos electrónicos de titularidad pública o de titularidad privada.
Datos clave
- El archivo electrónico único lo crean el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 39/2015.
- Custodia los documentos electrónicos de titularidad pública correspondientes a procedimientos finalizados.
- Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas: adscrito al órgano que ellas determinen, según su normativa específica (disposición adicional quinta de la Ley 39/2015).
- Gobierno y Administración de Justicia de la Comunidad: adscrito a la Consejería competente en archivos, con soporte técnico de la Agencia para la Administración Digital.
- Entidades Locales: adscrito al órgano de dirección y coordinación de su propio Subsistema de Archivos.
- La colaboración con Entidades Locales y Universidades Públicas se promueve en función de las disponibilidades presupuestarias.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 45
Características y garantías esenciales de la gestión documental electrónica.
1. La Comunidad de Madrid, así como aquellas otras entidades a las que sea de aplicación esta ley según lo establecido en el artículo 2, deberán asegurar que los documentos electrónicos sean fiables, auténticos, íntegros y accesibles, además de garantizar su conservación.
2. Los sistemas de gestión y tramitación administrativa asegurarán la vinculación de unos documentos con otros en el lugar y orden que les corresponda en su expediente evidenciando su ubicación en el procedimiento, así como el contexto en el que se producen.
3. Cuando ya no sean necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa y el desempeño de las funciones de la Comunidad de Madrid, así como de aquellas otras entidades a las que sea de aplicación esta ley según lo establecido en el artículo 2, los documentos electrónicos serán conservados en entornos seguros, por lo que los expedientes electrónicos, así como sus documentos e índices, deberán integrarse en el sistema de gestión documental que corresponda, que deberá contemplar la existencia de un repositorio corporativo de documentos y expedientes electrónicos.
4. Existirá, en todo caso para las fases de archivo central, de archivo intermedio y de archivo histórico:
a) Un Repositorio de Documentos y Expedientes Electrónicos de la Comunidad de Madrid para los documentos y expedientes electrónicos de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental, sin perjuicio de las competencias que, en aplicación del artículo 10.3, se establezcan reglamentariamente en esta materia para los archivos centrales para dicha fase, y con el soporte técnico de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
b) Un repositorio de documentos y expedientes electrónicos para los documentos y expedientes electrónicos de cada Entidad Local madrileña, dependiente del órgano de dirección y coordinación de su Subsistema de Archivos.
Datos clave
- Los documentos electrónicos deben ser fiables, auténticos, íntegros y accesibles, y debe garantizarse su conservación.
- Los sistemas de gestión vinculan cada documento en el lugar y orden de su expediente, evidenciando su ubicación en el procedimiento y su contexto.
- Cuando ya no son necesarios para la gestión, se conservan en entornos seguros dentro de un sistema de gestión documental con repositorio corporativo.
- Fases de archivo central, intermedio e histórico: Repositorio de Documentos y Expedientes Electrónicos de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería competente en archivos.
- El soporte técnico del Repositorio autonómico corresponde a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
- Cada Entidad Local madrileña tiene su repositorio, dependiente del órgano de dirección y coordinación de su Subsistema de Archivos.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 46
Selección y conservación de documentos electrónicos. 1. Desde el momento en que son generados, los documentos electrónicos deben incorporar los metadatos obligatorios establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas de desarrollo. Posteriormente, una vez aprobadas las correspondientes Tablas de Valoración conforme al procedimiento establecido en el artículo 56, se deberán incorporar los metadatos de valoración, selección, conservación y acceso. 2. Para preservar su contenido y estructura original, los documentos electrónicos deberán ser conservados como tales.
Datos clave
- Desde que se generan, los documentos electrónicos incorporan los metadatos obligatorios del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Aprobadas las Tablas de Valoración (procedimiento del artículo 56), se añaden metadatos de valoración, selección, conservación y acceso.
- Para preservar su contenido y estructura original, los documentos electrónicos se conservan como tales.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 47
Funciones específicas de los sistemas de gestión documental en relación con los documentos electrónicos.
1. En relación con los documentos electrónicos, los sistemas de gestión documental ejercerán las siguientes funciones:
a) Custodiar, mantener y asegurar el acceso a los documentos electrónicos en entornos seguros.
b) Participar en la planificación de los sistemas de gestión y tramitación administrativa.
c) Asegurar que los documentos electrónicos son fiables y auténticos, que se conservan correctamente hasta el momento en que se haya establecido su destrucción o su transferencia y que esas cualidades pueden ser demostradas mediante mecanismos de evaluación adecuados.
d) Coordinar el desarrollo de procedimientos para la valoración, selección y conservación de los documentos electrónicos.
e) Autenticar los documentos resultantes de los procesos de digitalización, así como de su procedimiento inverso.
2. Para el ejercicio efectivo de estas funciones, la Comunidad de Madrid, así como aquellas otras entidades a las que sea de aplicación esta ley según lo establecido en el artículo 2, adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias para la integración adecuada de los sistemas y plataformas de gestión y producción administrativa con el sistema de gestión documental y de archivo, con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y la conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.
3. Con carácter anual, las entidades a las que sea de aplicación esta ley deberán realizar, en su caso en cooperación con la Comunidad de Madrid, un análisis de riesgos para determinar la posible obsolescencia de los soportes y formatos de los documentos electrónicos, así como del hardware y software necesarios para su correcta lectura y acceso, con el fin de implementar las medidas y acciones adecuadas para garantizar su plena disponibilidad en todo momento.
Asimismo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid velará por que las tecnologías que se incorporen tanto en materia de hardware como de software permitan la interoperabilidad, de conformidad con las previsiones establecidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Datos clave
- Los sistemas de gestión documental tienen 5 funciones respecto a los documentos electrónicos (letras a a e).
- Custodiar y asegurar el acceso en entornos seguros, y participar en la planificación de los sistemas de gestión y tramitación administrativa.
- Asegurar que son fiables y auténticos, coordinar su valoración, selección y conservación, y autenticar los documentos digitalizados y el procedimiento inverso.
- ¿Con qué periodicidad se analiza el riesgo de obsolescencia de soportes, formatos, hardware y software? → Anual.
- El Gobierno de la Comunidad de Madrid vela por que las tecnologías incorporadas permitan la interoperabilidad conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 50
Definición y tipología de los ingresos.
1. Se entiende por ingreso la entrada de documentos en un archivo público para su custodia, control, conservación y servicio.
2. El ingreso de documentos en los archivos públicos se producirá por:
a) Transferencias entre los archivos que formen parte de un mismo Subsistema de Archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
b) Intercambio o cesión entre los archivos que formen parte de cualquiera de los Subsistemas de Archivos o de la Red de Archivos de Uso Público del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
c) Compraventa o cualesquiera otros actos de adquisición, a título oneroso o lucrativo por actos inter vivos o mortis causa, de la posesión, los derechos reales o el dominio contemplados por el ordenamiento jurídico, siempre que puedan ejercerse por las Administraciones Públicas.
d) Expropiación forzosa de documentos por razón de interés social o de acuerdo con lo previsto en el artículo 91.
e) Donación, herencia o legado aceptados por la Comunidad de Madrid o cualesquiera otras Administraciones y entidades públicas.
f) Pago de la deuda tributaria mediante entrega a la Comunidad de Madrid o a una Entidad Local madrileña de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
g) Depósito voluntario.
h) Depósito forzoso para los supuestos en que los documentos no estén amparados por las exigencias mínimas de conservación, seguridad y consultabilidad.
i) Depósito por hallazgo fortuito de bienes integrantes del Patrimonio Documental Madrileño.
j) Cualquier otro título válido en Derecho.
Datos clave
- Ingreso: entrada de documentos en un archivo público para su custodia, control, conservación y servicio.
- Las formas de ingreso son 10 (letras a a j), la última, cualquier otro título válido en Derecho.
- Transferencia: entre archivos del mismo Subsistema; intercambio o cesión: entre archivos de cualquier Subsistema o de la Red de Archivos de Uso Público.
- Incluye la expropiación forzosa por interés social o conforme al artículo 91, y el pago de la deuda tributaria con bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
- Depósito forzoso: cuando los documentos no tienen las exigencias mínimas de conservación, seguridad y consultabilidad.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 51
Transferencias de documentos. 1. Las transferencias de documentos tienen el carácter de un procedimiento administrativo especial consistente en la entrega, ordenada y relacionada, de los documentos de un archivo a otro, así como el traspaso de las responsabilidades relativas a su custodia, tratamiento y servicio. 2. Los archivos públicos que forman parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid transferirán sus documentos una vez concluidos los plazos establecidos en las correspondientes Tablas de Valoración o, en su defecto, transcurridos los siguientes plazos: a) Los archivos de gestión custodiarán los documentos carentes de vigencia durante un máximo de cinco años desde el final de su tramitación. Transcurrido este plazo, los documentos se transferirán al archivo central que corresponda. b) Los archivos centrales custodiarán los documentos durante un plazo de diez años desde su ingreso. Transcurrido este plazo, los documentos se transferirán al archivo intermedio que corresponda. c) Los archivos intermedios custodiarán los documentos durante un plazo de quince años desde su ingreso. Transcurrido este plazo, los documentos se transferirán al archivo histórico que corresponda. 3. Podrán ampliarse los plazos máximos para transferir los documentos cuando, por razones de eficacia, la gestión de los servicios públicos así lo exija. La ampliación de estos plazos deberá ser motivada por el órgano responsable de la custodia y aprobada por el órgano de dirección y coordinación del Subsistema de Archivos respectivo. 4. Asimismo, se deberán tener en cuenta a la hora de transferir documentos la existencia de las siguientes situaciones excepcionales: a) El traspaso de funciones y servicios entre diferentes organismos y entidades pertenecientes al Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid dará lugar a la transferencia de los documentos que sean imprescindibles para la gestión administrativa, debiéndose levantar acta de entrega de los mismos. b) La supresión, extinción, externalización o privatización de las actividades de cualquiera de las entidades cuyos archivos formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid dará lugar a la transferencia de los documentos que no sean imprescindibles para la gestión al archivo público que corresponda, debiéndose levantar acta de entrega de los mismos.
Datos clave
- La transferencia es un procedimiento administrativo especial: entrega ordenada y relacionada de documentos y traspaso de su custodia, tratamiento y servicio.
- Rigen los plazos de las Tablas de Valoración; en su defecto, los plazos supletorios de la ley.
- Archivo de gestión: máximo 5 años desde el final de la tramitación; después, al archivo central.
- Archivo central: 10 años desde el ingreso; después, al archivo intermedio.
- Archivo intermedio: 15 años desde el ingreso; después, al archivo histórico.
- La ampliación de plazos la motiva el órgano responsable de la custodia y la aprueba el órgano de dirección y coordinación del Subsistema.
- Traspaso de funciones y servicios → se transfieren los documentos imprescindibles para la gestión, con acta de entrega.
- Supresión, extinción, externalización o privatización → se transfieren al archivo público que corresponda los no imprescindibles para la gestión, con acta de entrega.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 52
Salidas de documentos.
1. La salida de documentos de los archivos públicos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid que sean reclamados para fines administrativos o judiciales deberá ser autorizada por el responsable del archivo respectivo o persona en quien éste delegue, debiendo dejar constancia por escrito mediante diligencia identificativa o relación fehaciente de los mismos hasta que concluya su utilización y sean devueltos.
2. La salida de documentos para fines distintos a los previstos en el apartado anterior deberá ser autorizada por el órgano de dirección y coordinación del Subsistema de Archivos en el que esté integrado el archivo donde se custodian los documentos, debiéndose guardar copia diligenciada de los mismos hasta que concluya su utilización y sean devueltos. En el caso de los archivos que conforman el Subsistema de Archivos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid, la salida de documentos deberá ser autorizada mediante Orden del titular del órgano de dirección y coordinación del Subsistema a que se hace referencia en el artículo 30.3.
3. La salida temporal de su sede de documentos conservados en archivos de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad de Madrid será gestionada por ésta y se regirá por lo dispuesto en la legislación estatal vigente en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental y en el convenio de gestión de los mismos.
4. En el supuesto de que los documentos cuya salida temporal se solicita se encuentren en régimen de depósito, será necesaria la autorización del titular de los mismos, que podrá ser aportada por el solicitante o recabada por el responsable del archivo donde se encuentran depositados los documentos.
Datos clave
- Salida para fines administrativos o judiciales: la autoriza el responsable del archivo o persona en quien delegue, con constancia escrita.
- Salida para otros fines: la autoriza el órgano de dirección y coordinación del Subsistema, guardando copia diligenciada.
- Subsistema del Gobierno y la Administración de la Comunidad: autorización mediante Orden del titular del órgano de dirección y coordinación.
- Archivos de titularidad estatal y gestión transferida: gestiona la Comunidad, conforme a la legislación estatal y al convenio.
- Documentos en depósito: hace falta autorización del titular, aportada por el solicitante o recabada por el responsable del archivo.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 53
Documentos en régimen de depósito. 1. Los archivos de las entidades que integran cualquiera de los Subsistemas de Archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid podrán admitir en depósito documentos de titularidad pública o de titularidad privada que formen parte del Patrimonio Documental Madrileño. 2. Los archivos de las Entidades Locales madrileñas podrán recibir en régimen de depósito documentos de titularidad privada de interés histórico o cultural de personas físicas o jurídicas relacionadas con su ámbito territorial. 3. Los documentos depositados en los archivos mencionados en los apartados anteriores continuarán perteneciendo a la entidad o persona depositante, pudiendo consultarlos libremente y obtener copia de los mismos. 4. Por lo que se refiere a la salida temporal de documentos en régimen de depósito, se estará a lo dispuesto en el artículo 52.4.
Datos clave
- Los archivos de los Subsistemas pueden admitir en depósito documentos públicos o privados del Patrimonio Documental Madrileño.
- Los archivos de las Entidades Locales pueden recibir documentos privados de interés histórico o cultural relacionados con su ámbito territorial.
- Los documentos depositados siguen perteneciendo al depositante, que puede consultarlos libremente y obtener copia.
- Su salida temporal se rige por el artículo 52.4.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 54
Valoración y selección de los documentos. 1. La valoración y la selección de los documentos se efectuará de acuerdo con los criterios que determine la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, así como la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid y la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid en sus respectivos ámbitos de actuación, que serán las encargadas de confeccionar y aprobar las Tablas de Valoración de las series documentales, instrumentos imprescindibles para poder llevar a cabo la eliminación de los documentos. 2. La valoración y selección de los documentos judiciales se atendrá a lo dispuesto en el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales y su normativa de desarrollo. 3. Todos los documentos de titularidad pública serán valorados y seleccionados, para determinar su conservación o eliminación, de acuerdo con: el interés que presenten desde un punto de vista administrativo, contable, fiscal, jurídico, informativo o histórico; los plazos de transferencia, conservación o eliminación; así como el régimen de su acceso.
Datos clave
- Fijan los criterios de valoración y selección: la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos, la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales y la Comisión de Archivo de la Asamblea.
- Esos órganos confeccionan y aprueban las Tablas de Valoración, imprescindibles para eliminar documentos.
- Los documentos judiciales se rigen por el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio.
- Interés que se valora (6): administrativo, contable, fiscal, jurídico, informativo o histórico; además, plazos y régimen de acceso.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 55
Eliminación de los documentos.
1. La eliminación de los documentos tiene el carácter de un procedimiento administrativo especial consistente en la exclusión y destrucción física de los documentos, tanto en soporte tradicional como electrónico, en su condición de bienes de dominio público. En cualquier caso, los documentos custodiados en los archivos que forman parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid no podrán ser destruidos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o de las entidades públicas; así como tampoco cuando se considere que puedan tener en el futuro valor informativo o histórico.
2. La eliminación de los documentos sólo podrá realizarse conforme a los criterios establecidos en las Tablas de Valoración dictaminadas favorablemente por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid.
3. La eliminación de los documentos de la Asamblea de Madrid sólo podrá realizarse conforme a los criterios establecidos en las Tablas de Valoración dictaminadas favorablemente por la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid.
4. La eliminación de los documentos judiciales sólo podrá realizarse conforme a los criterios establecidos en las Tablas de Valoración dictaminadas favorablemente por la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- La eliminación es un procedimiento administrativo especial de exclusión y destrucción física, en soporte tradicional o electrónico.
- No se destruye mientras subsista valor probatorio de derechos y obligaciones ni cuando pueda tener valor informativo o histórico futuro.
- Regla general: según las Tablas de Valoración dictaminadas favorablemente por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos.
- Asamblea de Madrid → Comisión de Archivo de la Asamblea; documentos judiciales → Junta de Expurgo de Documentos Judiciales.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 56
Procedimiento básico de valoración y de eliminación.
1. Los dictámenes sobre la aprobación de Tablas de Valoración de series documentales y sobre la autorización de eliminación de documentos de la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid, en el ámbito de sus competencias, serán preceptivos y vinculantes. Estos dictámenes deberán ser aprobados mediante los siguientes instrumentos jurídicos y publicados, salvo para la Asamblea de Madrid, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
a) Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental, en el caso de los dictámenes sobre aprobación de Tablas de Valoración de series documentales.
b) Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental, en el caso de los dictámenes sobre autorización de eliminación de documentos.
c) Resolución de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid, en el caso de los dictámenes sobre aprobación de Tablas de Valoración de series documentales judiciales y sobre autorización de eliminación de documentos judiciales custodiados en los archivos de judiciales de gestión y en el Archivo Judicial Territorial de la Comunidad de Madrid.
d) Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid, en el caso de los dictámenes sobre aprobación de Tablas de Valoración de series documentales y sobre autorización de eliminación de documentos custodiados en los archivos de gestión y General de la Asamblea de Madrid. En este último supuesto, el Acuerdo adquirirá la plena eficacia tras su publicación en el «Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid».
e) Resolución de la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en el caso de los dictámenes sobre aprobación de Tablas de Valoración de series documentales y sobre autorización de eliminación de documentos custodiados en los archivos de gestión, centrales, intermedios e históricos de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
2. El procedimiento de valoración, selección y eliminación de documentos que deberán seguir los archivos que forman parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid se atendrá a lo siguiente:
a) En el caso de que sea autorizada la destrucción de documentos, una vez ejecutada, la unidad responsable deberá expedir certificación de ésta y remitirla a la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, a la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid o a la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid, en el ámbito de su competencia.
b) Si la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid o la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid, en el ámbito de su competencia, dictaminasen que los documentos o series documentales deben ser conservados permanentemente, se transferirán al archivo histórico que corresponda.
c) No podrán ingresar en los archivos históricos documentos o series documentales sin valorar y seleccionar de acuerdo con el procedimiento establecido. No obstante, podrán ser objeto de valoración y selección los documentos depositados en los archivos históricos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley o aquellos otros que, no estando valorados y seleccionados, ingresen, por motivos justificados, con posterioridad.
d) En todo momento, se deberá dejar constancia, por el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de los documentos y las series documentales que se hayan eliminado.
3. Reglamentariamente y teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 1 y 2, se establecerá el procedimiento de valoración, selección y eliminación de documentos dentro del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las atribuciones propias de la Asamblea de Madrid en su ámbito competencial.
Datos clave
- Los dictámenes sobre Tablas de Valoración y eliminación son preceptivos y vinculantes y se publican en el BOCM, salvo los de la Asamblea.
- Tablas de Valoración → Orden del titular de la Consejería; autorización de eliminación → Resolución del titular de la Dirección General.
- Documentos judiciales: Resolución de la Presidencia de la Junta de Expurgo; Cámara de Cuentas: Resolución de su Presidencia.
- Asamblea de Madrid: Acuerdo de la Mesa, plenamente eficaz tras su publicación en el «Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid».
- Ejecutada la destrucción, la unidad responsable expide certificación y la remite al órgano de valoración competente.
- No pueden ingresar en los archivos históricos documentos sin valorar y seleccionar.
- Sí pueden valorarse y seleccionarse los depositados en ellos antes de la entrada en vigor de la ley y los que ingresen después sin valorar por motivos justificados.
Ley 6/2023 · Art. 62
Derecho de acceso a los documentos.
1. Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre y representación de otras personas físicas o de las personas jurídicas legalmente constituidas, tienen derecho a acceder a los documentos de titularidad pública que se custodien en archivos que formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid en los términos previstos en los artículos 20.1 d) y 105 b) de la Constitución Española y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
2. El ejercicio del derecho de acceso a los documentos de titularidad pública no estará condicionado a la concurrencia de un interés personal, no quedará sujeto a motivación y no requerirá la invocación de ninguna norma. Con carácter general, y de conformidad con el principio de libre acceso a la información pública establecido en el artículo 6 b) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, no será necesario utilizar el procedimiento establecido en el Título III de dicha la ley para acceder a los documentos de titularidad pública que sean de libre acceso y consulta y estén custodiados en archivos públicos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid que dispongan de un espacio para la consulta de los documentos incluidos en sus instrumentos archivísticos de información y descripción, al no existir ningún impedimento que dificulte el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
3. La Administración de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales madrileñas y las demás entidades públicas cuyos archivos formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid:
a) Adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a los documentos de titularidad pública, de acuerdo con lo establecido en el presente Título.
b) Con el mismo fin al que se refiere la letra a) de este apartado, establecerán un sistema de gestión de documentos, información y datos integrado que permita la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas, la localización de cualquier documento o información y la vinculación automática de cada documento o conjunto de datos a su régimen de acceso y publicidad.
4. El marco legal y material para la aplicación del régimen de acceso a los documentos de titularidad pública vendrá determinado, a priori y siempre que exista, por la Tabla de Valoración de la serie documental correspondiente dictaminada por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid o por la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de la Comunidad de Madrid, aprobada mediante el instrumento jurídico previsto, respectivamente, en las letras a) y c) del artículo 56.1 de la presente ley y en el artículo 20.1 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales y publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». La Tabla de Valoración reflejará el régimen de acceso de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- Todas las personas, a título individual o en representación de otras, tienen derecho a acceder a los documentos de titularidad pública de los archivos del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
- El acceso no exige interés personal, no está sujeto a motivación y no requiere invocar ninguna norma.
- No es necesario el procedimiento del Título III de la Ley 10/2019 para los documentos de libre acceso custodiados en archivos con espacio de consulta.
- Las Administraciones adoptan las medidas organizativas y técnicas necesarias y establecen un sistema de gestión de documentos, información y datos integrado e interoperable.
- El régimen de acceso lo determina la Tabla de Valoración dictaminada por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid o por la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales, publicada en el BOCM.
Ley 6/2023 · Art. 63
Instrumentos archivísticos para el acceso a los documentos: publicidad activa y transparencia. 1. Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso, cada archivo público perteneciente al Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid facilitará los instrumentos archivísticos de información y descripción y asesorará a las personas usuarias en la búsqueda de la información contenida en los mismos, debiéndose observar en todo caso lo previsto en el artículo 35 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid en cuanto a la posible existencia de datos personales susceptibles de protección. 2. Las distintas Administraciones Públicas garantizarán los medios tecnológicos y telemáticos necesarios para facilitar, mejorar y ampliar el conocimiento y la difusión de los instrumentos citados en relación con sus documentos. 3. Con el fin de que las personas usuarias puedan localizar, identificar y acceder a los documentos de titularidad pública, los archivos integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid deberán cumplir las siguientes obligaciones de transparencia y publicidad activa: a) Hacer públicos los instrumentos archivísticos de información y descripción que permiten localizar los documentos que custodian. b) Hacer público el instrumento en el que se registren las eliminaciones de documentos. c) Hacer públicas las limitaciones a la consulta de documentos custodiados e informar de la fecha en que dichos documentos serán accesibles. d) Informar a los usuarios de su derecho a reclamar y de los procedimientos que deben seguir en el supuesto de que su derecho de acceso haya sido denegado. e) Hacer públicos y accesibles los horarios de atención y consulta de los archivos y centros de titularidad pública. 4. La información a que se hace referencia en el apartado 1 deberá poder ser consultada en: el portal de transparencia y en la sede electrónica o sitio web, así como en su portal de archivos, si lo tuviere, del organismo titular del archivo; en el Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid; y en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- Cada archivo público del Sistema de Archivos facilita los instrumentos archivísticos de información y descripción y asesora a los usuarios, respetando el artículo 35 de la Ley 10/2019 sobre datos personales.
- Obligaciones de publicidad activa (cinco): publicar los instrumentos de información y descripción, el instrumento de registro de eliminaciones, las limitaciones a la consulta con la fecha de acceso, el derecho a reclamar y los horarios de atención y consulta.
- La información se consulta en el portal de transparencia y sede electrónica del titular, en el Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid y en el Portal de Transparencia de la Comunidad.
Ley 6/2023 · Art. 64
Principios generales.
1. El acceso a los documentos solamente podrá ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas en los artículos 34 y 35 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y en el resto de la legislación vigente.
2. Las limitaciones legales al acceso a los documentos de titularidad pública deberán ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Asimismo, deberán interpretarse siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no podrán ampliarse por analogía.
3. A la hora de aplicar límites al acceso a los documentos de titularidad pública, la Administración de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales madrileñas o las demás entidades públicas cuyos archivos formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid deberán indicar, en cada caso, los motivos que lo justifican. En la motivación deberá explicitarse el límite aplicado y razonar debidamente las causas que fundamentan su aplicación. Asimismo, los límites al acceso a los documentos de titularidad pública deberán aplicarse de acuerdo con los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
4. En caso de que no exista Tabla de Valoración aprobada de acuerdo con lo previsto en los artículos 54.1 y 56.1, con carácter general, salvo disposición legal específica que establezca un plazo distinto, las exclusiones al derecho de acceso desaparecerán una vez transcurridos treinta años desde la producción de los correspondientes documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Recomendación núm. R (2000) 13, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre una política europea de acceso a los archivos.
Datos clave
- El acceso solo puede denegarse o restringirse por las causas de los artículos 34 y 35 de la Ley 10/2019 y el resto de la legislación vigente.
- Las limitaciones se interpretan siempre restrictivamente en beneficio del derecho y no pueden ampliarse por analogía.
- Los límites deben motivarse en cada caso, explicitando el límite aplicado y las causas, conforme a los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad.
- Sin Tabla de Valoración aprobada, salvo disposición específica, las exclusiones al acceso desaparecen transcurridos treinta años desde la producción de los documentos.
Ley 6/2023 · Art. 65
Procedimiento de acceso a los documentos. 1. El ejercicio del derecho de acceso a los documentos de titularidad pública, así como la obtención de copias de los mismos, se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo I y en el Capítulo II del Título III de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y al procedimiento que se establezca reglamentariamente. 2. Las personas responsables de los archivos públicos podrán autenticar copias y emitir certificaciones de documentos bajo su custodia. 3. La obtención de reproducciones de los documentos estará condicionada por su estado de conservación. 4. Reglamentariamente se establecerá, en colaboración con la Consejería competente en materia de transparencia y acceso a la información pública, el procedimiento de acceso a los documentos dentro del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- El derecho de acceso y la obtención de copias se rigen por los Capítulos I y II del Título III de la Ley 10/2019 y por el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
- Los responsables de los archivos públicos pueden autenticar copias y emitir certificaciones de los documentos bajo su custodia.
- La obtención de reproducciones está condicionada por el estado de conservación de los documentos.
Ley 6/2023 · Art. 66
Formalización del acceso.
1. El acceso a los documentos de titularidad pública se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.
2. La Administración de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales madrileñas o las demás entidades públicas cuyos archivos formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid podrán facilitar el acceso a los documentos de titularidad pública en un formato distinto al solicitado en los siguientes casos:
a) Cuando exista una alternativa más económica, siempre que no dificulte al solicitante el acceso.
b) Cuando el estado de conservación de los soportes originales así lo requiera. En este caso, la Administración Pública correspondiente procurará habilitar fórmulas alternativas para la materialización del acceso.
c) Cuando el documento de titularidad pública ya haya sido difundido o publicado provisionalmente en otro formato y se pueda acceder fácilmente a él. En tal caso, deberá indicarse al solicitante la fuente de información.
d) Cuando el formato que se haya solicitado pudiese conllevar la pérdida del soporte del documento de titularidad pública o pudiese dañarlo.
e) Cuando técnicamente no sea posible realizar una copia en el formato que se ha solicitado.
f) Cuando el formato que se haya solicitado pudiese afectar los derechos de propiedad intelectual o industrial.
g) Cuando, por su cantidad o complejidad, el formato solicitado conlleve un coste desproporcionado para la Administración Pública correspondiente.
h) Cuando el solicitante haya sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos contra la seguridad y conservación del Patrimonio Documental. En este caso, la materialización del acceso no implicará nunca la consulta directa de los originales.
3. El acceso a los documentos de titularidad pública será gratuito si los documentos son consultados en el archivo donde se encuentran custodiados, o bien si existen en formato electrónico, en cuyo caso deberán ser entregados por medios electrónicos.
4. La expedición de copias o certificaciones y la transposición a formatos distintos al original podrán quedar sujetas a contraprestación económica en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, de conformidad con lo previsto en la letra e) del artículo 33.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo imposibilidad o que el solicitante señale otro medio.
- Se puede dar el acceso en formato distinto al solicitado en ocho casos, entre ellos alternativa más económica, estado de conservación, riesgo de dañar el soporte, imposibilidad técnica, derechos de propiedad intelectual o industrial y coste desproporcionado.
- También cuando el solicitante haya sido condenado por sentencia firme por delitos contra la seguridad y conservación del Patrimonio Documental; entonces nunca consulta directamente los originales.
- El acceso es gratuito si los documentos se consultan en el archivo donde están custodiados o si existen en formato electrónico y se entregan por medios electrónicos.
- Las copias, certificaciones y transposiciones a otros formatos pueden estar sujetas a contraprestación económica según el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid (Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre).
Ley 6/2023 · Art. 67
Obligaciones vinculadas al ejercicio del derecho de acceso. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, quienes accedan a los documentos de titularidad pública deberán: a) Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho. b) Realizar el acceso concretando lo más precisamente posible la petición. c) Respetar las obligaciones para la reutilización de la información obtenida establecidas en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. d) Cumplir las condiciones y requisitos materiales para el acceso que se hayan señalado en la correspondiente resolución, cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública.
Datos clave
- Quienes accedan a documentos de titularidad pública deben cumplir cuatro obligaciones (art. 33.2 de la Ley 10/2019).
- Ejercer el derecho con buena fe e interdicción del abuso de derecho y concretar lo más precisamente posible la petición.
- Respetar las obligaciones de reutilización de la información de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
- Cumplir las condiciones materiales señaladas en la resolución cuando el acceso sea presencial en un archivo o dependencia pública.
Ley 6/2023 · Art. 68
Acceso a los documentos conservados en archivos públicos. 1. El acceso a los documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental Madrileño que se encuentren depositados en archivos públicos se regirá por lo previsto en materia de acceso para los documentos de titularidad pública. 2. Los instrumentos jurídicos que formalicen el ingreso deberán adecuarse, en materia de acceso, a lo dispuesto en el Capítulo I del presente Título.
Datos clave
- El acceso a los documentos de titularidad privada del Patrimonio Documental Madrileño depositados en archivos públicos se rige por lo previsto para los documentos de titularidad pública.
- Los instrumentos jurídicos que formalicen el ingreso deben adecuarse, en materia de acceso, al Capítulo I del Título.
Ley 6/2023 · Art. 69
Acceso a los documentos conservados en archivos privados.
1. El acceso a los documentos de titularidad privada que formen parte del Patrimonio Documental Madrileño y que se encuentren en archivos privados integrados en el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid se regirá por lo previsto en materia de acceso para los documentos de titularidad pública.
2. El acceso al resto de documentos de titularidad privada inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en el Registro de los Bienes de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid o en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño se regirá por las siguientes prescripciones:
a) Las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de dichos documentos permitirán el acceso a los mismos, previa solicitud por escrito, precisa y pormenorizada, salvo cuando su consulta suponga una intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen.
b) La persona propietaria, titular de derechos o poseedora de los documentos podrá depositarlos temporalmente en uno de los archivos que formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a los mismos.
c) La denegación del acceso tendrá que formularse por escrito, motivadamente, para que la persona interesada pueda comunicar esta circunstancia a la Consejería a la que esté atribuida la competencia en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental con el fin de que, en su caso, adopte las medidas previstas en el Capítulo III del Título V.
Datos clave
- El acceso a los documentos privados del Patrimonio Documental Madrileño en archivos privados del Sistema de Archivos se rige por lo previsto para los documentos públicos.
- El resto de documentos privados inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural, el de Bienes de Interés Patrimonial o el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño se rigen por reglas propias.
- Los propietarios, titulares de derechos o poseedores permiten el acceso previa solicitud por escrito, precisa y pormenorizada, salvo intromisión en la intimidad personal y familiar o en la propia imagen.
- Pueden depositarlos temporalmente en un archivo del Sistema para facilitar el acceso.
- La denegación debe formularse por escrito y motivadamente, para que el interesado lo comunique a la Consejería competente en archivos, gestión de documentos y patrimonio documental.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 70
Documentos de titularidad pública. De acuerdo con la definición dada en el artículo 3.1 b) y a los efectos de esta ley, se consideran documentos de titularidad pública, sin perjuicio de la legislación estatal o internacional que les sea de aplicación: a) Los de la Asamblea de Madrid. b) Los de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. c) Los de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno. d) Los de la Administración de la Comunidad de Madrid. e) Los de los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid. f) Los de los Órganos de Gestión sin personalidad jurídica de la Comunidad de Madrid. g) Los de las Fundaciones vinculadas o participadas por la Comunidad de Madrid. h) Los de las Empresas públicas y Entes públicos de la Comunidad de Madrid. i) Los de los órganos de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. j) Los de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid y de sus entes, organismos o empresas de ellos dependientes. k) Los de las Corporaciones de Derecho Público radicadas en la Comunidad de Madrid en el ejercicio de competencias delegadas o encomendadas de carácter público. l) Los de las Universidades Públicas radicadas en la Comunidad de Madrid y de los centros y estructuras de ellas dependientes. m) Los de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sociedades mercantiles y fundaciones de ella vinculadas o dependientes radicados en la Comunidad de Madrid. n) Los de las notarías y registros públicos radicados en la Comunidad de Madrid. ñ) Los de los organismos dependientes de las instituciones de la Unión Europea, así como los de cualquier otro organismo público internacional, radicados en la Comunidad de Madrid. o) Los de las personas privadas físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos radicadas en la Comunidad de Madrid, en cuanto a los documentos generados en la prestación de dichos servicios. p) Los de las entidades dotadas de personalidad jurídica propia creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por cualquiera de las entidades y personas jurídicas mencionadas en este artículo en el ejercicio de potestades administrativas o funciones públicas. q) Los de las entidades dependientes de los organismos públicos y los de cualquier otra entidad pública no incluida en los supuestos anteriores en el ejercicio de potestades administrativas o funciones públicas. r) Los de las Entidades de Derecho Público o de Derecho Privado vinculadas o dependientes de cualquier Administración Pública radicada en la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- La lista de documentos de titularidad pública tiene 19 letras, de la a) a la r), incluida la ñ).
- Son de titularidad pública los de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, la Presidencia de la Comunidad y el Consejo de Gobierno.
- También lo son los de los órganos de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid y los de las Entidades Locales madrileñas y sus entes dependientes.
- Se incluyen los de las notarías y registros públicos y los de la Administración General del Estado radicados en la Comunidad de Madrid.
- ¿Qué documentos de los gestores privados de servicios públicos son públicos? → Solo los generados en la prestación de dichos servicios.
- De las Corporaciones de Derecho Público radicadas en la Comunidad de Madrid, son de titularidad pública los documentos del ejercicio de competencias delegadas o encomendadas de carácter público.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 71
Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
1. Los documentos de titularidad pública, en su condición de bienes de dominio público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. Los documentos de titularidad pública gozan de una especial protección, previa a su posible inscripción como bienes reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño. Por ello, no pueden ser eliminados salvo en los términos previstos en los artículos 55 y 56.
3. La Comunidad de Madrid podrá recuperar en todo momento estos documentos cuando se hallen indebidamente en posesión de terceros, adoptando las medidas legales oportunas para conseguir su devolución.
Datos clave
- Los documentos de titularidad pública son bienes de dominio público: inalienables, imprescriptibles e inembargables.
- Gozan de especial protección previa a su posible inscripción como bienes reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño.
- Solo pueden eliminarse en los términos de los artículos 55 y 56 de la Ley 6/2023.
- La Comunidad de Madrid puede recuperarlos en todo momento cuando se hallen indebidamente en posesión de terceros.
Ley 6/2023 Archivos y Documentos CM · Art. 72
Requisitos de los documentos de titularidad pública. 1. Los documentos de titularidad pública, a efectos de su validez, han de cumplir los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. Para garantizar estos requisitos, las Administraciones Públicas, sus Entidades instrumentales y sus Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a las funciones públicas que tengan atribuidas, deberán implantar y documentar sus políticas y procedimientos con el fin de controlar la creación, la recepción, la transmisión, el mantenimiento y la accesibilidad de los documentos, de manera que se asegure, asimismo, que dichos documentos estén protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación u ocultación no autorizadas. 2. Los documentos electrónicos de titularidad pública incorporarán la información precisa que determine la consideración de su originalidad en los términos previstos en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II y en el desarrollo reglamentario de esta ley.
Datos clave
- Requisitos de validez de los documentos de titularidad pública (5): autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.
- Las Administraciones Públicas, sus Entidades instrumentales y sus Corporaciones de Derecho Público (en sus funciones públicas) deben implantar y documentar políticas y procedimientos para controlar la creación, recepción, transmisión, mantenimiento y accesibilidad de los documentos.
- Los documentos deben estar protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación u ocultación no autorizadas.
- Los documentos electrónicos de titularidad pública incorporan la información precisa que determina la consideración de su originalidad.
- Esa originalidad se rige por la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la ley y por su desarrollo reglamentario.
Clases de archivo según el ciclo vital y operaciones de clasificación y ordenación
Archivo. Según el Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Cultura, archivo es el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.
Clases de archivo:
- Por el organismo productor: de la Administración central, periférica, autonómica, local, judicial, etc.
- Por el ámbito de sus fondos: nacionales, generales, regionales, provinciales, de distrito, municipales, etc.
- Por la personalidad jurídica de la institución productora: archivos públicos y privados. El archivo público reúne los documentos producidos o recibidos en el transcurso de actividades administrativas regidas por el derecho público; el archivo privado, los de actividades no regidas por el derecho público.
Clases de archivo según el ciclo vital de los documentos, es decir, las etapas por las que atraviesan desde que se producen en el archivo de gestión hasta que se eliminan o se conservan en un archivo histórico:
- Archivo de gestión u oficina: reúne la documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las propias oficinas; con carácter general no custodia documentos de más de cinco años.
- Archivo central: coordina y controla los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por ellos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante; con carácter general no custodia documentos de más de 30 años.
- Archivo intermedio: recibe los documentos de los archivos centrales cuando su consulta es esporádica y los conserva hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico; con carácter general no conserva documentos de más de cincuenta años.
- Archivo histórico: recibe del archivo intermedio la documentación que deba conservarse permanentemente.
- Se llama archivo administrativo al que reúne documentos de cualquiera de las tres primeras etapas. Los documentos ingresan habitualmente en cada archivo por transferencia, una vez cumplido el plazo de permanencia fijado en la valoración para cada etapa del ciclo vital.
Organización de los documentos. La organización es el proceso que, mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica las conclusiones de la fase de identificación a la estructura de un fondo:
- Clasificación: establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo; es el primer paso del proceso de organización. El cuadro de clasificación, instrumento de consulta resultado de la fase de identificación, refleja la organización de un fondo y aporta los datos esenciales de su estructura.
- Ordenación: establecimiento de secuencias naturales cronológicas o alfabéticas, o ambas, dentro de las categorías y grupos definidos en la clasificación.
- Ordenación física: operación que refleja en las unidades documentales y de instalación la secuencia establecida por la ordenación intelectual.
- Foliación: operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada unidad documental.
- Signatura topográfica: numeración correlativa por la que se localizan todas las unidades de instalación de un depósito.
Principio de procedencia: los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. De él derivan el principio de respeto a la estructura, por el que la clasificación interna de un fondo debe responder a la organización y competencias del organismo productor, y el principio de respeto al orden original, por el que no se debe alterar la organización dada al fondo por el organismo productor.
Datos clave
- Ciclo vital: archivo de gestión, archivo central, archivo intermedio y archivo histórico.
- Plazos generales de custodia, salvo excepciones: gestión, hasta cinco años; central, hasta 30 años; intermedio, hasta cincuenta años.
- Organización = clasificación + ordenación.
- Criterios de ordenación: secuencias cronológicas o alfabéticas, o ambas, dentro de cada grupo de la clasificación.
- Del principio de procedencia derivan el respeto a la estructura y el respeto al orden original.
El documento en la Ley 6/2023 de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid: concepto, funciones y clases
Concepto. El artículo 3.1.a) de la Ley 6/2023 define el documento como toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte y en cualquier formato, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado.
Funciones. Según esta definición, el documento es testimonio de los actos de quien lo produce. En todo caso tienen la consideración de documentos:
- Los que sean resultado de procedimientos regulados en una norma jurídica.
- Los que, sin estar regulados por normas de procedimiento específicas, sirvan a las personas físicas o jurídicas como elementos de información y conocimiento.
- Los electrónicos.
Clasificación por su titularidad:
- Documento de titularidad pública: el de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, enumeradas en el artículo 70 de la Ley, producido o recibido en el ejercicio de sus competencias y funciones propias. También lo es el documento público, es decir, el que, autorizado por un funcionario competente para ello, acredita los hechos que refiere y su fecha.
- Documento de titularidad privada: el de las personas enumeradas en el artículo 76, producido o recibido en el ejercicio de competencias y funciones privadas.
Clasificación por su soporte (art. 3.2):
- Documento electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado; debe incorporar sus firmas y, al menos, los metadatos obligatorios del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Documento convencional: información de cualquier naturaleza en forma no electrónica, recogida en papel o en cualquier otro soporte no electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Agrupaciones de documentos. La Ley distingue también:
- Expediente electrónico: conjunto ordenado, completo, foliado y autentificado de documentos y actuaciones electrónicos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, con su índice electrónico numerado y la copia electrónica certificada de la resolución. No forma parte de él la información auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, resúmenes o informes internos, salvo los informes solicitados antes de la resolución.
- Serie documental: conjunto de documentos de similar tipología producidos en el ejercicio de una determinada competencia.
- Fondo documental: conjunto orgánico de documentos producidos o reunidos por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones o actividades.
- Colección: reunión de documentos que, sin poseer carácter orgánico, responde a criterios subjetivos.
Ciclo vital. Los documentos atraviesan diferentes fases desde que se producen hasta su definitiva eliminación o, en su caso, conservación permanente.
Datos clave
- Documento: información producida como testimonio de actos, recogida en un soporte y en cualquier formato (art. 3.1.a).
- Por su titularidad: de titularidad pública (incluido el documento público) o de titularidad privada.
- Por su soporte: electrónico o convencional (art. 3.2).
- El documento electrónico incorpora sus firmas y los metadatos obligatorios del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Ciclo vital: fases desde la producción hasta la eliminación o la conservación permanente.
El documento de archivo: características, originales y valores
Las definiciones siguientes proceden del Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Cultura.
Documento y documento de archivo. Documento es toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos; se excluyen los ejemplares no originales de ediciones. Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal.
Originales. El original es el documento hecho por voluntad de su autor y conservado en la materia y forma en que se emitió. La originalidad lleva implícita la autenticidad diplomática o administrativa y la autenticidad jurídica, pero no la veracidad del contenido. El original múltiple es el documento del que en origen se emiten tantos originales cuantos sean necesarios para la tramitación del asunto, todos con el mismo valor.
Agrupación de los documentos:
- Unidad documental: elemento indivisible de una serie documental, que puede estar constituido por un solo documento o por varios que formen un expediente.
- Expediente: unidad documental formada por un conjunto de documentos generado orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
- Serie: conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma de procedimiento.
- Fondo: conjunto de series generadas por cada uno de los sujetos productores que conforman la estructura de un organismo en el ejercicio de sus competencias.
Valores de los documentos:
- Valor primario: el que va unido a la finalidad inmediata por la cual el documento se ha producido por la institución, de carácter fiscal, judicial, jurídico-administrativo u otro.
- Valor secundario: el que obedece a otras motivaciones distintas de la propia finalidad del documento, como el valor histórico e informativo.
- La valoración es la fase del tratamiento archivístico que analiza y determina los valores primarios y secundarios de las series documentales y fija los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total o parcial.
Datos clave
- Documento de archivo: testimonio material de un hecho o acto elaborado con unas características de tipo material y formal.
- La originalidad implica autenticidad diplomática o administrativa y jurídica, pero no la veracidad del contenido.
- Original múltiple: varios originales emitidos en origen, todos con el mismo valor.
- La serie agrupa unidades documentales (documentos sueltos o expedientes) y el fondo agrupa series.
- Valor primario (finalidad inmediata) y valor secundario (histórico e informativo).
Los documentos administrativos en la Ley 39/2015: concepto, requisitos y copias
Concepto. Según el artículo 26.1 de la Ley 39/2015, son documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones emiten los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
Características del documento electrónico administrativo. Para ser válido debe (art. 26.2):
- Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
- Incorporar una referencia temporal del momento en que ha sido emitido.
- Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
- Incorporar las firmas electrónicas que correspondan.
No requieren firma electrónica los documentos que se publiquen con carácter meramente informativo ni los que no formen parte de un expediente administrativo, aunque siempre debe identificarse su origen (art. 26.3).
Originales y copias auténticas (art. 27):
- Cada Administración determina los órganos competentes para expedir copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados, que pueden hacerse mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.
- Es copia auténtica la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes, garantizando la identidad del órgano que la realiza y su contenido. Las copias auténticas tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales; las de documentos privados surten únicamente efectos administrativos.
- Las copias electrónicas deben incluir los metadatos que acrediten su condición de copia; las copias en papel de documentos electrónicos llevan un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación.
- Los interesados pueden solicitar en cualquier momento copias auténticas de los documentos públicos administrativos, que deben expedirse en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud.
Documentos aportados por los interesados (art. 28):
- Los interesados aportan los datos y documentos exigidos por la normativa y pueden aportar cualquier otro que estimen conveniente.
- Tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, que puede consultarlos salvo oposición del interesado; no cabe oposición en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
- Con carácter general, la Administración no exige documentos originales; los informes preceptivos ya elaborados por otro órgano deben remitirse en diez días.
- Las copias que aporten los interesados tienen eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, y los interesados responden de la veracidad de los documentos que presentan.
Datos clave
- Documentos públicos administrativos: los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas (art. 26.1).
- Se emiten por escrito, a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma (art. 26.1).
- Requisitos del documento electrónico: soporte y formato, datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firmas electrónicas.
- Las copias auténticas tienen la misma validez y eficacia que los originales (art. 27.2).
- Plazo para expedir copias auténticas a solicitud del interesado: quince días (art. 27.4).