Información administrativa y atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid en los canales presencial, electrónico y telefónico. La Administración electrónica. La identificación y autenticación de las personas físicas y jurídicas para las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. Especial referencia a la Administración electrónica en la Comunidad de Madrid.
Practica este tema con tests de Auxiliar Administrativo (Administración General, C2) — Comunidad de Madrid: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
Regístrate gratisTextos consolidados oficiales:
- Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid
- Decreto 127/2022, de 7 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan aspectos relativos a los servicios electrónicos y a la comisión de redacción, coordinación y seguimiento del portal de internet de la Comunidad de Madrid
- Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
- Comunidad de Madrid — Atención al ciudadano (canales de atención telefónica, digital y presencial)
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 1
Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, entendiéndose por tal el conjunto de actividades y medios que la Administración de la Comunidad pone a disposición de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos. ( 2 ) Las actividades que integran la atención al ciudadano son la información y orientación, el registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, la gestión de sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos, la gestión de procedimientos y la prestación de servicios. Estas acciones se desarrollan en la Oficina de Atención al Ciudadano, los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, los Registros, las Oficinas de Información Especializada, las unidades de gestión y las unidades o centros de prestación de servicios. La gestión de procedimientos y la prestación de servicios, así como las unidades encargadas de los mismos, se regulan por su normativa propia y específica.
Datos clave
- Objeto: regular la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, es decir, el conjunto de actividades y medios para el ejercicio de derechos, el cumplimiento de obligaciones y el acceso a los servicios públicos.
- Cinco actividades: información y orientación, registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, gestión de sugerencias y reclamaciones, gestión de procedimientos y prestación de servicios.
- Se desarrollan en la Oficina de Atención al Ciudadano, los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, los Registros, las Oficinas de Información Especializada, las unidades de gestión y las unidades o centros de prestación de servicios.
- La gestión de procedimientos y la prestación de servicios se regulan por su normativa propia y específica.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 2
Ámbito de aplicación. El presente Decreto será de aplicación a todos los órganos y unidades de la Comunidad de Madrid, así como a los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma. Estas Entidades sujetarán su actividad al presente Decreto cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. CAPÍTULO II Actividades de la Atención al Ciudadano 2 .- Véase art. 48.4 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. -- 3 of 27 -- Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales Decreto 21/2002 Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno 4 SECCIÓN 1.0 INFORMACIÓN
Datos clave
- El Decreto 21/2002 se aplica a todos los órganos y unidades de la Comunidad de Madrid, así como a los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes.
- Estas entidades se sujetan al Decreto solo cuando ejercen potestades administrativas; en el resto de su actividad, a sus normas de creación.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 3
Fines. La Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid se configura como un Sistema de Información de carácter horizontal que recoge la información de interés para el ciudadano y tiene como finalidad mejorar y facilitar el acceso a los servicios que presta la Administración Regional y sus relaciones con los ciudadanos.
Datos clave
- Fines: la Información al Ciudadano se configura como un Sistema de Información de carácter horizontal.
- Su finalidad es mejorar y facilitar el acceso a los servicios de la Administración Regional y sus relaciones con los ciudadanos.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 4
Objetivos. Los objetivos del Sistema de Información al Ciudadano son: a) Proporcionar a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas información general y orientación sobre las dependencias y centros, servicios, procedimientos, ayudas y subvenciones competencia de la Comunidad de Madrid. b) Proporcionar información especializada conforme a la normativa específica en cada caso. c) Informar y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. d) Ofrecer a los interesados información sobre el estado de tramitación de los procedimientos administrativos competencia de la Comunidad de Madrid y la identidad de las autoridades y el personal bajo cuya responsabilidad se tramitan. e) Informar y orientar sobre el acceso al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y facilitar dicho acceso directamente. f) Informar y orientar sobre el acceso al Sistema para la Tramitación Telemática de Procedimientos y facilitar dicho acceso directamente. g) Suministrar otras informaciones de interés general.
Datos clave
- El artículo fija siete objetivos del Sistema de Información al Ciudadano (letras a a g).
- Incluyen informar sobre dependencias, servicios, procedimientos, ayudas y subvenciones, y ofrecer información especializada conforme a la normativa específica.
- Informar sobre el estado de tramitación de los procedimientos y la identidad de las autoridades y el personal responsables.
- Informar y orientar sobre el acceso al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y al Sistema de Tramitación Telemática de Procedimientos y facilitar el acceso directo.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 5
Órganos responsables y régimen de atribuciones. Los órganos responsables de la gestión del Sistema de Información al Ciudadano son: a) Todas las unidades administrativas de la Comunidad de Madrid que generen información relevante para los ciudadanos, que serán responsables de su inclusión en el Sistema y de su actualización. b) Los Coordinadores de Atención al Ciudadano de cada Consejería, en los términos que se establecen en el artículo 37 de este Decreto. c) La Oficina de Atención al Ciudadano que, en su calidad de administradora del Sistema, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 34 de este Decreto. d) Los Puntos de Información y Atención al Ciudadano y las Oficinas de Información Especializada que, en el ejercicio de las funciones atribuidas en los artículos 35 y 36 de este Decreto, son responsables de ofrecer a los ciudadanos la información recogida en el Sistema de Información de la Comunidad de Madrid. -- 4 of 27 -- Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales Decreto 21/2002 Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno 5 e) El Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (3 ), que facilitará todos los medios tecnológicos para su explotación y llevará a cabo su administración técnica de acuerdo con sus competencias en materia de sistemas de información. f) La Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, que deberá realizar periódicamente evaluaciones de calidad del Sistema, a los efectos de constatar el cumplimiento de los objetivos del mismo, y elaborará propuestas de mejora para su incorporación al Sistema.
Datos clave
- Órganos responsables del Sistema: las unidades administrativas que generan información, los Coordinadores de Atención al Ciudadano de cada Consejería, la Oficina de Atención al Ciudadano, los Puntos de Información y Atención y las Oficinas de Información Especializada, el Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones y la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
- La Oficina de Atención al Ciudadano es la administradora del Sistema.
- El Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones facilita los medios tecnológicos y lleva la administración técnica.
- La Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano evalúa periódicamente la calidad del Sistema y elabora propuestas de mejora.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 6
Tipos de información. Para el cumplimiento de sus objetivos, la información contenida en el Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid se clasificará en información general, especializada y particular.
Datos clave
- La información del Sistema de Información al Ciudadano se clasifica en tres tipos: general, especializada y particular.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 7
Información general 1. La información general versará sobre los fines, competencias y funcionamiento de los diferentes órganos y servicios de la Comu- nidad de Madrid, localización y horario de oficinas, medios públicos de transporte, trámites de los diferentes tipos de expedientes y documentación que se exige, forma de gestión, divulgación de las actividades y servicios prestados por la Comunidad y, en general, cuantos datos sirvan de base a quienes hayan de relacionarse con la Administración Autonómica, y que con arreglo a los artículos siguientes, no tuvieran el carácter de información particular o espe- cializada. Igualmente, se podrá facilitar información general sobre otras Administraciones e Instituciones Públicas suministrada por las mismas. 2. El Sistema de Información al Ciudadano recogerá todas las convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de la Adminis- tración de la Comunidad de Madrid, realizando un seguimiento Pág. 7MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002B.O.C.M. Núm. 30 completo del proceso, desde la convocatoria hasta la toma de pose- sión de los candidatos seleccionados, ofreciendo además una refe- rencia de las Ofertas de Empleo Público de los Ayuntamientos de la Comunidad y Universidades. 3. A través del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid se accederá al Sistema de Tramitación Tele- mática de Procedimientos que informará de los procedimientos administrativos competencia de la Comunidad de Madrid, inclu- yendo como datos básicos la normativa que los regule, la unidad responsable con su dirección, teléfono y demás medios de comu- nicación de que disponga, los documentos necesarios para el inicio y tramitación del procedimiento, trámites a realizar, plazos y reso- lución y la necesidad, en su caso, de abono de tasas. Igualmente se incorporará el impreso normalizado de inicio del procedimiento, que podrá cumplimentarse directamente desde el propio Sistema. 4. Dentro de la información general se pondrá a disposición de los ciudadanos información sobre todas las subvenciones y ayu- das que convoque la Comunidad de Madrid, en la que se incluirán los datos básicos descritos para los procedimientos, destacando visiblemente los plazos, requisitos y medios de información com- plementarios, y que incorporará el impreso normalizado de soli- citud que podrá cumplimentarse directamente desde el propio Sis- tema de Información. 5. Con el fin de facilitar a los ciudadanos información completa sobre las convocatorias de los contratos que se anuncien a licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID por las Consejerías, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho públi- co y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma, los pliegos de condiciones de dichos contratos se deberán publicar en el sitio web de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería de Presidencia.
Datos clave
- La información general versa sobre fines, competencias y funcionamiento de los órganos, localización y horario de oficinas, transportes públicos y trámites de los expedientes con la documentación exigida.
- El Sistema recoge todas las convocatorias de Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid y hace un seguimiento completo, desde la convocatoria hasta la toma de posesión.
- Da acceso al Sistema de Tramitación Telemática de Procedimientos, con normativa, unidad responsable, documentos, trámites, plazos, resolución y tasas.
- Incluye información sobre todas las subvenciones y ayudas que convoque la Comunidad, con el impreso normalizado de solicitud.
- Los pliegos de condiciones de los contratos anunciados en el BOCM se publican en el sitio web de la Comunidad, según el procedimiento que establezca la Consejería de Presidencia.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 8
Información especializada 1. La información se entenderá especializada cuando, por sus características específicas, requiera una mayor profundización en la respuesta o sea preciso efectuar consultas complementarias. 2. Las unidades administrativas que dispongan de subsistemas de información propios que contengan información relevante para los ciudadanos deberán facilitar, en la forma que establezca el administrador del sistema, su integración en el Sistema de Infor- mación al Ciudadano y así posibilitar su consulta por los ciudadanos y por otras unidades de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- Es especializada la información que, por sus características, requiere mayor profundización o consultas complementarias.
- Las unidades con subsistemas de información propios deben facilitar su integración en el Sistema, en la forma que establezca el administrador del sistema.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 9
Información particular 1. La información particular consistirá en facilitar a los inte- resados o a sus representantes el estado de tramitación en que se encuentra su expediente administrativo y la identidad de las autoridades y el personal bajo cuya responsabilidad se tramitan. La información particular la facilitará el órgano gestor. 2. La petición de información de carácter particular al Sistema de Información al Ciudadano vendrá avalada por la identificación del solicitante, garantizándose la confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica sobre protección de datos de carácter personal.
Datos clave
- La información particular consiste en facilitar a los interesados o sus representantes el estado de tramitación de su expediente y la identidad de las autoridades y el personal responsables.
- La facilita el órgano gestor.
- La petición debe ir avalada por la identificación del solicitante, con garantía de confidencialidad e integridad de los datos personales.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 10
Incorporación y actualización de la información 1. Las unidades que generan información deberán facilitarla al Sistema de Información al Ciudadano y mantenerla debidamente actualizada, remitiendo, de forma íntegra y con antelación sufi- ciente, a la Oficina de Atención al Ciudadano los datos necesarios y solicitando se retire del Sistema la información desfasada, a través del Coordinador de Atención al Ciudadano correspondiente, siguiendo el proceso que se establezca. 2. La Oficina de Atención al Ciudadano sólo incorporará al Sistema información completa, requiriendo al Coordinador de Atención al Ciudadano, para que proceda a completarla en caso contrario. Si observara cualquier tipo de anomalía en la infor- mación contenida en el Sistema adoptará las medidas oportunas para su subsanación.
Datos clave
- Las unidades que generan información deben facilitarla de forma íntegra y con antelación suficiente a la Oficina de Atención al Ciudadano y mantenerla actualizada.
- Piden que se retire la información desfasada a través del Coordinador de Atención al Ciudadano correspondiente.
- La Oficina de Atención al Ciudadano solo incorpora al Sistema información completa; si no lo está, requiere al Coordinador que la complete.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 11
Acceso a la información 1. Los ciudadanos podrán acceder al Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid personalmente, en la Oficina de Atención al Ciudadano, en los Puntos de Información y Atención al Ciudadano y en las Oficinas de Información Espe- cializada, por teléfono, por escrito o a través de Internet. 2. Las informaciones que se suministren serán claras y com- prensibles, concretas, íntegras y adecuadas a la información solicitada. 3. Si la demanda de información formulada por el ciudadano no pudiera ser resuelta de forma inmediata con los medios de que dispone el empleado de atención al público, éste tomará los datos de contacto del ciudadano y le proporcionará su nombre y número de teléfono, con el compromiso de contestarle en un plazo de cuarenta y ocho horas si la demanda es de información general, y con la mayor celeridad posible si la demanda es de información especializada o particular.
Datos clave
- Vías de acceso al Sistema: personalmente en la Oficina de Atención al Ciudadano, en los Puntos de Información y Atención al Ciudadano y en las Oficinas de Información Especializada, y también por teléfono, por escrito o por Internet.
- La información debe ser clara y comprensible, concreta, íntegra y adecuada a lo solicitado.
- Si no puede resolverse de forma inmediata, el empleado toma los datos de contacto y se compromete a contestar en cuarenta y ocho horas si es información general.
- Si es especializada o particular, la respuesta es con la mayor celeridad posible.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 12
Información en páginas web de la Comunidad de Madrid 1. La información que la Comunidad de Madrid ofrece por las redes Internet e Intranet es parte integrante del Sistema de Información al Ciudadano y se organiza en el sitio web de la Comunidad de Madrid que se configura como el portal de servicios de las diferentes unidades administrativas en su relación con los ciudadanos. 2. Desde la primera página del sitio web de la Comunidad de Madrid se podrá acceder al Sistema de Información al Ciu- dadano, al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y al Sistema de Tramitación Telemática de Procedimientos. Aun siendo parte del Sistema de Información al Ciudadano, desde la primera página del sitio web de la Comunidad de Madrid se podrá acceder, tam- bién, al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a la organización y estructura de la Comunidad de Madrid y a las materias cuya información es más demandada por los ciudadanos. 3. La información que se ofrece en las páginas web de la Comu- nidad de Madrid se incluirá a iniciativa de las unidades que la generan.
Datos clave
- La información en Internet e Intranet forma parte del Sistema de Información al Ciudadano y se organiza en el sitio web de la Comunidad, portal de servicios de las unidades administrativas.
- Desde la primera página se accede al Sistema de Información al Ciudadano, al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y al Sistema de Tramitación Telemática de Procedimientos.
- También se accede desde la primera página al BOCM, a la organización y estructura de la Comunidad y a las materias más demandadas.
- La información de las páginas web se incluye a iniciativa de las unidades que la generan.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 13
Contenido de las páginas web de la Comunidad de Madrid 1. El diseño y contenido de las páginas que se editen en Internet se adecuarán a las necesidades de las distintas unidades y de los usuarios a las que van dirigidas. En todo caso, el criterio general será facilitar el manejo y la búsqueda de la información a los usuarios. 2. El Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid garantizará la homogeneidad e integridad del contenido de la información, con el objeto de evitar dupli- cidades y contradicciones. Asimismo, garantizará el correcto diseño de las páginas desde un punto de vista técnico. 3. En todo caso, cada página contendrá en su cabecera el logo- tipo de la Comunidad de Madrid, que servirá de enlace con la página de inicio de la Comunidad, la Consejería a la que pertenece la página consultada, un enlace a la página principal de dicha Consejería, un enlace al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones de la Comunidad de Madrid, un buscador y un buzón a través del cual los ciudadanos harán llegar sus consultas, sugerencias o comentarios sobre la página web. Pág. 8 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002 B.O.C.M. Núm. 30 4. Asimismo, cada página llevará un pie con la dirección del organismo o unidad responsable e información necesaria para que el usuario pueda contactar con la unidad, incluyendo una dirección de correo electrónico. 5. Por el Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid se facilitarán los medios técnicos necesarios para que cada unidad actualice el contenido de sus páginas. 6. En la primera edición se determinarán los plazos de revisión de las respectivas páginas. Aquellas que no sean revisadas y, en su caso, actualizadas en los plazos establecidos serán retiradas directamente por el Organismo Autónomo Informática y Comu- nicaciones de la Comunidad de Madrid hasta su actualización.
Datos clave
- El Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid garantiza la homogeneidad e integridad del contenido, evita duplicidades y contradicciones y garantiza el diseño técnico de las páginas.
- Cada página contiene en su cabecera el logotipo de la Comunidad (enlace a la página de inicio), la Consejería, un enlace a su página principal, un enlace al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, un buscador y un buzón de consultas.
- Cada página lleva un pie con la dirección del organismo o unidad responsable y un correo electrónico de contacto.
- Las páginas que no se revisen o actualicen en los plazos fijados en la primera edición son retiradas por dicho Organismo hasta su actualización.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 14
Carácter de las informaciones emitidas Las informaciones y orientaciones que emita el Sistema de Infor- mación al Ciudadano tendrán un carácter meramente ilustrativo para quienes lo soliciten. Por tanto: a) En ningún caso entrañarán una interpretación normativa a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi- miento Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cum- plimentación de impresos o solicitudes. b) Tales informaciones y orientaciones no originarán derechos ni expectativas de derecho a favor de los solicitantes ni de terceros y no podrán lesionar derechos ni intereses legítimos de los interesados u otras personas. c) No ofrecerán vinculación alguna con el procedimiento admi- nistrativo al que se refieran y, en este sentido, la información no podrá invocarse a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni servirá de instru- mento formal de notificación en el expediente. SECCIÓN 2.a Registro
Datos clave
- Las informaciones del Sistema tienen carácter meramente ilustrativo.
- No entrañan interpretación normativa (art. 37.10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) ni consideración jurídica o económica.
- No originan derechos ni expectativas de derecho a favor de los solicitantes ni de terceros.
- No tienen vinculación con el procedimiento: no pueden invocarse para interrumpir o suspender plazos, caducidad o prescripción, ni sirven de notificación formal.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 29
Derecho a presentar sugerencias y reclamaciones 1. Los ciudadanos e instituciones públicas o privadas tienen derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid y reclamaciones por tardanzas, desatenciones o cualquier otra ano- malía en el funcionamiento de los mismos. 2. Las sugerencias y reclamaciones formuladas de acuerdo con lo previsto en este Decreto, no tendrán en ningún caso la cali- ficación de recurso administrativo ni su presentación suspenderá los plazos establecidos en la normativa vigente. 3. Las presentación de sugerencias y reclamaciones no con- diciona en modo alguno el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados.
Datos clave
- Tienen derecho a presentar sugerencias y reclamaciones los ciudadanos e instituciones públicas o privadas.
- Las sugerencias se refieren a la creación, ampliación o mejora de los servicios; las reclamaciones, a tardanzas, desatenciones o anomalías en su funcionamiento.
- No tienen la calificación de recurso administrativo ni su presentación suspende los plazos establecidos en la normativa vigente.
- No condicionan el ejercicio de las restantes acciones o derechos de los interesados.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 30
Presentación 1. Las sugerencias y reclamaciones deberán ser formuladas por escrito y contendrán los datos que permitan la identificación y localización del reclamante, a efectos de su notificación, así como el objeto de su sugerencia o reclamación. 2. Podrán presentarse en los lugares previstos en el artículo 16 de este Decreto, mediante fax y a través de Internet. 3. La Oficina de Atención al Ciudadano comunicará por escrito al interesado el cauce dado a su sugerencia o reclamación, soli- citándole, en su caso, la ampliación de datos que estime pertinente, todo ello dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la misma en la Oficina. 4. Cuando se trate de quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, la Oficina de Atención al Ciudadano procederá a su envío inmediato al Defensor del Contribuyente a efectos de su consideración y, en su caso, per- tinente tramitación. 5. Si la sugerencia o reclamación tuviera por objeto algún servicio prestado por otra Administración Pública, la Oficina de Atención al Ciudadano se la hará llegar, comunicando tal cir- cunstancia al interesado.
Datos clave
- Las sugerencias y reclamaciones se formulan por escrito, con datos de identificación y localización del reclamante y el objeto de la sugerencia o reclamación.
- Pueden presentarse en los lugares del artículo 16, por fax y por Internet.
- La Oficina de Atención al Ciudadano comunica por escrito al interesado el cauce dado, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción en la Oficina.
- Las quejas de contribuyentes sobre servicios tributarios se envían de inmediato al Defensor del Contribuyente.
- Si afectan a un servicio de otra Administración Pública, la Oficina las hace llegar a esa Administración y lo comunica al interesado.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 31
Recepción, tramitación y respuesta 1. Cualquier unidad administrativa de la Comunidad de Madrid que reciba, por cualquier medio, un escrito de un ciudadano cuyo contenido constituya o contenga una sugerencia o reclamación, deberá proceder de manera inmediata a su incorporación al Sis- tema de Sugerencias y Reclamaciones. 2. Si la unidad receptora dispone de la aplicación informática de registro sugerencias y reclamaciones las registrará en la misma el mismo día en que las reciba, transcribiendo su contenido íntegro. Si no dispone de dicha aplicación, se enviarán por fax u otro medio Pág. 11MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002B.O.C.M. Núm. 30 que garantice su recepción sin dilación, a cualquiera de las unidades de la Comunidad de Madrid que disponga de la aplicación infor- mática de registro de sugerencias y reclamaciones. 3. La Oficina de Atención al Ciudadano valorará cuál es la Consejería implicada y asignará la sugerencia o reclamación al Coordinador de Atención al Ciudadano de la misma, para su envío inmediato a la Dirección General u Organismo correspondiente. 4. La Oficina de Atención al Ciudadano velará por que la respuesta del órgano implicado se produzca conforme a los criterios establecidos y con la mayor celeridad posible, procurando que se produzca dentro de los quince días hábiles siguientes a la recep- ción de la sugerencia o reclamación por la Oficina. 5. Una vez producida la respuesta a la reclamación planteada, el Coordinador de Atención al Ciudadano la hará llegar a la Oficina de Atención al Ciudadano, quien la remitirá al interesado, dando por cerrado el expediente, procediendo a su archivo. 6. Si transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo 4, el ciudadano no hubiera obtenido ninguna respuesta, podrá dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades. A tal fin el Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano se dirigirá a la unidad com- petente para la resolución de la queja poniendo en su conocimiento la demora habida y requiriendo la inmediata respuesta a la misma.
Datos clave
- La unidad que reciba un escrito con una sugerencia o reclamación debe incorporarlo de manera inmediata al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones.
- Si dispone de la aplicación informática, la registra el mismo día de la recepción, transcribiendo su contenido íntegro.
- La Oficina de Atención al Ciudadano asigna la sugerencia o reclamación al Coordinador de Atención al Ciudadano de la Consejería implicada.
- Se procura que la respuesta se produzca dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción por la Oficina.
- Si no hay respuesta en ese plazo, el ciudadano puede dirigirse a la Oficina; el Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano requiere a la unidad competente la inmediata respuesta.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 32
Datos de carácter personal La Oficina de Atención al Ciudadano asegurará la debida pro- tección de los datos de carácter personal que pueda recabar, en su caso, en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal.
Datos clave
- La Oficina de Atención al Ciudadano asegura la debida protección de los datos de carácter personal que recabe, conforme a la normativa de protección de datos.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 33
Propuestas de mejora de los servicios Visto el informe anual elaborado por la Oficina de Atención al Ciudadano sobre las sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos, la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano planteará a las unidades corres- pondientes propuestas de mejora. Capítulo III Organización de la Atención al Ciudadano
Datos clave
- Tras el informe anual de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre las sugerencias y reclamaciones, la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano plantea propuestas de mejora a las unidades correspondientes.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 34
Oficina de Atención al Ciudadano 1. La Oficina de Atención al Ciudadano, de la Dirección Gene- ral de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia, es la unidad encargada de la coordi- nación de la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid. 2. Las funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano son: a) Fijar, en su calidad de administradora del Sistema de Infor- mación al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, las nor- mas que regirán la incorporación y actualización de la infor- mación en cuanto a sistemas a utilizar, plazos y contenidos, así como coordinar, homogeneizar y validar toda la infor- mación que contenga el Sistema. b) Difundir la información integrante del Sistema de Infor- mación al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. c) Orientar y asesorar al ciudadano en relación a las demandas que formule. d) Coordinar y facilitar la actividad de información que se pres- te en los Puntos de Información y Atención al Ciudadano y en la Oficinas de Información Especializada. e) Canalizar la información que solicite la Asamblea de Madrid, derivada del ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos ante la misma. f) Realizar las funciones de registro especificadas en el ar- tículo 15 de este Decreto. g) Ayudar a los ciudadanos en la cumplimentación de los impresos que presenten. h) Coordinar el Proyecto Ventanilla Única en el ámbito de la Comunidad de Madrid. i) Recibir y tramitar las sugerencias y reclamaciones relativas a los servicios prestados por la Comunidad de Madrid pre- sentadas por los ciudadanos, velando por su adecuada res- puesta. Las Consejerías, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la Comunidad de Madrid a los que se dirija el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus atribuciones, deberán dar traslado de dicho escrito y del correspondiente informe, a la Oficina de Atención al Ciudadano, en el plazo máximo de cuatro días hábiles desde su recepción en el Registro y emisión, respectivamente. j) Tramitar y resolver aquellas cuestiones cuya urgencia y/o simplicidad permitan una respuesta inmediata. k) Realizar el estudio, formulación y desarrollo de las normas y criterios generales para la adecuada gestión del Sistema de Información al Ciudadano, del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y de los Registros administrativos de la Comunidad de Madrid. 3. Para el ejercicio de sus funciones, la Oficina de Atención al Ciudadano contará con la colaboración de los Puntos de Infor- mación y Atención al Ciudadano, las Oficinas de Información Espe- cializada, los Coordinadores de Atención al Ciudadano y la Comi- sión de Coordinación de la Atención al Ciudadano. 4. La Oficina de Atención al Ciudadano emitirá un informe estadístico anual referente al conjunto de su actividad.
Datos clave
- La Oficina de Atención al Ciudadano pertenece a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y coordina la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
- Es la administradora del Sistema de Información al Ciudadano: fija las normas de incorporación y actualización de la información, y coordina, homogeneiza y valida su contenido.
- Entre sus funciones: canalizar la información que pida la Asamblea de Madrid por el derecho de petición, ayudar en la cumplimentación de impresos y coordinar el Proyecto Ventanilla Única.
- Recibe y tramita las sugerencias y reclamaciones; los entes a los que se dirija el Defensor del Pueblo deben dar traslado del escrito y del informe a la Oficina en el plazo máximo de cuatro días hábiles.
- Cuenta con la colaboración de los Puntos de Información y Atención, las Oficinas de Información Especializada, los Coordinadores de Atención al Ciudadano y la Comisión de Coordinación; emite un informe estadístico anual.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 35
Puntos de Información y Atención al Ciudadano 1. Los Puntos de Información y Atención al Ciudadano son unidades que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos para: a) Ofrecer toda la información recogida en el Sistema de Infor- mación de la Comunidad de Madrid. b) Orientar y asesorar al ciudadano en relación a las demandas que formule. c) Realizar las funciones de registro especificadas en el ar- tículo 15 de este Decreto. d) Registrar las Sugerencias y Reclamaciones en la aplicación informática establecida al efecto, transcribiendo íntegra- mente el contenido de las mismas, tras lo cual serán inme- diatamente remitidas a la Oficina de Atención al Ciudadano para su archivo. e) Ayudar a los ciudadanos en la cumplimentación de los impresos que presenten. f) Tramitar y resolver aquellas cuestiones cuya urgencia y/o simplicidad permitan una respuesta inmediata. 2. Cada Consejería contará con un Punto de Información y Atención al Ciudadano, que dependerá de su respectiva Secretaría General Técnica. Asimismo, podrán crear los que consideren nece- sarios para facilitar al ciudadano una atención más adecuada, los cuales dependerán orgánicamente de la dirección general, orga- nismo autónomo, entidad de derecho público o ente público vin- culado o dependiente de la Comunidad de Madrid, a que se ads- criban y, funcionalmente, de la Secretaría General Técnica. 3. Corresponderá a la Oficina de Atención al Ciudadano la coordinación de todos los Puntos de Información y Atención al Ciudadano en el marco de los criterios generales por ella esta- blecidos y los criterios de calidad dados por la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
Datos clave
- Cada Consejería cuenta con un Punto de Información y Atención al Ciudadano, que depende de su Secretaría General Técnica.
- Puede crear otros Puntos, que dependen orgánicamente de la dirección general, organismo o ente al que se adscriban y funcionalmente de la Secretaría General Técnica.
- Funciones: ofrecer la información del Sistema, orientar y asesorar, realizar funciones de registro, registrar las sugerencias y reclamaciones y remitirlas a la Oficina para su archivo, ayudar a cumplimentar impresos y tramitar y resolver las cuestiones cuya urgencia o simplicidad permita una respuesta inmediata.
- La Oficina de Atención al Ciudadano coordina todos los Puntos de Información y Atención al Ciudadano.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 36
Oficinas de Información Especializada 1. Las Oficinas de Información Especializada son unidades especializadas que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos, para: a) Facilitar información específica relacionada con su respec- tivo ámbito de actuación. Pág. 12 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002 B.O.C.M. Núm. 30 b) Ofrecer toda la información recogida en el Sistema de Infor- mación de la Comunidad de Madrid. c) Registrar las sugerencias y reclamaciones en la aplicación informática establecida al efecto, que serán inmediatamente remitidas a la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Dependerán orgánica y funcionalmente de la dirección gene- ral, organismo autónomo, entidad de derecho público o ente públi- co vinculado o dependiente de la Comunidad de Madrid, a que se adscriban, correspondiendo a la Oficina de Atención al Ciu- dadano su coordinación en el marco de los criterios generales por ella establecidos y los criterios de calidad dados por la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
Datos clave
- Las Oficinas de Información Especializada facilitan información específica de su ámbito de actuación y ofrecen toda la información del Sistema.
- Registran las sugerencias y reclamaciones, que se remiten de inmediato a la Oficina de Atención al Ciudadano.
- Dependen orgánica y funcionalmente de la dirección general, organismo o ente al que se adscriban; la Oficina de Atención al Ciudadano coordina su actuación.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 37
Coordinadores de Atención al Ciudadano 1. En las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Con- sejerías se procederá a la designación de un Coordinador de Aten- ción al Ciudadano, al que corresponderá el ejercicio de las siguien- tes funciones: a) Seguimiento y supervisión de la información generada en la Consejería, siendo los responsables de su verificación y homogeneización, de su remisión a la Oficina de Atención al Ciudadano, de la actualización del contenido de la página web de su Consejería y de la remisión de los datos necesarios para la evaluación y el seguimiento del Sistema de Infor- mación al Ciudadano. b) Gestión de las sugerencias y reclamaciones asignadas por la Oficina de Atención al Ciudadano, control de los plazos de respuesta a las mismas y remisión de los datos necesarios para la evaluación y el seguimiento del Sistema de Suge- rencias y Reclamaciones a la Dirección General de Calidad de los Servicios y a la Oficina de Atención al Ciudadano. c) Gestión del Punto de Información y Atención al Ciudadano adscrito a la Secretaría General Técnica de su Consejería y coordinación de los demás Puntos de Información y Aten- ción al Ciudadano, de las Oficinas de Información Espe- cializada y de los Registros de su Consejería. 2. Los Coordinadores de Atención al Ciudadano colaborarán con la Oficina de Atención al Ciudadano y la Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano gestionando los asuntos que ésta le encomiende.
Datos clave
- Se designa un Coordinador de Atención al Ciudadano en la Secretaría General Técnica de cada Consejería.
- Funciones: supervisar la información generada en la Consejería, gestionar las sugerencias y reclamaciones asignadas y controlar sus plazos de respuesta, y gestionar el Punto de Información y Atención de su Secretaría General Técnica.
- Coordina los demás Puntos de Información y Atención, las Oficinas de Información Especializada y los Registros de su Consejería.
- Colabora con la Oficina de Atención al Ciudadano y con la Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano.
Decreto 21/2002 Atención al Ciudadano CM · Art. 38
Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano 1. Bajo la presidencia del Director General competente en materia de Atención al Ciudadano, se constituirá la Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano, de la que formarán parte: — El Coordinador de la Oficina de Atención al Ciudadano. — Los Coordinadores de Atención al Ciudadano de las Con- sejerías. — El Defensor del Contribuyente. — Un representante de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. — Un representante del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde a la Comisión para la Coordinación de la Aten- ción al Ciudadano colaborar con la Oficina de Atención al Ciu- dadano en el estudio, formulación y desarrollo de las normas y criterios generales que debe fijar para la adecuada gestión del Sistema de Información al Ciudadano, del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones y de los Registros administrativos de la Comu- nidad de Madrid. 3. La Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciu- dadano se reunirá, como mínimo, dos veces al año, y en aquellas ocasiones que considere su Presidente. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera Catálogo de modelos normalizados de solicitud 1. La Consejería de Presidencia mantendrá permanentemente actualizado a través del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid y otros medios que considere conve- nientes para su mayor difusión, un catálogo de los modelos nor- malizados de solicitud elaborados por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o depen- dientes de la misma. 2. Los modelos normalizados de solicitud que se elaboren serán remitidos a la Consejería de Presidencia para su inclusión en el catálogo. Segunda Adecuación de los Registros Sin perjuicio de la aplicación del sistema informático integrado a que se refiere la disposición adicional tercera, los distintos órga- nos de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma, adaptarán sus Registros a las previsiones de este Decreto en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor. Tercera Aplicación informática de Registro La aplicación informática a la que se refiere el artículo 27 de este Decreto, aplicación de registro, se elaborará por el Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, en un plazo no superior a seis meses. Cuarta Relación de los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, las Oficinas de Información Especializadas y los Registros de la Comunidad de Madrid 1. La Consejería de Presidencia publicará anualmente y man- tendrá permanentemente actualizada a través del Sistema de Infor- mación al Ciudadano de la Comunidad de Madrid y otros medios que considere convenientes para su mayor difusión, la relación de los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, las Oficinas de Información Especializada, los Registros de la Comunidad de Madrid y las Entidades Colaboradoras, señalando sus direcciones y horarios de funcionamiento. 2. Los Puntos de Información y Atención al Ciudadano y los Registros incluidos en dicha relación se identificarán mediante un código, al objeto de posibilitar la transmisión telemática de los asientos registrales y de sus documentos asociados, entre dichos Registros. 3. Los Coordinadores de Atención al Ciudadano comunicarán a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano los datos correspondientes a sus Puntos de Infor- mación y Atención al Ciudadano, Oficinas de Información Espe- cializadas y Registros y las variaciones que se produzcan en los mismos. Quinta Designación de los Coordinadores de Atención al Ciudadano Las Secretarías Generales Técnicas nombrarán a los Coordi- nadores de Atención al Ciudadano en un plazo no superior a quince días desde la entrada en vigor de este Decreto y deberán proporcionarles los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad. Sexta Procedimientos selectivos Las convocatorias de procedimientos selectivos requerirán a los ciudadanos, en la fase de presentación de solicitudes de parti- Pág. 13MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002B.O.C.M. Núm. 30 cipación, fotocopia sin compulsar de la documentación justificativa de los requisitos y méritos exigidos en la convocatoria. Al término del proceso selectivo, los aspirantes seleccionados deberán acre- ditar el cumplimiento de dichos requisitos. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 1. Quedan expresamente derogados: a) El Decreto 21/1993, de 4 de marzo, por el que se autoriza la publicación de las oficinas de Registro en la Comunidad de Madrid; b) El Decreto 201/1998, de 3 de diciembre, por el que se regula la Oficina de Atención al Ciudadano; c) El Capítulo I del Decreto 73/2000, de 27 de abril, de infor- mación, la agilización de procedimientos administrativos y aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración de la Comunidad de Madrid. 2. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera Habilitación normativa 1. Se faculta al Consejero de Presidencia para dictar las órdenes precisas en desarrollo de este Decreto. 2. Se faculta al Consejero competente por razón de la materia para regular mediante Orden la integración de los subsistemas de información de su competencia en el Sistema de Información al Ciudadano, prevista en el artículo 8.2 del presente Decreto, previo informe de la Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano regulada en el artículo 38. Segunda Días y horas de apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano, los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, las Oficinas de Información Especializada y los Registros de la Comunidad de Madrid El régimen de días y horarios de apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano, los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, las Oficinas de Información Especializada y los Registros de la Comunidad de Madrid se regulará por la Consejería de Presidencia en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Tercera Entrada en vigor El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En Madrid, a 24 de enero de 2002. El Consejero de Presidencia, MANUEL COBO El Presidente, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN Pág. 14 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002 B.O.C.M. Núm. 30 ANEXO 1 Modelo para la presentación de un número superior a diez solicitudes, escritos o comunicaciones, dirigidos a la misma unidad Pág. 15MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002B.O.C.M. Núm. 30 Pág. 16 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002 B.O.C.M. Núm. 30 ANEXO 2 Modelo de sello o acreditación de entrega de documento original ANEXO 3 Modelo de sello o acreditación de compulsa Pág. 17MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002B.O.C.M. Núm. 30 ANEXO 4 Modelo de recibo de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones (03/2.667/02) Pág. 18 MARTES 5 DE FEBRERO DE 2002 B.O.C.M. Núm. 30 Consejería de Justicia y Administraciones Públicas 423 ORDEN de 29 de enero de 2002, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se modifica par- cialmente la Orden 951/2001, de 4 de junio, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería. Mediante Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, se estableció la estructura orgánica de la entonces Consejería de Justicia, Fun- ción Pública y Administración Local, actual Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, el cual ha sido recientemente modi- ficado por Decreto 260/2001, de 22 de noviembre, procediéndose a la creación del Servicio de Prevención como unidad orgánica adscrita a la Dirección General de la Función Pública. Por su parte, mediante Orden 951/2001, de 4 de junio, de la entonces Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local, se procedió a desarrollar, en lo que afecta a las unidades administrativas de segundo nivel, la estructura orgánica básica de la Consejería. En el artículo 5 de dicha Orden se fijó la ordenación de la Dirección General de la Función Pública en los niveles inferiores a Servicio, reproduciéndose la estructura que este Centro Directivo venía presentando con anterioridad a la aprobación de la citada Orden. Sin embargo, con posterioridad el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, así como el Acuerdo Sectorial para personal funcionario de administración y servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período 2001 a 2003, han previsto la constitución de un fondo destinado a reforzar y dotar adecua- damente la estructura de la Dirección General de la Función Pública. En cumplimiento de estas previsiones, se ha procedido a crear el citado Servicio de Prevención mediante Decreto 260/2001, de 22 de noviembre, y a través de la presente Orden se procede a la creación de diversas unidades orgánicas con rango inferior al de Servicio, que quedan adscritas a los distintos servicios existentes en la Dirección General de Función Pública, adaptándose así la estructura de las unidades con rango inferior a Servicio al nuevo marco derivado de las previsiones contenidas en las normas con- vencionales citadas. En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artícu- lo 48.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Admi- nistración de la Comunidad de Madrid, y previos los informes preceptivos, DISPONGO Artículo único Modificación del artículo5 de la Orden 951/2001, de 4 de junio Se modifica el artículo 5 de la Orden 951/2001, de 4 de junio, que queda redactado del siguiente modo: «
Datos clave
- La Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano está presidida por el Director General competente en materia de Atención al Ciudadano.
- La forman el Coordinador de la Oficina de Atención al Ciudadano, los Coordinadores de las Consejerías, el Defensor del Contribuyente, un representante de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano y uno del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones.
- Colabora con la Oficina en el estudio y desarrollo de las normas para el Sistema de Información, el de Sugerencias y Reclamaciones y los Registros.
- Se reúne como mínimo dos veces al año y cuando lo considere su Presidente.
- Disposición adicional quinta: las Secretarías Generales Técnicas nombran a los Coordinadores en un plazo no superior a quince días desde la entrada en vigor del Decreto.
- Disposición final tercera: el Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOCM.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 1
Objeto.
1. El presente decreto tiene por objeto actualizar y adaptar la normativa de la Comunidad de Madrid a la normativa básica del Estado en determinadas cuestiones relacionadas con el ámbito material de la Administración electrónica.
2. Asimismo, se pretende racionalizar la operativa y funciones del órgano competente para la gestión y dirección del Portal de Internet de la Comunidad de Madrid, denominado “Comisión de Redacción, Coordinación y Seguimiento del Portal de Internet de la Comunidad de Madrid”.
Datos clave
- El Decreto 127/2022 actualiza y adapta la normativa de la Comunidad de Madrid a la normativa básica del Estado en materia de Administración electrónica.
- Racionaliza la operativa y funciones de la «Comisión de Redacción, Coordinación y Seguimiento del Portal de Internet de la Comunidad de Madrid».
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 2
Ámbito de aplicación.
1. Este decreto será de aplicación:
a) A los órganos de las distintas consejerías, organismos autónomos y entes públicos vinculados o dependientes de las mismas, que integran la Administración de la Comunidad de Madrid, en los términos dispuestos en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre).
b) A los ciudadanos en sus relaciones con los órganos de las distintas consejerías y organismos autónomos, y entes públicos dependientes de las mismas.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto el resto de entidades que integran el sector público institucional de la Comunidad de Madrid, sometidos al derecho privado, salvo cuando ejerzan potestades administrativas.
Datos clave
- Se aplica a los órganos de las consejerías, organismos autónomos y entes públicos vinculados o dependientes, en los términos del artículo 2.3 de la Ley 39/2015, y a los ciudadanos en sus relaciones con ellos.
- Quedan excluidas las demás entidades del sector público institucional sometidas al derecho privado, salvo cuando ejerzan potestades administrativas.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 3
Punto de Acceso General electrónico.
1. El Portal de Internet institucional de la Comunidad de Madrid, cuya titularidad y gestión corresponde a la consejería competente en materia de Administración electrónica, como Punto de Acceso General electrónico, es el punto de acceso disponible a través de redes de telecomunicación que integra la información y los servicios ofrecidos por la Administración de la Comunidad de Madrid. Su dirección electrónica es www.comunidad.madrid
2. Desde este Punto de Acceso General se accede a los servicios, trámites e información administrativa de carácter general y sectorial, así como a la sede electrónica, desde donde se ofrecerán los servicios administrativos de tramitación digital.
3. El Punto de Acceso General electrónico dispondrá de los sistemas que permiten el establecimiento de medidas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en Esquema Nacional de Seguridad, en el ámbito de la Administración electrónica.
Datos clave
- El Portal de Internet institucional de la Comunidad de Madrid es el Punto de Acceso General electrónico y su dirección es www.comunidad.madrid.
- Su titularidad y gestión corresponden a la consejería competente en materia de Administración electrónica.
- Desde él se accede a los servicios, trámites e información administrativa y a la sede electrónica.
- Dispone de sistemas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 4
Sede electrónica de la Comunidad de Madrid.
1. La sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Madrid es el espacio en el que se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o servicios que requieran la identificación de la Administración de la Comunidad de Madrid y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
2. La Comunidad de Madrid dispone en su portal de Internet de una sede electrónica principal, que corresponde a la dirección electrónica: sede.comunidad.madrid , y una sede asociada que corresponde a la dirección electrónica: www.sede.comunidad.madrid . En ambos casos, se podrá acceder a través de los correspondientes mecanismos de identificación y firma.
3. La titularidad de la sede electrónica corresponde a la consejería competente en materia de Administración electrónica. No obstante, serán responsables de la integridad, veracidad y actualización de todo lo relativo a la gestión, contenidos, procedimientos, trámites y servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica, los titulares de cada una de las consejerías de la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, de aquellos organismos o entidades de la Administración institucional que se incorporen a dicha sede.
4. La gestión tecnológica de la sede electrónica es competencia de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de coordinación sobre la incorporación de los contenidos en la sede que correspondan a la consejería competente en materia de Administración electrónica en la Comunidad de Madrid.
5. La sede electrónica está disponible para todos los ciudadanos de forma gratuita y permanente.
Datos clave
- Sede electrónica principal: sede.comunidad.madrid; sede asociada: www.sede.comunidad.madrid.
- La titularidad corresponde a la consejería competente en materia de Administración electrónica.
- Los titulares de cada consejería son responsables de la integridad, veracidad y actualización de los contenidos, procedimientos, trámites y servicios de su ámbito.
- La gestión tecnológica es competencia de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
- Está disponible para todos los ciudadanos de forma gratuita y permanente.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 5
Contenido y servicios de la sede electrónica.
En la sede electrónica de la Comunidad de Madrid se encuentran todos los procedimientos administrativos y servicios de tramitación digital que la Administración de la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos. Su contenido y servicios son los establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Datos clave
- En la sede electrónica están todos los procedimientos administrativos y servicios de tramitación digital.
- Su contenido y servicios son los del artículo 11 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 6
Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid.
1. Se regula el Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid, dependiente de la dirección general competente en materia de Administración electrónica y responsable de su gestión, vinculado a la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Este registro está habilitado para la recepción y remisión electrónica de las solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a cualquier órgano, organismo o entidad, dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid. También se anotarán en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otras Administraciones públicas o particulares.
2. El Registro Electrónico General es común para toda la Administración de la Comunidad de Madrid y se encuentra disponible para cualquier ciudadano en la sede electrónica, todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. El Registro Electrónico General será interoperable con los registros del resto de Administraciones públicas, en los términos establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros electrónicos.
Datos clave
- El Registro Electrónico General depende de la dirección general competente en materia de Administración electrónica, que lo gestiona, y está vinculado a la sede electrónica.
- Recibe y remite solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Administración de la Comunidad; también anota la salida de documentos oficiales a otras Administraciones o particulares.
- Es común para toda la Administración de la Comunidad y está disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas.
- Es interoperable con los registros del resto de Administraciones públicas.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 7
Modelo de documentos admitidos por el Registro Electrónico General.
1. El Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid admitirá los siguientes modelos de documentos, todos ellos disponibles en la sede electrónica:
a) Formularios normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites competencia de la Administración de la Comunidad de Madrid, dirigidos a los órganos, organismos y entidades a que se refiere el artículo 2.1.a) del presente decreto.
b) Formulario genérico, para las solicitudes, escritos o comunicaciones que no dispongan de formulario normalizado para su presentación, dirigido a los órganos, organismos o entidades de la Comunidad de Madrid o a cualquier otra Administración pública.
2. En los casos descritos en el apartado 1 b) del presente artículo, efectuada la recepción, examinado el contenido de la solicitud, escrito o comunicación recibido y una vez determinado el órgano, organismo o entidad competente, se procederá a su remisión a los destinatarios.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si fuera imposible determinar el órgano, organismo o entidad a la que ha de dirigirse el escrito, o la materia no fuera competencia de la Comunidad de Madrid, se contactará con el ciudadano para recabar información adicional o comunicar la imposibilidad de redirigir el escrito por medios electrónicos al órgano competente.
4. El Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid emitirá un justificante que acredite la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, la fecha y hora de presentación, el número de registro asignado y el órgano destinatario, cuando sea posible su determinación. El justificante incorporará un código seguro de verificación que permite comprobar la autenticidad del documento electrónico generado.
Datos clave
- Modelos admitidos en el Registro Electrónico General: formularios normalizados de cada servicio o trámite y formulario genérico para lo que no tenga formulario normalizado.
- Con el formulario genérico, se determina el órgano competente y se remite el escrito a los destinatarios.
- Si no se puede determinar el destinatario o la materia no es competencia de la Comunidad, se contacta con el ciudadano para recabar información o comunicarle la imposibilidad de redirigirlo por medios electrónicos.
- El justificante acredita la recepción y remisión, la fecha y hora, el número de registro y el órgano destinatario; incorpora un código seguro de verificación.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 8
Sistemas de identificación y firma.
La Administración de la Comunidad de Madrid admitirá, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la normativa vigente sobre firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de las personas interesadas y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
Datos clave
- La Administración de la Comunidad admite los sistemas de firma electrónica conformes a la normativa vigente y adecuados para garantizar la identificación de los interesados.
- Deben garantizar, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 9
Identificación y autenticación de la Administración de la Comunidad de Madrid.
1. La Administración de la Comunidad de Madrid podrá utilizar para su identificación electrónica y para garantizar el origen y la integridad de los documentos, los sistemas previstos en el artículo 15.2 del Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación administrativa y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
2. En los supuestos de actuación administrativa automatizada se utilizará como mecanismo de firma los sistemas de firma electrónica previstos en el artículo 20 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
3. Fuera de los supuestos de actuación administrativa automatizada, la Administración de la Comunidad de Madrid realizará su actuación a través de la firma electrónica del titular del órgano o del empleado público a través del que se ejerza la competencia.
4. Los certificados de empleado público se ajustarán a lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica y podrán ser utilizados por estos en el desempeño efectivo de su puesto de trabajo, para los trámites y actuaciones que realicen por razón del mismo, o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan.
5. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicación serán considerados validos a efectos de autenticación e identificación en los términos señalados en el artículo 25 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
Datos clave
- Para su identificación electrónica y para garantizar origen e integridad de los documentos, la Administración puede usar los sistemas del artículo 15.2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
- En la actuación administrativa automatizada se usan los sistemas de firma del artículo 20 del Real Decreto 203/2021.
- Fuera de la actuación automatizada, actúa mediante la firma electrónica del titular del órgano o del empleado público a través del que se ejerza la competencia.
- Los certificados de empleado público se ajustan al Esquema Nacional de Interoperabilidad y pueden usarse en el desempeño del puesto o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 10
Identificación y firma de las personas interesadas en el procedimiento.
1. Los interesados podrán identificarse y firmar electrónicamente para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid a través de los sistemas y en los términos regulados en los artículos 9.2 y 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, desarrollados en los artículos 26.2 y 29 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
2. La identificación y la firma de las personas interesadas que no dispongan de los medios electrónicos necesarios, podrá realizarse mediante la intervención de funcionarios públicos habilitados en los términos regulados en el Decreto 1/2021, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Funcionarios Públicos Habilitados de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento, para la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos.
3. La verificación de la identidad y, si procede, de otros atributos específicos de la persona interesada, mediante otros métodos de identificación como videoconferencia o vídeo-identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física según su evaluación por el organismo competente, se realizará a partir de los estándares que, en su caso, hayan sido determinados a nivel comunitario y en la normativa básica aplicable a la materia, en concreto, la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados.
Datos clave
- Los interesados se identifican y firman con los sistemas de los artículos 9.2 y 10.2 de la Ley 39/2015.
- Quienes carezcan de medios electrónicos pueden identificarse y firmar mediante funcionarios públicos habilitados, regulados en el Decreto 1/2021, de 13 de enero, que crea el Registro de Funcionarios Públicos Habilitados de la Comunidad de Madrid.
- Se admiten otros métodos como videoconferencia o vídeo-identificación, con seguridad equivalente a la presencia física, según la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 11
Sistemas de clave concertada.
1. En los términos establecidos en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 28 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, la Administración de la Comunidad de Madrid reconoce la validez y eficacia de los sistemas de clave concertada, que se utilicen para la identificación de las personas interesadas en el ámbito de los procedimientos, trámites y servicios de su competencia, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.
2. La utilización de la firma electrónica no criptográfica, no basada en un certificado electrónico, será válida en las relaciones de los interesados con la Administración de la Comunidad de Madrid, cuando se ajuste a los criterios establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad para garantizar la identidad del interesado, así como la integridad de la información presentada, la voluntad, el consentimiento del interesado y el no repudio.
3. La definición de las especificaciones funcionales y técnicas necesarias para garantizar los parámetros referidos en el anterior párrafo se formalizan en la correspondiente resolución de la dirección general competente en materia de Administración electrónica, con la previa supervisión de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
Datos clave
- La Administración reconoce la validez y eficacia de los sistemas de clave concertada, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que garantice la identidad.
- La firma electrónica no criptográfica, no basada en certificado electrónico, es válida si se ajusta a los criterios del Esquema Nacional de Seguridad (identidad, integridad, voluntad, consentimiento y no repudio).
- Las especificaciones funcionales y técnicas se formalizan en resolución de la dirección general competente en Administración electrónica, con la previa supervisión de la Agencia para la Administración Digital.
Decreto 127/2022 Servicios electrónicos CM · Art. 12
Certificados electrónicos y prestadores de servicios de certificación.
1. Los sistemas de identificación y firma electrónica, utilizados en las relaciones electrónicas de la Administración de la Comunidad de Madrid, deberán emplear certificados electrónicos cualificados que se ajusten a los requisitos exigidos por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, Reguladora de Determinados Aspectos de los Servicios Electrónicos de Confianza, en cuanto a su vigencia, caducidad, revocación, suspensión y comprobación de identidad de sus titulares.
2. Los prestadores de servicios de confianza, que presten sus servicios en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, asumirán las obligaciones y responsabilidades reguladas en el Título III de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre.
Datos clave
- Los sistemas de identificación y firma electrónica deben emplear certificados electrónicos cualificados que cumplan la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Los prestadores de servicios de confianza asumen las obligaciones y responsabilidades del Título III de la Ley 6/2020.
Decreto 188/2021 CM · Art. 1
Objeto.
El presente Decreto tiene como objeto regular la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de las personas que participan en procesos de selección para el acceso a la función pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2.e) y apartado 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprendidas las personas que formen parte de bolsas de trabajo o listas de espera para interinidades o contrataciones temporales.
Datos clave
- Objeto: regular la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de quienes participan en procesos de selección.
- Se basa en el artículo 14, apartados 2.e) y 3, de la Ley 39/2015, e incluye a quienes formen parte de bolsas de trabajo o listas de espera para interinidades o contrataciones temporales.
Decreto 188/2021 CM · Art. 2
Ámbito de aplicación.
Este Decreto es aplicable a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus organismos autónomos y a los entes públicos de ella dependientes.
Datos clave
- El Decreto 188/2021 es aplicable a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus organismos autónomos y a los entes públicos de ella dependientes.
Decreto 188/2021 CM · Art. 3
Relaciones telemáticas del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
1. El personal que preste sus servicios dentro del ámbito definido en el artículo 2, cualquiera que sea la naturaleza funcionarial, laboral, estatutaria o eventual de su vinculación jurídica y la duración, permanente o temporal, de su relación de empleo, estará obligado a relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid para los trámites y actuaciones que realice con ella por razón de su condición de empleado público, en la forma y términos previstos en este Decreto y en las disposiciones complementarias que se dicten en su desarrollo.
Esta obligación se extiende, además de al personal en servicio activo, a quienes se encuentren en cualquier otra situación administrativa en el caso del personal funcionario o estatutario, y en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo y de excedencia, respecto del personal laboral.
2. El deber de relacionarse con la Comunidad de Madrid por medios telemáticos comprenderá la obligación de recibir notificaciones electrónicas en el caso de aquellos actos o incidencias que requieran de una comunicación personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los artículos 41 a 45 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
3. En las resoluciones por las que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se aprueben los modelos de solicitudes en relación con los procedimientos propios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid que lo requieran, se habrá de indicar de manera expresa y clara la obligación de su presentación por medios exclusivamente telemáticos y las consecuencias de su presentación presencial, en cuyo caso la Administración les requerirá para que subsane a través de su presentación electrónica, en los términos y con las consecuencias previstas en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que se considerará a todos los efectos como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya realizado la correspondiente subsanación.
En el caso de que se hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos a presentar o trámites a realizar dentro de un procedimiento, si la persona interesada incumple con su obligación se le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en el artículo 73.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente.
Datos clave
- El personal funcionario, laboral, estatutario o eventual, permanente o temporal, está obligado a relacionarse electrónicamente con la Comunidad para los trámites que realice por su condición de empleado público.
- La obligación alcanza a quienes estén en cualquier situación administrativa (funcionarios y personal estatutario) y en suspensión de contrato o excedencia (personal laboral).
- Incluye la obligación de recibir notificaciones electrónicas en los actos que requieran comunicación personal.
- Las resoluciones que aprueben los modelos de solicitud deben indicar de forma expresa y clara la obligación de presentarlos por medios exclusivamente telemáticos y las consecuencias de presentarlos presencialmente.
- Si se incumplen los formatos y estándares fijados, se requiere subsanación en el plazo de diez días, con el apercibimiento de desistimiento o decaimiento.
Decreto 188/2021 CM · Art. 4
Medidas instrumentales.
1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid podrá utilizar los siguientes sistemas de identificación y firma electrónica en sus relaciones con esta:
a) Sistemas basados en el Documento Nacional de Identidad, o bien en certificados electrónicos expedidos por los prestadores cualificados de servicios de confianza.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que por razón de sus funciones lo requiera.
c) El sistema de identificación y firma de clave concertada.
d) Cualquier otro que resulte procedente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículos 15.3, 22, 26, 27.1, 28 y 29 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
2. La Administración de la Comunidad de Madrid proporcionará, para los trámites y actuaciones que su personal realice con ella por razón de su condición de empleado público, una plataforma de gestión unificada para los sistemas de identificación de empleados públicos de la Comunidad de Madrid definidos en el apartado anterior.
Así mismo, elaborará un catálogo de procedimientos y servicios para el empleado público con sistema de clave concertada, interoperable y automatizado.
Datos clave
- Sistemas de identificación y firma del personal: DNI o certificados de prestadores cualificados, certificados cualificados de personal al servicio de la Administración, clave concertada y cualquier otro procedente según los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015.
- La Administración proporciona una plataforma de gestión unificada para los sistemas de identificación de empleados públicos.
- Elabora un catálogo de procedimientos y servicios para el empleado público con sistema de clave concertada, interoperable y automatizado.
Decreto 188/2021 CM · Art. 5
Participación en procesos selectivos.
1. Las personas que participen en procesos de selección para el acceso al empleo público como personal funcionario, laboral o estatutario, ya sea con carácter permanente o temporal, estarán obligadas a relacionarse con la Administración telemáticamente en todas las fases del correspondiente procedimiento, desde la presentación de solicitudes hasta la elección de destinos, incluidos, en su caso, las reclamaciones y los recursos administrativos que pudieran interponer.
En el supuesto de personal temporal, esta obligación será exigible tanto cuando la selección se efectúe a través de convocatorias específicas como cuando se realice mediante la constitución y gestión de listas de espera, bolsas de trabajo, o mediante cualquier otro procedimiento previsto en el ordenamiento vigente.
2. El deber de relacionarse con la Administración de la Comunidad de Madrid por medios telemáticos comprenderá la obligación de recibir notificaciones electrónicas en el caso de aquellos actos o incidencias que requieran de una comunicación personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y los artículos 41 a 45 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
3. En cada una de las convocatorias de procesos selectivos se indicarán los medios telemáticos para la presentación y tramitación de las solicitudes y de identificación y firma admitidos, según lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las convocatorias también deberán incorporar la previsión de que si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se la requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, en los términos y con los efectos establecidos en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que se considerará a todos los efectos como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya realizado la correspondiente subsanación.
En el caso de que se hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos a aportar y los trámites a realizar dentro del procedimiento selectivo, si la persona interesada incumple con su obligación se le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en el artículo 73.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente.
Asimismo, en dichas convocatorias se hará referencia expresa a la posibilidad de ampliación de plazos no vencidos como consecuencia de incidencias técnicas que hayan imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o de la aplicación que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Por causas excepcionales debidamente motivadas, las convocatorias podrán habilitar, en relación con el respectivo proceso selectivo, la utilización de medios no electrónicos para todos o para parte de los trámites y actuaciones.
De igual modo, el órgano convocante, cuando concurran circunstancias sobrevenidas de carácter técnico o de cualquier otra naturaleza, podrá autorizar motivadamente el empleo de medios no electrónicos para la relación de las personas aspirantes con la Administración, en aquellos trámites en los que pueda resultar preciso, debiendo incluirse una referencia a esta posibilidad en las convocatorias correspondientes.
Datos clave
- Quienes participen en procesos selectivos de personal funcionario, laboral o estatutario, permanente o temporal, deben relacionarse telemáticamente con la Administración en todas las fases, desde la solicitud hasta la elección de destinos.
- La obligación abarca bolsas de trabajo y listas de espera del personal temporal, y la de recibir notificaciones electrónicas.
- Si alguien presenta la solicitud presencialmente se le requiere para que la subsane electrónicamente; la fecha de presentación es la de la subsanación (art. 68.4 de la Ley 39/2015).
- Si incumple los formatos y estándares fijados, se le requiere para que subsane en el plazo de diez días; si no lo hace, previa resolución, se le tiene por desistido de su solicitud o se le puede declarar decaído en su derecho al trámite.
- Por causas excepcionales motivadas, las convocatorias pueden habilitar medios no electrónicos para todos o parte de los trámites.
Decreto 188/2021 CM · Disp. adicional primera
Disposición adicional primera. Formación de carácter técnico para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
La Dirección General competente en materia de Función Pública y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la dirección general competente en materia de Administración Electrónica, proporcionarán la formación de carácter técnico necesaria para facilitar el cumplimiento por parte de los empleados públicos de lo dispuesto en este Decreto.
Datos clave
- ¿Quiénes proporcionarán la formación de carácter técnico al personal de la Administración de la Comunidad de Madrid? → La Dirección General competente en materia de Función Pública y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
- Lo harán en colaboración con la dirección general competente en materia de Administración Electrónica.
- Finalidad: facilitar que los empleados públicos cumplan lo dispuesto en el Decreto 188/2021.
Decreto 188/2021 CM · Disp. adicional tercera
Disposición adicional tercera. Excepciones al deber de relacionarse por medios telemáticos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, por causas excepcionales debidamente motivadas, mediante orden de la Consejería competente se podrá autorizar la utilización de medios no electrónicos en un procedimiento, cuando concurran razones técnicas, organizativas o de otra naturaleza que así lo justifiquen, para todos o parte de los trámites y actuaciones, de manera excepcional y por el tiempo imprescindible para solventar las mismas.
Datos clave
- ¿Mediante qué instrumento se podrá autorizar el uso de medios no electrónicos en un procedimiento? → Orden de la Consejería competente.
- Presupuesto: causas excepcionales debidamente motivadas, cuando concurran razones técnicas, organizativas o de otra naturaleza que lo justifiquen.
- La autorización puede abarcar todos o parte de los trámites y actuaciones del procedimiento.
- Se concede de manera excepcional y por el tiempo imprescindible para solventar esas razones.
- Se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del Decreto.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 1
Objeto. 1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Interoperabilidad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
Datos clave
- Objeto: regular el Esquema Nacional de Interoperabilidad del artículo 42 de la Ley 11/2007.
- Comprende criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, formatos y aplicaciones.
- Busca una interoperabilidad organizativa, semántica y técnica.
- También evitar la discriminación a los ciudadanos por su elección tecnológica.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 2
Definiciones.
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras, expresiones y términos se entenderán en el sentido indicado en el Glosario de Términos incluido en el anexo.
Datos clave
- Las definiciones, palabras, expresiones y términos del real decreto se entienden en el sentido indicado en el Glosario de Términos.
- El Glosario de Términos está incluido en el anexo del real decreto.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 3
Ámbito de aplicación. 1. El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo, prevalecerán sobre cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la utilización de medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
Datos clave
- Ámbito de aplicación → el del artículo 2 de la Ley 11/2007.
- El Esquema y sus normas de desarrollo prevalecen sobre cualquier otro criterio de política de interoperabilidad en el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 4
Principios básicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. La aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrollará de acuerdo con los principios generales establecidos en el artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con los siguientes principios específicos de la interoperabilidad: a) La interoperabilidad como cualidad integral. b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad. c) Enfoque de soluciones multilaterales.
Datos clave
- Se aplican los principios generales del artículo 4 de la Ley 11/2007.
- Principios específicos (3): interoperabilidad como cualidad integral, carácter multidimensional y enfoque de soluciones multilaterales.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 5
La interoperabilidad como cualidad integral. La interoperabilidad se tendrá presente de forma integral desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión con los mismos.
Datos clave
- La interoperabilidad se tiene presente de forma integral desde la concepción de servicios y sistemas.
- Abarca todo su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 6
Carácter multidimensional de la interoperabilidad. La interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica. La cadena de interoperabilidad se manifiesta en la práctica en los acuerdos interadministrativos, en el despliegue de los sistemas y servicios, en la determinación y uso de estándares, en las infraestructuras y servicios básicos de las Administraciones públicas y en la publicación y reutilización de las aplicaciones de las Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información. Todo ello sin olvidar la dimensión temporal que ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo.
Datos clave
- Dimensiones de la interoperabilidad → organizativa, semántica y técnica.
- La cadena de interoperabilidad se manifiesta en acuerdos interadministrativos, despliegue de sistemas, estándares, infraestructuras y servicios básicos, y publicación y reutilización de aplicaciones, documentación asociada y otros objetos de información.
- Se añade la dimensión temporal, que garantiza el acceso a la información a lo largo del tiempo.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 7
Enfoque de soluciones multilaterales. Se favorecerá la aproximación multilateral a la interoperabilidad de forma que se puedan obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar.
Datos clave
- Se favorece la aproximación multilateral a la interoperabilidad.
- Ventajas: escalado, arquitecturas modulares y multiplataforma, compartir, reutilizar y colaborar.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 8
Servicios de las Administraciones públicas disponibles por medios electrónicos. 1. Las Administraciones públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de consumo, consulta o interacción, los requisitos que deben satisfacer los posibles usuarios de los mismos, los perfiles de los participantes implicados en la utilización de los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios, los necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables. Estas condiciones deberán en todo caso resultar conformes a los principios, derechos y obligaciones contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, así como a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, y los instrumentos jurídicos que deberán suscribir las Administraciones públicas requeridoras de dichos servicios, datos y documentos. Se potenciará el establecimiento de convenios entre las Administraciones públicas emisoras y receptoras y, en particular, con los nodos de interoperabilidad previstos en el apartado 3 de este artículo, con el objetivo de simplificar la complejidad organizativa sin menoscabo de las garantías jurídicas. Al objeto de dar cumplimiento de manera eficaz a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en el Comité Sectorial de Administración electrónica se identificarán, catalogarán y priorizarán los servicios de interoperabilidad que deberán prestar las diferentes Administraciones públicas. 2. Las Administraciones públicas publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de las demás administraciones a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, o de cualquier otra red equivalente o conectada a la misma que garantice el acceso seguro al resto de administraciones. 3. Las Administraciones públicas podrán utilizar nodos de interoperabilidad, entendidos como entidades a las cuales se les encomienda la gestión de apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica.
Datos clave
- Las Administraciones publican las condiciones de acceso y uso de los servicios, datos y documentos que ponen a disposición de las demás.
- Se potencian los convenios entre Administraciones emisoras y receptoras y con los nodos de interoperabilidad.
- El Comité Sectorial de Administración electrónica identifica, cataloga y prioriza los servicios de interoperabilidad.
- Esos servicios se publican a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas o de cualquier otra red equivalente o conectada a ella que garantice el acceso seguro.
- Nodos de interoperabilidad → entidades que gestionan aspectos globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 9
Inventarios de información administrativa. 1. Cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus inventarios de información administrativa que incluirá, al menos: a) La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de forma clasificada y estructurada. Las Administraciones Públicas conectarán electrónicamente sus inventarios con el Sistema de Información Administrativa gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. b) La relación de sus órganos administrativos y oficinas orientadas al público y sus relaciones entre ellos. Dicho inventario se conectará electrónicamente con el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que proveerá una codificación unívoca. 2. Cada Administración Pública regulará la creación y mantenimiento de estos dos inventarios, en las condiciones que se determinen, con carácter general, por las normas técnicas de interoperabilidad correspondientes; en su caso, las Administraciones Públicas podrán hacer uso de los citados Sistema de Información Administrativa y Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios. Para la descripción y modelización de los procedimientos administrativos y de los procesos que los soportan será de aplicación lo previsto sobre estándares en el artículo 11.
Datos clave
- Cada Administración mantiene actualizados sus inventarios de información administrativa.
- Incluyen, al menos, 2 relaciones: procedimientos y servicios, y órganos y oficinas orientadas al público.
- Los procedimientos se conectan con el Sistema de Información Administrativa.
- Los órganos y oficinas se conectan con el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, que da una codificación unívoca.
- Cada Administración regula la creación y mantenimiento de ambos inventarios.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 10
Activos semánticos. 1. Se establecerá y mantendrá actualizada la Relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, que serán de preferente aplicación para los intercambios de información en las Administraciones públicas, de acuerdo con el procedimiento establecido en disposición adicional primera. 2. Los órganos de la Administración pública o Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquélla, titulares de competencias en materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, así como en materia de infraestructuras, servicios y herramientas comunes, establecerán y publicarán los correspondientes modelos de datos de intercambio que serán de obligatoria aplicación para los intercambios de información en las Administraciones públicas. 3. Los modelos de datos a los que se refieren los apartados 1 y 2, se ajustarán a lo previsto sobre estándares en el artículo 11 y se publicarán, junto con las definiciones y codificaciones asociadas, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración, según las condiciones de licenciamiento previstas en el artículo 16. 4. Las definiciones y codificaciones empleadas en los modelos de datos a los que se refieren los apartados anteriores tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y el resto de disposiciones que regulan la función estadística.
Datos clave
- La Relación de modelos de datos de intercambio comunes es de aplicación preferente.
- Los modelos que establezcan los órganos competentes en cada materia son de aplicación obligatoria.
- Se publican en el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración.
- Las definiciones y codificaciones tienen en cuenta la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 11
Estándares aplicables. 1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que: a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos. b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. 2. En las relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, el uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Las Administraciones públicas promoverán las actividades de normalización con el fin de facilitar la disponibilidad de los estándares abiertos relevantes para sus necesidades. 3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento del catálogo de estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios: a) El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación pública junto con las definiciones de norma y especificación técnica establecidos en el Reglamento n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre normalización europea. b) La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, anexo, letra k). c) Carácter de especificación formalizada. d) Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso», establecida en el anexo de este real decreto. e) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a su desarrollo, uso o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar; a las condiciones relativas a la madurez, apoyo y adopción del mismo por parte del mercado, a su potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones. 4. Para el uso de los estándares complementarios a la selección indicada en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la definición de «uso generalizado por los ciudadanos» establecida en el anexo del presente real decreto. 5. En cualquier caso los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Para facilitar la interoperabilidad con las Administraciones públicas el catálogo de estándares contendrá una relación de estándares abiertos y en su caso complementarios aplicables.
Datos clave
- Las Administraciones usan estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos.
- Documentos y servicios electrónicos → disponibles, como mínimo, mediante estándares abiertos.
- Un estándar no abierto en exclusiva solo cabe si no existe estándar abierto con esa funcionalidad y mientras no exista.
- Criterios de selección de estándares: 5 (letras a a e).
- Los ciudadanos pueden elegir aplicaciones o sistemas si usan estándares abiertos o de uso generalizado.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 12
Uso de infraestructuras y servicios comunes y herramientas genéricas. Las Administraciones públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General del Estado para facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral en el intercambio de información y de servicios entre todas las Administraciones públicas.
Datos clave
- Las Administraciones enlazan sus infraestructuras y servicios con los comunes de la Administración General del Estado.
- Finalidad: facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral entre todas las Administraciones.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 13
Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas. 1. Al objeto de satisfacer lo previsto en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad, de forma que se facilite el intercambio de información y de servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas. 2. Para la conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas serán de aplicación los requisitos previstos en la disposición adicional primera.
Datos clave
- Las Administraciones usan preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí.
- Se conectan a ella con sus redes o con sus nodos de interoperabilidad.
- Permite también la interconexión con las redes de la Unión Europea y de otros Estados miembros.
- ¿Quién presta esa Red? → La Red SARA.
Artículo 14. Plan de direccionamiento de la Administración.
Las Administraciones Públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración, desarrollado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente, para su interconexión a través de las redes de comunicaciones.
Datos clave
- Las Administraciones aplican el Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración, desarrollado en la norma técnica de interoperabilidad, para interconectarse a través de las redes de comunicaciones.
Artículo 15. Hora oficial.
1. Los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía electrónica se sincronizarán con la hora oficial, con una precisión y desfase que garanticen la certidumbre de los plazos establecidos en el trámite administrativo que satisfacen.
2. La sincronización de la fecha y la hora se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, por el que se declara al Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada, como laboratorio depositario del patrón nacional de Tiempo y laboratorio asociado al Centro Español de Metrología y, cuando sea posible, con la hora oficial a nivel europeo.
Datos clave
- Los sistemas que prestan servicios públicos electrónicos se sincronizan con la hora oficial para garantizar la certidumbre de los plazos.
- La sincronización se realiza con el Real Instituto y Observatorio de la Armada y, cuando sea posible, con la hora oficial europea.
Artículo 16. Condiciones de licenciamiento aplicables.
1. Las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, documentación asociada, y cualquier otro objeto de información cuya titularidad de los derechos de la propiedad intelectual sea de una Administración Pública y permita su puesta a disposición de otra Administración y de los ciudadanos tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a) El fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización de recursos públicos. b) La completa protección contra su apropiación exclusiva o parcial por parte de terceros. c) La exención de responsabilidad del cedente por el posible mal uso por parte del cesionario. d) La no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente. e) La ausencia total de responsabilidad por parte del cedente con respecto al cesionario en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación. f) El licenciamiento se realizará por defecto sin contraprestación y sin necesidad de establecer convenio alguno. Sólo se podrá acordar la repercusión parcial del coste de adquisición o desarrollo de las aplicaciones cedidas en aquellos casos en los que este pago repercuta directamente en el incremento de funcionalidades del activo cedido, incluya adaptaciones concretas para su uso en el organismo cesionario, o impliquen el suministro de servicios de asistencia o soporte para su reutilización en el organismo cesionario.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán para las aplicaciones informáticas, documentación asociada, y cualquier otro objeto de información declarados como de fuentes abiertas aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o información cumplen los siguientes requisitos: a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito. b) Permiten conocer su código fuente. c) Pueden modificarse o mejorarse. d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas cuatro garantías.
3. Para este fin se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos expuestos en los apartados 1 y 2.
4. A efectos de facilitar el establecimiento de las condiciones de licenciamiento, las Administraciones Públicas incluirán en los pliegos de cláusulas técnicas de aquellos contratos que tengan por finalidad el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, los siguientes aspectos: a) Que la Administración contratante adquiera los derechos completos de propiedad intelectual de las aplicaciones y cualquier otro objeto de información que se desarrollen como objeto de ese contrato. b) Que en el caso de reutilizar activos previamente existentes, la Administración contratante reciba un producto que pueda ofrecer para su reutilización posterior a otras Administraciones Públicas. Además, en el caso de partir de productos de fuentes abiertas, que sea posible declarar como de fuentes abiertas la futura aplicación desarrollada.
Datos clave
- Las licencias de aplicaciones de titularidad pública buscan su aprovechamiento y reutilización, sin apropiación por terceros, sin responsabilidad ni obligación de asistencia del cedente.
- Por defecto el licenciamiento es sin contraprestación y sin convenio; solo cabe repercutir parcialmente el coste en los casos tasados.
- Las licencias de fuentes abiertas permiten ejecutar para cualquier propósito, conocer el código fuente, modificar y redistribuir; se procura la Licencia Pública de la Unión Europea.
- En los contratos de desarrollo, la Administración adquiere los derechos completos de propiedad intelectual.
Artículo 17. Directorios de aplicaciones reutilizables.
1. La Administración General del Estado mantendrá el Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización, de acuerdo al artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, a través del Centro de Transferencia de Tecnología. Este directorio podrá ser utilizado por otras Administraciones Públicas. En el caso de disponer de un directorio propio, deberá garantizar que las aplicaciones disponibles en ese directorio propio se pueden consultar también a través del Centro de Transferencia de Tecnología.
2. Las Administraciones Públicas conectarán los directorios de aplicaciones para su libre reutilización entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea.
3. Las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, en modo producto o en modo servicio, en los directorios de aplicaciones para su libre reutilización, con al menos el siguiente contenido: a) Código fuente de las aplicaciones finalizadas, en el caso de ser reutilizables en modo producto y haber sido declaradas de fuentes abiertas. b) Documentación asociada. c) Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser reutilizables en modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser reutilizables en modo servicio. d) Los costes asociados a su reutilización, en el caso de que existieran.
4. Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de aquellas modificaciones o adaptaciones realizadas sobre cualquier aplicación que se haya obtenido desde un directorio de aplicaciones reutilizables.
Datos clave
- La AGE mantiene el Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización a través del Centro de Transferencia de Tecnología.
- Las Administraciones conectan sus directorios entre sí y con instrumentos equivalentes de la Unión Europea.
- Publican las aplicaciones reutilizables con código fuente (si son de fuentes abiertas), documentación, condiciones de licencia y costes.
Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados.
1. La Administración General del Estado definirá una política de firma electrónica y de certificados que servirá de marco general de interoperabilidad para el reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas basadas en certificados de documentos administrativos en las Administraciones Públicas. Todos los organismos y entidades de derecho público de la Administración General del Estado aplicarán la política de firma electrónica y de certificados a que se refiere el párrafo anterior. La no aplicación de dicha política deberá ser justificada por el órgano u organismo competente y autorizada por la Secretaría General de Administración Digital.
2. Las restantes Administraciones Públicas podrán acogerse a la política de firma electrónica y de certificados a que hace referencia el apartado anterior.
3. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas podrán aprobar otras políticas de firma electrónica dentro de sus respectivos ámbitos competenciales. Las políticas de firma electrónica que aprueben las Administraciones Públicas partirán de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera, de los estándares técnicos existentes, y deberán ser interoperables con la política marco de firma electrónica mencionada en el apartado 1, en particular, con sus ficheros de implementación. La Administración Pública proponente de una política de firma electrónica particular garantizará su interoperabilidad con la citada política marco de firma electrónica y con sus correspondientes ficheros de implementación según las condiciones establecidas en la norma técnica de interoperabilidad recogida a tal efecto en la disposición adicional primera.
4. Al objeto de garantizar la interoperabilidad de las firmas electrónicas emitidas conforme a las políticas establecidas, las políticas de firma electrónica que las Administraciones Públicas aprueben deberán ser comunicadas, junto con sus correspondientes ficheros de implementación, a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
5. Las Administraciones Públicas receptoras de documentos electrónicos firmados, siempre que hayan admitido con anterioridad la política de firma del emisor, permitirán la validación de las firmas electrónicas según la política de firma indicada en la firma del documento electrónico.
6. Los perfiles comunes de los campos de los certificados definidos por la política de firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre las aplicaciones usuarias, de manera que tanto la identificación como la firma electrónica generada a partir de estos perfiles comunes puedan ser reconocidos por las aplicaciones de las distintas Administraciones Públicas sin ningún tipo de restricción técnica, semántica u organizativa.
7. Los procedimientos en los que se utilicen certificados de firma electrónica deberán atenerse a la política de firma electrónica y de certificados aplicable en su ámbito, particularmente en la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las reglas de creación y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar y longitudes de clave mínimas aplicables.
Datos clave
- La AGE define una política de firma electrónica y de certificados como marco general de interoperabilidad para el reconocimiento mutuo de firmas.
- Las demás Administraciones pueden acogerse a ella o aprobar políticas propias interoperables con la política marco.
- Sus políticas se comunican a la Secretaría General de Administración Digital.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 20
Plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica. 1. Las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica proporcionarán servicios de confianza a las aplicaciones usuarias o consumidoras de los servicios de certificación y firma, proporcionando servicios de validación de los certificados y firmas generadas y admitidas en diversos ámbitos de las Administraciones públicas. 2. Proporcionarán, en un único punto de llamada, todos los elementos de confianza y de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica necesarios para integrar los distintos certificados reconocidos y firmas que pueden encontrase en los dominios de dos administraciones diferentes. 3. Potenciarán la armonización técnica y la utilización común de formatos, estándares y políticas de firma electrónica y de certificados para las firmas electrónicas entre las aplicaciones usuarias, y de otros elementos de interoperabilidad relacionados con los certificados, tales como el análisis de los campos y extracción univoca de la información pertinente. En particular, se tendrán en cuenta los estándares europeos de las Organizaciones Europeas de Estandarización en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la firma electrónica. 4. Incorporarán las listas de confianza de los certificados interoperables entre las distintas Administraciones públicas nacionales y europeas según el esquema operativo de gestión correspondiente de la lista de confianza.
Datos clave
- Las plataformas de validación prestan servicios de confianza: validan certificados y firmas electrónicas.
- Ofrecen, en un único punto de llamada, todos los elementos de confianza e interoperabilidad necesarios.
- Potencian la armonización de formatos, estándares y políticas de firma, atendiendo a los estándares europeos.
- Incorporan las listas de confianza de certificados interoperables entre Administraciones nacionales y europeas.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 21
Condiciones para la recuperación y conservación de documentos. 1. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Tales medidas incluirán: a) La definición de una política de gestión de documentos en cuanto al tratamiento, de acuerdo con las normas y procedimientos específicos que se hayan de utilizar en la formación y gestión de los documentos y expedientes. b) La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante que garantice la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación. c) La identificación única e inequívoca de cada documento por medio de convenciones adecuadas, que permitan clasificarlo, recuperarlo y referirse al mismo con facilidad. d) La asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios, asociados al documento electrónico, a lo largo de su ciclo de vida, e incorporación al esquema de metadatos. e) La clasificación, de acuerdo con un plan de clasificación adaptado a las funciones, tanto generales como específicas, de cada una de las Administraciones públicas y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas. f) El período de conservación de los documentos, establecido por las comisiones calificadoras que correspondan, de acuerdo con la legislación en vigor, las normas administrativas y obligaciones jurídicas que resulten de aplicación en cada caso. g) El acceso completo e inmediato a los documentos a través de métodos de consulta en línea que permitan la visualización de los documentos con todo el detalle de su contenido, la recuperación exhaustiva y pertinente de los documentos, la copia o descarga en línea en los formatos originales y la impresión a papel de aquellos documentos que sean necesarios. El sistema permitirá la consulta durante todo el período de conservación al menos de la firma electrónica, incluido, en su caso, el sello de tiempo, y de los metadatos asociados al documento. h) La adopción de medidas para asegurar la conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, de forma que se pueda asegurar su recuperación de acuerdo con el plazo mínimo de conservación determinado por las normas administrativas y obligaciones jurídicas, se garantice su conservación a largo plazo, se asegure su valor probatorio y su fiabilidad como evidencia electrónica de las actividades y procedimientos, así como la transparencia, la memoria y la identificación de los órganos de las Administraciones públicas y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas que ejercen la competencia sobre el documento o expediente. i) La coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los restantes servicios interesados en materia de archivos. j) Transferencia, en su caso, de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos a efectos de conservación, de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia de Archivos, de manera que se pueda asegurar su conservación, y recuperación a medio y largo plazo. k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo establece, borrado de la información, o en su caso, destrucción física de los soportes, de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, dejando registro de su eliminación. l) La formación tecnológica del personal responsable de la ejecución y del control de la gestión de documentos, como de su tratamiento y conservación en archivos o repositorios electrónicos. m) La documentación de los procedimientos que garanticen la interoperabilidad a medio y largo plazo, así como las medidas de identificación, recuperación, control y tratamiento de los documentos electrónicos. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las Administraciones públicas crearán repositorios electrónicos, complementarios y equivalentes en cuanto a su función a los archivos convencionales, destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos.
Datos clave
- Las medidas de recuperación y conservación de documentos se enumeran en 13 letras (a a m).
- Incluyen un índice electrónico firmado en los expedientes que garantiza su integridad.
- El período de conservación lo establecen las comisiones calificadoras.
- Durante todo el período de conservación debe poder consultarse, al menos, la firma electrónica, el sello de tiempo en su caso y los metadatos.
- El borrado o destrucción física de soportes exige dejar registro de su eliminación.
- Las Administraciones crean repositorios electrónicos equivalentes a los archivos convencionales.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 22
Seguridad. 1. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad en cuanto al cumplimento de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas. 2. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y normativa de desarrollo. 3. Estas medidas se aplicarán con el fin de garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos electrónicos, sus soportes y medios, y se realizarán atendiendo a los riesgos a los que puedan estar expuestos y a los plazos durante los cuales deban conservarse los documentos. 4. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política de firma electrónica y de certificados, y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo. Cuando la firma y los certificados no puedan garantizar la autenticidad y la evidencia de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, éstas les sobrevendrán a través de su conservación y custodia en los repositorios y archivos electrónicos, así como de los metadatos de gestión de documentos y otros metadatos vinculados, de acuerdo con las características que se definirán en la Política de gestión de documentos.
Datos clave
- La conservación de documentos electrónicos aplica el Esquema Nacional de Seguridad según la categorización de los sistemas.
- Si contienen datos personales, se aplica la Ley Orgánica 15/1999 y su desarrollo.
- Fines: integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y conservación.
- La firma en la conservación se regula en la Política de firma electrónica y de certificados, con formatos de firma longeva.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 23
Formatos de los documentos. 1. Con el fin de garantizar la conservación, el documento se conservará en el formato en que haya sido elaborado, enviado o recibido, y preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del contenido del documento, de la firma electrónica y de los metadatos que lo acompañan. 2. La elección de formatos de documento electrónico normalizados y perdurables para asegurar la independencia de los datos de sus soportes se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11. 3. Cuando exista riesgo de obsolescencia del formato o bien deje de figurar entre los admitidos en el presente Esquema Nacional de Interoperabilidad, se aplicarán procedimientos normalizados de copiado auténtico de los documentos con cambio de formato, de etiquetado con información del formato utilizado y, en su caso, de las migraciones o conversiones de formatos.
Datos clave
- El documento se conserva en el formato en que fue elaborado, enviado o recibido.
- Preferentemente en un estándar abierto que preserve el contenido, la firma electrónica y los metadatos.
- Si hay riesgo de obsolescencia del formato o deja de figurar entre los admitidos en el Esquema: copiado auténtico con cambio de formato, etiquetado y, en su caso, migración o conversión.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 24
Digitalización de documentos en soporte papel. 1. La digitalización de documentos en soporte papel por parte de las Administraciones públicas se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos: a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11. b) Nivel de resolución. c) Garantía de imagen fiel e íntegra. d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización. 2. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.
Datos clave
- La digitalización de papel sigue la norma técnica de interoperabilidad correspondiente.
- Aspectos regulados (4): formatos y compresión, nivel de resolución, garantía de imagen fiel e íntegra y metadatos.
- La gestión del documento digitalizado atiende a su posible existencia en otro soporte.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 25
Sedes y registros electrónicos. La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Datos clave
- La interoperabilidad de sedes y registros electrónicos se rige por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- También la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 26
Ciclo de vida de servicios y sistemas. La conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad se incluirá en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañada de los correspondientes procedimientos de control.
Datos clave
- La conformidad con el Esquema se incluye en el ciclo de vida de servicios y sistemas.
- Va acompañada de los correspondientes procedimientos de control.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 27
Mecanismo de control. Cada órgano o Entidad de Derecho Público establecerá sus mecanismos de control para garantizar, de forma efectiva, el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Datos clave
- Cada órgano o Entidad de Derecho Público establece sus propios mecanismos de control.
- Finalidad: garantizar de forma efectiva el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 28
Publicación de conformidad. Los órganos y Entidades de Derecho Público de las Administraciones públicas darán publicidad, en las correspondientes sedes electrónicas, a las declaraciones de conformidad y a otros posibles distintivos de interoperabilidad de los que sean acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Datos clave
- Las declaraciones de conformidad y otros distintivos de interoperabilidad se publican en las sedes electrónicas.
- Obligados: los órganos y Entidades de Derecho Público de las Administraciones públicas.
RD 4/2010 (ENI) · Art. 29
Actualización permanente. El Esquema Nacional de Interoperabilidad se deberá mantener actualizado de manera permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de Administración Electrónica, de la evolución tecnológica y a medida que vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan.
Datos clave
- El Esquema se mantiene actualizado de manera permanente.
- Evoluciona con el progreso de la Administración Electrónica, la evolución tecnológica y la consolidación de infraestructuras.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 9
Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c). 3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
Datos clave
- ¿Cuánto debe transcurrir desde la comunicación para que un sistema de la letra c) tenga eficacia jurídica? → Dos meses, durante los cuales el órgano estatal competente por seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional.
- ¿En qué plazo emite su informe vinculante la Secretaría de Estado de Seguridad? → En diez días desde su solicitud.
- ¿Dónde deben situarse los recursos técnicos de los sistemas de la letra c)? → En territorio de la Unión Europea y, si hay categorías especiales de datos del art. 9 del RGPD, en territorio español.
- Letra a) firma, letra b) sello, letra c) el cajón de sastre con condiciones. Los certificados de a) y b) son siempre cualificados y de la Lista de confianza.
- Dos cifras de la letra c): dos meses para que el sistema sea eficaz, diez días para el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
- Geografía de los datos: UE como regla, España si son categorías especiales del art. 9 del RGPD.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 10
Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.
Datos clave
- ¿Qué debe permitir acreditar el medio de firma elegido? → La autenticidad de la voluntad y el consentimiento del firmante, y la integridad e inalterabilidad del documento.
- ¿Cuánto ha de transcurrir desde la comunicación de un sistema de la letra c) hasta su eficacia jurídica? → Dos meses.
- Cuando lo disponga expresamente la normativa reguladora, las Administraciones Públicas pueden admitir los sistemas de identificación como sistema de firma.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 11
Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos.
Datos clave
- Según el artículo 11.1 de la Ley 39/2015, ¿qué basta con carácter general para realizar una actuación prevista en el procedimiento? → La previa acreditación de la identidad por un medio admitido.
- ¿Para cuál de estas actuaciones exige firma el artículo 11.2 de la Ley 39/2015? → Para presentar una declaración responsable.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 12
Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
Datos clave
- Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a quién deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos? → A los interesados no obligados que lo soliciten, en los términos del artículo.
- Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no obligado carece de medios electrónicos, ¿cómo puede realizarse válidamente su identificación o firma? → Por un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado.
Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Datos clave
- Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
- Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
- Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
- Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 14
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Datos clave
- Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujeto está obligado a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite administrativo? → Una entidad sin personalidad jurídica.
- Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿puede una persona física cambiar el medio por el que se comunica con la Administración? → Sí, en cualquier momento, si no está obligada al canal electrónico.
- ¿Qué profesionales menciona expresamente el último inciso del artículo 14.2.c de la Ley 39/2015? → Los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles
- Según el artículo 14.2.e de la Ley 39/2015, y en la forma que determine reglamentariamente cada Administración, ¿a qué trámites se limita la obligación electrónica de sus empleados? → A los realizados por su condición de empleado público.
- Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué situación obliga a relacionarse electrónicamente a quien actúa por otro? → Representar a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
- Para determinados procedimientos y colectivos con acceso y disponibilidad de medios acreditados, ¿por qué vía permite el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 establecer la obligación electrónica? → Mediante una disposición de carácter reglamentario.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38
La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
Datos clave
- ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
- ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
- Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 39
Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
Datos clave
- ¿Qué es un portal de internet según el art. 39? → El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- Cadena de la definición: titularidad pública → punto de acceso electrónico → información publicada → (en su caso) sede electrónica.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 40
Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.
Datos clave
- ¿Qué dos datos incluye siempre el certificado de un sello electrónico administrativo? → El número de identificación fiscal (NIF) y la denominación de la Administración.
- ¿Hace falta sello para que se entienda identificada la Administración en su portal de internet? → No: basta con que la información se publique como propia en dicho portal.
- Dato de examen: el certificado del sello lleva NIF + denominación, y solo añade la identidad del titular cuando el sello es de un órgano administrativo concreto.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41
Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
Datos clave
- ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
- El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 42
Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Datos clave
- ¿Qué dos sistemas de firma prevé el art. 42 para la actuación administrativa automatizada? → El sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado y el código seguro de verificación.
- ¿Qué debe permitir en todo caso el código seguro de verificación? → La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
- Dos sistemas y dos palabras clave: sello → certificado reconocido o cualificado; CSV → comprobación de la integridad en la sede.
- Quien decide los supuestos de utilización es cada Administración Pública, no una norma estatal única.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 43
Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.
Datos clave
- ¿Con qué firma electrónica se realiza, con carácter general, la actuación de un empleado público? → Con su firma electrónica personal (la del titular del órgano o empleado).
- ¿Qué puede sustituir a la identificación completa en la firma, por razones de seguridad pública? → El número de identificación profesional del empleado público.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 44
Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.
Datos clave
- ¿Cómo se fijan las condiciones del intercambio cuando participan Administraciones distintas? → Mediante convenio suscrito entre ellas.
- ¿Qué debe comprender, como mínimo, la regulación cuando los participantes son de la misma Administración? → La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
- Regla rápida: ¿participan Administraciones distintas? Si sí, hace falta convenio; si es la misma Administración, lo decide ella sola.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 45
Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
Datos clave
- ¿Qué puede superponer una Administración a un documento firmado con un sistema no basado en certificado reconocido o cualificado, al remitirlo a otros organismos? → Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- Asocia 'firma no reconocida + se manda fuera' con la solución 'sello reconocido o cualificado superpuesto': es el puente de interoperabilidad del artículo.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46
Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
Datos clave
- ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
- ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
- 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46 bis
Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos. Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
Datos clave
- ¿En qué territorio deben ubicarse los sistemas que tratan censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud? → Dentro del territorio de la Unión Europea.
- ¿Cuáles son las dos excepciones para transferir estos datos a un tercer país? → Que exista decisión de adecuación de la Comisión Europea, o que lo exija una obligación internacional asumida por España.
- Cuatro bloques de datos a memorizar juntos: censo electoral, padrones/registros de población, datos fiscales y datos de salud.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. 2. El ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Datos clave
- Objeto: desarrollar la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.
- Ámbito subjetivo: el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 y en el artículo 2 de la Ley 40/2015.
- Norma: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Artículo 2. Principios generales
Principios generales. El sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general. b) El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
d) El principio de interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. e) El principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos. f) El principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos.
Datos clave
- El sector público respeta seis grupos de principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas.
- Neutralidad tecnológica y adaptabilidad: estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado.
- Accesibilidad: igualdad y no discriminación en el acceso, en particular de personas con discapacidad y personas mayores.
- Facilidad de uso: diseño centrado en las personas usuarias para minimizar el conocimiento necesario.
- Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de compartir datos e intercambiar información.
- Proporcionalidad: solo se exigen las garantías y medidas de seguridad adecuadas a cada trámite.
- Personalización y proactividad: servicios precumplimentados y anticipación a las necesidades del usuario.
Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 2. Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. 3. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente podrá establecerse reglamentariamente por las Administraciones Públicas para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. A tal efecto, en el ámbito estatal la mencionada obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con sus órganos, organismos y entidades de derecho público podrá ser establecida por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente respecto de los procedimientos de que se trate que afecten al ámbito competencial de uno o varios Ministerios cuya regulación no requiera de norma con rango de real decreto. Asimismo, se publicará en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y en la sede electrónica o sede asociada que corresponda.
Datos clave
- Están obligados, al menos, los sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015.
- Las personas físicas no obligadas pueden optar al inicio del procedimiento o en una fase posterior, comunicándolo al órgano competente.
- Los efectos de la comunicación se producen a partir del quinto día hábil siguiente a su constancia.
- La obligatoriedad puede extenderse reglamentariamente a colectivos con acceso a medios electrónicos (artículo 14.3 de la Ley 39/2015).
- En el ámbito estatal se establece por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden ministerial.
- Se publica en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) y en la sede electrónica correspondiente.
Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos
Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos. Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales: a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. b) Portales de internet y sedes electrónicas. c) Redes sociales. d) Telefónico. e) Correo electrónico. f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas prestan asistencia para facilitar el acceso a los servicios electrónicos de su ámbito competencial.
- Canal presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
- Portales de internet y sedes electrónicas.
- Redes sociales, canal telefónico y correo electrónico.
- Cualquier otro canal que pueda establecerse conforme al artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 5. Portales de internet de las Administraciones Públicas.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.
2. Cada Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de atención a las personas interesadas y de difusión y prestación de servicios que deban tener sus portales, así como criterios obligatorios de imagen institucional. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta los contenidos, formatos y funcionalidades que en la normativa de reutilización, accesibilidad y transparencia se establezcan como obligatorios para los sitios web.
3. Los portales de internet dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Datos clave
- Portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad de una Administración que permite acceder por internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica.
- Cada Administración puede fijar contenidos y canales mínimos e imagen institucional; los portales aplican medidas de seguridad del ENS.
Artículo 6. Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal.
1. En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales se llevará a cabo por orden de la persona titular del ministerio correspondiente o por resolución de la persona titular del órgano superior, en el caso de la Administración General del Estado, y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección en el caso de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
La creación requerirá informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital respectiva y posterior comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para obtener dicho informe favorable, la propuesta de creación del nuevo portal se deberá justificar en términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional y a tal efecto el órgano promotor de la creación del nuevo portal remitirá una memoria justificativa y económica.
La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. El acto o resolución de creación de un nuevo portal previsto en el apartado anterior contendrá, al menos, la identificación de su dirección electrónica, que deberá incluir el nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es», su ámbito funcional y, en su caso, orgánico y la finalidad para la que se crea. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado.
3. En el ámbito estatal los portales de internet a los que se refiere este artículo deberán estar referenciados en el PAGe de la Administración General del Estado.
Datos clave
- En el ámbito estatal, los portales se crean o suprimen por orden ministerial o resolución, con informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital.
- La dirección electrónica incluye el dominio de segundo nivel «.gob.es» y deben estar referenciados en el PAGe de la AGE.
Artículo 7. Punto de Acceso General electrónico.
1. Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe).
2. El PAGe de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.
3. El PAGe dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente.
Además, esta sede podrá incluir un área personalizada a través de la cual cada interesado, mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos personales, podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente.
4. El PAGe de la Administración General del Estado y su sede electrónica serán gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En dicha sede electrónica está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única a la que se refiere el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El PAGe de la Administración General del Estado, a través de su sede, permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector público estatal a través del Código Seguro de Verificación o de cualquier otro sistema de firma o sello basado en certificado electrónico cualificado que se haya utilizado en su generación. También permitirá, en su caso, su recuperación.
5. El PAGe de la Administración General del Estado podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.
Datos clave
- Cada Administración cuenta con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que facilita el acceso a sus servicios, trámites e información.
- El PAGe dispone de una sede electrónica desde la que se accede a todas las sedes y sedes asociadas, y puede incluir un área personalizada.
Artículo 8. Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
1. La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas a que se refiere el artículo 7.3 en su relación con el sector público estatal. Además del interesado podrán acceder a la Carpeta Ciudadana:
a) Sus representantes legales.
b) Quien ostente un poder general previsto en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, otorgado por el interesado e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.
2. La Carpeta Ciudadana será accesible a través de la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras, las funcionalidades siguientes para el interesado o sus representantes:
a) Permitir el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos en que sea interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre.
b) Permitir el acceso a sus comunicaciones y notificaciones.
c) Conocer qué datos suyos obran en poder del sector público estatal, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la normativa vigente.
d) Facilitar la obtención de certificaciones administrativas exigidas por la normativa correspondiente.
3. El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. El interesado deberá asegurar el buen uso de los sistemas de identificación y velar por que el acceso a su carpeta Ciudadana solo se haga por sí mismo o por tercero autorizado.
Datos clave
- La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de los interesados en su relación con el sector público estatal, accesible desde la sede del PAGe de la AGE.
- Permite seguir la tramitación, acceder a comunicaciones y notificaciones, conocer los datos que obran en el sector público y obtener certificaciones.
Artículo 9. Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
2. La titularidad de la sede electrónica corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias.
Datos clave
- Sede electrónica: dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones (art. 9.1, en relación con el art. 38 de la Ley 40/2015).
- En ella se realizan las actuaciones y trámites que requieran la identificación de la Administración y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas (art. 9.1).
- Titularidad: una Administración Pública, o uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias (art. 9.2).
Artículo 10. Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.
1. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede electrónica atendiendo a razones técnicas y organizativas. La sede electrónica asociada tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.
2. El acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica o sede electrónica asociada será publicado en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede o sede asociada y también en el directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. En el caso de las entidades locales, el boletín oficial será el de la provincia al que pertenezca la entidad.
El acto o resolución de creación determinará, al menos:
a) El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
b) La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de aquella. Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.
c) La identificación de su titular.
d) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.
3. En el ámbito estatal, tanto la creación o supresión de una sede electrónica asociada a la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado como la creación o supresión de sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se hará mediante orden de la persona titular del Departamento competente o por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo o entidad de derecho público competente, con el informe previo favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
4. Para obtener los informes previos favorables a que se refiere el apartado anterior, la propuesta de creación de la nueva sede electrónica o, en su caso, sede electrónica asociada se tendrá que justificar, en términos de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. A tal efecto, el órgano promotor de la creación de la sede electrónica remitirá una memoria justificativa y económica en que se explicite el volumen de trámites que está previsto gestionar a través de la misma, los efectos presupuestarios y económicos de su establecimiento, su incidencia en la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos y de cargas administrativas para las personas interesadas y cualquier otra razón de interés general que justifique su creación.
Datos clave
- Pueden crearse sedes electrónicas asociadas por razones técnicas y organizativas, con consideración de sede a todos los efectos.
- La creación o supresión se publica en el boletín oficial correspondiente y en el directorio del PAGe, y determina ámbito, dirección electrónica, titular y órganos gestores.
Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas.
1. Toda sede electrónica o sede electrónica asociada dispondrá del siguiente contenido mínimo a disposición de las personas interesadas:
a) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.
b) La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.
d) La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma.
e) La normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede electrónica.
f) La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos aplicable a la Administración en que se integre el órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente que sea titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.
h) Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles
i) Relación actualizada de las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas a los servicios, procedimientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada una se acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.
2. Las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas:
a) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente.
b) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
c) Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
d) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.
e) Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público que abarque la sede electrónica o sede electrónica asociada.
f) Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y para los cuales se haya generado un código seguro de verificación.
g) Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
h) El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que establezca, en su caso, cada Administración u organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, centros o unidades administrativas.
Datos clave
- Contenido mínimo: identificación de la sede y su titular, acto de creación, sistemas de identificación y firma admitidos, normativa del registro, fecha y hora oficial y calendario de días inhábiles, entre otros.
- Servicios mínimos: acceso a servicios y trámites con sus plazos máximos, enlace para sugerencias y quejas, verificación de certificados y sellos, comprobación de documentos con código seguro de verificación y directorio de oficinas de registro.
Artículo 12. Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada.
1. El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada, será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma.
2. En caso de que la sede electrónica o sede electrónica asociada contenga un enlace o vínculo a otra sede o sede asociada, será el titular de esta última el responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información o procedimientos que figuren en la misma, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la primera respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.
3. En caso de que una sede electrónica o sede electrónica asociada contenga procedimientos, servicios o ambos, cuya competencia corresponda a otro órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, sea de la misma o de diferente Administración, el titular de la competencia será responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dichos procedimientos, servicios o ambos sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.
Datos clave
- El titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios de su competencia.
- Si la sede enlaza a otra, responde el titular de esta última; si contiene procedimientos de otro órgano, responde el titular de la competencia.
Artículo 26. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento.
Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento. 1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 2. En particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
Datos clave
- Los interesados pueden identificarse con cualquier sistema con registro previo como usuario que garantice su identidad.
- Se admiten certificados cualificados de firma electrónica de prestadores de la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
- Se admiten certificados cualificados de sello electrónico de la misma lista.
- Se admiten sistemas de clave concertada previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital.
- Debe garantizarse siempre el uso de los sistemas de las letras a) y b) en todo procedimiento.
Artículo 27. Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas.
Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas. 1. Los sistemas basados en certificados cualificados de firma electrónica admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona física a que se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener como atributos, al menos, su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca. La comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes del certificado se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre. 2. Los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica deberán contener, como mínimo, la denominación y el Número de Identificación Fiscal de la persona jurídica y el nombre y apellidos y número de Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante. 3. Los sistemas basados en certificados cualificados de sello electrónico admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona jurídica a que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener, como mínimo, su denominación y su Número de Identificación Fiscal.
Datos clave
- Los certificados cualificados de persona física deben contener al menos nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF.
- Los certificados cualificados de representante de persona jurídica deben contener denominación y NIF de la persona jurídica y nombre, apellidos y documento identificativo del representante.
- Los certificados cualificados de sello electrónico de persona jurídica deben contener como mínimo su denominación y su Número de Identificación Fiscal.
Artículo 28. Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas.
Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas. 1. Los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válidos, admitidos para la identificación electrónica de persona física de conformidad con el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, el nombre y apellidos y el número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal y, para los casos en que así se establezca en la definición del sistema, el número de pasaporte. 2. Los sistemas de identificación a que se refiere el apartado anterior deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 3. En el ámbito estatal, la creación de los nuevos sistemas de identificación será aprobada por orden de la persona titular del Ministerio o, en su caso, resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente por razón del ámbito material en que se vaya a utilizar, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital a que se refiere el apartado anterior. Cuando el nuevo sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado se requerirá Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este caso, este sistema deberá estar accesible a través de la Plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.
Datos clave
- Deben ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad.
- Contenido mínimo: nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF.
- Requieren autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
- En el ámbito estatal se aprueban por orden ministerial o resolución del organismo.
- Si afectan a toda la Administración General del Estado se requiere Acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo 29. Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso.
Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 2. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable. 3. Los sistemas de firma electrónica que usen las personas interesadas permitirán que las Administraciones Públicas puedan verificar los datos consignados de la firma, de manera que se pueda vincular su identidad con el acto de firma. 4. Los sistemas de firma electrónica previstos en la letra c) del apartado 1 deberán contar con la previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Asimismo, deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de las personas interesadas.
Datos clave
- Son válidos los sistemas de firma reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados cualificados.
- También los de sello electrónico cualificado y avanzado, y cualquier otro con registro previo como usuario.
- La firma no excluye la obligación de incluir los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante.
- Los sistemas de la letra c) requieren autorización de la Secretaría General de Administración Digital y cumplir el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
- Pueden admitirse sistemas de identificación como firma cuando lo disponga la normativa (artículo 10.4 de la Ley 39/2015).
Artículo 30. Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado.
Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado. 1. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, si algún interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la ley no dispusiera de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo, estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario o funcionaria y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia por escrito para los casos de discrepancia o litigio. El funcionario habilitado entregará al interesado toda la documentación acreditativa del trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado, cuyo formulario estará disponible en el Punto de Acceso General Electrónico de la respectiva Administración 2. En el ámbito estatal la identificación y firma electrónica del interesado conforme al procedimiento descrito en el apartado anterior se realizará necesariamente por un funcionario público inscrito a tal efecto en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. La identificación o firma electrónica en el procedimiento por personal funcionario público habilitado sólo será válida para los trámites y actuaciones que haya determinado con carácter previo cada ministerio, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente y en los términos que se especifiquen mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el PAGe de la Administración
General del Estado y en las sedes electrónicas asociadas de cada ministerio o en la sede electrónica o sede asociada del organismo público o entidad de derecho público en su ámbito de competencia, se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.
Datos clave
- Si el interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 carece de medios electrónicos, su identificación o firma puede hacerla personal funcionario público habilitado.
- Es necesario que el interesado se identifique y preste su consentimiento expreso, con constancia por escrito.
- En el ámbito estatal debe ser un funcionario inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.
- Solo es válida para los trámites y actuaciones que haya determinado previamente cada ministerio, organismo o entidad.
- Se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.
Artículo 31. Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.
Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. 1. Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el que constarán inscritos: a) El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen por el ministerio, organismo o entidad competente para su tramitación. b) El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas. Esta habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de competencia así se haya previsto. c) El personal funcionario habilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración General del Estado, que estará habilitados para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen y para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento que estas presenten para que se remita desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo. 2. El Registro de Funcionarios Habilitados será gestionado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Registro será interoperable con los sistemas equivalentes que ya existan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 3. Este Registro deberá ser plenamente interoperable con los registros u otros sistemas equivalentes que se creen por las comunidades autónomas y las entidades locales a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. 4. Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regulará el funcionamiento del Registro de Funcionarios Habilitados Sección 4.ª Acreditación de la representación de las personas interesadas
Datos clave
- Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- Se inscribe el personal habilitado para identificación y firma electrónica de interesados, para expedir copias auténticas y el que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- Lo gestiona la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital.
- Debe ser interoperable con los registros de comunidades autónomas y entidades locales.
- Su funcionamiento se regula mediante orden conjunta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Canales de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid: telefónico, digital y presencial
La Comunidad de Madrid presta la atención al ciudadano a través de canales telefónicos y digitales y de una red de atención presencial, que se complementan con servicios especiales y con el registro de documentos.
Canal telefónico y digital. El horario de atención telefónica es de 8:00 a 22:00 de lunes a viernes, y de 10:00 a 20:00 los sábados, domingos y festivos. Los medios disponibles son:
- Teléfono 012, o el 91 580 42 60 si se llama desde fuera de Madrid.
- Consulta en línea, para resolver dudas.
- WhatsApp, en el número 684 440 012.
- Correo electrónico: atencionalciudadano@012.madrid.org.
- Videollamada, también en lengua de signos, de 9:00 a 18:00 horas.
- La red social X, etiquetando @012cmadrid.
- Apertura de incidencias, para comunicar los errores encontrados.
Canal presencial:
- Oficina central, en la calle Carrera de San Jerónimo, 13 (metro Sol).
- Red de oficinas en toda la región, donde se informa y orienta sobre trámites y servicios públicos.
- Oficina móvil, que acerca la Administración a los municipios según un calendario de ubicaciones.
- Cita previa para acudir a la oficina que se elija.
- Servicio de Atención Preferente: atención presencial preferente para personas mayores y personas con discapacidad.
Servicios que se prestan por estos canales:
- Información y orientación sobre los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y ayuda con los trámites, presencialmente en la red de oficinas o por teléfono en el 012.
- Registro de documentos dirigidos a la Administración, presencialmente en la red de oficinas o por vía telemática a través del Registro electrónico.
- Buzón del ciudadano, para la recogida de sugerencias, quejas y agradecimientos.
- Ayuda para obtener la identificación y firma digital, con IDentifica o el certificado CAMERFIRMA.
Servicios especiales 24 horas del 012:
- 012 A tu lado: primera asistencia psicológica a personas en situación de soledad no deseada o que sufren angustia, ansiedad, depresión o acoso.
- 012 Mujer: atención profesional a mujeres que puedan ser víctimas de violencia y a sus familiares y allegados.
- 012 Apoyo a la Maternidad: atención psicológica e información sobre ayudas, recursos y servicios de protección a la natalidad y la maternidad.
- 012 Contra las Drogas: primera atención y apoyo emocional a personas con problemas de adicción.
Servicios de accesibilidad destacados: intérprete de lengua de signos española, mediadores para personas sordociegas y asistentes personales para personas con parálisis cerebral; persona de apoyo o acompañamiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; y guías de trámites y documentos adaptados a lectura fácil.
Datos clave
- Teléfono 012 (91 580 42 60 desde fuera de Madrid): de 8:00 a 22:00 de lunes a viernes y de 10:00 a 20:00 sábados, domingos y festivos.
- WhatsApp 684 440 012 y correo atencionalciudadano@012.madrid.org.
- Videollamada, también en lengua de signos: de 9:00 a 18:00 horas.
- Oficina central: Carrera de San Jerónimo, 13 (metro Sol); además, red de oficinas, oficina móvil y cita previa.
- Registro de documentos: presencial en la red de oficinas o telemático en el Registro electrónico.
- Servicios 24 horas: 012 A tu lado, 012 Mujer, 012 Apoyo a la Maternidad y 012 Contra las Drogas.