La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones Provinciales. Sistema de elección de los/las Diputados/as y del/la Presidente/a.
Practica este tema con tests de Auxiliar Administrativo/a — Diputación Provincial de Cádiz: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 31
1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 31 LBRL la Provincia? → Como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- ¿Cuáles son los dos fines propios y específicos de la Provincia? → Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
- ¿A quién corresponde el gobierno y la administración autónoma de la Provincia? → A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
- Dos letras, dos verbos: a) asegurar la prestación; b) participar en la coordinación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Provincia es una entidad local formada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia. Su fin es la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, y la gobierna la Diputación u otra Corporación representativa.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32
La organización provincial responde a las siguientes reglas: 1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal.
Datos clave
- ¿Qué órganos existen en todas las Diputaciones según el art. 32 LBRL? → El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
- ¿Con qué criterio participan los grupos políticos en los órganos de estudio, informe o consulta? → Mediante Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.
- ¿Quién establece y regula el resto de órganos complementarios de la Diputación? → Las propias Diputaciones, sin perjuicio de que las leyes autonómicas puedan establecer una organización provincial complementaria.
- Cuatro órganos en todas las Diputaciones: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno, Pleno.
- El criterio de reparto en las comisiones es proporcional a los Diputados en el Pleno, no paritario ni por grupos a partes iguales.
- La palabra de la legislación autonómica en el apartado 3 es «complementaria»: añade, no sustituye a lo básico del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda Diputación tiene Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno, más órganos de estudio, informe o consulta en los que los grupos participan en proporción a sus Diputados en el Pleno.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 33
1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. l) (Derogada) m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n) (Derogada) ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.
Datos clave
- ¿A partir de qué porcentaje de recursos ordinarios decide el Pleno una operación de crédito? → Más del 10% (15% si es de tesorería), art. 33.2.k.
- ¿Quién vota la moción de censura al Presidente de la Diputación? → El Pleno, mediante llamamiento nominal (art. 33.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno de la Diputación (Presidente y Diputados) tiene las grandes atribuciones provinciales, vota censura y confianza y puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno salvo las reservadas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 34
1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. k) (Derogada) l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. m) (Derogada) n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.
Datos clave
- ¿Qué NO puede delegar el Presidente de la Diputación? → Convocar el Pleno, el voto de calidad, concertar créditos y la jefatura del personal (art. 34.2).
- ¿Quién nombra a los Vicepresidentes de la Diputación? → El Presidente (art. 34.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuciones del Presidente de la Diputación (dirigir, representar, convocar y presidir, personal, gestión económica, acciones judiciales…) y la lista de las que no puede delegar. También nombra a los Vicepresidentes.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 35
1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno.
Datos clave
- ¿Cómo se integra la Junta de Gobierno de la Diputación? → Por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
- ¿De entre quiénes se designan los Vicepresidentes de la Diputación? → De entre los miembros de la Junta de Gobierno, libremente designados por el Presidente.
- ¿Puede el Presidente delegar cometidos específicos en Diputados ajenos a la Junta de Gobierno? → Sí, mediante delegaciones especiales a favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
- Trío de sustitución idéntico al municipal: vacante, ausencia o enfermedad, y por orden de nombramiento.
- Estudia el 23 y el 35 en paralelo: las preguntas suelen cruzar Teniente de Alcalde ↔ Vicepresidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta de Gobierno de la Diputación la forman el Presidente y Diputados libremente nombrados, sin pasar del tercio del número legal. Asiste al Presidente y ejerce lo delegado; los Vicepresidentes salen de ella.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 36
1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.
Datos clave
- ¿Por debajo de qué población es obligatoria la secretaría e intervención provincial? → 1.000 habitantes (art. 36.1.b).
- ¿Por debajo de qué población asume la Diputación el tratamiento de residuos? → 5.000 habitantes (art. 36.1.c).
- ¿Por debajo de qué población asume la Diputación la extinción de incendios? → 20.000 habitantes (art. 36.1.c).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias propias de la Diputación: coordinar servicios municipales, asistir a los municipios, prestar servicios supramunicipales y apoyar a los de menor población, con umbrales de 1.000, 5.000 y 20.000 habitantes. Su instrumento es el plan provincial anual.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 37
1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27.
Datos clave
- ¿Qué tipo de competencias puede delegar el Estado en las Diputaciones y con qué trámite previo? → Competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
- ¿A qué artículo se acomoda el ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas? → Al artículo 27.
- Palabra clave del Estado: «mera ejecución» + «previa consulta e informe». Si en la pregunta el Estado delega algo más que ejecución, es falsa.
- Remisión final que cae: el ejercicio de lo delegado va por el artículo 27.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones o encomendarles la gestión ordinaria de servicios; el Estado solo puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe autonómico.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 38
Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
Datos clave
- Según el art. 38 LBRL, ¿a qué se extienden las previsiones establecidas para la Diputación? → A otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
- Piensa en 'equivalente funcional de la Diputación': mismas normas, distinto nombre según el territorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo que la LBRL prevé para la Diputación se aplica también a las otras Corporaciones representativas a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
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Artículo 202. Inelegibilidad de los Diputados Provinciales
El artículo 202 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece las causas de inelegibilidad específicas para el cargo de Diputado Provincial.
Además de quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6.º de esta Ley, son inelegibles para el cargo de Diputado Provincial los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial.
Así, a las causas generales de inelegibilidad del artículo 6 se suma una causa propia de las Diputaciones, ligada a la existencia de deudas con la propia Corporación provincial reclamadas por vía de apremio judicial.
Datos clave
- Son inelegibles quienes incurran en los supuestos del artículo 6 de la LOREG.
- También son inelegibles los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación.
- Requisito: que contra ellos se haya expedido mandamiento de apremio por resolución judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para Diputado Provincial valen las causas generales de inelegibilidad del artículo 6 más una propia: ser deudor de la Diputación con mandamiento de apremio judicial.
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Artículo 203. Incompatibilidades de los Diputados Provinciales
El artículo 203 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, regula las incompatibilidades para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial.
1. Causas de incompatibilidad
Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior lo son también de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial.
Son también incompatibles:
a) Los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo al servicio de la respectiva Diputación y de las entidades y establecimientos dependientes de él.
c) Los Directores Generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en la provincia.
d) Los contratistas o subcontratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación o de establecimientos de ella dependientes.
e) Los Diputados Provinciales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme.
2. Derecho de opción
Cuando se produzca una situación de incompatibilidad, los afectados deberán optar entre la renuncia al puesto de Diputado Provincial o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en el apartado 1.e) (candidaturas de partidos ilegalizados o agrupaciones vinculadas a ellos), se aplicará lo dispuesto en el artículo 6.4 de esta Ley.
3. Personal al servicio de la Diputación
Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b) del apartado 1, el funcionario o empleado que optare por el cargo de Diputado Provincial pasará a la situación de servicios especiales o, subsidiariamente, la prevista en sus respectivos convenios, que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo.
Datos clave
- Las causas de inelegibilidad del artículo anterior son también causas de incompatibilidad para el cargo de Diputado Provincial.
- Son incompatibles los abogados y procuradores que actúen contra la Corporación, salvo las acciones del artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Son incompatibles los Directores de Servicios, funcionarios y personal en activo de la Diputación y de sus entidades y establecimientos dependientes.
- Son incompatibles los Directores Generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en la provincia, y los contratistas o subcontratistas financiados por la Corporación.
- También los electos en candidaturas de partidos ilegalizados por sentencia judicial firme o de agrupaciones vinculadas a ellos; en ese caso se aplica el artículo 6.4 de la Ley.
- El afectado debe optar entre renunciar al puesto de Diputado Provincial o abandonar la situación que origina la incompatibilidad.
- El funcionario o empleado que opte por el cargo pasa a servicios especiales o, subsidiariamente, a la situación de su convenio, siempre con reserva del puesto de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las causas de inelegibilidad del Diputado Provincial son también de incompatibilidad, y se añaden cinco más; el afectado debe optar entre el cargo y la situación incompatible.
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Artículo 204. Número de Diputados y reparto por partidos judiciales
El artículo 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, fija el número de Diputados de cada Diputación Provincial y su reparto entre los partidos judiciales.
1. El número de Diputados correspondientes a cada Diputación Provincial se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo:
- Hasta 500.000 residentes: 25 Diputados.
- De 500.001 a 1.000.000: 27 Diputados.
- De 1.000.001 a 3.500.000: 31 Diputados.
- De 3.500.001 en adelante: 51 Diputados.
2. Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regla:
a) Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado.
b) Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número total de Diputados Provinciales.
c) Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.
d) Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida, por exceso, con el número de Diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea menor. Si, por el contrario, el número no coincide por defecto se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea mayor.
3. A los efectos previstos en este Capítulo, los partidos judiciales coinciden con los de las elecciones locales de 1979.
Datos clave
- Baremo: hasta 500.000 residentes, 25; de 500.001 a 1.000.000, 27; de 1.000.001 a 3.500.000, 31; de 3.500.001 en adelante, 51 Diputados.
- El reparto por partidos judiciales lo hacen las Juntas Electorales Provinciales.
- Plazo: el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones.
- Todo partido judicial cuenta, al menos, con un Diputado.
- Ningún partido judicial puede tener más de tres quintos del total de Diputados.
- Las fracciones iguales o superiores a 0,50 se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.
- Los partidos judiciales coinciden con los de las elecciones locales de 1979.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El número de Diputados Provinciales depende de los residentes de la provincia (25, 27, 31 o 51) y la Junta Electoral Provincial los reparte entre partidos judiciales con reglas de mínimo y máximo.
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Artículo 205. Asignación de puestos de Diputado entre las candidaturas
El artículo 205 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, regula cómo se distribuyen los puestos de Diputado Provincial entre las formaciones en cada partido judicial.
1. Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos.
El proceso de constitución de las Diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto previamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia.
En el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contencioso-electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial. No obstante, si como consecuencia de la celebración de elecciones locales parciales se altera la atribución de puestos en la Diputación Provincial, las Juntas Electorales de Zona deberán realizar las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación.
2. En los municipios de menos de 250 habitantes a los que se refiere el artículo 184 de esta Ley, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la correspondiente lista hasta un máximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resultantes.
3. Realizada esta operación, la Junta procede a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada partido judicial mediante la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 163, según el número de votos obtenidos por cada grupo político o cada agrupación de electores.
4. Si se produjera coincidencia de cocientes entre distintos partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye al que mayor número de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor número de Concejales en el partido judicial. Subsidiariamente se resolverá el empate por sorteo.
Datos clave
- Órgano: la Junta Electoral de Zona, una vez constituidos todos los Ayuntamientos de la provincia.
- Relación de formaciones con algún Concejal en cada partido judicial, en orden decreciente de votos.
- La constitución de las Diputaciones se aplaza hasta resolver los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales.
- Nuevas elecciones en algún municipio no posponen la constitución de la Diputación.
- Municipios de menos de 250 habitantes: suma de votos dividida entre el número de candidatos de la lista, hasta un máximo de cuatro; fracciones por defecto.
- Reparto por el procedimiento del artículo 163.
- Empate de cocientes: más votos; después, más Concejales en el partido judicial; subsidiariamente, sorteo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Constituidos los Ayuntamientos, la Junta Electoral de Zona ordena por votos a las formaciones con concejales en cada partido judicial y les reparte los puestos de Diputado con el procedimiento del artículo 163.
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Artículo 206. Elección y proclamación de los Diputados Provinciales
El artículo 206 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, regula la elección de las personas concretas que ocupan los puestos de Diputado Provincial asignados a cada formación.
1. Realizada la asignación de puestos de diputados, conforme a los artículos anteriores, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los cinco días siguientes a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puestos de diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos concejales a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo, además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes.
La elaboración de las mencionadas listas se ajustará al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento, integrándose en las listas por personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa.
2. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los diputados electos en el partido judicial.
Datos clave
- La Junta Electoral convoca por separado a los concejales de cada formación dentro de los cinco días siguientes a la asignación de puestos.
- Las listas de candidatos deben estar avaladas, al menos, por un tercio de dichos concejales.
- Se eligen además tres suplentes para cubrir por su orden las vacantes.
- Representación equilibrada: cada sexo, ni más del sesenta por ciento ni menos del cuarenta por ciento, con orden alternativo.
- La Junta de Zona proclama a los electos y suplentes y expide las credenciales.
- Remite certificaciones a la Junta Provincial y a la Diputación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Asignados los puestos, los concejales de cada formación eligen a sus Diputados Provinciales entre listas avaladas por un tercio de ellos, con tres suplentes y representación equilibrada de sexos.
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Artículo 207. Sesión constitutiva y elección del Presidente de la Diputación
El artículo 207 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, regula la constitución de la Diputación Provincial y la elección y cese de su Presidente.
1. La Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, para elegir al Presidente de entre sus miembros.
2. Para la elección de Presidente el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda.
3. El Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura que se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 197. Puede ser candidato al cargo de Presidente cualquiera de los Diputados Provinciales.
4. Asimismo, el Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de confianza por él planteada ante el Pleno de la Corporación, que se regulará por lo dispuesto en el artículo 197 bis de esta Ley, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:
a) Los presupuestos anuales.
b) El reglamento orgánico.
c) El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto en el artículo 197 bis para los Alcaldes de municipios de más de 250 habitantes.
Datos clave
- Sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad: Diputados de mayor y menor edad presentes.
- Actúa como Secretario el de la Corporación.
- El Presidente se elige de entre los Diputados: mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda.
- Destitución por moción de censura conforme al artículo 197; puede ser candidato cualquier Diputado Provincial.
- Cuestión de confianza (artículo 197 bis) vinculada a presupuestos anuales, reglamento orgánico o plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
- Si no obtiene la confianza, el nuevo Presidente se elige con el sistema del artículo 197 bis para Alcaldes de municipios de más de 250 habitantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Diputación se constituye con Mesa de Edad y elige Presidente por mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda; puede cesar por moción de censura o por perder una cuestión de confianza.
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Artículo 208. Vacantes de Diputados Provinciales
El artículo 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece cómo se cubren las vacantes de los Diputados Provinciales.
1. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al orden establecido entre ellos.
2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado a ocupar vacantes anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, se procederá a una nueva elección de Diputados correspondientes al partido judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 206 de esta Ley.
Datos clave
- Causas de vacante: fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de Concejal.
- La vacante la ocupa uno de los suplentes del partido judicial, según su orden.
- Agotados los tres suplentes, se hace una nueva elección de Diputados del partido judicial.
- La nueva elección sigue el procedimiento del artículo 206.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La vacante de un Diputado Provincial la cubre un suplente del partido judicial por su orden; agotados los tres suplentes, se repite la elección del partido judicial.
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Artículo 11. Competencias de asistencia a los municipios.
1. Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en:
a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.
b) Asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.
c) Asistencia material de prestación de servicios municipales.
2. La asistencia provincial podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.
Datos clave
- Finalidad: asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales.
- La asistencia se presta a los municipios, por sí o asociados.
- Tres tipos de asistencia: técnica, económica y material.
- La asistencia económica financia inversiones, actividades y servicios municipales.
- La asistencia provincial puede ser obligatoria (a solicitud de los municipios) o concertada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, la provincia asiste a los municipios de tres formas: técnica, económica y material; la asistencia puede ser obligatoria o concertada.
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Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio.
1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica:
a) Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico y de instrumentos de gestión urbanística.
b) Elaboración de los pliegos de condiciones y demás documentación integrante de la contratación pública, así como la colaboración en la organización y gestión de los procedimientos de contratación.
c) Redacción de ordenanzas y reglamentos municipales, así como de cualquier otra disposición normativa.
d) Implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración electrónica.
e) Elaboración de estudios, planes y proyectos en cualquier materia de competencia municipal.
f) Asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional.
g) Formación y selección del personal, así como la elaboración de instrumentos de gestión de personal, planes de carrera profesional y evaluación del desempeño.
h) Diseño y, en su caso, ejecución de programas de formación y desarrollo de competencias para representantes locales.
i) Integración de la igualdad de género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales.
j) Cualquier otra que la provincia determine por iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos.
2. Por norma provincial se determinarán los requisitos de asistencia y las formas de financiación, que en cada caso correspondan, de acuerdo, al menos, con los criterios de atención preferente a los municipios de menor población y a los municipios de insuficiente capacidad económica y de gestión, así como la urgencia de la asistencia requerida.
3. La solicitud de asistencia técnica se tramitará mediante un procedimiento basado en los principios de eficacia, transparencia y celeridad. La decisión que adopte la diputación provincial será motivada con referencia a los criterios normativos establecidos.
Datos clave
- La asistencia técnica abarca diez apartados (letras a a j), desde el planeamiento urbanístico hasta cualquier otra que determine la provincia.
- Incluye el asesoramiento jurídico, técnico y económico, con representación y defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional.
- Requisitos y formas de financiación: se determinan por norma provincial.
- Criterios mínimos: atención preferente a municipios de menor población y de insuficiente capacidad económica y de gestión, y urgencia de la asistencia.
- Principios del procedimiento de solicitud: eficacia, transparencia y celeridad.
- La decisión de la diputación provincial será motivada.
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La provincia presta asistencia técnica en diez materias (urbanismo, contratación, ordenanzas, TIC, estudios, asesoramiento y defensa, personal, formación de cargos, igualdad y otras), con preferencia para los municipios pequeños.
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Artículo 13. Asistencia económica de la provincia al municipio.
El artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, regula la asistencia económica que la provincia presta a los municipios.
1. La provincia asistirá económicamente a los municipios para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales.
2. Los planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial. En todo caso, el procedimiento de elaboración se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alegaciones municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases:
a) La diputación provincial recabará de los ayuntamientos información detallada sobre sus necesidades e intereses peculiares.
b) Conforme a la información recabada, la diputación provincial fijará los criterios básicos para la priorización de las propuestas municipales. En todo caso, entre dichos criterios se incluirá el apoyo preferente a los municipios de menor población.
c) Considerando los criterios básicos aprobados por la diputación provincial, cada ayuntamiento formulará su propuesta priorizada de asistencia económica.
d) Partiendo de las propuestas municipales, la diputación provincial formulará un proyecto de plan o programa de asistencia económica, cuyo contenido tendrá en cuenta las prioridades municipales con criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial.
e) El proyecto de plan o programa de asistencia económica provincial se someterá a un trámite de consulta o audiencia de los ayuntamientos, dirigido a la consecución de acuerdos.
f) Terminado el trámite de audiencia, la diputación provincial introducirá las modificaciones oportunas en el proyecto. Si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios municipios, la diputación iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los municipios interesados.
g) La aprobación definitiva del plan o programa de asistencia económica corresponderá a la diputación provincial. Cualquier rechazo de las prioridades municipales será motivado, con especificación expresa del objetivo o criterio insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra, actividad o servicio incluido en la relación de prioridades elaborada por el ayuntamiento, el cual podrá realizar una nueva concreción de la propuesta.
h) Si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e), f) y g).
3. Cada municipio está obligado a aplicar la asistencia económica a los proyectos específicos aprobados en el plan o programa provincial. La aplicación del plan o programa estará sujeta a seguimiento y evaluación por parte de la diputación provincial, con la colaboración de los ayuntamientos.
4. La diputación provincial efectuará una evaluación continua de los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan o programa de asistencia económica. Cuando de la ejecución estricta de un plan o programa provincial pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para asegurar la consecución real y efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del intercambio informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la realización de los estudios de impacto pertinentes.
4 bis. A las entidades locales que sean destinatarias y se incluyan como beneficiarias en planes y programas provinciales que tengan por objeto la cooperación o asistencia económica de las Diputaciones provinciales a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les exigirá estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la Seguridad Social.
Datos clave
- Los planes y programas de asistencia económica se regulan por norma provincial.
- Principios del procedimiento de elaboración: transparencia y publicidad.
- El procedimiento tiene ocho fases (letras a a h).
- Entre los criterios de priorización se incluirá siempre el apoyo preferente a los municipios de menor población.
- La aprobación definitiva corresponde a la diputación provincial; el rechazo de prioridades municipales será motivado.
- Cada municipio está obligado a aplicar la asistencia a los proyectos específicos aprobados.
- La diputación evalúa de forma continua los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales.
- A los beneficiarios no se les exige estar al corriente en obligaciones tributarias ni con la Seguridad Social.
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La provincia ayuda económicamente a los municipios mediante planes regulados por norma provincial y elaborados en ocho fases transparentes; la diputación aprueba, evalúa y puede adaptar, y no exige estar al corriente de deudas.
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Artículo 14. Asistencia material de la provincia al municipio.
1. La provincia prestará los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este así lo solicite. Corresponderá a la provincia la determinación de la forma de gestión del servicio y las potestades inherentes a su ejercicio.
2. Asimismo, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, prestará obligatoriamente, a petición del municipio, al menos, los siguientes servicios municipales:
a) Inspección, gestión y recaudación de tributos.
b) Disciplina urbanística y ambiental.
c) Disciplina del personal funcionario y laboral.
d) Representación y defensa judicial.
e) Suplencias en el ejercicio de funciones públicas necesarias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, en el caso de que un municipio incumpla su obligación de prestar los servicios básicos, la diputación provincial, previo requerimiento, actuará por sustitución.
4. La diputación provincial podrá garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo la creación de redes intermunicipales para la prestación de servicios de competencia municipal, a la que podrán incorporarse los ayuntamientos en las condiciones que previamente se establezca mediante norma provincial, que incluirá las formas de financiación.
El procedimiento de creación de las redes intermunicipales, que estará basado en los mismos principios citados en el artículo 13.2, deberá permitir la participación activa de los municipios que la integren.
5. La provincia, en los términos que prevea la legislación sectorial, ejercerá competencias de titularidad municipal, cuando su naturaleza no permita una asignación diferenciada y las economías de escala así lo aconsejen.
Datos clave
- La provincia presta los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia del municipio, cuando este lo solicite.
- La provincia determina la forma de gestión del servicio.
- Servicios obligatorios a petición del municipio: tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal; representación y defensa judicial; suplencias de secretaría, intervención y tesorería.
- Las suplencias se refieren a municipios menores de cinco mil habitantes.
- Si un municipio incumple su obligación de prestar servicios básicos, la diputación, previo requerimiento, actúa por sustitución.
- La diputación puede promover redes intermunicipales, reguladas por norma provincial que incluirá las formas de financiación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La provincia presta servicios básicos al municipio incapaz que lo pida, debe prestar a petición cinco servicios mínimos, actúa por sustitución si el municipio incumple y puede crear redes intermunicipales.
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Artículo 15. Competencias materiales de la provincia.
La provincia tendrá competencias en las siguientes materias:
1. Carreteras provinciales.
2. Los archivos de interés provincial.
3. Los museos e instituciones culturales de interés provincial.
Datos clave
- La provincia tiene competencias materiales en tres materias.
- Carreteras provinciales.
- Archivos de interés provincial.
- Museos e instituciones culturales de interés provincial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La provincia andaluza tiene competencias en carreteras provinciales, archivos y museos e instituciones culturales de interés provincial.