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El Municipio. Organización Municipal. Competencias. Autonomía Municipal.

Practica este tema con tests de Auxiliar Administrativo/a — Diputación Provincial de Cádiz: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 11

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los elementos del Municipio según el art. 11 LBRL? → El territorio, la población y la organización.
  • ¿Cómo define el art. 11 LBRL al Municipio? → Como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • Los tres elementos del Municipio son el territorio, la población y la organización («TPO»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad; sus elementos son territorio, población y organización.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 12 · 1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias

Artículo 12.

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Se modifica por el art. único.1 de la Ley 4/1996, de 10 de enero. Ref. BOE-A-1996-753

Datos clave

  • ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
  • ¿A cuántas provincias puede pertenecer un municipio? → A una sola.
  • Artículo de dos líneas y dos datos: qué es el término (ámbito de competencias) y a cuántas provincias pertenece (una).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, y cada municipio pertenece a una sola provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 13

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige el art. 13.6 para aprobar el convenio de fusión? → Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados
  • ¿Cuántos años deben pasar antes de que un municipio fusionado pueda segregarse (art. 13.4)? → Diez años
  • ¿Qué debe emitirse antes de crear o suprimir un municipio (art. 13.1)? → Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Creación, supresión y alteración de municipios: ley autonómica con audiencia, dictamen e informe; nuevos municipios de al menos 4.000 habitantes; y el régimen completo de la fusión por convenio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 14

1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Datos clave

  • ¿Cuándo tiene carácter oficial el cambio de denominación de un Municipio? → Cuando, tras anotarse en un Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
  • ¿En qué lenguas puede estar la denominación de un Municipio? → En castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
  • Cadena de pasos para memorizar: anotación en el Registro estatal → publicación en el BOE. El último eslabón es el que da la oficialidad.
  • Tres opciones lingüísticas, no dos: castellano, otra lengua oficial de la Comunidad, o ambas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cambio de nombre de un Municipio solo es oficial tras anotarse en el Registro estatal de entidades y publicarse en el BOE; la denominación puede ser en castellano, en otra lengua oficial o en ambas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 15

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Datos clave

  • ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino? → En el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
  • Si alguien vive en varios municipios, ¿dónde debe inscribirse? → Únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
  • ¿Qué constituye la población del municipio? → El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal.
  • Criterio de desempate si vives en varios municipios: más tiempo al año, no domicilio fiscal ni propiedad de la vivienda.
  • Cadena de definiciones encadenadas: inscritos = población del municipio = vecinos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Empadronarse es obligatorio para toda persona que viva en España, en un único municipio: el de residencia habitual. Los inscritos son los vecinos y la vecindad nace en el momento mismo de la inscripción.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 16

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: a) Nombre y apellidos. b) Sexo. c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. d) Nacionalidad. e) Lugar y fecha de nacimiento. f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. 2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. g) Certificado o título escolar o académico que se posea. h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. 3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.

Datos clave

  • ¿Cada cuánto se renueva la inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin residencia de larga duración (art. 16.1)? → Cada dos años
  • ¿Qué carácter tienen las certificaciones de datos del Padrón (art. 16.1)? → Documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Padrón es el registro de los vecinos y prueba residencia y domicilio; sus certificaciones son documento público; ciertos extranjeros renuevan cada dos años; datos obligatorios tasados y cesión limitada.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 17

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. 2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.

Datos clave

  • ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento (art. 17.4)? → El Presidente del Instituto Nacional de Estadística
  • ¿A qué mecanismo remite el art. 17.2 si un Ayuntamiento rechaza el requerimiento del INE? → A la ejecución sustitutoria del art. 60

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ayuntamiento forma y gestiona el Padrón; el INE coordina los de todos los municipios, resuelve discrepancias y propone cifras oficiales; el Consejo de Empadronamiento colabora; y existe un Padrón de residentes en el extranjero.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 18

1. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

Datos clave

  • ¿A qué artículo de la Constitución remite el derecho del vecino a ser informado (art. 18.1.e)? → Al art. 105 CE
  • ¿Qué puede exigir el vecino si un servicio es competencia municipal propia y obligatoria (art. 18.1.g)? → Su prestación o, en su caso, su establecimiento

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derechos y deberes de los vecinos: nueve letras, de ser elector a la iniciativa popular, y la advertencia de que el padrón no prueba la residencia legal de los extranjeros.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 19

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes.

Datos clave

  • ¿Quién integra el ayuntamiento según el art. 19 LBRL? → El Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
  • ¿Cómo se eligen los Concejales? → Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Cinco adjetivos del sufragio, en este orden: universal, igual, libre, directo y secreto («U-I-L-D-S»).
  • El régimen de organización de los municipios señalados en el título X se ajusta a lo dispuesto en él; en lo no previsto por ese título, se aplica el régimen común de los artículos siguientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento (Alcalde y Concejales), salvo en Concejo Abierto; elección de Concejales y Alcalde, y régimen de los municipios del título X.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 20

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. 2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.

Datos clave

  • ¿Qué órganos existen en todos los ayuntamientos sin excepción según el art. 20.1.a? → El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
  • ¿A partir de qué población es obligatoria la Junta de Gobierno Local (art. 20.1.b)? → Más de 5.000 habitantes

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas de la organización municipal: órganos de todos los ayuntamientos, los ligados a más de 5.000 habitantes, las comisiones especiales y la organización complementaria autonómica o propia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 21

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. b) Representar al ayuntamiento. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e) Dictar bandos. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. ñ) (Derogada) o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. p) (Derogada) q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde. 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

Datos clave

  • ¿Qué porcentaje de los recursos ordinarios puede comprometer el Alcalde en operaciones de crédito sin acudir al Pleno (art. 21.1.f)? → El 10%
  • ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal según el art. 21.1.i? → El Alcalde
  • ¿Puede el Alcalde delegar la decisión de los empates con voto de calidad? → No, es una de las atribuciones indelegables del art. 21.3

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuciones del Alcalde como Presidente de la Corporación (letras a-s, con dos derogadas), nombramiento de Tenientes de Alcalde y la lista de atribuciones que no puede delegar.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 22

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n) (Derogada) ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada) p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué umbral de operaciones de crédito corresponde al Pleno según el art. 22.2.m? → Las que superen el 10% de los recursos ordinarios (o el 15% de ingresos corrientes en las de tesorería)
  • ¿Cómo se vota la moción de censura al Alcalde según el art. 22.3? → De forma pública, mediante llamamiento nominal

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno, presidido por el Alcalde, tiene las grandes atribuciones municipales (control, planeamiento, ordenanzas, presupuestos, personal, crédito), vota censura y confianza, y solo puede delegar parte de ellas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 23

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.

Datos clave

  • ¿Cuál es el número máximo de Concejales en la Junta de Gobierno Local? → No superior al tercio del número legal de Concejales (además del Alcalde, que la integra).
  • ¿En qué casos sustituyen los Tenientes de Alcalde al Alcalde y en qué orden? → En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden de su nombramiento.
  • ¿De entre quiénes se designan los Tenientes de Alcalde donde no existe Junta de Gobierno Local? → De entre los Concejales.
  • Tres causas de sustitución, fáciles porque riman con «VAE»: Vacante, Ausencia, Enfermedad.
  • El tope es un tercio del número legal de Concejales, y «no superior»: cabe menos, nunca más.
  • Mismo esquema, órgano provincial: compáralo con el art. 35 (Junta de Gobierno de la Diputación y Vicepresidentes).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y hasta un tercio del número legal de Concejales; asiste al Alcalde y ejerce atribuciones delegadas. Los Tenientes de Alcalde le sustituyen por orden de nombramiento.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24

1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.

Datos clave

  • ¿Para qué pueden los municipios crear órganos territoriales de gestión desconcentrada? → Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
  • ¿Qué régimen de gestión desconcentrada se aplica en los municipios del artículo 121? → El establecido en el artículo 128.
  • Palabra clave para distinguirlo del art. 24 bis: aquí son órganos del municipio (desconcentración interna); allí son entes de ámbito inferior al municipio.
  • Dos remisiones que caen juntas: municipios del 121, régimen del 128.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana y mejorar la gestión, sin romper la unidad de gobierno; en los del artículo 121 rige el artículo 128.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24 bis

1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Datos clave

  • ¿Tienen personalidad jurídica los entes de ámbito territorial inferior al Municipio? → No: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del municipio.
  • ¿A quién corresponde la iniciativa para crear estos entes? → Indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso.
  • ¿Qué requisito de eficiencia exige el art. 24 bis? → Solo pueden crearse si resulta una opción más eficiente, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
  • Regla de una línea: sin personalidad jurídica + iniciativa doble + Ayuntamiento oído siempre + test de eficiencia (LO 2/2012).
  • Contrapunto con el art. 24: allí, órganos del ayuntamiento; aquí, entes creados al amparo de la ley autonómica y también desconcentrados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entes de ámbito territorial inferior al Municipio: sin personalidad jurídica, regulados por las leyes autonómicas, con iniciativa de la población o del Ayuntamiento y solo si son la opción más eficiente.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 25

Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.

q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

6. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.

Datos clave

  • El municipio ejerce como competencia propia la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • También son competencias propias municipales la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables y el impulso de la transición energética.
  • Las competencias municipales en estas materias se determinarán por Ley, evaluando la conveniencia de los servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
  • La Ley deberá ir acompañada de una memoria económica y prever los recursos necesarios sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
  • La Ley garantizará que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia municipal propia a otra Administración Pública.
  • Antes de atribuir competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá ponderarse específicamente la capacidad de gestión de la entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de materias en las que el municipio ejerce competencias propias «en todo caso», de la a) a la q), y las condiciones que debe cumplir la ley que se las atribuye: memoria económica, sin duplicidades y ponderando antes su capacidad de gestión.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 26

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

Datos clave

  • ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de biblioteca pública? → Más de 5.000 habitantes.
  • ¿A partir de qué población son obligatorios protección civil y prevención y extinción de incendios? → Más de 20.000 habitantes.
  • ¿Qué órgano coordina ciertos servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes? → La Diputación provincial o entidad equivalente.
  • ¿Qué sentencia declaró inconstitucionales varios incisos del apartado 2 del art. 26? → La STC 111/2016, de 9 de junio.
  • Cuatro tramos de población, siempre sumando servicios: todos los municipios (8 servicios) → 5.000 hab. (+3) → 20.000 hab. (+4) → 50.000 hab. (+2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios mínimos obligatorios del municipio crecen por tramos de población: todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes. En los de menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 27

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. 3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. b) Protección del medio natural. c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. j) Promoción y gestión turística. k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local. 8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Cuál es la duración mínima de una delegación de competencias en un Municipio (art. 27.1)? → Cinco años
  • ¿Qué ocurre con una delegación sin dotación presupuestaria adecuada (art. 27.6)? → Es nula
  • ¿Qué requiere la efectividad de la delegación según el art. 27.5? → La aceptación del Municipio interesado

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en los Municipios: mínimo cinco años, memoria económica, sin mayor gasto, aceptación municipal, financiación obligatoria y control por el delegante.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 28

Podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios. La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.

Datos clave

  • ¿A qué municipios se puede aplicar la gestión colaborativa del art. 28 LBRL? → A los de menos de 20.000 habitantes.
  • ¿Quién decide aplicar la gestión colaborativa a un municipio y qué más hace falta? → Lo decide la Comunidad Autónoma, con la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas.
  • El dato que más cae es el umbral: menos de 20.000 habitantes.
  • Para que se aplique hacen falta tres 'síes': el de la Comunidad Autónoma (decide), el del municipio (conformidad) y el de las entidades locales (informe).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos y servicios mínimos; los decide la Comunidad Autónoma con conformidad del municipio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 29

1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría del Ayuntamiento se exige para constituir el Concejo Abierto por conveniencia (art. 29.2)? → Dos tercios de sus miembros
  • ¿Quién forma la asamblea vecinal en el Concejo Abierto según el art. 29.3? → Todos los electores del municipio

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Concejo Abierto es un régimen de gobierno con Alcalde y asamblea de todos los electores. Se aplica por tradición o por conveniencia, y en este segundo caso exige petición vecinal, dos tercios del Ayuntamiento y aprobación autonómica.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Datos clave

  • ¿Quién puede establecer regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural? → Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en la LBRL.
  • ¿Qué características cita el art. 30 LBRL como aconsejables para un régimen especial? → El carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
  • Recuento para el test: se citan tres actividades expresas (turísticas, industriales, mineras) más la cláusula abierta «u otras semejantes».
  • Sujeto habilitado = Comunidades Autónomas; en el art. 30 no aparece ni el Estado ni el propio municipio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las leyes autonómicas de régimen local pueden crear regímenes especiales para municipios pequeños o rurales y para los que lo aconsejen por su carácter histórico-artístico o por sus actividades predominantes.

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Artículo 4. Autonomía local.

1. Los municipios y provincias de Andalucía gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes. Actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad.

2. La autonomía local comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio de municipios y provincias, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización y ordenación de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y de su patrimonio, y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas.

3. Al amparo de la autonomía local que garantiza esta ley, y en el marco de sus competencias, cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas.

4. Los municipios y provincias gozan de plena personalidad jurídica para el ejercicio de su autonomía. Las entidades locales complementarias gozarán de capacidad jurídica en los términos de esta ley o de las leyes especiales que las regulen.

Datos clave

  • Municipios y provincias de Andalucía gozan de autonomía en el marco de las leyes.
  • Actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de su comunidad.
  • Incluye organización de sus órganos, de su territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y haciendas.
  • Cada entidad local puede definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas.
  • Municipios y provincias: plena personalidad jurídica.
  • Entidades locales complementarias: capacidad jurídica en los términos de la ley o leyes especiales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Municipios y provincias gozan de autonomía para gestionar sus asuntos bajo su responsabilidad y en el marco de las leyes; la ley detalla su contenido mínimo y les reconoce plena personalidad jurídica.

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Artículo 5. Potestad de autoorganización.

1. Las entidades locales definen por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que pueden dotarse, con objeto de poder adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios y provincias habrán de contar con los órganos necesarios, previstos en la legislación básica sobre régimen local, para su gobierno y administración. Su funcionamiento, su régimen de acuerdos y el estatuto de sus miembros se ajustarán a lo que aquella legislación establezca, garantizándose, en todo caso, el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de la representación proporcional en sus órganos asamblearios, conforme al principio de legitimación democrática. El resto de los órganos complementarios se ajustará a lo que respectivamente dispongan los estatutos de cada entidad local.

Datos clave

  • Las entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas.
  • Finalidad: adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz.
  • Municipios y provincias deben contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica de régimen local.
  • Se garantiza la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios.
  • Rige el principio de legitimación democrática.
  • Los órganos complementarios se ajustan a los estatutos de cada entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales diseñan su estructura interna, pero municipios y provincias deben tener los órganos de la legislación básica, con acción de gobierno y representación proporcional garantizadas.

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Artículo 6. Principios generales.

1. Las competencias de municipios y provincias se determinarán por ley.

2. Las competencias locales que determina la presente ley tienen la consideración de propias y mínimas, y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales.

3. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía. La legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

Datos clave

  • Las competencias de municipios y provincias se determinan por ley.
  • Las competencias locales de esta ley son propias y mínimas.
  • Pueden ser ampliadas por las leyes sectoriales.
  • Rige el principio de mayor proximidad a la ciudadanía.
  • La comunidad política local está integrada por municipios y provincias.
  • Criterios: amplitud o naturaleza de la materia, capacidad de gestión y necesidades de eficacia o economía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las competencias locales se fijan por ley; las de la LAULA son propias y mínimas, ampliables por leyes sectoriales, y se asignan por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía.

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Artículo 7. Competencias locales.

1. Las competencias locales facultan para la regulación, dentro de su potestad normativa, de las correspondientes materias.

2. Corresponderá a la entidad local, en el ámbito de sus competencias propias, la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes.

3. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª de este capítulo.

Datos clave

  • Las competencias locales facultan para regular las materias dentro de la potestad normativa.
  • En sus competencias propias, la entidad local asume la ejecución administrativa.
  • La ejecución incluye la incoación y la resolución final de los procedimientos.
  • Las competencias de la Comunidad Autónoma pueden transferirse o delegarse a las entidades locales.
  • La transferencia o delegación se rige por la sección 4.ª del capítulo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las competencias locales incluyen potestad normativa y, en las propias, la ejecución administrativa completa; las autonómicas pueden transferirse o delegarse según la sección 4.ª del capítulo.

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Artículo 8. Cláusula general de competencia.

Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Datos clave

  • Es la cláusula general de competencia de los municipios andaluces.
  • Opera sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo 9.
  • Permite la iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos.
  • Finalidad: satisfacer las necesidades de la comunidad municipal.
  • Límite: que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cláusula general: además de las competencias listadas, los municipios pueden impulsar cualquier actividad o servicio que satisfaga necesidades vecinales, salvo que esté atribuido a otro nivel de gobierno.

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Artículo 9. Competencias municipales.

El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, enumera las competencias propias de los municipios andaluces en 28 apartados.

1. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística: a) elaboración, tramitación y aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento general; b) elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo y de las innovaciones que no afecten a la ordenación estructural; c) aprobación de los proyectos de actuación en suelo no urbanizable; d) otorgamiento de las licencias urbanísticas y declaraciones de innecesariedad; e) inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva; f) elaboración y aprobación de los planes municipales de inspección urbanística; g) protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado; h) procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas.

2. Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida: a) promoción y gestión de la vivienda; b) elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en los planes de vivienda y suelo autonómicos; c) adjudicación de las viviendas protegidas; d) otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, conforme a la normativa autonómica.

3. Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía: a) gestión de las prestaciones técnicas y económicas; b) gestión del equipamiento básico; c) promoción de actividades de voluntariado social dentro de su ámbito territorial.

4. Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano: a) abastecimiento de agua en alta o aducción (captación y alumbramiento, generación de recursos no convencionales, potabilización, transporte por arterias o tuberías principales y almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera); b) abastecimiento de agua en baja (distribución, almacenamiento intermedio y suministro hasta las acometidas particulares); c) saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales a través del alcantarillado municipal hasta el punto de interceptación con los colectores generales o de recogida para su tratamiento; d) depuración de las aguas residuales urbanas (interceptación, transporte por colectores generales, tratamiento y vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas); e) reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la legislación básica.

5. Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.

6. Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, y planificación, programación y disciplina de la reducción de su producción.

7. Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.

8. Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que se lleven a cabo íntegramente dentro de sus términos municipales.

9. Deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del término municipal.

10. Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y mercancías.

11. Elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes de protección del patrimonio histórico y artístico, siempre que estén incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística; si no lo están, deberán contar con informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de cultura.

12. Promoción, defensa y protección del medio ambiente: a) gestión del procedimiento de licencia ambiental, así como la vigilancia, control y potestad sancionadora respecto de las actividades sometidas a dicho instrumento y a la declaración responsable de los efectos ambientales; b) programación, ejecución y control de medidas de mejora de la calidad del aire, que deberán cumplir los planes supramunicipales o autonómicos aprobados por la Junta de Andalucía; c) declaración y delimitación de suelo contaminado íntegramente comprendido en su término; d) aprobación de los planes de descontaminación y declaración de suelo descontaminado en esos mismos casos; e) ordenación, ejecución y control de las áreas que admitan flujos luminosos medios y elevados y establecimiento de parámetros de luminosidad; f) actuaciones de protección contra ruidos y vibraciones y potestad sancionadora respecto de actividades no sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada; g) programación de actuaciones de información y educación ambiental para la sostenibilidad; h) declaración y gestión de parques periurbanos y establecimiento de reservas naturales concertadas, previo informe de la consejería competente en materia de medio ambiente.

13. Promoción, defensa y protección de la salud pública: a) elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud; b) políticas de acción local y comunitaria en salud; c) control preventivo, vigilancia y disciplina de actividades que puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud; d) programas de promoción, educación y protección de la salud, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo; e) ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, integración y cohesión social, promoción de la actividad física y prevención de la accidentabilidad; f) control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente centros de alimentación, consumo, ocio y deporte; g) control sanitario oficial de la distribución de alimentos; h) control sanitario oficial de la calidad del agua de consumo humano; i) control sanitario de industrias, transporte, actividades y servicios; j) control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de baño.

14. Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y lugares de concurrencia pública: a) control, vigilancia, inspección y régimen sancionador de los establecimientos de pública concurrencia; b) gestión y disciplina de animales de compañía y potencialmente peligrosos y gestión de su registro municipal; c) autorización de ampliación de horario y de horarios de apertura permanente de establecimientos públicos; d) autorización de condiciones específicas de admisión de personas en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas; e) creación de Cuerpos de Policía Local, siempre que lo consideren necesario, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la legislación básica del Estado; f) elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan de Emergencia Municipal y adopción de medidas de urgencia en caso de catástrofe o calamidad pública; g) servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes; h) creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil; i) promoción del voluntariado de protección civil; j) programas de prevención de riesgos y campañas de información; k) ordenación de las relaciones de convivencia ciudadana y del uso de servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos municipales.

15. Defensa y protección de personas usuarias y consumidoras: a) información, educación, orientación y asesoramiento en materia de consumo; b) información y orientación a empresas y profesionales; c) análisis, tramitación, mediación o arbitraje de quejas, reclamaciones y denuncias; d) constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información al consumidor; e) fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía; f) inspección de consumo y potestad sancionadora respecto de infracciones localizadas en su territorio; g) prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal y adopción de medidas preventivas definitivas, cuando se afronten en su totalidad dentro del término municipal, o provisionales cuando excedan del mismo; h) puntos de contacto municipales integrados en la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo.

16. Promoción del turismo: a) promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés; b) participación en la planificación y promoción del sistema turístico en Andalucía; c) diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia.

17. Actividades culturales y promoción de la cultura: a) planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas; b) gestión de sus instituciones culturales propias y construcción y gestión de sus equipamientos culturales; c) organización y promoción de actividades culturales y fomento de la creación y la producción artística y de las industrias culturales.

18. Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público: a) deporte de base y deporte para todos; b) construcción, gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas de titularidad propia; c) organización y, en su caso, autorización de competiciones que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular, en edad escolar y de grupos de atención especial; d) formulación de la planificación deportiva local.

19. Ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y servicios funerarios.

20. En materia de educación: a) vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; b) asistencia a la consejería en la aplicación de los criterios de admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos; c) conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, y puesta a disposición de los solares necesarios para nuevos centros; d) cooperación en la ejecución de la planificación educativa y en la gestión de los centros públicos escolares de su término.

21. Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.

22. Ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales.

23. Autorización de mercadillos de apertura periódica y promoción del acondicionamiento físico de sus espacios.

24. Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos.

25. Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de feria oficial, estén destinados a la promoción de productos singulares.

26. Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.

27. Provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los juzgados de paz.

28. Ejecución de las políticas de inmigración mediante la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes y la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar.

Datos clave

  • El artículo 9 recoge 28 apartados de competencias propias de los municipios andaluces.
  • Urbanismo: aprobación inicial y provisional del planeamiento general y definitiva del planeamiento de desarrollo.
  • Servicios sociales comunitarios conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Ciclo integral del agua: alta o aducción, baja, saneamiento, depuración y reutilización.
  • Catálogos y planes de protección no incluidos en el PGOU: informe preceptivo y vinculante de la consejería de cultura.
  • Medio ambiente: gestión del procedimiento de licencia ambiental.
  • Policía Local: creación conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
  • Educación: conservación de edificios de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de competencias propias de los municipios andaluces en 28 apartados: urbanismo, vivienda, servicios sociales, ciclo del agua, residuos, medio ambiente, salud, seguridad, consumo, cultura, deporte, educación y más.

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Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales.

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

Datos clave

  • Los municipios pueden asociarse entre sí o con otras entidades locales y administraciones públicas.
  • También con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
  • Pueden delegar o encomendar el ejercicio de competencias.
  • Pueden usar formas de gestión directa o indirecta de servicios permitidas por las leyes.
  • No se ven afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para ejercer competencias y prestar servicios, los municipios pueden asociarse, delegar o encomendar y usar cualquier forma de gestión legal, sin que cambie la titularidad ni las garantías ciudadanas.

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