Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
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Artículo 1
1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración local.
d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.
3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Datos clave
- El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
- También de las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y de los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- Son Administraciones públicas a estos efectos: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
- Incluye actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos autonómicos análogos.
- Incluye los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral.
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Fija qué es Administración pública a efectos de este orden (AGE, CCAA, entes locales y sus entidades vinculadas) y añade ciertos actos de órganos constitucionales y de la Administración electoral.
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Artículo 2
El artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, enumera las cuestiones de las que conocerá el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
Datos clave
- Respecto de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, conoce de la protección de derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones, cualquiera que sea la naturaleza del acto.
- Conoce de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública.
- Conoce de los actos de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
- Conoce de los actos de control de la Administración concedente sobre los concesionarios de servicios públicos.
- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones no puede demandarse ante los órdenes civil o social, aunque concurran particulares o haya seguro de responsabilidad.
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Lista positiva de lo que conoce el orden contencioso-administrativo: actos del Gobierno en sus aspectos controlables, contratos, Corporaciones de Derecho público, concesionarios, responsabilidad patrimonial y lo que atribuya una ley.
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Artículo 3
El artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, delimita negativamente su ámbito. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Datos clave
- Quedan fuera las cuestiones atribuidas expresamente a los órdenes civil, penal y social, aunque se relacionen con la actividad administrativa.
- Queda fuera el recurso contencioso-disciplinario militar.
- Quedan fuera los conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y la Administración y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
- Los recursos contra las Normas Forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo que queda fuera del contencioso-administrativo: materias de otros órdenes, el contencioso-disciplinario militar, los conflictos de jurisdicción y de atribuciones y los recursos contra las Normas Forales fiscales vascas.
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Artículo 4. Cuestiones prejudiciales e incidentales
1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
2. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.
Datos clave
- El orden contencioso-administrativo conoce de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo.
- Quedan excluidas las cuestiones de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
- La decisión no produce efectos fuera del proceso en que se dicta.
- La decisión no vincula al orden jurisdiccional correspondiente.
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El juez contencioso puede resolver cuestiones prejudiciales e incidentales de otros órdenes ligadas a su recurso, salvo las constitucionales, las penales y lo que digan los Tratados; lo que decida solo vale dentro de ese proceso.
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Artículo 5. Improrrogabilidad y falta de jurisdicción
El artículo 5 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece el carácter improrrogable de esta jurisdicción y el tratamiento de la falta de jurisdicción.
1. La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.
2. Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, si la nueva demanda que se formule ante el juzgado o tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en la referida resolución se presenta en el plazo de un mes desde que fuera notificada, se entenderá presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si se hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa. Al objeto de acreditar tales extremos la parte interesada podrá solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano judicial que haya dictado la resolución a que se refiere el apartado anterior.
La redacción vigente del apartado 3 procede del artículo 102.1 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.
- La falta de jurisdicción se aprecia de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
- El plazo de audiencia es un plazo común de diez días.
- Si la nueva demanda ante el orden competente se presenta en el plazo de un mes desde la notificación, se entiende presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.
- Ese efecto exige haber seguido las indicaciones de la notificación del acto o que ésta fuese defectuosa.
- La parte interesada puede solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano judicial que dictó la resolución.
- Apartado 3 modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La jurisdicción contencioso-administrativa es improrrogable: la falta de jurisdicción se aprecia de oficio, con audiencia de diez días, y quien acude después al orden competente en un mes conserva la fecha inicial.
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Artículo 25
1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.
Datos clave
- Es admisible contra disposiciones de carácter general y contra actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa.
- Los actos de trámite son recurribles si deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable.
- También es admisible contra la inactividad de la Administración.
- También contra las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.
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Qué se puede recurrir: disposiciones generales, actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa (los de trámite solo si son cualificados), la inactividad y la vía de hecho.
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Artículo 26
1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
Datos clave
- Cabe la impugnación directa de las disposiciones de carácter general.
- Cabe también impugnar los actos de aplicación fundándose en que la disposición no es conforme a Derecho (impugnación indirecta).
- No impide la impugnación indirecta que la disposición no se recurriera directamente.
- Tampoco lo impide la desestimación del recurso directo interpuesto contra ella.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un reglamento ilegal se puede atacar de forma directa o indirecta: impugnando los actos que lo aplican por ser ilegal la disposición. Haberlo dejado sin recurrir, o perder el recurso directo, no cierra esa vía.
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Artículo 28
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Datos clave
- No es admisible contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes.
- No es admisible contra actos confirmatorios de actos consentidos.
- Un acto se considera consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos tipos de actos no admiten recurso: los que reproducen otros anteriores definitivos y firmes, y los que confirman actos consentidos por no haberse recurrido en tiempo y forma. Así no se reabren plazos ya cerrados.
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Artículo 29
1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.
Datos clave
- La inactividad recurrible exige una obligación de realizar una prestación concreta a favor de personas determinadas, derivada de disposición general sin actos de aplicación, acto, contrato o convenio.
- Primero hay que reclamar a la Administración el cumplimiento.
- Si en tres meses desde la reclamación no cumple ni llega a acuerdo, cabe recurso contencioso-administrativo.
- Si la Administración no ejecuta sus actos firmes, los afectados pueden pedir la ejecución y, si no se produce en un mes, recurrir.
- El recurso por falta de ejecución de actos firmes se tramita por el procedimiento abreviado del artículo 78.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración debe una prestación concreta y no la cumple en tres meses desde la reclamación, o no ejecuta un acto firme en un mes desde que se pide, cabe recurso contra su inactividad.
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Artículo 30
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
Datos clave
- Ante una vía de hecho, el interesado puede requerir a la Administración actuante para que cese.
- El requerimiento es potestativo («podrá formular»).
- Si no se formula o no es atendido en diez días desde su presentación, cabe recurso contencioso-administrativo directo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante una vía de hecho, el interesado puede requerir a la Administración que cese; si no lo hace o esta no le atiende en diez días desde que presentó el requerimiento, puede recurrir directamente.
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Artículo 31
1. El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según el capítulo precedente.
2. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
Datos clave
- Pretensión de anulación: declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, anulación de actos y disposiciones.
- Pretensión de plena jurisdicción: reconocimiento de una situación jurídica individualizada.
- Puede pedirse la adopción de medidas para el pleno restablecimiento de esa situación.
- Entre esas medidas, la indemnización de daños y perjuicios, cuando proceda.
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El demandante puede pedir que se declare no conforme a Derecho y se anule el acto o disposición, y además el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, incluida la indemnización.
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Artículo 32
1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
2. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.
Datos clave
- Frente a la inactividad (artículo 29), se pide la condena de la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
- Frente a la vía de hecho, se pide que se declare contraria a Derecho.
- También que se ordene el cese de la actuación.
- Y, en su caso, las demás medidas del artículo 31.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué se puede pedir según lo que se recurra: ante la inactividad, que se condene a la Administración a cumplir sus obligaciones tal como están fijadas; ante una vía de hecho, que se declare ilegal, que cese y otras medidas del art. 31.2.
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Artículo 45
1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.
2. A este escrito se acompañará:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.
d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.
e) En los casos en que el recurso se haya interpuesto por un sindicato que actúe en nombre e interés del personal funcionario y estatutario conforme dispone la letra k) del artículo 19.1, el documento o documentos que acrediten la afiliación de dicho personal y la existencia de comunicación por el sindicato al afiliado de la voluntad de iniciar el proceso, así como la autorización expresa del afiliado al sindicato para dicha iniciación.
3. El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo al artículo 56.1, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artículo.
5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo.
Datos clave
- El recurso se inicia por un escrito de interposición reducido a citar lo impugnado y solicitar que se tenga por interpuesto, salvo que la Ley disponga otra cosa.
- Se acompañan: representación, legitimación transmitida, copia o identificación de lo recurrido, requisitos para accionar de las personas jurídicas y, si recurre un sindicato por sus afiliados, la acreditación de afiliación, comunicación y autorización expresa.
- El Secretario judicial examina de oficio la validez de la comparecencia y, si hay defectos, requiere subsanación en diez días; si no se subsana, el Juez o Tribunal se pronuncia sobre el archivo.
- El recurso de lesividad se inicia por demanda (artículo 56.1), acompañada de la declaración de lesividad y el expediente administrativo.
- Sin terceros interesados, el recurso puede iniciarse también directamente mediante demanda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurso empieza con un escrito de interposición breve y los documentos que lo acompañan; el Secretario judicial revisa la comparecencia y da diez días para subsanar. Lesividad y casos sin terceros pueden empezar por demanda.
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Artículo 46
1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.
3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Datos clave
- Acto expreso o disposición: dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación.
- Acto presunto: seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Inactividad (artículo 29): dos meses desde el día siguiente al vencimiento de los plazos de ese artículo.
- Vía de hecho: diez días desde el fin del plazo del artículo 30; sin requerimiento, veinte días desde el inicio de la actuación.
- Tras reposición potestativa, el plazo corre desde la notificación de su resolución expresa o desde su desestimación presunta.
- Recurso de lesividad: dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad.
- Litigios entre Administraciones: dos meses, salvo que una Ley establezca otra cosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los plazos para presentar el recurso: 2 meses si el acto es expreso, 6 si es presunto, y plazos especiales para vías de hecho, recurso de lesividad y litigios entre Administraciones.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 106
Revisión de disposiciones y actos nulos. 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. 2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
Datos clave
- ¿Qué dictamen previo exige la revisión de oficio de un acto nulo? → Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106.1).
- ¿Qué ocurre si pasan 6 meses desde el inicio de oficio sin resolución? → Caduca el procedimiento (art. 106.5).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Revisión de oficio de lo nulo: actos (art. 47.1) y disposiciones (art. 47.2) en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico; inadmisión sin dictamen; indemnizaciones; caducidad a los seis meses si se inició de oficio.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 107
Declaración de lesividad de actos anulables. 1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. 2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. 5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo puede declararse lesivo un acto? → Hasta 4 años desde que se dictó (art. 107.2).
- ¿Cabe recurso contra la declaración de lesividad? → No, solo se notifica a efectos informativos (art. 107.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para anular un acto favorable que solo es anulable, la Administración debe declararlo lesivo e impugnarlo ante lo contencioso. Límite de cuatro años, audiencia previa y caducidad a los seis meses.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 108
Suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Datos clave
- ¿Cuándo puede suspenderse la ejecución del acto en la revisión de oficio? → Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- Es una facultad («podrá»), no un automatismo, y su llave es el perjuicio de imposible o difícil reparación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Iniciada la revisión de oficio (arts. 106 y 107), el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad puede suspender la ejecución del acto si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 109
Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Datos clave
- ¿Qué actos pueden revocarse conforme al artículo 109? → Los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
- ¿Cuándo pueden rectificarse los errores materiales? → En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
- Se revoca lo que perjudica: los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos potestades distintas: revocar actos de gravamen o desfavorables mientras no haya prescrito, con límites, y rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 110
Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
Datos clave
- ¿Qué límites impone el artículo 110 a la revisión? → No cabe cuando por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.
- Cuatro límites: equidad, buena fe, derecho de los particulares y leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las facultades de revisión de oficio tienen un freno general: no pueden ejercerse cuando, por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias, resultaría contrario a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 111
Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. b) En la Administración General del Estado: 1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. c) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado: 1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. 2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.
Datos clave
- ¿Quién revisa de oficio los actos de los Ministros? → El Consejo de Ministros.
- ¿Y los de los Secretarios de Estado? → Los Ministros.
- Escalera: Consejo de Ministros → Ministros → Secretarios de Estado → órganos directivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién revisa de oficio disposiciones y actos nulos y anulables en el ámbito estatal: Consejo de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado y, en los organismos públicos, el órgano de adscripción y el máximo órgano rector.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 112
Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.
Datos clave
- ¿Qué actos de trámite son recurribles? → Los que deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
- ¿En qué motivos pueden fundarse los recursos? → En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48.
- Los cuatro trámites cualificados: fondo, imposibilidad de continuar, indefensión y perjuicio irreparable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Alzada y reposición caben contra resoluciones y contra actos de trámite cualificados, por cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. No caben contra disposiciones generales y las leyes pueden sustituirlos por otras vías.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 113
Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
Datos clave
- ¿Contra qué actos procede el recurso extraordinario de revisión y con qué condición? → Contra los actos firmes en vía administrativa, solo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
- Tres palabras clave para el test: actos firmes, sólo, y remisión al art. 125.1.
- Es el único recurso administrativo que procede contra actos firmes; alzada y potestativo de reposición se mueven antes de la firmeza.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra los actos firmes en vía administrativa solo cabe el recurso extraordinario de revisión, y únicamente si concurre alguna de las circunstancias del art. 125.1.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 114
Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Datos clave
- ¿Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de responsabilidad patrimonial? → Sí, cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de la que deriven.
- ¿Y las resoluciones de órganos que carecen de superior jerárquico? → Sí, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- Siete letras de la a) a la g).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de resoluciones que ponen fin a la vía administrativa: siete supuestos generales (letras a–g) y cuatro más en el ámbito estatal (letras a–d).
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 115
Interposición de recurso. 1. La interposición del recurso deberá expresar: a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
Datos clave
- ¿Qué ocurre si el recurrente califica mal su recurso? → No es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
- ¿Puede alegar un vicio de anulabilidad quien lo causó? → No.
- Cinco letras. Y dos reglas de oro: la calificación errónea no perjudica, y el causante del vicio no puede alegarlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué debe expresar el escrito de recurso (cinco letras, a–e), por qué un error al calificarlo no frena su tramitación y por qué quien causó un vicio de anulabilidad no puede alegarlo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 116
Causas de inadmisión. Serán causas de inadmisión las siguientes: a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
Datos clave
- ¿Cuáles son las cinco causas de inadmisión del recurso? → Incompetencia del órgano cuando el competente sea de otra Administración, falta de legitimación, acto no susceptible de recurso, plazo transcurrido y carencia manifiesta de fundamento.
- Cinco causas y una obligación: remitir cuando la competencia es de otra Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco causas de inadmisión del recurso administrativo; la de incompetencia solo opera si el competente es de otra Administración, y entonces el recurso se remite al órgano competente.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 117
Suspensión de la ejecución. 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. 3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
Datos clave
- ¿Suspende por regla general la interposición de un recurso? → No (art. 117.1).
- ¿Qué pasa si en un mes no se resuelve sobre la suspensión solicitada? → Se entiende suspendida la ejecución (art. 117.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurrir no suspende, por regla general, la ejecución del acto. El órgano que resuelve puede suspenderla ponderando perjuicios si hay daño de imposible o difícil reparación o causa de nulidad; si en un mes no contesta a la solicitud, queda suspendida.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 118
Audiencia de los interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo de audiencia en el recurso? → No inferior a diez días ni superior a quince.
- ¿Qué no tiene carácter de documento nuevo? → El recurso, los informes y las propuestas, ni lo aportado por los interesados antes de recaer la resolución recurrida.
- Horquilla 10-15 días. Y la lista de lo que NO es documento nuevo: recurso, informes, propuestas y lo ya aportado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Audiencia en vía de recurso: si se van a tener en cuenta hechos o documentos nuevos, se ponen de manifiesto a los interesados para alegar en diez a quince días; y no se admite lo que el recurrente pudo aportar antes y no aportó.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 119
Resolución. 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.
Datos clave
- ¿Puede la resolución del recurso agravar la situación del recurrente? → No, en ningún caso.
- ¿Qué se hace ante un vicio de forma cuando no procede resolver el fondo? → Se ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido.
- Tres ideas: tres sentidos posibles, retroacción por vicio de forma y prohibición de agravar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sentidos de la resolución del recurso, retroacción cuando hay vicio de forma y no procede entrar al fondo, y poder del órgano para decidir todas las cuestiones, con congruencia y sin agravar la situación del recurrente.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 120
Pluralidad de recursos administrativos. 1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. 3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.
Datos clave
- ¿Cuándo puede suspenderse el plazo para resolver una pluralidad de recursos? → Cuando traigan causa del mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio.
- Tres pasos: suspender, notificar (y es recurrible), y resolver tras el fallo sin más trámite salvo audiencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si varios recursos administrativos traen causa del mismo acto y ya hay recurso judicial, el órgano puede suspender el plazo para resolver hasta el pronunciamiento judicial y luego resolver sin más trámite que la audiencia, cuando proceda.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 121
Objeto. 1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.
Datos clave
- ¿Ante quién se interpone el recurso de alzada? → Ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, y lo resuelve el superior jerárquico del que lo dictó.
- ¿En qué plazo debe remitirlo el órgano que dictó el acto? → En diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente.
- Diez días para remitir, con informe y copia completa y ordenada del expediente.
- El dato de los tribunales de selección resuelve la pregunta clásica: ¿ante quién se recurre la calificación de un examen?
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurso de alzada contra actos del art. 112.1 que no ponen fin a la vía: lo resuelve el superior jerárquico, se presenta ante quien dictó el acto o ante el competente, y el primero debe remitirlo en diez días.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 122
Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. 3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso? → Un mes (art. 122.1).
- ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un recurso de alzada? → Tres meses (art. 122.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de la alzada: un mes para interponerla si el acto es expreso (después, firmeza), en cualquier momento si hay silencio; tres meses para resolver; y después solo cabe el extraordinario de revisión.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 123
Objeto y naturaleza. 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Datos clave
- ¿Ante qué órgano se interpone la reposición? → Ante el mismo órgano que dictó el acto.
- ¿Puede acudirse al contencioso mientras está pendiente la reposición? → No, hasta que sea resuelta expresamente o se produzca su desestimación presunta.
- Dos datos: mismo órgano y bloqueo temporal del contencioso mientras la reposición esté viva.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, la reposición es potestativa: se recurre ante el mismo órgano o se va directo al contencioso; pero si se interpone reposición, el contencioso espera a su resolución o desestimación presunta.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 124
Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso- administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición? → Un mes si el acto es expreso (art. 124.1).
- ¿Cuál es el plazo para resolver el recurso de reposición? → Un mes (art. 124.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de la reposición: un mes para interponerla si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento desde el día siguiente al acto presunto; un mes para resolver y no cabe nueva reposición.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 125
Objeto y plazos. 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo del recurso extraordinario de revisión por error de hecho? → Cuatro años desde la notificación de la resolución (art. 125.2).
- ¿Cuál es el plazo por las demás causas del recurso extraordinario de revisión? → Tres meses desde que se conocen los documentos o es firme la sentencia (art. 125.2).
- ¿Ante qué órgano se interpone el recurso extraordinario de revisión? → Ante el mismo órgano que dictó el acto firme (art. 125.1).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa: cuatro causas tasadas, ante el mismo órgano que los dictó y que lo resuelve; cuatro años para el error de hecho y tres meses para las demás.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 126
Resolución. 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Datos clave
- ¿Cuándo puede inadmitirse a trámite sin dictamen el recurso extraordinario de revisión? → Cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
- ¿Qué ocurre a los tres meses sin resolución? → Se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
- Tres datos: inadmisión sin dictamen, pronunciamiento sobre el fondo y silencio negativo a los tres meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Resolución del recurso extraordinario de revisión: inadmisión motivada sin dictamen en dos supuestos, pronunciamiento sobre procedencia y fondo, y silencio desestimatorio a los tres meses que abre el contencioso.