Oposhark

Las haciendas locales. Clasificación de ingresos. Las ordenanzas fiscales: procedimiento de elaboración y aprobación. Régimen jurídico del gasto público local. Control y fiscalización del gasto.

Practica este tema con tests de Auxiliar Administrativo/a — Diputación Provincial de Cádiz: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 105

1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales.

2. Las Haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la Ley.

Datos clave

  • Las Haciendas locales deben dotarse de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales
  • Se nutren de tributos propios, de participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, y de otros recursos que prevea la Ley

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Haciendas locales deben contar con recursos suficientes para los fines de las entidades locales y se nutren de tributos propios, de participaciones en los del Estado y las Comunidades Autónomas y de otros recursos legales.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 106

1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.

2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.

3. Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

Datos clave

  • Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos conforme a la legislación estatal y, en su caso, autonómica
  • La potestad reglamentaria en materia tributaria se ejerce mediante ordenanzas fiscales y ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección
  • La gestión, recaudación e inspección de los tributos propios es competencia de las entidades locales, sin perjuicio de delegaciones y fórmulas de colaboración

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales tienen autonomía tributaria dentro de la ley estatal de Haciendas locales; la ejercen con ordenanzas fiscales y generales y gestionan, recaudan e inspeccionan sus tributos propios, pudiendo delegar o colaborar.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 107

1. Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha.

2. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 1.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29623

Datos clave

  • Las Ordenanzas fiscales comienzan a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que señalen otra fecha.
  • Obligan en el territorio de la respectiva entidad local, aplicándose según los principios de residencia efectiva y de territorialidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Ordenanzas fiscales se aplican desde su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia o de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que fijen otra fecha, y obligan en el territorio de la entidad local.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 108

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de esta ley.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Se modifica por el art. 21.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155

Datos clave

  • Contra los actos de aplicación y efectividad de tributos locales y otros ingresos de Derecho Público procede el recurso de reposición de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
  • Ese recurso de reposición tiene carácter potestativo en los municipios sometidos al régimen de grandes ciudades del título X

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra los actos de aplicación de tributos locales y otros ingresos de Derecho Público se interpone el recurso de reposición específico de la Ley de Haciendas Locales, que es potestativo en los municipios del título X.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 109

1. La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho público dependientes de las anteriores tengan respectivamente con las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Lo previsto en este apartado se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública en materia de compensación de deudas.

2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las Comunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades de Derecho público dependientes de ellas tengan con las entidades de Derecho público o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Se modifica por el art. 1.29 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .

Datos clave

  • La extinción de deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y las Entidades Locales puede acordarse por compensación
  • Requisito: que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles
  • También se admite la compensación entre Comunidades Autónomas y entidades o sociedades vinculadas a las Entidades Locales

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas entre Estado, Comunidades Autónomas, Seguridad Social y sus entes dependientes y las Entidades Locales, en ambos sentidos, pueden extinguirse por compensación si son vencidas, líquidas y exigibles.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 110

1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria.

2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos, y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de dicha Jurisdicción.

Datos clave

  • Corresponde al Pleno de la Corporación declarar la nulidad de pleno derecho y revisar los actos de gestión tributaria (arts. 153 y 154 de la Ley General Tributaria)
  • En los demás casos, las entidades locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos
  • Su revisión requiere la previa declaración de lesividad para el interés público y la impugnación en vía contencioso-administrativa

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno declara la nulidad de pleno derecho y revisa los actos de gestión tributaria según los arts. 153 y 154 LGT; en los demás casos no puede anular sus actos declarativos de derechos y necesita lesividad e impugnación contencioso-administrativa.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 111

Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales, sin que les sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2, ambos de la presente Ley.

Se modifica por la disposición adicional 1.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29623

Datos clave

  • Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales y las modificaciones de ordenanzas fiscales se aprueban, publican y entran en vigor conforme a sus normas especiales reguladoras
  • No les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la Ley

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales y las modificaciones de Ordenanzas fiscales siguen sus normas especiales de aprobación, publicación y vigencia, sin aplicarles el art. 70.2 en relación con el 65.2.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 112

1. Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla.

2. La Administración del Estado determinará con carácter general la estructura de los Presupuestos de las entidades locales.

3. Aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público durante el plazo que señale la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales, con objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Una vez resueltas las que se hayan presentado, en los términos que prevea la Ley, el presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el «Boletín Oficial» de la Corporación, si lo tuviera, y resumido, en el de la Provincia.

4. La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

5. Si el presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior.

Datos clave

  • El presupuesto es único, anual, coincide con el año natural e integra el de la entidad y el de los organismos y empresas locales dependientes
  • La Administración del Estado determina con carácter general la estructura de los presupuestos locales
  • Tras la aprobación inicial se expone al público para reclamaciones
  • La aprobación definitiva por el Pleno debe realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio
  • Si no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorroga automáticamente la vigencia del presupuesto anterior

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El presupuesto local es único y anual, coincide con el año natural e integra el de la entidad y sus organismos y empresas; el Pleno lo aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre y, si no, se prorroga automáticamente el anterior.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 113

1. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo.

2. El Tribunal de Cuentas deberá en todo caso emitir informe cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición del recurso previsto en el párrafo primero y de las reclamaciones establecidas en los artículos 49, 108 y 112, número 3, no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Datos clave

  • Contra los actos que resuelven reclamaciones sobre presupuestos, tributos y ordenanzas fiscales cabe interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
  • El Tribunal de Cuentas debe emitir informe cuando la impugnación afecte a la nivelación presupuestaria
  • La interposición del recurso no suspende por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra los actos que resuelven reclamaciones sobre presupuestos, tributos y Ordenanzas fiscales cabe recurso contencioso-administrativo directo; el Tribunal de Cuentas informa si afecta a la nivelación presupuestaria y el recurso no suspende por sí solo.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 115

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula, y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en la misma.

Datos clave

  • La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas
  • Se ejerce con el alcance y las condiciones de su Ley Orgánica, sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en ella

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance de su Ley Orgánica y sin perjuicio de los supuestos de delegación que esta prevé.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 116

Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, la cual estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación, y serán asimismo objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.

Datos clave

  • Las cuentas anuales se someten a informe de la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio
  • La Comisión está integrada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación
  • Las cuentas son objeto de información pública antes de su aprobación por el Pleno, para reclamaciones, reparos u observaciones
  • Cabe denunciar ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las cuentas anuales pasan antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas y a información pública para reclamaciones antes de su aprobación por el Pleno; las irregularidades pueden denunciarse ante el Tribunal de Cuentas.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 116 bis

1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes.

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.

d) Racionalización organizativa.

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera acordado.

Se añade por el art. 1.30 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .

Datos clave

  • El plan económico-financiero se formula por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto
  • Debe incluir, al menos: supresión de competencias impropias, gestión integrada de servicios obligatorios, incremento de ingresos, racionalización organizativa
  • También debe incluir la supresión de entidades de ámbito inferior al municipio incumplidoras y una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia
  • La Diputación provincial asiste a las corporaciones y coordina las medidas de carácter supramunicipal

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La corporación local que incumple estabilidad presupuestaria, deuda pública o regla de gasto formula un plan económico-financiero con un contenido mínimo de medidas, y la Diputación asiste y coordina las supramunicipales.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 116 ter

1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo.

3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

Se añade por el art. 1.31 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .

Datos clave

  • Todas las Entidades Locales calculan el coste efectivo de los servicios antes del día 1 de noviembre de cada año
  • El cálculo se basa en los datos de la liquidación del presupuesto general del ejercicio inmediato anterior
  • Los costes efectivos se comunican al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes del 1 de noviembre de cada año, todas las Entidades Locales calculan el coste efectivo de sus servicios con datos del ejercicio anterior, con costes reales directos e indirectos, y lo comunican al Ministerio para su publicación.

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Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Tienen la consideración de bases del régimen jurídico financiero de la Administración local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, los preceptos contenidos en esta ley, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución ; todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.

2. Esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.

3. Igualmente, esta ley se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales.

Datos clave

  • Los preceptos de la ley son bases del régimen jurídico financiero local dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
  • Se exceptúan los apartados 2 y 3 del artículo 186.
  • El sistema tributario local se dicta en virtud del artículo 133 de la Constitución.
  • Las participaciones en los tributos del Estado desarrollan el artículo 142 de la Constitución.
  • Se respetan las competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
  • Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes forales del País Vasco y Navarra y de los tratados y convenios internacionales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley de Haciendas Locales es básica (art. 149.1.18.ª CE), salvo dos apartados del artículo 186; el sistema tributario local y la participación en tributos del Estado se apoyan en los artículos 133 y 142 CE. Se aplica en toda España.

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Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales.

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

d) Las subvenciones.

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.

f) El producto de las operaciones de crédito.

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

h) Las demás prestaciones de derecho público.

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Datos clave

  • La hacienda local se integra por ocho clases de recursos, letras a) a h).
  • Los tributos propios se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.
  • Incluye recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
  • Incluye participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, subvenciones, precios públicos y operaciones de crédito.
  • También multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y demás prestaciones de derecho público.
  • Para la cobranza de sus ingresos de derecho público, la hacienda local ostenta las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de los ocho recursos de la hacienda local, de los ingresos patrimoniales a las demás prestaciones de derecho público, y prerrogativas de la hacienda del Estado para cobrar tributos y demás ingresos de derecho público.

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Artículo 3. Definición.

1. Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.

2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público.

3. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.

4. Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos, salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública.

Datos clave

  • Son ingresos de derecho privado los rendimientos del patrimonio y las adquisiciones por herencia, legado o donación.
  • El patrimonio lo forman bienes y derechos reales o personales susceptibles de valoración económica no afectos al uso o servicio público.
  • Nunca son ingresos de derecho privado los procedentes de bienes de dominio público local.
  • Sí lo es el importe de la enajenación de bienes desafectados del dominio público y posteriormente vendidos.
  • El último concesionario antes de la desafectación tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta pública, salvo que la legislación autonómica prevea otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son ingresos de derecho privado los rendimientos del patrimonio local y lo adquirido por herencia, legado o donación; nunca lo que proceda del dominio público, aunque sí la venta de bienes desafectados, con preferencia del último concesionario.

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Artículo 4. Régimen jurídico.

La efectividad de los derechos de la hacienda local comprendidos en este capítulo se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

Datos clave

  • Se refiere a los ingresos de derecho privado de la hacienda local.
  • Su efectividad se sujeta a las normas y procedimientos del derecho privado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos de la hacienda local de este capítulo se hacen efectivos con las normas y procedimientos del derecho privado, no del público.

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Artículo 5. Limitación de destino.

Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Datos clave

  • Los ingresos por enajenación o gravamen de bienes patrimoniales no pueden financiar gastos corrientes.
  • Excepción: parcelas sobrantes de vías públicas no edificables.
  • Excepción: efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lo que se obtiene vendiendo o gravando bienes y derechos patrimoniales no puede pagar gastos corrientes, salvo las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

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Artículo 6. Principios de tributación local.

Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

Datos clave

  • Los tributos locales se establecen al amparo del artículo 106.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Principio de territorialidad: no gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos fuera del territorio de la entidad.
  • No gravar negocios, actos o hechos realizados fuera del territorio de la entidad impositora.
  • No obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.
  • No afectar a la fijación de la residencia de las personas ni a la ubicación de empresas y capitales, sin perjuicio de la ordenación urbanística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tributos locales tienen tres límites: no gravar lo situado o realizado fuera del territorio de la entidad, no gravar negocios o derechos ajenos a ese territorio y no obstaculizar la libre circulación ni la residencia o ubicación.

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Artículo 7. Delegación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye.

Asimismo, las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.

2. El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los "Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma", para general conocimiento.

3. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias propias de dicha entidad.

4. Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por delegación de una entidad local todas o algunas de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos o recursos de derecho público de dicha entidad local, podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

Datos clave

  • Base: artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Las entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas.
  • Facultades delegables: gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de Derecho público.
  • El acuerdo lo adopta el Pleno, que fija alcance y contenido; se publica, una vez aceptada, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma.
  • Los actos dictados por delegación se impugnan según el procedimiento del ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  • La entidad delegada puede ejercer las facultades en todo su ámbito territorial e incluso en el de entidades que no le hayan delegado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales pueden delegar la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, por acuerdo del Pleno.

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Artículo 8. Colaboración.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

De igual modo, las Administraciones a que se refiere el párrafo anterior colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales.

2. En particular, dichas Administraciones:

a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten y, en su caso, se establecerá, a tal efecto la intercomunicación técnica precisa a través de los respectivos centros de informática.

b) Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se determine, la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se reclamen.

c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos servicios de inspección.

d) Podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos.

Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen legal al que están sometidos el uso y la cesión de la información tributaria.

3. Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación.

4. Las entidades que, al amparo de lo previsto en este artículo, hayan establecido fórmulas de colaboración con entidades locales para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público propios de dichas entidades locales, podrán desarrollar tal actividad colaboradora en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales con las que no hayan establecido fórmula de colaboración alguna.

Datos clave

  • Base: artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Colaboran las Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
  • Se facilitarán información, asistencia mutua, comunicación inmediata de hechos con trascendencia tributaria y podrán elaborar planes de inspección conjunta o coordinada.
  • Todo ello sin perjuicio del régimen legal del uso y cesión de la información tributaria.
  • Inspección o recaudación ejecutiva fuera del territorio local: órganos de la comunidad autónoma (dentro de su ámbito) o del Estado (en otro caso), previa solicitud del presidente de la corporación.
  • Las entidades colaboradoras pueden actuar en todo su ámbito territorial e incluso en el de entidades sin fórmula de colaboración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Estado, comunidades autónomas y entidades locales colaboran en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público locales: información, asistencia, comunicación de hechos y planes conjuntos de inspección.

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Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación.

1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.

Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.

3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

Datos clave

  • Solo se reconocen beneficios fiscales previstos en normas con rango de ley o derivados de tratados internacionales.
  • Las ordenanzas fiscales pueden establecer beneficios en los supuestos expresamente previstos por la ley.
  • Bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota por domiciliar deudas de vencimiento periódico, anticipar pagos o colaborar en la recaudación.
  • Las leyes que establezcan beneficios fiscales determinarán fórmulas de compensación (no aplicable a los beneficios de las ordenanzas).
  • Si el Estado otorga moratorias o aplazamientos de tributos locales, debe arbitrar fórmulas de compensación o anticipo a favor de la entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En tributos locales solo valen los beneficios fiscales previstos en ley o tratados y los que fijen las ordenanzas en supuestos previstos por la ley, como la bonificación de hasta el 5 % por domiciliar, anticipar pagos o colaborar en la recaudación.

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Artículo 10. Recargos e intereses de demora.

En la exacción de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, los recargos e intereses de demora se exigirán y determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de los tributos del Estado.

Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, no se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

Datos clave

  • Recargos e intereses de demora: mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado.
  • Se aplica a tributos locales y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales.
  • Si la ordenanza lo prevé, no se exige interés de demora en aplazamientos o fraccionamientos solicitados en período voluntario.
  • Requisitos: deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, con pago total en el mismo ejercicio del devengo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recargos e intereses de demora de los ingresos locales se exigen como en los tributos del Estado; la ordenanza puede eximir del interés de demora ciertos aplazamientos o fraccionamientos pedidos en período voluntario.

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Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias.

En materia de tributos locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con las especificaciones que resulten de esta ley y las que, en su caso, se establezcan en las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Datos clave

  • Régimen de infracciones y sanciones: el de la Ley General Tributaria y sus disposiciones complementarias y de desarrollo.
  • Con las especificaciones del propio texto refundido.
  • Y con las que se establezcan en las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las infracciones y sanciones en tributos locales siguen la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, con las especificaciones de esta ley y, en su caso, de las ordenanzas fiscales dictadas al amparo de la ley.

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Artículo 12. Gestión.

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.

Datos clave

  • Gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales: conforme a la Ley General Tributaria y demás leyes del Estado y su desarrollo.
  • Las ordenanzas fiscales pueden adaptar esa normativa a la organización y funcionamiento interno de cada entidad.
  • La adaptación no puede contravenir el contenido material de dicha normativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales siguen la Ley General Tributaria y demás leyes estatales; las ordenanzas fiscales pueden adaptarlas a la organización interna de cada entidad sin contravenir su contenido material.

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Artículo 13. Consultas.

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas a que se refiere el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones.

Datos clave

  • Consultas tributarias del artículo 88 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Competencia para evacuarlas: la entidad que ejerza las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las consultas tributarias del artículo 88 de la Ley General Tributaria sobre tributos locales las contesta la entidad que ejerza la gestión, liquidación, inspección y recaudación de esos tributos.

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Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa.

1. Respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los párrafos siguientes:

a) La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.

Los actos dictados en materia de gestión de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, también estarán sometidos a los procedimientos especiales de revisión conforme a lo previsto en este apartado.

2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula.

a) Objeto y naturaleza.-Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.

b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado.

c) Plazo de interposición.-El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.

d) Legitimación.-Podrán interponer el recurso de reposición:

1.º Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.

2.º Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.

e) Representación y dirección técnica.-Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

f) Iniciación.-El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos:

1.º Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o del código identificador.

2.º El órgano ante quien se formula el recurso.

3.º El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos relativos a aquel que se consideren convenientes.

4.º El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.

5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso.

En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.

Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con el párrafo i) siguiente.

g) Puesta de manifiesto del expediente.-Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.

La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad de su jefe, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran.

h) Presentación del recurso.-El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna o en su defecto en las dependencias u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

i) Suspensión del acto impugnado.-La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria.

No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo, y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes especialidades:

1.º En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la entidad local que dictó el acto.

2.º Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.

3.º Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

j) Otros interesados.-Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.

k) Extensión de la revisión.-La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso.

Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.

l) Resolución del recurso.-El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los párrafos j) y k) anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados.

El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo.

La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.

m) Forma y contenido de la resolución.-La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.

Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.

n) Notificación y comunicación de la resolución.-La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de 10 días desde que aquélla se produzca.

ñ) Impugnación de la resolución.-Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.

Datos clave

  • Procedimientos especiales de revisión: artículo 110 de la Ley 7/1985; devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores, artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003.
  • No son revisables los actos confirmados por sentencia judicial firme.
  • Contra actos de aplicación y efectividad de tributos e ingresos de derecho público locales solo cabe recurso de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa cuando esta proceda.
  • Plazo de interposición: un mes desde el día siguiente a la notificación expresa o al fin de la exposición pública de padrones o matrículas.
  • Resuelve el órgano que dictó el acto; no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
  • La interposición no suspende la ejecución, salvo las sanciones tributarias, que quedan automáticamente suspendidas.
  • Otros interesados y cuestiones no planteadas: plazo de cinco días para alegaciones.
  • Resolución en un mes (silencio desestimatorio); notificación en 10 días; contra ella, recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra los actos de aplicación de tributos y demás ingresos de derecho público locales solo cabe el recurso de reposición: un mes para interponerlo, lo resuelve quien dictó el acto y, sin resolución en un mes, se entiende desestimado.

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Artículo 15. Ordenanzas fiscales.

1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Datos clave

  • Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las ordenanzas fiscales reguladoras, salvo los supuestos del artículo 59.1.
  • Para los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos que fijen elementos de las cuotas deben acordarlo y aprobar las ordenanzas fiscales oportunas.
  • La potestad reglamentaria del artículo 12.2 se ejerce en las ordenanzas de cada tributo o en ordenanzas específicas.
  • Las ordenanzas específicas regulan la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar sus ordenanzas fiscales; en los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos solo acuerdan si quieren usar sus facultades.

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Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales.

1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15.

Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.

Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15.

Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas.

Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último párrafo del apartado anterior.

Datos clave

  • Contenido mínimo: hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota, período impositivo y devengo.
  • También los regímenes de declaración y de ingreso.
  • Deben incluir las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
  • Los acuerdos de aprobación se adoptan simultáneamente a los de imposición de los tributos o de fijación de sus elementos.
  • Los acuerdos de modificación deben contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de aprobación y comienzo de aplicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo de las ordenanzas fiscales de los tributos que se imponen y de las que fijan elementos de impuestos, con su aprobación simultánea y lo que deben incluir sus modificaciones.

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Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.

En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden.

Datos clave

  • Los acuerdos provisionales se exponen en el tablón de anuncios durante treinta días, como mínimo, para examen y reclamaciones.
  • Los anuncios de exposición se publican en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial.
  • Diputaciones, entidades supramunicipales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes los publican además en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
  • Si no hay reclamaciones, el acuerdo provisional se entiende definitivo sin necesidad de acuerdo plenario.
  • Las ordenanzas no entran en vigor hasta la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia.
  • Diputaciones, consejos, cabildos insulares y entidades de más de 20.000 habitantes editan el texto íntegro dentro del primer cuatrimestre del ejercicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las ordenanzas fiscales siguen un iter: aprobación provisional, exposición pública de treinta días como mínimo con anuncios en boletín (y diario si procede), acuerdo definitivo y publicación íntegra para entrar en vigor.

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Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Datos clave

  • Regula quién puede reclamar contra los acuerdos provisionales del artículo 17.1.
  • Son interesados quienes tengan un interés directo o resulten afectados por los acuerdos.
  • También los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas.
  • Estas entidades deben velar por intereses profesionales, económicos o vecinales y actuar en defensa de los que les son propios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pueden reclamar contra los acuerdos provisionales quienes tengan interés directo o resulten afectados y las entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales cuando defiendan los suyos propios.

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Artículo 19. Recurso contencioso administrativo.

1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

Datos clave

  • Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas.
  • Contra ellas solo cabe recurso contencioso-administrativo.
  • El recurso puede interponerse a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial.
  • Si una resolución judicial firme anula o modifica la ordenanza, la entidad adecua a la sentencia las actuaciones posteriores a su notificación.
  • Se mantienen los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza anulada, salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra las ordenanzas fiscales del artículo 17.3 solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación; si una sentencia firme las anula, se adaptan las actuaciones posteriores y se mantienen los actos firmes salvo que la sentencia lo prohíba.

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Artículo 20. Hecho imponible.

El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales define el hecho imponible de las tasas locales.

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por:

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. No se considerará voluntaria la solicitud o la recepción cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

3. Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes (letras a a v): sacas de arena y de otros materiales de construcción; construcción de pozos de nieve, cisternas o aljibes; balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las públicas; vertido y desagüe de canalones; ocupación del subsuelo; apertura de zanjas, calicatas y calas y cualquier remoción de pavimento o aceras; ocupación con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas y andamios; entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada, carga y descarga; rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada y bocas de carga; ocupación del vuelo con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos y paravientos; tendidos, tuberías y galerías para conducciones de energía eléctrica, agua, gas u otro fluido, con sus postes, cables, transformadores, básculas o aparatos para venta automática; mesas, sillas, tribunas y tablados con finalidad lucrativa; quioscos en la vía pública; puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico; portadas, escaparates y vitrinas; rodaje y arrastre de vehículos no gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; tránsito de ganados; muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas; depósitos y aparatos distribuidores de combustible; instalación de anuncios; atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes; estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las zonas que se determinen; y, en las zonas de bajas emisiones, la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas establecidos.

4. Asimismo podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes (letras a a z): documentos que expidan o de que entiendan las autoridades locales a instancia de parte; autorización para utilizar el escudo de la entidad local; licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler; guardería rural; voz pública; vigilancia especial de establecimientos que lo soliciten; servicios especiales motivados por espectáculos públicos, grandes transportes o pasos de caravana; licencias urbanísticas y licencias de apertura de establecimientos, o la actividad administrativa de control cuando la licencia se sustituya por declaración responsable o comunicación previa; inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, ascensores, montacargas y aparatos análogos; servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, salvamentos y protección de personas y bienes; inspección sanitaria y servicios de laboratorio; sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación y desratización; asistencias y estancias en hospitales, clínicas, dispensarios, ambulancias y establecimientos benéfico-asistenciales; hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles y albergues; casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas; cementerios locales y servicios fúnebres; colocación de tuberías, hilos y cables en postes o galerías locales; alcantarillado y depuración de aguas residuales; recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos; distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos prestados por entidades locales; matadero, lonjas y mercados; enseñanzas especiales en establecimientos docentes locales; visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos y parques zoológicos; columnas y carteles para anuncios; enarenado de vías públicas a solicitud de particulares; y actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano distintas de las habituales de la Policía Municipal.

5. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil.

6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.

Datos clave

  • Hecho imponible: utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, o prestación de servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo.
  • El servicio o actividad genera tasa si no es de solicitud o recepción voluntaria o si no lo presta el sector privado.
  • No es voluntaria la solicitud impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o la de bienes o servicios imprescindibles para la vida privada o social.
  • El apartado 3 enumera supuestos de dominio público (letras a a v) y el apartado 4 supuestos de servicios (letras a a z).
  • Los Ayuntamientos pueden establecer una tasa por la celebración de matrimonios en forma civil.
  • Las contraprestaciones por servicios gestionados mediante personificación privada o gestión indirecta son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (artículo 31.3 de la Constitución).
  • Estas contraprestaciones se regulan mediante ordenanza, con informe preceptivo de las Administraciones con facultad de intervención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales pueden cobrar tasas por usar el dominio público local o por servicios y actividades que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, si no son voluntarios o no los presta el sector privado.

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Artículo 22. Compatibilidad con las contribuciones especiales.

Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos.

Datos clave

  • Las tasas por prestación de servicios son compatibles con las contribuciones especiales.
  • Las contribuciones especiales se exigen por el establecimiento o ampliación de los servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pagar una tasa por un servicio no impide exigir contribuciones especiales por establecer o ampliar ese mismo servicio: ambas figuras son compatibles.

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Artículo 23. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley.

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

c) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

d) En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Datos clave

  • Contribuyentes: personas físicas y jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Lo son quienes usen o aprovechen especialmente el dominio público local (artículo 20.3) o soliciten o se beneficien de servicios o actividades locales (artículo 20.4).
  • Sustitutos en servicios a ocupantes de viviendas o locales: los propietarios, que pueden repercutir las cuotas.
  • Sustitutos en licencias urbanísticas: los constructores y contratistas de obras.
  • Sustitutos en servicios de prevención y extinción de incendios, ruinas, salvamentos y protección: las entidades aseguradoras del riesgo.
  • Sustitutos en entradas de vehículos a través de las aceras: los propietarios de las fincas y locales, que pueden repercutir las cuotas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contribuyentes de las tasas son quienes aprovechan el dominio público local o se benefician de servicios locales; y en cuatro casos hay sustituto: propietarios, constructores, aseguradoras y dueños de fincas con vado.

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Artículo 24. Cuota tributaria.

El artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone lo siguiente.

1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.

En los supuestos de aprovechamiento especial del dominio público local mediante la circulación en zonas de bajas emisiones de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación, se podrá utilizar como valor de referencia de mercado el coste que hubiera tenido que abonar ese vehículo si hubiera estacionado en un aparcamiento público en lugar de circular por la zona calificada de bajas emisiones.

b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª o 2.ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a las personas usuarias de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c).

Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

6. Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra de las tasas o en su caso, de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por la entidad local.

Las ordenanzas especificarán los aspectos sustantivos y formales de la bonificación regulada en este apartado.

Datos clave

  • Tasas por dominio público: con carácter general, valor de mercado de la utilidad derivada; en licitación pública, valor de la proposición adjudicataria.
  • Empresas de suministros de interés general: 1,5 por ciento de los ingresos brutos de facturación anual en cada término municipal; excluida la telefonía móvil.
  • El importe del régimen especial no puede repercutirse a los usuarios.
  • Tasas por servicios: no pueden exceder del coste real o previsible del servicio o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
  • Cuota: tarifa, cantidad fija o aplicación conjunta de ambas, según la ordenanza fiscal.
  • Pueden tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica.
  • Destrucción o deterioro del dominio público: reintegro del coste y depósito previo; no cabe condonación.
  • Bonificación de hasta un 95 por ciento en la tasa de recogida de residuos a empresas alimentarias y de restauración con sistemas que reduzcan residuos alimentarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se calcula la tasa: por dominio público, el valor de mercado de la utilidad (o la oferta en licitación, o el 1,5 % de la facturación para suministros); por servicios, sin superar el coste real o previsible.

Esquema

Límite de la tasa según su hecho imponible
Dominio públicoServicio o actividad
ReferenciaValor de mercado de la utilidad derivadaCoste real o previsible, o valor de la prestación
Casos especialesLicitación: valor de la proposición; suministros: 1,5 % de ingresos brutosPuede atender a criterios genéricos de capacidad económica

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Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.

El artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone lo siguiente.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.

Datos clave

  • Los acuerdos de establecimiento de tasas requieren informes técnico-económicos.
  • Por dominio público: el informe pone de manifiesto el valor de mercado.
  • Para financiar nuevos servicios: el informe muestra la previsible cobertura del coste.
  • El informe se incorpora al expediente de adopción del acuerdo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para establecer tasas por dominio público o para financiar nuevos servicios hace falta un informe técnico-económico que acredite el valor de mercado o la previsible cobertura del coste, incorporado al expediente.

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Artículo 26. Devengo.

1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Datos clave

  • Devengo al iniciarse el uso privativo, el aprovechamiento especial o la prestación del servicio o actividad, con posible depósito previo total o parcial.
  • O al presentar la solicitud, que no se tramitará sin el pago correspondiente.
  • Devengo periódico: el 1 de enero de cada año, con período impositivo del año natural.
  • En caso de inicio o cese, el período se ajusta con prorrateo de la cuota según la ordenanza.
  • Si el servicio o aprovechamiento no se presta por causas no imputables al sujeto pasivo, procede la devolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tasas se devengan al iniciarse el uso o el servicio o al presentar la solicitud; las periódicas, el 1 de enero con prorrateo por inicio o cese; y si el servicio no se presta por causa ajena al sujeto pasivo, se devuelve.

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Artículo 27. Gestión.

1. Las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación.

2. Las entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Datos clave

  • Las entidades locales pueden exigir las tasas en régimen de autoliquidación.
  • Pueden firmar convenios de colaboración con organizaciones representativas de los sujetos pasivos.
  • Finalidad: simplificar obligaciones formales y materiales o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tasas pueden exigirse en régimen de autoliquidación, y las entidades locales pueden firmar convenios con organizaciones representativas de los sujetos pasivos para simplificar obligaciones o procedimientos.

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Artículo 162. Definición.

Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

Datos clave

  • El presupuesto general es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de obligaciones y derechos.
  • Recoge las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos.
  • Recoge los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio.
  • Incluye las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El presupuesto general local es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones máximas, los derechos previstos y las previsiones de las sociedades mercantiles íntegramente locales.

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Artículo 163. Ámbito temporal.

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y

b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Datos clave

  • El ejercicio presupuestario coincide con el año natural.
  • Se imputan los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven.
  • Se imputan las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ejercicio presupuestario es el año natural; se le imputan los derechos liquidados en él, vengan del período que vengan, y las obligaciones reconocidas durante él.

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Artículo 164. Contenido del presupuesto general.

1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

a) El presupuesto de la propia entidad.

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente:

a) Organismos autónomos de carácter administrativo.

b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter.

Datos clave

  • Las entidades locales elaboran y aprueban anualmente un presupuesto general.
  • Integra el presupuesto de la propia entidad y los de sus organismos autónomos.
  • Integra los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.
  • Los organismos autónomos son de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
  • Las normas de creación de cada organismo autónomo deben indicar expresamente su carácter.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la entidad local aprueba un presupuesto general que integra el suyo, el de sus organismos autónomos y las previsiones de sus sociedades íntegramente locales; los organismos autónomos son administrativos o comerciales.

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Artículo 166. Anexos al presupuesto general.

1. Al presupuesto general se unirán como anexos:

a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá:

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

Datos clave

  • Anexo: planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años (municipios y entidades supramunicipales).
  • Anexo: programas anuales de actuación, inversiones y financiación de sociedades mercantiles de capital íntegro o mayoritario local.
  • Anexo: estado de consolidación del presupuesto con los de organismos autónomos y sociedades mercantiles.
  • Anexo: estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
  • El programa financiero incluye inversión de cada uno de los cuatro ejercicios, ingresos previstos y operaciones de crédito necesarias.
  • Se da cuenta al Pleno con la aprobación del presupuesto; revisión anual añadiendo un nuevo ejercicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al presupuesto general se unen como anexos los planes de inversión a cuatro años, los programas de las sociedades, el estado de consolidación y el estado de la deuda; el plan de inversiones lleva un programa financiero.

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Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

El artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone lo siguiente.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artículo.

2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización.

3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: el primero relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en programas. Esta clasificación podrá ampliarse en más niveles, relativos a subprogramas respectivamente.

En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el ámbito de las entidades locales, los niveles de área de gasto y de política de gasto se ajustarán a los establecidos para la Administración del Estado.

b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.

c) la clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos para la Administración del Estado.

4. La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, ésta integrará asimismo la aplicación presupuestaria.

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 172 de esta Ley.

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá la estructura de la información de los presupuestos, de su ejecución y liquidación, a la que deberán ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión de dicha información.

Datos clave

  • La estructura de los presupuestos la establece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Clasificación por programas: área de gasto, política de gasto, grupos de programas y programas (ampliable a subprogramas).
  • Área y política de gasto se ajustan a las de la Administración del Estado.
  • Clasificación económica: capítulo, artículo y concepto (ampliable a subconcepto y partida); capítulo y artículo iguales a los del Estado.
  • Gastos corrientes: funcionamiento, intereses y transferencias corrientes; de capital: inversiones reales, transferencias de capital y activos y pasivos financieros.
  • Aplicación presupuestaria: al menos clasificación por programas y económica (grupo de programa o programa y concepto o subconcepto).
  • Control fiscal sobre el nivel de vinculación del artículo 172.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio de Hacienda fija la estructura de los presupuestos locales: clasificación por programas y económica en los gastos, con niveles iguales a los del Estado, y una aplicación presupuestaria mínima que combina ambas.

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Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.

El artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula la elaboración y la aprobación inicial del presupuesto general.

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

Datos clave

  • El presupuesto de la entidad local lo forma su Presidente.
  • Se acompaña de memoria, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social, e informe económico-financiero.
  • Los organismos autónomos remiten su presupuesto a la entidad local antes del 15 de septiembre de cada año.
  • Las sociedades mercantiles remiten sus previsiones de gastos e ingresos y programas anuales antes del 15 de septiembre.
  • El presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
  • El acuerdo de aprobación es único y ningún presupuesto integrante puede aprobarse separadamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Presidente forma el presupuesto con su documentación; organismos autónomos y sociedades mercantiles envían lo suyo antes del 15 de septiembre y el general va al Pleno antes del 15 de octubre, con un único acuerdo.

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Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Datos clave

  • Tras la aprobación inicial, exposición pública por 15 días previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, con reclamaciones ante el Pleno.
  • Sin reclamaciones, el presupuesto se considera definitivamente aprobado; con ellas, el Pleno tiene un mes para resolverlas.
  • La aprobación definitiva debe realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior.
  • Se publica resumido por capítulos en el boletín oficial de la provincia y se remite copia al Estado y a la comunidad autónoma.
  • Entra en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3.
  • Si no ha entrado en vigor al iniciarse el ejercicio, se prorroga automáticamente el del anterior con sus créditos iniciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tramitación del presupuesto general: exposición al público 15 días tras anuncio en el boletín, aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, publicación resumida por capítulos y prórroga automática si al empezar el año no está en vigor.

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Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Datos clave

  • Interesados: habitantes del territorio de la entidad local.
  • Interesados: directamente afectados aunque no habiten en el territorio.
  • Interesados: colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos y asociaciones en defensa de sus intereses propios.
  • Causa: no ajustarse la elaboración y aprobación a los trámites legales.
  • Causa: omitir el crédito necesario para obligaciones exigibles.
  • Causa: manifiesta insuficiencia de ingresos respecto de gastos o de estos respecto de las necesidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién puede reclamar contra el presupuesto inicialmente aprobado (habitantes, directamente afectados y entidades representativas) y las tres únicas causas tasadas de reclamación.

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Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo.

1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la corporación.

Datos clave

  • Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe directamente recurso contencioso-administrativo.
  • El Tribunal de Cuentas informa previamente cuando la impugnación afecte a la nivelación presupuestaria.
  • La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite recurrir en vía contencioso-administrativa la aprobación definitiva del presupuesto, exige informe previo del Tribunal de Cuentas si afecta a la nivelación presupuestaria, y aclara que el recurso no suspende la aplicación del presupuesto.

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Artículo 172. Especialidad y limitación de los créditos.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.

Datos clave

  • Principio de especialidad: los créditos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados.
  • La autorización procede del presupuesto general o de sus modificaciones debidamente aprobadas.
  • Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.
  • Los niveles de vinculación son los de la legislación presupuestaria del Estado, salvo disposición reglamentaria distinta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Principios de especialidad y limitación: cada crédito solo sirve para su finalidad autorizada y es limitativo y vinculante, con los niveles de vinculación de la legislación presupuestaria estatal salvo otra previsión reglamentaria.

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Artículo 173. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los compromisos de gasto.

1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.

2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.

3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a aquéllas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias previstas en las leyes.

4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

6. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de conformidad con las reglas contenidas en el capítulo VII del título I de esta ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.

Datos clave

  • Las obligaciones de pago solo son exigibles si resultan de la ejecución del presupuesto o de sentencia judicial firme.
  • No cabe embargo contra bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, salvo bienes patrimoniales no afectados a uso o servicio público.
  • El cumplimiento de las resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a las entidades locales.
  • Si se necesita crédito extraordinario o suplemento de crédito, se solicita al Pleno dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial.
  • Son nulos de pleno derecho los compromisos de gasto por cuantía superior a los créditos autorizados.
  • La disponibilidad de créditos se condiciona a compromisos firmes de aportación de terceros y a las autorizaciones del artículo 53 cuando haya previsiones en el capítulo IX de ingresos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece que las obligaciones de pago solo son exigibles si resultan de la ejecución del presupuesto o de sentencia firme, prohíbe embargar los bienes de la hacienda local afectos a un servicio público y declara nulos los compromisos de gasto por encima del crédito.

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Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual.

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.

A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos.

5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

Datos clave

  • Los gastos plurianuales se subordinan al crédito que autorice cada presupuesto anual.
  • Su ejecución debe iniciarse en el propio ejercicio.
  • Supuestos: inversiones y transferencias de capital, determinados contratos, arrendamientos de inmuebles, cargas financieras y transferencias corrientes derivadas de convenios.
  • En los supuestos a), b) y e) el número de ejercicios no será superior a cuatro.
  • Límites en a) y e): 70 por ciento el ejercicio siguiente, 60 por ciento el segundo y 50 por ciento el tercero y cuarto.
  • En casos excepcionales el Pleno puede ampliar las anualidades y elevar los porcentajes.
  • Estos compromisos se contabilizan de forma adecuada e independiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los gastos plurianuales se subordinan al crédito de cada ejercicio; solo caben en cinco supuestos, con ejecución iniciada en el propio ejercicio, límite de cuatro ejercicios y porcentajes 70-60-50-50 en algunos casos.

Esquema

Límites de los gastos plurianuales
Tope de cuatro ejerciciosPorcentajes 70-60-50-50
a) Inversiones y transferencias de capitalSíSí
b) Contratos que no pueden pactarse por un añoSíNo
c) Arrendamientos de inmueblesNoNo
d) Cargas financierasNoNo
e) Transferencias corrientes por convenioSíSí

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Artículo 213. Control interno.

El artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece las funciones de control interno de las entidades locales.

Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior.

Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.

Datos clave

  • El control interno alcanza la gestión económica de la entidad local, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes.
  • Modalidades: función interventora, función de control financiero (incluida la auditoría de cuentas) y función de control de la eficacia.
  • El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, establece las normas sobre procedimientos y metodología de control.
  • Los órganos interventores remiten anualmente a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los controles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control interno local abarca la entidad, sus organismos autónomos y sociedades dependientes en tres modalidades: función interventora, control financiero (con auditoría) y control de la eficacia.

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Artículo 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora.

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Datos clave

  • La función interventora fiscaliza los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que reconozcan y liquiden derechos y obligaciones de contenido económico.
  • Fiscaliza también los ingresos y pagos derivados y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos.
  • Comprende la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente.
  • Comprende la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago.
  • Comprende la intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el objeto de la función interventora (fiscalizar los actos económicos de la entidad y sus organismos autónomos) y sus cuatro modalidades de ejercicio.

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Artículo 215. Reparos.

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Datos clave

  • El reparo procede cuando el órgano interventor está en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes.
  • Los reparos se formulan por escrito.
  • Deben formularse antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el interventor discrepa del fondo o de la forma de lo que fiscaliza, debe formular sus reparos por escrito y antes de que se adopte el acuerdo o resolución.

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Artículo 216. Efectos de los reparos.

1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.

2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Datos clave

  • En materia de derechos, la oposición se formaliza en nota de reparo que en ningún caso suspende la tramitación.
  • En disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, el reparo suspende la tramitación en cuatro casos.
  • Suspende si se basa en insuficiencia de crédito o en que el propuesto no es adecuado.
  • Suspende si no se fiscalizaron los actos que originaron las órdenes de pago.
  • Suspende por omisión de requisitos o trámites esenciales o cuando derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue los efectos del reparo: si es sobre derechos, no suspende nunca la tramitación; si es sobre gastos, obligaciones o pagos, sí la suspende, salvo en cuatro supuestos tasados.

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Artículo 217. Discrepancias.

1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Datos clave

  • Por regla general, resuelve la discrepancia el presidente de la entidad local.
  • La resolución del presidente es ejecutiva.
  • Esta facultad no es delegable en ningún caso.
  • Resuelve el Pleno cuando el reparo se base en insuficiencia o inadecuación de crédito.
  • Resuelve el Pleno cuando se refiera a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el órgano reparado no está de acuerdo con el reparo, resuelve la discrepancia el presidente, salvo en dos casos tasados en que resuelve el Pleno.

Esquema

¿Quién resuelve la discrepancia?
SíNoReparo no aceptado¿Falta crédito o gastodel Pleno?Resuelve el PlenoResuelve el presidente

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Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias.

El artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula los informes sobre las resoluciones adoptadas contra los reparos del órgano interventor.

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.

Datos clave

  • El órgano interventor informa al Pleno de las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos y de las principales anomalías en materia de ingresos.
  • El informe no incluye cuestiones de oportunidad o conveniencia.
  • Constituye un punto independiente del orden del día de la sesión plenaria.
  • El Presidente puede presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
  • El Presidente puede elevar su resolución al órgano de control de la Administración con tutela financiera.
  • El órgano interventor remite anualmente al Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos contrarios a los reparos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando el Presidente resuelve contra los reparos del interventor, este lo eleva al Pleno en punto independiente y lo remite anualmente al Tribunal de Cuentas, junto con las anomalías en ingresos.

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Artículo 219. Fiscalización previa.

1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

2. El Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 de esta ley.

b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente.

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.

4. Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría.

Datos clave

  • Exentos de intervención previa: material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo tras intervenir el período inicial.
  • También los gastos menores de 3.005,06 euros pagados mediante anticipos de caja fija.
  • El Pleno, a propuesta del presidente y previo informe del interventor, puede limitar la intervención previa a extremos básicos (fiscalización limitada).
  • Extremos: existencia y adecuación del crédito, órgano competente y otros que determine el Pleno.
  • Las observaciones complementarias del interventor no tienen efectos suspensivos.
  • La fiscalización limitada se completa con otra plena posterior sobre una muestra representativa mediante técnicas de muestreo o auditoría.
  • El Pleno puede sustituir la fiscalización previa de derechos por la toma de razón en contabilidad y actuaciones comprobatorias posteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Excluye de la intervención previa ciertos gastos menores y permite al Pleno limitar la fiscalización previa a extremos tasados, sujeta después a una fiscalización plena por muestreo.

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Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero.

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.

Datos clave

  • El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de los servicios de la entidad local, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes.
  • Informa sobre la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de normas y directrices y el grado de eficacia y eficiencia.
  • Se realiza por procedimientos de auditoría conforme a las normas de auditoría del sector público.
  • Concluye con informe escrito de observaciones y conclusiones.
  • Los informes, con las alegaciones del órgano auditado, se envían al Pleno para su examen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de la entidad local, sus organismos autónomos y sociedades, mediante auditoría, y acaba en un informe escrito que va al Pleno.

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Artículo 221. Control de eficacia.

El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Datos clave

  • El control de eficacia consiste en la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos.
  • Incluye el análisis del coste de funcionamiento de los servicios o inversiones.
  • Incluye el análisis del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control de eficacia comprueba periódicamente si se cumplen los objetivos y analiza el coste de funcionamiento y el rendimiento de servicios e inversiones.

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Artículo 223. Control externo.

1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento.

2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior.

3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable.

4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales, tengan atribuidas por sus Estatutos las comunidades autónomas.

Datos clave

  • La fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica local es función propia del Tribunal de Cuentas.
  • Las entidades locales rinden al Tribunal la cuenta general del ejercicio anterior antes del 15 de octubre de cada año.
  • Tras la fiscalización, se somete a la entidad local la propuesta de corrección de anomalías y el ejercicio de las acciones procedentes.
  • Se salvan las actuaciones del Tribunal en materia de responsabilidad contable.
  • Sin menoscabo de las facultades de fiscalización externa atribuidas por sus Estatutos a las comunidades autónomas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de la entidad local es función del Tribunal de Cuentas, al que se rinde la cuenta general cada año.

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