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Los funcionarios públicos: situaciones administrativas. La responsabilidad y el procedimiento disciplinario. Derechos colectivos de los funcionarios.

Practica este tema con tests de Auxiliar Administrativo/a — Diputación Provincial de Cádiz: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 15

Derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

Datos clave

  • ¿Qué debe garantizarse al ejercer el derecho de huelga según el art. 15? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
  • ¿A qué otro artículo del Estatuto remite el derecho de reunión del art. 15? → Al artículo 46.
  • Cinco derechos, de la a) a la e). El de reunión es el único que remite a otro artículo (el 46), así que suele ser el que preguntan para comprobar si conoces la remisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco derechos individuales que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva y participación, huelga con servicios esenciales garantizados, conflictos colectivos y reunión, esta en los términos del art. 46.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 31 · Principios generales

Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

Datos clave

  • Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, la representación y la participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo.
  • Negociación colectiva: derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios para la interlocución entre las Administraciones y sus empleados. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
  • Las organizaciones sindicales más representativas en la Función Pública están legitimadas para recurrir en vía administrativa y jurisdiccional las resoluciones de los órganos de selección.
  • El ejercicio de estos derechos debe respetar el contenido del Estatuto y sus leyes de desarrollo, y los procedimientos tienen en cuenta los convenios y acuerdos internacionales ratificados por España.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los empleados públicos tienen derecho a negociación colectiva, representación y participación institucional; el artículo define cada uno, legitima a los sindicatos más representativos para recurrir actos de selección y fija sus límites.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 32 · Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

Datos clave

  • El personal laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente le son de aplicación.
  • Se garantiza el cumplimiento de los convenios y acuerdos del personal laboral; excepcionalmente, por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno pueden suspenderlos o modificarlos en la medida estrictamente necesaria.
  • En ese caso, deben informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La negociación, representación y participación del personal laboral público se rigen por la legislación laboral, más los preceptos del capítulo que les son aplicables. Sus convenios se cumplen, salvo suspensión excepcional por causa grave de interés público.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 33 · Negociación colectiva

Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.

Datos clave

  • Principios de la negociación colectiva de los funcionarios: legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
  • Se efectúa mediante Mesas de Negociación, con los representantes de la Administración y, por la parte sindical, las organizaciones más representativas a nivel estatal, las más representativas de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones a Delegados y Juntas de Personal de la unidad electoral.
  • La Administración puede encargar la negociación a órganos técnicos creados por ella, sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos por los órganos de gobierno o administrativos competentes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La negociación colectiva de los funcionarios sigue seis principios y se hace en Mesas de Negociación con la Administración y los sindicatos legitimados; puede encargarse a órganos técnicos.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 34 · Mesas de Negociación

Mesas de Negociación. 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. 3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. 5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. 6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

Datos clave

  • Se constituye una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, en cada Comunidad Autónoma, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales.
  • Se reconoce legitimación negocial a las asociaciones de municipios y a las Entidades Locales de ámbito supramunicipal; los municipios pueden adherirse a la negociación de ese ámbito.
  • Las Mesas Generales negocian las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito; de ellas pueden depender Mesas Sectoriales, cuya competencia alcanza a los temas comunes del sector no decididos por la Mesa General o que esta les reenvíe o delegue.
  • El proceso de negociación se abre en la fecha que fijen de común acuerdo la Administración y la mayoría de la representación sindical; a falta de acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes.
  • Ambas partes negocian bajo el principio de buena fe y se proporcionan la información que precisen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay una Mesa General de Negociación en el Estado, cada comunidad, Ceuta, Melilla y cada entidad local; de ella pueden depender Mesas Sectoriales. La negociación arranca en la fecha pactada o, sin acuerdo, en un mes como máximo.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 35 · Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Constitución y composición de las Mesas de Negociación. 1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto. 4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.

Datos clave

  • La Mesa queda válidamente constituida cuando, además de la Administración, las organizaciones sindicales legitimadas representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito.
  • Las variaciones de representatividad se acreditan con certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años desde la constitución de las Mesas.
  • Las partes designan a los componentes de la Mesa y pueden contar con asesores, con voz pero sin voto.
  • Ninguna de las partes puede superar los quince miembros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando los sindicatos presentes suman la mayoría absoluta de los órganos unitarios del ámbito. La representatividad se acredita cada dos años y ninguna parte puede superar quince miembros.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 36 · Mesas Generales de Negociación

Mesas Generales de Negociación. 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas. 2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación. Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.

Datos clave

  • Existe una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias; las organizaciones sindicales se distribuyen según los resultados en las elecciones a los órganos de representación del personal.
  • Se negocian en ella las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica; es objeto específico de negociación el incremento global de las retribuciones del personal que se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Para las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración se constituye una Mesa General en la Administración General del Estado, en cada comunidad autónoma, en Ceuta y Melilla y en las entidades locales.
  • En estas Mesas Generales están presentes también las organizaciones sindicales de la Mesa General de las Administraciones Públicas que hayan obtenido el 10 por 100 de los representantes del personal funcionario o laboral en el ámbito correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por la AGE, que negocia lo básico y el incremento retributivo anual. Además, cada Administración tiene su Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 37 · Materias objeto de negociación

Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. e) Los planes de Previsión Social Complementaria. f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. i) Los criterios generales de acción social. j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto. b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Datos clave

  • Son objeto de negociación, en su ámbito y según las competencias de cada Administración, entre otras: el incremento de retribuciones y las retribuciones complementarias; los criterios generales de acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos y planificación de recursos humanos; la evaluación del desempeño; la Previsión Social Complementaria; los planes y fondos de formación y promoción interna; los criterios generales de acción social; las propuestas sobre derechos sindicales y de participación; las que establezca la normativa de prevención de riesgos laborales; los criterios generales sobre ofertas de empleo público; y el calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y movilidad.
  • Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación: las decisiones sobre potestades de organización (si repercuten en condiciones de trabajo, procede negociar estas); la regulación de los derechos de los ciudadanos y usuarios y el procedimiento de formación de actos y disposiciones; las condiciones de trabajo del personal directivo; los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica; y la regulación de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera trece materias que deben negociarse (letras a a m) y cinco que quedan fuera de la obligatoriedad de negociar, con un matiz: las decisiones organizativas que repercutan en condiciones de trabajo sí se negocian.

Esquema

Acceso y carrera: qué se negocia
Negociable (ap. 1)Excluido de la obligatoriedad (ap. 2)
AccesoNormas que fijen los criterios generales de acceso, carrera, provisión…Regulación y determinación concreta de sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso
OrganizaciónCondiciones de trabajo afectadas por decisiones organizativasDecisiones que afecten a las potestades de organización

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 38 · Pactos y Acuerdos

Pactos y Acuerdos. 1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. 4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Datos clave

  • En el seno de las Mesas de Negociación se pueden concertar Pactos y Acuerdos con las organizaciones sindicales legitimadas para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios.
  • Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial estricto del órgano que los suscribe y se aplican directamente al personal; los Acuerdos versan sobre materias de competencia de los órganos de gobierno y necesitan su aprobación expresa y formal para su validez y eficacia.
  • Si un Acuerdo ratificado trata materias sometidas a reserva de ley, carece de eficacia directa y el órgano de gobierno con iniciativa legislativa elabora y remite el correspondiente proyecto de ley; si falta ratificación o hay negativa a incorporarlo, se renegocia en el plazo de un mes si lo solicita al menos la mayoría de una de las partes.
  • Deben determinar las partes, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, y la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia; se establecen Comisiones Paritarias de seguimiento.
  • Se remiten a la Oficina Pública que cada Administración determine y se publican en el Boletín Oficial que corresponda al ámbito territorial.
  • Se garantiza su cumplimiento, salvo suspensión o modificación excepcional por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, informando a las organizaciones sindicales.
  • Salvo acuerdo en contrario, se prorrogan de año en año si no hay denuncia expresa; los que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pactos (materias del órgano que los firma, aplicación directa) y Acuerdos (materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos). Si tocan reserva de ley, el Gobierno debe remitir un proyecto de ley; sin ratificación, se renegocia en un mes.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 39 · Órganos de representación

Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: De 50 a 100 funcionarios: 5. De 101 a 250 funcionarios: 9. De 251 a 500 funcionarios: 13. De 501 a 750 funcionarios: 17. De 751 a 1.000 funcionarios: 21. De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.

Datos clave

  • Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
  • Delegados de Personal: unidades con 6 o más y menos de 50 funcionarios; hasta 30 funcionarios se elige un Delegado y de 31 a 49 se eligen tres, que ejercen su representación conjunta y mancomunadamente.
  • Juntas de Personal: unidades electorales con un censo mínimo de 50 funcionarios.
  • Composición de la Junta: de 50 a 100 funcionarios, 5; de 101 a 250, 9; de 251 a 500, 13; de 501 a 750, 17; de 751 a 1.000, 21; de 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75.
  • Las Juntas eligen entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaboran su propio reglamento, que debe aprobarse por al menos dos tercios de sus miembros.
  • El Estado y cada Comunidad Autónoma regulan el establecimiento de las unidades electorales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los funcionarios se representan por Delegados de Personal (de 6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (desde 50), cuyo número de miembros sigue una escala con un máximo de 75.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 40 · Funciones y legitimación de los órganos de representación

Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Datos clave

  • Funciones de las Juntas y Delegados de Personal: recibir información sobre la política de personal; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslados de instalaciones e implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de las sanciones por faltas muy graves; ser oídos en jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo; y colaborar con la Administración para mantener e incrementar la productividad.
  • Las Juntas, colegiadamente y por decisión mayoritaria, y los Delegados, mancomunadamente, están legitimados para iniciar procedimientos administrativos y ejercitar acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Funciones de las Juntas y Delegados de Personal: recibir información, informar, ser informados de sanciones muy graves, ser oídos sobre jornada, vigilar y colaborar. Pueden iniciar procedimientos y acciones: la Junta colegiadamente y por mayoría, los Delegados mancomunadamente.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 41 · Garantías de la función representativa del personal

Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. De 101 a 250 funcionarios: 20. De 251 a 500 funcionarios: 30. De 501 a 750 funcionarios: 35. De 751 en adelante: 40. Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.

Datos clave

  • Garantías: acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en los expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; no ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con su mandato, durante el mismo ni en el año siguiente (salvo revocación o dimisión).
  • Crédito de horas mensuales retribuidas: hasta 100 funcionarios, 15; de 101 a 250, 20; de 251 a 500, 30; de 501 a 750, 35; de 751 en adelante, 40; se pueden acumular entre miembros de la misma candidatura, previa comunicación a la Jefatura de Personal.
  • No pueden ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón de su representación.
  • Observan sigilo profesional sobre los asuntos que la Administración declare reservados, incluso después de expirar el mandato.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Garantías de los Delegados y miembros de Juntas de Personal: acceso a dependencias, publicaciones, audiencia disciplinaria, crédito horario según escala, indemnidad, no discriminación y deber de sigilo.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 42 · Duración de la representación

Duración de la representación. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Datos clave

  • El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, con posibilidad de reelección.
  • Se entiende prorrogado si no se han promovido nuevas elecciones al término del mandato, sin que los representantes con mandato prorrogado cuenten para determinar la capacidad representativa de los sindicatos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El mandato de Juntas y Delegados de Personal dura cuatro años con reelección posible; se prorroga si no se promueven elecciones, pero los representantes prorrogados no cuentan para la capacidad representativa de los sindicatos.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 43 · Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. 1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.

Datos clave

  • Pueden promover elecciones: los sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los que, sin ser más representativos, hayan obtenido al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que hayan obtenido al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral por acuerdo mayoritario.
  • Los legitimados tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal de las unidades electorales, distribuido por organismos o centros de trabajo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco legitimados para promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: sindicatos más representativos estatales y autonómicos, sindicatos con el 10 por 100 en el conjunto o en la unidad, y los funcionarios por mayoría. Tienen derecho al censo.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 44 · Procedimiento electoral

Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.

Datos clave

  • El procedimiento se determina reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o por medios telemáticos.
  • Son electores y elegibles los funcionarios en servicio activo; no lo son quienes ocupan puestos con nombramiento por real decreto o por decreto de los consejos de gobierno autonómicos o de Ceuta y Melilla.
  • Pueden presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas, sus coaliciones y los grupos de electores de la unidad cuando su número sea al menos el triple de los miembros a elegir.
  • Las Juntas de Personal se eligen mediante listas cerradas con un sistema proporcional corregido; los Delegados de Personal, mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
  • Los órganos electorales son las Mesas Electorales y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados; las impugnaciones siguen un procedimiento arbitral, salvo las reclamaciones por denegación de inscripción de actas electorales, que van directamente a la jurisdicción social.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Criterios del procedimiento electoral de Juntas y Delegados de Personal: sufragio personal, directo, libre y secreto; electores en servicio activo; candidaturas sindicales o de electores; listas y sistemas distintos; impugnación arbitral.

Esquema

Juntas y Delegados de Personal
Juntas de PersonalDelegados de Personal
ListasCerradasAbiertas
SistemaProporcional corregidoMayoritario

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 45 · Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas.

Datos clave

  • Las Administraciones y las organizaciones sindicales pueden acordar la creación de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, con independencia de las comisiones paritarias del artículo 38.5.
  • Los conflictos pueden derivar de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias del artículo 37, excepto aquellas en que exista reserva de ley.
  • Los sistemas pueden incluir mediación y arbitraje: la mediación es obligatoria cuando la solicite una de las partes y sus propuestas pueden aceptarse o rechazarse libremente; en el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla.
  • El acuerdo de mediación o la resolución arbitral tienen la misma eficacia jurídica y tramitación que los Pactos y Acuerdos, si quienes los adoptan tienen legitimación; cabe recurso contra la resolución arbitral si no se observaron los requisitos y formalidades, si versó sobre puntos no sometidos a decisión o si contradice la legalidad vigente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Administración y sindicatos pueden crear sistemas extrajudiciales de mediación y arbitraje para conflictos colectivos sobre Pactos y Acuerdos, salvo materias con reserva de ley; sus resultados valen como un Pacto o Acuerdo y son impugnables.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 46 · Derecho de reunión

Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal. b) Las Juntas de Personal. c) Los Comités de Empresa. d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

Datos clave

  • Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de Delegados Sindicales): los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
  • Las reuniones en el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas.
  • La reunión no debe perjudicar la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pueden convocar reuniones los sindicatos, los Delegados y Juntas de Personal, los Comités de Empresa y al menos el 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de horas de trabajo, salvo acuerdo.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 85

Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Excedencia. e) Suspensión de funciones. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera? → Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.
  • ¿Quién puede regular otras situaciones administrativas? → Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
  • Cinco situaciones, en el orden del texto: activo, especiales, otras Administraciones, excedencia y suspensión (A-E-O-E-S).
  • Las tres situaciones de servicio van juntas al principio: servicio activo, servicios especiales y servicio en otras AAPP.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco situaciones administrativas del funcionario de carrera (activo, servicios especiales, otras Administraciones, excedencia y suspensión); las leyes de desarrollo pueden regular otras en ciertos supuestos.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 86

Servicio activo. 1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

Datos clave

  • ¿Quiénes se hallan en situación de servicio activo? → Quienes prestan servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración, organismo o entidad de destino, y no les corresponda quedar en otra situación.
  • ¿Por qué normas se rige el funcionario en servicio activo? → Por este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que preste servicios.
  • La coletilla que la convierte en situación residual: «y no les corresponda quedar en otra situación».
  • Derechos y deberes van en paquete: quien está en activo tiene todos los derechos, pero también todas las responsabilidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Está en servicio activo quien presta servicios como funcionario en cualquier Administración u organismo y no le corresponde otra situación. El de carrera en activo tiene todos los derechos y deberes de su condición.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 87

Servicios especiales. 1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. 4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.

Datos clave

  • ¿Qué duración mínima debe tener la misión en organismos internacionales para pasar a servicios especiales? → Un periodo determinado superior a seis meses.
  • ¿Qué retribuciones se perciben en servicios especiales? → Las del puesto o cargo que se desempeñe, no las de funcionario de carrera, sin perjuicio de los trienios reconocidos.
  • ¿A qué reingreso se tiene derecho como mínimo? → Al servicio activo en la misma localidad, con las condiciones y retribuciones de la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.
  • Misión en el extranjero: el umbral es «superior a seis meses». Por debajo, no hay servicios especiales.
  • Se cobra del cargo, pero los trienios siguen siendo tuyos: es la única partida de funcionario que se conserva.
  • El suelo del reingreso son dos cosas: misma localidad y categoría, nivel o escalón consolidados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Doce supuestos de servicios especiales (cargos de gobierno, misiones de más de seis meses, parlamentarios, cargos locales, eventuales, reservistas…), con retribuciones del cargo, trienios propios y reingreso garantizado.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 88

Servicio en otras Administraciones Públicas. 1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. 2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran. Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia. 3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.

Datos clave

  • ¿En qué situación quedan los funcionarios transferidos a una Comunidad Autónoma? → Se integran plenamente en su Función Pública y se hallan en situación de servicio activo en la Comunidad Autónoma en la que se integran.
  • ¿Cómo computa el tiempo de servicio en la Administración de destino por provisión? → Como servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
  • Transferido = activo en la CA de destino. Por provisión = servicio en otras AAPP, con la condición de origen intacta.
  • Lo que la CA debe respetar al integrar al transferido son dos cosas: Grupo o Subgrupo de origen y derechos económicos de su posición en la carrera.
  • El reconocimiento al reingresar: primero convenios del art. 84; en su defecto, la Administración de reingreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien obtiene destino en otra Administración por transferencia o provisión pasa a servicio en otras Administraciones; los transferidos a comunidades autónomas quedan en activo en ellas, con sus derechos.

Esquema

Transferido frente a destino por provisión
Transferido a comunidad autónomaDestino por provisión
SituaciónServicio activo en la comunidad autónomaServicio en otras Administraciones Públicas
RégimenIntegración plena en la Función Pública autonómicaLegislación de la Administración de destino efectivo

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 89

Excedencia. 1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. c) Excedencia por cuidado de familiares. d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 5. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

Datos clave

  • ¿Qué tiempo de servicios efectivos exige la excedencia voluntaria por interés particular? → Un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en cualquiera de las Administraciones Públicas.
  • ¿Cuánto dura la reserva del puesto en la excedencia por cuidado de familiares? → Al menos dos años; transcurridos, la reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
  • ¿Cuántos meses de retribuciones íntegras hay en la excedencia por violencia de género o sexual? → Los dos primeros meses, además de las prestaciones familiares por hijo a cargo en su caso.
  • ¿Hasta qué límite puede prorrogarse la reserva del puesto en esa excedencia? → Por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, cuando lo exijan las actuaciones judiciales.
  • Cinco modalidades, de la a) a la e), y solo las dos primeras llevan el apellido «voluntaria».
  • Lo que computa y lo que no: interés particular y agrupación familiar, nada; cuidado de familiares y violencia, sí.
  • Cifras de violencia de género o sexual: 2 meses de retribuciones íntegras, 6 meses de reserva, prórrogas de 3 en 3 hasta 18.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco excedencias del funcionario de carrera: interés particular, agrupación familiar, cuidado de familiares, violencia de género o sexual y violencia terrorista, con requisitos, reserva de puesto y cómputo distintos.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 90

Suspensión de funciones. 1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. 4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

Datos clave

  • ¿Cuándo determina la suspensión la pérdida del puesto de trabajo? → Cuando exceda de seis meses.
  • ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme por sanción disciplinaria? → Seis años.
  • ¿Puede el suspenso prestar servicios en otra Administración? → No, en ninguna Administración Pública ni en organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas, durante el cumplimiento de la pena o sanción.
  • Dos seises que no se mezclan: seis MESES para perder el puesto, seis AÑOS de tope de la suspensión firme por sanción disciplinaria.
  • Firme = sentencia penal o sanción disciplinaria. Provisional = procedimiento judicial o expediente disciplinario en tramitación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El suspenso queda privado de funciones y derechos y, si la suspensión pasa de seis meses, pierde el puesto. La firme viene de sentencia penal o sanción (esta, máximo seis años); la provisional, de un procedimiento en curso.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 91

Reingreso al servicio activo. Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Datos clave

  • ¿Qué tres cosas se regularán reglamentariamente para el reingreso al servicio activo? → Los plazos, los procedimientos y las condiciones.
  • ¿Qué derecho debe respetarse al regular el reingreso? → El derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.
  • Tres palabras que caen juntas: plazos, procedimientos y condiciones. Y una coletilla: reserva del puesto.
  • Regla de lectura: donde el TREBEP dice «reglamentariamente se regularán», no busques cifras.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los plazos, procedimientos y condiciones del reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan por reglamento, según la situación de procedencia y respetando la reserva de puesto cuando proceda.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 92

Situaciones del personal laboral. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Datos clave

  • ¿Por qué normas se rige el personal laboral en materia de situaciones? → Por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación.
  • ¿Quién puede extender el capítulo de situaciones administrativas al personal laboral y con qué límite? → Los convenios colectivos, en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
  • Dos verbos distintos: el laboral se regirá por ET y convenio (imperativo); el convenio podrá aplicar el capítulo (facultativo).
  • Doble filtro para aplicar el capítulo al laboral: que lo diga el convenio y que sea compatible con el ET.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las situaciones del personal laboral se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y sus convenios; estos pueden aplicarle el capítulo de situaciones de los funcionarios en lo compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 93

Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.

Datos clave

  • ¿Qué responsabilidad tiene quien induce a otro a cometer una falta disciplinaria? → La misma responsabilidad que el inducido.
  • ¿Qué faltas encubiertas generan responsabilidad y con qué requisito? → Las consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
  • ¿Qué norma rige el régimen disciplinario del personal laboral en lo no previsto en el título? → La legislación laboral.
  • Inductor = mismo castigo, sin condiciones. Encubridor = solo muy graves/graves consumadas y con daño grave.
  • Las faltas leves nunca generan responsabilidad del encubridor: el texto solo cita muy graves y graves.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Funcionarios y laborales están sujetos al régimen disciplinario del título. El inductor responde igual que el autor; el encubridor, solo de faltas muy graves o graves consumadas con daño grave. Al laboral se le aplica supletoriamente la legislación laboral.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 94

Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Datos clave

  • ¿Qué se hace si de la instrucción resultan indicios fundados de criminalidad? → Se suspende la tramitación del procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
  • Enumera los principios de ejercicio de la potestad disciplinaria del art. 94.2 → Legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo no favorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
  • ¿Qué vincula a la Administración de las resoluciones judiciales firmes? → Los hechos declarados probados.
  • Son cinco principios, de la a) a la e): le-i-p-c-p → legalidad/tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia.
  • Retroactividad solo hacia lo favorable; irretroactividad, hacia lo no favorable.
  • Dos palabras que se piden literales: indicios fundados de criminalidad y Ministerio Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones corrigen las infracciones cometidas en el ejercicio de las funciones, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal, conforme a cinco principios; ante indicios de delito se suspende el expediente y se avisa al Fiscal.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 95

Faltas disciplinarias. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual. c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. o) El acoso laboral. p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.

Datos clave

  • ¿Cómo se clasifican las faltas disciplinarias en el TREBEP? → Muy graves, graves y leves.
  • ¿Qué tres circunstancias se atienden para establecer las faltas graves? → El grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños al interés público, patrimonio o bienes, y el descrédito para la imagen pública de la Administración.
  • ¿Quién puede tipificar faltas graves? → La ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa autonómica y, para el personal laboral, los convenios colectivos.
  • ¿Es falta muy grave el acoso laboral? → Sí, letra o) del artículo 95.2.
  • Cuenta las muy graves: van de la a) a la p), con ñ incluida. La última, p), es la cláusula abierta de remisión a ley o convenio.
  • Los tres criterios de las graves se memorizan como legalidad, daño y descrédito.
  • Truco de descarte: si la pregunta dice que el TREBEP tipifica una falta grave concreta, es falsa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Faltas muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves, de la a) a la p); las graves las tipifica la ley o, para el laboral, el convenio según tres criterios; las leves, las leyes de Función Pública.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 96

Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. f) Apercibimiento. g) Cualquier otra que se establezca por ley. 2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Datos clave

  • ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme de funciones? → 6 años.
  • ¿Qué comporta el despido disciplinario del personal laboral? → La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba.
  • ¿En qué consiste la sanción de demérito? → En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
  • ¿Qué circunstancias determinan el alcance de cada sanción? → El grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación.
  • La letra g) exige ley: ni reglamento ni convenio pueden crear sanciones nuevas por sí solos según este artículo.
  • Cuatro criterios para el alcance: intención, daño, reincidencia y participación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de sanciones: separación (funcionarios) y despido disciplinario (laborales) solo por faltas muy graves, suspensión firme hasta seis años, traslado forzoso, demérito, apercibimiento y las que fije una ley; con readmisión del laboral fijo si el despido es improcedente.

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 97

Prescripción de las faltas y sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Datos clave

  • ¿A qué plazo prescriben las infracciones muy graves, graves y leves? → A los tres años, a los dos años y a los seis meses, respectivamente.
  • ¿A qué plazo prescribe la sanción impuesta por falta leve? → Al año.
  • ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción de una falta continuada? → Desde el cese de su comisión.
  • Memoriza 3-2-6 meses para faltas y 3-2-1 año para sanciones: solo cambia el último escalón.
  • Faltas continuadas: el reloj empieza al cese, no al inicio de la conducta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de prescripción: infracciones a 3 años, 2 años y 6 meses; sanciones a 3 años, 2 años y 1 año. La única diferencia entre las dos columnas está en las leves.

Esquema

Prescripción: faltas frente a sanciones
Falta (infracción)Sanción impuesta
Muy grave3 años3 años
Grave2 años2 años
Leve6 meses1 año
Inicio del cómputoDesde que se cometió; en las continuadas, desde el cese de su comisiónDesde la firmeza de la resolución sancionadora

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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 98

Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

Datos clave

  • ¿Cómo se imponen las sanciones por faltas leves? → Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
  • ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar? → 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.
  • ¿Qué ocurre si la suspensión provisional no llega a convertirse en sanción definitiva? → La Administración restituye la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera debido percibir, el tiempo computa como servicio activo y procede la inmediata reincorporación.
  • ¿Qué separación debe garantizar el procedimiento disciplinario? → La separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.
  • Dos procedimientos, dos velocidades: muy graves y graves → procedimiento previo; leves → sumario con audiencia.
  • Tres principios de estructura (eficacia, celeridad, economía procesal) más la regla de oro: instructor y sancionador, órganos distintos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Muy graves y graves exigen procedimiento previo con separación entre instructor y órgano sancionador; las leves van por procedimiento sumario con audiencia. La suspensión provisional no pasa de seis meses y su tiempo se abona.

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