Tema 4 — El Poder Judicial

El poder judicial en España se regula en el Título VI de la Constitución, que comprende los artículos 117 a 127. El artículo 117 establece los principios fundamentales que rigen la potestad jurisdiccional: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

El principio de independencia judicial es la garantía estructural central del sistema: ningún juez puede recibir instrucciones de ningún órgano —incluida la propia cúpula judicial— en cuanto al sentido de sus resoluciones. La independencia se complementa con la inamovilidad —los jueces no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados salvo por las causas y con las garantías previstas en la ley— y con la responsabilidad —los jueces responden de sus actos cuando actúan con dolo o culpa grave—.

El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5) prohíbe la existencia de tribunales de excepción y de fueros especiales, salvo la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. Junto a él, el principio de exclusividad jurisdiccional reserva la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a los juzgados y tribunales del poder judicial, con exclusión de cualquier otro poder o entidad.

Datos clave

• Art. 117 CE: jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos a la ley
• Principio de independencia judicial: sin instrucciones de ningún órgano sobre las resoluciones
• Principio de inamovilidad: no traslado, suspensión ni separación salvo causas legales
• Principio de unidad jurisdiccional: prohibición de tribunales de excepción y fueros especiales
• Excepción: jurisdicción militar en el ámbito castrense (art. 117.5)

El poder judicial español está articulado en cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social (o laboral). Cada orden tiene su propio escalón de juzgados y tribunales, con el Tribunal Supremo en la cúspide de todos ellos. La planta judicial se estructura de menor a mayor rango en Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional es un tribunal de ámbito nacional con sede en Madrid que conoce, en materia penal, de los delitos de especial relevancia como el terrorismo, el narcotráfico, los delitos monetarios y aquellos cometidos en el extranjero que la ley atribuye a la justicia española. En el orden contencioso-administrativo conoce de los actos dictados por los órganos de la Administración General del Estado con competencia en todo el territorio nacional.

Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) son los órganos que culminan la organización judicial en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. Conocen del recurso de casación para la unificación de doctrina en el orden social, de los recursos contencioso-administrativos contra actos de los gobiernos y administraciones autonómicas y de los recursos en materia civil foral o especial. También tienen competencia para enjuiciar a los aforados en el ámbito de su Comunidad Autónoma.

Datos clave

• Cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social
• Escalones judiciales: Juzgados de Paz - Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción - Audiencias Provinciales - TSJ - Audiencia Nacional - Tribunal Supremo
• Audiencia Nacional: sede en Madrid; terrorismo, narcotráfico, delitos de ámbito nacional
• TSJ: culmina la organización judicial en cada Comunidad Autónoma
• El Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes salvo TC

El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. Tiene sede en Madrid y está integrado por su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establezca. Se organiza en cinco Salas: la Sala Primera (Civil), la Sala Segunda (Penal), la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), la Sala Cuarta (Social) y la Sala Quinta (Militar).

El Tribunal Supremo conoce fundamentalmente del recurso de casación, que permite unificar la doctrina jurídica aplicable en todo el territorio nacional. La casación no es una tercera instancia —no se revisan de nuevo los hechos probados— sino un recurso extraordinario que depura la correcta aplicación del Derecho por los órganos judiciales inferiores. La Sala Tercera también enjuicia directamente determinados actos del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

El Presidente del Tribunal Supremo es también el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo que establece un nexo entre la cúspide jurisdiccional y el órgano de gobierno del poder judicial. Es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y tiene un mandato de cinco años.

Datos clave

• Órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo garantías constitucionales del TC)
• 5 Salas: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar
• Recurso de casación: unifica doctrina; no revisa hechos probados
• El Presidente del TS es también Presidente del CGPJ
• Mandato del Presidente: 5 años; nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del poder judicial en España, previsto en el artículo 122 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su misión es garantizar la independencia de jueces y magistrados frente al poder ejecutivo y al poder legislativo, asumiendo las funciones que de otro modo corresponderían al Ministerio de Justicia.

El CGPJ está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte vocales: doce elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, y ocho elegidos entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Los veinte vocales son propuestos por el Congreso de los Diputados y el Senado, diez cada uno, por mayoría de tres quintos. Su mandato es de cinco años.

Entre las competencias del CGPJ destacan los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados; la propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y de los Presidentes de Sala; la propuesta de magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al CGPJ; la elaboración de memorias e informes sobre el estado de la justicia; y la potestad reglamentaria sobre su propia organización.

Datos clave

• Art. 122 CE: el CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial
• Composición: Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces/magistrados + 8 juristas)
• Propuesta de vocales: 10 por el Congreso y 10 por el Senado, por mayoría de 3/5
• Mandato de los vocales: 5 años
• Competencias: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces

El Ministerio Fiscal es un órgano del Estado regulado en el artículo 124 de la Constitución y en su Estatuto Orgánico aprobado por Ley 50/1981. Tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, tanto de oficio como a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica —todos sus miembros están subordinados al Fiscal General del Estado—, legalidad —solo puede actuar conforme a la ley— e imparcialidad —no es parte procesal en sentido pleno sino garante del interés general—. Esta configuración lo distingue claramente de la abogacía, que defiende intereses particulares.

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, para un mandato de cuatro años. A diferencia de los jueces, el Ministerio Fiscal no forma parte del poder judicial, aunque actúa ante él en todas las jurisdicciones. Jerárquicamente depende del Ejecutivo en cuanto a su estatuto orgánico, pero goza de autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

• Art. 124 CE: regula el Ministerio Fiscal
• Misión: promover la acción de la justicia, defender la legalidad y los derechos ciudadanos
• Principios: unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad
• Fiscal General del Estado: nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno; mandato de 4 años
• No pertenece al poder judicial; actúa ante él en todas las jurisdicciones

La independencia judicial no es un privilegio personal de los jueces sino una garantía institucional en beneficio de los ciudadanos que acuden a la justicia. Se asegura a través de un conjunto de mecanismos que van desde la selección de jueces y magistrados hasta el régimen de incompatibilidades y el sistema disciplinario. El acceso a la carrera judicial se realiza mediante oposición libre, con la única excepción de los magistrados del Tribunal Supremo nombrados por el cuarto turno, que pueden acceder con un mínimo de años de ejercicio profesional en otras profesiones jurídicas.

El estatuto personal de los jueces incluye la inamovilidad, ya estudiada, y un estricto régimen de incompatibilidades: los jueces no pueden ejercer otra actividad pública o privada retribuida —salvo la docencia— ni pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos ni ejercer cualquier otra actividad que pueda comprometer su independencia. La afiliación a asociaciones judiciales está permitida, y estas tienen representación en el CGPJ.

El control de la actuación judicial tiene un doble cauce. El control interno se ejerce a través del sistema de recursos procesales —apelación, casación, nulidad de actuaciones—, que permite a los propios órganos judiciales superiores corregir las resoluciones de los inferiores. El control externo consiste en la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los jueces por sus actos, así como en la supervisión del CGPJ a través de su servicio de inspección.

Datos clave

• Independencia judicial: garantía institucional en beneficio de los ciudadanos
• Acceso a la carrera judicial: oposición libre (con excepción del cuarto turno del TS)
• Incompatibilidades: sin actividad privada retribuida (salvo docencia), sin partidos, sin sindicatos
• Asociaciones judiciales: permitidas; con representación en el CGPJ
• Doble control: interno (sistema de recursos) y externo (responsabilidad + inspección del CGPJ)

El artículo 119 de la Constitución establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este mandato se desarrolla en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que define los umbrales de renta por debajo de los cuales los ciudadanos tienen derecho a ser asistidos por un abogado y un procurador de oficio, sin coste alguno.

El artículo 120 consagra el principio de publicidad de las actuaciones judiciales: las sentencias se dictan en nombre del Rey, los juicios son públicos salvo excepciones previstas en la ley y las sentencias deben ser motivadas. La motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional que obliga a los jueces a exteriorizar el razonamiento jurídico que los llevó a la decisión adoptada y que permite el control por los órganos judiciales superiores.

El artículo 125 prevé dos formas de participación ciudadana en la administración de justicia: la acción popular, que permite a los ciudadanos ejercer la acusación en causas penales aunque no sean ofendidos por el delito, y el Tribunal del Jurado, para el enjuiciamiento de los delitos señalados por la ley. El Jurado en España está regulado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LO 5/1995) y se compone de nueve jurados más dos suplentes, que deciden sobre los hechos, dejando al juez técnico la aplicación del Derecho.

Datos clave

• Art. 119 CE: justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos
• Art. 120: principio de publicidad; sentencias motivadas; juicios públicos salvo excepciones legales
• Art. 125: acción popular + Tribunal del Jurado
• LO 5/1995: Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
• Jurado: 9 miembros + 2 suplentes; deciden sobre los hechos