Tema 1 — La Constitución Española de 1978

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Fue elaborada por una ponencia de siete diputados —conocida como los "padres de la Constitución"— pertenecientes a los principales grupos políticos del Congreso de los Diputados elegido en las elecciones de junio de 1977. El texto resultante fue fruto del consenso entre fuerzas de muy distinta orientación ideológica, lo que explica su carácter de norma integradora y su redacción frecuentemente abierta.

El proyecto fue aprobado por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y ratificado en referéndum popular el 6 de diciembre de 1978, con una participación cercana al 68 % y un apoyo del 87,8 % de los votos emitidos. Fue sancionada por el Rey Juan Carlos I y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día. El 6 de diciembre se celebra anualmente como el Día de la Constitución.

La Constitución de 1978 supuso la ruptura con el régimen franquista y el inicio de la Transición democrática consolidada. Es la octava constitución española de la historia si se cuentan los textos liberales del siglo XIX, y la que mayor período de vigencia continua ha tenido en España.

Datos clave

• Referéndum: 6 de diciembre de 1978
• Publicación en el BOE: 29 de diciembre de 1978
• Participación en referéndum: ~68 %; votos favorables: ~87,8 %
• Elaborada por ponencia de 7 diputados (padres de la Constitución)
• Octava constitución en la historia española

La Constitución Española de 1978 se compone de un Preámbulo, 169 artículos distribuidos en un Título Preliminar y diez Títulos numerados, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. Su extensión la sitúa entre las constituciones más largas de Europa occidental, lo que refleja el propósito de regular con detalle las instituciones y los derechos.

El Preámbulo expresa los valores y fines que la nación española proclama: garantizar la convivencia democrática, consolidar el Estado de Derecho, proteger los derechos fundamentales, promover el progreso económico y social, y establecer una sociedad democrática avanzada. Aunque carece de valor normativo directo, sirve como criterio interpretativo.

Cada uno de los diez Títulos aborda una materia diferente: el Título I recoge los derechos y deberes fundamentales; el Título II, la Corona; los Títulos III a VI, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y las relaciones entre ellos; el Título VII, economía y hacienda; el Título VIII, la organización territorial; el Título IX, el Tribunal Constitucional; y el Título X, la reforma constitucional.

Datos clave

• 169 artículos en total
• 1 Título Preliminar + 10 Títulos numerados (I al X)
• 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria, 1 Final
• Preámbulo sin valor normativo directo, sí interpretativo
• La estructura refleja la distribución de poderes y derechos

El Título Preliminar abarca los artículos 1 al 9 y contiene los principios constitutivos del Estado español. El artículo 1 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria, y la soberanía nacional reside en el pueblo español.

El artículo 2 reconoce la indisoluble unidad de la Nación española al tiempo que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, así como la solidaridad entre todas ellas. Esta dualidad ha sido el eje de la organización territorial plasmada en el Título VIII y es fuente recurrente de debate jurídico y político.

Los artículos 3 a 9 regulan el castellano como lengua oficial del Estado —junto con las demás lenguas de las Comunidades Autónomas—, la bandera, la capital (Madrid), los partidos políticos, los sindicatos y asociaciones empresariales, la Constitución como norma suprema, y el principio de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3).

Datos clave

• Art. 1: Estado social y democrático de Derecho; valores: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político
• Art. 1.3: forma política = Monarquía parlamentaria
• Art. 2: unidad de la Nación + derecho a la autonomía
• Art. 3: castellano, lengua oficial del Estado
• Art. 9.3: principios de legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad y responsabilidad

El Título I (arts. 10-55) es el más extenso de la Constitución y el de mayor trascendencia práctica. El artículo 10 abre el título con un doble fundamento: la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, así como el libre desarrollo de la personalidad, son el fundamento del orden político y la paz social; además, los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.

El Título I se organiza en cinco capítulos. El Capítulo I (arts. 11-13) regula la nacionalidad y la situación de los extranjeros. El Capítulo II (arts. 14-38) recoge los derechos y libertades con mayor protección: la sección 1.ª (arts. 15-29) contiene los derechos fundamentales y libertades públicas —vida, integridad, libertad ideológica, honor, reunión, asociación, tutela judicial—; la sección 2.ª (arts. 30-38), los derechos y deberes de los ciudadanos, como el servicio militar, el matrimonio o la propiedad privada.

El Capítulo III (arts. 39-52) comprende los principios rectores de la política social y económica: protección de la familia, salud, medio ambiente, vivienda y cultura. Son principios que orientan la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden ser alegados ante los tribunales conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El Capítulo IV regula las garantías de los derechos y el Capítulo V, la suspensión de derechos en estados de excepción.

Datos clave

• Art. 10: dignidad de la persona como fundamento del orden político
• Capítulo II, sección 1.ª (arts. 15-29): derechos fundamentales con máxima protección
• Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores, solo exigibles según ley de desarrollo
• Art. 53: tres niveles de protección según la categoría del derecho
• Art. 55: posibilidad de suspensión de ciertos derechos en estados excepcionales

El artículo 53 establece tres niveles de protección para los derechos del Título I. En primer lugar, todos los derechos del Capítulo II vinculan a los poderes públicos; su ejercicio solo puede regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial. En segundo lugar, los derechos de la sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15-29) gozan de protección reforzada: cualquier ciudadano puede recabar su tutela mediante un procedimiento judicial preferente y sumario y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, los principios del Capítulo III solo pueden invocarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.

El artículo 54 crea la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, con potestad para supervisar la actividad de la Administración y presentar un informe anual al Parlamento.

La suspensión de derechos está prevista en el artículo 55. En situaciones de estado de excepción o de sitio, declarados conforme al artículo 116, pueden suspenderse temporalmente algunos derechos como la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones. La suspensión individual de ciertos derechos puede además operar en investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo.

Datos clave

• Art. 53.1: todos los derechos del Capítulo II vinculan a poderes públicos; regulación solo por ley
• Art. 53.2: sección 1.ª del Cap. II protegida por recurso de amparo ante el TC
• Art. 54: Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales
• Art. 55: suspensión de derechos en estado de excepción o sitio
• Art. 116: declara los estados de alarma, excepción y sitio

La Constitución organiza los poderes del Estado conforme al principio clásico de separación de poderes, aunque articulado de forma específica en el modelo parlamentario español. El poder legislativo reside en las Cortes Generales (Título III, arts. 66-96), formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder ejecutivo corresponde al Gobierno (Título IV, arts. 97-116), que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. El poder judicial emana del pueblo y es ejercido exclusivamente por juzgados y tribunales (Título VI, arts. 117-127).

La Constitución instaura una Monarquía parlamentaria en la que el Rey es el Jefe del Estado (Título II, arts. 56-65). El monarca arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y sanciona y promulga las leyes. Sin embargo, sus actos están en todo caso refrendados por el Presidente del Gobierno u otros ministros, lo que sitúa la responsabilidad política en el Gobierno.

El Tribunal Constitucional (Título IX) no pertenece al poder judicial ordinario, sino que es el intérprete supremo de la Constitución, cuyas decisiones tienen eficacia erga omnes en determinadas materias. La organización territorial (Título VIII) distribuye el poder entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, configurando un Estado que la doctrina denomina Estado autonómico o Estado compuesto.

Datos clave

• Título II (arts. 56-65): la Corona
• Título III (arts. 66-96): Cortes Generales (poder legislativo)
• Título IV (arts. 97-116): Gobierno (poder ejecutivo)
• Título VI (arts. 117-127): poder judicial
• Título IX: Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la CE

El Título X de la Constitución (arts. 166-169) regula los procedimientos para su reforma, distinguiendo entre una vía ordinaria y una vía agravada según la importancia de la materia afectada. Esta distinción evidencia la voluntad del constituyente de otorgar mayor estabilidad a las partes esenciales de la norma fundamental.

El procedimiento ordinario del artículo 167 se aplica a la reforma de cualquier precepto que no esté sujeto al procedimiento agravado. Requiere la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hay acuerdo, se forma una comisión mixta y, si persiste el desacuerdo, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios siempre que el Senado la haya aprobado por mayoría absoluta. Una vez aprobada, puede someterse a referéndum si así lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

El procedimiento agravado del artículo 168 se aplica cuando la reforma afecta al Título Preliminar, al Capítulo II, sección 1.ª del Título I (derechos fundamentales) o al Título II (la Corona). En este caso, las Cortes deben aprobar el principio de reforma por mayoría de dos tercios, disolverse, celebrarse elecciones, y las nuevas Cortes deben ratificar la decisión y elaborar el nuevo texto también por mayoría de dos tercios, sometiéndolo obligatoriamente a referéndum. Hasta 2026 la Constitución solo ha sido reformada dos veces: en 1992 (art. 13.2, derecho de sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales) y en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria).

Datos clave

• Art. 167: reforma ordinaria, mayoría de 3/5 en cada Cámara; referéndum opcional (1/10 de los miembros)
• Art. 168: reforma agravada, mayoría de 2/3 + disolución + nuevas Cortes + referéndum obligatorio
• Materias blindadas: Título Preliminar, derechos fundamentales (Cap. II, secc. 1.ª) y Corona (Título II)
• Reforma de 1992: art. 13.2 (sufragio pasivo de ciudadanos europeos en municipales)
• Reforma de 2011: art. 135 (principio de estabilidad presupuestaria)