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El acto administrativo: concepto, clases y requisitos. La notificación y la publicación. La obligación de resolver: el silencio administrativo. La eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. Revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio y los recursos administrativos: clases y regulación.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 21

Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Datos clave

  • ¿Qué plazo máximo se aplica si la norma reguladora no fija ninguno? → Tres meses.
  • ¿Desde cuándo se cuenta el plazo en los procedimientos iniciados de oficio? → Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
  • ¿Qué supuestos se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa? → La terminación por pacto o convenio y los procedimientos de ejercicio de derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.
  • Seis meses es el plazo máximo salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea fije uno mayor; tres meses es el plazo supletorio cuando la norma reguladora no fija ninguno.
  • El artículo fija un plazo de diez días para incluir, en la comunicación al interesado, el plazo máximo de resolución y los efectos del silencio administrativo.
  • Dos excepciones a la obligación de resolver: pacto o convenio, y derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación. La caducidad o el desistimiento NO son excepción: obligan a resolver declarando la circunstancia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración siempre tiene que resolver y notificar, con tres excepciones. El plazo lo fija la norma del procedimiento con tope de seis meses; a falta de norma, tres meses. Y el cómputo cambia según se inicie de oficio o a solicitud.

Esquema

Cómputo y comunicación según la forma de iniciación
De oficioA solicitud del interesado
Inicio del cómputoFecha del acuerdo de iniciaciónFecha de entrada en el registro electrónico del órgano competente para tramitar
Dónde se informa del plazo y del silencioEn la notificación o publicación del acuerdo de iniciaciónEn comunicación dirigida al interesado en los diez días siguientes a la recepción de la solicitud
Dato añadidoNo se exige ninguno adicionalLa fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 22

Suspensión del plazo máximo para resolver. 1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. 2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos: a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo. b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

Datos clave

  • ¿Qué tope tiene la suspensión por informe preceptivo (art. 22.1.d)? → Máximo 3 meses; si no llega, el procedimiento continúa
  • ¿Qué diferencia hay entre los apartados 1 y 2 del art. 22? → El 1 son causas de suspensión potestativa/circunstancial; el 2, suspensión automática y obligatoria
  • Cita una causa de suspensión obligatoria del art. 22.2 → Por ejemplo, la recusación de un funcionario planteada por los interesados

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El plazo máximo para resolver y notificar puede pararse en siete casos en que la ley dice «se podrá suspender» (apartado 1) y se para en tres casos en que dice «se suspenderá» (apartado 2). La suspensión por informe preceptivo no puede pasar de tres meses.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 23

Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. 1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. 2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

Datos clave

  • ¿Cuál es el límite de la ampliación del plazo para resolver? → No puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento.
  • ¿Cabe recurso contra el acuerdo de ampliación? → No, aunque debe ser notificado a los interesados.
  • Tres datos: excepcional y motivada, tope igual al plazo original, e irrecurrible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Agotados los medios del apartado 5 del artículo 21, el órgano competente puede ampliar, excepcionalmente y de forma motivada, el plazo para resolver y notificar, sin superar el plazo del procedimiento. El acuerdo se notifica y es irrecurrible.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 24

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado. 2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.

Datos clave

  • ¿Cuál es la regla general del silencio en procedimientos a instancia de parte (art. 24.1)? → Estimatorio, salvo que lo contrario lo establezca una norma con rango de ley, una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España.
  • ¿Qué naturaleza jurídica tiene la estimación por silencio (art. 24.2)? → Acto administrativo finalizador del procedimiento, a todos los efectos
  • ¿En qué plazo se expide de oficio el certificado de silencio (art. 24.4)? → 15 días desde que expira el plazo máximo para resolver

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El vencimiento del plazo sin resolución expresa se entiende estimatorio salvo excepción legal; es siempre desestimatorio en derecho de petición, dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial y en recursos de impugnación o revisión de oficio.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 25

Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Datos clave

  • ¿Qué efecto tiene el silencio en un procedimiento de oficio del que pudieran derivarse derechos? → Los interesados que hubieran comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones.
  • ¿Y en un procedimiento sancionador o de intervención? → Se produce la caducidad, y la resolución que la declara ordena el archivo de las actuaciones.
  • Favorable de oficio → desestimación. Desfavorable de oficio → caducidad. No hay silencio positivo en el artículo 25.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los procedimientos de oficio, vencer el plazo no exime de resolver: si podían reconocer derechos, los comparecidos entienden desestimadas sus pretensiones; si eran sancionadores o de intervención, hay caducidad y archivo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 34

Producción y contenido. 1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

Datos clave

  • ¿Cómo debe ser el contenido de los actos administrativos? → Ajustado al ordenamiento jurídico, determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
  • Tres exigencias: competencia, procedimiento y contenido determinado y adecuado al fin.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo acto administrativo, de oficio o a instancia del interesado, lo dicta el órgano competente según los requisitos y el procedimiento establecido, y su contenido se ajusta al ordenamiento y es determinado y adecuado a sus fines.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 35

Motivación. 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Datos clave

  • ¿Debe motivarse un acto que se aparta del criterio de actuaciones anteriores? → Sí (art. 35.1.c).
  • ¿Deben motivarse los actos dictados en potestades discrecionales? → Sí, siempre (art. 35.1.i).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nueve grupos de actos que deben motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho; y la motivación de los actos que ponen fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva sigue sus convocatorias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 36

Forma. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Datos clave

  • ¿Quién deja constancia escrita de un acto dictado verbalmente? → El titular del órgano inferior o el funcionario que la recibe oralmente, expresando la autoridad de la que procede.
  • ¿Pueden refundirse varios actos en uno solo? → Sí, cuando sean de la misma naturaleza, especificando las personas y circunstancias que individualizan sus efectos.
  • Tres apartados, tres ideas: forma escrita electrónica, actos verbales y actos refundidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regla general: actos por escrito y por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Prevé también cómo se deja constancia escrita de los actos verbales y cuándo pueden refundirse actos de la misma naturaleza en uno solo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 37

Inderogabilidad singular. 1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

Datos clave

  • ¿Puede una resolución particular vulnerar una disposición general dictada por un órgano inferior? → No: la prohibición rige aunque la resolución proceda de un órgano de igual o superior jerarquía.
  • ¿Qué consecuencia tiene vulnerar una disposición reglamentaria? → La resolución es nula.
  • La clave es «aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía»: la jerarquía no salva la resolución singular.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Inderogabilidad singular: una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, aunque la dicte un órgano de igual o superior jerarquía al autor de la disposición. Son nulas las que vulneren un reglamento o incurran en las causas del art. 47.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 38

Ejecutividad. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Datos clave

  • La ejecutividad es la regla general de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.
  • Esa ejecutividad se aplica con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley (LPAC).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos, con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley 39/2015.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 39

Efectos. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.

Datos clave

  • ¿Desde cuándo producen efectos los actos administrativos, por regla general? → Desde la fecha en que se dictan (art. 39.1).
  • ¿Cuándo puede darse eficacia retroactiva a un acto? → Si sustituye a uno anulado o es favorable al interesado, sin lesionar a terceros (art. 39.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que ellos mismos dispongan otra cosa. La eficacia puede demorarse y, excepcionalmente, ser retroactiva; además, obligan a todos los órganos y regula el requerimiento entre Administraciones.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 40

Notificación. 1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

Datos clave

  • ¿Qué información sobre impugnación debe incluir la notificación según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015? → Los recursos procedentes, el órgano y el plazo para interponerlos.
  • ¿Cuál es la relación entre una resolución y su notificación? → La resolución contiene la decisión; la notificación comunica el acto con sus garantías.
  • Según el artículo 40.3 de la Ley 39/2015, una notificación con texto íntegro pero otros requisitos omitidos surte efecto cuando el interesado: → Actúa mostrando conocer su contenido y alcance o interpone un recurso procedente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La notificación incluye el texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa y los recursos, órgano y plazos procedentes.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 41

Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. 2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. 4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Datos clave

  • Según el artículo 41.2 de la Ley 39/2015, ¿qué notificación no debe efectuarse por medios electrónicos? → La que contenga un cheque como medio de pago a favor del obligado.
  • Un interesado recibe válidamente el mismo acto por dos cauces. Según el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, ¿qué fecha se toma como notificación? → La de la notificación producida en primer lugar.
  • Según el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tiene la falta del aviso de puesta a disposición sobre la validez de la notificación? → No impide por sí misma que la notificación sea considerada plenamente válida.
  • Según el artículo 41.3 de la Ley 39/2015, en un procedimiento iniciado a solicitud de una persona no obligada a la relación electrónica, ¿qué medio rige para notificar? → El señalado al efecto por la persona interesada en su solicitud.
  • Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de estos supuestos puede practicarse la notificación por medios NO electrónicos? → Si comparece espontáneamente en la oficina de registros y pide notificación personal.
  • Además del envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, sus fechas y horas y el contenido íntegro, ¿qué constancia exige el artículo 41.1 de la Ley 39/2015? → La identidad fidedigna del remitente y del destinatario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos; caben en papel por comparecencia espontánea o entrega directa, nunca electrónicas con elementos no convertibles o medios de pago, y vale la fecha de la primera.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 42

Práctica de las notificaciones en papel. 1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Datos clave

  • ¿Qué expresión utiliza el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 sobre la edad de quien puede recibir la notificación en el domicilio si el interesado está ausente? → Mayor de catorce años.
  • Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo debe repetirse el intento de notificación en papel cuando nadie se hace cargo? → Por una sola vez, en hora distinta y dentro de los tres días siguientes
  • Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué margen mínimo debe mediar entre los dos intentos de notificación en papel? → Tres horas
  • Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre con las notificaciones practicadas en papel respecto de la sede electrónica? → Se ponen en la sede electrónica para permitir el acceso voluntario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones en papel se ponen también en la sede electrónica. En el domicilio, si falta el interesado, puede recogerla un mayor de catorce años; si nadie la recoge, un solo segundo intento en tres días, al otro lado de las quince horas y con tres horas de margen.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 43

Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. 4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Datos clave

  • Una persona no obligada recibe en la sede una copia de su notificación en papel, sin haber elegido el canal electrónico. ¿La mera falta de acceso activa el rechazo del artículo 43.2 de la Ley 39/2015? → No, exige notificación electrónica obligatoria o expresamente elegida.
  • ¿Qué basta para cumplir la obligación del artículo 40.4 de la Ley 39/2015 cuando se notifica electrónicamente, según su artículo 43.3? → La puesta a disposición en sede o en la dirección electrónica habilitada única.
  • Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿cuándo se entiende practicada una notificación electrónica? → En el momento en que se produce el acceso a su contenido
  • Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, ¿cuándo opera el rechazo por falta de acceso de una notificación electrónica obligatoria o expresamente elegida? → A los diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceso.
  • Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por comparecencia en la sede electrónica? → El acceso al contenido por el interesado o representante identificado.
  • Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿desde qué portal pueden los interesados acceder a sus notificaciones? → Desde el Punto de Acceso General electrónico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en sede o por la dirección electrónica habilitada única; se entienden practicadas al acceder y, si son obligatorias o elegidas, rechazadas a los diez días naturales sin acceso.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 44

Notificación infructuosa. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Datos clave

  • Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, ¿dónde debe publicarse el anuncio cuando la notificación resulta infructuosa? → En el Boletín Oficial del Estado
  • Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tienen las formas de notificación complementarias que establezcan las Administraciones? → No sustituyen el anuncio obligatorio en el Boletín Oficial del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el interesado es desconocido, se ignora el lugar de notificación o el intento fracasa, se notifica por anuncio en el BOE. Antes, de forma facultativa, puede publicarse en otros boletines o tablones, y caben otras formas complementarias, pero nunca en lugar del BOE.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 45

Publicación. 1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. 2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. 3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.

Datos clave

  • Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de estos casos la publicación surte los efectos de la notificación? → En actos de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
  • Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿qué debe indicar la convocatoria de un procedimiento selectivo respecto de las publicaciones? → El medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
  • Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, ¿en qué diario oficial se publican los actos? → En el correspondiente a la Administración de origen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos se publican cuando lo dicen sus normas o por interés público; y en todo caso, con efectos de notificación, si van a una pluralidad indeterminada o son de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 46

Indicación de notificaciones y publicaciones. Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.

Datos clave

  • ¿Qué se publica cuando la publicación del acto lesiona derechos o intereses legítimos? → Una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde comparecer para conocerlo íntegramente.
  • Las formas de notificación complementarias no excluyen la obligación de publicar en el Diario oficial correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si publicar el acto entero lesiona derechos, se publica solo una pista: qué es y dónde ir a leerlo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 47

Nulidad de pleno derecho. 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Datos clave

  • ¿Es nulo un acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio? → Sí, de pleno derecho (art. 47.1.b).
  • ¿Puede una disposición sancionadora desfavorable tener efecto retroactivo? → No; si lo tiene, es nula de pleno derecho (art. 47.2).
  • ¿Qué ocurre con un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento? → Es nulo de pleno derecho (art. 47.1.e).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos, de la lesión de derechos amparables a los previstos por ley, y cuatro de las disposiciones administrativas, entre ellos la retroactividad sancionadora desfavorable.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 48

Anulabilidad. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Datos clave

  • ¿Cuándo anula un defecto de forma el acto? → Solo si le falta un requisito indispensable para su fin o causa indefensión (art. 48.2).
  • ¿La desviación de poder es causa de nulidad o de anulabilidad? → De anulabilidad (art. 48.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Anulabilidad: cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo si falta un requisito indispensable o hay indefensión; la actuación fuera de plazo solo si lo impone la naturaleza del plazo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 49

Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. 1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. 2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Datos clave

  • ¿Arrastra la nulidad de un acto a los sucesivos del procedimiento? → No, si son independientes de aquel.
  • ¿Cuándo la invalidez parcial arrastra a todo el acto? → Cuando la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado.
  • Palabra clave en los dos apartados: independientes. Y la excepción del apartado 2 es la importancia determinante de la parte viciada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La invalidez no se contagia a lo independiente: ni a los actos sucesivos independientes del primero ni a las partes independientes del mismo acto, salvo que la parte viciada sea tan importante que sin ella el acto no se habría dictado.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 50

Conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Datos clave

  • La conversión se aplica a actos nulos o a actos anulables.
  • Para que opere, el acto viciado debe contener los elementos constitutivos de otro acto distinto.
  • El resultado es que produce los efectos de ese otro acto distinto, no los del acto viciado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Conversión: un acto nulo o anulable que contiene los elementos constitutivos de otro acto distinto produce los efectos de ese otro acto.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 51

Conservación de actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Datos clave

  • ¿Qué actos y trámites se conservan al declararse la nulidad o anularse actuaciones? → Aquellos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
  • La palabra que cae en el test es «siempre»: conservación obligatoria, no facultativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien declara la nulidad o anula actuaciones debe conservar siempre los actos y trámites cuyo contenido habría sido igual sin la infracción.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 52

Convalidación. 1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. 3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Datos clave

  • ¿Se pueden convalidar los actos nulos de pleno derecho? → No, solo los anulables (art. 52.1).
  • ¿Quién puede convalidar un acto viciado por una incompetencia no determinante de nulidad? → El órgano competente, cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado (art. 52.3).
  • ¿Desde cuándo produce efectos la convalidación? → Desde su propia fecha, salvo retroactividad excepcional (art. 52.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración puede convalidar actos anulables subsanando el vicio; el acto de convalidación produce efectos desde su fecha, y si el vicio era de incompetencia no esencial o falta de autorización, convalida el superior jerárquico o quien la otorgue.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 97

Título. 1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.

Datos clave

  • ¿Qué se exige antes de una actuación material de ejecución que limite derechos? → Que se haya adoptado previamente la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
  • Dos exigencias: resolución previa y notificación de esa resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ninguna actuación material de ejecución que limite derechos puede iniciarse sin la resolución previa que le sirva de fundamento, y quien ordena la ejecución debe notificar esa resolución al interesado.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 98

Ejecutoriedad. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación o autorización superior. 2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria. d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las cuatro excepciones a la ejecutividad inmediata? → Suspensión de la ejecución, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario y necesidad de aprobación o autorización superior.
  • ¿Cómo se abonan preferentemente las obligaciones de pago a la Hacienda pública? → Por medios electrónicos: tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación u otros autorizados.
  • Cuatro excepciones: suspensión, sanción recurrible, disposición en contra y aprobación superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos salvo en cuatro casos, y los pagos a la Hacienda pública que nazcan de una resolución se hacen preferentemente por medios electrónicos, salvo imposibilidad justificada.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 99

Ejecución forzosa. Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

Datos clave

  • ¿Qué requisito previo exige la ejecución forzosa? → El apercibimiento.
  • ¿En qué casos no cabe la ejecución forzosa administrativa? → Cuando se suspenda la ejecución conforme a la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
  • Palabra clave: apercibimiento previo. Y dos límites: suspensión y reserva judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones, por sus órganos competentes, pueden ejecutar forzosamente sus actos previo apercibimiento, salvo que la ejecución esté suspendida conforme a la Ley o que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 100

Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. 2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa? → Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
  • ¿Qué criterio se sigue si caben varios medios? → Elegir el menos restrictivo de la libertad individual.
  • Orden del artículo: apremio, subsidiaria, coercitiva, compulsión. De lo patrimonial a lo personal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro medios de ejecución forzosa, siempre con proporcionalidad: apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión. Si caben varios, el menos restrictivo de la libertad; y para entrar en un domicilio, consentimiento del titular o autorización judicial.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 101

Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Datos clave

  • ¿Qué procedimiento se sigue para hacer efectiva una cantidad líquida? → El procedimiento de apremio previsto en sus normas reguladoras.
  • ¿Puede imponerse una obligación pecuniaria sin norma de rango legal? → No.
  • Dos ideas: apremio para lo líquido y reserva de ley para toda obligación de pago.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un acto obliga a pagar una cantidad líquida, se sigue el procedimiento de apremio; y nunca puede imponerse una obligación pecuniaria que no esté establecida con arreglo a una norma de rango legal.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 102

Ejecución subsidiaria. 1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Datos clave

  • ¿Cuándo procede la ejecución subsidiaria? → Cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
  • ¿Puede exigirse el importe antes de la ejecución? → Sí, liquidándolo de forma provisional, a reserva de la liquidación definitiva.
  • La clave del artículo es «no personalísimos». Y el cobro puede ser anticipado y provisional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ejecución subsidiaria: si el acto no es personalísimo y puede hacerlo otro, la Administración lo realiza, por sí o por quien determine, a costa del obligado, y puede liquidar el importe provisionalmente antes de ejecutar.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 103

Multa coercitiva. 1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Datos clave

  • ¿Es la multa coercitiva compatible con una sanción? → Sí: es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.
  • ¿Qué se necesita para imponerla? → Que una Ley lo autorice, en la forma y cuantía que ella determine.
  • Tres supuestos: no cabe compulsión, cabe pero no conviene, o puede encargarlo a otro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si las Leyes lo autorizan y en la forma y cuantía que fijen, la Administración puede imponer multas coercitivas reiteradas para ejecutar ciertos actos, en tres supuestos. Son independientes de las sanciones y compatibles con ellas.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 104

Compulsión sobre las personas. 1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. 2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.

Datos clave

  • ¿Para qué obligaciones cabe la compulsión sobre las personas? → Para las personalísimas de no hacer o soportar, cuando la ley expresamente lo autorice.
  • ¿Qué ocurre si no se cumple una obligación personalísima de hacer? → El obligado debe resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se hace en vía administrativa.
  • No hacer o soportar → compulsión. Hacer → indemnización. Es la distinción que se pregunta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La compulsión directa sobre las personas solo cabe para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, si la ley lo autoriza expresamente y con respeto a la dignidad; si no se cumple una personalísima de hacer, se resarcen daños y perjuicios.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 105

Prohibición de acciones posesorias. No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Datos clave

  • ¿Qué requisitos deben cumplir las actuaciones administrativas para que no se admitan a trámite acciones posesorias? → Haberse realizado en materia de competencia del órgano y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
  • Dos condiciones y un efecto: competencia + procedimiento legal = ni se admite a trámite.
  • Palabra que cae: «no se admitirán a trámite», no «se desestimarán».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra las actuaciones administrativas hechas en materia de competencia del órgano y según el procedimiento legal no se admiten a trámite acciones posesorias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 106

Revisión de disposiciones y actos nulos. 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. 2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Datos clave

  • ¿Qué dictamen previo exige la revisión de oficio de un acto nulo? → Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106.1).
  • ¿Qué ocurre si pasan 6 meses desde el inicio de oficio sin resolución? → Caduca el procedimiento (art. 106.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Revisión de oficio de lo nulo: actos (art. 47.1) y disposiciones (art. 47.2) en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico; inadmisión sin dictamen; indemnizaciones; caducidad a los seis meses si se inició de oficio.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 107

Declaración de lesividad de actos anulables. 1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. 2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. 5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Datos clave

  • ¿Hasta cuándo puede declararse lesivo un acto? → Hasta 4 años desde que se dictó (art. 107.2).
  • ¿Cabe recurso contra la declaración de lesividad? → No, solo se notifica a efectos informativos (art. 107.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para anular un acto favorable que solo es anulable, la Administración debe declararlo lesivo e impugnarlo ante lo contencioso. Límite de cuatro años, audiencia previa y caducidad a los seis meses.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 108

Suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede suspenderse la ejecución del acto en la revisión de oficio? → Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  • Es una facultad («podrá»), no un automatismo, y su llave es el perjuicio de imposible o difícil reparación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Iniciada la revisión de oficio (arts. 106 y 107), el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad puede suspender la ejecución del acto si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 109

Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Datos clave

  • ¿Qué actos pueden revocarse conforme al artículo 109? → Los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
  • ¿Cuándo pueden rectificarse los errores materiales? → En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
  • Se revoca lo que perjudica: los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos potestades distintas: revocar actos de gravamen o desfavorables mientras no haya prescrito, con límites, y rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 110

Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué límites impone el artículo 110 a la revisión? → No cabe cuando por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.
  • Cuatro límites: equidad, buena fe, derecho de los particulares y leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las facultades de revisión de oficio tienen un freno general: no pueden ejercerse cuando, por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias, resultaría contrario a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 111

Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. b) En la Administración General del Estado: 1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. c) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado: 1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. 2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

Datos clave

  • ¿Quién revisa de oficio los actos de los Ministros? → El Consejo de Ministros.
  • ¿Y los de los Secretarios de Estado? → Los Ministros.
  • Escalera: Consejo de Ministros → Ministros → Secretarios de Estado → órganos directivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién revisa de oficio disposiciones y actos nulos y anulables en el ámbito estatal: Consejo de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado y, en los organismos públicos, el órgano de adscripción y el máximo órgano rector.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 112

Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Datos clave

  • ¿Qué actos de trámite son recurribles? → Los que deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
  • ¿En qué motivos pueden fundarse los recursos? → En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48.
  • Los cuatro trámites cualificados: fondo, imposibilidad de continuar, indefensión y perjuicio irreparable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Alzada y reposición caben contra resoluciones y contra actos de trámite cualificados, por cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. No caben contra disposiciones generales y las leyes pueden sustituirlos por otras vías.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 113

Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Datos clave

  • ¿Contra qué actos procede el recurso extraordinario de revisión y con qué condición? → Contra los actos firmes en vía administrativa, solo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
  • Tres palabras clave para el test: actos firmes, sólo, y remisión al art. 125.1.
  • Es el único recurso administrativo que procede contra actos firmes; alzada y potestativo de reposición se mueven antes de la firmeza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra los actos firmes en vía administrativa solo cabe el recurso extraordinario de revisión, y únicamente si concurre alguna de las circunstancias del art. 125.1.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 114

Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Datos clave

  • ¿Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de responsabilidad patrimonial? → Sí, cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de la que deriven.
  • ¿Y las resoluciones de órganos que carecen de superior jerárquico? → Sí, salvo que una Ley establezca lo contrario.
  • Siete letras de la a) a la g).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de resoluciones que ponen fin a la vía administrativa: siete supuestos generales (letras a–g) y cuatro más en el ámbito estatal (letras a–d).

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 115

Interposición de recurso. 1. La interposición del recurso deberá expresar: a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre si el recurrente califica mal su recurso? → No es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
  • ¿Puede alegar un vicio de anulabilidad quien lo causó? → No.
  • Cinco letras. Y dos reglas de oro: la calificación errónea no perjudica, y el causante del vicio no puede alegarlo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué debe expresar el escrito de recurso (cinco letras, a–e), por qué un error al calificarlo no frena su tramitación y por qué quien causó un vicio de anulabilidad no puede alegarlo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 116

Causas de inadmisión. Serán causas de inadmisión las siguientes: a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las cinco causas de inadmisión del recurso? → Incompetencia del órgano cuando el competente sea de otra Administración, falta de legitimación, acto no susceptible de recurso, plazo transcurrido y carencia manifiesta de fundamento.
  • Cinco causas y una obligación: remitir cuando la competencia es de otra Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco causas de inadmisión del recurso administrativo; la de incompetencia solo opera si el competente es de otra Administración, y entonces el recurso se remite al órgano competente.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 117

Suspensión de la ejecución. 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. 3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Datos clave

  • ¿Suspende por regla general la interposición de un recurso? → No (art. 117.1).
  • ¿Qué pasa si en un mes no se resuelve sobre la suspensión solicitada? → Se entiende suspendida la ejecución (art. 117.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurrir no suspende, por regla general, la ejecución del acto. El órgano que resuelve puede suspenderla ponderando perjuicios si hay daño de imposible o difícil reparación o causa de nulidad; si en un mes no contesta a la solicitud, queda suspendida.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 118

Audiencia de los interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo de audiencia en el recurso? → No inferior a diez días ni superior a quince.
  • ¿Qué no tiene carácter de documento nuevo? → El recurso, los informes y las propuestas, ni lo aportado por los interesados antes de recaer la resolución recurrida.
  • Horquilla 10-15 días. Y la lista de lo que NO es documento nuevo: recurso, informes, propuestas y lo ya aportado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Audiencia en vía de recurso: si se van a tener en cuenta hechos o documentos nuevos, se ponen de manifiesto a los interesados para alegar en diez a quince días; y no se admite lo que el recurrente pudo aportar antes y no aportó.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 119

Resolución. 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.

Datos clave

  • ¿Puede la resolución del recurso agravar la situación del recurrente? → No, en ningún caso.
  • ¿Qué se hace ante un vicio de forma cuando no procede resolver el fondo? → Se ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido.
  • Tres ideas: tres sentidos posibles, retroacción por vicio de forma y prohibición de agravar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sentidos de la resolución del recurso, retroacción cuando hay vicio de forma y no procede entrar al fondo, y poder del órgano para decidir todas las cuestiones, con congruencia y sin agravar la situación del recurrente.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 120

Pluralidad de recursos administrativos. 1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. 3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede suspenderse el plazo para resolver una pluralidad de recursos? → Cuando traigan causa del mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio.
  • Tres pasos: suspender, notificar (y es recurrible), y resolver tras el fallo sin más trámite salvo audiencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si varios recursos administrativos traen causa del mismo acto y ya hay recurso judicial, el órgano puede suspender el plazo para resolver hasta el pronunciamiento judicial y luego resolver sin más trámite que la audiencia, cuando proceda.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 121

Objeto. 1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Datos clave

  • ¿Ante quién se interpone el recurso de alzada? → Ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, y lo resuelve el superior jerárquico del que lo dictó.
  • ¿En qué plazo debe remitirlo el órgano que dictó el acto? → En diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente.
  • Diez días para remitir, con informe y copia completa y ordenada del expediente.
  • El dato de los tribunales de selección resuelve la pregunta clásica: ¿ante quién se recurre la calificación de un examen?

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso de alzada contra actos del art. 112.1 que no ponen fin a la vía: lo resuelve el superior jerárquico, se presenta ante quien dictó el acto o ante el competente, y el primero debe remitirlo en diez días.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 122

Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. 3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso? → Un mes (art. 122.1).
  • ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un recurso de alzada? → Tres meses (art. 122.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de la alzada: un mes para interponerla si el acto es expreso (después, firmeza), en cualquier momento si hay silencio; tres meses para resolver; y después solo cabe el extraordinario de revisión.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 123

Objeto y naturaleza. 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Datos clave

  • ¿Ante qué órgano se interpone la reposición? → Ante el mismo órgano que dictó el acto.
  • ¿Puede acudirse al contencioso mientras está pendiente la reposición? → No, hasta que sea resuelta expresamente o se produzca su desestimación presunta.
  • Dos datos: mismo órgano y bloqueo temporal del contencioso mientras la reposición esté viva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, la reposición es potestativa: se recurre ante el mismo órgano o se va directo al contencioso; pero si se interpone reposición, el contencioso espera a su resolución o desestimación presunta.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 124

Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso- administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición? → Un mes si el acto es expreso (art. 124.1).
  • ¿Cuál es el plazo para resolver el recurso de reposición? → Un mes (art. 124.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de la reposición: un mes para interponerla si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento desde el día siguiente al acto presunto; un mes para resolver y no cabe nueva reposición.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 125

Objeto y plazos. 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo del recurso extraordinario de revisión por error de hecho? → Cuatro años desde la notificación de la resolución (art. 125.2).
  • ¿Cuál es el plazo por las demás causas del recurso extraordinario de revisión? → Tres meses desde que se conocen los documentos o es firme la sentencia (art. 125.2).
  • ¿Ante qué órgano se interpone el recurso extraordinario de revisión? → Ante el mismo órgano que dictó el acto firme (art. 125.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa: cuatro causas tasadas, ante el mismo órgano que los dictó y que lo resuelve; cuatro años para el error de hecho y tres meses para las demás.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 126

Resolución. 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede inadmitirse a trámite sin dictamen el recurso extraordinario de revisión? → Cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
  • ¿Qué ocurre a los tres meses sin resolución? → Se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
  • Tres datos: inadmisión sin dictamen, pronunciamiento sobre el fondo y silencio negativo a los tres meses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Resolución del recurso extraordinario de revisión: inadmisión motivada sin dictamen en dos supuestos, pronunciamiento sobre procedencia y fondo, y silencio desestimatorio a los tres meses que abre el contencioso.

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