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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. La postura. Las pantallas de visualización de datos. Agresiones a profesionales. Prevención y atención frente a situaciones conflictivas en las Instituciones Sanitarias del INGESA: Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA; Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 14

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Datos clave

  • ¿Sobre quién recae el coste de las medidas preventivas? → Nunca sobre el trabajador (art. 14.5).
  • ¿Delegar la prevención exime al empresario de su deber? → No, sigue respondiendo del cumplimiento (art. 14.4).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho del trabajador a una protección eficaz y deber correlativo del empresario: garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos del trabajo, sin que delegar le exima y sin que el coste recaiga en los trabajadores.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 15

Principios de la acción preventiva. 1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Datos clave

  • ¿Qué principio va primero en la jerarquía preventiva del art. 15? → Evitar los riesgos.
  • ¿Qué protección se antepone a la individual? → La protección colectiva (art. 15.1.h).
  • ¿Qué imprudencias del trabajador debe prever el empresario? → Las distracciones o imprudencias no temerarias (art. 15.4).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los nueve principios de la acción preventiva, de evitar los riesgos a dar instrucciones, y las reglas sobre capacidades, zonas de riesgo grave, imprudencias no temerarias y seguros.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 31/1995 PRL · Art. 16

Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Datos clave

  • ¿Qué dos instrumentos esenciales tiene el plan de prevención? → La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (art. 16.2).
  • ¿Pueden las empresas realizar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de forma simplificada? → Sí, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades, siempre que no suponga una reducción del nivel de protección (art. 16.2 bis).
  • ¿Cuándo debe el empresario investigar las causas de un daño? → Cuando se ha producido un daño a la salud o hay indicios de medidas insuficientes (art. 16.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prevención se integra en la gestión de la empresa mediante un plan de prevención cuyos instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación preventiva; cabe una versión simplificada y hay que investigar los daños.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 17

Equipos de trabajo y medios de protección. 1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Datos clave

  • ¿Cuándo son obligatorios los equipos de protección individual según el art. 17.2? → Cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por protección colectiva o por medidas de organización del trabajo.
  • ¿A quién se reserva la reparación o mantenimiento de un equipo de trabajo con riesgo específico? → A los trabajadores específicamente capacitados para ello.
  • Orden jerárquico para no fallar: primero protección colectiva/organización del trabajo, y solo si no basta, EPI.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los equipos de trabajo deben ser adecuados y seguros; si tienen riesgo específico, su uso y reparación se reservan. Los EPI se usan cuando el riesgo no se evita ni limita bastante por protección colectiva u organización.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 18

Información, consulta y participación de los trabajadores. 1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Datos clave

  • ¿Qué debe hacer el empresario aunque existan representantes de los trabajadores, según el art. 18.1? → Informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos de su puesto y de las medidas aplicables.
  • ¿A qué capítulo remite el art. 18.2 para la consulta y participación? → Al capítulo V de la propia Ley.
  • Dos verbos, dos apartados: informar (ap. 1) y consultar/participar (ap. 2); no los mezcles al estudiar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Deber de informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas, por medio de sus representantes si los hay pero directamente en los riesgos de cada puesto, y deber de consultarles y permitir su participación.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 19

Formación de los trabajadores. 1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

Datos clave

  • ¿Quién asume el coste de la formación preventiva según el art. 19.2? → Nunca recae sobre los trabajadores: lo asume la empresa.
  • ¿Dentro de qué tiempo debe impartirse la formación, siempre que sea posible? → Dentro de la jornada de trabajo.
  • Regla de las tres 'C': Contratación, Cambio de funciones, Cambio de equipos/tecnología: son los tres disparadores de la formación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada trabajador debe recibir formación preventiva teórica y práctica, centrada en su puesto, al contratarle y ante cambios de funciones, tecnologías o equipos; en jornada si es posible y sin coste para él.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 20

Medidas de emergencia. El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Datos clave

  • ¿Qué tres requisitos debe cumplir el personal encargado de las medidas de emergencia? → Formación necesaria, número suficiente y material adecuado.
  • ¿Con qué tipo de servicios debe coordinarse el empresario para aplicar las medidas de emergencia? → Con servicios externos a la empresa: primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.
  • Tres frentes que cubrir: primeros auxilios, incendios y evacuación (regla P-I-E).
  • El personal de emergencias necesita tres cosas: formación, número suficiente y material adecuado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario analiza las posibles emergencias según tamaño, actividad y presencia de ajenos, y organiza primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación con personal formado, suficiente y equipado.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 21

Riesgo grave e inminente. 1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Datos clave

  • ¿En qué plazo se pronuncia la autoridad laboral sobre una paralización de representantes? → 24 horas (art. 21.3).
  • ¿Puede un trabajador abandonar su puesto ante riesgo grave e inminente? → Sí, por su cuenta, sin esperar a sus representantes (art. 21.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué hacer ante un riesgo grave e inminente: deberes del empresario, derecho del trabajador a interrumpir y abandonar, paralización por los representantes con control de la autoridad laboral en veinticuatro horas e indemnidad.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 22

Vigilancia de la salud. 1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Datos clave

  • ¿Es obligatoria la vigilancia de la salud? → No, salvo los supuestos tasados del art. 22.1 (riesgo propio/terceros o exigencia legal).
  • El empresario solo recibe las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el puesto o sobre la necesidad de mejorar las medidas de protección y prevención; la información médica personal solo se le facilita con consentimiento expreso del trabajador.
  • ¿Puede prolongarse la vigilancia tras acabar el contrato? → Sí, si la naturaleza del riesgo lo exige (art. 22.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Vigilancia periódica de la salud según los riesgos del puesto: voluntaria salvo excepciones tasadas, confidencial, con resultados para el trabajador y solo conclusiones de aptitud para el empresario.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 31/1995 PRL · Art. 23

Documentación. 1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Datos clave

  • ¿Qué debe hacer la empresa con la documentación del art. 23 si cesa su actividad? → Remitirla a la autoridad laboral.
  • ¿Qué debe notificar por escrito el empresario a la autoridad laboral? → Los daños para la salud de los trabajadores producidos con motivo del trabajo.
  • Recuerda las letras a) a e): son cinco documentos, no solo el plan de prevención.
  • La documentación también debe estar a disposición de las autoridades sanitarias, no solo de la laboral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario elabora y conserva cinco documentos preventivos a disposición de la autoridad laboral, los remite al cesar la actividad, notifica por escrito los daños para la salud y los pone también a disposición de las autoridades sanitarias.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 24

Coordinación de actividades empresariales. 1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.

Datos clave

  • ¿Quién informa de los riesgos del centro a las demás empresas presentes? → El empresario titular del centro de trabajo (art. 24.2).
  • ¿Debe vigilar la empresa principal a sus contratistas? → Sí, el cumplimiento de la normativa preventiva (art. 24.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando trabajan varias empresas en un centro, todas cooperan; el titular informa e instruye a las demás; quien contrata o subcontrata su propia actividad en su centro vigila a contratistas y subcontratistas.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 25

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.

Datos clave

  • Además de por discapacidad, ¿por qué otro motivo puede ser un trabajador "especialmente sensible" según el art. 25? → Por sus propias características personales o por un estado biológico conocido.
  • ¿Qué dos aspectos de la procreación debe evaluar el empresario según el apartado 2? → La fertilidad y el desarrollo de la descendencia.
  • No es solo discapacidad: cualquier característica personal o estado biológico que genere sensibilidad especial entra en este artículo.
  • El apartado 2 amplía la protección a la procreación: fertilidad y desarrollo de la descendencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Protección específica de los trabajadores especialmente sensibles por características personales, estado biológico o discapacidad, y evaluación de los riesgos para la procreación.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 31/1995 PRL · Art. 26

Protección de la maternidad. 1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Datos clave

  • ¿Qué pasa si no es posible adaptar ni cambiar el puesto de una embarazada en riesgo? → Podrá declararse la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo (art. 26.3).
  • ¿Tienen derecho las embarazadas a ausentarse para exámenes prenatales? → Sí, con derecho a remuneración, previo aviso (art. 26.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece la cascada de medidas ante riesgo para el embarazo o la lactancia: primero adaptar las condiciones, si no es posible cambiar de puesto, y si tampoco, suspender el contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.

Esquema

Cascada de protección de la maternidad (art. 26)
si no bastasi no es posibleAdaptarcondiciones/horarioCambiar de puestocompatibleSuspender el contrato

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Ley 31/1995 PRL · Art. 27

Protección de los menores. 1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.

Datos clave

  • ¿A quién debe informar el empresario de los riesgos, además de al propio menor? → A sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación.
  • ¿Quién establece las limitaciones a la contratación de menores de 18 años en trabajos de riesgo específico? → El Gobierno.
  • La evaluación no es solo al contratar: también antes de cualquier cambio importante en las condiciones de trabajo del menor.
  • Recuerda el trío: falta de experiencia + inmadurez para evaluar riesgos + desarrollo incompleto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de que trabaje un menor de dieciocho años, o de cambiar de forma importante sus condiciones, el empresario evalúa su puesto e informa al joven y a sus padres o tutores; el Gobierno fija las limitaciones de contratación.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 28

Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores. 2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos. Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley.

Datos clave

  • ¿Quién responde de las condiciones de ejecución del trabajo en una ETT? → La empresa usuaria (art. 28.5).
  • ¿Quién responde de la formación y vigilancia de la salud en una ETT? → La empresa de trabajo temporal (art. 28.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los trabajadores temporales y de ETT tienen el mismo nivel de protección que el resto; en la cesión por ETT, la usuaria responde de las condiciones de ejecución e información, y la ETT de formación y vigilancia de la salud.

Esquema

Reparto de obligaciones en la cesión por ETT
Empresa usuariaEmpresa de trabajo temporal
Condiciones de ejecuciónResponsableNo se le atribuye
Información de los apartados 2 y 4ResponsableTraslada a los trabajadores lo que le comunica la usuaria
Formación y vigilancia de la saludNo se le atribuyeResponsable

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Ley 31/1995 PRL · Art. 29

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

Datos clave

  • ¿Qué obligación tiene el trabajador respecto a los dispositivos de seguridad? → No ponerlos fuera de funcionamiento y utilizarlos correctamente (art. 29.2.3º).
  • ¿Qué consecuencia tiene incumplir las obligaciones preventivas del trabajador? → Incumplimiento laboral (art. 58.1 ET) o falta disciplinaria (art. 29.3).
  • ¿A quién debe informar el trabajador de un riesgo que detecte? → A su superior jerárquico directo y a los encargados de prevención (art. 29.2.4º).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada trabajador debe velar por su seguridad y la de los demás, con seis obligaciones concretas; su incumplimiento es incumplimiento laboral o falta disciplinaria, también para los socios trabajadores de cooperativas.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 33

Consulta de los trabajadores. 1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley. e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.

Datos clave

  • ¿Con quién se consulta en una empresa que tiene representantes de los trabajadores? → Con dichos representantes.
  • ¿Qué artículos regulan los procedimientos de información y documentación que deben consultarse según la letra d)? → Los artículos 18.1 y 23.1 de la Ley.
  • Son seis materias de consulta, de la a) a la f): la última es una cláusula abierta para cualquier otra acción con efectos sustanciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario debe consultar previamente a los trabajadores (o a sus representantes, si los hay) las decisiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 34

Derechos de participación y representación. 1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros. Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud. b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto. d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.

Datos clave

  • ¿A partir de cuántos trabajadores se canaliza la participación a través de representantes? → Seis o más trabajadores.
  • ¿Qué límite tiene la adaptación del derecho de participación en las Administraciones públicas? → No puede afectar a las competencias, facultades y garantías reconocidas a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.
  • El límite de seis trabajadores marca cuándo la participación pasa a canalizarse por representantes.
  • En el ámbito de la Administración General del Estado la regla por defecto es un único Comité de Seguridad y Salud, salvo que la actividad o el riesgo justifiquen varios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En empresas con seis o más trabajadores, la participación se canaliza a través de representantes; en las Administraciones públicas se adapta sin poder rebajar las garantías de Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud.

Esquema

Participación: empresa privada vs. Administración pública
Empresa privada (≥6 trabajadores)Administración pública
Canal de participaciónComités de Empresa, Delegados de Personal, representantes sindicalesÓrganos de representación del personal, con adaptaciones
ÁmbitoLa propia empresa o centro de trabajoPuede ser sectorial o descentralizado, según estructura y riesgos
Comité de Seguridad y SaludSegún las reglas generales de cada empresaCon carácter general, uno único que integra a todos los Delegados de Prevención

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Ley 31/1995 PRL · Art. 35

Delegados de Prevención. 1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.

Datos clave

  • ¿Cómo se computa un trabajador con contrato de hasta un año? → Cada 200 días trabajados o fracción cuentan como un trabajador más (art. 35.3).
  • ¿Puede el convenio colectivo cambiar el sistema de designación de los Delegados de Prevención? → Sí, si la designación sigue correspondiendo a representantes o trabajadores (art. 35.4).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo se designan los Delegados de Prevención, la escala según plantilla y los criterios para computar los trabajadores.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 36

Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 1. Son competencias de los Delegados de Prevención: a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.

Datos clave

  • ¿En qué plazo debe emitir su informe el Delegado de Prevención? → 15 días, o el tiempo imprescindible ante riesgo inminente (art. 36.3).
  • ¿Puede el Delegado de Prevención proponer la paralización de actividades? → Sí, ante el órgano de representación de los trabajadores (art. 36.2.g).
  • ¿Quién ejerce las competencias del Comité de Seguridad y Salud si la empresa no lo tiene? → Los Delegados de Prevención (art. 36.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue las competencias generales de los Delegados de Prevención (colaborar, vigilar, ser consultados) de sus facultades concretas de actuación.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 31/1995 PRL · Art. 37

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • ¿Se descuenta del crédito horario sindical el tiempo en el Comité de Seguridad y Salud? → No, se considera tiempo de trabajo efectivo aparte (art. 37.1).
  • ¿Quién paga la formación preventiva de los Delegados de Prevención? → El empresario; su coste no puede recaer sobre los Delegados (art. 37.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Aplica a los Delegados de Prevención las garantías y el crédito horario del art. 68 ET, y les impone sigilo profesional.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 31/1995 PRL · Art. 38

Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Datos clave

  • ¿Cómo se compone el Comité de Seguridad y Salud? → Paritariamente: Delegados de Prevención y empresario/representantes en igual número (art. 38.2).
  • ¿Qué pueden crear las empresas con varios centros dotados de Comité? → Un Comité Intercentros (art. 38.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define la composición paritaria del Comité de Seguridad y Salud y la posibilidad de crear un Comité Intercentros.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 31/1995 PRL · Art. 39

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

Datos clave

  • ¿Puede el Comité de Seguridad y Salud analizar los daños a la salud de los trabajadores? → Sí, para valorar causas y proponer medidas preventivas (art. 39.2.c).
  • ¿Qué se acuerda cuando varias empresas comparten centro de trabajo? → Reuniones conjuntas de sus Comités de Seguridad y Salud u otras medidas coordinadas (art. 39.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue las competencias de debate previo del Comité (planes, modalidad organizativa, formación) de sus facultades de acceso e información, y prevé reuniones conjuntas cuando coinciden varias empresas en un centro.

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Ley 31/1995 PRL · Art. 40

Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones. 3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo. 4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.

Datos clave

  • ¿Dónde se documentan las visitas de la Inspección de Trabajo? → En el Libro de Visitas, que debe existir en cada centro de trabajo (art. 40.3).
  • ¿A quién consulta la Inspección antes de elaborar sus planes de actuación? → A las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (art. 40.4).
  • ¿Puede el Inspector negarse a comunicar su visita? → Sí, si considera que puede perjudicar el éxito de sus funciones (art. 40.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite a los trabajadores acudir a la Inspección de Trabajo y regula cómo el Inspector comunica su visita y sus resultados a los representantes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Agresiones a profesionales sanitarios: tipos, registro, protección penal e Interlocutor Policial

Según el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior y el Código Penal publicado en el BOE, las agresiones a profesionales sanitarios se abordan desde la prevención de riesgos laborales, el registro estatal, la protección penal y la colaboración policial.

Concepto y tipos. En los centros del INGESA, el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo (Resolución de 26 de marzo de 2018, BOE de 23 de abril de 2018) distingue la agresión física, que es la acción de violencia física sufrida por un trabajador en el desempeño de su trabajo, conlleve o no lesión; la agresión verbal y las actitudes amenazantes, como insultos, calumnias o amenazas; y otras situaciones que supongan un riesgo potencial para la seguridad o la salud. Solo cubre la violencia externa, la ejercida por usuarios, familiares o acompañantes.

Registro. El Ministerio de Sanidad publica un informe anual de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud con los datos que remiten las comunidades autónomas. Según su nota de prensa de 12 de marzo de 2026, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones, una tasa de 24,37 por cada 1.000 profesionales y un aumento del 8,74 % respecto a 2024. El 84,5 % fueron agresiones no físicas: insultos, amenazas e intimidación. El agresor fue el usuario o paciente en el 71 % de los casos y un familiar o acompañante en el 29 %. El 51 % se produjo en Atención Primaria y el 47 % en Atención Hospitalaria, y el 80 % de las víctimas fueron mujeres. En el INGESA, cada centro alimenta un Registro Informático de Agresiones, y la Dirección Territorial lo envía cada año a la Subdirección de Gestión Económica y Recursos Humanos.

Protección penal. El artículo 550.1 del Código Penal, en la redacción de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015, dispone que son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Añade que en todo caso se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. Según el artículo 550.2, el atentado se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si es contra autoridad, y con prisión de seis meses a tres años en los demás casos. El artículo 551 impone la pena superior en grado, entre otros supuestos, si se usan armas u otros objetos peligrosos. El Ministerio de Sanidad informó en 2017 de que ya se había incluido a los profesionales sanitarios en el concepto jurídico de autoridad pública, y en 2026 de que el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, pendiente de tramitación, reconoce al personal sanitario como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

Interlocutor Policial Territorial Sanitario. La Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, presentada por los Ministerios del Interior y de Sanidad el 5 de julio de 2017, aprueba un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las agresiones a profesionales de la salud. Prevé medidas preventivas, asistenciales, de investigación, formativas e informativas, y crea el Interlocutor Policial Territorial Sanitario, designado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este interlocutor mantiene canales permanentes de comunicación con las autoridades sanitarias y asesora sobre las medidas para prevenir y reducir las agresiones. En el INGESA, el interlocutor mantiene contacto con la persona responsable al menos una vez al mes.

Actuación tras una agresión en el INGESA. El profesional recibe asistencia médica y psicológica, avisa a la policía cuando procede, anota los testigos, comunica el hecho a su responsable y valora la denuncia. El responsable cumplimenta el Anexo 2 y lo remite, a ser posible el mismo día, a la Unidad de Prevención y a la Gerencia. En los delitos públicos, el INGESA formula la denuncia, y un letrado del INGESA puede asistir al profesional durante todo el proceso judicial, previa autorización del Servicio Jurídico de la Seguridad Social.

Datos clave

  • Art. 550.1 CP (LO 1/2015): son actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
  • Pena del atentado: prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses contra autoridad; de seis meses a tres años en los demás casos.
  • Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad: crea el Interlocutor Policial Territorial Sanitario.
  • 2025: 18.563 agresiones notificadas en el SNS, 24,37 por cada 1.000 profesionales.
  • El 84,5 % de las agresiones de 2025 fueron no físicas; el paciente fue el agresor en el 71 %.
  • INGESA: en los delitos públicos, el Instituto formula la denuncia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las agresiones a sanitarios se abordan desde cuatro frentes: prevención de riesgos laborales, registro estatal, protección penal como atentado y colaboración policial mediante el Interlocutor Policial Territorial Sanitario.

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La violencia externa como riesgo laboral en los centros del INGESA

Según la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (BOE núm. 98, de 23 de abril de 2018), el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA aplica la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, a la violencia que sufren los profesionales por parte de terceros. Adapta el protocolo común de la Administración General del Estado, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 y publicado en el BOE de 10 de diciembre de 2015.

La violencia como riesgo que se evalúa. El protocolo trata la agresión como un riesgo laboral más: se identifica por puesto de trabajo, se diagnostica y se clasifica. Las incidencias se agrupan en cinco tipos de causas: la organización del centro de trabajo, la disconformidad con la atención profesional recibida, la disconformidad con el trato del empleado público, la disconformidad con la resolución de un expediente o situación, y otras causas. La identificación de peligros se recoge en el Anexo 1.

Qué cubre. Solo la violencia externa, ejercida por usuarios, familiares o acompañantes, incluida la producida fuera del centro si su motivo es el trabajo, y los daños a bienes de la Administración o del empleado. No cubre la violencia entre empleados públicos. Se aplica a todo el personal de los centros del INGESA en Ceuta y Melilla y del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, sobre todo al que atiende al público de forma presencial, telefónica o telemática. Distingue la agresión física, que lo es conlleve o no lesión; la agresión verbal y las actitudes amenazantes, como insultos, calumnias o amenazas; y otras situaciones que puedan suponer un riesgo potencial para la seguridad o la salud.

Medidas preventivas. Las proactivas se adoptan antes del incidente:

  • Compromiso explícito de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia, difundido con carteles.
  • Mejoras de infraestructura, videovigilancia con respeto a la protección de datos, alarmas y control de accesos.
  • Organización del trabajo que evite trabajar en solitario e identifique a los usuarios reincidentes.
  • Formación del personal en el manejo de situaciones conflictivas.
  • Coordinación con la Policía a través del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, con contacto al menos mensual con el responsable del INGESA.

Las activas son pautas para el momento del conflicto: mantener la calma, no responder a provocaciones, avisar a un responsable y activar la seguridad; si hay riesgo, situarse cerca de la salida y abandonar el lugar.

Integración en la prevención. Tras la agresión, el responsable inmediato comunica el incidente con el Anexo 2, a ser posible el mismo día, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y a la Gerencia. La Unidad de Prevención determina si hay contingencia laboral, investiga, registra y propone medidas correctoras; si la agresión se declara accidente de trabajo, se notifica en el sistema Delt@. Los incidentes se comunican a los Comités de Seguridad y Salud, con convocatoria extraordinaria en las agresiones graves. El Registro Informático de Agresiones (Anexo 3) alimenta un mapa de riesgos, y el seguimiento se analiza al menos una vez al año.

Datos clave

  • Protocolo del INGESA: Resolución de 26 de marzo de 2018, BOE de 23 de abril de 2018.
  • Marco común: protocolo de la AGE de 20 de noviembre de 2015.
  • Solo violencia externa; excluye la violencia entre empleados públicos.
  • Cinco grupos de causas en la evaluación del riesgo.
  • La Unidad de Prevención determina la contingencia laboral; el accidente de trabajo se notifica en Delt@.
  • Agresión grave: convocatoria extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud.
  • Seguimiento analizado al menos una vez al año.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El protocolo del INGESA trata la agresión de terceros como un riesgo laboral más: se evalúa por puesto, se previene con medidas proactivas y activas y, tras el incidente, se comunica, investiga y registra.

¿Me lo sé? Flashcards

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La postura de trabajo: posturas estáticas y forzadas, factores de riesgo y prevención

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en Ergonomía se entiende por postura de trabajo la posición relativa de los segmentos corporales y no, meramente, si se trabaja de pie o sentado. Las posturas de trabajo son uno de los principales factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos.

Posturas de riesgo. El INSST considera situaciones de riesgo, que deben analizarse con detenimiento, tanto las posturas mantenidas durante periodos prolongados, llamadas posturas estáticas, como las que implican desviaciones significativas respecto a la postura neutra, llamadas posturas forzadas.

Factores que se combinan con la postura:

  • Duración: el tiempo durante el cual la postura se mantiene sin cambios.
  • Repetitividad: la frecuencia con la que se adopta la misma postura.
  • Recuperación: la ausencia de descansos adecuados es uno de los factores de riesgo más relevantes.
  • Otros factores: la fuerza aplicada, la carga mental, las vibraciones, las condiciones ambientales y las características individuales.

Efectos sobre la salud. El INSST describe la evolución de los trastornos musculoesqueléticos en tres etapas. En la primera aparecen dolor y fatiga solo durante la jornada y desaparecen con el descanso. En la segunda los síntomas persisten fuera del trabajo y disminuye la capacidad funcional. En la tercera el daño es crónico y las medidas ergonómicas solo alivian parcialmente el dolor. El Real Decreto 1299/2006, del cuadro de enfermedades profesionales, incluye en su Grupo 2 enfermedades de origen musculoesquelético como bursitis, tendinitis o epicondilitis, y el Ministerio de Sanidad tiene un protocolo de vigilancia sanitaria específica para posturas forzadas.

Prevención. El INSST recomienda diseñar tareas con variabilidad física y mental y con cierta autonomía, alternar las posturas sentada, de pie y en movimiento, y evitar las posturas forzadas, en especial de rodillas, en cuclillas o con ángulos articulares extremos durante periodos prolongados.

Evaluación. El documento técnico del INSST Posturas de trabajo: evaluación del riesgo (DTE.1.1.15, 2015) describe los métodos OWAS y REBA y recoge los valores aceptables y no recomendados de la norma ISO 11226:2000 para posturas estáticas. Son métodos de observación, que permiten estimar el riesgo sin equipos de medida costosos. Otras referencias son la norma UNE-EN 1005-4, sobre posturas y movimientos de trabajo en relación con las máquinas, y el método ROSA para puestos de oficina, descrito en la NTP 1173.

Puesto de oficina. Para el trabajo con pantallas de visualización, la Guía Técnica del INSST sobre el Real Decreto 488/1997 indica que la silla debe tener altura del asiento ajustable en el rango necesario para la población de usuarios, respaldo con una suave prominencia lumbar y ajustable en altura e inclinación, y profundidad del asiento regulable para usar el respaldo sin que el borde presione las piernas. Debe ponerse un reposapiés a disposición de quien lo desee.

Datos clave

  • Postura de trabajo: posición relativa de los segmentos corporales, no solo trabajar de pie o sentado.
  • Postura estática: mantenida durante periodos prolongados; postura forzada: desviada significativamente de la neutra.
  • La ausencia de descansos adecuados es uno de los factores de riesgo más relevantes.
  • Los trastornos musculoesqueléticos evolucionan en tres etapas.
  • Métodos de observación del INSST: OWAS y REBA (DTE.1.1.15); ISO 11226:2000 para posturas estáticas.
  • ROSA para puestos de oficina (NTP 1173).
  • RD 1299/2006: las enfermedades musculoesqueléticas están en el Grupo 2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En ergonomía, la postura es la posición relativa de los segmentos corporales; las estáticas y las forzadas son de riesgo, se agravan con duración, repetición y falta de descanso y se evalúan con métodos de observación.

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Artículo 1. Objeto

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización.

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto:

a) Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.

b) Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.

c) Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.

d) Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.

e) Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.

f) Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

Datos clave

  • Objeto: disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización.
  • La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplica plenamente a este ámbito.
  • Excluidos: puestos de conducción de vehículos o máquinas y sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
  • Excluidos: sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
  • Excluidos: sistemas portátiles, siempre que no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
  • Excluidos: calculadoras, cajas registradoras y equipos con pequeño dispositivo de visualización, y las máquinas de escribir de diseño clásico (máquinas de ventanilla).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este RD fija las normas mínimas de seguridad y salud para trabajar con pantallas de visualización, dentro del paraguas general de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero deja fuera a varios equipos muy usados en el día a día.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2. Definiciones

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este Real Decreto se entenderá por:

a) Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.

b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.

c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

Datos clave

  • Pantalla de visualización: pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
  • Puesto de trabajo: equipo con pantalla, teclado o dispositivo de adquisición de datos, programa de interconexión persona/máquina, accesorios ofimáticos, asiento y mesa o superficie de trabajo, y el entorno laboral inmediato.
  • Trabajador: quien habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define los tres conceptos sobre los que gira todo el Real Decreto: qué es una pantalla, qué es un puesto de trabajo con pantalla y quién cuenta como trabajador expuesto.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 3. Obligaciones generales del empresario

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario.

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.

En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo del mismo.

2. A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos.

La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea y entre éstas, especialmente, las siguientes:

a) El tiempo promedio de utilización diaria del equipo.

b) El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual.

c) El grado de atención que exija dicha tarea.

3. Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización supone o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.

4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior.

Datos clave

  • Los puestos de trabajo deben cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo del Real Decreto.
  • La evaluación de riesgos atiende en particular a los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental y su posible efecto añadido o combinado.
  • Exigencias de la tarea que se valoran: tiempo promedio de utilización diaria, tiempo máximo de atención continua a la pantalla y grado de atención que exija la tarea.
  • Si hay riesgo, el empresario debe reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, alternando tareas o estableciendo pausas.
  • Los convenios colectivos pueden acordar la periodicidad, duración y condiciones de los cambios de actividad y pausas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario debe evitar o minimizar los riesgos de trabajar con pantallas, evaluándolos con criterios concretos de tiempo y atención, y reduciendo la exposición continuada con pausas o cambios de tarea si hace falta.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 4. Vigilancia de la salud

Artículo 4. Vigilancia de la salud.

1. El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:

a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.

b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.

c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

2. Cuando los resultados de la vigilancia de la salud a que se refiere el apartado 1 lo hiciese necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico.

3. El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo de que se trate, si los resultados de la vigilancia de la salud a que se refieren los apartados anteriores demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales.

Datos clave

  • La vigilancia de la salud la realiza personal sanitario competente, conforme al apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención.
  • Se ofrece antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
  • Después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
  • También cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.
  • Si los resultados lo hacen necesario, derecho a un reconocimiento oftalmológico.
  • Dispositivos correctores especiales gratuitos cuando sean necesarios y no puedan utilizarse dispositivos correctores normales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El trabajador tiene derecho a que le vigilen la salud —sobre todo la vista— antes de empezar, de forma periódica y si aparecen síntomas, con reconocimiento oftalmológico y corrección visual gratuita si la necesita.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 5. Obligaciones en materia de información y formación

Artículo 5. Obligaciones en materia de información y formación.

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.

2. El empresario deberá informar a los trabajadores sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto de trabajo y sobre las medidas llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de este Real Decreto.

3. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.

Datos clave

  • Se dicta de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Formación e información adecuadas para los trabajadores y sus representantes sobre los riesgos y las medidas de prevención y protección.
  • Información sobre las medidas adoptadas conforme a los artículos 3 y 4 del Real Decreto.
  • Formación sobre las modalidades de uso de los equipos antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario tiene que informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos de las pantallas y las medidas tomadas, tanto al empezar como cada vez que su puesto cambie de forma apreciable.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores

Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores.

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Datos clave

  • Afecta a la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las cuestiones del Real Decreto sobre pantallas de visualización.
  • Se rige por el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Pueden ser consultados los propios trabajadores o sus representantes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consulta y participación de los trabajadores sobre este Real Decreto no tiene un cauce propio: sigue el procedimiento general de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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Anexo. 2. Entorno: espacio, iluminación, reflejos y deslumbramientos, ruido, calor, emisiones y humedad.

2. Entorno

a) Espacio.

El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo.

b) Iluminación.

La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado.

El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las características técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo.

c) Reflejos y deslumbramientos.

Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.

Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.

d) Ruido.

El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra.

e) Calor.

Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores.

f) Emisiones.

Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

g) Humedad.

Deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

Datos clave

  • El puesto debe tener espacio suficiente para los cambios de postura y los movimientos de trabajo.
  • La iluminación ha de garantizar niveles adecuados y relaciones de luminancias adecuadas entre la pantalla y su entorno, evitando deslumbramientos y reflejos molestos.
  • Las ventanas deben tener un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día.
  • El ruido de los equipos no debe perturbar la atención ni la palabra; no deben producir calor adicional molesto; las radiaciones no visibles se reducen a niveles insignificantes; la humedad ha de ser aceptable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Condiciones del entorno del puesto con pantallas: espacio para cambiar de postura, iluminación sin deslumbramientos ni reflejos, ventanas con cobertura regulable, ruido y calor controlados, radiaciones mínimas y humedad aceptable.

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Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos

El anexo del Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, contiene el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Se estructura en seis apartados (introducción; política de prevención; medidas preventivas; procedimiento de actuación; evaluación y seguimiento; implantación) y seis anexos: I, Asesoría confidencial; II, Comité de asesoramiento; III, modelo de solicitud; IV, diagrama de actuación; V, situaciones de acoso; VI, referencias normativas.

Introducción. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral atentan contra la libertad, la intimidad, la dignidad, la no discriminación por razón de sexo, la seguridad, la salud y la integridad física y moral, y afectan de forma abrumadoramente mayoritaria a las mujeres. El protocolo cita el Convenio de Estambul (2011, ratificado por España en 2014) y datos como que el 57,3 % de las mujeres que viven en España ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Queda expresamente prohibido cualquier comportamiento de esta naturaleza, que, con independencia de la legislación penal, puede ser considerado falta muy grave sancionable conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo promovió el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Igualdad; se negoció en la Comisión Técnica de Igualdad y lo ratificó la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Principios rectores (2.1). Conforme al artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el protocolo comprende al menos: el compromiso de prevenir y no tolerar el acoso; la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad, la intimidad y la igualdad de trato; el tratamiento reservado de la comunicación de los hechos; y la identificación de las personas responsables de atender las quejas o denuncias. Además: la víctima, incluida la de ciberacoso, puede solicitar la activación y tiene derecho a una respuesta, dejando la Administración siempre constancia por escrito, incluso si los hechos se comunican verbalmente; cualquier empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento los casos que conozca, mediante un mecanismo sencillo, rápido, accesible y confidencial; la investigación y la conclusión se llevan a cabo con la mayor celeridad posible; y se prevén medidas de recuperación, garantías de no repetición y reparación material y simbólica. El protocolo cumple también el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Objetivos y ámbito (2.2). El objetivo general es evitar las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo en la AGE y sus organismos y afrontarlas de manera efectiva si se producen. Entre los ocho objetivos específicos figuran fomentar la cultura preventiva, manifestar la tolerancia cero, facilitar la identificación de las conductas, implantar un mecanismo sencillo, rápido, accesible y confidencial de notificación, formar y sensibilizar, esclarecer las comunicaciones de forma ágil y confidencial, evitar la victimización secundaria y hacer el seguimiento de las actuaciones. Se aplica a todo el personal de la AGE y de sus organismos, y a quienes sin relación laboral prestan servicios o colaboran con ella (personas en formación, prácticas no laborales o colaboraciones análogas). También puede activarlo el personal de empresas externas que trabaje en centros de la AGE y sea víctima de personal de la Administración, y el personal de la AGE que sea víctima de personal de empresas externas; en este caso se garantiza la separación física de las personas afectadas. Incluye el acoso por medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso.

Garantías de actuación (2.3): respeto y protección a las personas, con posibilidad de asistencia por un representante unitario o sindical u otro acompañante; confidencialidad, con asignación de códigos numéricos identificativos a la víctima y a la persona presuntamente acosadora y respeto a la Ley Orgánica 3/2018 y al Reglamento (UE) 2016/679; diligencia y celeridad; imparcialidad; protección de la dignidad; derecho a la información; y prohibición de represalias contra quien denuncie, testifique o participe. Las medidas organizativas no pueden suponer menoscabo de las condiciones de trabajo o salariales de la víctima y deben ser aceptadas por ella; se separa a la presunta persona acosadora, no a la víctima, salvo que esta lo solicite. El acompañamiento psicosocial se deriva a los servicios del sistema sanitario o de la administración autonómica o local competente.

Definiciones (2.4). El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 define el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; y el acoso por razón de sexo como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Elementos del acoso por razón de sexo: hostigamiento, atentado objetivo a la dignidad percibido subjetivamente y resultado pluriofensivo. El condicionamiento de un derecho a la aceptación de una situación de acoso es también discriminación por razón de sexo, y queda amparado todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, la paternidad o la asunción de cuidados familiares. El artículo 184 del Código Penal castiga el acoso sexual con prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación especial de doce a quince meses; si hay prevalimiento de superioridad laboral, docente o jerárquica, prisión de uno a dos años e inhabilitación especial de dieciocho a veinticuatro meses; ante especial vulnerabilidad, la pena se impone en su mitad superior; y a la persona jurídica responsable, multa de seis meses a dos años.

Compromisos (2.5). Cada departamento u organismo debe declarar formalmente por escrito y difundir el rechazo al acoso, promover una cultura de prevención, comunicar, tramitar e investigar las conductas, garantizar la máxima confidencialidad, identificar y difundir la unidad responsable y el listado de asesoría confidencial, y apoyar a las presuntas víctimas. Las conductas pueden calificarse de falta muy grave (artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015). La representación sindical de la comisión de igualdad departamental tiene derecho a información periódica sobre el número de activaciones, los resultados y las medidas, sin datos personales, y tiene deber de sigilo.

Medidas preventivas (III): difusión del protocolo por intranet, documentos divulgativos, correo electrónico, sesiones y campañas de sensibilización periódicas (previa consulta sindical), manuales de acogida; formación general, específica para quienes intervienen y específica para el personal directivo; estadísticas desagregadas por sexo y anonimizadas; estudio de riesgos psicosociales; y evaluación periódica del protocolo.

Procedimiento (IV). La jefatura superior de personal identifica la unidad receptora (artículos 63 y 73 de la Ley 40/2015). Se establece un buzón de correo electrónico de uso exclusivo, al que solo accede personal con formación en asesoría confidencial, y en todo caso un buzón físico; la unidad receptora asigna un código numérico a cada parte. La comunicación, verbal o escrita, pueden presentarla la víctima o su representante legal, la representación del personal o cualquier empleado público que conozca los hechos. La unidad receptora la traslada a la Asesoría Confidencial inmediatamente (24 horas). Pueden proponerse medidas organizativas previas (reordenación del tiempo de trabajo, cambio de lugar o de tareas), que no pueden ser una solución permanente. Al finalizar, la asesoría confidencial emite un informe de valoración que propone el archivo (por desistimiento de la víctima, falta de objeto o insuficiencia de indicios, o por quedar resuelta la solicitud), el inicio de expediente disciplinario por acoso o por otras faltas distintas; el plazo de esta etapa no supera diez días, salvo excepciones justificadas. Si la víctima discrepa, dispone de diez días para presentar alegaciones y pedir el comité de asesoramiento, solo si el desacuerdo se basa en el archivo por falta de objeto o insuficiencia de indicios o si el informe aprecia una falta distinta del acoso. El comité se constituye en siete días y su etapa no supera veinte días, salvo excepciones justificadas; puede dar por terminada la investigación o proponer un informe final distinto. Se informa a las partes y se remite información estadística a la comisión de igualdad de la Mesa Delegada.

Evaluación e implantación (V y VI). Cada departamento u organismo remite anualmente a la Dirección General de la Función Pública una memoria anonimizada de actividades. Cada uno adapta el protocolo a sus necesidades con medidas preventivas y medidas proactivas o procedimentales, y debe fijar ámbito de aplicación, fecha de entrada en vigor, compromisos, unidad receptora, listado de asesoría confidencial y formas de publicidad, procurando que las actuaciones se desarrollen preferiblemente en el ámbito provincial.

Datos clave

  • Base: artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007 y artículo 13.1 de la Ley Orgánica 10/2022.
  • Las conductas de acoso pueden ser falta muy grave (artículo 95.2 del TREBEP).
  • Traslado de la comunicación a la Asesoría Confidencial: inmediatamente (24 horas).
  • Informe de valoración: plazo no superior a diez días, salvo excepciones justificadas.
  • Alegaciones de la víctima: diez días; constitución del comité de asesoramiento: siete días; etapa del comité: no más de veinte días.
  • Se separa a la presunta persona acosadora, no a la víctima, salvo que esta lo solicite.
  • Memoria anual anonimizada a la Dirección General de la Función Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Protocolo de la AGE contra el acoso sexual y por razón de sexo: tolerancia cero, garantías de confidencialidad y no represalia, prevención y un procedimiento rápido con unidad receptora, asesoría confidencial y, si hay discrepancia, comité de asesoramiento.

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Anexo I. Asesoría confidencial

El anexo I del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, regula la asesoría confidencial.

Definición y funciones. El asesor o asesora confidencial es la persona que, previa y específicamente formada para ello, asiste a la víctima que presente o quiera presentar una comunicación de activación del protocolo. Sus funciones son: asistir y asesorar a la víctima; informarle sobre sus derechos y las distintas formas de actuación posibles; elaborar informes técnicos sobre sus actuaciones; intervenir de forma directa en el estudio de los hechos comunicados; entrevistar a las personas implicadas (víctima, persona o personas sobre las que existen evidencias de haber cometido acoso, testigos y otro personal de interés); y poner en conocimiento de la unidad receptora los hechos cuando existan evidencias suficientes de acoso, previo conocimiento de la víctima. El listado de asesores y asesoras confidenciales de cada departamento u organismo, y la manera de contactar, se da a conocer a todo el personal.

Nombramiento. Cualquier empleada o empleado público, voluntariamente y tras recibir la formación necesaria, puede ser designado por la persona titular de la unidad responsable de la recepción de la comunicación. La lista debe estar integrada por personas de distintas categorías profesionales, de ambos sexos y en número adecuado, para que sean fácilmente accesibles teniendo en cuenta la estructura, ubicación y dispersión geográfica. La Administración facilita la disponibilidad de tiempo necesaria para esta función.

Principios de actuación: neutralidad; presunción de inocencia; confidencialidad, sin transmitir ni divulgar información sobre las comunicaciones presentadas, en investigación o resueltas; e indemnidad frente a represalias. Se aplican las causas de abstención y recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Formación. La Dirección General de la Función Pública, con la colaboración del Instituto de las Mujeres y, en su caso, de personas expertas, diseña el curso de «asesoría confidencial en la AGE»; para desempeñar la función es necesario haberlo superado o tener una formación equivalente. El módulo no es inferior a 100 horas de contenido eminentemente práctico, se integra en el itinerario formativo de igualdad en la AGE e incluye igualdad, acoso, el protocolo, técnicas de detección y evaluación (entrevistas, cuestionarios, fuentes documentales), sesgos de género, fases del acoso, atención psicológica a víctimas, habilidades comunicativas y gestión de equipos, además de sistemas de evaluación.

Datos clave

  • La asesoría confidencial asiste a la víctima y debe estar previa y específicamente formada.
  • Designación voluntaria, por la persona titular de la unidad responsable de la recepción de la comunicación.
  • Lista con distintas categorías profesionales, ambos sexos y número adecuado.
  • Principios: neutralidad, presunción de inocencia, confidencialidad e indemnidad frente a represalias.
  • Abstención y recusación: artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.
  • Curso diseñado por la Dirección General de la Función Pública con el Instituto de las Mujeres: no inferior a 100 horas, eminentemente práctico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La asesoría confidencial la ejercen empleados públicos voluntarios y formados que acompañan a la víctima, investigan los hechos y los comunican a la unidad receptora; actúan con neutralidad, presunción de inocencia, confidencialidad e indemnidad.

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Anexo II. Comité de asesoramiento

El anexo II del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, regula el comité de asesoramiento.

Composición. El comité es paritario y lo forman dos personas del departamento ministerial u organismo dependiente, de las que al menos una debe tener la condición de asesor confidencial, y dos representantes del personal del departamento u organismo donde presta servicios la presunta víctima, elegidos por los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada. En la designación se garantiza la distancia de parentesco por afinidad o consanguinidad, de relaciones de amistad o enemistad manifiesta y de relación de ascendencia o dependencia funcional u orgánica con las personas implicadas; quien esté afectado queda automáticamente inhabilitado y es sustituido. Se procura la presencia equilibrada, y las personas designadas no pueden haber intervenido en las etapas anteriores. Los miembros los designa la jefatura superior de personal del departamento u organismo. Cuando el comité lo estime necesario puede asistirle una persona experta en igualdad y acoso, que debe ser empleada o empleado público de la AGE. Todos los miembros están obligados a guardar la máxima confidencialidad.

Régimen de funcionamiento: las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre órganos colegiados; la normativa legal y convencional española sobre acoso; las directivas y recomendaciones de la Unión Europea en la materia; las previsiones del protocolo; y las normas de funcionamiento que acuerde el propio comité.

Informe de conclusiones y recomendaciones. Debe incluir como mínimo: relación nominal de los miembros del comité e identificación de la víctima y de la persona supuestamente acosadora mediante código numérico; antecedentes y circunstancias del caso; actuaciones previas e informe de valoración y propuesta de la asesoría confidencial; otras actuaciones (testimonios, pruebas, resumen de los hechos); y conclusiones con las medidas propuestas.

Datos clave

  • Comité paritario de cuatro miembros: dos del departamento u organismo (al menos uno asesor confidencial) y dos representantes del personal.
  • Los representantes del personal los eligen las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada.
  • Designación de los miembros: jefatura superior de personal del departamento u organismo.
  • Los designados no pueden haber intervenido en etapas anteriores; el afectado por parentesco o relación queda automáticamente inhabilitado.
  • Puede asistir una persona experta, que debe ser empleada pública de la AGE.
  • Funcionamiento según la Ley 40/2015 sobre órganos colegiados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El comité de asesoramiento es paritario: dos personas del departamento (al menos una asesora confidencial) y dos representantes del personal; miembros sin vínculo con las partes ni intervención previa, designados por la jefatura superior de personal.

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Anexo V. Situaciones de acoso sexual y por razón de sexo

El anexo V del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, recoge las situaciones que pueden constituir acoso. Parte de las definiciones del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo: acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Los listados son a título de ejemplo, sin ánimo excluyente ni limitativo.

Conductas constitutivas de acoso sexual (listado no exhaustivo):

  • Verbales: insinuaciones sexuales, proposiciones o presión para la actividad sexual; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables; llamadas o contactos por redes sociales indeseados; bromas o comentarios sobre la apariencia sexual; preguntas sobre la vida privada que afecten a la integridad e indemnidad sexual; invitaciones impúdicas o comprometedoras.
  • No verbales: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, objetos o escritos, miradas impúdicas, gestos; cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales ofensivos y de claro contenido sexual.
  • Físicas: contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario, gestos obscenos.

Chantaje sexual o acoso quid pro quo: forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados beneficios o condiciones de trabajo (formación, empleo continuado, promoción, retribución). Supone un abuso de autoridad: la persona acosadora es la que tiene poder, directo o indirecto, para proporcionar o retirar el beneficio. Acoso sexual ambiental: la persona acosadora crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo mediante comportamientos indeseados de naturaleza sexual; puede cometerlo cualquier miembro de la organización, con independencia de su posición, o terceras personas del entorno de trabajo.

Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo (listado no exhaustivo): demérito de la valía profesional por la maternidad o paternidad; conductas hostiles hacia quienes ejercen sus derechos de conciliación; descalificaciones públicas y reiteradas por razón de género; minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles asignados a su sexo; conductas discriminatorias por razón de género; asignar tareas sin sentido o imposibles (plazos irracionales) en función del sexo; formas denigrantes de dirigirse a personas de un sexo; asignar un puesto de responsabilidad inferior a su capacidad únicamente por su sexo; comentarios sexistas basados en prejuicios de género; ridiculizar las capacidades por razón de sexo; ignorar aportaciones; y usar la fuerza física para mostrar la superioridad de un sexo.

Datos clave

  • Definiciones tomadas del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
  • Los listados son ejemplos no exhaustivos, sin ánimo excluyente ni limitativo.
  • Acoso sexual: conductas verbales, no verbales y físicas.
  • Chantaje sexual (quid pro quo): elegir entre someterse o perder beneficios o condiciones de trabajo; supone abuso de autoridad.
  • Acoso sexual ambiental: entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; puede cometerlo cualquier miembro de la organización o terceros.
  • Acoso por razón de sexo: por ejemplo, demérito por maternidad o paternidad o conductas hostiles hacia quienes ejercen derechos de conciliación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ejemplos no exhaustivos de acoso sexual (verbal, no verbal y físico), sus dos modalidades (chantaje y ambiental) y conductas de acoso por razón de sexo, a partir de las definiciones de la Ley Orgánica 3/2007.

Esquema

Dos modalidades de acoso sexual
Chantaje (quid pro quo)Ambiental
Qué haceCondiciona beneficios o condiciones de trabajo a someterseCrea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo
QuiénQuien tiene poder para dar o retirar el beneficioCualquier miembro o terceras personas del entorno

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Aprobación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

El apartado primero de la parte dispositiva del Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

El protocolo no se recoge en el articulado, sino que se incluye como anexo al propio real decreto, de modo que su contenido completo figura en ese anexo.

Datos clave

  • Norma: Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo.
  • Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
  • Ámbito: Administración General del Estado y sus organismos públicos.
  • El protocolo se incluye como anexo al real decreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El real decreto tiene un objeto simple: aprobar el Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de la AGE y sus organismos públicos, que no va en el articulado sino como anexo.

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