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Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: objeto y ámbito de aplicación. Transparencia de la actividad pública y publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública: concepto, límites y procedimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Datos clave

  • Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
  • Regula y garantiza el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
  • Establece las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley tiene un objeto triple: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y fijar las obligaciones de buen gobierno y las consecuencias de incumplirlas.

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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

Datos clave

  • El título de transparencia se aplica a la Administración General del Estado, a las de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, y a las entidades de la Administración Local, entre otros sujetos.
  • También a sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por las Administraciones.
  • A estos efectos, son Administraciones Públicas los organismos y entidades de las letras a) a d) del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quién está sometido a todo el Título I: Administraciones Públicas y el amplio entorno del sector público vinculado a ellas.

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Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Datos clave

  • Se les aplican las disposiciones del capítulo II del título (publicidad activa).
  • Sujetos incluidos: partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
  • Entidades privadas con ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros durante el período de un año.
  • También las que reciban al menos el 40 % de sus ingresos anuales como ayuda o subvención pública.
  • En el supuesto del 40 %, deben alcanzar como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Extiende solo las obligaciones de publicidad activa (capítulo II) a partidos, sindicatos, patronales y entidades privadas muy dependientes de subvenciones públicas.

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Artículo 4. Obligación de suministrar información.

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

Datos clave

  • Quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, la información necesaria a la Administración a la que estén vinculados.
  • La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos del contrato.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Impone a particulares que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas el deber de dar información a la Administración, si se les requiere, para que esta cumpla sus obligaciones del título.

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Artículo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Datos clave

  • Los sujetos del artículo 2.1 publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia.
  • Límites aplicables: los del artículo 14 y, especialmente, la protección de datos del artículo 15.
  • Datos especialmente protegidos: publicidad solo previa disociación.
  • Publicación en sedes electrónicas o páginas web, de forma clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
  • Entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente sociales o culturales y presupuesto inferior a 50.000 euros: pueden usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas.
  • Información comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo debe publicarse la información de publicidad activa: periódica, actualizada, clara y accesible, respetando los límites de acceso y protección de datos.

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Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Datos clave

  • Publicación de funciones, normativa aplicable y estructura organizativa.
  • Organigrama actualizado con responsables, perfil y trayectoria profesional.
  • Las Administraciones publican planes y programas anuales y plurianuales.
  • Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento, con indicadores.
  • En la AGE evalúan el cumplimiento las inspecciones generales de servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad activa de quién es cada sujeto y qué planea: funciones, normativa, estructura y organigrama con responsables; y, para las Administraciones, planes y programas con objetivos, medios y plazos, evaluados y publicados periódicamente.

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Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.

El artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula el registro de actividades de tratamiento como obligación de publicidad activa.

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.

Datos clave

  • Obligados: los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
  • Deben publicar su inventario de actividades de tratamiento.
  • La obligación se aplica en virtud del artículo 31 de esa Ley Orgánica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad activa también en protección de datos: los sujetos del artículo 77.1 de la LOPDGDD deben publicar su inventario de actividades de tratamiento, como exige el artículo 31 de esa ley orgánica.

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Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Datos clave

  • Las Administraciones publican directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
  • También los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y de reglamentos, y las memorias de los expedientes normativos.
  • Y los documentos que deban someterse a información pública durante su tramitación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recoge qué documentos con valor normativo o interpretativo hay que publicar: instrucciones y circulares con efectos jurídicos, anteproyectos, proyectos de reglamento y sus memorias.

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Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (apartado 1, letras d) a i), y apartados 2 y 3).

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Datos clave

  • Se publican los presupuestos y su ejecución, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización.
  • También las retribuciones anuales de los altos cargos, las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.
  • Las Administraciones publican la relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que tengan algún derecho real.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué información económica se publica: presupuestos y su ejecución, cuentas e informes de auditoría, retribuciones de altos cargos, compatibilidades, bienes de los representantes locales y estadísticas; más reglas para los sujetos del artículo 3 y los inmuebles.

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Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Datos clave

  • El cumplimiento de la publicidad activa por la Administración General del Estado lo controla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  • El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa es infracción grave a efectos disciplinarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el control del cumplimiento de la publicidad activa por la AGE, con capacidad de dictar resoluciones y activar el régimen disciplinario.

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Artículo 10. Portal de la Transparencia.

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.

Datos clave

  • La Administración General del Estado desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
  • El Portal incluye la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para facilitar el acceso a la información de los artículos anteriores; todas las administraciones pueden adoptar medidas complementarias y de colaboración.

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Artículo 11. Principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • Principios técnicos del Portal de la Transparencia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
  • La interoperabilidad se ajusta al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información del Portal de la Transparencia se publica según prescripciones técnicas reglamentarias que deben respetar tres principios: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

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Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Datos clave

  • Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.
  • El derecho se ejerce en los términos del artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la Ley 19/2013.
  • En el ámbito de sus competencias se aplica también la normativa autonómica correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de acceso es de «todas las personas», sin necesidad de justificar un interés, y enlaza con el artículo 105.b) de la Constitución.

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Artículo 13. Información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, en poder de los sujetos del título.
  • Han de haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Información pública es cualquier contenido o documento, en cualquier formato, que esté en poder de un sujeto obligado y que este haya elaborado o simplemente adquirido en el ejercicio de sus funciones.

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Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Datos clave

  • El acceso puede limitarse por perjuicio, entre otros, para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.
  • También para la prevención e investigación de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y las funciones de vigilancia, inspección y control.
  • Y para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la confidencialidad en la toma de decisiones y el medio ambiente.
  • La aplicación de los límites será justificada y proporcionada, atendiendo a un posible interés público o privado superior.
  • Las resoluciones que apliquen límites se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los doce supuestos que pueden limitar el derecho de acceso (seguridad, defensa, economía, medio ambiente...) y exige que su aplicación sea justificada y proporcionada.

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Artículo 15. Protección de datos personales.

El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula cómo se ponderan los datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Datos clave

  • Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiese hecho manifiestamente públicos.
  • Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley.
  • Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
  • Sin datos especialmente protegidos, el acceso exige una ponderación suficientemente razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
  • Entre los criterios de ponderación figuran los plazos del artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y los fines históricos, científicos o estadísticos.
  • No se aplican estas reglas si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales.
  • El tratamiento posterior de los datos obtenidos se somete a la normativa de protección de datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se pesan los datos personales al resolver una solicitud de acceso: dos niveles de datos especialmente protegidos con requisitos distintos, acceso general a los meramente identificativos y ponderación razonada para el resto.

Esquema

Datos especialmente protegidos
Ideología, sindicato, religión, creenciasOrigen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos, infracciones
ConsentimientoExpreso y por escritoExpreso
AlternativaQue el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos antesAmparo en norma con rango de ley

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Artículo 16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

Datos clave

  • Procede cuando los límites del artículo 14 no afectan a la totalidad de la información.
  • Se concede el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite.
  • Excepción: que resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
  • Debe indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un límite del art. 14 solo afecta a parte de la información, se da acceso al resto omitiendo lo afectado, salvo que quede una información distorsionada o sin sentido.

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Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

Datos clave

  • La solicitud se dirige al titular del órgano o entidad que posea la información.
  • Constancia de: identidad, información solicitada, dirección de contacto y, en su caso, modalidad de acceso.
  • El solicitante no está obligado a motivar la solicitud.
  • La falta de motivación no es por sí sola causa de rechazo.
  • Puede usarse cualquier lengua cooficial del territorio de la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se presenta la solicitud de acceso: a quién se dirige, qué datos debe incluir y que no hace falta motivarla.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Datos clave

  • Las causas de inadmisión se aplican mediante resolución motivada.
  • Se inadmite la información en curso de elaboración o de publicación general y la de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos).
  • También la que requiera una acción previa de reelaboración.
  • Y las solicitudes dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente, o las manifiestamente repetitivas o abusivas.
  • En el caso de órgano sin la información, la resolución debe indicar el órgano que se considera competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los casos en que una solicitud de acceso se inadmite a trámite sin entrar en el fondo, siempre mediante resolución motivada.

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Artículo 19. Tramitación.

1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

Datos clave

  • Información que no obra en poder del sujeto: se remite al competente, si lo conociera, y se informa al solicitante.
  • Solicitud imprecisa: plazo de diez días para concretarla, con advertencia de desistimiento.
  • Terceros afectados debidamente identificados: plazo de quince días para alegaciones.
  • En ambos casos se suspende el plazo para dictar resolución y se informa al solicitante.
  • Información elaborada en su integridad o parte principal por otro: se le remite la solicitud para que decida sobre el acceso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro reglas de tramitación: remisión si no la tiene el sujeto, 10 días para concretar una solicitud imprecisa, 15 días de alegaciones a terceros afectados, y remisión si el contenido lo generó otro.

Esquema

Los dos plazos del art. 19
Concretar solicitudAlegaciones de terceros
Plazo10 días15 días
Quién actúaEl propio solicitanteEl tercero cuyos derechos pueden verse afectados
Si no se cumpleSe le tiene por desistidoSe resuelve sin sus alegaciones
Efecto en el plazo de resoluciónSe suspendeSe suspende

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Artículo 20. Resolución.

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Datos clave

  • Plazo máximo para notificar la resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad.
  • Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.
  • Las resoluciones son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24.
  • El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo es infracción grave a efectos disciplinarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el plazo para resolver y notificar -un mes, ampliable a otro-, cuándo hay que motivar la resolución y que el silencio se entiende desestimatorio.

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Artículo 21. Unidades de información.

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.

c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.

g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

Datos clave

  • Las Administraciones establecen sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información en su organización interna.
  • En la Administración General del Estado existen unidades especializadas que, entre otras funciones, reciben y tramitan las solicitudes y llevan su registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones organizan la gestión de solicitudes; en la AGE hay unidades especializadas con funciones tasadas, de recabar información a llevar el registro de solicitudes.

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Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Datos clave

  • El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica; si no puede darse con la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días.
  • Si hubo oposición de tercero, el acceso se produce cuando transcurre el plazo para el recurso contencioso-administrativo sin interponerlo o cuando se confirma el derecho.
  • El acceso es gratuito; las copias o el cambio de formato pueden generar exacciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se hace efectivo el acceso ya concedido: por vía electrónica, en un plazo máximo si no fue inmediato, y de forma gratuita salvo copias.

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Artículo 23. Recursos.

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Datos clave

  • La reclamación del artículo siguiente es sustitutiva de los recursos administrativos.
  • Se fundamenta en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  • Contra las resoluciones de los órganos del artículo 2.1.f) solo cabe recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reclamación del art. 24 sustituye a los recursos administrativos, salvo frente a los órganos del art. 2.1.f), contra los que solo cabe recurso contencioso-administrativo.

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Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.

Datos clave

  • Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
  • Plazo de interposición: un mes.
  • Audiencia a terceros afectados cuando la denegación se basa en sus derechos o intereses.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses; silencio desestimatorio.
  • El Presidente del Consejo comunica las resoluciones al Defensor del Pueblo.
  • Las CCAA pueden atribuir la competencia a un órgano específico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia frente a las resoluciones de acceso, previa a la vía contenciosa.

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Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Datos clave

  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
  • Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
  • Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, autonomía y plena independencia.

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Artículo 34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Datos clave

  • Promover la transparencia de la actividad pública.
  • Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
  • Salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
  • Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno persigue cuatro fines: promover la transparencia, velar por las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso y garantizar la observancia del buen gobierno.

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Artículo 35. Composición.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.

Datos clave

  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se compone de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y del Presidente.
  • El Presidente del Consejo lo es también de su Comisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo, que preside también la Comisión.

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Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

a) El Presidente.

b) Un Diputado.

c) Un Senador.

d) Un representante del Tribunal de Cuentas.

e) Un representante del Defensor del Pueblo.

f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.

4. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Datos clave

  • La Comisión ejerce las competencias de la Ley y de su normativa de desarrollo.
  • Composición: Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, AEPD, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y AIReF.
  • Ser miembro no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración, salvo el Presidente.
  • Al menos una vez al año convoca a los organismos autonómicos con funciones similares.
  • Puede convocarse un representante de la Administración Local propuesto por la FEMP.

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Detalla la composición de la Comisión -Presidente más siete representantes institucionales- y aclara que ser miembro no da derecho a remuneración ni exige dedicación exclusiva.

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Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

Datos clave

  • Mandato: cinco años, no renovable.
  • Nombramiento por Real Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Comparecencia previa ante la Comisión correspondiente del Congreso.
  • El Congreso refrenda por mayoría absoluta en el plazo de un mes natural.
  • Cese: expiración del mandato, petición propia o separación por el Gobierno.
  • Retribuciones según el Real Decreto 451/2012.

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Regula el nombramiento del Presidente -5 años no renovables, propuesto por Hacienda y refrendado por el Congreso- y sus causas de cese.

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Artículo 38. Funciones.

1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones:

a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley.

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Datos clave

  • El Consejo tiene encomendadas 8 funciones (letras a a h del apartado 1).
  • Informa preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la Ley o se relacionen con su objeto.
  • Elabora anualmente una memoria sobre el grado de aplicación de la Ley que se presenta ante las Cortes Generales.
  • El Presidente adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la Ley.
  • El Presidente conoce de las reclamaciones del artículo 24.
  • El Presidente insta el procedimiento sancionador del título II; el órgano competente debe motivar su decisión de no incoarlo.
  • El Presidente aprueba el anteproyecto de presupuesto.

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Reparte las funciones entre el Consejo/Comisión -recomendaciones, informes, memoria anual- y el Presidente, que ejerce las funciones operativas: reclamaciones, control de publicidad activa e impulso del régimen sancionador.

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Artículo 39. Régimen jurídico.

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta Ley, por:

a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado.

b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.

d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, en materia de medios personales.

e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas.

2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Datos clave

  • Normas aplicables: Ley General Presupuestaria, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Patrimonio, EBEP y Ley 30/1992.
  • Elabora anualmente un anteproyecto de presupuesto.
  • El Estatuto del Consejo lo aprueba el Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
  • Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios públicos.
  • Medios económicos: asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, patrimonio y rentas, y otros legalmente atribuidos.

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Régimen jurídico del Consejo de Transparencia: cinco bloques normativos supletorios, Estatuto aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros, puestos desempeñados con carácter general por funcionarios y tres fuentes de bienes y medios económicos.

Esquema

Normas supletorias del Consejo
MateriaNorma
a)PresupuestariaLey 47/2003
b)ContratosReal Decreto Legislativo 3/2011
c)PatrimonioLey 33/2003 y, en lo no previsto, Derecho privado
d)Medios personalesLey 7/2007 y normas del personal funcionario de la AGE
e)Funciones públicasLey 30/1992 y normativa aplicable

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Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.

Datos clave

  • El Consejo eleva a las Cortes Generales una memoria con carácter anual.
  • La memoria versa sobre el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de la Ley.
  • El Presidente comparece ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de la memoria.
  • El Presidente comparece además cuantas veces sea requerido para ello.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo eleva cada año a las Cortes Generales una memoria de actividades y del grado de cumplimiento de la Ley; su Presidente comparece ante la Comisión correspondiente para darla a conocer y cuantas veces sea requerido.

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