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Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: Objeto. Definiciones y Principios. Ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones.

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Artículo 1. Objeto de esta ley.

Esta ley tiene por objeto:

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Datos clave

  • La ley tiene un doble objeto: garantizar derechos de las personas con discapacidad y establecer el régimen de infracciones y sanciones.
  • Garantiza la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos.
  • Medios: autonomía personal, accesibilidad universal, acceso al empleo, inclusión en la comunidad y vida independiente, y erradicación de toda discriminación.
  • Fundamento constitucional: artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española.
  • Fundamento internacional: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley persigue dos fines: garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad y fijar el régimen de infracciones y sanciones que protege esas condiciones básicas.

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Artículo 2. Definiciones.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de esta ley se entiende por:

a) Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

b) Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.

c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.

e) Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.

f) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

g) Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.

h) Vida independiente: derecho fundamentado en la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y el control sobre la propia vida, que garantiza a las personas con discapacidad la libertad real de decidir cómo, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas, contando con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles para el ejercicio efectivo de dicha elección y su plena inclusión en la comunidad.

i) Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.

j) Inclusión: proceso o estado irrenunciable que asegura, desde la valoración positiva de la diversidad humana, la presencia, participación y progreso plenos de todas las personas en las diferentes esferas de la vida, y como un presupuesto irrenunciable para hacer efectivos los derechos humanos. La inclusión es incompatible con cualquier forma de segregación, discriminación o exclusión.

k) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Incluye, también, la accesibilidad auditiva, a la información y la comunicación para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

l) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del entorno físico, cognitivo, comunicativo, social y actitudinal a las realidades o situaciones concretas de una persona con discapacidad y que no impongan una carga desproporcionada o indebida para los derechos de las personas, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación, garantizando a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos sus derechos. La no realización de un ajuste razonable supone una discriminación por razón de discapacidad y la violación del derecho a la no discriminación. En este sentido, en la denegación de los ajustes entran en juego las disposiciones en materia de no discriminación y, también, las relativas a la protección de los derechos.

n) Diálogo civil: es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

o) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

p) Capacitismo: proceso mental que valora y determina la admisión social de las personas por su capacidad funcional considerando como normalidad humana un determinado estándar de funcionamiento. El capacitismo provoca que las personas que no cumplen el patrón de normalidad sean vistas como personas menos valiosas por la sociedad y genera prejuicios que dan lugar a la discriminación, exclusión y opresión de las personas con discapacidad.

q) Desinstitucionalización: proceso de cambio social, político y cultural que prevé el tránsito del cuidado en entornos, identificados genéricamente como instituciones hacia modalidades de prestación de apoyo y cuidado de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, centradas en la persona, que respeten sus elecciones, voluntad y preferencias y que promuevan la autonomía, la vida independiente, la emancipación, la participación social y la inclusión plena en la comunidad.

r) Interseccionalidad: es la situación por la cual una misma persona puede sufrir discriminación como consecuencia de múltiples categorías sociales que convergen en ella simultáneamente, como el género, la clase socioeconómica, alguna discapacidad, o su lugar de origen, entre otros factores.

s) Urgencia vital: situación excepcional, extraordinaria y puntual, que requiere una intervención inmediata, por la existencia de un riesgo inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceras personas, cuando no es posible obtener su consentimiento libre e informado por ningún medio o formato adecuado, habiendo resultado totalmente ineficaces los sistemas de apoyo.

t) Sordoceguera: discapacidad específica derivada de la concurrencia simultánea de una discapacidad visual y una discapacidad auditiva de carácter severo o profundo, que genera necesidades de apoyo extensas y continuadas en la comunicación, la orientación, la movilidad, el acceso a la información y la interacción con el entorno.

La sordoceguera requiere intervenciones especializadas, apoyos individualizados y, cuando sea necesario, recursos específicos de atención integral que garanticen la accesibilidad comunicativa, sensorial y cognitiva, así como la participación plena en la vida social.

Datos clave

  • El artículo 2 recoge 20 definiciones, de la letra a) a la t), entre ellas capacitismo, desinstitucionalización, interseccionalidad, urgencia vital y sordoceguera.
  • Discapacidad: situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva.
  • Vida independiente: derecho que garantiza la libertad real de decidir cómo, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones y con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles.
  • Ajustes razonables: adaptaciones del entorno físico, cognitivo, comunicativo, social y actitudinal sin carga desproporcionada; no realizarlos supone discriminación por razón de discapacidad.
  • Urgencia vital: situación excepcional que requiere intervención inmediata por riesgo inminente para la vida o la integridad cuando no es posible obtener el consentimiento libre e informado.
  • Sordoceguera: concurrencia simultánea de una discapacidad visual y una discapacidad auditiva de carácter severo o profundo, con necesidades de apoyo extensas y continuadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Glosario de la ley: discapacidad, igualdad de oportunidades, las tres discriminaciones, acoso, accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables y conceptos nuevos como capacitismo, desinstitucionalización, interseccionalidad, urgencia vital y sordoceguera.

Esquema

Diseño universal y ajustes razonables
Diseño universalAjustes razonables
CuándoDesde el origen, siempre que sea posibleCuando se requieran en un caso particular
Para quiénTodas las personas, sin adaptaciónUna persona con discapacidad concreta
LímiteNo excluye productos de apoyoSin carga desproporcionada o indebida

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Artículo 3. Principios.

Los principios de esta ley serán:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

b) La vida independiente.

c) La no discriminación.

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.

e) La igualdad de oportunidades.

f) La igualdad entre mujeres y hombres.

g) La normalización.

h) La accesibilidad universal.

i) Diseño universal o diseño para todas las personas.

j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

k) El diálogo civil.

l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

Datos clave

  • Son trece principios, enumerados de la a) a la m).
  • Dignidad, autonomía individual e independencia de las personas; vida independiente; no discriminación.
  • Igualdad de oportunidades e igualdad entre mujeres y hombres.
  • Normalización, accesibilidad universal y diseño universal o para todas las personas.
  • Participación e inclusión plenas, diálogo civil y transversalidad de las políticas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de trece principios que inspiran la ley, desde la dignidad y la autonomía individual hasta la transversalidad de las políticas de discapacidad.

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Artículo 4. Titulares de los derechos.

Artículo 4. Titulares de los derechos.

1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Las disposiciones normativas de los poderes y las Administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes, cuando actúen en calidad de tales, utilizarán los términos “persona con discapacidad” o “personas con discapacidad” para denominarlas.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Se considerará también, a los efectos de esta ley, que presentan una discapacidad del 33 por ciento las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III. Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.

Independientemente de lo expresado anteriormente, la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real.

3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad.

5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

6. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

Datos clave

  • Son personas con discapacidad quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena.
  • A los efectos de esta ley, tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
  • Dependencia reconocida oficialmente en grado I: se considera una discapacidad del 33 por ciento; en grado II y III, una discapacidad del 65 por ciento.
  • La asimilación de la dependencia solo produce efectos en los ámbitos previstos por ley o por normas que la contemplen expresamente, y no se aplica en el ámbito tributario.
  • Pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y de clases pasivas por incapacidad permanente para el servicio: grado igual o superior al 33 por ciento a determinados efectos.
  • La persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real, y la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional.

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Quién es persona con discapacidad: la definición general, el grado igual o superior al 33 por ciento y las asimilaciones por dependencia y por pensiones de incapacidad; además, cómo se reconoce y acredita el grado.

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Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal

Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, conforme a lo estipulado en la letra k) del artículo 2, se aplicarán, además de a los derechos regulados en el título I, en los ámbitos siguientes:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

c) Transportes.

d) Bienes y servicios a disposición del público.

e) Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.

f) Administración de justicia.

g) Participación en la vida pública y en los procesos electorales.

h) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico, siempre con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad.

i) Empleo.

Datos clave

  • Las medidas se aplican, además de a los derechos del título I, en nueve ámbitos, de la a) a la i).
  • Remisión: letra k) del artículo 2.
  • Incluye telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; y transportes.
  • Relaciones con las administraciones públicas: incluido el acceso a las prestaciones públicas y a sus resoluciones administrativas.
  • También: Administración de justicia y participación en la vida pública y en los procesos electorales.
  • Patrimonio cultural: conciliando la protección patrimonial con el acceso, goce y disfrute.
  • Último ámbito: el empleo.

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Enumera los nueve ámbitos, además de los derechos del título I, en que se aplican las medidas específicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

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Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad

Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.

1. El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará respetando el principio de libertad en la toma de decisiones, debiendo los poderes públicos proveer de los medios y apoyos, tanto materiales como personales, que aseguren el acceso y la comprensión de la información como presupuesto para un consentimiento informado con todas las garantías para la libertad y preferencias de las personas con discapacidad.

2. Las personas con discapacidad tienen derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás personas. Para facilitar el goce pleno de este derecho los poderes públicos generarán las condiciones y promoverán las oportunidades, ofreciéndoles los apoyos necesarios a cada caso, para asegurar que las personas con discapacidad puedan elegir su lugar de residencia, y dónde, con quién y cómo vivir en igualdad de condiciones con las demás, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.

3. Asimismo, las distintas Administraciones públicas competentes deben promover que las personas con discapacidad dispongan de una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal y, en su caso, la asistencia animal, que sea necesaria para facilitar el desarrollo de proyectos de vida independiente y su inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta. El acceso a dichos servicios debe darse sin discriminación de ningún tipo, paro lo que se habilitarán cuantas medidas sean necesarias para la eliminación de las barreras administrativas, lingüísticas, culturales o territoriales que puedan afectar a grupos poblacionales en especial situación de vulnerabilidad.

4. Los poderes públicos asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades, incluido el acceso a viviendas dignas y adecuadas, con especial consideración en los programas y parques públicos de vivienda y otras políticas públicas de vivienda.

5. Los poderes públicos impulsarán planes de desinstitucionalización que promuevan la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

6. En todo caso, se deberán tener en cuenta las circunstancias y la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad y asegurarle apoyos que garanticen su libertad en la toma de decisiones.

7. Las distintas Administraciones públicas, dentro de su ámbito de competencia, elaborarán planes en materia de accesibilidad e inclusión que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a los servicios comunitarios.

Datos clave

  • El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará respetando el principio de libertad en la toma de decisiones.
  • Los poderes públicos deben proveer medios y apoyos materiales y personales que aseguren el acceso y la comprensión de la información como presupuesto del consentimiento informado.
  • Derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad: elegir lugar de residencia y dónde, con quién y cómo vivir, sin verse obligadas a un sistema de vida específico.
  • Las Administraciones deben promover servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal y, en su caso, la asistencia animal.
  • Los poderes públicos impulsarán planes de desinstitucionalización que promuevan la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
  • Las Administraciones públicas, dentro de su ámbito de competencia, elaborarán planes en materia de accesibilidad e inclusión que faciliten el acceso a los servicios comunitarios.

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Autonomía de la persona con discapacidad: libertad para decidir con apoyos e información accesible, derecho a la vida independiente y a elegir dónde y con quién vivir, y servicios comunitarios sin discriminación.

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Artículo 7. Derecho a la igualdad.

Artículo 7. Derecho a la igualdad.

1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

2. Para garantizar este derecho a la igualdad, las Administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.

3. Las Administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio, así como de participación en los asuntos públicos, en los términos previstos en este título y demás normativa que sea de aplicación.

4. Asimismo, las Administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables expuestas a la discriminación múltiple e interseccional como las niñas, niños y mujeres, personas mayores víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, personas con pluridiscapacidad, personas con discapacidad residentes en el medio rural y personas con discapacidad con extensas y continuadas necesidades de apoyo, personas de etnia gitana, LGTBI o integrantes de otras minorías. Esta protección también alcanzará a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional que se vean afectadas por barreras añadidas que agraven su exclusión y discriminación.

5. Las políticas, estrategias, programas y acciones de los poderes públicos tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida, adaptando las estructuras, dispositivos, recursos e intervenciones oficiales a las particularidades derivadas de la adquisición imprevista de la discapacidad.

6. Las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar los productos de apoyo y las ayudas técnicas que necesiten para el ejercicio de su autonomía personal y su participación plena en la vida en la comunidad.

En ningún caso podrán ser obligadas a prescindir de dichos productos o a desactivarlos, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas y en el uso de bienes, productos y servicios puestos a disposición del público.

Ello se entenderá sin perjuicio de la acreditación de su necesidad para la participación en los procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada.

Datos clave

  • Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
  • Protección especialmente intensa en igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva y participación en los asuntos públicos, entre otros.
  • Protección singularmente intensa de las personas especialmente vulnerables expuestas a la discriminación múltiple e interseccional, como las personas con pluridiscapacidad o residentes en el medio rural.
  • Esta protección alcanza también a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional afectadas por barreras añadidas.
  • Las políticas públicas tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida.
  • En ningún caso podrán ser obligadas a prescindir de los productos de apoyo o a desactivarlos, sin perjuicio de acreditar su necesidad en los procesos selectivos de acceso al empleo público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mismos derechos que el resto de la ciudadanía, con protección especialmente intensa en ámbitos clave y para grupos con discriminación múltiple; y derecho a usar productos de apoyo sin que se les obligue a prescindir de ellos.

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Artículo 7 bis. Respeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad en su seno

El artículo 7 bis del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, reconoce el derecho a la familia, al hogar y a las relaciones interpersonales.

Las personas con discapacidad gozarán de plenitud de derechos en todas las cuestiones referidas al matrimonio u otras formas análogas de afectividad, desde el respeto de su identidad sexual y su orientación del deseo, a la creación de una familia y mantenimiento de un hogar, a la paternidad y la maternidad y a las relaciones interpersonales, sin que sean admisibles tratos desiguales o discriminaciones por este motivo o asociadas al mismo.

Los poderes públicos garantizarán la efectividad del derecho de todas las personas con discapacidad, en edad de contraer matrimonio, a casarse o a formar una pareja de hecho sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges o integrantes de la relación afectiva.

Tienen derecho a fundar una familia. Los poderes públicos respetarán su derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos e hijas y el tiempo entre un nacimiento y otro, a recibir información accesible y educación afectivo-sexual, incluida la referente a la dimensión reproductiva, y a que se les ofrezcan los medios y apoyos necesarios para ejercer esos derechos.

Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, tienen derecho a mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. Los poderes públicos harán efectivos sus derechos y obligaciones en lo que respecta a la patria potestad, la tutela, la custodia, la guarda, la adopción u otras instituciones de apoyo de la legislación civil, actuando siempre sobre la base del interés superior de niñas y niños y prestando apoyos y asistencia para la crianza de sus hijas o hijos.

Gozan del derecho a la intimidad personal y familiar; los poderes públicos protegerán su privacidad, particularmente en su información personal y en la relativa a la salud y a la rehabilitación. Asimismo, asegurarán que las niñas y los niños y otras personas que, sin ser menores de edad legal, estén bajo la responsabilidad o al cuidado de personas adultas, con medidas de apoyo, disfruten los mismos derechos en la vida familiar que reconoce la legislación civil y procesal vigente.

Las familias que tengan en su seno a personas con discapacidad gozarán de la máxima consideración en todas las políticas de promoción y protección familiares, introduciendo, en su caso, medidas de acción positiva de carácter jurídico, social, económico, de corresponsabilidad y de conciliación para las familias cuidadoras. Las personas con discapacidad y sus familias estarán protegidas contra la soledad forzosa o no deseada, disponiendo de apoyos y recursos para su completa socialización y participación comunitarias.

Datos clave

  • Plenitud de derechos en matrimonio u otras formas análogas de afectividad, familia, hogar, paternidad y maternidad.
  • Matrimonio o pareja de hecho: sobre la base del consentimiento libre y pleno.
  • Derecho a decidir libremente el número de hijos e hijas y el tiempo entre nacimientos.
  • Derecho a mantener la fertilidad, incluidos los niños y las niñas, en igualdad de condiciones.
  • Patria potestad, tutela, custodia, guarda y adopción: sobre la base del interés superior de niñas y niños.
  • Familias con personas con discapacidad: máxima consideración y medidas de acción positiva.
  • Protección contra la soledad forzosa o no deseada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas con discapacidad tienen plenitud de derechos en pareja, familia, hogar, crianza, fertilidad e intimidad, sin tratos desiguales; y sus familias reciben la máxima consideración y protección frente a la soledad no deseada.

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Artículo 7 ter. Promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad

El artículo 7 ter del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refuerza la protección de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad.

Las mujeres y las niñas y niños con discapacidad serán titulares, en plenitud, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin exclusiones ni discriminaciones por motivos de discapacidad, de sexo, edad, orientación o identidad sexual, expresión de género, origen racial o étnico o cualquiera de las causas previstas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, o por su acumulación interseccional, disponiendo de garantías reforzadas para que su ejercicio y goce sean efectivos.

La legislación, las políticas públicas y la actuación de los poderes públicos, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el de la igualdad entre mujeres y hombres, se aplicarán con un enfoque doble de inclusión y género, para abordar la discriminación múltiple o interseccional de las mujeres y niñas con discapacidad, con especial atención a las situaciones de violencia y al acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, asegurando información accesible.

Las personas menores de edad con discapacidad gozarán de los derechos de esta ley y de la legislación en materia de infancia. Los poderes públicos velarán por que puedan participar libremente en todas las cuestiones que les afecten, en igualdad de condiciones, con los apoyos apropiados a su discapacidad y edad. Las políticas considerarán la realidad de las niñas y niños con discapacidad, velando por su protección frente a la violencia, el acoso y el abuso, tanto en entornos físicos como digitales, garantizando que su asistencia sea prioritaria y gratuita siempre que sea posible y reforzando la protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres con mecanismos accesibles y especializados de atención, denuncia y protección. Asimismo, promoverán su autonomía personal y un proyecto de vida independiente.

Se protegerá la libertad sexual y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad. Se velará por un desarrollo infantil que mejore la autonomía, salud y bienestar de las niñas y niños con discapacidad a través de la atención temprana, como derecho subjetivo y como mecanismo de prevención de las deficiencias en la infancia.

Las personas con discapacidad víctimas de violencia contra las mujeres tendrán derecho a apoyos adecuados para su seguridad, autonomía personal y plena participación. Los poderes públicos, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizarán:

a) El acceso prioritario a la asistencia personal suficiente y necesaria para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus vidas, evitar la institucionalización forzada y contar con apoyos en su proceso de salida de la violencia.

b) La plena accesibilidad de los servicios de atención a la violencia de género, en todas sus fases y modalidades: acogida, información, protección y acompañamiento.

c) La coordinación entre los sistemas de atención a la dependencia y los de protección de las víctimas de violencia de género, con mecanismos específicos de derivación y apoyo integral.

d) Medidas específicas de prevención, detección y actuación en entornos institucionalizados, asegurando el derecho de las mujeres con discapacidad a vivir en la comunidad y en condiciones de igualdad.

Datos clave

  • Titulares en plenitud de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con garantías reforzadas.
  • Remisión a las causas de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
  • Enfoque doble de inclusión y género frente a la discriminación múltiple o interseccional.
  • Asistencia de niñas y niños con discapacidad: prioritaria y gratuita siempre que sea posible.
  • Atención temprana: derecho subjetivo y mecanismo de prevención de deficiencias en la infancia.
  • Víctimas de violencia: garantías en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
  • Acceso prioritario a la asistencia personal para evitar la institucionalización forzada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mujeres, niñas y niños con discapacidad tienen todos los derechos con garantías reforzadas. Se exige un enfoque doble de inclusión y género, protección frente a la violencia y cuatro garantías para las víctimas de violencia contra las mujeres.

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Artículo 8. Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad

1. La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá:

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

c) Recuperación profesional.

d) Rehabilitación y habilitación profesionales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica previstas en la letra a) del apartado anterior tendrán la extensión, duración y condiciones que se prevean reglamentariamente.

3. Las personas beneficiarias de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, continuarán con el derecho a la percepción de los mismos de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única.

Datos clave

  • Destinatarios: personas con discapacidad no incluidas en la Seguridad Social por no desarrollar una actividad laboral.
  • Comprende cuatro prestaciones, de la a) a la d).
  • a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
  • b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
  • c) Recuperación profesional; d) rehabilitación y habilitación profesionales.
  • Subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona: se mantienen según la disposición transitoria única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sistema especial protege a las personas con discapacidad que, por no trabajar, no están en la Seguridad Social, con cuatro prestaciones; la sanitaria y farmacéutica se concretan por reglamento.

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Artículo 9. Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad

Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad. Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas previsto en este capítulo estarán exentos de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.

Datos clave

  • Beneficiarios: los del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas del capítulo.
  • Están exentos de aportación.
  • La exención se refiere al consumo de especialidades farmacéuticas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas de este capítulo no pagan aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.

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