La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos administrativos. Competencia. Abstención y recusación. Principios de la potestad sancionadora. Principios de la responsabilidad patrimonial. Sedes electrónicas, actuaciones administrativas automatizadas e interoperabilidad.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 1
Objeto. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
Datos clave
- Según el art. 1, ¿de qué Administración regula la ley 'organización y funcionamiento' con detalle? → De la Administración General del Estado (AGE) y de su sector público institucional.
- ¿Qué dos materias fija la ley como 'principios' y no como regulación completa? → La responsabilidad de las Administraciones Públicas y la potestad sancionadora.
- Cuatro materias, cuatro bloques: régimen jurídico (bases, todas las AAPP) + responsabilidad (principios) + sancionador (principios) + organización AGE (a fondo).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 1 fija de qué trata toda la ley: organización y funcionamiento de las Administraciones, con especial detalle en la AGE y su sector público, más los principios de responsabilidad y de la potestad sancionadora.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2
Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.
Datos clave
- ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
- ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
- ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
- El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
- Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dibuja los círculos concéntricos del sector público: quién está dentro, qué es el sector público institucional y, sobre todo, quién merece el nombre de Administración Pública. Lo que cae es la lista y la diferencia entre los dos conceptos.
Esquema
| ¿Sector público? | ¿Administración Pública? | |
|---|---|---|
| AGE, CCAA y Entidades Locales | Sí | Sí |
| Organismos públicos y entidades de derecho público (letra a) | Sí | Sí |
| Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (letra b) | Sí | No |
| Universidades públicas (letra c) | Sí | No |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3
Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Datos clave
- ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
- ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
- Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 4
Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.
Datos clave
- ¿Qué medida debe elegir la Administración cuando limita derechos o exige requisitos? → La menos restrictiva, aplicando el principio de proporcionalidad.
- ¿Qué cuatro facultades reconoce el art. 4.2 para velar por el cumplimiento de la legislación? → Comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.
- Cuatro verbos de control, en este orden en el texto: comprobar, verificar, investigar e inspeccionar (CVII).
- Del apartado 1 quédate con el trío que se pregunta: proporcionalidad, medida menos restrictiva y motivación de la necesidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la Administración limita derechos o exige requisitos para una actividad, tiene que ir con la medida menos restrictiva, motivarla y evaluar después qué ha dado de sí. Y para vigilar el cumplimiento puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.
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Artículo 5. Órganos administrativos.
Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.
Datos clave
- Son órganos administrativos las unidades con funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- Cada Administración Pública delimita, en su ámbito competencial, las unidades que configuran sus órganos administrativos.
- Requisitos mínimos de creación: forma de integración y dependencia jerárquica; delimitación de funciones y competencias; dotación de créditos para su puesta en marcha y funcionamiento.
- Prohibida la duplicación de órganos si no se suprime o restringe debidamente la competencia de los existentes.
- Previa comprobación de que no existe otro órgano que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué es un órgano administrativo (unidad con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva) y exige tres requisitos para crear uno nuevo, prohibiendo duplicar funciones ya existentes.
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Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Datos clave
- Los órganos administrativos dirigen las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
- Se publican en el boletín oficial que corresponda cuando lo establezca una disposición específica o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos.
- Su difusión se hará también conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados.
- El incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La jerarquía se ejerce con instrucciones y órdenes de servicio; a veces hay que publicarlas, y si un funcionario no las cumple el acto sigue siendo válido, aunque responda disciplinariamente.
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Artículo 7. Órganos consultivos.
Órganos consultivos. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.
Datos clave
- La Administración consultiva puede articularse mediante órganos específicos con autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración activa.
- O a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica.
- Esos servicios no pueden estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica ni funcional, ni recibir instrucciones de los órganos autores de lo consultado.
- Para cumplir esas garantías actúan de forma colegiada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay dos formas de organizar la función consultiva: órganos propios con autonomía, o servicios jurídicos de la propia Administración activa que, para opinar con libertad, actúan blindados frente a jerarquía e instrucciones y de forma colegiada.
Esquema
| Órganos específicos | Servicios de asistencia jurídica | |
|---|---|---|
| Naturaleza | Órgano aparte de la Administración activa | Parte de la propia Administración activa |
| Independencia | Autonomía orgánica y funcional propia | Sin jerarquía ni instrucciones, actuando de forma colegiada |
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Artículo 8. Competencia.
Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.
Datos clave
- La competencia es irrenunciable, salvo delegación o avocación en los términos legales.
- Delegación de competencias, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia.
- Titularidad y ejercicio pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes.
- Atribución a una Administración sin especificar órgano: instruyen y resuelven los órganos inferiores competentes por materia y territorio.
- Si hay varios órganos inferiores competentes, corresponde al superior jerárquico común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Establece que la competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tiene atribuida, salvo delegación o avocación, y fija la regla para saber qué órgano resuelve cuando una norma atribuye la competencia a una Administración sin concretar el órgano.
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Artículo 9. Delegación de competencias.
Delegación de competencias. 1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. 2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) La adopción de disposiciones de carácter general. c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.
Datos clave
- Puede delegarse el ejercicio de competencias en órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en organismos públicos o entidades vinculados o dependientes.
- Indelegables: relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales, Presidencias de Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas autonómicas.
- Indelegables también: disposiciones de carácter general, resolución de recursos por el órgano autor del acto recurrido y materias así determinadas por ley.
- Delegación y revocación se publican en el BOE, boletín autonómico o provincial según la Administración del delegante.
- Las resoluciones por delegación lo indican expresamente y se consideran dictadas por el órgano delegante.
- No cabe delegar lo delegado salvo autorización expresa de una ley; tampoco la competencia para resolver una vez emitido el dictamen o informe preceptivo.
- Revocable en cualquier momento por el órgano que la confirió.
- En órganos colegiados con quórum o mayoría especial, el acuerdo de delegación debe observar ese quórum o mayoría.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el procedimiento de la delegación de competencias: quién la aprueba, qué materias nunca pueden delegarse, su publicación obligatoria, su carácter revocable y las reglas especiales para órganos colegiados.
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Artículo 10. Avocación.
Avocación. 1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. 2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Datos clave
- Los órganos superiores pueden avocar asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos dependientes.
- Causas: circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial.
- En delegación en órganos no dependientes jerárquicamente, solo puede avocar el órgano delegante.
- Acuerdo motivado, notificado a los interesados antes o simultáneamente a la resolución final.
- Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, sin perjuicio de impugnarlo con el recurso contra la resolución del procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite a un órgano superior recuperar para sí, mediante acuerdo motivado, el conocimiento de un asunto que corresponde ordinariamente o por delegación a un órgano dependiente; el acuerdo se notifica a los interesados y no cabe recurso directo contra él.
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Artículo 11. Encomiendas de gestión.
Encomiendas de gestión. 1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. 3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
Datos clave
- Objeto: actividades de carácter material o técnico, por razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos.
- No puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público.
- No supone cesión de la titularidad ni de los elementos sustantivos del ejercicio; el encomendante dicta los actos jurídicos de soporte.
- El encomendado es encargado del tratamiento de los datos personales a los que acceda.
- Misma Administración: según su normativa o, en su defecto, acuerdo expreso; publicación para su eficacia en el boletín correspondiente.
- El acuerdo menciona, al menos, la actividad, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión.
- Distintas Administraciones: convenio publicado; salvo gestión ordinaria de servicios autonómicos por Diputaciones, Cabildos o Consejos insulares (legislación de Régimen Local).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite encargar a otro órgano o entidad actividades materiales o técnicas, por eficacia o falta de medios, sin ceder la titularidad de la competencia ni la responsabilidad jurídica, y fija cómo formalizarla según sea dentro o entre distintas Administraciones.
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Artículo 12. Delegación de firma.
Delegación de firma. 1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9. 2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. 3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.
Datos clave
- Los titulares de órganos pueden delegar la firma de resoluciones y actos en titulares de órganos o unidades dependientes.
- Cabe tanto en competencias propias como delegadas, dentro de los límites del artículo 9.
- No altera la competencia del órgano delegante.
- No requiere publicación para su validez.
- Debe constar la circunstancia de la delegación y la autoridad de procedencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La delegación de firma es solo eso, firmar por otro: no traspasa la competencia, no hace falta publicarla, pero sí hay que decir en el acto que se firma por delegación y quién es el titular real.
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Artículo 13. Suplencia.
Suplencia. 1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. 3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda. b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. 4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
Datos clave
- Supuestos de suplencia: vacante, ausencia o enfermedad, y abstención o recusación declaradas.
- Sin suplente designado, ejerce la competencia quien designe el órgano inmediato superior.
- No altera la competencia ni requiere publicación para su validez.
- En la AGE, el suplente se designa en los reales decretos de estructura orgánica o estatutos, o por el órgano competente para el nombramiento del titular.
- Debe constar la suplencia, el titular suplido y quien ejerce efectivamente la suplencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suplencia cubre huecos temporales del titular (vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación); si nadie ha sido designado, decide el superior jerárquico quién suple, y tampoco hace falta publicarla.
Esquema
| Suplencia (art. 13) | Delegación de firma (art. 12) | |
|---|---|---|
| Qué pasa con el titular | Está ausente, vacante, enfermo o abstenido y es sustituido | Sigue en su puesto, solo cede la firma |
| Constancia en el acto | Titular suplido y quien ejerce la suplencia | Circunstancia de la delegación y autoridad de procedencia |
| Publicación | No necesaria | No necesaria |
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Artículo 14. Decisiones sobre competencia.
Decisiones sobre competencia. 1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. 2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. 3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
Datos clave
- El órgano que se estime incompetente remite directamente las actuaciones al competente y lo notifica a los interesados.
- Los interesados pueden pedir al órgano que conoce que decline su competencia.
- También pueden pedir al órgano que estimen competente que requiera de inhibición al que conoce.
- Conflictos de atribuciones: solo entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.
- Y solo respecto de asuntos cuyo procedimiento no haya finalizado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un órgano se ve incompetente, remite el expediente él mismo y avisa al interesado; el interesado también puede pedir que se decline o que se requiera de inhibición. Los conflictos de atribuciones solo caben entre órganos no jerárquicos de la misma Administración y con el procedimiento aún abierto.
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Artículo 15. Régimen.
1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.
2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.
Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.
Datos clave
- El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajusta a esta sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de cada Administración.
- Los órganos con organizaciones representativas de intereses sociales o con representaciones de distintas Administraciones pueden establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
- Estos órganos se integran en la Administración que corresponda, pero sin participar en su estructura jerárquica, salvo que lo dispongan sus normas de creación, sus funciones o su naturaleza.
- Si dictan resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros, su acuerdo de creación y sus normas de funcionamiento se publican en el Boletín o Diario Oficial de la Administración en que se integran.
- En los órganos del apartado 2, la publicidad la realiza la Administración a quien corresponda la Presidencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos colegiados se rigen por esta sección, aunque los mixtos (con agentes sociales o varias Administraciones) pueden tener normas propias; quedan integrados en una Administración sin entrar en su jerarquía, y si sus acuerdos afectan a terceros, hay que publicarlos.
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Artículo 16. Secretario.
1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.
Datos clave
- Todo órgano colegiado tiene un Secretario, que puede ser miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
- El Secretario vela por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano.
- Certifica las actuaciones del órgano colegiado.
- Garantiza que se respetan los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos.
- Si el Secretario no miembro es suplido por un miembro del órgano, este conserva todos sus derechos como tal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Secretario puede ser miembro del órgano o alguien ajeno al servicio de la Administración; vigila la legalidad, certifica y garantiza el procedimiento. Si a un Secretario no miembro lo suple un miembro, este conserva todos sus derechos como tal.
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Artículo 17. Convocatorias y sesiones.
1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.
3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.
Datos clave
- Los órganos colegiados pueden constituirse, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial o a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
- Son medios electrónicos válidos, entre otros, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias; también se consideran tales los telefónicos.
- Quórum de constitución: Presidente y Secretario (o quienes les suplan) y la mitad, al menos, de sus miembros.
- Sin convocatoria previa: si están reunidos el Secretario y todos los miembros y así lo deciden todos ellos.
- El régimen propio de convocatorias puede prever una segunda convocatoria con el número de miembros necesario para constituirse.
- Asuntos fuera del orden del día: solo si asisten todos los miembros y se declara la urgencia por el voto favorable de la mayoría.
- Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; quienes voten en contra o se abstengan quedan exentos de responsabilidad.
- La certificación de acuerdos la expide el Secretario a quien acredite un interés legítimo, por medios electrónicos salvo manifestación expresa en contrario del interesado no obligado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se convocan y celebran las sesiones de un órgano colegiado (presencial o a distancia), el quórum para constituirse válidamente, el orden del día y cómo se adoptan y certifican los acuerdos.
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Artículo 18. Actas.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Datos clave
- De cada sesión levanta acta el Secretario.
- Contenido necesario del acta: asistentes, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos adoptados.
- Si se graba la sesión, el fichero con la certificación del Secretario de su autenticidad e integridad puede acompañar al acta, sin necesidad de recoger en ella los puntos principales de las deliberaciones.
- El acta puede aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
- El Secretario elabora el acta con el visto bueno del Presidente y la remite por medios electrónicos; si los miembros manifiestan su conformidad, se considera aprobada en la misma reunión.
- Las grabaciones y documentos electrónicos se conservan garantizando su integridad, autenticidad y el acceso de los miembros del órgano.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el acta de cada sesión de un órgano colegiado, su contenido mínimo y la posibilidad de grabarla, y explica cuándo se aprueba: en la misma reunión o en la siguiente.
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Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Corresponderá a su Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
3. Los miembros del órgano colegiado deberán:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.
Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.
Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés.
4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.
Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Datos clave
- Se rigen por este artículo y por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- El Presidente dirime con su voto los empates, salvo en los órganos del artículo 15.2, donde será dirimente si lo establecen sus normas.
- Sustitución del Presidente: el Vicepresidente que corresponda y, en su defecto, el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
- Los miembros reciben la convocatoria con el orden del día con una antelación mínima de dos días.
- No pueden abstenerse los miembros natos que sean autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- El Secretario asiste con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría la ostenta un miembro del órgano.
- El voto particular por escrito se formula en el plazo de dos días.
- Las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el régimen de los órganos colegiados de la AGE: funciones del Presidente (convocar, presidir, voto de calidad), derechos y deberes de los miembros (recibir la convocatoria con antelación, votar) y funciones del Secretario (convocar por orden del Presidente, redactar actas, certificar).
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Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados
1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos:
a) Sus fines u objetivos.
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros.
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de creación.
Datos clave
- Son órganos colegiados los creados formalmente e integrados por tres o más personas.
- Funciones administrativas: decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.
- Su norma o convenio de creación debe fijar fines u objetivos, integración administrativa o dependencia jerárquica y composición.
- También los criterios de designación del Presidente y miembros, sus funciones y, en su caso, la dotación de créditos.
- Su régimen jurídico se ajusta al artículo 19.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un órgano colegiado son tres o más personas con funciones administrativas, integradas en la AGE o sus organismos; para constituirse, su norma de creación o convenio debe fijar cinco extremos: fines, dependencia, composición, funciones y créditos.
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Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:
a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.
b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio.
2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.
3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos.
Datos clave
- Por su composición se clasifican en interministeriales y ministeriales.
- Interministeriales: miembros de diferentes Ministerios.
- Ministeriales: componentes de los órganos de un solo Ministerio.
- Puede haber representantes de otras Administraciones si lo aceptan voluntariamente, lo establece un convenio o lo determina una norma.
- Pueden participar organizaciones representativas de intereses sociales y miembros designados por su experiencia o conocimientos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos colegiados de la AGE se clasifican en interministeriales o ministeriales según de qué Ministerios vengan sus miembros; además pueden sumar representantes de otras Administraciones y de organizaciones sociales, o expertos por su experiencia o conocimientos.
Esquema
| Interministerial | Ministerial | |
|---|---|---|
| Origen de los miembros | De diferentes Ministerios | De los órganos de un solo Ministerio |
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Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados
1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:
a) Competencias decisorias.
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado.
2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter.
3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.
4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto.
Datos clave
- Requieren norma específica publicada en el «Boletín Oficial del Estado» si tienen competencias decisorias, de propuesta o informe preceptivo, o de seguimiento o control.
- Real Decreto: interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general.
- Orden ministerial conjunta: los restantes órganos colegiados interministeriales.
- Orden ministerial: los ministeriales.
- Los demás son grupos o comisiones de trabajo, creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados.
- Los acuerdos de los grupos o comisiones de trabajo no pueden tener efectos directos frente a terceros.
- Modificación y supresión en la misma forma que la creación, salvo plazo de extinción previsto, que opera automáticamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exige norma específica publicada en el BOE para crear órganos colegiados con competencias decisorias, de propuesta o informe preceptivo, o de seguimiento y control, y fija qué rango debe tener esa norma según el tipo de órgano.
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Artículo 23. Abstención.
Abstención. 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente. 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Datos clave
- Quien incurra en causa de abstención se abstendrá de intervenir y lo comunicará a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
- Parentesco: consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, además del vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable.
- Relación de servicio o prestación de servicios profesionales en los dos últimos años con persona interesada directamente en el asunto.
- Otros motivos: interés personal, ser administrador de entidad interesada, cuestión litigiosa pendiente, amistad íntima o enemistad manifiesta, haber intervenido como perito o testigo.
- Los órganos jerárquicamente superiores podrán ordenar la abstención de toda intervención en el expediente.
- La actuación con motivo de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos.
- La no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a abstenerse de intervenir en un procedimiento a quien tenga interés personal, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, o haya sido perito o testigo, y aclara que no abstenerse no invalida por sí solo el acto pero sí genera responsabilidad.
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Artículo 24. Recusación.
Recusación. 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.
Datos clave
- La recusación la promueven los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, en los casos de abstención del artículo 23.
- Se plantea por escrito, expresando la causa o causas en que se funda.
- En el día siguiente el recusado manifiesta a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
- Si el superior aprecia la causa, acordará su sustitución acto seguido.
- Si el recusado niega la causa, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos.
- Contra las resoluciones en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite a los interesados recusar, por escrito y motivadamente, a quien debiera abstenerse; si el recusado niega la causa, resuelve el superior en un plazo fijo, y contra esa resolución no cabe recurso directo.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 25
Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- ¿Qué rango de norma debe reconocer expresamente la potestad sancionadora? → Rango de Ley.
- ¿A quiénes no se aplica este Capítulo según el art. 25.4? → A quienes estén vinculados a la Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial.
- ¿Qué norma se añade cuando sanciona una Entidad Local? → El Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- Dentro / fuera: dentro la disciplinaria (todo el personal, funcionario o laboral); fuera contratos y patrimonio.
- Entidades Locales = Título XI de la LBRL; es la remisión que siempre ponen mal en las opciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad sancionadora solo existe si una norma con rango de ley la reconoce expresamente, y la ejerce el órgano que la tenga atribuida. El Capítulo se extiende a lo disciplinario, pero se cae en contratos y patrimonio.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 26
Irretroactividad. 1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Datos clave
- ¿Qué disposiciones sancionadoras se aplican por regla general? → Las vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen la infracción.
- ¿Cuándo tiene efecto retroactivo una disposición sancionadora? → Cuando favorece al presunto infractor o al infractor, en tipificación, sanción o plazos de prescripción.
- Retroactividad = siempre a favor del infractor, nunca en su contra: la norma más dura del momento del hecho no se aplica después.
- Cubre tres cosas a la vez: tipificación, sanción y prescripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La norma sancionadora aplicable es la vigente cuando ocurrieron los hechos, salvo que una posterior sea más favorable: entonces se aplica con retroactividad, incluso a sanciones ya impuestas.
Esquema
| Norma vigente al cometer los hechos | Norma posterior más favorable | |
|---|---|---|
| ¿Cuándo se aplica? | Es la regla general: siempre | Solo si favorece al infractor |
| ¿Afecta a sanciones ya impuestas? | No entra en juego (es la del momento del hecho) | Sí, incluso pendientes de cumplimiento |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 27
Principio de tipicidad. 1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
Datos clave
- ¿En qué tres categorías se clasifican las infracciones? → Leves, graves y muy graves (art. 27.1)
- ¿Cabe la analogía para definir infracciones o sanciones? → No (art. 27.4)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reserva a la Ley la creación de infracciones (clasificadas en leves, graves y muy graves) y de las sanciones correspondientes; el reglamento solo puede graduar o precisar, nunca crear ni alterar, y prohíbe la aplicación analógica.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 28
Responsabilidad. 1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
Datos clave
- ¿Con qué título de imputación se sanciona? → Dolo o culpa (art. 28.1)
- ¿Cómo responden varios obligados a un mismo deber legal? → Solidariamente, aunque la sanción pecuniaria se puede individualizar (art. 28.3)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exige dolo o culpa para sancionar a personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad con capacidad reconocida por Ley, permite exigir además la reposición y la indemnización de daños, y regula la responsabilidad solidaria cuando varios deben cumplir una misma obligación.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 29
Principio de proporcionalidad. 1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Datos clave
- ¿Pueden las sanciones administrativas implicar privación de libertad? → Nunca (art. 29.1)
- ¿Qué pasa si de una infracción deriva necesariamente otra? → Solo se sanciona la infracción más grave (art. 29.5)
- ¿En qué plazo debe repetirse la infracción para apreciar reincidencia? → En el término de 1 año, declarada por resolución firme (art. 29.3.d)
- Infracción continuada: varias acciones que infringen preceptos iguales o semejantes, con un plan preconcebido o aprovechando la misma ocasión (art. 29.6).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohíbe que las sanciones impliquen privación de libertad, exige que la infracción nunca sea más rentable que cumplir la norma, fija los criterios para graduar la sanción y establece las reglas del concurso de infracciones y de la infracción continuada.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 30
Prescripción. 1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.
Datos clave
- Sin plazo específico, ¿cuándo prescribe una infracción leve? → A los 6 meses.
- Sin plazo específico, ¿cuándo prescribe la sanción por una falta leve? → Al año.
- ¿Desde cuándo cuenta el plazo de prescripción de la sanción? → Desde el día siguiente a que la resolución sea ejecutable o pase el plazo para recurrirla.
- Agrupa los plazos en dos filas: infracciones 3-2-6 meses, sanciones 3-2-1 año — la única que cambia de unidad es la leve.
- La paralización del expediente sancionador durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable hace que el plazo de prescripción vuelva a correr, no que se interrumpa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la ley específica no fija plazos, las infracciones prescriben en 3/2/6 meses según sean muy graves, graves o leves, y las sanciones en 3/2/1 año. El cómputo se interrumpe al abrir expediente y se reinicia si se paraliza más de un mes.
Esquema
| Infracciones | Sanciones | |
|---|---|---|
| Muy graves | 3 años | 3 años |
| Graves | 2 años | 2 años |
| Leves | 6 meses | 1 año |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 31
Concurrencia de sanciones. 1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
Datos clave
- ¿Qué tres identidades impiden sancionar de nuevo unos hechos? → Identidad de sujeto, hecho y fundamento.
- Sanción impuesta por un órgano de la UE por los mismos hechos sin identidad de sujeto y fundamento: ¿qué hace el órgano competente? → Deberá tenerla en cuenta para graduar la sanción, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
- La triple identidad, con las tres eses del examen: Sujeto, hecho y fundamento. Si falta una, no hay bis in idem.
- Apartado 2: la clave está en el «siempre que NO concurra la identidad de sujeto y fundamento»; si concurriera, estaríamos en el apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Non bis in idem: no se sanciona dos veces si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Con las sanciones de la Unión Europea el juego es otro: si falta esa identidad, no impiden sancionar, pero hay que tenerlas en cuenta para graduar.
Esquema
| Sanción penal o administrativa previa (ap. 1) | Sanción de un órgano de la UE (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Requisito | Identidad de sujeto, hecho y fundamento | Mismos hechos, pero sin identidad de sujeto y fundamento |
| Efecto | No cabe sancionar | Sí cabe sancionar: se tiene en cuenta para graduar |
| Margen del órgano | Ninguno: prohibición | Puede minorar la sanción |
| Declaración de la infracción | No procede nueva sanción | Puede declararse la comisión de la infracción |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 32
Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Datos clave
- ¿Qué dos supuestos excluyen la indemnización pese al funcionamiento del servicio público? → La fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- ¿Cómo debe ser el daño alegado? → Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- ¿Qué requisito procesal común piden los apartados 4 y 5? → Sentencia firme desestimatoria, en cualquier instancia, de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada.
- ¿Quién fija el importe de la indemnización por funcionamiento anormal declarado por el Tribunal Constitucional? → El Consejo de Ministros; tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado.
- Las dos excepciones del apartado 1 son solo dos: fuerza mayor y deber jurídico de soportar. Caso fortuito no aparece.
- El daño: Efectivo, Evaluable económicamente e Individualizado. Tres adjetivos, ni uno más.
- Amparo y cuestión de inconstitucionalidad: fija el Consejo de Ministros, tramita Justicia, oye el Consejo de Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios de la responsabilidad patrimonial: derecho a indemnización por funcionamiento normal o anormal salvo fuerza mayor o deber de soportar, requisitos del daño, responsabilidad del Estado legislador y supuestos especiales.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 33
Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Datos clave
- ¿Cómo responden las Administraciones cuando el daño viene de una fórmula conjunta de actuación? → Solidariamente frente al particular, en todo caso.
- En defecto de estatutos, ¿qué Administración es competente para instruir el expediente de responsabilidad concurrente? → La que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
- ¿Cuántos días tienen las demás Administraciones para pronunciarse en un expediente de responsabilidad patrimonial concurrente? → Quince días.
- Dos supuestos, dos lógicas: fórmula conjunta = solidaria siempre; concurrencia suelta = solidaria solo si no hay forma de repartir.
- Quince días para que las demás Administraciones se pronuncien en responsabilidad patrimonial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad cuando varias Administraciones causan un daño: en fórmulas conjuntas, solidaria siempre frente al particular; en otras concurrencias, reparto por criterios y solidaria solo si no puede repartirse. Quién tramita y consulta de quince días.
Esquema
| Fórmula conjunta | Otra concurrencia | |
|---|---|---|
| Frente al particular | Solidaria en todo caso | Por competencia, interés público e intensidad |
| Solidaridad | Siempre | Solo si no es posible determinar el reparto |
| Distribución | Podrá fijarla el instrumento regulador | La fijan los criterios legales |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 34
Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Datos clave
- ¿Qué daños no son indemnizables aunque exista lesión? → Los que no se pudieron prever ni evitar según el estado de la ciencia o la técnica en el momento en que se produjeron.
- ¿Con qué índice se actualiza la cuantía de la indemnización? → Con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), fijado por el INE.
- Si la responsabilidad deriva de una ley declarada inconstitucional, ¿qué daños son indemnizables? → Los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.
- Riesgos del progreso: si la ciencia o la técnica de entonces no podía preverlo, no se indemniza.
- Se actualiza con el IGC (Índice de Garantía de la Competitividad), no con el IPC: trampa clásica de examen.
- Plazo especial de 5 años cuando la responsabilidad nace de una ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué daños se indemnizan y cómo se calcula la indemnización: excluidos los riesgos imprevisibles según la ciencia o la técnica, cinco años para leyes inconstitucionales o contrarias a la UE, valoración, IGC e indemnización en especie.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 35
Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.
Datos clave
- ¿Qué régimen de responsabilidad se aplica cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado? → El mismo de los artículos 32 y siguientes, aunque actúe directamente o mediante una entidad de derecho privado.
- El régimen de derecho privado en la actuación NO cambia el régimen de responsabilidad: sigue siendo el de los arts. 32 y siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aunque la Administración actúe en relaciones de derecho privado, directamente o mediante una entidad de derecho privado, su responsabilidad se exige conforme a los artículos 32 y siguientes.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Datos clave
- ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
- ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
- ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
- Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
- Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El particular reclama siempre a la Administración; esta, tras indemnizar, exige de oficio a su personal la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves mediante un procedimiento con plazos tasados.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 37
Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- ¿Suspende la exigencia de responsabilidad penal el procedimiento de responsabilidad patrimonial? → No, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- ¿Conforme a qué se exige la responsabilidad civil derivada del delito? → De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
- La regla es NO suspender; la excepción es una y está tasada: que el penal deba determinar los hechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad penal del personal público y la civil derivada del delito se rigen por su legislación; el proceso penal no suspende los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que haga falta que el penal determine los hechos.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38
La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
Datos clave
- ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
- ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
- Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sede electrónica es la 'oficina digital' oficial de una Administración. Su titular responde de que todo lo que hay dentro sea veraz, esté actualizado y se sepa quién manda ahí.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 39
Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
Datos clave
- ¿Qué es un portal de internet según el art. 39? → El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- Cadena de la definición: titularidad pública → punto de acceso electrónico → información publicada → (en su caso) sede electrónica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Definición de portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad pública que da acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica. Artículo de una línea, pero de definición literal.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 40
Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.
Datos clave
- ¿Qué dos datos incluye siempre el certificado de un sello electrónico administrativo? → El número de identificación fiscal (NIF) y la denominación de la Administración.
- ¿Hace falta sello para que se entienda identificada la Administración en su portal de internet? → No: basta con que la información se publique como propia en dicho portal.
- Dato de examen: el certificado del sello lleva NIF + denominación, y solo añade la identidad del titular cuando el sello es de un órgano administrativo concreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sello electrónico identifica a la Administración como organización, no a una persona. Se basa en certificado reconocido o cualificado y su relación debe ser pública.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41
Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
Datos clave
- ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
- El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una actuación es 'automatizada' solo si la hace la máquina de principio a fin, sin que intervenga directamente ningún empleado público. Antes de activarla hay que fijar quién responde de ella.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 42
Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Datos clave
- ¿Qué dos sistemas de firma prevé el art. 42 para la actuación administrativa automatizada? → El sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado y el código seguro de verificación.
- ¿Qué debe permitir en todo caso el código seguro de verificación? → La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
- Dos sistemas y dos palabras clave: sello → certificado reconocido o cualificado; CSV → comprobación de la integridad en la sede.
- Quien decide los supuestos de utilización es cada Administración Pública, no una norma estatal única.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la actuación administrativa automatizada solo hay dos sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación. Cada Administración decide en qué supuestos usa cada uno.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 43
Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.
Datos clave
- ¿Con qué firma electrónica se realiza, con carácter general, la actuación de un empleado público? → Con su firma electrónica personal (la del titular del órgano o empleado).
- ¿Qué puede sustituir a la identificación completa en la firma, por razones de seguridad pública? → El número de identificación profesional del empleado público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La regla general de actuación electrónica es la firma del titular del órgano o del empleado. Por seguridad pública, esa firma puede reducirse a un simple número de identificación profesional.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 44
Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.
Datos clave
- ¿Cómo se fijan las condiciones del intercambio cuando participan Administraciones distintas? → Mediante convenio suscrito entre ellas.
- ¿Qué debe comprender, como mínimo, la regulación cuando los participantes son de la misma Administración? → La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
- Regla rápida: ¿participan Administraciones distintas? Si sí, hace falta convenio; si es la misma Administración, lo decide ella sola.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En entornos cerrados entre Administraciones, los documentos electrónicos son válidos sin más trámite. Quién fija las condiciones depende de si es la misma Administración o varias distintas.
Esquema
| Misma Administración | Administraciones distintas | |
|---|---|---|
| Cómo se regula | Lo determina esa Administración | Mediante convenio entre ellas |
| Contenido mínimo | Emisores/receptores autorizados y naturaleza de los datos | Lo pactado en el convenio |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 45
Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
Datos clave
- ¿Qué puede superponer una Administración a un documento firmado con un sistema no basado en certificado reconocido o cualificado, al remitirlo a otros organismos? → Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- Asocia 'firma no reconocida + se manda fuera' con la solución 'sello reconocido o cualificado superpuesto': es el puente de interoperabilidad del artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la firma de un documento no usa certificado reconocido o cualificado, la Administración puede 'blindarla' superponiendo un sello electrónico para que otros organismos la verifiquen sin problema.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46
Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
Datos clave
- ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
- ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
- 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo se archiva en electrónico salvo que sea imposible, y con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad que aseguren que el documento se pueda leer y verificar durante años.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas
El artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente. De acuerdo con el artículo 5.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679, no se considerará incompatible el tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Fuera de ese caso, y siempre que las leyes especiales no prohíban expresamente el tratamiento ulterior para una finalidad distinta, cuando la Administración cesionaria pretenda un tratamiento ulterior para una finalidad que estime compatible con el fin inicial, deberá comunicarlo previamente a la Administración cedente para que esta pueda comprobar dicha compatibilidad. La Administración cedente podrá, en el plazo de diez días, oponerse motivadamente. Cuando la cedente sea la Administración General del Estado podrá, excepcionalmente y de forma motivada, suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación. Mientras la cedente no comunique su decisión, la cesionaria no podrá emplear los datos para la nueva finalidad.
Se exceptúan de lo anterior los supuestos en que el tratamiento para otro fin distinto esté previsto en una norma con rango de ley de conformidad con el artículo 23.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- Cada Administración debe facilitar a las demás el acceso a los datos de los interesados que obren en su poder.
- El acceso se hace con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
- Prohibido el tratamiento ulterior para fines incompatibles; no lo son el archivo en interés público, la investigación científica e histórica y los fines estadísticos.
- Para un fin que estime compatible, la cesionaria lo comunica previamente a la cedente, que puede oponerse motivadamente en diez días.
- La Administración General del Estado puede suspender cautelarmente la transmisión por razones de seguridad nacional.
- No se exige la comunicación si el otro fin está previsto en una norma con rango de ley (artículo 23.1 del Reglamento (UE) 2016/679).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Administración debe dar acceso a las demás a los datos de los interesados que tenga, con máximas garantías de seguridad; y el uso posterior para otra finalidad está limitado y sujeto a control de la cedente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad
1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.
Datos clave
- El artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula ambos esquemas.
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad reúne criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, los formatos y las aplicaciones.
- Sirve a las Administraciones para tomar decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
- El Esquema Nacional de Seguridad establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos.
- Está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen la seguridad de la información tratada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Esquema Nacional de Interoperabilidad fija criterios de seguridad, conservación y normalización para las decisiones tecnológicas; el Esquema Nacional de Seguridad fija la política de seguridad en medios electrónicos.