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Prevención y atención frente a situaciones conflictivas en las Instituciones Sanitarias del INGESA: Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA; Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado.

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Protocolo del INGESA frente a la violencia en el trabajo: actuación tras la agresión, apoyo jurídico y seguimiento

Según el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2018 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (BOE de 23 de abril de 2018), la actuación tras un incidente violento se reparte entre el trabajador agredido, su responsable inmediato, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y el equipo directivo.

Trabajador agredido. Recibe asistencia médica, también psíquica si la necesita; avisa a la policía cuando procede; anota los datos de los testigos; comunica el incidente a su responsable; colabora en la cumplimentación del Anexo 2, de comunicación de incidentes violentos, y valora la presentación de denuncia.

Responsable inmediato. Informa a la Gerencia, presta apoyo al trabajador, cumplimenta el Anexo 2 y remite el informe a la Unidad de Prevención y a la Gerencia, a ser posible el mismo día del incidente. Si la agresión es declarada accidente de trabajo, debe notificarse en el sistema Delt@.

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Recoge los datos, determina si existe contingencia laboral, investiga el incidente, lo registra y propone medidas correctoras.

Equipo directivo. Informa a la persona agredida de las actuaciones realizadas y de los servicios de apoyo disponibles, adopta las medidas correctoras y comunica el incidente a la Dirección Territorial. Los incidentes se notifican a los Comités de Seguridad y Salud, que se convocan con carácter extraordinario en caso de agresión grave.

Asesoramiento y defensa jurídica. En los casos de delitos públicos, el INGESA formulará la correspondiente denuncia. Se acompaña al profesional a denunciar y, si lo solicita, la Dirección Territorial pide autorización al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, conforme a su Instrucción 2/2001, para que un letrado del INGESA lo asista jurídicamente durante todo el proceso judicial. La atención a la persona agredida comprende asistencia sanitaria, apoyo psicológico, asesoramiento y defensa jurídica y el reembolso de gastos cuando así lo reconozca la vía judicial.

Seguimiento. Tras cada incidente se revisan las medidas de seguridad y se valoran medidas respecto al agresor, como el cambio de médico o de centro. Se evalúan las agresiones, se elaboran informes, se coordina la actuación con otras instituciones y se analiza el seguimiento al menos una vez al año. Se crea un Registro Informático de Agresiones, con la estadística anual del Anexo 3, que alimenta un mapa de riesgos. La Dirección Territorial envía cada año el Registro de Agresiones a la Subdirección de Gestión Económica y Recursos Humanos del INGESA.

Anexos del protocolo:

  • Anexo 1: identificación de peligros.
  • Anexo 2: comunicación de incidentes violentos.
  • Anexo 3: estadística anual de agresiones.

Datos clave

  • El responsable inmediato remite el Anexo 2 a la Unidad de Prevención y a la Gerencia, a ser posible el mismo día.
  • La agresión declarada accidente de trabajo se notifica en el sistema Delt@.
  • En los delitos públicos, el INGESA formula la denuncia.
  • Un letrado del INGESA puede asistir al profesional, previa autorización del Servicio Jurídico de la Seguridad Social (Instrucción 2/2001).
  • Agresiones graves: convocatoria extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud.
  • Registro Informático de Agresiones; envío anual a la Subdirección de Gestión Económica y Recursos Humanos.
  • Medidas sobre el agresor: cambio de médico o de centro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tras una agresión, el protocolo del INGESA reparte tareas entre el trabajador, su responsable inmediato, la Unidad de Prevención y el equipo directivo, y añade apoyo jurídico y un seguimiento con registro de agresiones.

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Protocolo del INGESA frente a la violencia en el trabajo: objeto, definiciones y prevención

Según la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, publicada en el BOE núm. 98, de 23 de abril de 2018, el INGESA aprueba y publica el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA. El protocolo adapta al Instituto el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 y publicado por Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2015). Se apoya en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. La página de Recursos Humanos y Empleo del INGESA enlaza el texto oficial del BOE.

El protocolo parte de dos definiciones internacionales. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia ocupacional está constituida por incidentes en los cuales los trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques, incluidos los producidos en los desplazamientos. Para la Organización Internacional del Trabajo, violencia en el lugar de trabajo es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable y por el que una persona es agredida, amenazada o lesionada en el ejercicio de su actividad profesional. El protocolo presta especial atención a los centros sanitarios por su mayor exposición a este riesgo.

Objeto. El protocolo se limita a la violencia externa, la que ejercen los usuarios, sus familiares o acompañantes. Incluye las agresiones producidas fuera del centro cuando tienen su motivo en el trabajo y los daños a bienes de la Administración o del empleado. Excluye la violencia entre empleados públicos. El concepto de violencia es más amplio que la agresión física: abarca las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias o acosadoras. Sus objetivos son establecer líneas de actuación frente al riesgo de agresión, desarrollar procedimientos de prevención, garantizar a la persona agredida asistencia sanitaria, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, e investigar las agresiones.

Ámbito. Se aplica a todo el personal de los centros sanitarios del INGESA en las Ciudades de Ceuta y Melilla y del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, con especial énfasis en quienes atienden al público de forma presencial, telefónica o telemática.

Definiciones del protocolo:

  • Agresión física: acción de violencia física sufrida por un trabajador en el desempeño de su trabajo, conlleve o no lesión.
  • Agresión verbal y actitudes amenazantes: intimidación que supone posibles riesgos para la integridad física o psíquica del trabajador, de su familia o de sus bienes, como insultos, calumnias o amenazas.
  • Otras situaciones de violencia en el trabajo: todas aquellas que puedan suponer un riesgo potencial para la seguridad o la salud.

Evaluación del riesgo. Se identifican los riesgos por puesto y se clasifican las incidencias en cinco grupos de causas: la organización del centro de trabajo, la disconformidad con la atención profesional recibida, la disconformidad con el trato del empleado público, la disconformidad con la resolución de un expediente o situación, y otras causas. El Anexo 1 sirve para la identificación de peligros.

Estrategia preventiva. Las medidas proactivas incluyen el compromiso explícito del INGESA de no tolerar ningún tipo de violencia, con carteles que expresen la tolerancia cero; mejoras de infraestructura; videovigilancia dentro de los límites de la protección de datos; sistemas de alarma; control de accesos; una organización del trabajo que evite trabajar en solitario e identifique a los usuarios reincidentes; formación del personal; y la coordinación con la Policía a través del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, figura creada por la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que mantiene contacto con la persona responsable del INGESA al menos una vez al mes. Las medidas activas son pautas para el profesional durante el conflicto: mantener la calma, no responder a provocaciones, avisar a un responsable y activar la seguridad; si hay riesgo, situarse cerca de la salida y abandonar el lugar.

Datos clave

  • Resolución de 26 de marzo de 2018 del INGESA, publicada en el BOE de 23 de abril de 2018.
  • Adapta el protocolo de la AGE aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015.
  • Solo cubre la violencia externa: usuarios, familiares o acompañantes; excluye la violencia entre empleados públicos.
  • Ámbito: centros del INGESA en Ceuta y Melilla y Centro Nacional de Dosimetría de Valencia.
  • La agresión física lo es conlleve o no lesión.
  • Cinco grupos de causas en la clasificación de incidencias.
  • Interlocutor Policial Territorial Sanitario (Instrucción 3/2017): contacto al menos una vez al mes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El protocolo del INGESA adapta el de la AGE y solo cubre la violencia externa (usuarios, familiares, acompañantes). Define agresión física y verbal, clasifica las causas en cinco grupos y combina medidas proactivas y activas.

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Anexo. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos

El anexo del Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, recoge el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Se estructura en introducción, política de prevención, medidas preventivas, procedimiento de actuación, evaluación y seguimiento, implantación y seis anexos (asesoría confidencial, comité de asesoramiento, modelo de solicitud, diagrama de actuación, situaciones de acoso y referencias normativas).

Introducción. El acoso sexual y por razón de sexo en el entorno laboral atenta contra la libertad, la intimidad y la dignidad, la no discriminación por razón de sexo, la seguridad, la salud y la integridad física y moral, y afecta de forma abrumadoramente mayoritaria a las mujeres. Se citan la definición de violencia contra la mujer de la OIT y el Convenio de Estambul (2011, ratificado por España en 2014), así como datos sobre España: el 57,3 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Cualquier conducta de esta naturaleza queda expresamente prohibida y puede considerarse, con independencia de la legislación penal, falta muy grave conforme al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015). El protocolo lo promovió el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Igualdad; se negoció en la Comisión Técnica de Igualdad y lo ratificó la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Principios rectores (artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo): compromiso de prevenir y no tolerar el acoso; instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad, la intimidad y la igualdad de trato; tratamiento reservado de la comunicación de los hechos; e identificación de las personas responsables de atender las quejas o denuncias. Además:

  • La víctima, también de ciberacoso, puede solicitar la activación del protocolo y tiene derecho a una respuesta; la Administración deja constancia por escrito aunque los hechos se comuniquen verbalmente.
  • Cualquier empleada o empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento los casos de posible acoso que conozca, mediante un mecanismo sencillo, rápido, accesible y confidencial.
  • La investigación y la conclusión se llevan a cabo con la mayor celeridad posible.
  • Se prevén medidas para la completa recuperación de las víctimas, garantías de no repetición y reparación material y simbólica.
  • Las medidas se mantienen salvo que en vía administrativa o judicial se decida su suspensión.

El protocolo cumple el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Objetivos. El objetivo general es evitar las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y afrontarlas de manera efectiva si llegan a producirse. Entre los específicos: fomentar la cultura preventiva, manifestar la tolerancia cero, facilitar la identificación de conductas, implantar un mecanismo de notificación sencillo, rápido, accesible y confidencial, formar y sensibilizar, esclarecer internamente las comunicaciones, proteger a las víctimas evitando su victimización secundaria y hacer seguimiento de las actuaciones.

Ámbito de aplicación. Todo el personal de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, y quienes sin relación laboral prestan servicios o colaboran con ella (personas en formación, prácticas no laborales o colaboración análoga). También puede activarlo el personal de empresas externas que trabaje en centros de la Administración y sea acosado por personal de esta, y viceversa; en este segundo caso se garantizará la separación física de las personas afectadas. Las empresas externas contratadas serán informadas del protocolo. Se incluye el acoso por medios tecnológicos o ciberacoso.

Garantías de actuación: respeto y protección a las personas (pueden ser asistidas por un representante unitario o sindical u otro acompañante); confidencialidad, con asignación de códigos numéricos identificativos a la víctima y a la persona presuntamente acosadora y respeto a la Ley Orgánica 3/2018 y al Reglamento (UE) 2016/679; diligencia y celeridad; imparcialidad; protección de la dignidad; derecho a la información; y prohibición de represalias contra denunciantes, testigos o participantes. Las medidas organizativas (reordenación del tiempo de trabajo, cambio del lugar de trabajo o de tareas) no pueden menoscabar las condiciones de trabajo o salariales de la víctima y deben ser aceptadas por ella; se separará a la presunta persona acosadora, no a la víctima, salvo que esta lo solicite. El acompañamiento psicosocial se deriva a los servicios del sistema sanitario o de la administración autonómica o local competente.

Definiciones (artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007):

  • Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
  • Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Sus elementos son el hostigamiento, el atentado objetivo a la dignidad percibido subjetivamente y el resultado pluriofensivo. Condicionar un derecho a la aceptación del acoso es también discriminación por razón de sexo, y el trato desfavorable por embarazo, maternidad, paternidad o cuidados familiares queda amparado. El artículo 184 del Código Penal castiga el acoso sexual con prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación especial de doce a quince meses; si hay prevalimiento de superioridad laboral, docente o jerárquica, prisión de uno a dos años e inhabilitación de dieciocho a veinticuatro meses; y si la víctima es especialmente vulnerable, la pena se impone en su mitad superior.

Compromisos. Cada departamento u organismo debe declarar por escrito y difundir su rechazo al acoso, promover una cultura de prevención, comunicar, tramitar e investigar las conductas, garantizar la máxima confidencialidad, identificar y difundir la unidad receptora y el listado de asesoría confidencial, y apoyar a las víctimas. Estas conductas podrían calificarse de falta muy grave (artículo 95.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público). La representación sindical de la comisión de igualdad departamental recibe información periódica sobre las activaciones, los resultados y las medidas, sin datos personales, y tiene deber de sigilo.

Medidas preventivas: difusión del protocolo (intranet, documentos divulgativos, correo electrónico, sesiones informativas, campañas periódicas previa consulta sindical, manuales de acogida); formación general, específica para quienes intervienen y específica para el personal directivo; estadísticas desagregadas por sexo y anónimas; estudio de riesgos psicosociales informado al comité de seguridad y salud y a la comisión de igualdad; y evaluación periódica del protocolo.

Procedimiento:

  • La jefatura superior de personal identifica la unidad receptora (artículos 63 y 73 de la Ley 40/2015).
  • Se habilita un buzón de correo electrónico exclusivo y, en todo caso, un buzón físico; se asigna un código numérico a cada parte.
  • La comunicación, verbal o escrita, puede presentarla la víctima o su representante legal, la representación del personal o cualquier empleado que conozca los hechos.
  • La unidad receptora la traslada a la asesoría confidencial inmediatamente (24 horas); la víctima puede elegir asesor o asesora.
  • Pueden proponerse medidas organizativas previas, que no serán una solución permanente.
  • Al finalizar, la asesoría confidencial emite un informe de valoración que propone el archivo (desistimiento, falta de objeto o insuficiencia de indicios, o resolución en actuaciones previas), el inicio de expediente disciplinario por acoso o el inicio de expediente por otras faltas. Plazo de esta etapa: no superior a diez días, salvo excepciones justificadas.
  • Si la víctima discrepa, dispone de diez días para alegar y pedir el comité de asesoramiento, solo si hubo archivo por falta de objeto o insuficiencia de indicios o se apreció otra falta distinta. El comité se constituye en siete días y su etapa no supera los veinte días, salvo excepciones justificadas.
  • Se informa a las partes y se emite información estadística a la comisión de igualdad de la Mesa Delegada, y se revisa la situación laboral de quien solicitó la activación.

Evaluación y seguimiento. Anualmente, cada departamento y organismo remite a la Dirección General de la Función Pública una memoria anonimizada de las actividades. Las comisiones de igualdad de cada Mesa Delegada informan y, en su caso, negocian las acciones de información, formación y difusión.

Implantación. Cada departamento u organismo adapta el protocolo con medidas preventivas y proactivas o procedimentales, e incluye ámbito, fecha de entrada en vigor, compromisos del punto 2.5, unidad receptora, listado de asesoría confidencial y formas de publicidad, procurando que las actuaciones se desarrollen preferiblemente en el ámbito provincial.

Datos clave

  • El protocolo se negoció en la Comisión Técnica de Igualdad y lo ratificó la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
  • Principios rectores del artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007; definiciones de su artículo 7.
  • La unidad receptora traslada la comunicación a la asesoría confidencial en 24 horas.
  • Informe de valoración: etapa no superior a diez días, salvo excepciones justificadas.
  • La víctima dispone de diez días para alegar y pedir el comité de asesoramiento, que se constituye en siete días.
  • La etapa del comité no supera los veinte días, salvo excepciones justificadas.
  • Se separa a la presunta persona acosadora, no a la víctima, salvo que esta lo pida.
  • Memoria anual anonimizada a la Dirección General de la Función Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Protocolo de la AGE contra el acoso sexual y por razón de sexo: tolerancia cero, garantías de confidencialidad y no represalia, prevención y un procedimiento rápido con unidad receptora, asesoría confidencial y, si hay discrepancia, comité de asesoramiento.

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Anexo I. Asesoría confidencial

El anexo I del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, regula la asesoría confidencial.

Definición y funciones. El asesor o asesora confidencial es la persona que, previa y específicamente formada para ello, asistirá a la víctima que presente o quiera presentar una comunicación de activación del protocolo. Sus funciones son:

  • asistir y asesorar a la víctima;
  • informarle sobre sus derechos y sobre las distintas formas de actuación posibles;
  • elaborar informes técnicos en base a sus actuaciones durante el protocolo;
  • intervenir de forma directa en el estudio de los hechos;
  • entrevistar a las personas implicadas (víctima, persona o personas sobre las que existen evidencias de haber cometido acoso, testigos u otro personal de interés);
  • poner en conocimiento de la unidad receptora los hechos cuando existan evidencias suficientes de acoso, previo conocimiento de la víctima.

El listado de asesores y asesoras confidenciales de cada departamento u organismo, y la manera de contactar, se dará a conocer a todo el personal de ese ámbito.

Nombramiento. Cualquier empleada y empleado público voluntariamente, tras recibir la formación necesaria, podrá ser designado por la persona titular de la unidad responsable de la recepción de la comunicación o solicitud de activación del protocolo. La unidad procurará que la lista esté integrada por personas de distintas categorías profesionales, de ambos sexos y en número adecuado para que sean fácilmente accesibles, teniendo en cuenta la estructura, ubicación y dispersión geográfica. La Administración facilitará la disponibilidad de tiempo necesaria para esta función.

Principios de actuación: neutralidad; presunción de inocencia; confidencialidad, sin poder transmitir ni divulgar información sobre el contenido de lo presentado, en investigación o resuelto; e indemnidad frente a represalias derivadas del ejercicio del derecho a denunciar o de la labor de asesoramiento y apoyo. Se aplican las causas de abstención y recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Formación. La Dirección General de la Función Pública, con la colaboración del Instituto de las Mujeres y, en su caso, de personas expertas, diseñará los contenidos del curso de «asesoría confidencial en la AGE». Para desempeñar estas funciones será necesario haber superado este curso o una formación equivalente. El módulo no será inferior a 100 horas de contenido eminentemente práctico y estará integrado en el itinerario formativo de igualdad en la AGE. Versa sobre igualdad, acoso sexual y por razón de sexo, el protocolo, técnicas de detección y evaluación (entrevistas, cuestionarios, fuentes documentales), sesgos de género, fases del acoso y sus efectos, atención psicológica a víctimas, habilidades comunicativas y gestión de equipos humanos, e incluye sistemas de evaluación.

Datos clave

  • El asesor o asesora confidencial está previa y específicamente formado para asistir a la víctima.
  • Comunica los hechos a la unidad receptora cuando hay evidencias suficientes, previo conocimiento de la víctima.
  • Lo designa, de forma voluntaria y tras la formación, la persona titular de la unidad receptora.
  • Principios: neutralidad, presunción de inocencia, confidencialidad e indemnidad frente a represalias.
  • Abstención y recusación: artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.
  • El curso lo diseña la Dirección General de la Función Pública con la colaboración del Instituto de las Mujeres.
  • Módulo no inferior a 100 horas, de contenido eminentemente práctico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La asesoría confidencial la ejercen empleados públicos voluntarios y formados que acompañan a la víctima, investigan los hechos y los comunican a la unidad receptora; actúan con neutralidad, presunción de inocencia, confidencialidad e indemnidad.

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Anexo II. Comité de Asesoramiento

El anexo II del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, regula el Comité de Asesoramiento.

Composición. El comité de asesoramiento será paritario y estará formado por:

  • dos personas del departamento ministerial u organismo dependiente, de las que al menos una tenga la condición de asesor confidencial;
  • dos representantes del personal del departamento u organismo donde preste servicios la presunta víctima, elegidos por los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada.

Garantías en la designación. Se garantizará la distancia de parentesco, por afinidad o consanguinidad, las relaciones de amistad o enemistad manifiesta y la ausencia de relación de ascendencia o dependencia funcional u orgánica con las personas implicadas. La persona afectada quedará automáticamente inhabilitada y será sustituida. Se procurará la presencia equilibrada de los miembros. Las personas designadas no habrán intervenido en las etapas anteriores a la constitución del comité. Los miembros los designa la jefatura superior de personal del departamento u organismo. Cuando el comité lo estime necesario, podrá asistirle una persona experta en igualdad y acoso, que deberá ser empleada o empleado público de la AGE. Todos los componentes guardarán la máxima confidencialidad.

Régimen de funcionamiento. Se rige por:

  • las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativas a los órganos colegiados;
  • la normativa legal y convencional española en materia de acoso sexual y por razón de sexo;
  • las directivas y recomendaciones de la Unión Europea en la materia;
  • las previsiones del protocolo;
  • las normas de funcionamiento que acuerde el comité.

Informe de conclusiones y recomendaciones. Debe incluir, como mínimo: la relación nominal de quienes integran el comité y la identificación de la víctima y de la persona supuestamente acosadora mediante código numérico; los antecedentes y circunstancias del caso; las actuaciones previas y el informe de valoración y propuesta de la asesoría confidencial; otras actuaciones (testimonios, pruebas, resumen de los hechos); y las conclusiones y medidas concretas propuestas.

Datos clave

  • Comité paritario de cuatro personas: dos del departamento u organismo y dos representantes del personal.
  • Al menos una de las dos personas del departamento debe ser asesor confidencial.
  • Los representantes del personal los eligen las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada.
  • Los miembros los designa la jefatura superior de personal y no pueden haber intervenido en las etapas anteriores.
  • Puede asistirle una persona experta que sea empleada pública de la AGE.
  • Funciona conforme a las normas de órganos colegiados de la Ley 40/2015.
  • En el informe, víctima y persona acosadora se identifican mediante código numérico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El comité de asesoramiento es paritario: dos personas del departamento (al menos una asesora confidencial) y dos representantes del personal; miembros sin vínculo con las partes ni intervención previa, designados por la jefatura superior de personal.

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Anexo V. Situaciones de acoso sexual y por razón de sexo

El anexo V del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, describe situaciones de acoso a partir del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Definiciones legales:

  • Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
  • Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Los listados que siguen son ejemplos, sin ánimo excluyente ni limitativo.

Conductas constitutivas de acoso sexual (listado no exhaustivo):

  • Verbales: insinuaciones sexuales, proposiciones o presión para la actividad sexual; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables; llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados; bromas o comentarios sobre la apariencia sexual; preguntas e insinuaciones sobre la vida privada que afecten a la integridad e indemnidad sexual; invitaciones impúdicas o comprometedoras.
  • No verbales: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas, gestos; cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo y con claro contenido sexual.
  • Físicas: contacto físico deliberado y no solicitado; abrazos o besos no deseados; acercamiento físico excesivo e innecesario; gestos obscenos.

Chantaje sexual (quid pro quo). Consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo (acceso a la formación profesional, empleo continuado, promoción, retribución u otras decisiones). Supone un abuso de autoridad: la persona acosadora es quien tiene poder, directa o indirectamente, para proporcionar o retirar un beneficio o condición de trabajo.

Acoso sexual ambiental. La persona acosadora crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo mediante actitudes y comportamientos indeseados de naturaleza sexual. Puede realizarlo cualquier miembro de la empresa, con independencia de su posición o estatus, o terceras personas ubicadas de algún modo en el entorno de trabajo.

Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo (listado no exhaustivo): demérito de la valía profesional por la maternidad o paternidad; conductas hostiles hacia quienes ejerzan sus derechos de conciliación; descalificaciones públicas y reiteradas por razón de género; minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles asignados a su sexo; conductas discriminatorias por razón de género; asignar tareas sin sentido o imposibles (plazos irracionales) en función del sexo; formas denigrantes de dirigirse a personas de un sexo; asignar un puesto de responsabilidad inferior a la capacidad o categoría únicamente por el sexo; comentarios sexistas basados en prejuicios de género; ridiculizar o menospreciar capacidades por razón de sexo; ignorar aportaciones (excluir, no tomar en serio); y usar la fuerza física para mostrar la superioridad de un sexo frente a otro.

Datos clave

  • Las definiciones proceden del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
  • Los listados de conductas son ejemplos no exhaustivos.
  • El acoso sexual se clasifica en conductas verbales, no verbales y físicas.
  • Chantaje sexual o quid pro quo: someterse a requerimientos sexuales o perder beneficios o condiciones de trabajo; supone abuso de autoridad.
  • Acoso sexual ambiental: entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; puede cometerlo cualquier miembro o terceras personas.
  • Ejemplo de acoso por razón de sexo: conductas hostiles hacia quienes ejercen sus derechos de conciliación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ejemplos no exhaustivos de acoso sexual (verbal, no verbal y físico), sus dos modalidades (chantaje y ambiental) y conductas de acoso por razón de sexo, a partir de las definiciones de la Ley Orgánica 3/2007.

Esquema

Dos modalidades de acoso sexual
Chantaje (quid pro quo)Ambiental
Qué haceCondiciona beneficios o condiciones de trabajo a someterseCrea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo
QuiénQuien tiene poder para dar o retirar el beneficioCualquier miembro o terceras personas del entorno

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Apartado primero. Aprobación del Protocolo

El apartado primero de la parte dispositiva del Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, contiene el acto de aprobación del protocolo frente al acoso en la Administración General del Estado.

En virtud de este apartado se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. El protocolo no figura en el articulado, sino que se incluye como anexo al propio real decreto.

Datos clave

  • La norma de aprobación es el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo.
  • Objeto: aprobar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
  • Ámbito del protocolo: la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
  • El protocolo se incluye como anexo al real decreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El real decreto tiene un objeto simple: aprobar el Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de la AGE y sus organismos públicos, que no va en el articulado sino como anexo.

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