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Responsabilidad de las administraciones públicas

Practica este tema con tests de Ayudante en Ejecución Penal (Administración Penitenciaria de Euskadi): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Anotaciones Oposhark · Lo esencial

Este tema explica qué pasa cuando la actuación de una Administración causa un daño a alguien: cuándo tiene que indemnizar, qué requisitos debe reunir el daño, cómo se reparte la responsabilidad si intervienen varias administraciones, cómo se calcula y paga la indemnización, qué ocurre cuando la Administración actúa con formas de derecho privado, y qué responsabilidad tienen el personal y las autoridades, tanto patrimonial como penal. Todo ello está en los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015.

Las 6 ideas base del tema

  1. 1

    Responde aunque haya funcionado bien

    La responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva: se indemniza por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. No hace falta que alguien se haya equivocado; basta con que exista causalidad entre la actuación administrativa y el daño.

  2. 2

    No todo daño se indemniza

    Quedan fuera la fuerza mayor y los daños que el particular tiene el deber jurídico de soportar. Además el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y no se indemnizan los daños imprevisibles según el estado de la ciencia o la técnica.

  3. 3

    Se reclama siempre a la Administración

    El particular nunca reclama directamente al funcionario o autoridad que causó el daño, sino a la Administración. Es esta quien, si ha indemnizado, puede repetir después contra su personal, pero solo si hubo dolo, culpa o negligencia graves.

  4. 4

    Varias administraciones, reglas de reparto

    Si actúan conjuntamente mediante fórmulas de cooperación, responden solidariamente. Si concurren sin cooperación previa, cada una responde según su competencia, el interés público tutelado y la intensidad de su intervención, y solo si no puede repartirse así, la responsabilidad es solidaria.

  5. 5

    La forma jurídica no rebaja la protección

    Aunque la Administración actúe en régimen de derecho privado, directamente o a través de una entidad interpuesta, responde conforme a las mismas reglas de los arts. 32 y siguientes, no por las normas civiles ordinarias.

  6. 6

    Vía patrimonial y vía penal conviven

    La responsabilidad penal del personal se exige conforme a la legislación penal, y por regla general la causa penal no suspende el expediente de responsabilidad patrimonial; solo se espera cuando los hechos penales son imprescindibles para fijar la responsabilidad.

Checklist: ¿me lo sé?

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Principios de la responsabilidad patrimonial

La Ley 40/2015 consagra el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas cuando sufren una lesión en sus bienes o derechos por el funcionamiento de los servicios públicos. Esta responsabilidad opera tanto si el servicio ha funcionado mal como con normalidad: basta que exista causalidad entre la actuación administrativa y el daño.

Quedan fuera de la obligación de indemnizar la fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. Además, la anulación de un acto administrativo no genera por sí sola derecho a indemnización: hace falta un daño efectivo e individualizado.

La ley regula también la responsabilidad del Estado legislador, cuando el daño deriva de una ley luego declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea, exigiendo que el particular hubiera obtenido antes sentencia firme desestimatoria alegando esa infracción.

Datos clave

  • art. 32.1 Ley 40/2015: derecho a indemnización por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
  • Excluyen la responsabilidad: fuerza mayor y deber jurídico de soportar el daño
  • La anulación de un acto administrativo no genera por sí misma derecho a indemnización
  • art. 32.4 y 32.5 Ley 40/2015: responsabilidad del Estado legislador (ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley 40/2015 (art. 32.1) da derecho a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que haya causalidad. Se excluyen la fuerza mayor y el deber jurídico de soportar el daño; la anulación de un acto no indemniza por sí sola; y el Estado legislador responde por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE si hubo antes sentencia firme desestimatoria.

La Ley 40/2015 consagra en su art. 32.1 el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas cuando sufren una lesión en sus bienes o derechos por el funcionamiento de los servicios públicos. Lo importante es que esta responsabilidad opera tanto si el servicio ha funcionado mal como si ha funcionado con normalidad: basta que exista causalidad entre la actuación administrativa y el daño.

Hay dos supuestos que quedan fuera de la obligación de indemnizar: la fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. Además, la anulación de un acto administrativo no genera por sí sola derecho a indemnización: hace falta que exista un daño efectivo e individualizado.

La ley regula también la responsabilidad del Estado legislador (art. 32.4 y 32.5): cuando el daño deriva de una ley luego declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea. Pero exige un requisito: que el particular hubiera obtenido antes sentencia firme desestimatoria en la que alegara precisamente esa infracción.

Esquema

¿Hay derecho a indemnización?
nosísínoLesión en bienes oderechos porfuncionamiento de un¿Existe causalidadentre la actuaciónadministrativa y elNo hay responsabilidad¿Hay fuerza mayor odeber jurídico desoportar el daño?Queda fuera de laobligación deindemnizarDerecho aindemnización(funcionamiento normal

¿Me lo sé? Flashcards

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Requisitos del daño indemnizable

Para que un daño sea indemnizable no basta con que exista un perjuicio: la Ley 40/2015 exige que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas. Esto excluye los daños hipotéticos o generales que afectan por igual a toda la colectividad sin singularizarse en nadie en concreto.

Tampoco son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento en que se produjeron, lo que introduce un límite temporal y científico a la responsabilidad objetiva de la Administración.

Cuando el daño procede de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión, solo son indemnizables los perjuicios producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia que así lo declare, salvo que la propia sentencia disponga otra cosa.

Datos clave

  • art. 34.1 Ley 40/2015: el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado
  • Excepción de los riesgos del progreso: no son indemnizables los daños imprevisibles según ciencia o técnica
  • art. 34.1 Ley 40/2015: plazo de cinco años en los supuestos del Estado legislador
  • El deber jurídico de soportar el daño excluye la indemnización aunque exista lesión

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El daño indemnizable debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 34.1 Ley 40/2015). No se indemnizan los daños imprevisibles según el estado de la ciencia o la técnica (riesgos del progreso) ni los que hay deber jurídico de soportar; en el Estado legislador solo los perjuicios de los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.

Para que un daño sea indemnizable no basta con que exista un perjuicio. El art. 34.1 de la Ley 40/2015 exige que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas. Esto deja fuera los daños hipotéticos o los daños generales que afectan por igual a toda la colectividad sin singularizarse en nadie en concreto.

Tampoco son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento en que se produjeron. Es la llamada excepción de los riesgos del progreso, que introduce un límite temporal y científico a la responsabilidad objetiva de la Administración.

Cuando el daño procede de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión, solo son indemnizables los perjuicios producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia que así lo declare, salvo que la propia sentencia disponga otra cosa.

Esquema

Daño indemnizable frente a daño no indemnizable
IndemnizableNo indemnizable
RealidadEfectivoHipotético
CuantíaEvaluable económicamenteNo traducible a dinero
SujetoIndividualizado en persona o grupoGeneral, sufrido por igual por toda la colectividad
PrevisibilidadPrevisible o evitable según la ciencia o técnica del momentoImprevisible o inevitable según el estado de la ciencia o técnica (riesgos del progreso)
Deber de soportarNo existe deber jurídico de soportarloExiste deber jurídico de soportarlo

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Responsabilidad concurrente de administraciones

Cuando varias administraciones actúan de forma conjunta mediante fórmulas de cooperación y de esa gestión compartida se deriva un daño, la Ley 40/2015 impone que respondan frente al particular de forma solidaria, sin perjuicio de que el instrumento regulador de la actuación conjunta reparta internamente la responsabilidad.

Fuera de la actuación conjunta, cuando varias administraciones concurren en un mismo daño sin cooperación previa, la responsabilidad de cada una se fija según su competencia, el interés público tutelado y la intensidad de su intervención; solo si no puede distribuirse así, se vuelve solidaria.

La competencia para tramitar estos expedientes corresponde a la administración que fijen los estatutos de la organización colegiada o, en su defecto, a la de mayor participación en la financiación del servicio, que debe dar audiencia a las demás administraciones implicadas.

Datos clave

  • art. 33.1 Ley 40/2015: responsabilidad solidaria en fórmulas conjuntas de actuación administrativa
  • art. 33.2 Ley 40/2015: fuera de la actuación conjunta, criterios de competencia, interés público e intensidad de intervención
  • art. 33.3 Ley 40/2015: competencia subsidiaria de la administración con mayor participación en la financiación
  • art. 33.4 Ley 40/2015: plazo de quince días de audiencia a las administraciones implicadas

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si varias administraciones actúan conjuntamente mediante fórmulas de cooperación, responden solidariamente frente al particular (art. 33.1), sin perjuicio del reparto interno. Sin cooperación previa, cada una responde según competencia, interés público tutelado e intensidad de intervención, y solo si no cabe repartir, solidaria (33.2). Tramita la que fijen los estatutos o, en su defecto, la de mayor financiación, con audiencia de quince días a las demás.

A veces el daño no lo causa una sola administración, sino varias. El art. 33.1 de la Ley 40/2015 resuelve el primer supuesto: cuando varias administraciones actúan de forma conjunta mediante fórmulas de cooperación y de esa gestión compartida se deriva un daño, responden frente al particular de forma solidaria. Eso no impide que el instrumento regulador de la actuación conjunta reparta internamente la responsabilidad entre ellas.

El segundo supuesto es distinto: varias administraciones concurren en un mismo daño pero sin cooperación previa. Entonces (art. 33.2) la responsabilidad de cada una se fija según tres criterios: su competencia, el interés público tutelado y la intensidad de su intervención. Solo si no puede distribuirse con esos criterios, la responsabilidad se vuelve solidaria.

Queda por saber quién tramita el expediente. Corresponde a la administración que fijen los estatutos de la organización colegiada o, en su defecto, a la de mayor participación en la financiación del servicio (art. 33.3). Esa administración debe dar audiencia a las demás administraciones implicadas, con un plazo de quince días (art. 33.4).

Esquema

Actuación conjunta frente a concurrencia sin cooperación
Actuación conjunta (art. 33.1)Concurrencia sin cooperación (art. 33.2)
SituaciónVarias administraciones gestionan de forma conjunta mediante fórmulas de cooperaciónVarias administraciones concurren en un mismo daño sin cooperación previa
Responsabilidad frente al particularSolidaria desde el principioRepartida según competencia, interés público tutelado e intensidad de intervención
Cuándo es solidariaSiempre, sin perjuicio del reparto internoSolo si no puede distribuirse con los criterios anteriores

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Cálculo y pago de la indemnización

La cuantía de la indemnización se calcula aplicando los criterios de valoración de la legislación fiscal y de expropiación forzosa, ponderando en su caso las valoraciones habituales del mercado; en los casos de muerte o lesiones corporales, la Ley 40/2015 permite tomar como referencia los baremos de seguros obligatorios y de la Seguridad Social vigentes.

El momento de referencia para fijar el importe es el día en que la lesión efectivamente se produjo, aunque esa cantidad se actualiza hasta la fecha de resolución del procedimiento conforme al Índice de Garantía de la Competitividad, y se le suman los intereses de demora que correspondan según la normativa presupuestaria aplicable.

La ley admite además que la indemnización, en lugar de abonarse en dinero de una sola vez, se sustituya por una compensación en especie o se satisfaga mediante pagos periódicos, siempre que resulte más adecuado para la reparación del daño, convenga al interés público y exista acuerdo con la persona interesada.

Datos clave

  • art. 34.2 Ley 40/2015: criterios de valoración fiscal, de expropiación forzosa y baremos de seguros
  • art. 34.3 Ley 40/2015: la cuantía se fija en la fecha de la lesión y se actualiza con el Índice de Garantía de la Competitividad
  • art. 34.4 Ley 40/2015: posibilidad de compensación en especie o pagos periódicos, con acuerdo del interesado
  • Se añaden intereses de demora conforme a la Ley General Presupuestaria

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La indemnización se calcula con los criterios de valoración fiscal y de expropiación forzosa, ponderando el mercado, y en muerte o lesiones con los baremos de seguros obligatorios y Seguridad Social (art. 34.2). Se fija a la fecha de la lesión, se actualiza a la resolución con el Índice de Garantía de la Competitividad y lleva intereses de demora (34.3). Puede sustituirse por compensación en especie o pagos periódicos con acuerdo del interesado (34.4).

Una vez que sabemos que hay que indemnizar, toca calcular cuánto. El art. 34.2 de la Ley 40/2015 dice que la cuantía se calcula aplicando los criterios de valoración de la legislación fiscal y de expropiación forzosa, ponderando en su caso las valoraciones habituales del mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales, la ley permite tomar como referencia los baremos de seguros obligatorios y de la Seguridad Social vigentes.

El momento de referencia para fijar el importe es el día en que la lesión efectivamente se produjo. Pero como entre ese día y la resolución puede pasar tiempo, la cantidad se actualiza hasta la fecha de resolución del procedimiento conforme al Índice de Garantía de la Competitividad, y se le suman los intereses de demora que correspondan según la normativa presupuestaria aplicable, la Ley General Presupuestaria (art. 34.3).

La ley admite además (art. 34.4) que la indemnización, en lugar de abonarse en dinero de una sola vez, se sustituya por una compensación en especie o se satisfaga mediante pagos periódicos. Pero con tres condiciones: que resulte más adecuado para la reparación del daño, que convenga al interés público y que exista acuerdo con la persona interesada.

Esquema

Del daño al pago de la indemnización
  1. Día de la lesión
    Momento de referencia para fijar la cuantía (criterios fiscales, de expropiación forzosa, mercado o baremos)
  2. Hasta la resolución
    Actualización de la cuantía conforme al Índice de Garantía de la Competitividad
  3. Resolución
    Se suman los intereses de demora según la Ley General Presupuestaria
  4. Pago
    Dinero de una sola vez o, con acuerdo del interesado, compensación en especie o pagos periódicos

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Responsabilidad cuando la Administración actúa en derecho privado

La Ley 40/2015 aclara que, cuando una Administración pública actúa en régimen de derecho privado, ya sea directamente o a través de una entidad de derecho privado interpuesta, su responsabilidad patrimonial se sigue exigiendo conforme a las mismas reglas generales de los artículos 32 y siguientes, y no según las normas civiles ordinarias de responsabilidad extracontractual.

Esta regla evita que la Administración pueda escapar del régimen de responsabilidad patrimonial simplemente eligiendo una forma de actuación de derecho privado, por ejemplo mediante una sociedad mercantil pública o una entidad instrumental, garantizando así a la ciudadanía el mismo nivel de protección con independencia del cauce jurídico utilizado.

La responsabilidad se exige igualmente aunque concurran en el hecho dañoso sujetos de derecho privado ajenos a la Administración, o aunque la reclamación se dirija directamente contra la entidad de derecho privado que actúa por cuenta de aquella o contra quien cubra su responsabilidad mediante un seguro.

Datos clave

  • art. 35 Ley 40/2015: la Administración responde conforme a los arts. 32 y siguientes también cuando actúa en derecho privado
  • Se aplica tanto a la actuación directa como a través de una entidad de derecho privado interpuesta
  • El régimen se mantiene aunque concurran sujetos de derecho privado en la producción del daño
  • Finalidad: impedir que la forma jurídica elegida rebaje la protección de la ciudadanía

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la Administración actúa en régimen de derecho privado, directamente o a través de una entidad de derecho privado interpuesta, su responsabilidad se exige conforme a los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015 y no por las normas civiles (art. 35). Así se impide que la forma jurídica elegida rebaje la protección de la ciudadanía, incluso si concurren sujetos privados o se reclama a la entidad o a su asegurador.

Las administraciones no siempre actúan con sus potestades públicas: a veces operan como lo haría un particular, en régimen de derecho privado, ya sea directamente o a través de una entidad de derecho privado interpuesta, como una sociedad mercantil pública o una entidad instrumental. El art. 35 de la Ley 40/2015 aclara que, aun así, su responsabilidad patrimonial se sigue exigiendo conforme a las reglas generales de los arts. 32 y siguientes, y no según las normas civiles ordinarias de responsabilidad extracontractual.

La finalidad de esta regla es evitar que la Administración pueda escapar del régimen de responsabilidad patrimonial simplemente eligiendo una forma de actuación de derecho privado. Así se garantiza a la ciudadanía el mismo nivel de protección con independencia del cauce jurídico utilizado.

El régimen se mantiene incluso en situaciones más complejas: aunque concurran en el hecho dañoso sujetos de derecho privado ajenos a la Administración, o aunque la reclamación se dirija directamente contra la entidad de derecho privado que actúa por cuenta de aquella, o contra quien cubra su responsabilidad mediante un seguro.

Esquema

Actuación en derecho público y en derecho privado: mismo régimen
Administración con potestades públicasAdministración en régimen de derecho privado
Cómo actúaCon sus potestades administrativasDirectamente o a través de una entidad de derecho privado interpuesta
Régimen de responsabilidadArts. 32 y siguientes Ley 40/2015Arts. 32 y siguientes Ley 40/2015 (art. 35)
Normas civiles ordinariasNo se aplicanTampoco se aplican

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Responsabilidad patrimonial de autoridades y personal

El particular perjudicado siempre dirige su reclamación contra la Administración Pública correspondiente, nunca directamente contra la autoridad o el empleado que causó el daño; es después la propia Administración quien, si ha indemnizado, puede repetir de oficio contra ese personal.

Esa acción de regreso solo procede por dolo, culpa o negligencia graves, y exige instruir un procedimiento que pondera el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional del empleado. El mismo procedimiento se sigue cuando es la propia Administración la que sufre el daño por esa conducta.

El procedimiento incluye, como mínimo, alegaciones de quince días, prueba de otros quince días, audiencia de diez días, propuesta de resolución en cinco días desde el fin de la audiencia y resolución final en otros cinco días; esta resolución agota la vía administrativa.

Datos clave

  • art. 36.1 Ley 40/2015: el particular reclama siempre a la Administración, no directamente al empleado público
  • art. 36.2 Ley 40/2015: acción de regreso de la Administración solo por dolo, culpa o negligencia graves
  • Plazos del procedimiento: 15 días de alegaciones, 15 días de prueba, 10 días de audiencia, 5 días de propuesta y 5 días de resolución
  • art. 36.5 Ley 40/2015: la resolución declaratoria de responsabilidad pone fin a la vía administrativa

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El particular reclama siempre a la Administración, nunca directamente al empleado o autoridad (art. 36.1). Si la Administración indemniza, puede repetir de oficio contra su personal solo por dolo, culpa o negligencia graves (36.2), mediante un procedimiento con alegaciones (15 días), prueba (15), audiencia (10), propuesta (5) y resolución (5), que agota la vía administrativa (36.5).

Cuando el daño lo causa una persona concreta al servicio de la Administración, el perjudicado no va contra ella. El art. 36.1 de la Ley 40/2015 dispone que el particular dirige siempre su reclamación contra la Administración Pública correspondiente, nunca directamente contra la autoridad o el empleado que causó el daño. Es después la propia Administración quien, si ha indemnizado, puede repetir de oficio contra ese personal.

La acción de regreso no procede por cualquier fallo: solo por dolo, culpa o negligencia graves (art. 36.2). Y exige instruir un procedimiento que pondera tres cosas: el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional del empleado. El mismo procedimiento se sigue cuando es la propia Administración la que sufre el daño por esa conducta.

Fíjate en que la acción de regreso es de oficio: la Administración la inicia por sí misma una vez que ha indemnizado al particular. Y en que el procedimiento tiene contenido mínimo, es decir, esos trámites y plazos son el suelo que la ley garantiza.

Esquema

Procedimiento de la acción de regreso
nosíLa Administraciónindemniza alparticular¿Hubo dolo, culpa onegligencia graves delempleado?No procede la acciónde regresoAlegaciones: 15 díasPrueba: 15 díasAudiencia: 10 díasPropuesta deresolución: 5 díasdesde el fin de laResolución en 5 días;pone fin a la víaadministrativa

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Responsabilidad penal del personal al servicio de la Administración

Además de la vía patrimonial, el artículo 37 de la Ley 40/2015 recuerda que la responsabilidad penal del personal público, así como la civil derivada del delito, se exige conforme a la legislación penal correspondiente, al margen del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial.

Ambas vías pueden coexistir: la apertura de una causa penal contra un empleado público no suspende, con carácter general, el expediente de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Así, la ciudadanía no ve retrasada su indemnización por investigarse también penalmente al causante.

La única excepción se produce cuando la determinación de los hechos en el orden penal resulta imprescindible para fijar correctamente la responsabilidad patrimonial, en cuyo caso sí procede esperar a que la causa penal los aclare antes de resolver.

Datos clave

  • art. 37.1 Ley 40/2015: la responsabilidad penal y la civil derivada del delito se rigen por su legislación específica
  • art. 37.2 Ley 40/2015: regla general de compatibilidad entre proceso penal y procedimiento de responsabilidad patrimonial
  • Excepción: se suspende el procedimiento administrativo si los hechos penales son necesarios para fijar la responsabilidad
  • La vía patrimonial y la vía penal son autónomas pero pueden coexistir sobre un mismo hecho dañoso

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El art. 37 de la Ley 40/2015 recuerda que la responsabilidad penal del personal público y la civil derivada del delito se exigen conforme a la legislación penal. Regla general: la causa penal no suspende el expediente de responsabilidad patrimonial; excepción: se espera cuando la determinación de los hechos en el orden penal es imprescindible para fijar la responsabilidad patrimonial.

Además de la vía patrimonial, el art. 37.1 de la Ley 40/2015 recuerda que la responsabilidad penal del personal público, así como la civil derivada del delito, se exige conforme a la legislación penal correspondiente, al margen del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial. Son vías autónomas con normas propias.

Ambas vías pueden coexistir sobre un mismo hecho dañoso. La regla general del art. 37.2 es la compatibilidad: la apertura de una causa penal contra un empleado público no suspende, con carácter general, el expediente de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Así, la ciudadanía no ve retrasada su indemnización porque se investigue también penalmente al causante.

Conviene tener claras las dos responsabilidades que menciona el art. 37.1: la penal del empleado y la civil derivada del delito. Las dos se rigen por su legislación específica, la penal, y no por la Ley 40/2015; la ley administrativa solo regula la vía patrimonial frente a la Administración y su convivencia con el proceso penal.

Esquema

Causa penal y expediente de responsabilidad patrimonial
no (regla general)sí (excepción)Se abre una causapenal contra unempleado público por¿Es imprescindibledeterminar los hechosen el orden penal paraEl expedientepatrimonial continúasin suspenderseSe espera a que lacausa penal aclare loshechos antes de

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