Derechos de la ciudadanía ante las administraciones
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Este tema explica cómo debe tratar la Administración vasca a las personas que acuden a ella: qué principios rigen esa atención, qué derechos tiene la ciudadanía (y qué deberes), cómo funciona el derecho a no aportar documentos que la Administración ya tiene, por dónde se presentan quejas y sugerencias, y qué cuidado especial merecen las personas con discapacidad y las personas inmigrantes. La norma central es el Decreto 91/2023, de atención integral y multicanal, que convive con las Leyes 39/2015 y 40/2015.
Las 5 ideas base del tema
- 1
Una norma vasca y dos leyes estatales
El Decreto 91/2023 ordena la atención a la ciudadanía en la Administración general de Euskadi. Convive con la legislación básica estatal: la Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común y la Ley 40/2015 fija los principios generales de actuación. Cuando veas un artículo, pregúntate de cuál de las tres normas es.
- 2
La atención se centra en la persona usuaria
La finalidad del Decreto es un servicio de calidad, accesible y centrado en la persona, sea cual sea el canal elegido. De ahí salen los principios (deferencia, claridad, igualdad, proactividad, proporcionalidad) y el deber general de toda autoridad y personal público de atender a la ciudadanía.
- 3
Derechos con deberes correlativos
La ciudadanía tiene un catálogo de derechos (comunicarse por el Punto de Acceso General, ser asistida en medios electrónicos, usar las lenguas oficiales, elegir modalidad de atención, actuar por representante, trato respetuoso e imparcial). Pero también deberes: usar los servicios con diligencia y buena fe.
- 4
No aportar lo que la Administración ya tiene
Si un documento ya obra en poder de la Administración, es el órgano tramitador quien lo recaba, preferentemente por plataformas de intermediación de datos. Solo excepcionalmente se pide a la persona, o cuando ella se opone a la consulta y entonces lo aporta ella misma.
- 5
Escuchar y adaptarse
Las quejas y sugerencias se canalizan por un sistema corporativo único, distinto de los recursos administrativos. Y para los colectivos con especiales dificultades (personas con discapacidad, personas inmigrantes) el Decreto exige atención comprensible, accesibilidad física y digital, lectura fácil y lenguaje claro.
Checklist: ¿me lo sé?
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Marco normativo de la atención a la ciudadanía
La relación entre la ciudadanía y las administraciones vascas se ordena por el Decreto 91/2023, de atención integral y multicanal, aplicable a la Administración general de Euskadi y, con matices, a sus organismos autónomos. Su finalidad es garantizar un servicio de calidad, accesible y centrado en la persona usuaria, sea cual sea el canal elegido.
El Decreto fija principios que orientan toda la atención: deferencia y respeto, claridad y proximidad, objetividad de la información, igualdad y no discriminación, facilidad de uso y proactividad, interoperabilidad y proporcionalidad en los datos exigidos. A ello se suma el deber general de toda autoridad y personal público de atender a la ciudadanía.
Este marco autonómico convive con la legislación básica estatal: la Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común, mientras que la Ley 40/2015 fija los principios generales de actuación, entre ellos el servicio efectivo a la ciudadanía.
Datos clave
- Decreto 91/2023: arts. 1 a 6, disposiciones generales de la atención a la ciudadanía
- art. 5 Decreto 91/2023: principios generales (deferencia, igualdad, proactividad, interoperabilidad, proporcionalidad)
- art. 3 Ley 40/2015: principios generales de actuación de las Administraciones Públicas
- art. 6 Decreto 91/2023: deber general de atención a la ciudadanía de autoridades y personal empleado público
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La atención a la ciudadanía en Euskadi se rige por el Decreto 91/2023, de atención integral y multicanal, que busca un servicio de calidad, accesible y centrado en la persona, con principios como deferencia, claridad, igualdad, proactividad y proporcionalidad, y convive con las Leyes 39/2015 (procedimiento) y 40/2015 (principios de actuación).
La relación entre la ciudadanía y las administraciones vascas se ordena por el Decreto 91/2023, de atención integral y multicanal. Se aplica a la Administración general de Euskadi y, con matices, a sus organismos autónomos. Su finalidad es garantizar un servicio de calidad, accesible y centrado en la persona usuaria, sea cual sea el canal que elija para relacionarse con la Administración.
El Decreto fija en su art. 5 unos principios que orientan toda la atención: deferencia y respeto, claridad y proximidad, objetividad de la información, igualdad y no discriminación, facilidad de uso y proactividad, interoperabilidad y proporcionalidad en los datos exigidos. A ello se suma, en el art. 6, el deber general de toda autoridad y personal público de atender a la ciudadanía.
Este marco autonómico no está solo: convive con la legislación básica estatal. La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común, mientras que la Ley 40/2015 fija en su art. 3 los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, entre ellos el servicio efectivo a la ciudadanía.
Esquema
| Decreto 91/2023 | Ley 39/2015 | Ley 40/2015 | |
|---|---|---|---|
| Ámbito | Administración general de Euskadi y, con matices, organismos autónomos | Legislación básica estatal | Legislación básica estatal |
| Qué regula | Atención integral y multicanal a la ciudadanía | Procedimiento administrativo común | Principios generales de actuación de las Administraciones |
| Dato preguntable | Art. 5 principios; art. 6 deber general de atención | Regula el procedimiento | Art. 3: servicio efectivo a la ciudadanía |
¿Me lo sé? Flashcards
Derechos de la ciudadanía ante la Administración
Tanto el Decreto 91/2023 como la Ley 39/2015 reconocen a la ciudadanía un catálogo de derechos ante las administraciones públicas: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico, ser asistida en el uso de medios electrónicos, utilizar las lenguas oficiales y elegir la modalidad de atención salvo que una norma imponga un canal concreto.
También se garantiza el trato con respeto e imparcialidad, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo u origen, así como actuar por medio de representante y recibir información clara. La Ley 39/2015 añade el derecho a exigir responsabilidad a las administraciones y a la protección de datos personales.
Estos derechos se ejercen sin perjuicio de los reconocidos a las personas interesadas en un procedimiento concreto, y se completan con el deber de la ciudadanía de utilizar los servicios públicos con diligencia y buena fe.
Datos clave
- art. 7 Decreto 91/2023: catálogo de derechos de la ciudadanía ante el sector público vasco
- art. 13 Ley 39/2015: derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
- Derecho a elegir modalidad de atención y a actuar por medio de representante
- art. 8 Decreto 91/2023: deberes correlativos de la ciudadanía (puntualidad, respeto de normas, buena fe)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 7 del Decreto 91/2023 y el art. 13 de la Ley 39/2015 reconocen a la ciudadanía derechos como comunicarse por el Punto de Acceso General electrónico, ser asistida en medios electrónicos, usar las lenguas oficiales, elegir la modalidad de atención, trato respetuoso e imparcial y actuar por representante; la Ley 39/2015 añade exigir responsabilidad y la protección de datos. El art. 8 del Decreto fija los deberes correlativos.
Tanto el Decreto 91/2023 (art. 7) como la Ley 39/2015 (art. 13) reconocen a la ciudadanía un catálogo de derechos ante las administraciones públicas. Entre ellos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico, ser asistida en el uso de medios electrónicos, utilizar las lenguas oficiales y elegir la modalidad de atención, salvo que una norma imponga un canal concreto.
También se garantiza el trato con respeto e imparcialidad, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo u origen, así como actuar por medio de representante y recibir información clara. La Ley 39/2015 añade por su parte el derecho a exigir responsabilidad a las administraciones y el derecho a la protección de datos personales.
Estos derechos son generales y se ejercen sin perjuicio de los reconocidos a las personas interesadas en un procedimiento concreto, que son otros distintos. Y no vienen solos: el art. 8 del Decreto fija los deberes correlativos de la ciudadanía, como utilizar los servicios públicos con diligencia y buena fe, la puntualidad y el respeto de las normas.
Esquema
| Derechos (art. 7 Decreto y art. 13 Ley 39/2015) | Deberes (art. 8 Decreto) | |
|---|---|---|
| Relación electrónica | Comunicarse por el Punto de Acceso General y ser asistida en medios electrónicos | Utilizar los servicios públicos con diligencia |
| Trato | Respeto e imparcialidad, sin discriminación por nacimiento, sexo u origen | Respeto de las normas y puntualidad |
| Elección y representación | Elegir modalidad de atención y usar las lenguas oficiales; actuar por representante | Buena fe en el uso de los servicios |
| Solo en la Ley 39/2015 | Exigir responsabilidad a las administraciones y protección de datos | No aplica |
¿Me lo sé? Flashcards
Derecho de acceso a archivos y registros públicos
La Ley 39/2015 reconoce el acceso a la información pública, archivos y registros, remitiendo a la normativa de transparencia. Este derecho se complementa con el derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, de modo que sea el propio órgano tramitador quien los recabe cuando ya existan en otro expediente.
El Decreto 91/2023 desarrolla el mecanismo: si el órgano competente tiene acceso electrónico a los datos, los incorpora de oficio y deja constancia del acceso; si no los tiene, debe solicitarlos al órgano que los custodie mediante plataformas de intermediación de datos. Solo excepcionalmente, cuando no sea posible obtenerlos, se pedirá a la persona interesada que los aporte.
La persona interesada puede oponerse a que se consulten determinados datos, alegando los motivos de su oposición, aunque entonces deba aportar ella misma la documentación correspondiente.
Datos clave
- art. 13.d) Ley 39/2015: derecho de acceso a la información pública, archivos y registros
- art. 9 Decreto 91/2023: derecho a no aportar documentos que ya obren en la Administración
- Consulta preferente por plataformas de intermediación de datos frente a solicitar el documento a la persona
- Excepción: aportación por la persona interesada solo si el órgano no puede obtener el dato
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La Ley 39/2015 reconoce el acceso a la información pública, archivos y registros (art. 13.d) y el derecho a no aportar documentos que ya obran en la Administración. El Decreto 91/2023 (art. 9) lo desarrolla: el órgano los incorpora de oficio si tiene acceso electrónico, si no los pide por plataformas de intermediación, y solo excepcionalmente se piden a la persona, que puede oponerse a la consulta aportándolos ella.
La Ley 39/2015 reconoce en su art. 13.d) el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, remitiendo a la normativa de transparencia. Este derecho se complementa con otro muy práctico: el derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, de modo que sea el propio órgano tramitador quien los recabe cuando ya existan en otro expediente.
El Decreto 91/2023 desarrolla el mecanismo en su art. 9 con un orden claro. Primero: si el órgano competente tiene acceso electrónico a los datos, los incorpora de oficio y deja constancia del acceso. Segundo: si no los tiene, debe solicitarlos al órgano que los custodie mediante plataformas de intermediación de datos. Tercero y solo excepcionalmente: cuando no sea posible obtenerlos, se pedirá a la persona interesada que los aporte.
La persona interesada mantiene el control: puede oponerse a que se consulten determinados datos, alegando los motivos de su oposición. Eso sí, la oposición tiene un precio: en ese caso deberá aportar ella misma la documentación correspondiente.
Esquema
¿Me lo sé? Flashcards
Atención ante quejas y reclamaciones
El Decreto 91/2023 habilita a cualquier persona para presentar quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios, así como para comunicar incumplimientos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público vasco. Esta vía es distinta de los recursos administrativos y busca recoger la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del servicio.
Estas quejas y sugerencias se canalizan a través del Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias de la Administración vasca, con independencia del canal por el que se presenten. En materia de accesibilidad se aplica además el Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
Este mecanismo de escucha activa refuerza la co-responsabilidad de todos los órganos administrativos en la mejora continua de la atención a la ciudadanía.
Datos clave
- art. 51 Decreto 91/2023: quejas, sugerencias y comunicación de incumplimientos de accesibilidad
- Canal único: Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias de la Administración vasca
- Real Decreto 1112/2018: accesibilidad de sitios web y apps móviles del sector público
- Las quejas de accesibilidad permiten además solicitar la información excluida
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 51 del Decreto 91/2023 permite a cualquier persona presentar quejas y sugerencias sobre los servicios y comunicar incumplimientos de accesibilidad web y de apps; es una vía distinta de los recursos, canalizada por el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias sea cual sea el canal, y en accesibilidad se aplica además el Real Decreto 1112/2018.
El Decreto 91/2023 habilita en su art. 51 a cualquier persona para presentar quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios, así como para comunicar incumplimientos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público vasco. Fíjate en que dice cualquier persona: no hace falta ser interesado en un procedimiento.
Sea cual sea el canal por el que se presenten (oficina, teléfono, internet), las quejas y sugerencias se canalizan a través de un único sistema: el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias de la Administración vasca. En materia de accesibilidad se aplica además el Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público, y las quejas de accesibilidad permiten también solicitar la información excluida.
Este mecanismo de escucha activa refuerza la co-responsabilidad de todos los órganos administrativos en la mejora continua de la atención a la ciudadanía: la queja no es solo un desahogo, es información que sirve para mejorar el servicio.
Esquema
| Queja o sugerencia (art. 51 Decreto 91/2023) | Recurso administrativo | |
|---|---|---|
| Para qué sirve | Recoger la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del servicio | Es una vía distinta: impugnar la actuación administrativa |
| Quién puede | Cualquier persona | No lo regula este apartado |
| Por dónde | Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias, sea cual sea el canal | No lo regula este apartado |
¿Me lo sé? Flashcards
Atención a personas con discapacidad
El artículo 13 del Decreto 91/2023 obliga al sector público vasco a velar para que todas las personas obtengan una atención comprensible, adoptando las medidas necesarias para que quienes tienen especiales dificultades puedan acceder al servicio en cualquier canal. Esta obligación incluye garantizar la accesibilidad física de las instalaciones y espacios de atención, y no solo la accesibilidad digital de webs y aplicaciones.
Para las personas con discapacidad, la Administración debe impulsar sistemas y metodologías que faciliten la comprensión de la información, prestando especial atención a las versiones de lectura fácil en los contenidos y servicios dirigidos a colectivos con diversidad funcional, como personas con dificultades cognitivas o de comprensión. Este enfoque se conecta con los principios de lenguaje claro que rigen toda la documentación administrativa.
La atención a la discapacidad se entiende así como una manifestación concreta del principio general de igualdad y no discriminación en el acceso a la información y a los servicios de atención a la ciudadanía que preside todo el Decreto.
Datos clave
- art. 13 Decreto 91/2023: atención a personas y colectivos con especiales dificultades
- Obligación de garantizar accesibilidad física de instalaciones y accesibilidad digital
- Impulso de sistemas de lectura fácil para personas con dificultades cognitivas o de comprensión
- art. 5 Decreto 91/2023: igualdad y no discriminación como principio general de la atención
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 13 del Decreto 91/2023 obliga al sector público vasco a que todas las personas obtengan una atención comprensible, con accesibilidad física de las instalaciones y digital de webs y apps, e impulsando sistemas de lectura fácil para personas con dificultades cognitivas o de comprensión, como aplicación del principio de igualdad del art. 5.
El art. 13 del Decreto 91/2023 obliga al sector público vasco a velar para que todas las personas obtengan una atención comprensible, adoptando las medidas necesarias para que quienes tienen especiales dificultades puedan acceder al servicio en cualquier canal. No basta con que el servicio exista: tiene que ser entendible y alcanzable por todo el mundo.
Esta obligación tiene dos caras. Una es la accesibilidad física de las instalaciones y espacios de atención. La otra es la accesibilidad digital de webs y aplicaciones. El Decreto insiste en que no se trata solo de lo digital: los edificios y espacios de atención también deben ser accesibles.
Para las personas con discapacidad, la Administración debe impulsar sistemas y metodologías que faciliten la comprensión de la información, prestando especial atención a las versiones de lectura fácil en los contenidos y servicios dirigidos a colectivos con diversidad funcional, como personas con dificultades cognitivas o de comprensión. Esto conecta con los principios de lenguaje claro que rigen toda la documentación administrativa.
La atención a la discapacidad no es un régimen aparte: se entiende como una manifestación concreta del principio general de igualdad y no discriminación del art. 5, que preside todo el Decreto, en el acceso a la información y a los servicios de atención a la ciudadanía.
Esquema
| Accesibilidad física | Accesibilidad digital | |
|---|---|---|
| Sobre qué | Instalaciones y espacios de atención | Sitios web y aplicaciones |
| Base en el Decreto | Art. 13 Decreto 91/2023 | Art. 13 Decreto 91/2023 |
| Complemento | Atención comprensible en el canal presencial | Lectura fácil y lenguaje claro en los contenidos |
¿Me lo sé? Flashcards
Atención intercultural en la administración vasca
El mismo artículo 13 del Decreto 91/2023 que protege a las personas con discapacidad menciona expresamente a las personas inmigrantes entre los colectivos con especiales dificultades a los que el sector público vasco debe prestar una atención adaptada. La norma no crea un procedimiento específico distinto, sino que extiende a este colectivo las mismas garantías de comprensibilidad, lectura fácil y accesibilidad previstas con carácter general.
A esta atención intercultural contribuyen también los principios transversales del Decreto: el uso de lenguaje claro en toda comunicación administrativa, la oferta activa de atención en euskera y castellano, y el deber de trato igualitario sin discriminación por razón de origen o nacimiento que recoge el artículo 7 al enumerar los derechos de la ciudadanía.
De este modo, la atención a personas de origen extranjero se articula como una aplicación particular del principio general de igualdad y proximidad a la ciudadanía, más que como un régimen jurídico autónomo dentro de la normativa de atención ciudadana vasca.
Datos clave
- art. 13 Decreto 91/2023: personas inmigrantes como colectivo con especiales dificultades
- art. 7 Decreto 91/2023: no discriminación por razón de nacimiento u origen
- Oferta activa de atención en euskera y castellano (art. 5 y art. 10 Decreto 91/2023)
- Lenguaje claro y lectura fácil como herramientas comunes de atención intercultural
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El mismo art. 13 del Decreto 91/2023 menciona a las personas inmigrantes como colectivo con especiales dificultades, sin crear un procedimiento propio: se les extienden las garantías de comprensibilidad, lectura fácil y accesibilidad, reforzadas por el lenguaje claro, la oferta activa en euskera y castellano y la no discriminación por origen o nacimiento del art. 7.
El mismo art. 13 del Decreto 91/2023 que protege a las personas con discapacidad menciona expresamente a las personas inmigrantes entre los colectivos con especiales dificultades a los que el sector público vasco debe prestar una atención adaptada. Es decir, discapacidad e inmigración comparten artículo y comparten lógica.
Esas garantías son las de comprensibilidad, lectura fácil y accesibilidad previstas con carácter general. A ellas contribuyen además los principios transversales del Decreto: el uso de lenguaje claro en toda comunicación administrativa, la oferta activa de atención en euskera y castellano (arts. 5 y 10) y el deber de trato igualitario sin discriminación por razón de origen o nacimiento que recoge el art. 7 entre los derechos de la ciudadanía.
De este modo, la atención a personas de origen extranjero se articula como una aplicación particular del principio general de igualdad y proximidad a la ciudadanía, más que como un régimen jurídico autónomo dentro de la normativa de atención ciudadana vasca.
Esquema
| Personas con discapacidad | Personas inmigrantes | |
|---|---|---|
| Artículo | Art. 13 | Art. 13 (el mismo) |
| Garantías | Atención comprensible, accesibilidad física y digital, lectura fácil | Las mismas garantías generales: comprensibilidad, lectura fácil y accesibilidad |
| Refuerzos específicos | Sistemas que faciliten la comprensión de la información | Lenguaje claro, oferta activa en euskera y castellano, no discriminación por origen o nacimiento (art. 7) |
| Fundamento | Principio de igualdad y no discriminación (art. 5) | Principio de igualdad y proximidad; no es un régimen autónomo |