Constitución: derechos y libertades fundamentales
Practica este tema con tests de Ayudante en Ejecución Penal (Administración Penitenciaria de Euskadi): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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Este tema recorre el catálogo de derechos y libertades de la Constitución: qué reconoce cada artículo (del 14 al 38), cómo se protegen esos derechos (arts. 53 y 54) y con qué principios debe actuar la Administración (art. 103). Es el mapa básico que luego reaparece en todo el temario penitenciario, porque la persona presa conserva sus derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo, la pena y la ley penitenciaria.
Las 5 ideas base del tema
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Un catálogo ordenado por artículos
La Constitución no suelta los derechos a voleo: van numerados y agrupados. El art. 14 abre con la igualdad, los arts. 15 a 29 forman la Sección 1.ª (los derechos más protegidos) y los arts. 30 a 38 forman la Sección 2.ª (derechos y deberes de los ciudadanos). Saber en qué grupo cae cada artículo es media asignatura.
- 2
No todos los derechos se protegen igual
El art. 53 reparte la protección en niveles. El art. 14 y la Sección 1.ª (arts. 15-29) tienen la máxima tutela: procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Sección 2.ª y los principios rectores del Capítulo Tercero solo se alegan ante los tribunales ordinarios según lo que digan sus leyes de desarrollo.
- 3
Los derechos tienen límites, pero tasados
Casi cada derecho lleva su propio freno escrito: el orden público en la libertad ideológica, la resolución judicial para entrar en un domicilio o levantar el secreto de las comunicaciones, la comunicación previa para manifestarse. La regla general es que las restricciones importantes pasan por un juez, no por una decisión administrativa libre.
- 4
El art. 25.2 es el corazón penitenciario
Para esta oposición, el artículo estrella es el 25.2: las penas privativas de libertad se orientan a la reeducación y la reinserción social, se prohíben los trabajos forzados y la persona presa conserva los derechos fundamentales del Capítulo salvo los limitados por el fallo, la pena y la ley penitenciaria, más el derecho a un trabajo remunerado y a la cultura.
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La Administración también tiene sus reglas
El art. 103 cierra el tema desde el otro lado: cómo debe actuar la Administración (objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y cómo se accede a la función pública (mérito y capacidad). Es la base jurídica de la propia oposición que estás preparando.
Checklist: ¿me lo sé?
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La igualdad ante la ley (art. 14 CE)
El artículo 14 de la Constitución abre el catálogo de derechos fundamentales proclamando la igualdad de todos los españoles ante la ley. No se trata solo de una declaración simbólica: prohíbe expresamente que el nacimiento, la raza, el sexo, la religión, la opinión o cualquier otra condición personal o social sirvan de excusa para tratar de forma distinta a personas en situaciones comparables.
Este principio opera en dos planos. Por un lado impide que las leyes establezcan diferencias arbitrarias (igualdad ante la ley en sentido formal); por otro obliga a los poderes públicos a actuar sin discriminar al aplicar las normas (igualdad en la aplicación de la ley). La jurisprudencia constitucional admite, no obstante, diferencias de trato cuando existe una justificación objetiva y razonable y una relación de proporcionalidad entre la medida y el fin perseguido.
Por su ubicación sistemática, el artículo 14 abre el Capítulo Segundo pero queda fuera de la Sección 1.ª; aun así disfruta del máximo nivel de protección, junto con los derechos de dicha Sección, incluido el recurso de amparo.
Datos clave
- art. 14 CE: igualdad ante la ley; prohíbe discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social
- El art. 14 no pertenece a la Sección 1.ª (arts. 15-29) pero comparte su máxima protección y el recurso de amparo
- La diferencia de trato solo es lícita si existe justificación objetiva, razonable y proporcionada
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 14 proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley y prohíbe discriminar por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición; queda fuera de la Sección 1.ª pero tiene su máxima protección, amparo incluido.
El artículo 14 es la puerta de entrada al catálogo de derechos fundamentales. Dice algo aparentemente sencillo: todos los españoles son iguales ante la ley. Pero no se queda en una frase bonita: prohíbe de forma expresa que el nacimiento, la raza, el sexo, la religión, la opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social sirvan de excusa para tratar de manera distinta a personas que están en situaciones comparables.
Este principio funciona en dos planos que conviene tener separados. El primero es la igualdad ante la ley en sentido formal: las propias leyes no pueden establecer diferencias arbitrarias. El segundo es la igualdad en la aplicación de la ley: cuando los poderes públicos aplican las normas a los casos concretos, deben hacerlo sin discriminar. Uno mira al legislador, el otro a quien aplica la norma.
Igualdad no significa tratar a todo el mundo exactamente igual en todo. La jurisprudencia constitucional admite diferencias de trato, pero solo cuando existe una justificación objetiva y razonable y, además, una relación de proporcionalidad entre la medida que se adopta y el fin que se persigue. Sin esas dos condiciones, la diferencia es discriminación.
Ahora un detalle de ubicación que cae en examen. El art. 14 abre el Capítulo Segundo del Título I, pero no forma parte de la Sección 1.ª, que va de los arts. 15 a 29. Aun así, la Constitución le concede el mismo nivel máximo de protección que a los derechos de esa Sección, incluida la posibilidad de acudir al recurso de amparo.
Esquema
| Igualdad ante la ley (formal) | Igualdad en la aplicación de la ley | |
|---|---|---|
| A quién obliga | Al legislador | A los poderes públicos que aplican las normas |
| Qué prohíbe | Que las leyes establezcan diferencias arbitrarias | Discriminar al aplicar las normas |
| Excepción | Diferencia con justificación objetiva, razonable y proporcionada | Diferencia con justificación objetiva, razonable y proporcionada |
¿Me lo sé? Flashcards
Derecho a la vida y a la libertad personal (arts. 15 y 17 CE)
El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral como el más básico de todos: prohíbe de forma absoluta la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y abole la pena de muerte salvo la excepción histórica prevista para las leyes penales militares en tiempo de guerra, hoy sin aplicación práctica.
El artículo 17 desarrolla el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de libertad fuera de los casos y la forma que fije la ley. La detención preventiva tiene un límite temporal estricto, setenta y dos horas, transcurridas las cuales la persona detenida debe quedar libre o a disposición judicial. Además, toda persona detenida tiene derecho a ser informada de forma comprensible de sus derechos y de los motivos de la detención, a no declarar contra sí misma y a la asistencia de abogado.
El propio artículo 17.4 remite a la ley el procedimiento de habeas corpus, mecanismo para lograr la puesta a disposición judicial inmediata de cualquier persona detenida ilegalmente, y también el plazo máximo de la prisión provisional.
Datos clave
- art. 15 CE: derecho a la vida e integridad; prohibición absoluta de tortura y tratos inhumanos; abolición de la pena de muerte salvo leyes penales militares en guerra
- art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede superar 72 horas
- art. 17.4 CE: remite a la ley el procedimiento de habeas corpus y el plazo máximo de prisión provisional
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 15 protege la vida y la integridad (prohibición absoluta de tortura, abolición de la pena de muerte salvo leyes penales militares en guerra) y el art. 17 la libertad personal: detención preventiva de 72 horas como máximo, derechos del detenido y habeas corpus.
El artículo 15 reconoce el derecho más básico de todos: el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Sin vida no hay ningún otro derecho que ejercer, y de ahí que abra la Sección 1.ª. De este derecho derivan dos prohibiciones muy claras: la tortura y los tratos inhumanos o degradantes están prohibidos de forma absoluta, sin excepción posible, y la pena de muerte queda abolida.
La abolición de la pena de muerte tiene una salvedad histórica: lo que pudieran disponer las leyes penales militares en tiempo de guerra. Es una excepción que hoy no tiene aplicación práctica, pero que sigue escrita en el texto constitucional y por eso conviene recordarla tal cual.
El artículo 17 desarrolla el derecho a la libertad y a la seguridad personal. La regla de partida es que nadie puede ser privado de su libertad fuera de los casos y en la forma que fije la ley. A partir de ahí el artículo concreta garantías para la persona detenida: la detención preventiva no puede durar más de setenta y dos horas; pasado ese tiempo, la persona debe quedar en libertad o ser puesta a disposición judicial.
Además del límite de tiempo, toda persona detenida tiene tres derechos básicos: ser informada de forma comprensible de sus derechos y de los motivos de la detención, no declarar contra sí misma y contar con asistencia de abogado. Son garantías que acompañan a la detención desde el primer momento.
El apartado 4 del art. 17 no regula directamente, sino que remite a la ley dos cosas: el procedimiento de habeas corpus, que es el mecanismo para lograr que cualquier persona detenida ilegalmente sea puesta de inmediato a disposición judicial, y el plazo máximo de la prisión provisional. Habeas corpus es, en cristiano, «que me lleven ante el juez ya para que compruebe si mi detención es legal».
Esquema
¿Me lo sé? Flashcards
Libertad ideológica, intimidad y domicilio (arts. 16 y 18 CE)
El artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de personas y comunidades, con el único límite del orden público protegido por la ley; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. La Constitución opta por un modelo de aconfesionalidad: ninguna confesión tiene carácter estatal, aunque los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad y cooperar con ellas, citándose expresamente a la Iglesia Católica.
El artículo 18 protege el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro puede practicarse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Se garantiza también el secreto de las comunicaciones, en especial postales, telegráficas y telefónicas, solo levantable por resolución judicial motivada.
El artículo 18.4 encomienda a la ley limitar el uso de la informática, mandato del que nace la normativa posterior de protección de datos.
Datos clave
- art. 16.1 CE: libertad ideológica, religiosa y de culto; límite único, el orden público protegido por ley
- art. 18.2 CE: inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito
- art. 18.3 CE: secreto de las comunicaciones, solo levantable por resolución judicial
- art. 18.4 CE: mandato de limitar el uso de la informática, origen de la protección de datos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto con el único límite del orden público protegido por la ley; el art. 18 protege honor, intimidad, imagen, domicilio (entrada solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito), secreto de las comunicaciones y manda limitar el uso de la informática.
El artículo 16 protege lo que cada uno piensa y cree. Garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto tanto de las personas como de las comunidades, y le pone un único límite: el orden público protegido por la ley. Además, nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; es decir, puedes guardarte para ti lo que piensas.
En materia religiosa la Constitución elige un modelo de aconfesionalidad: ninguna confesión tiene carácter estatal. Pero eso no significa dar la espalda al fenómeno religioso: los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad y mantener relaciones de cooperación con las confesiones, citando expresamente a la Iglesia Católica.
El artículo 18 es el artículo de la vida privada. Protege cuatro cosas en su primer apartado: el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen; y añade después la inviolabilidad del domicilio. Domicilio inviolable significa que nadie puede entrar ni registrar tu casa sin tu consentimiento o sin resolución judicial, con una única excepción: el flagrante delito, es decir, el delito que se está cometiendo en ese momento.
El último apartado, el 18.4, no protege directamente sino que encarga: manda a la ley limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. De ese mandato nace toda la normativa posterior de protección de datos. Es un buen ejemplo de cómo la Constitución, en 1978, ya anticipaba un problema que hoy es cotidiano.
Esquema
| Domicilio (art. 18.2) | Comunicaciones (art. 18.3) | |
|---|---|---|
| Qué protege | Inviolabilidad: nadie entra ni registra | Secreto de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas |
| Con consentimiento | Sí, del titular | No se menciona |
| Con resolución judicial | Sí | Sí, motivada |
| Flagrante delito | Sí, es excepción | No es excepción |
¿Me lo sé? Flashcards
Libertades de expresión, información y circulación (arts. 19 y 20 CE)
El artículo 19 reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España; este derecho no puede limitarse por razones políticas o ideológicas, garantía pensada históricamente frente al exilio forzoso.
El artículo 20 agrupa las libertades comunicativas: expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones; la creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; y el derecho a comunicar y recibir información veraz. Todas comparten un rasgo esencial, la prohibición de la censura previa, y solo pueden restringirse por resolución judicial, nunca por decisión administrativa discrecional.
Estas libertades no son absolutas: encuentran su límite en el respeto a otros derechos del mismo Título, especialmente el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la infancia y la juventud, lo que obliga a ponderar en cada caso libertad de información y derechos de la personalidad.
Datos clave
- art. 19 CE: libre elección de residencia, circulación por el territorio y entrada/salida de España, sin límites por motivos políticos o ideológicos
- art. 20.2 CE: prohibición de cualquier tipo de censura previa
- art. 20.5 CE: el secuestro de publicaciones o grabaciones solo puede acordarse por resolución judicial
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 19 reconoce la libre elección de residencia, la circulación por el territorio y la entrada y salida de España sin límites políticos o ideológicos; el art. 20 agrupa las libertades de expresión, creación, cátedra e información, prohíbe la censura previa y solo permite el secuestro de publicaciones por resolución judicial.
El artículo 19 es el derecho a moverse. Reconoce a los españoles tres cosas: elegir libremente dónde vivir, circular por todo el territorio nacional y entrar y salir libremente de España. Y añade una garantía con mucha historia detrás: este derecho no puede limitarse por razones políticas o ideológicas, cláusula pensada frente al exilio forzoso.
El artículo 20 agrupa lo que podemos llamar libertades comunicativas, es decir, todas las que tienen que ver con decir y contar cosas: expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones; la creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra (la libertad del profesor para enseñar); y el derecho a comunicar y a recibir información veraz.
Estas libertades no son absolutas. Su límite está en el respeto a los demás derechos del mismo Título y, en especial, al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la infancia y la juventud. Eso obliga a ponderar en cada caso concreto, es decir, a poner en una balanza la libertad de información y los derechos de la personalidad para ver cuál pesa más en esa situación.
Esquema
| Censura previa (art. 20.2) | Secuestro de publicaciones (art. 20.5) | |
|---|---|---|
| Cuándo actúa | Antes de publicar | Después de publicar |
| ¿Está permitido? | No, prohibido cualquier tipo | Sí, pero solo por resolución judicial |
| Quién puede acordarlo | Nadie | Un juez, nunca la Administración por decisión discrecional |
¿Me lo sé? Flashcards
Reunión, asociación y participación política (arts. 21, 22 y 23 CE)
El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21, no necesita autorización previa; cuando se ejerce en lugares de tránsito público o mediante manifestaciones basta con una comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas si existen razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
El artículo 22 reconoce el derecho de asociación, con límites claros: son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios delictivos, y están expresamente prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La disolución o suspensión de una asociación exige siempre resolución judicial motivada.
El artículo 23 configura la participación política como un derecho de doble contenido: participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, este último de especial relevancia para el acceso a la función pública mediante oposición.
Datos clave
- art. 21.1 CE: derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa
- art. 22.5 CE: prohibición expresa de asociaciones secretas y de carácter paramilitar
- art. 23.2 CE: derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, base del principio de mérito y capacidad
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Reunión pacífica y sin armas sin autorización previa (solo comunicación previa en lugares de tránsito público, art. 21); asociación con prohibición de asociaciones secretas y paramilitares y disolución solo judicial (art. 22); participación política y acceso en igualdad a funciones y cargos públicos (art. 23).
El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Lo importante es la fórmula: este derecho no necesita autorización previa. Cuando la reunión se celebra en lugares de tránsito público o se trata de una manifestación, basta con una comunicación previa a la autoridad. Y esa autoridad solo puede prohibirla si hay razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
El artículo 22 reconoce el derecho de asociación, con tres límites muy claros. Son ilegales las asociaciones que persigan fines delictivos o utilicen medios delictivos. Están expresamente prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Y hay una garantía de fondo: para disolver o suspender una asociación hace falta siempre resolución judicial motivada.
El artículo 23 tiene dos caras. La primera es participar en los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. La segunda es acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Esta segunda cara es la que te afecta directamente: es la base constitucional del acceso a la función pública mediante oposición y del principio de mérito y capacidad.
Esquema
| Reunión (art. 21) | Asociación (art. 22) | |
|---|---|---|
| Requisito previo | Ninguna autorización; solo comunicación previa si es en tránsito público o manifestación | No se exige autorización; hay límites de fondo |
| Lo que se prohíbe | Reuniones no pacíficas o con armas | Asociaciones secretas y paramilitares; ilegales las de fines o medios delictivos |
| Quién puede impedirla | La autoridad, solo con razones fundadas de peligro para personas o bienes | Solo un juez, con resolución motivada, para disolver o suspender |
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Tutela judicial, legalidad penal y reinserción (arts. 24, 25 y 26 CE)
El artículo 24 consagra la tutela judicial efectiva: toda persona tiene derecho a obtener la protección de jueces y tribunales sin sufrir indefensión. De este precepto derivan garantías procesales concretas, como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a no declarar contra sí mismo y a la presunción de inocencia.
El artículo 25 fija el principio de legalidad penal: nadie puede ser condenado por hechos que no constituyeran delito en el momento de cometerse. Su apartado segundo importa especialmente al ámbito penitenciario: orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social, prohíbe los trabajos forzados y reconoce a la persona presa los derechos fundamentales del Capítulo, salvo los limitados por el fallo, la pena y la ley penitenciaria, más el derecho a trabajo remunerado y a la cultura.
El artículo 26 cierra el bloque prohibiendo los Tribunales de Honor en la Administración civil.
Datos clave
- art. 24.2 CE: derecho a la defensa, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la presunción de inocencia
- art. 25.1 CE: principio de legalidad penal (irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables)
- art. 25.2 CE: las penas privativas de libertad se orientan a la reeducación y reinserción social; prohibición de trabajos forzados
- art. 26 CE: prohibición de los Tribunales de Honor en la Administración civil
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El art. 24 garantiza la tutela judicial efectiva sin indefensión y sus garantías procesales; el art. 25 fija la legalidad penal y, en su apartado 2, orienta las penas de prisión a la reeducación y reinserción social, prohíbe los trabajos forzados y conserva los derechos de la persona presa; el art. 26 prohíbe los Tribunales de Honor en la Administración civil.
El artículo 24 consagra la tutela judicial efectiva: toda persona tiene derecho a que los jueces y tribunales la protejan sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. De esa idea general derivan garantías procesales concretas: el juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa y la asistencia de letrado, un proceso público sin dilaciones indebidas, no declarar contra sí mismo y la presunción de inocencia.
El artículo 25.1 fija el principio de legalidad penal: nadie puede ser condenado por hechos que en el momento de cometerse no constituyeran delito. Es la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables: si algo no era delito cuando lo hiciste, no pueden castigarte por ello después.
El apartado 2 del art. 25 es el más importante de todo el tema para esta oposición. Dice tres cosas: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y la reinserción social; están prohibidos los trabajos forzados; y la persona condenada a prisión conserva los derechos fundamentales del Capítulo, salvo los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Además tiene derecho a un trabajo remunerado y al acceso a la cultura.
El artículo 26 cierra el bloque con una prohibición breve: se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil. Es un artículo corto que cae por su simplicidad: solo hay que recordar qué prohíbe y en qué ámbito.
Esquema
| Art. 24 (tutela judicial) | Art. 25 (legalidad penal y reinserción) | |
|---|---|---|
| Idea central | Derecho a la protección de jueces y tribunales sin indefensión | Nadie condenado por hechos que no eran delito al cometerse |
| Garantías o contenidos | Juez ordinario, defensa y letrado, proceso público sin dilaciones, no declarar contra sí, presunción de inocencia | Reeducación y reinserción, no trabajos forzados, derechos del preso, trabajo remunerado y cultura |
| Momento en que actúa | Durante el proceso | Antes (tipificación) y después (cumplimiento de la pena) |
¿Me lo sé? Flashcards
Educación, trabajo y libertad sindical (arts. 27, 28, 29, 35, 36 y 37 CE)
El artículo 27 reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y se garantiza a los padres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. El artículo 28 protege la libertad sindical, incluido el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse libremente, y reconoce el derecho a la huelga, cuya ley reguladora debe asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; ambos derechos pueden limitarse para las Fuerzas Armadas y otros cuerpos sometidos a disciplina militar, y regularse con peculiaridades para los funcionarios.
El artículo 29 reconoce el derecho de petición individual y colectiva por escrito. Los artículos 35 a 37 completan el bloque laboral: el deber y derecho al trabajo, sin discriminación por sexo, la existencia de un estatuto de los trabajadores, el régimen democrático de los colegios profesionales y el derecho a la negociación colectiva laboral, cuyos convenios tienen fuerza vinculante.
Datos clave
- art. 27.4 CE: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita
- art. 28.1 CE: libertad sindical; nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato
- art. 28.2 CE: derecho a la huelga, con garantía de servicios esenciales de la comunidad
- art. 35.1 CE: derecho al trabajo sin discriminación por razón de sexo
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Educación (enseñanza básica obligatoria y gratuita, art. 27), libertad sindical y huelga con servicios esenciales (art. 28), derecho de petición (art. 29) y el bloque laboral de los arts. 35 a 37: trabajo sin discriminación por sexo, estatuto de los trabajadores, colegios profesionales y negociación colectiva con convenios vinculantes.
El artículo 27 reconoce a la vez el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Dos datos concretos: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
El artículo 28 protege dos derechos del mundo laboral. Por un lado, la libertad sindical, que incluye fundar sindicatos y afiliarse al que uno elija; y su otra cara, que nadie puede ser obligado a afiliarse. Por otro lado, el derecho a la huelga, cuya ley reguladora debe garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Ambos derechos pueden limitarse para las Fuerzas Armadas y otros cuerpos sometidos a disciplina militar, y regularse con peculiaridades para los funcionarios.
El artículo 29 reconoce el derecho de petición, individual y colectiva, por escrito. Y los artículos 35 a 37 completan el bloque laboral: el deber y el derecho al trabajo sin discriminación por razón de sexo (art. 35), la existencia de un estatuto de los trabajadores, el régimen democrático de los colegios profesionales (art. 36) y el derecho a la negociación colectiva laboral (art. 37), cuyos convenios tienen fuerza vinculante.
Esquema
- Educación (art. 27)
- Enseñanza básica obligatoria y gratuita
- Formación religiosa y moral según convicciones de los padres
- Sindicación y huelga (art. 28)
- Libertad sindical
- Derecho de huelga con servicios esenciales
- Petición (art. 29)
- Individual y colectiva, por escrito
- Trabajo (arts. 35-37)
- Deber y derecho al trabajo sin discriminación por sexo
- Colegios profesionales
- Negociación colectiva vinculante
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Deberes de la ciudadanía y otros derechos civiles (arts. 30 a 34 y 38 CE)
La Sección 2.ª del Capítulo Segundo, «De los derechos y deberes de los ciudadanos», recoge el principal deber constitucional explícito: el artículo 30 establece el derecho y deber de defender a España, remitiendo a la ley la regulación de las obligaciones militares y de la objeción de conciencia. El artículo 31 fija el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada persona, mediante un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad y sin alcance confiscatorio; también exige que el gasto público responda a criterios de eficiencia y economía.
El bloque se completa con derechos de contenido civil y económico: el matrimonio en plena igualdad jurídica entre hombre y mujer (art. 32); la propiedad privada y la herencia, sujetas a su función social (art. 33); el derecho de fundación (art. 34); y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38), que los poderes públicos deben garantizar y proteger.
Datos clave
- art. 30.1 CE: derecho y deber de defender a España
- art. 31.1 CE: deber de contribuir según capacidad económica; sistema tributario justo, igualitario y progresivo, no confiscatorio
- art. 33.3 CE: nadie puede ser privado de sus bienes sin causa justificada de utilidad pública e indemnización
- art. 38 CE: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sección 2.ª recoge los deberes de defender a España (art. 30) y de contribuir según la capacidad económica con un sistema tributario justo, igualitario, progresivo y no confiscatorio (art. 31), más los derechos civiles y económicos: matrimonio en igualdad (32), propiedad y herencia con función social (33), fundación (34) y libertad de empresa (38).
La Sección 2.ª del Capítulo Segundo se titula «De los derechos y deberes de los ciudadanos», y es donde la Constitución coloca los deberes más explícitos. El primero es el del artículo 30: el derecho y el deber de defender a España. La regulación concreta de las obligaciones militares y de la objeción de conciencia se remite a la ley.
El segundo gran deber es el del artículo 31: contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada persona. Para ello se exige un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y que en ningún caso tenga alcance confiscatorio. El mismo artículo pide que el gasto público responda a criterios de eficiencia y economía.
El resto de la Sección son derechos de contenido civil y económico. El matrimonio en plena igualdad jurídica entre hombre y mujer (art. 32). La propiedad privada y la herencia, cuya función social delimita su contenido, con la garantía de que nadie puede ser privado de sus bienes sin causa justificada de utilidad pública o interés social y la correspondiente indemnización (art. 33). El derecho de fundación para fines de interés general (art. 34). Y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que los poderes públicos deben garantizar y proteger (art. 38).
Esquema
- Deberes
- Defender a España (art. 30)
- Contribuir a los gastos públicos (art. 31)
- Derechos civiles y económicos
- Matrimonio (art. 32)
- Propiedad y herencia (art. 33)
- Fundación (art. 34)
- Libertad de empresa (art. 38)
¿Me lo sé? Flashcards
Garantías de los derechos fundamentales (arts. 53 y 54 CE)
El artículo 53 organiza el sistema de garantías de los derechos del Capítulo Segundo. Todos ellos vinculan a los poderes públicos, y su desarrollo solo puede hacerse por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial. El nivel de protección no es uniforme: el artículo 14 y los derechos de la Sección 1.ª (arts. 15 a 29) gozan de la máxima tutela, con un procedimiento judicial preferente y sumario y, además, la posibilidad de acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que también protege la objeción de conciencia del artículo 30.
Los derechos de la Sección 2.ª y los principios rectores del Capítulo Tercero, en cambio, reciben una protección más débil: informan la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante los tribunales ordinarios conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen, sin acceso al amparo constitucional.
El artículo 54 crea la figura del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales encargado de supervisar la actividad de la Administración en defensa de estos derechos.
Datos clave
- art. 53.1 CE: los derechos del Cap. II vinculan a los poderes públicos; su desarrollo exige ley que respete el contenido esencial
- art. 53.2 CE: solo el art. 14 y la Sección 1.ª (arts. 15-29) tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
- art. 54 CE: el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 53 reparte la protección: todos los derechos del Capítulo Segundo vinculan a los poderes públicos y se desarrollan por ley respetando su contenido esencial, pero solo el art. 14, la Sección 1.ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia tienen procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo; el art. 54 crea el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes.
Reconocer derechos no sirve de nada si no hay forma de defenderlos. El artículo 53 organiza precisamente eso: el sistema de garantías. Empieza con una regla común a todos los derechos del Capítulo Segundo: vinculan a todos los poderes públicos, y su regulación solo puede hacerse por ley, que además debe respetar siempre su contenido esencial, es decir, el núcleo sin el cual el derecho dejaría de ser reconocible.
A partir de ahí, la protección se escalona. El nivel máximo lo tienen el art. 14 y los derechos de la Sección 1.ª (arts. 15 a 29): cualquier ciudadano puede pedir su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario (rápido y con prioridad) y, además, puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso de amparo protege también la objeción de conciencia del artículo 30.
Los derechos de la Sección 2.ª y los principios rectores del Capítulo Tercero reciben, por tanto, una protección más débil. Informan la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante los tribunales ordinarios de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, y no tienen acceso al amparo constitucional.
El artículo 54 añade una garantía institucional: el Defensor del Pueblo. Es un alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas, cuya misión es defender los derechos del Título I supervisando la actividad de la Administración. No es un tribunal, sino una figura que vigila a la Administración por encargo del Parlamento.
Esquema
| Art. 14 + Sección 1.ª (15-29) + objeción de conciencia | Sección 2.ª (30-38) | Principios rectores (Cap. III) | |
|---|---|---|---|
| Vinculan a los poderes públicos | Sí | Sí | Informan su actuación |
| Desarrollo | Por ley, respetando el contenido esencial | Por ley, respetando el contenido esencial | Según las leyes que los desarrollen |
| Tutela judicial | Procedimiento preferente y sumario | Tribunales ordinarios | Solo alegables conforme a sus leyes |
| Recurso de amparo | Sí | No | No |
¿Me lo sé? Flashcards
Principios constitucionales de actuación de la Administración (art. 103 CE)
El artículo 103, ya fuera del catálogo de derechos, fija los principios que deben regir toda la actividad administrativa. Su apartado primero enumera un decálogo de funcionamiento: la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, siempre con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, formulación que consagra el principio de legalidad como límite de toda actuación administrativa.
El apartado segundo remite a la ley la creación, el régimen y la coordinación de los órganos de la Administración del Estado. El apartado tercero es especialmente relevante para el acceso al empleo público: encomienda a la ley regular el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del derecho de sindicación de los funcionarios, el régimen de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, principios que fundamentan los procesos selectivos como el de esta oposición.
Datos clave
- art. 103.1 CE: objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley
- art. 103.3 CE: acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad
- art. 103.3 CE: la ley fija también el régimen de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 103.1 fija cómo actúa la Administración: sirve con objetividad los intereses generales según eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; el 103.3 remite a la ley el estatuto de los funcionarios, el acceso por mérito y capacidad, la sindicación, las incompatibilidades y la imparcialidad.
El artículo 103 ya no está en el catálogo de derechos: está en el Título dedicado al Gobierno y la Administración. Pero se estudia junto a ellos porque fija las reglas del juego de quien tiene que respetarlos a diario, la Administración Pública. Su apartado 1 dice que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a unos principios concretos.
El sometimiento pleno a la ley y al Derecho es la formulación del principio de legalidad como límite de toda actuación administrativa: la Administración solo puede hacer lo que la ley le permite. Ese «pleno» quiere decir que no hay parcelas de actuación administrativa libres de control jurídico.
El apartado 2 es breve: remite a la ley la creación, el régimen y la coordinación de los órganos de la Administración del Estado. El apartado 3 es el que te interesa como opositor: encomienda a la ley regular el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Esquema
| Art. 103.1 (cómo actúa la Administración) | Art. 103.3 (régimen de los funcionarios) | |
|---|---|---|
| Contenido | Objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación | Estatuto, acceso por mérito y capacidad, sindicación, incompatibilidades, imparcialidad |
| Naturaleza | Principios directamente aplicables a la actuación administrativa | Mandato a la ley para que regule esas materias |
| Límite común | Sometimiento pleno a la ley y al Derecho | Sometimiento pleno a la ley y al Derecho |