Marco general del derecho penal
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Este tema es la puerta de entrada al derecho penal: qué es, de dónde sale (la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal) y cómo está montado su Libro I, el de las reglas generales. Verás qué es un delito y sus clases, qué pasa cuando alguien se equivoca sobre los hechos o sobre la ley (error de tipo y de prohibición), en qué momento se castiga un delito (tentativa, actos preparatorios), quién responde (autores y cómplices), si las empresas pueden responder, qué causas eximen de responsabilidad, qué circunstancias la atenúan o agravan, y qué entiende el Código por autoridad, funcionario público, discapacidad y documento.
Las 6 ideas base del tema
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Sin ley previa no hay delito ni pena
Todo el derecho penal descansa en el principio de legalidad: solo se castiga la conducta que una ley ha descrito antes como delito, y solo con la pena que esa ley prevé. Eso excluye la analogía y la aplicación retroactiva de normas desfavorables. Por eso el Código Penal es ley orgánica: afecta a derechos fundamentales como la libertad.
- 2
Delito es acción u omisión, dolosa o imprudente, penada por la ley
La definición del art. 10 CP tiene tres piezas: la conducta (acción u omisión), la culpabilidad (dolo o imprudencia) y la ley que la castiga. La imprudencia solo se castiga cuando la ley lo dice expresamente, y la omisión solo equivale a la acción si había un deber jurídico especial de actuar.
- 3
El error puede borrar o rebajar la responsabilidad
Si te equivocas sobre los hechos (error de tipo) o sobre si la conducta está prohibida (error de prohibición), la respuesta depende de si el error era invencible (excluye la responsabilidad) o vencible (imprudencia en el de tipo; rebaja de uno o dos grados en el de prohibición).
- 4
El delito tiene un recorrido y varios protagonistas
Antes de ejecutar hay actos preparatorios (conspiración, proposición, provocación), que solo se castigan cuando la ley lo dice; después viene la tentativa y la consumación. En cuanto a las personas, responden los autores (directos, inductores, cooperadores necesarios) y los cómplices, y también pueden responder las personas jurídicas.
- 5
Eximentes, atenuantes y agravantes modulan la respuesta
Las eximentes del art. 20 (anomalía psíquica, intoxicación plena, alteración de la percepción, legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, cumplimiento de un deber) eliminan la responsabilidad. Si faltan requisitos, se convierten en atenuantes (art. 21). Las agravantes (art. 22) suben la pena y el parentesco (art. 23) puede subir o bajar.
- 6
El Código define sus propias palabras
Autoridad, funcionario público, persona con discapacidad y documento tienen en el Código Penal (arts. 24 a 26) un significado propio, más amplio que el administrativo. Un funcionario a efectos penales es quien participa en funciones públicas, tenga o no condición estatutaria.
Checklist: ¿me lo sé?
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Marco general y fuentes del derecho penal
El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que define qué conductas se consideran delito y establece las penas o medidas de seguridad que corresponden a quien las comete. Su fuente principal en España es la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, que exige el rango de ley orgánica precisamente porque afecta al desarrollo de derechos fundamentales, en particular a la libertad.
El Código Penal se estructura en un Libro I, con las disposiciones generales aplicables a cualquier delito (la infracción penal, las personas responsables, las penas y su extinción), y varios Libros dedicados a los delitos en particular. Esta estructura general permite aplicar unas mismas reglas comunes, como las causas de exención o las circunstancias modificativas, a todo el catálogo de delitos.
Todo el sistema descansa sobre el principio de legalidad penal, según el cual solo se puede castigar como delito la conducta previamente descrita como tal por una ley, y solo con la pena que esa misma ley haya previsto, lo que excluye la analogía y la aplicación retroactiva de normas penales desfavorables.
Datos clave
- Fuente principal: LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Rango de ley orgánica exigido por afectar al desarrollo de derechos fundamentales
- Libro I: disposiciones generales sobre delitos, personas responsables y penas
- Principio de legalidad penal: no hay delito ni pena sin ley previa
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho penal define qué es delito y qué pena o medida de seguridad corresponde; su fuente principal es la LO 10/1995, del Código Penal, ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales. Su Libro I contiene las reglas generales y todo el sistema se apoya en el principio de legalidad: no hay delito ni pena sin ley previa.
El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que define qué conductas se consideran delito y establece las penas o medidas de seguridad que corresponden a quien las comete. Es, por tanto, la parte del derecho que decide qué está prohibido bajo amenaza de castigo.
Su fuente principal en España es la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Que sea ley orgánica no es casualidad: se exige ese rango porque el derecho penal afecta al desarrollo de derechos fundamentales, en particular a la libertad.
El Código se estructura en un Libro I, con las disposiciones generales aplicables a cualquier delito (la infracción penal, las personas responsables, las penas y su extinción), y varios Libros dedicados a los delitos en particular. Gracias a esa estructura, unas mismas reglas comunes, como las causas de exención o las circunstancias modificativas, se aplican a todo el catálogo de delitos.
Esquema
- Libro I: disposiciones generales
- La infracción penal
- Las personas responsables
- Las penas y su extinción
- Libros siguientes: delitos en particular
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Concepto y clases de infracción penal
El Código Penal define el delito de forma muy sintética: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Esta definición distingue dos formas de realizar la conducta, por acción o por omisión, y dos formas de culpabilidad, el dolo y la imprudencia, que además no se tratan igual: las conductas imprudentes solo se castigan cuando la propia ley lo dice expresamente.
Respecto a la omisión, el Código exige que exista un especial deber jurídico de actuar para equipararla a la acción activa que causa el resultado: bien porque existe una obligación legal o contractual previa de actuar, bien porque la propia persona ha creado con su conducta anterior una situación de riesgo para el bien jurídico protegido.
Por su gravedad, la ley distingue delitos graves, menos graves y leves según la pena con que se castiguen, y estas categorías tienen consecuencias prácticas relevantes en el proceso penal, como el procedimiento aplicable o los plazos de prescripción de la infracción.
Datos clave
- art. 10 CP: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley
- art. 12 CP: la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente
- art. 11 CP: la omisión se equipara a la acción si existe deber legal o contractual de actuar, o riesgo creado previamente
- art. 13 CP: clasificación en delitos graves, menos graves y leves según la pena
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley (art. 10 CP). La imprudencia solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente (art. 12), la omisión se equipara a la acción si hay deber legal o contractual de actuar o riesgo creado previamente (art. 11), y los delitos se clasifican en graves, menos graves y leves según la pena (art. 13).
El Código Penal define el delito de forma muy sintética en el art. 10: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. En esa frase hay dos formas de realizar la conducta, por acción o por omisión, y dos formas de culpabilidad, el dolo y la imprudencia.
Esa es la primera regla práctica: dolo e imprudencia no se tratan igual. Las conductas imprudentes solo se castigan cuando la propia ley lo dice expresamente (art. 12). Si un delito no tiene prevista una modalidad imprudente, cometerlo por descuido no es delito.
Por su gravedad, el art. 13 distingue delitos graves, menos graves y leves según la pena con que se castiguen. No es una etiqueta decorativa: estas categorías tienen consecuencias prácticas en el proceso penal, como el procedimiento aplicable o los plazos de prescripción de la infracción.
Esquema
| Dolo | Imprudencia | |
|---|---|---|
| Qué es | Forma de culpabilidad: realizar la conducta queriéndola | Forma de culpabilidad: causar el resultado por descuido |
| Cuándo se castiga | Con carácter general | Solo cuando la ley lo prevé expresamente (art. 12) |
| Con omisión | Solo si hay deber jurídico especial de actuar (art. 11) | Solo si hay deber jurídico especial de actuar (art. 11) |
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El error de tipo y el error de prohibición
El Código Penal regula dos clases de error con efectos muy distintos sobre la responsabilidad criminal. El error de tipo consiste en desconocer algún elemento del hecho constitutivo de la infracción; si es invencible, excluye completamente la responsabilidad penal, y si es vencible, la conducta se castiga, en su caso, como imprudente, siempre que exista esa modalidad imprudente del delito.
El error de prohibición, en cambio, afecta a la conciencia de que el hecho es contrario a la ley, no al conocimiento de los hechos en sí. Cuando este error sobre la ilicitud es invencible, también excluye la responsabilidad criminal; si es vencible, no elimina el delito sino que obliga a rebajar la pena en uno o dos grados respecto de la que correspondería sin error.
Distinta de ambos es la situación en que el error recae sobre un hecho que agrava o cualifica la infracción: en ese caso, el Código impide apreciar esa circunstancia agravante o cualificadora, aunque el delito base subsista con normalidad.
Datos clave
- art. 14.1 CP: error de tipo invencible excluye la responsabilidad; el vencible se castiga como imprudente
- art. 14.3 CP: error de prohibición invencible excluye la responsabilidad; el vencible rebaja la pena en uno o dos grados
- art. 14.2 CP: el error sobre una circunstancia agravante impide apreciarla
- El error de tipo afecta a los hechos; el error de prohibición afecta a la conciencia de su ilicitud
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El error de tipo (desconocer un elemento del hecho) invencible excluye la responsabilidad y el vencible se castiga como imprudencia si existe esa modalidad; el error de prohibición (creer que el hecho no es ilícito) invencible también excluye la responsabilidad y el vencible rebaja la pena en uno o dos grados; el error sobre una circunstancia agravante impide apreciarla (art. 14 CP).
El art. 14 del Código Penal regula dos clases de error con efectos muy distintos. El error de tipo consiste en desconocer algún elemento del hecho constitutivo de la infracción: te equivocas sobre lo que estás haciendo. El error de prohibición afecta a la conciencia de que el hecho es contrario a la ley: sabes lo que haces, pero no sabes que está prohibido.
Para ambos errores, la primera pregunta es si era invencible o vencible. Invencible significa que no podía evitarse ni con la diligencia debida; vencible significa que con más cuidado se habría evitado. En el error de tipo (art. 14.1), si es invencible excluye completamente la responsabilidad penal; si es vencible, la conducta se castiga, en su caso, como imprudente, siempre que exista esa modalidad imprudente del delito.
Hay un tercer supuesto distinto de los dos anteriores: el error que recae sobre un hecho que agrava o cualifica la infracción (art. 14.2). En ese caso, el Código impide apreciar esa circunstancia agravante o cualificadora, aunque el delito base subsista con normalidad.
Esquema
| Error de tipo | Error de prohibición | |
|---|---|---|
| Sobre qué recae | Un elemento del hecho constitutivo de la infracción | La conciencia de que el hecho es contrario a la ley |
| Si es invencible | Excluye la responsabilidad penal | Excluye la responsabilidad criminal |
| Si es vencible | Se castiga como imprudente, si existe esa modalidad | Pena inferior en uno o dos grados |
| Artículo | Art. 14.1 CP | Art. 14.3 CP |
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Grados de ejecución del delito
El Código Penal castiga tanto el delito consumado como la tentativa: el comienzo de la ejecución mediante hechos exteriores que deberían producir el resultado, sin que este se produzca por causas ajenas a la voluntad del autor. Quien desiste voluntariamente o impide el resultado queda exento de responsabilidad por ese delito, sin perjuicio de responder por los actos ya ejecutados si constituyen otro delito.
Antes de la ejecución existen actos preparatorios punibles: la conspiración, cuando dos o más personas se conciertan y deciden ejecutar un delito, y la proposición, cuando quien ya lo ha decidido invita a otra persona a participar. Ambas solo se castigan en los casos que la ley prevea expresamente.
La provocación consiste en incitar directamente a un delito mediante un medio de difusión pública; si le sigue la comisión del delito, se castiga como inducción. La apología, salvo que incite directamente a delinquir, solo se castiga como forma de provocación.
Datos clave
- art. 15 CP: son punibles el delito consumado y la tentativa
- art. 16.2 CP: el desistimiento voluntario exime de responsabilidad por el delito intentado
- art. 17 CP: conspiración (concertarse y resolver ejecutar) y proposición (invitar a participar), punibles solo en los casos previstos
- art. 18 CP: la provocación seguida de delito se castiga como inducción
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se castigan el delito consumado y la tentativa (art. 15); el desistimiento voluntario exime por el delito intentado (art. 16.2). Antes de la ejecución, la conspiración y la proposición solo se castigan cuando la ley lo prevé (art. 17), y la provocación seguida de delito se castiga como inducción, mientras que la apología solo es punible como forma de provocación (art. 18).
El Código Penal castiga tanto el delito consumado como la tentativa (art. 15). Hay tentativa cuando se da comienzo a la ejecución mediante hechos exteriores que deberían producir el resultado, sin que este se produzca por causas ajenas a la voluntad del autor.
Si el resultado no se produce por voluntad del propio autor, la cosa cambia: quien desiste voluntariamente o impide el resultado queda exento de responsabilidad por ese delito (art. 16.2), sin perjuicio de responder por los actos ya ejecutados si constituyen otro delito.
El art. 18 añade la provocación: incitar directamente a un delito mediante un medio de difusión pública. Si a la provocación le sigue la comisión del delito, se castiga como inducción. La apología, salvo que incite directamente a delinquir, solo se castiga como forma de provocación.
Esquema
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Autoría y participación
El Código Penal distingue entre autores y cómplices como las dos categorías de personas criminalmente responsables de un delito. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente con otros, o sirviéndose de otra persona como instrumento; se equiparan a ellos quienes inducen directamente a ejecutarlo y quienes cooperan con un acto sin el cual el delito no se habría producido, la cooperación necesaria.
Los cómplices son quienes cooperan a la ejecución con actos anteriores o simultáneos que no resultan imprescindibles para que el delito se consume; su aportación es relevante pero prescindible, lo que justifica un tratamiento punitivo más benigno que el de autores e inductores.
El Código contempla además la responsabilidad de quien actúa como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica: responde personalmente aunque no reúna las condiciones del tipo penal, si concurren en la entidad en cuyo nombre actúa. Para delitos por medios de difusión mecánicos existe un orden escalonado y subsidiario entre redactores, directores de publicación y de la empresa editora.
Datos clave
- art. 27 CP: responden criminalmente los autores y los cómplices
- art. 28 CP: autores directos, inductores y cooperadores necesarios
- art. 29 CP: cómplices, con actos anteriores o simultáneos no imprescindibles
- art. 31 CP: responsabilidad personal de quien actúa como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responden criminalmente los autores y los cómplices (art. 27). Son autores quienes realizan el hecho solos, con otros o por medio de otro, y se equiparan los inductores y los cooperadores necesarios (art. 28); los cómplices cooperan con actos anteriores o simultáneos no imprescindibles (art. 29). El administrador de una persona jurídica responde personalmente (art. 31).
El Código Penal distingue dos categorías de personas criminalmente responsables de un delito: autores y cómplices (art. 27). Toda la sección va de colocar a cada participante en una de esas dos casillas.
Son autores, según el art. 28, quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente con otros, o sirviéndose de otra persona como instrumento. Se equiparan a ellos quienes inducen directamente a ejecutarlo (inductores) y quienes cooperan con un acto sin el cual el delito no se habría producido (cooperadores necesarios).
Los cómplices, en efecto, son quienes cooperan a la ejecución con actos anteriores o simultáneos que no resultan imprescindibles para que el delito se consume. Su aportación es relevante pero prescindible, y por eso el Código les da un tratamiento punitivo más benigno que a autores e inductores.
El Código contempla además a quien actúa como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica: responde personalmente aunque no reúna las condiciones del tipo penal, si esas condiciones concurren en la entidad en cuyo nombre actúa (art. 31). Y para los delitos cometidos por medios de difusión mecánicos existe un orden escalonado y subsidiario entre redactores, directores de publicación y de la empresa editora.
Esquema
| Cooperador necesario | Cómplice | |
|---|---|---|
| Aportación | Acto sin el cual el delito no se habría producido | Actos anteriores o simultáneos no imprescindibles |
| Categoría | Se equipara al autor (art. 28) | Partícipe secundario (art. 29) |
| Tratamiento punitivo | El de los autores | Más benigno que autores e inductores |
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Junto a las personas físicas, el Código admite que las personas jurídicas respondan penalmente en dos supuestos: por delitos cometidos en su nombre y beneficio por representantes legales o por quienes ejercen facultades de control, y por delitos cometidos por personas sometidas a su autoridad cuando ha habido un incumplimiento grave de los deberes de supervisión.
La persona jurídica queda exenta si acredita que, antes del delito, había adoptado un modelo de organización y gestión con medidas de vigilancia idóneas, que su supervisión estaba confiada a un órgano con poderes autónomos, y que los autores individuales eludieron fraudulentamente ese modelo sin omisión de las funciones de control.
Determinadas entidades públicas quedan al margen: el Estado y las administraciones territoriales no pueden ser penalmente responsables, salvo el régimen limitado de las sociedades mercantiles públicas de servicios de interés económico general.
Datos clave
- art. 31 bis CP: responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de sus representantes o de subordinados
- art. 31 bis.2 CP: exención por modelo de organización y gestión (compliance) eficaz y anterior al delito
- art. 31 quinquies CP: exclusión del Estado y las administraciones públicas territoriales del régimen de responsabilidad penal
- art. 31 quater CP: circunstancias atenuantes específicas de la persona jurídica (confesión, colaboración, reparación)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas jurídicas responden penalmente por delitos cometidos en su nombre y beneficio por sus representantes o quienes ejercen control, y por delitos de subordinados con incumplimiento grave de supervisión (art. 31 bis). Quedan exentas si tenían un modelo de organización y gestión eficaz y anterior al delito. El Estado y las administraciones territoriales no responden penalmente (art. 31 quinquies).
Junto a las personas físicas, el Código admite que las personas jurídicas (empresas, asociaciones, entidades con personalidad propia) respondan penalmente. El art. 31 bis prevé dos supuestos: delitos cometidos en su nombre y beneficio por representantes legales o por quienes ejercen facultades de control, y delitos cometidos por personas sometidas a su autoridad cuando ha habido un incumplimiento grave de los deberes de supervisión.
Esa salvación es la exención del art. 31 bis.2, lo que el body llama modelo de organización y gestión o compliance. La persona jurídica queda exenta si acredita tres cosas: que antes del delito había adoptado un modelo de organización y gestión con medidas de vigilancia idóneas; que su supervisión estaba confiada a un órgano con poderes autónomos; y que los autores individuales eludieron fraudulentamente ese modelo sin omisión de las funciones de control.
Determinadas entidades públicas quedan al margen: el Estado y las administraciones territoriales no pueden ser penalmente responsables (art. 31 quinquies), salvo el régimen limitado de las sociedades mercantiles públicas de servicios de interés económico general. Y el art. 31 quater prevé atenuantes específicas para la persona jurídica: confesión, colaboración y reparación.
Esquema
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Causas que eximen de la responsabilidad criminal
El Código Penal reserva un capítulo a las circunstancias que eximen totalmente de responsabilidad criminal: la anomalía o alteración psíquica que impide comprender la ilicitud del hecho, la intoxicación plena no buscada por alcohol o drogas y el síndrome de abstinencia, y las alteraciones graves de la percepción de la realidad desde el nacimiento o la infancia.
También eximen la legítima defensa, que exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente; el estado de necesidad, cuando se lesiona un bien ajeno para evitar un mal propio mayor sin provocar la situación; el miedo insuperable; y obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
Los menores de dieciocho años quedan al margen de la responsabilidad criminal, sin perjuicio de responder con arreglo a la legislación de responsabilidad penal del menor. En los tres primeros supuestos pueden aplicarse medidas de seguridad en lugar de una pena.
Datos clave
- art. 20.1 CP: anomalía o alteración psíquica que impide comprender la ilicitud
- art. 20.4 CP: legítima defensa (agresión ilegítima, necesidad racional del medio, falta de provocación)
- art. 20.5 CP: estado de necesidad, cuando el mal causado no es mayor que el evitado
- art. 19 CP: los menores de 18 años no son responsables criminalmente conforme al Código Penal
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 20 CP exime de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena no buscada o síndrome de abstinencia, alteración grave de la percepción, legítima defensa (agresión ilegítima, necesidad racional del medio y falta de provocación), estado de necesidad, miedo insuperable y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho. Los menores de dieciocho años responden por su legislación propia (art. 19).
El Código Penal reserva un capítulo a las circunstancias que eximen totalmente de responsabilidad criminal. El primer grupo tiene que ver con la capacidad de la persona: la anomalía o alteración psíquica que impide comprender la ilicitud del hecho (art. 20.1), la intoxicación plena no buscada por alcohol o drogas y el síndrome de abstinencia, y las alteraciones graves de la percepción de la realidad desde el nacimiento o la infancia.
El segundo grupo son situaciones. La legítima defensa (art. 20.4) exige tres requisitos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. El estado de necesidad (art. 20.5) es lesionar un bien ajeno para evitar un mal propio mayor sin haber provocado la situación; en palabras de los datos clave, el mal causado no debe ser mayor que el evitado. Se suman el miedo insuperable y obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
Los menores de dieciocho años quedan al margen de la responsabilidad criminal del Código Penal (art. 19), sin perjuicio de responder con arreglo a la legislación de responsabilidad penal del menor. Y en los tres primeros supuestos (anomalía psíquica, intoxicación y alteración de la percepción) pueden aplicarse medidas de seguridad en lugar de una pena.
Esquema
| Legítima defensa (art. 20.4) | Estado de necesidad (art. 20.5) | |
|---|---|---|
| Situación de partida | Una agresión ilegítima | Un mal propio que se quiere evitar |
| Qué se hace | Repeler la agresión con medio racionalmente necesario | Lesionar un bien ajeno para evitar un mal mayor |
| Condición sobre el origen | Falta de provocación suficiente | No haber provocado la situación |
| Proporción | Necesidad racional del medio | El mal causado no es mayor que el evitado |
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Circunstancias atenuantes, agravantes y mixta de parentesco
Cuando no concurren todos los requisitos para eximir de responsabilidad, cabe una atenuante: las eximentes incompletas, la grave adicción a sustancias, el arrebato u obcecación, la confesión anterior a saber que el procedimiento se dirige contra el culpable, la reparación del daño antes del juicio oral, o la dilación extraordinaria e indebida no atribuible al acusado.
En sentido contrario, agravan la alevosía, el disfraz o abuso de superioridad, actuar mediante precio, cometer el delito por motivos discriminatorios, aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima, el abuso de confianza, prevalerse del carácter público y la reincidencia, que exige condena ejecutoria previa por delito del mismo título y naturaleza.
La circunstancia mixta de parentesco puede atenuar o agravar según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, cuando la víctima es o ha sido cónyuge o pareja estable del autor, o su ascendiente, descendiente o hermano.
Datos clave
- art. 21 CP: circunstancias atenuantes, entre ellas la confesión y la reparación del daño antes del juicio oral
- art. 22.8 CP: la reincidencia exige condena ejecutoria previa por delito del mismo título y naturaleza
- art. 22.4 CP: agravante de discriminación por razones de ideología, religión, etnia, sexo u otras condiciones
- art. 23 CP: circunstancia mixta de parentesco, atenuante o agravante según el caso
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atenúan (art. 21) las eximentes incompletas, la grave adicción, el arrebato u obcecación, la confesión antes de conocer el procedimiento, la reparación antes del juicio oral y la dilación indebida. Agravan (art. 22) la alevosía, el disfraz o abuso de superioridad, el precio, los motivos discriminatorios, el ensañamiento, el abuso de confianza, el carácter público y la reincidencia (condena previa por delito del mismo título y naturaleza). El parentesco (art. 23) atenúa o agrava.
Cuando no concurren todos los requisitos para eximir de responsabilidad, la eximente se convierte en atenuante: son las eximentes incompletas, la primera de la lista del art. 21. Le siguen la grave adicción a sustancias, el arrebato u obcecación, la confesión anterior a saber que el procedimiento se dirige contra el culpable, la reparación del daño antes del juicio oral, y la dilación extraordinaria e indebida no atribuible al acusado.
Las agravantes del art. 22 son: la alevosía, el disfraz o abuso de superioridad, actuar mediante precio, cometer el delito por motivos discriminatorios (por ideología, religión, etnia, sexo u otras condiciones, art. 22.4), aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima, el abuso de confianza, prevalerse del carácter público y la reincidencia.
Fíjate en los momentos de las atenuantes de confesión y reparación: la confesión vale si es anterior a conocer que el procedimiento se dirige contra el culpable; la reparación del daño, si es anterior al juicio oral. Son dos relojes distintos.
La circunstancia mixta de parentesco (art. 23) puede atenuar o agravar, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, cuando la víctima es o ha sido cónyuge o pareja estable del autor, o su ascendiente, descendiente o hermano.
Esquema
| Atenuantes (art. 21) | Agravantes (art. 22) | Parentesco (art. 23) | |
|---|---|---|---|
| Efecto | Rebajan la responsabilidad | Aumentan la responsabilidad | Puede atenuar o agravar |
| Ejemplos | Eximente incompleta, confesión, reparación, dilación indebida | Alevosía, precio, discriminación, ensañamiento, reincidencia | Cónyuge, pareja, ascendiente, descendiente, hermano |
| Condición clave | Confesión antes de conocer el procedimiento; reparación antes del juicio oral | Reincidencia: condena ejecutoria por delito del mismo título y naturaleza | Según naturaleza, motivos y efectos del delito |
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Disposiciones generales: autoridad, funcionario público y otros conceptos
El Código Penal cierra el Título I con definiciones legales aplicables a todo el texto punitivo. Se reputa autoridad a quien, solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado, tiene mando o ejerce jurisdicción propia, considerando en todo caso autoridad a los miembros del Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas y el Parlamento Europeo, así como a los fiscales.
Se considera funcionario público, a efectos penales, a quien participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, elección o nombramiento de autoridad competente; esta definición es más amplia que la administrativa y permite aplicar los delitos contra la Administración a personas sin condición estatutaria de funcionario.
El Código define también qué se entiende por persona con discapacidad, distinguiendo a quienes necesitan especial protección por requerir asistencia para el ejercicio de su capacidad jurídica, y qué se considera documento: todo soporte material con datos, hechos o narraciones de eficacia probatoria.
Datos clave
- art. 24.1 CP: concepto penal de autoridad, con mención expresa de parlamentarios y fiscales
- art. 24.2 CP: concepto penal de funcionario público, más amplio que el administrativo
- art. 25 CP: concepto de discapacidad y de persona con discapacidad necesitada de especial protección
- art. 26 CP: concepto de documento a efectos penales
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Código define sus conceptos: autoridad es quien tiene mando o ejerce jurisdicción propia, incluidos parlamentarios y fiscales (art. 24.1); funcionario público es quien participa en funciones públicas por ley, elección o nombramiento, concepto más amplio que el administrativo (art. 24.2); el art. 25 define la discapacidad y el art. 26 el documento como soporte material con eficacia probatoria.
El Título I del Código Penal se cierra con definiciones legales que valen para todo el texto punitivo. La primera es la de autoridad (art. 24.1): quien, solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado, tiene mando o ejerce jurisdicción propia. En todo caso se considera autoridad a los miembros del Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas y el Parlamento Europeo, así como a los fiscales.
La segunda es la de funcionario público (art. 24.2): a efectos penales, lo es quien participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. Esta definición es más amplia que la administrativa y permite aplicar los delitos contra la Administración a personas sin condición estatutaria de funcionario.
El art. 25 define qué se entiende por persona con discapacidad y distingue a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, que son las que requieren asistencia para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y el art. 26 define el documento: todo soporte material con datos, hechos o narraciones de eficacia probatoria.
Esquema
| Autoridad (art. 24.1) | Funcionario público (art. 24.2) | |
|---|---|---|
| Qué lo define | Tener mando o ejercer jurisdicción propia | Participar en el ejercicio de funciones públicas |
| Cómo se llega | Solo o como miembro de corporación, tribunal u órgano colegiado | Por disposición de la ley, elección o nombramiento de autoridad competente |
| Casos expresos | Congreso, Senado, asambleas autonómicas, Parlamento Europeo, fiscales | Personas sin condición estatutaria de funcionario |