Gestión de penas de prisión

Cuando una persona resulta responsable de dos o más delitos, la regla de partida del Código Penal es imponerle todas las penas correspondientes para su cumplimiento simultáneo, siempre que la naturaleza y los efectos de esas penas lo permitan, como ocurre entre una pena privativa de libertad y una multa.

No todas las penas admiten ese cumplimiento a la vez: cuando alguna, por su propia naturaleza, no puede ejecutarse simultáneamente con las demás, la ley ordena un cumplimiento sucesivo, según el orden de gravedad respectiva de cada pena. Esta regla es la que da paso, en las penas privativas de libertad, a la necesidad de fijar límites máximos de cumplimiento efectivo, evitando condenas desproporcionadas por la simple suma de todas las penas.

Estas reglas de aplicación de las penas son el punto de partida técnico sobre el que se construyen después la acumulación jurídica y la refundición de condenas, de gran trascendencia práctica para la gestión penitenciaria del tiempo de condena.

Datos clave

• La regla general es el cumplimiento simultáneo de todas las penas, cuando su naturaleza lo permite.
• Si no es posible el cumplimiento simultáneo, se sigue el orden de gravedad respectiva para un cumplimiento sucesivo.
• El cumplimiento sucesivo de penas privativas de libertad es el presupuesto de los límites máximos de cumplimiento.

El Código Penal regula una figura especial para quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones que ofenden a uno o varios sujetos infringiendo el mismo precepto penal o preceptos de naturaleza semejante: el delito continuado. Se castiga como autor de un único delito, imponiendo la pena de la infracción más grave en su mitad superior, con la posibilidad de alcanzar la mitad inferior de la pena superior en grado.

Cuando la continuidad afecta a infracciones contra el patrimonio, la pena se determina por el perjuicio total causado, y si el hecho reviste notoria gravedad y perjudica a una generalidad de personas, cabe imponer motivadamente la pena superior en uno o dos grados.

Quedan fuera de esta figura las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo infracciones contra el honor o contra la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo, donde se valorará el hecho para decidir si procede la continuidad.

Datos clave

• El delito continuado castiga como una sola infracción la pluralidad de acciones de un plan preconcebido o idéntica ocasión.
• Se aplica la pena de la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegar a la mitad inferior de la pena superior en grado.
• En infracciones patrimoniales de notoria gravedad, cabe imponer la pena superior en uno o dos grados.

Frente al riesgo de que la suma de todas las penas de una persona resulte en condenas de duración desmedida, el Código Penal fija un límite máximo de cumplimiento efectivo: en general, no puede exceder del triple del tiempo de la pena más grave, con un tope de veinte años, extinguiéndose el resto desde que lo ya cumplido alcanza ese máximo.

Este límite se eleva excepcionalmente en supuestos graves: veinticinco años cuando concurren dos o más delitos y alguno está castigado con prisión de hasta veinte años; treinta años si alguno supera los veinte años; y cuarenta años cuando al menos dos delitos superan los veinte años, o en determinados delitos de terrorismo de esa gravedad.

La limitación se aplica también entre penas impuestas en procesos distintos, si los hechos son anteriores al enjuiciamiento de los acumulables; en tal caso, el Juez o Tribunal sentenciador debe señalar o modificar el límite máximo aplicable.

Datos clave

• El límite general de cumplimiento efectivo es el triple de la pena más grave, con un tope de veinte años.
• Los límites excepcionales alcanzan veinticinco, treinta y cuarenta años según la gravedad de los delitos.
• La acumulación jurídica opera también entre penas de procesos distintos si los hechos son anteriores al enjuiciamiento acumulable.

Las reglas de acumulación también se aplican cuando un solo hecho constituye dos o más delitos, o cuando uno es medio necesario para cometer otro: el concurso medial. Se impone la pena de la infracción más grave en su mitad superior, sin superar la suma de las penas que correspondería si se sancionaran por separado; si la pena calculada supera ese límite, las infracciones se sancionan de forma independiente.

Cuando una persona es condenada por varios delitos en procesos distintos y las penas podrían cumplirse simultáneamente, la ley articula comunicación entre órganos judiciales: el Juez que conozca de una causa debe dirigirse a los demás Jueces o Tribunales que dictaron las otras resoluciones, dándoles traslado de las sentencias, para acumular todas las penas del reo.

Esta coordinación judicial es imprescindible para que la acumulación despliegue sus efectos, evitando que la fragmentación de los procesos perjudique al condenado con una suma de penas superior a la de un enjuiciamiento único.

Datos clave

• En el concurso medial se aplica la pena más grave en su mitad superior, sin superar la suma de las penas por separado.
• Si la pena resultante supera ese límite, las infracciones se sancionan de forma independiente.
• Los órganos judiciales deben comunicarse las sentencias dictadas por separado para acumular las penas del mismo reo.

Cuando, por los límites de acumulación jurídica, la pena a cumplir resulta inferior a la mitad de la suma total impuesta, el Juez o Tribunal sentenciador puede acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos, la clasificación en tercer grado y el cómputo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas, sin perjuicio de lo que resulte procedente según la evolución del tratamiento.

Ese acuerdo es preceptivo en los supuestos de mayor gravedad, cuando la pena que resta es inferior a la mitad del límite máximo aplicable; entonces el Juez de Vigilancia Penitenciaria debe realizar un estudio individualizado, con audiencia del Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, valorando la peligrosidad del penado y su evolución, especialmente en terrorismo, criminalidad organizada o delitos sexuales graves.

Cuando el penado lo ha sido por delitos repartidos entre varios de esos grupos de gravedad, referir los beneficios a la totalidad de las penas deja de ser una posibilidad para ser obligación del Juez o Tribunal.

Datos clave

• Si la pena tras la acumulación es inferior a la mitad de la suma total, cabe referir los beneficios a la totalidad de las penas.
• En supuestos de mayor gravedad ese acuerdo es preceptivo, previo estudio del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
• Si los delitos se reparten entre varios grupos de gravedad, la referencia de los beneficios es obligatoria.

El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente, antes de la condena, se abona en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena de la misma causa. La única excepción es que ese tiempo coincida con otra privación de libertad ya abonada o abonable en otra causa, porque un mismo periodo nunca puede abonarse en más de un procedimiento.

Cuando la prisión provisional corresponde a una causa distinta de aquella en que se pretende abonar, el abono lo acuerda, de oficio o a petición del penado, el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción del centro donde se encuentre, previa comprobación de que no ha sido ya abonado y con audiencia del Ministerio Fiscal.

Para que proceda este abono en causa distinta es necesario que la prisión provisional sea posterior a los hechos que motivan la pena a abonar; las mismas reglas se aplican a las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.

Datos clave

• El tiempo de prisión provisional se abona en su totalidad a la pena de la misma causa, salvo que ya se haya abonado en otra.
• El abono en causa distinta lo acuerda el Juez de Vigilancia Penitenciaria, con audiencia del Ministerio Fiscal.
• Solo procede el abono en otra causa si la prisión provisional es posterior a los hechos que motivan la pena a abonar.

Para determinar si un penado ha cumplido las tres cuartas partes o las dos terceras partes de su condena a efectos de libertad condicional, el RP fija reglas de cómputo. La primera dispone que el tiempo de condena objeto de indulto se rebaja del total de la pena, calculándose como si fuera una nueva pena de menor duración.

La segunda regla es relevante cuando el penado tiene varias condenas de privación de libertad: la suma de todas ellas se considera una sola condena a los exclusivos efectos de la libertad condicional. Si alguna de esas condenas fue objeto de indulto, el tiempo indultado se suma igualmente para rebajarlo del total conjunto antes de calcular los plazos.

Este cómputo conjunto enlaza con las reglas de acumulación jurídica y refundición, y es imprescindible para que la gestión penitenciaria fije con precisión las fechas de progresión de grado, permisos y libertad condicional.

Datos clave

• El cómputo a efectos de libertad condicional se calcula sobre la pena tras rebajar el tiempo indultado.
• Con varias condenas privativas de libertad, la suma de todas ellas se considera una sola condena a esos efectos.
• El tiempo indultado en cada condena se suma y se rebaja del total conjunto antes de aplicar los plazos.

El art. 89 CP sustituye por expulsión las penas de prisión superiores a un año impuestas a cualquier extranjero, salvo que resulte desproporcionada. En penas de hasta cinco años el juez acuerda la sustitución íntegra o, excepcionalmente, el cumplimiento de una parte; en penas superiores puede ordenar la ejecución de todo o parte. Son condiciones alternativas de la sustitución parcial la parte cumplida, el tercer grado y la libertad condicional.

El Manual de Gestión Penitenciaria de Euskadi distingue la expulsión administrativa de la judicial, y esta en íntegra, parcial y condicional. Recibido el auto, la Oficina de Gestión remite a la Comisaría Provincial la resolución, la hoja de filiación y la documentación de identidad; si al mes no se ha materializado, lo comunica al juez sentenciador, y la Junta espera hasta la última sesión dentro de dos meses para clasificar. La sustitución al cumplir parte de la pena se comunica con tres meses de antelación al juzgado, al Fiscal y a la Comisaría. La pena sustituida consta en el SIP como causa activa sin inicio ni refundición.

Datos clave

• Art. 89 CP: penas superiores a un año; sustitución parcial condicionada a parte cumplida, tercer grado o libertad condicional.
• Un mes sin expulsión: comunicación al juez sentenciador; clasificación dentro de dos meses.
• Art. 26 RP: aviso a la Comisaría Provincial con tres meses de antelación al licenciamiento.

La cooperación internacional en ejecución penal se centraliza en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. El traslado de condenados a países no comunitarios se rige por el Convenio de Estrasburgo de 1983 o por convenios bilaterales: el jurista informa desde el ingreso, no cabe sin convenio ni con menos de seis meses pendientes, y la Oficina de Gestión remite la solicitud con testimonio, liquidación e informe penitenciario; autorizado por el Consejo de Ministros, INTERPOL fija la entrega.

La comunicación con los cónsules se celebra en locales apropiados y en la lengua elegida, es intervenible por seguridad y no se celebra si el interno se opone por escrito.

En extradición, el art. 19 de la Ley 4/1985 permite aplazar la entrega hasta extinguir responsabilidades en España o hacerla temporal; los arts. 43 y 56 de la Ley 23/2014 admiten la entrega temporal solo para acciones penales. El interno trasladado puede comunicarlo a su familia o abogado (arts. 52.3 LOGP y 41.3 RP) en el momento más oportuno por seguridad, y al regresar de una entrega temporal se pide informe al juzgado.

Datos clave

• Traslado de condenados: mínimo seis meses de condena pendiente y tramitación ante el Ministerio de Justicia.
• Comunicación consular: locales apropiados, lengua de elección, intervenible por seguridad.
• Entrega temporal (Ley 23/2014 arts. 43 y 56): solo para acciones penales, nunca para cumplir pena.

El hecho delictivo obliga a reparar los daños y perjuicios (art. 109 CP), pudiendo el perjudicado optar por la vía civil. La responsabilidad comprende restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales, también los de familiares o terceros (arts. 110 a 113). Responde todo responsable criminal; autores y cómplices lo hacen solidariamente dentro de su clase y subsidiariamente por las cuotas ajenas (art. 116) y el Estado lo hace subsidiariamente por sus funcionarios (art. 121).

El art. 72.5 LOGP exige para el tercer grado haber satisfecho la responsabilidad civil, valorando la conducta reparadora, la capacidad presente y futura, las garantías, el enriquecimiento y la naturaleza de los daños; en terrorismo se añaden el abandono de fines y la colaboración (art. 72.6).

El Manual de Gestión Penitenciaria de Euskadi impide una lectura literal: se valora el esfuerzo reparador, valen la retención proporcional del peculio o salario y el pago fraccionado verificado, la insolvencia no exime, se facilita un compromiso de asunción en la clasificación inicial y se abre una pieza de responsabilidad civil en el expediente.

Datos clave

• Contenido: restitución, reparación e indemnización (art. 110 CP); el Estado responde subsidiariamente (art. 121).
• Art. 72.5 LOGP: satisfacer la responsabilidad civil es requisito del tercer grado.
• Manual vasco: la insolvencia no exime; se admiten retención de peculio o salario y pago fraccionado.