Medidas cautelares, detención y prisión preventiva

Antes de recurrir a medidas más gravosas, la LECrim prevé la citación como forma ordinaria de hacer comparecer a una persona ante la autoridad judicial: el art. 486 LECrim dispone que a quien se impute un acto punible se le cite solo para ser oído, salvo que la ley disponga otra cosa o proceda directamente su detención. Si el citado no comparece ni justifica causa legítima, la orden de comparecencia puede convertirse en orden de detención.

La detención es una medida cautelar personal de mayor intensidad, y el art. 489 LECrim proclama una garantía esencial: nadie puede ser detenido sino en los casos y forma que las leyes prescriben. El art. 490 LECrim habilita a cualquier ciudadano a detener en supuestos tasados, como sorprender a alguien in fraganti o a quien se fuga de prisión, y el art. 492 LECrim impone a la autoridad y a los agentes de policía judicial la obligación de detener en esos y otros casos, como cuando el delito lleva pena grave.

El art. 495 LECrim excluye, como regla general, la detención por delitos leves, salvo falta de domicilio conocido o de fianza suficiente.

Datos clave

• art. 486 LECrim: la citación es la regla; la detención, la excepción
• art. 489 LECrim: nadie puede ser detenido sino en los casos y forma que la ley prescribe
• art. 490 LECrim: cualquier persona puede detener en los supuestos tasados (in fraganti, fuga de prisión...)
• art. 495 LECrim: no cabe detener por delitos leves, salvo falta de domicilio conocido o de fianza

Practicada la detención, la ley impone plazos estrictos para controlarla judicialmente. El art. 496 LECrim obliga a quien detiene —particular, autoridad o agente— a poner al detenido en libertad o a entregarlo al juez más próximo dentro de las veinticuatro horas siguientes, bajo responsabilidad si se demora más allá de ese plazo.

Recibido el detenido, el juez no puede prolongar la incertidumbre: el art. 497 LECrim le da setenta y dos horas, contadas desde la entrega, para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto. Este límite conjunto de detención policial y judicial —hasta un máximo de setenta y dos horas sin intervención judicial que lo prorrogue— tiene además respaldo constitucional en el art. 17.2 CE.

El auto que resuelve sobre la situación del detenido se comunica al Ministerio Fiscal y se notifica al procesado, informándole de su derecho a pedir la reposición del auto de forma oral o escrita, conforme al art. 501 LECrim.

Datos clave

• art. 496 LECrim: puesta en libertad o entrega al juez dentro de las 24 horas siguientes a la detención
• art. 497 LECrim: el juez dispone de 72 horas desde la entrega para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto
• art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario, con el límite de 72 horas
• art. 501 LECrim: el auto se notifica al Fiscal y al procesado, con derecho a pedir su reposición

El art. 520 LECrim desarrolla el estatuto del detenido o preso, tratado de la forma que menos perjudique su persona, reputación y patrimonio. Debe ser informado por escrito, en lenguaje sencillo y en lengua que comprenda, de los hechos que se le atribuyen y de un catálogo de derechos: guardar silencio, no declarar contra sí mismo, designar abogado y ser asistido sin demora, acceder a lo esencial de las actuaciones, comunicar su privación de libertad a un familiar y contar con intérprete.

La detención preventiva no puede durar más del tiempo necesario para esclarecer los hechos, y el detenido debe quedar en libertad o a disposición judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas. La asistencia letrada es activa: el abogado puede entrevistarse reservadamente con el detenido, intervenir en sus declaraciones y reconocimientos, y conocer las consecuencias de prestar o denegar consentimiento a diligencias.

Solo cabe renunciar a la asistencia letrada preceptiva en detenciones por delitos viales, y siempre de forma revocable.

Datos clave

• art. 520.1 LECrim: la detención no puede exceder de 72 horas sin puesta en libertad o a disposición judicial
• art. 520.2.c) LECrim: derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada
• art. 520.6 LECrim: el abogado puede entrevistarse reservadamente con el detenido y asistir a sus declaraciones
• art. 520.8 LECrim: solo cabe renunciar a la asistencia letrada en detenciones por delitos contra la seguridad vial

La prisión provisional es la medida cautelar personal más grave del proceso penal, por lo que la ley rodea su adopción de estrictas garantías. El art. 502 LECrim exige que solo se acuerde cuando sea objetivamente necesaria y no existan medidas menos gravosas igualmente eficaces, y prohíbe acordarla cuando de las diligencias resulte que el hecho no es delito o concurre causa de justificación.

El art. 503 LECrim exige tres requisitos acumulativos: constancia de un hecho con caracteres de delito sancionado con pena igual o superior a dos años de prisión (o inferior, con antecedentes no cancelados); motivos bastantes para creer responsable a la persona contra la que se dicta; y que la medida persiga uno de sus fines legítimos, como asegurar la presencia del investigado ante riesgo de fuga, evitar la destrucción de pruebas o proteger a la víctima de nuevas agresiones. El apartado 2 añade un cuarto fin: evitar que el investigado cometa nuevos hechos delictivos, exigiendo entonces que el delito sea doloso.

Datos clave

• art. 502.2 LECrim: la prisión provisional solo procede si no hay medida menos gravosa igualmente eficaz
• art. 503.1.1.º LECrim: exige delito con pena igual o superior a 2 años de prisión (salvo antecedentes no cancelados)
• art. 503.1.3.º LECrim: fines legítimos: riesgo de fuga, destrucción de pruebas o protección de la víctima
• art. 503.2 LECrim: también procede para evitar la reiteración delictiva, si el delito imputado es doloso

La prisión provisional no puede prolongarse más allá de lo estrictamente necesario ni mientras subsistan los motivos que la justificaron, conforme al art. 504.1 LECrim. La ley fija plazos máximos objetivos según la gravedad de la pena y la causa de la medida: por riesgo de fuga, protección de la víctima o reiteración delictiva, dura un máximo de un año si la pena es igual o inferior a tres años, o de dos años si es superior, con una única prórroga posible de hasta dos años o seis meses, respectivamente, si la causa no puede juzgarse a tiempo.

Si el investigado es condenado y recurre, la prisión provisional puede prorrogarse hasta la mitad de la pena efectivamente impuesta. Si se acuerda para evitar la destrucción de pruebas, su plazo máximo es de seis meses (art. 504.3 LECrim). Se descuenta el tiempo de dilaciones no imputables a la Administración de Justicia, y superadas dos terceras partes del plazo máximo, el art. 504.6 LECrim obliga a comunicarlo a la sala de gobierno y a la fiscalía para dar mayor celeridad al procedimiento.

Datos clave

• art. 504.2 LECrim: plazo máximo de 1 año (pena ≤ 3 años) o 2 años (pena > 3 años), prorrogable
• art. 504.2 LECrim: si hay condena recurrida, prórroga posible hasta la mitad de la pena impuesta
• art. 504.3 LECrim: si se acuerda por riesgo de destrucción de pruebas, plazo máximo de 6 meses
• art. 504.6 LECrim: superadas dos terceras partes del plazo máximo, se comunica a sala de gobierno y fiscalía

Cuando no se acuerda la prisión provisional, el investigado puede quedar en libertad provisional, con o sin fianza, según decida el juez. El art. 529 LECrim ordena que, en el auto correspondiente, el juez determine si el investigado debe prestar fianza, fijando su calidad y cuantía; la resolución se notifica al investigado, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, y es recurrible.

El investigado en libertad provisional queda obligado, según el art. 530 LECrim, a comparecer en los días señalados y cuantas veces sea llamado, pudiendo el juez retener su pasaporte para garantizar el cumplimiento. La fianza, según el art. 532 LECrim, responde de esa comparecencia: si el investigado desatiende un llamamiento sin justificar la imposibilidad de acudir, el art. 534 LECrim da al fiador diez días para presentar al rebelde, antes de ejecutar la garantía.

Las diligencias de prisión, libertad provisional y fianzas se tramitan en pieza separada del resto de la causa, conforme al art. 544 LECrim, para no entorpecer la instrucción principal.

Datos clave

• art. 529 LECrim: el juez decide si la libertad provisional exige fianza y fija su cuantía
• art. 530 LECrim: obligación de comparecer y posibilidad de retención del pasaporte
• art. 534 LECrim: incomparecencia injustificada; plazo de diez días para presentar al rebelde antes de ejecutar la fianza
• art. 544 LECrim: las diligencias de prisión, libertad provisional y fianzas se tramitan en pieza separada

Además de la prisión y la libertad provisional, la LECrim regula medidas cautelares de contenido más limitado pero de enorme aplicación práctica, en especial en violencia de género y doméstica. El art. 544 bis LECrim permite al juez, de forma motivada y cuando sea estrictamente necesario para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva, imponer la prohibición de residir en un lugar, de acudir a ciertos sitios o de aproximarse o comunicarse con determinadas personas, graduando la medida.

Para adoptarlas, el juez valora la situación económica, la salud, la situación familiar y la actividad laboral del investigado, atendiendo a que esta última pueda continuar durante y después de la medida. Si el investigado la incumple, el juez debe convocar la comparecencia del art. 505 LECrim para valorar la prisión provisional, una orden de protección u otra medida más restrictiva, según la gravedad del incumplimiento.

En delitos contra la libertad sexual, cabe reforzar el control mediante dispositivos telemáticos.

Datos clave

• art. 544 bis LECrim: prohibición de residencia, de acudir a lugares y de aproximarse o comunicarse con la víctima
• Requisitos: necesidad estricta para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva, y motivación judicial
• Incumplimiento: comparecencia del art. 505 LECrim para agravar la medida cautelar, incluida la prisión provisional
• Delitos contra la libertad sexual: posibilidad de control mediante dispositivos telemáticos

El art. 544 ter LECrim regula la orden de protección, instrumento integral para víctimas de violencia doméstica y de género. Procede ante indicios fundados de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de personas del art. 173.2 CP, cuando resulta una situación objetiva de riesgo.

Puede solicitarla la víctima, sus allegados o el Fiscal, y presentarse ante la policía o los servicios sociales, que deben remitirla de inmediato al juzgado. Recibida la solicitud, el juez de guardia convoca una audiencia urgente con la víctima, el presunto agresor —asistido de abogado— y el Fiscal, en un plazo máximo de setenta y dos horas.

La orden combina medidas cautelares penales, como el alejamiento, con medidas civiles, como el uso de la vivienda familiar o el régimen de guarda y custodia, con vigencia de treinta días salvo que en ese plazo se inicie un proceso de familia. Se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

Datos clave

• art. 544 ter.1 LECrim: procede ante indicios de delito contra la vida, integridad, libertad sexual o seguridad de personas del art. 173.2 CP
• art. 544 ter.4 LECrim: audiencia urgente en un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud
• art. 544 ter.7 LECrim: las medidas civiles de la orden tienen una vigencia de 30 días
• art. 544 ter.10 LECrim: la orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas

El sistema de medidas cautelares se completa con previsiones para sujetos vulnerables o de naturaleza singular. El art. 544 quater LECrim permite imponer medidas cautelares a las personas jurídicas imputadas, coincidentes con sus penas del Código Penal —clausura temporal de locales, suspensión de actividades—, previa petición de parte y vista con las partes; el auto es recurrible en apelación con tramitación preferente.

El art. 544 quinquies LECrim protege a menores y personas con capacidad judicialmente modificada víctimas de ciertos delitos: el juez puede suspender la patria potestad, la tutela, la curatela o el acogimiento, establecer un régimen de supervisión, o suspender el régimen de visitas con el progenitor no conviviente. Ante riesgo o desamparo, se comunica de inmediato a la entidad de protección de menores y al Fiscal.

Concluido el procedimiento, el juez ratifica o alza estas medidas atendiendo exclusivamente al interés de la persona afectada.

Datos clave

• art. 544 quater LECrim: medidas cautelares a personas jurídicas, coincidentes con sus penas del CP, previa vista con las partes
• art. 544 quinquies.1 LECrim: suspensión de patria potestad, tutela, curatela o régimen de visitas para proteger al menor
• art. 544 quinquies.2 LECrim: comunicación inmediata a la entidad de protección de menores y al Fiscal ante riesgo o desamparo
• art. 544 quinquies.3 LECrim: al concluir el procedimiento, el juez ratifica o alza las medidas según el interés del menor