Tema 21: Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Las garantías en el desarrollo del procedimiento.
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Principios informadores del procedimiento administrativo común
El procedimiento administrativo es el cauce formal por el que la Administración forma su voluntad y dicta sus actos. La Ley 39/2015 lo regula como procedimiento común a todas las Administraciones Públicas, incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial (art. 1.1), y lo inspira en una serie de principios repartidos por su articulado, que desarrollan el mandato del artículo 103.1 de la Constitución de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- Legalidad y reserva de ley: solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para los fines del procedimiento, y de manera motivada, pueden incluirse trámites adicionales o distintos a los de la Ley 39/2015 (art. 1.2).
- Oficialidad: el procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites (art. 71.1) y los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos se realizan de oficio por el órgano que lo tramita, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones (art. 75.1).
- Celeridad, transparencia y publicidad: el procedimiento está sometido al principio de celeridad y se impulsa a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad (art. 71.1). En el despacho de los expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario (art. 71.2).
- Simplificación administrativa: se acuerdan en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no deban cumplirse sucesivamente (art. 72.1).
- Contradicción e igualdad de los interesados: el órgano instructor adopta las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a ambos principios (art. 75.4). Su expresión principal es el trámite de audiencia: instruido el procedimiento e inmediatamente antes de la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados, que disponen de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar documentos (art. 82.1 y 2).
- Antiformalismo: si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requiere al interesado para que la subsane en diez días, con la advertencia de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido (art. 68.1).
- Obligación de resolver: la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1).
- Congruencia: la resolución decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento; en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, debe ser congruente con lo pedido y no puede agravar su situación inicial (art. 88.1 y 2).
- Administración electrónica: la tramitación electrónica es la forma ordinaria de actuación, tanto en el impulso como en la instrucción (arts. 71.1 y 75.1).
Datos clave
- La Ley 39/2015 regula el procedimiento común, incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial (art. 1.1).
- Solo una ley puede añadir trámites adicionales o distintos, de forma motivada (art. 1.2).
- El procedimiento se impulsa de oficio, con celeridad y por medios electrónicos (art. 71.1).
- Simplificación: un solo acto para los trámites que admitan impulso simultáneo (art. 72.1).
- El instructor garantiza los principios de contradicción e igualdad de los interesados (art. 75.4).
- Audiencia: plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 (art. 82.2); subsanación: 10 días (art. 68.1).
- La Administración está obligada a resolver expresamente y a notificar (art. 21.1).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mapa de los principios que inspiran el procedimiento común de la Ley 39/2015, cada uno con su artículo: oficialidad, celeridad, simplificación, contradicción, antiformalismo, obligación de resolver y congruencia, entre otros.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 1
Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Datos clave
- ¿Qué dos procedimientos incluye expresamente el art. 1.1 dentro del procedimiento común? → El sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- ¿Qué especialidades pueden establecerse reglamentariamente? → Órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
- Las especialidades reglamentarias son cinco: Órganos, Plazos, Iniciación y terminación, Publicación, Informes. Nemotecnia: OPIPI.
- Triple requisito para que una ley meta trámites nuevos: eficaz, proporcionado y necesario (y motivado). Si falta uno, no vale.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley regula la validez y eficacia de los actos, el procedimiento común (con el sancionador y el de responsabilidad) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo una ley puede añadir trámites; el reglamento, especialidades.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 2
Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior. 4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.
Datos clave
- ¿Qué integra el sector público institucional? → Organismos públicos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, y Universidades públicas.
- ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública? → No. Se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
- ¿Cuándo se aplica esta Ley a las entidades de derecho privado vinculadas? → En las normas que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- Regla de tres letras: en el apartado 3 solo entra la letra a) del apartado 2. Las letras b) y c) se quedan fuera de «Administración Pública».
- Universidades y Corporaciones de Derecho Público: normativa específica primero, esta Ley como supletoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley se aplica al sector público: AGE, comunidades autónomas, entidades locales y sector público institucional. Solo son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público; universidades y corporaciones se rigen por su normativa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 3
Capacidad de obrar. A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Datos clave
- ¿Cuántos supuestos de capacidad de obrar enumera el artículo 3? → Tres.
- ¿Qué menores quedan exceptuados? → Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos de que se trate.
- Son TRES letras, no dos ni cuatro: civil, menores y entes sin personalidad.
- La letra c) siempre depende de que una Ley lo declare expresamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones tres grupos: quienes la tienen según las normas civiles, los menores para lo que el ordenamiento les deja hacer solos (salvo incapacitación que les afecte) y, si una Ley lo declara, entes sin personalidad.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 4
Concepto de interesado. 1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo puede personarse el titular de intereses legítimos afectados? → En tanto no haya recaído resolución definitiva.
- ¿De qué son titulares las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales? → De intereses legítimos colectivos, en los términos que la Ley reconozca.
- Regla de dos palabras: derechos = automático (b); intereses legítimos = hay que personarse (c).
- En la sucesión del apartado 3 no hay plazo ni trámite: entra «cualquiera que sea el estado del procedimiento».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres vías para ser interesado: promover el procedimiento, tener derechos afectados o tener intereses legítimos afectados y personarse antes de la resolución definitiva; además, asociaciones representativas y sucesores.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 5
Representación. 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. 5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. 6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.
Datos clave
- Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, ¿para cuál de estas actuaciones debe acreditarse la representación? → Para renunciar a derechos en nombre de otra persona.
- ¿Qué efecto tiene inicialmente la falta de acreditación suficiente de la representación, según el artículo 5.6 de la Ley 39/2015? → Permite aportar o subsanar la acreditación en el plazo concedido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interesados pueden actuar por representante; para los actos importantes (solicitudes, declaraciones, comunicaciones, recursos, desistimientos, renuncias) hay que acreditarla, para el mero trámite se presume, y el defecto se subsana en diez días.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 6
Registros electrónicos de apoderamientos. 1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. 3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. c) Fecha de inscripción. d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder. e) Tipo de poder según las facultades que otorgue. 4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. (Párrafo anulado) Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración. 5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. 6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. 7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.
Datos clave
- ¿Cuál es la validez máxima de un poder inscrito y desde cuándo se cuenta? → Cinco años a contar desde la fecha de inscripción; la prórroga, otros cinco años desde su inscripción.
- ¿Qué cinco datos debe contener como mínimo el asiento? → Identificación del poderdante, identificación del apoderado, fecha de inscripción, período por el que se otorga y tipo de poder según las facultades.
- ¿Cómo se otorga el apoderamiento apud acta? → Por comparecencia electrónica en la sede electrónica con los sistemas de firma de la Ley, o por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- Cinco datos del asiento y cinco años de validez: el número 5 es el ancla de este artículo.
- Los tres tipos de poder van de más a menos: cualquier Administración → una Administración u Organismo → trámites concretos.
- Apud acta, dos puertas: sede electrónica o, en persona, oficina de asistencia en materia de registros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Estado, comunidades autónomas y entidades locales tienen un registro electrónico general de apoderamientos, interoperable con los particulares, mercantiles, de la propiedad y notariales. Los poderes inscritos valen como máximo cinco años y pueden revocarse o prorrogarse.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 7
Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
Datos clave
- ¿Con quién se entienden las actuaciones si varios interesados figuran en una solicitud? → Con el representante o interesado que hayan señalado expresamente y, en su defecto, con el que figure en primer término.
- Dos escalones y en este orden: designación expresa primero, primer término después.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si en una solicitud figuran varios interesados, la Administración actúa con el representante o interesado que hayan señalado expresamente y, si no señalaron a nadie, con el que figure en primer término.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 8
Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué se hace con los nuevos interesados advertidos durante la instrucción? → Se les comunica la tramitación del procedimiento.
- ¿De dónde debe resultar su identificación? → Del expediente.
- Tres filtros: sin publicidad + interés legítimo y directo + identificable desde el expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si en un procedimiento sin publicidad aparecen titulares de derechos o intereses legítimos y directos, identificables por el expediente y que puedan verse afectados por la resolución, se les comunica la tramitación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 13
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Datos clave
- ¿Qué canal de comunicación reconoce expresamente el artículo 13.a de la Ley 39/2015? → El Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- ¿Qué derecho recoge el artículo 13.g de la Ley 39/2015 en materia de identificación y firma? → Obtener y utilizar los medios de identificación y firma previstos en la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quienes tienen capacidad de obrar según el artículo 3 disfrutan de nueve derechos en sus relaciones con las Administraciones, del Punto de Acceso General electrónico a la protección de datos, sin perjuicio de los del artículo 53 para los interesados.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 14
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Datos clave
- Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujeto está obligado a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite administrativo? → Una entidad sin personalidad jurídica.
- Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿puede una persona física cambiar el medio por el que se comunica con la Administración? → Sí, en cualquier momento, si no está obligada al canal electrónico.
- ¿Qué profesionales menciona expresamente el último inciso del artículo 14.2.c de la Ley 39/2015? → Los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles
- Según el artículo 14.2.e de la Ley 39/2015, y en la forma que determine reglamentariamente cada Administración, ¿a qué trámites se limita la obligación electrónica de sus empleados? → A los realizados por su condición de empleado público.
- Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué situación obliga a relacionarse electrónicamente a quien actúa por otro? → Representar a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
- Para determinados procedimientos y colectivos con acceso y disponibilidad de medios acreditados, ¿por qué vía permite el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 establecer la obligación electrónica? → Mediante una disposición de carácter reglamentario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas físicas eligen y pueden cambiar en todo momento si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas. Lo están, al menos, personas jurídicas, entes sin personalidad, colegiados, sus representantes y empleados públicos, y el reglamento puede ampliar.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 53
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Datos clave
- ¿Qué no está obligado a presentar el interesado si ya obra en la Administración? → Datos y documentos ya en poder de las Administraciones Públicas (art. 53.1.d).
- ¿Qué derecho añade el art. 53.2 en sancionadores? → Ser notificado de hechos, infracciones y sanciones, y la presunción de no responsabilidad (art. 53.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos de cualquier interesado en el procedimiento (conocer su estado, copias, identificar responsables, no aportar originales ni lo ya aportado, alegar, asesor, pago electrónico…) y dos derechos más del presunto responsable en los sancionadores.