Decreto 277/2010 de obligaciones de autoprotección frente a emergencias

El Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno Vasco, regula las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su base legal está en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1/1996 de Gestión de Emergencias (hoy texto refundido DL 1/2017), que encomiendan al Gobierno Vasco establecer un catálogo de actividades con obligaciones de autoprotección. El decreto complementa y amplía la Norma Básica de Autoprotección estatal (RD 393/2007), siendo supletorio para las actividades que ya cuenten con reglamentación sectorial específica.

A los efectos del decreto, autoprotección es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre personas y bienes; procurar la continuidad y restablecimiento de servicios básicos para la comunidad; dar respuesta adecuada a posibles situaciones de emergencia; y garantizar la integración de esas actuaciones con el Sistema Vasco de Atención de Emergencias (art. 1.3).

El ámbito de aplicación abarca todas las actividades del Anexo I radicadas en Euskadi, con independencia de su titularidad pública o privada. Quedan excluidas del control administrativo y del registro las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, Instituciones Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Resguardo Aduanero y órganos judiciales (art. 2.3). Las administraciones públicas competentes pueden exigir planes de autoprotección a actividades no incluidas en el Anexo I cuando presenten especial riesgo o vulnerabilidad (art. 2.2).

Datos clave

• Norma: Decreto 277/2010, de 2 de noviembre (BOPV), con corrección de errores BOPV n.º 14 de 22-01-2014
• Habilitación legal: arts. 9, 10 y 11 de la Ley de Gestión de Emergencias (DL 1/2017)
• Supletorio respecto a actividades con reglamentación sectorial específica (Anexo I.1)
• Exclusiones del registro: Defensa, Instituciones Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Resguardo Aduanero, órganos judiciales
• La planificación debe basarse en datos reales y constatables, no en datos hipotéticos futuros (art. 1.4)

El artículo 4 establece un doble bloque de obligaciones para los titulares de las actividades del Anexo I: obligaciones propias de autoprotección y obligaciones de colaboración con las autoridades. En el primer bloque destacan la elaboración y comunicación del plan de autoprotección o dispositivo de riesgos previsibles al órgano que otorga la licencia; la inscripción en el Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi; la emisión del certificado de implantación (con la información del Anexo III); la designación de responsables físicos de la autoprotección; la formación e información del personal; el mantenimiento de medios materiales; y la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía financiera equivalente.

También forman parte de estas obligaciones la realización de ejercicios y simulacros periódicos —con especial exigencia para los establecimientos afectados por planes especiales de protección civil— y la comunicación de cualquier modificación o cambio sustancial en la actividad o instalaciones que afecte a la autoprotección (art. 4.1.j). Ante cualquier emergencia o incidencia significativa, el titular debe informar con celeridad a las autoridades y servicios de protección civil (art. 4.2.f).

En cuanto a la colaboración con las autoridades (art. 4.2), el titular debe facilitar a los servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias una copia escrita de los datos del Registro, incluidos los planos, en un lugar visible a la entrada. Los programas de información a personas afectadas deben ser plenamente accesibles a personas con discapacidad de cualquier tipo (art. 4.2.b). Los centros escolares de todos los ciclos tienen la obligación específica de programar actividades de prevención y divulgación en materia de protección civil y realizar periódicamente un ejercicio o simulacro de evacuación (art. 4.3).

El personal al servicio de las actividades del Anexo I está obligado a participar, en la medida de sus capacidades, en el plan de autoprotección y asumir las funciones que le sean asignadas (art. 5).

Datos clave

• Seguro de responsabilidad civil obligatorio: cubre daños derivados de la actividad en el ámbito de la protección civil (art. 4.1.h)
• Copia del Registro con planos: en lugar visible a la entrada, a disposición de los servicios de emergencia (art. 4.2.d)
• Programas de información: deben garantizar accesibilidad a personas con discapacidad (art. 4.2.b)
• Centros escolares: obligados a programar actividades de prevención y a realizar simulacros periódicos de evacuación (art. 4.3)
• Personal: obligado a participar y asumir funciones asignadas en el plan (art. 5)

El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para una actividad o establecimiento, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre personas y bienes y dar respuesta adecuada a posibles situaciones de emergencia, garantizando la integración con el Sistema Vasco de Atención de Emergencias (art. 6.1). La elaboración, implantación, mantenimiento y revisión del plan es responsabilidad del titular de la actividad (art. 6.2). El contenido mínimo queda recogido en el Anexo II, que articula el plan en nueve capítulos: identificación de titulares; descripción de la actividad y medio físico; inventario y evaluación de riesgos; inventario de medidas y medios de autoprotección; programa de mantenimiento de instalaciones; plan de actuación ante emergencias; integración en planes de ámbito superior; implantación del plan; y mantenimiento de su eficacia.

Cuando en un mismo edificio coexistan varias actividades con obligación de plan, el titular del establecimiento debe integrar en su plan los planes de las distintas actividades, pudiendo admitirse un único plan integral (art. 6.4). Para actividades temporales en instalaciones con autorización para otro uso, el organizador de la actividad temporal debe elaborar un plan complementario con carácter previo al inicio (art. 6.3). El plan debe ser redactado y firmado por técnico competente y suscrito igualmente por el titular o su representante legal (art. 8.a).

La estructura organizativa del plan debe ser jerárquica. El titular designa al Responsable del Plan de Autoprotección —encargado de la prevención y control de riesgos— y al Director del Plan de Actuación en Emergencias —con autoridad y capacidad de gestión para activar el plan, declarar la emergencia y notificar a las autoridades a través de SOS Deiak— (arts. 8.c y 8.d). Los procedimientos de actuación en emergencias deben garantizar como mínimo: detección y alerta; alarma; intervención coordinada; refugio, evacuación y socorro; información a personas expuestas; y solicitud y recepción de ayuda externa (art. 8.f).

Datos clave

• Plan de Autoprotección: documento único (art. 7.2), con contenido mínimo del Anexo II (9 capítulos)
• Responsable del Plan de Autoprotección: gestiona la prevención y control de riesgos
• Director del Plan de Actuación en Emergencias: activa el plan y notifica a SOS Deiak
• Ambas funciones pueden recaer en la misma persona; si no se designan, las asume el titular (art. 8.c)
• Actividades en régimen de arrendamiento/concesión: deben elaborar e integrar sus propios planes (art. 6.5)

La implantación del plan comprende la formación y capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al público y la provisión de los medios y recursos necesarios para su aplicabilidad (art. 9.1). Una vez implantado, el titular o su representante legal emite el certificado de implantación (Anexo III) y lo remite al Registro General a través del órgano competente en materia de emergencias.

El mantenimiento de la eficacia exige un proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo (art. 10.1). El plan debe incluir un programa periódico de formación teórica y práctica, un programa de mantenimiento de medios y recursos, y la realización de ejercicios o simulacros de emergencia con la periodicidad mínima que fije el propio plan y, en todo caso, al menos una vez al año, evaluando los resultados (art. 10.4). Los simulacros sirven para verificar la eficacia de la respuesta, la capacitación del personal, el entrenamiento del conjunto del personal, la suficiencia de los medios y la adecuación de los procedimientos (art. 10.5).

Respecto a la comunicación de simulacros: cuando sean percibidos desde el exterior o cuando vayan a participar recursos del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, es obligatorio comunicarlo por teléfono al Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi el mismo día, indicando inicio y finalización (art. 10.8). Si se quiere la participación de recursos externos del sistema vasco, debe proponerse a la Dirección competente en materia de protección civil con una antelación no inferior a un mes (art. 10.9). De todas las actividades de mantenimiento se conservarán los informes de evaluación, debidamente firmados por el Responsable del Plan (art. 10.11).

El plan tiene vigencia indeterminada. La revisión es obligatoria con periodicidad no superior a tres años o cuando se produzcan modificaciones de la actividad o infraestructuras, o como consecuencia de conclusiones de un simulacro (art. 11.2).

Datos clave

• Simulacros: frecuencia mínima 1 vez al año (art. 10.4)
• Comunicación a SOS Deiak: obligatoria si el simulacro es visible desde el exterior o participan recursos externos; el mismo día, comunicando inicio y finalización (art. 10.8)
• Participación de recursos externos: propuesta con al menos 1 mes de antelación a la Dirección competente (art. 10.9)
• Revisión del plan: máximo cada 3 años o ante cambios sustanciales (art. 11.2)
• Vigencia del plan: indeterminada (art. 11.1)

El Capítulo III bis (arts. 12 bis y 12 ter), incorporado por la corrección de errores de 2014, regula las obligaciones de autoprotección para eventos o actividades temporales: actividades sociales o eventos de duración determinada que se agotan en su propia celebración y no quedan amparados por el plan de autoprotección correspondiente a la licencia de actividad del establecimiento. Estas actividades se recogen en el Anexo I.3.

Los eventos incluidos en el Anexo I.3 deben elaborar un Dispositivo de Riesgos Previsibles (DRP) conforme al Anexo II bis y realizar la notificación al Registro General con datos mínimos: nombre del evento, tipo y descripción, número estimado de asistentes, fecha, lugar con dirección y coordenadas, identificación del titular y recursos de seguridad disponibles. Si el evento entra dentro del ámbito del RD 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección estatal), deberá elaborarse un plan completo o complementario. Para aforos inferiores al umbral, el titular puede presentar voluntariamente una notificación simplificada (art. 12 bis.2).

El Dispositivo de Riesgos Previsibles (art. 12 ter) es el conjunto de medidas que garantizan la cobertura de seguridad y la asistencia sanitaria del evento, atendiendo a sus características y a los riesgos identificados. Debe ser redactado por técnico competente y tener en cuenta lugar, fecha, duración, tipo de asistentes, riesgos previsibles e imprevisibles, recursos humanos y materiales, rutas de evacuación y hospitales. Su estructura mínima (Anexo II bis) comprende: identificación del titular; descripción de la actividad, usuarios y medio físico con accesibilidad; análisis de riesgos; medidas y medios de autoprotección; procedimientos de detección, alerta a SOS Deiak, alarma, respuesta, evacuación o confinamiento y primeras ayudas; plan de actuación ante emergencias; programa de implantación y evaluación; y apéndices con planimetría y directorio de comunicación.

Datos clave

• Anexo I.3: eventos temporales obligados si el aforo supera 300 personas (edificios cerrados o instalaciones eventuales), 700 personas (recintos acotados) o 10.000 personas (espacios abiertos)
• Obligación principal: elaborar un Dispositivo de Riesgos Previsibles (DRP) según Anexo II bis
• Si el evento entra en el ámbito del RD 393/2007: obligatorio plan de autoprotección completo o complementario
• Responsable del DRP: activa el dispositivo y notifica a SOS Deiak (art. 12 ter.4.e)
• Los DRP se inscriben en la Sección de dispositivos de riesgos previsibles del Registro General

El Capítulo V crea el Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi, adscrito al órgano autonómico competente en materia de atención de emergencias y protección civil. Su finalidad es inscribir los datos de los planes y de los dispositivos de riesgos previsibles para facilitar a los servicios del SVAE el acceso a la información y para permitir el control e inspección administrativos. El Registro no tiene carácter público: solo pueden acceder los titulares (a sus propios datos) y los servicios del SVAE (art. 19.1). Se organiza en dos secciones: planes de autoprotección y dispositivos de riesgos previsibles.

La inscripción es obligatoria para todos los titulares del Anexo I (con o sin reglamentación sectorial específica), salvo las excepciones del art. 2.3. Los titulares no obligados que elaboren voluntariamente el plan conforme al Decreto pueden inscribirse de forma facultativa, asumiendo las mismas obligaciones, pero pueden solicitar la baja en cualquier momento. El procedimiento es telemático, con identificación mediante certificado electrónico o clave concertada. Las solicitudes deben resolverse en un plazo máximo de un mes; el silencio se entiende positivo. La inscripción produce efectos meramente declarativos y no equivale a aprobación del contenido del plan, ni sustituye a la licencia (art. 22.6). Finalizada la actividad, el titular debe solicitar la cancelación en el plazo máximo de un mes.

En cuanto al control público, el plan debe acompañar a la solicitud de licencia o autorización (art. 13). Los órganos licenciadores pueden obligar a los titulares de actividades en un mismo edificio a elaborar un plan conjunto, concediéndoles un plazo máximo de cuatro años (art. 15.2.c). Las administraciones también pueden obligar a titulares de actividades peligrosas no incluidas en el Anexo I, con un plazo no superior a cuatro años, y en caso de exigencia de oficio por especial riesgo o vulnerabilidad, el plazo para elaborar e implantar el plan no puede ser superior a un año. El régimen sancionador remite al DL 1/2017. El Anexo V del Decreto recoge definiciones precisas de: autoprotección, plan de autoprotección, plan de actuación en emergencias, planificación, intervención, medios, recursos, alarma, alerta, evacuación, confinamiento, simulacro y ejercicio, entre otros.

Datos clave

• Art. 18.3: el Registro tiene dos secciones — planes de autoprotección y dispositivos de riesgos previsibles
• Art. 19.1: el Registro no es público; acceden solo los titulares (sus datos) y los servicios del SVAE
• Art. 22.5: plazo máximo de resolución = 1 mes; silencio = estimación (silencio positivo)
• Art. 22.6: la inscripción es declarativa, no valida el plan ni sustituye a la licencia
• Art. 24.1: solicitud de cancelación en el plazo máximo de 1 mes desde el cese de la actividad
• Art. 15.2.c: plazo máximo de 4 años para implantar un plan conjunto en el mismo edificio
• Art. 17: régimen sancionador = DL 1/2017 (Texto Refundido Ley de Gestión de Emergencias)