Norma Foral 11/1989 Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa

La Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, es la norma marco que regula las haciendas locales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Su origen está vinculado al sistema de Concierto Económico vasco, que atribuye a las Diputaciones Forales y a los municipios vascos potestades tributarias propias diferenciadas del régimen común estatal.

El ámbito subjetivo de la Norma Foral es triple: se aplica a los Municipios, a las Entidades Supramunicipales y a las demás Entidades de ámbito inferior al municipio. Todos ellos deben estar situados dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa. La aplicación se realiza sin perjuicio de los Tratados y Convenios Internacionales que puedan resultar de aplicación.

Esta delimitación territorial y subjetiva es relevante porque distingue el régimen foral guipuzcoano del régimen común de haciendas locales aplicable en el resto del Estado (Ley 7/1985 y legislación estatal). En Gipuzkoa, la referencia normativa es esta Norma Foral, no la normativa estatal equivalente.

Datos clave

• Art. 1: aplicación a Municipios, Entidades Supramunicipales y Entidades de ámbito inferior al municipio de Gipuzkoa.
• Límite territorial: Territorio Histórico de Gipuzkoa.
• Cláusula de salvaguarda: «sin perjuicio de los Tratados y Convenios Internacionales».
• Norma Foral aprobada: 5 de julio de 1989; publicada en el BOG (Boletín Oficial de Gipuzkoa).

El Capítulo I del Título II establece el catálogo exhaustivo de recursos que integran la Hacienda de los municipios guipuzcoanos. Se trata de un elenco cerrado y ordenado que clasifica todos los ingresos posibles, tanto tributarios como no tributarios, diferenciando su naturaleza jurídica.

Los recursos se ordenan en ocho categorías: (a) ingresos de Derecho privado procedentes del patrimonio municipal; (b) tributos propios, que comprenden impuestos, tasas y contribuciones especiales; (c) participaciones en tributos concertados, no concertados y demás ingresos públicos; (d) subvenciones; (e) precios públicos; (f) operaciones de crédito; (g) multas y sanciones en el ámbito de sus competencias; y (h) demás prestaciones de Derecho público.

Esta clasificación es la base sobre la que se estructura todo el Título II: los capítulos siguientes desarrollan cada uno de estos recursos. La lógica del sistema distingue dos grandes bloques: los recursos de Derecho público (tributos, precios públicos, sanciones) y los recursos de Derecho privado (rendimientos patrimoniales, herencias, legados o donaciones).

El apartado 2 del art. 2 atribuye a las Haciendas Municipales las mismas facultades y prerrogativas que corresponden a la Hacienda Foral de Gipuzkoa para la cobranza de tributos e ingresos de Derecho público, actuando conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Datos clave

• Art. 2.1: ocho categorías de recursos (letras a a h).
• Tributos propios (letra b): impuestos + tasas + contribuciones especiales.
• Precios públicos (letra e): recurso distinto y separado de las tasas.
• Operaciones de crédito (letra f): endeudamiento municipal.
• Art. 2.2: las Haciendas Municipales tienen las mismas prerrogativas recaudatorias que la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

Los ingresos de Derecho privado constituyen uno de los bloques de recursos no tributarios de los municipios guipuzcoanos. El Capítulo II los regula en tres artículos que delimitan qué se considera ingreso de Derecho privado, cómo se ejecuta su cobro y con qué restricciones pueden destinarse.

El art. 3 define estos ingresos como los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados del patrimonio municipal, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. A efectos de este capítulo, se entiende por patrimonio municipal el conjunto de bienes en propiedad del municipio y los derechos reales o personales de los que sea titular, siempre que no estén afectos al uso o servicio público. Quedan expresamente excluidos de esta categoría los ingresos que procedan de bienes de dominio público, aunque fueran de titularidad municipal: éstos nunca tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado.

El art. 4 establece el régimen procedimental: la efectividad de estos derechos se lleva a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho privado, lo que los distingue de los ingresos de Derecho público que se recaudan con prerrogativas administrativas (apremio, embargo, etc.).

El art. 5 introduce una restricción relevante en cuanto al destino de estos fondos: los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes patrimoniales no pueden destinarse a financiar gastos corrientes. La única excepción la constituyen las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o los efectos no utilizables en servicios municipales, supuestos en los que sí puede acudirse al gasto corriente.

Datos clave

• Art. 3.1: ingresos de Derecho privado = rendimientos del patrimonio + herencias/legados/donaciones.
• Art. 3.2: patrimonio municipal = bienes propios + derechos reales o personales NO afectos a uso o servicio público.
• Art. 3.3: los bienes de dominio público NUNCA generan ingresos de Derecho privado.
• Art. 4: cobro mediante normas y procedimientos de Derecho privado (no apremio administrativo).
• Art. 5: prohibición de financiar gastos corrientes con ingresos de enajenación/gravamen de bienes patrimoniales.
• Excepción al art. 5: parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y efectos no utilizables en servicios municipales.