Tema 18: Aspectos legales de la intervención: Responsabilidades, deberes y derechos (Manual del Bombero, volumen 5.3).
Practica este tema con tests de Bombero/a-Conductor/a · Bomberos Forales de Álava · Convocatoria 2018 (turno libre): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Constitución Española
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias
- Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco
- Ley 12/2023, de 23 de noviembre, de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento
Constitución Española · Art. 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Datos clave
- ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
- ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
- Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 1
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.
A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Datos clave
- ¿Puede el personal compatibilizar sus actividades con un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público? → No, salvo en los supuestos previstos en la propia Ley.
- ¿Puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas? → No, salvo en los supuestos previstos en la Ley.
- ¿Con qué es incompatible en cualquier caso el desempeño del puesto? → Con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios de la incompatibilidad: un solo puesto en el sector público, una sola remuneración pública y ninguna actividad que comprometa deberes, imparcialidad o independencia; salvo los supuestos de la Ley.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 5
1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:
a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.
Datos clave
- ¿Con qué cargos electivos puede compatibilizarse, por excepción, la actividad? → Con el de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y el de miembro de las Corporaciones locales.
- ¿Cuándo no cabe la compatibilidad como miembro de una Corporación local? → Cuando se desempeñen en ella cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
- ¿Cuándo no cabe como miembro de una Asamblea Legislativa autonómica? → Cuando se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o por las mismas se establezca la incompatibilidad.
- ¿Cuántas retribuciones pueden percibirse en estos supuestos? → Solo la de una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por excepción, el empleado público puede ser a la vez miembro de una Asamblea Legislativa autonómica o de una Corporación local, con límites, y cobrando solo la retribución de una de las dos actividades.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 11
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
Datos clave
- ¿Qué actividades privadas no puede ejercer el personal? → Las que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
- ¿Qué actividades se exceptúan de esa prohibición? → Las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohibición de actividades privadas relacionadas directamente con las del destino del empleado, con la excepción de las que realice para sí el interesado, y habilitación al Gobierno para fijar incompatibilidades por Real Decreto.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 14
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.
Datos clave
- ¿Qué requiere el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas? → El previo reconocimiento de compatibilidad.
- ¿En qué plazo se dicta la resolución que reconoce la compatibilidad o declara la incompatibilidad? → En el plazo de dos meses.
- ¿A quién corresponde esa resolución en la Corporación Local? → Al Pleno de la Corporación Local.
- ¿Pueden los reconocimientos de compatibilidad modificar la jornada y el horario? → No, y quedan automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las actividades privadas fuera de la Administración exigen reconocimiento previo de compatibilidad, resuelto en dos meses; no altera jornada ni horario y decae al cambiar de puesto público.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 19
Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:
a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.
c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
Datos clave
- ¿Qué límite tienen los cursos o conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios para quedar exceptuados? → No tener carácter permanente o habitual ni suponer más de setenta y cinco horas al año.
- ¿Está exceptuada la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas? → Sí, queda exceptuada del régimen de incompatibilidades.
- ¿Qué participación en medios de comunicación está exceptuada? → La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
- ¿Está exceptuada la administración del patrimonio personal o familiar? → Sí, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocho actividades quedan fuera del régimen de incompatibilidades: patrimonio propio, docencia ocasional limitada, tribunales de oposición, evaluaciones docentes, mutualidades sin retribución, creación, medios y congresos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 7
1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Por qué instrumento normativo deben determinarse las competencias propias de los Municipios? → Solo por Ley.
- ¿Qué dos informes previos son necesarios y vinculantes para ejercer competencias distintas de las propias y delegadas? → El de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y el de la Administración con la tutela financiera (sostenibilidad financiera).
- Las competencias de las Entidades Locales son propias (determinadas solo por Ley) o atribuidas por delegación del Estado y las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias locales propias (solo por Ley) o delegadas, y requisitos estrictos para ejercer otras distintas: sin riesgo para la sostenibilidad financiera, sin duplicidad y con dos informes previos vinculantes.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 25
Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.
q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
6. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.
Datos clave
- El municipio ejerce como competencia propia la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- También son competencias propias municipales la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables y el impulso de la transición energética.
- Las competencias municipales en estas materias se determinarán por Ley, evaluando la conveniencia de los servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
- La Ley deberá ir acompañada de una memoria económica y prever los recursos necesarios sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
- La Ley garantizará que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia municipal propia a otra Administración Pública.
- Antes de atribuir competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá ponderarse específicamente la capacidad de gestión de la entidad local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de materias en las que el municipio ejerce competencias propias «en todo caso», de la a) a la q), y las condiciones que debe cumplir la ley que se las atribuye: memoria económica, sin duplicidades y ponderando antes su capacidad de gestión.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.
Datos clave
- ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de biblioteca pública? → Más de 5.000 habitantes.
- ¿A partir de qué población son obligatorios protección civil y prevención y extinción de incendios? → Más de 20.000 habitantes.
- ¿Qué órgano coordina ciertos servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes? → La Diputación provincial o entidad equivalente.
- ¿Qué sentencia declaró inconstitucionales varios incisos del apartado 2 del art. 26? → La STC 111/2016, de 9 de junio.
- Cuatro tramos de población, siempre sumando servicios: todos los municipios (8 servicios) → 5.000 hab. (+3) → 20.000 hab. (+4) → 50.000 hab. (+2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los servicios mínimos obligatorios del municipio crecen por tramos de población: todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes. En los de menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 3
Ambito de aplicación. 1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: –Policía, seguridad y resguardo aduanero. –Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. –Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 4. (Suprimido).
Datos clave
- ¿Qué tres ámbitos excluye el art. 3.2? → Policía/seguridad/aduanas, protección civil operativa y FFAA/actividad militar Guardia Civil.
- ¿Aplica la Ley en centros militares? → Sí, con las particularidades de su normativa específica (art. 3.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de Prevención se aplica a laborales, funcionarios y estatutarios y a socios trabajadores de cooperativas; solo se aparta en ciertas actividades de policía, protección civil y Fuerzas Armadas cuyas particularidades lo impidan.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 14
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Datos clave
- ¿Sobre quién recae el coste de las medidas preventivas? → Nunca sobre el trabajador (art. 14.5).
- ¿Delegar la prevención exime al empresario de su deber? → No, sigue respondiendo del cumplimiento (art. 14.4).
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Derecho del trabajador a una protección eficaz y deber correlativo del empresario: garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos del trabajo, sin que delegar le exima y sin que el coste recaiga en los trabajadores.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 17
Equipos de trabajo y medios de protección. 1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Datos clave
- ¿Cuándo son obligatorios los equipos de protección individual según el art. 17.2? → Cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por protección colectiva o por medidas de organización del trabajo.
- ¿A quién se reserva la reparación o mantenimiento de un equipo de trabajo con riesgo específico? → A los trabajadores específicamente capacitados para ello.
- Orden jerárquico para no fallar: primero protección colectiva/organización del trabajo, y solo si no basta, EPI.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los equipos de trabajo deben ser adecuados y seguros; si tienen riesgo específico, su uso y reparación se reservan. Los EPI se usan cuando el riesgo no se evita ni limita bastante por protección colectiva u organización.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 29
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
Datos clave
- ¿Qué obligación tiene el trabajador respecto a los dispositivos de seguridad? → No ponerlos fuera de funcionamiento y utilizarlos correctamente (art. 29.2.3º).
- ¿Qué consecuencia tiene incumplir las obligaciones preventivas del trabajador? → Incumplimiento laboral (art. 58.1 ET) o falta disciplinaria (art. 29.3).
- ¿A quién debe informar el trabajador de un riesgo que detecte? → A su superior jerárquico directo y a los encargados de prevención (art. 29.2.4º).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada trabajador debe velar por su seguridad y la de los demás, con seis obligaciones concretas; su incumplimiento es incumplimiento laboral o falta disciplinaria, también para los socios trabajadores de cooperativas.
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Código Penal · Art. 11
Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.
Datos clave
- ¿Cuándo se equipara la omisión a la acción según el art. 11 CP? → Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico mediante una acción u omisión precedente.
- ¿A qué clase de delitos se aplica la comisión por omisión del art. 11? → A los que consistan en la producción de un resultado.
- Solo dos letras, a) y b): obligación legal o contractual de actuar, o riesgo creado por una acción u omisión precedente.
- La palabra bisagra del artículo es equivalga: sin equivalencia con la causación no hay comisión por omisión, aunque haya deber.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comisión por omisión: en los delitos de resultado, no evitarlo equivale a causarlo cuando se infringe un especial deber jurídico, en dos supuestos tasados.
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Código Penal · Art. 20
Están exentos de responsabilidad criminal: 1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. 2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes: Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 6.º El que obre impulsado por miedo insuperable. 7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.
Datos clave
- ¿Cuáles son los tres requisitos de la legítima defensa? → Agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del defensor.
- ¿Cuáles son los tres requisitos del estado de necesidad? → Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto; y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
- ¿En qué supuestos del art. 20 se aplican, en su caso, medidas de seguridad? → En los de los tres primeros números.
- ¿Qué se reputa agresión ilegítima en la defensa de la morada o sus dependencias? → La entrada indebida en aquélla o éstas.
- Son siete números, del 1.º al 7.º. Bloque de inimputabilidad: 1, 2 y 3, y son exactamente esos tres los que pueden llevar medidas de seguridad.
- Requisitos de la legítima defensa, tres y en este orden: AGRESIÓN ilegítima, NECESIDAD racional del medio, NO PROVOCACIÓN suficiente.
- En el 4.º hay dos definiciones especiales de agresión ilegítima: bienes (ataque que sea delito con peligro grave e inminente) y morada (entrada indebida).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete causas que eximen de responsabilidad criminal. Las tres primeras (anomalía psíquica, intoxicación o abstinencia, alteraciones de la percepción) pueden llevar medidas de seguridad; legítima defensa y estado de necesidad exigen tres requisitos cada una.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 195
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.70 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Delito de omisión del deber de socorro: no socorrer a persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.
- Pena básica: multa de tres a doce meses.
- Misma pena para quien, impedido de socorrer, no demanda con urgencia auxilio ajeno.
- Si la víctima lo es por accidente fortuito causado por quien omite el auxilio: prisión de seis a dieciocho meses.
- Si el accidente se debe a imprudencia de quien omite el auxilio: prisión de seis meses a cuatro años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Omisión del deber de socorro: no socorrer a quien está desamparado y en peligro manifiesto y grave, pudiendo hacerlo sin riesgo, se castiga con multa; si el omitente causó el accidente de la víctima, la pena es de prisión.
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Código Penal · Art. 197
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. 3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior. 4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando: a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior. 5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior. 6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años. 7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Se impondrá la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales a las que se refiere el párrafo anterior las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada. En los supuestos de los párrafos anteriores, la pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.
Datos clave
- ¿Pena de apoderarse de correos o papeles ajenos para descubrir secretos? → Prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses (art. 197.1).
- ¿Pena de difundir a terceros los datos descubiertos? → Prisión de 2 a 5 años (art. 197.3).
- ¿Cuándo se aplica la mitad superior de la pena? → Si los datos revelan ideología, religión, salud o vida sexual, o la víctima es menor (art. 197.5).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Descubrimiento y revelación de secretos: apoderamiento e interceptación, acceso a datos reservados, difusión, agravaciones por responsables de ficheros, datos sensibles, menores y lucro, y difusión de imágenes íntimas.
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Código Penal · Art. 199
1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
Datos clave
- ¿Pena del que revela secretos ajenos conocidos por razón de su oficio o relaciones laborales? → Prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
- ¿Pena del profesional que divulga secretos incumpliendo su obligación de sigilo o reserva? → Prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
- La multa del apartado 2 es exactamente el doble que la del 1 (6-12 → 12-24 meses) y la prisión sube un año en el máximo (3 → 4).
- Tres penas en el apartado 2 frente a dos en el apartado 1: prisión, multa e inhabilitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Castiga la revelación de secretos ajenos conocidos por razón del oficio o de relaciones laborales y, con más pena e inhabilitación especial, al profesional que divulga secretos incumpliendo su deber de sigilo o reserva.
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Código Penal · Art. 202
1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
Datos clave
- ¿Pena del allanamiento de morada del art. 202.1? → Prisión de seis meses a dos años.
- ¿Pena si el allanamiento de morada se ejecuta con violencia o intimidación? → Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
- Solo el tipo agravado lleva multa: el básico es prisión a secas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Allanamiento de morada: el particular que, sin habitar en ella, entra en morada ajena o se mantiene en ella contra la voluntad del morador; la pena sube y se añade multa si hay violencia o intimidación.
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Código Penal · Art. 203
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. 2. Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.
Datos clave
- ¿Pena del que se mantiene, fuera de las horas de apertura, en una oficina contra la voluntad de su titular? → Multa de uno a tres meses (art. 203.2).
- ¿Pena del art. 203.3, con violencia o intimidación? → Prisión de seis meses a tres años.
- Escala de menor a mayor: mantenerse (multa 1-3 meses) < entrar (prisión 6 meses-1 año + multa 6-10 meses) < con violencia (prisión 6 meses-3 años).
- La lista de lugares es siempre la misma en los tres apartados: domicilio de persona jurídica · despacho profesional u oficina · establecimiento mercantil o local abierto al público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Allanamiento de domicilio de persona jurídica, despacho, oficina o establecimiento: entrar fuera de horas, mantenerse fuera de horas y entrar o mantenerse con violencia, con tres penas escalonadas.
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Código Penal · Art. 263
1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño. Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses. 2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes: 1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales. 2.º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado. 3.º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. 4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. 5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica. 6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.
Datos clave
- ¿Qué multa corresponde al daño básico del art. 263.1? → De 6 a 24 meses, según la condición económica de la víctima y la cuantía.
- ¿Qué pena tiene el daño si concurre alguna de las circunstancias del apartado 2? → Prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delito de daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos: multa graduada según la víctima y el daño, multa reducida hasta 400 euros y prisión con multa si concurre alguno de seis supuestos agravados.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 348
1. Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a doce años. Las mismas penas se impondrán a quien, de forma ilegal, produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras del ozono.
2. Los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan causar estragos que, contraviniendo la normativa en materia de explosivos, hayan facilitado su efectiva pérdida o sustracción serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a doce años.
3. En los supuestos recogidos en los apartados anteriores, cuando de los hechos fuera responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que, acreditado el perjuicio producido, su importe fuera mayor, en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho perjuicio.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando se trate de los directores, administradores o encargados de la sociedad, empresa, organización o explotación.
4. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años los responsables de las fábricas, talleres, medios de transporte, depósitos y demás establecimientos relativos a explosivos que puedan causar estragos, cuando incurran en alguna o algunas de las siguientes conductas:
a) Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración en materia de seguridad de explosivos.
b) Falsear u ocultar a la Administración información relevante sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias relativas a explosivos.
c) Desobedecer las órdenes expresas de la Administración encaminadas a subsanar las anomalías graves detectadas en materia de seguridad de explosivos.
Se modifica los apartados 1 y 3 por el art. único.103 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.2 de la Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2005-16825
Datos clave
- Pena base (apartado 1): prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de seis a doce años.
- Las mismas penas se aplican a quien produzca, importe, exporte, comercialice o utilice ilegalmente sustancias destructoras del ozono.
- Facilitar la pérdida o sustracción de explosivos por los responsables de su vigilancia y control: mismas penas que el apartado 1.
- Persona jurídica responsable: multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio si este es mayor.
- Conductas del apartado 4 (obstaculizar la inspección, falsear información, desobedecer órdenes de subsanación): prisión de seis meses a un año, multa de seis a doce meses e inhabilitación de tres a seis años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Castiga contravenir las normas de seguridad con explosivos y otras materias capaces de causar estragos, facilitar la pérdida de explosivos y las infracciones de los responsables de establecimientos de explosivos; fija la pena de la persona jurídica.
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Código Penal · Art. 351
Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho. Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.
Datos clave
- ¿Qué pena prevé el art. 351? → Prisión de diez a veinte años, con posibilidad de imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro y las demás circunstancias.
- ¿Y si el incendio no comporta peligro para la vida o integridad física? → Los hechos se castigan como daños previstos en el artículo 266.
- Marco fácil de fijar: 10 a 20 años. Y una salida: sin peligro para personas, art. 266.
- Dos palancas para bajar un grado, y las dos juntas: la menor entidad del peligro y las demás circunstancias del hecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas: prisión de diez a veinte años, que el juez puede rebajar un grado; sin ese peligro, los hechos se castigan como daños del artículo 266.
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Código Penal · Art. 357
El incendiario de bienes propios será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a terceros, hubiere causado defraudación o perjuicio, existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno o hubiere perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales.
Datos clave
- ¿Qué pena prevé el artículo 357 para el incendiario de bienes propios? → Prisión de uno a cuatro años.
- Cita dos circunstancias que hacen punible el incendio de bienes propios → El propósito de defraudar o perjudicar a terceros y el peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno (también haber causado defraudación o perjuicio, o haber perjudicado gravemente la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales).
- Cuatro circunstancias en dos bloques de dos: dinero (propósito de defraudar / defraudación causada) y entorno (peligro de propagación / daño grave al medio natural).
- Pena única y sin tramos: prisión de uno a cuatro años, sin multa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quemar lo propio no es delito por sí solo: solo se castiga con prisión cuando concurre alguna de las cuatro circunstancias que enumera el artículo (defraudación, perjuicio, peligro de propagación o daño al medio natural).
Esquema
| Dinero | Entorno | |
|---|---|---|
| Intención o peligro | Propósito de defraudar o perjudicar a terceros | Peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno |
| Resultado | Haber causado defraudación o perjuicio | Perjuicio grave a vida silvestre, bosques o espacios naturales |
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Código Penal · Art. 358
El que por imprudencia grave provocare alguno de los delitos de incendio penados en las secciones anteriores, será castigado con la pena inferior en grado, a las respectivamente previstas para cada supuesto.
Datos clave
- ¿Cómo se castiga el que por imprudencia grave provoca un delito de incendio? → Con la pena inferior en grado a las respectivamente previstas para cada supuesto.
- ¿Qué clase de imprudencia exige el artículo 358? → Imprudencia grave.
- Palabra clave doble: grave (tipo de imprudencia) e inferior en grado (consecuencia). Con esas dos se responde el artículo entero.
- «Respectivamente previstas para cada supuesto» significa que la pena depende del artículo de incendios que se haya realizado: no hay una única pena.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien por imprudencia grave provoca alguno de los delitos de incendio de las secciones anteriores se castiga con la pena inferior en grado a la prevista para cada supuesto.
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Código Penal · Art. 379
1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
Datos clave
- ¿Qué excesos de velocidad son delito según el artículo 379.1? → Superar en 60 km/h la velocidad permitida en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana.
- ¿Qué tasas de alcohol condenan en todo caso? → Más de 0,60 miligramos por litro en aire espirado o más de 1,2 gramos por litro en sangre.
- ¿Qué duración tiene la privación del derecho a conducir del artículo 379? → Por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
- Velocidades 60/80 (urbana/interurbana) y tasas 0,60/1,2 (aire/sangre): el 60 aparece dos veces, una en km/h y otra en centésimas de miligramo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos delitos con las mismas penas: el exceso grave de velocidad (más de 60 km/h en vía urbana o de 80 km/h en interurbana sobre lo permitido) y conducir bajo la influencia de drogas o alcohol, con tasas que condenan en todo caso.
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Código Penal · Art. 380
1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.
Datos clave
- ¿Qué pena de prisión impone el artículo 380? → Prisión de seis meses a dos años, más privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta seis años.
- ¿Cuándo se reputa manifiestamente temeraria la conducción? → Cuando concurren las circunstancias del apartado primero y las del inciso segundo del apartado segundo del artículo 379.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Conducción temeraria: conducir con temeridad manifiesta y poner en concreto peligro la vida o integridad de las personas, con prisión y privación del derecho a conducir; la temeridad se presume en ciertos casos del art. 379.
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Código Penal · Art. 383
El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
Datos clave
- ¿Qué pena tiene la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas? → Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
- Negarse sale peor que soplar y dar positivo: en el 383 la prisión es única (6 meses a 1 año), mientras en el 379 la prisión es solo una de tres opciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Negarse, tras el requerimiento de un agente de la autoridad, a las pruebas de alcoholemia y drogas se castiga con prisión de seis meses a un año y privación del permiso por más de uno y hasta cuatro años.
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Código Penal · Art. 385
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. 2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.
Datos clave
- ¿Qué penas prevé el artículo 385? → Prisión de seis meses a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.
- ¿Cuáles son las dos formas de originar un grave riesgo para la circulación? → Colocar obstáculos imprevisibles, derramar sustancias deslizantes o inflamables, mutar, sustraer o anular la señalización o cualquier otro medio; y no restablecer la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo.
- Trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días: es la horquilla más corta del bloque de seguridad vial, frente a los 31-90 días del 379 y el 384.
- Tres verbos para la señalización: mutar, sustraer, anular.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Castiga a quien origina un grave riesgo para la circulación colocando obstáculos, derramando sustancias, alterando la señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo la seguridad de la vía cuando debía hacerlo.
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Código Penal · Art. 409
A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.
Datos clave
- ¿Pena de quien promueve, dirige u organiza el abandono colectivo de un servicio público? → Multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.
- ¿Cuándo responde el que meramente toma parte en el abandono colectivo? → Cuando se trata de un servicio público esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad; pena de multa de ocho a doce meses.
- La multa es la misma para los dos: ocho a doce meses. Lo que cambia es la suspensión y los requisitos de la conducta.
- Tres verbos del promotor: promover, dirigir, organizar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abandono colectivo de un servicio público por autoridades o funcionarios: los promotores, directores u organizadores reciben multa y suspensión; los que solo toman parte, multa, y únicamente si es un servicio esencial con grave perjuicio.
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Código Penal · Art. 412
1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años. 3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Datos clave
- ¿Qué pena lleva denegar auxilio a la Administración de Justicia (art. 412.1)? → Multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años.
- ¿Qué pena lleva denegar auxilio a un particular para evitar un delito contra la vida (art. 412.3)? → Multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial de 3 a 6 años.
- ¿Qué agrava la pena del art. 412.2 frente al art. 412.1? → Que el requerido sea autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública, o agente de la autoridad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Denegación de auxilio: tres escalas de pena según quién deniega el auxilio, a quién y para qué; la más grave, negarse a auxiliar a un particular para evitar un delito contra la vida.
Esquema
| Delito a evitar | Multa | Otra pena | |
|---|---|---|---|
| a) | Contra la vida | Dieciocho a veinticuatro meses | Inhabilitación especial de tres a seis años |
| b) | Integridad, libertad sexual, salud o libertad | Doce a dieciocho meses | Suspensión de uno a tres años |
| c) | Cualquier otro delito u otro mal | Tres a doce meses | Suspensión de seis meses a dos años |
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Código Penal · Art. 417
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Datos clave
- ¿Pena del tipo básico de revelación de secretos del 417.1? → Multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.
- ¿Pena si el secreto revelado es de un particular (417.2)? → Prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
- La multa 12-18 meses aparece en el tipo básico y en el apartado 2; lo que cambia entre ellos es la prisión y que el 2 añade suspensión.
- Escalera de inhabilitación: 1-3 en el básico, 3-5 si hay grave daño.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Revelación de secretos por autoridad o funcionario: tipo básico con multa e inhabilitación, agravado con prisión si hay grave daño, y pena propia si el secreto es de un particular.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 32
Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Datos clave
- ¿Qué dos supuestos excluyen la indemnización pese al funcionamiento del servicio público? → La fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- ¿Cómo debe ser el daño alegado? → Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- ¿Qué requisito procesal común piden los apartados 4 y 5? → Sentencia firme desestimatoria, en cualquier instancia, de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada.
- ¿Quién fija el importe de la indemnización por funcionamiento anormal declarado por el Tribunal Constitucional? → El Consejo de Ministros; tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado.
- Las dos excepciones del apartado 1 son solo dos: fuerza mayor y deber jurídico de soportar. Caso fortuito no aparece.
- El daño: Efectivo, Evaluable económicamente e Individualizado. Tres adjetivos, ni uno más.
- Amparo y cuestión de inconstitucionalidad: fija el Consejo de Ministros, tramita Justicia, oye el Consejo de Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios de la responsabilidad patrimonial: derecho a indemnización por funcionamiento normal o anormal salvo fuerza mayor o deber de soportar, requisitos del daño, responsabilidad del Estado legislador y supuestos especiales.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 33
Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Datos clave
- ¿Cómo responden las Administraciones cuando el daño viene de una fórmula conjunta de actuación? → Solidariamente frente al particular, en todo caso.
- En defecto de estatutos, ¿qué Administración es competente para instruir el expediente de responsabilidad concurrente? → La que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
- ¿Cuántos días tienen las demás Administraciones para pronunciarse en un expediente de responsabilidad patrimonial concurrente? → Quince días.
- Dos supuestos, dos lógicas: fórmula conjunta = solidaria siempre; concurrencia suelta = solidaria solo si no hay forma de repartir.
- Quince días para que las demás Administraciones se pronuncien en responsabilidad patrimonial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad cuando varias Administraciones causan un daño: en fórmulas conjuntas, solidaria siempre frente al particular; en otras concurrencias, reparto por criterios y solidaria solo si no puede repartirse. Quién tramita y consulta de quince días.
Esquema
| Fórmula conjunta | Otra concurrencia | |
|---|---|---|
| Frente al particular | Solidaria en todo caso | Por competencia, interés público e intensidad |
| Solidaridad | Siempre | Solo si no es posible determinar el reparto |
| Distribución | Podrá fijarla el instrumento regulador | La fijan los criterios legales |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 34
Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Datos clave
- ¿Qué daños no son indemnizables aunque exista lesión? → Los que no se pudieron prever ni evitar según el estado de la ciencia o la técnica en el momento en que se produjeron.
- ¿Con qué índice se actualiza la cuantía de la indemnización? → Con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), fijado por el INE.
- Si la responsabilidad deriva de una ley declarada inconstitucional, ¿qué daños son indemnizables? → Los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.
- Riesgos del progreso: si la ciencia o la técnica de entonces no podía preverlo, no se indemniza.
- Se actualiza con el IGC (Índice de Garantía de la Competitividad), no con el IPC: trampa clásica de examen.
- Plazo especial de 5 años cuando la responsabilidad nace de una ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué daños se indemnizan y cómo se calcula la indemnización: excluidos los riesgos imprevisibles según la ciencia o la técnica, cinco años para leyes inconstitucionales o contrarias a la UE, valoración, IGC e indemnización en especie.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Datos clave
- ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
- ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
- ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
- Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
- Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El particular reclama siempre a la Administración; esta, tras indemnizar, exige de oficio a su personal la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves mediante un procedimiento con plazos tasados.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 8
Concepto y clases de empleados públicos. 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual.
Datos clave
- ¿Cuáles son las cuatro clases de empleados públicos del art. 8 TREBEP? → Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- Son 4 letras, de la a) a la d): carrera, interino, laboral, eventual. Si en un test aparece una quinta opción rara, es la incorrecta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Empleado público es quien desempeña funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Hay cuatro clases: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 14
Derechos individuales. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral. i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. p) A la libre asociación profesional. q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Datos clave
- ¿Qué derecho recoge la letra a) del art. 14? → La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
- ¿Qué añade la letra j bis) del art. 14? → El derecho a la intimidad digital, frente a videovigilancia/geolocalización, y a la desconexión digital
- ¿Qué letra del art. 14 recoge la defensa jurídica del empleado público? → La letra f)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos individuales del empleado público, de la letra a) a la q) con una j bis): inamovilidad del funcionario de carrera, carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación, igualdad, conciliación, intimidad digital, vacaciones, jubilación y otros.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 15
Derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.
Datos clave
- ¿Qué debe garantizarse al ejercer el derecho de huelga según el art. 15? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- ¿A qué otro artículo del Estatuto remite el derecho de reunión del art. 15? → Al artículo 46.
- Cinco derechos, de la a) a la e). El de reunión es el único que remite a otro artículo (el 46), así que suele ser el que preguntan para comprobar si conoces la remisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco derechos individuales que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva y participación, huelga con servicios esenciales garantizados, conflictos colectivos y reunión, esta en los términos del art. 46.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 52
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Datos clave
- ¿Cuántos principios éticos y de conducta enumera el art. 52 del TREBEP? → Quince.
- ¿Qué función cumplen los principios del Código de Conducta según el propio artículo? → Informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
- Cuenta los principios: son quince, no diez ni veinte. Empiezan en 'objetividad' y terminan en 'igualdad entre mujeres y hombres'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales conforme a la Constitución, con quince principios que inspiran el Código de Conducta y que informan el régimen disciplinario.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 53
Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer ante un asunto con interés personal (art. 53.5)? → Abstenerse
- ¿Pueden aceptar tratos de favor de entidades privadas? → No, en ningún caso (art. 53.7)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Doce principios éticos del empleado público: respeto al ordenamiento, imparcialidad, lealtad, no discriminación, abstención, evitar conflictos de intereses, rechazar privilegios, diligencia, neutralidad y secreto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 54
Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer ante una orden que sea infracción manifiesta del ordenamiento (art. 54.3)? → No obedecerla y ponerla en conocimiento de los órganos de inspección
- ¿En qué lengua deben atender al ciudadano (art. 54.11)? → En la lengua oficial del territorio que el ciudadano solicite
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Once principios de conducta del empleado público: trato respetuoso, diligencia y horario, obediencia salvo infracción manifiesta, información al ciudadano, austeridad, rechazo de regalos, formación y atención en lengua oficial.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 93
Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.
Datos clave
- ¿Qué responsabilidad tiene quien induce a otro a cometer una falta disciplinaria? → La misma responsabilidad que el inducido.
- ¿Qué faltas encubiertas generan responsabilidad y con qué requisito? → Las consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
- ¿Qué norma rige el régimen disciplinario del personal laboral en lo no previsto en el título? → La legislación laboral.
- Inductor = mismo castigo, sin condiciones. Encubridor = solo muy graves/graves consumadas y con daño grave.
- Las faltas leves nunca generan responsabilidad del encubridor: el texto solo cita muy graves y graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funcionarios y laborales están sujetos al régimen disciplinario del título. El inductor responde igual que el autor; el encubridor, solo de faltas muy graves o graves consumadas con daño grave. Al laboral se le aplica supletoriamente la legislación laboral.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 94
Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
Datos clave
- ¿Qué se hace si de la instrucción resultan indicios fundados de criminalidad? → Se suspende la tramitación del procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
- Enumera los principios de ejercicio de la potestad disciplinaria del art. 94.2 → Legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo no favorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
- ¿Qué vincula a la Administración de las resoluciones judiciales firmes? → Los hechos declarados probados.
- Son cinco principios, de la a) a la e): le-i-p-c-p → legalidad/tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia.
- Retroactividad solo hacia lo favorable; irretroactividad, hacia lo no favorable.
- Dos palabras que se piden literales: indicios fundados de criminalidad y Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones corrigen las infracciones cometidas en el ejercicio de las funciones, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal, conforme a cinco principios; ante indicios de delito se suspende el expediente y se avisa al Fiscal.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 95
Faltas disciplinarias. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual. c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. o) El acoso laboral. p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.
Datos clave
- ¿Cómo se clasifican las faltas disciplinarias en el TREBEP? → Muy graves, graves y leves.
- ¿Qué tres circunstancias se atienden para establecer las faltas graves? → El grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños al interés público, patrimonio o bienes, y el descrédito para la imagen pública de la Administración.
- ¿Quién puede tipificar faltas graves? → La ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa autonómica y, para el personal laboral, los convenios colectivos.
- ¿Es falta muy grave el acoso laboral? → Sí, letra o) del artículo 95.2.
- Cuenta las muy graves: van de la a) a la p), con ñ incluida. La última, p), es la cláusula abierta de remisión a ley o convenio.
- Los tres criterios de las graves se memorizan como legalidad, daño y descrédito.
- Truco de descarte: si la pregunta dice que el TREBEP tipifica una falta grave concreta, es falsa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Faltas muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves, de la a) a la p); las graves las tipifica la ley o, para el laboral, el convenio según tres criterios; las leves, las leyes de Función Pública.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 96
Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. f) Apercibimiento. g) Cualquier otra que se establezca por ley. 2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
Datos clave
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme de funciones? → 6 años.
- ¿Qué comporta el despido disciplinario del personal laboral? → La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba.
- ¿En qué consiste la sanción de demérito? → En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- ¿Qué circunstancias determinan el alcance de cada sanción? → El grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación.
- La letra g) exige ley: ni reglamento ni convenio pueden crear sanciones nuevas por sí solos según este artículo.
- Cuatro criterios para el alcance: intención, daño, reincidencia y participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de sanciones: separación (funcionarios) y despido disciplinario (laborales) solo por faltas muy graves, suspensión firme hasta seis años, traslado forzoso, demérito, apercibimiento y las que fije una ley; con readmisión del laboral fijo si el despido es improcedente.
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Texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias (Decreto Legislativo 1/2017) · Art. 2. Principios
El conjunto de las administraciones públicas del País Vasco, en cumplimiento de los fines de esta ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizan la disponibilidad permanente de un sistema de gestión de emergencias integrado y compatible, para lo cual se someten en sus relaciones a los principios de coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional, adecuando sus actuaciones conforme a la complementariedad y subsidiariedad de medios y recursos movilizables, e integrabilidad, capacidad y suficiencia en la aplicación de los planes.
Datos clave
- ¿Qué garantizan las administraciones públicas del País Vasco? → La disponibilidad permanente de un sistema de gestión de emergencias integrado y compatible.
- ¿A qué principios se someten en sus relaciones? → A los de coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional.
- ¿Conforme a qué adecuan sus actuaciones? → A la complementariedad y subsidiariedad de medios y recursos movilizables, e integrabilidad, capacidad y suficiencia en la aplicación de los planes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las administraciones públicas vascas garantizan un sistema de gestión de emergencias permanente, integrado y compatible, rigiéndose por cuatro principios de relación y por criterios sobre medios y planes.
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Texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias (Decreto Legislativo 1/2017) · Art. 10. Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de sus competencias, correspondiéndole: a) Aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi y los planes especiales. b) Aprobar las disposiciones de carácter general que se elaboren en materia de protección civil. c) Fijar las directrices esenciales de la política de prevención y autoprotección.
Datos clave
- ¿Qué es el Gobierno Vasco en materia de protección civil? → El órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- ¿Qué planes aprueba el Gobierno Vasco? → El Plan de Protección Civil de Euskadi y los planes especiales.
- ¿Qué directrices fija el Gobierno Vasco? → Las directrices esenciales de la política de prevención y autoprotección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno Vasco es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil vasca. Le tocan tres funciones: aprobar los planes (el de Euskadi y los especiales), aprobar las disposiciones generales y fijar las directrices de prevención y autoprotección.
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Texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias (Decreto Legislativo 1/2017) · Art. 34. Movilización de recursos
1. El empleo de los recursos movilizables se hará de conformidad con lo que dispongan los planes aplicables o, en su defecto, según las instrucciones y órdenes de la autoridad o mando competente. 2. La movilización se adecuará a los principios de inmediatez en la respuesta, proximidad al lugar de la emergencia, disponibilidad de medios, profesionalización, especialización de los intervinientes, complementariedad de los medios y recursos y subsidiariedad.
Datos clave
- ¿Cómo se emplean los recursos movilizables? → Según lo que dispongan los planes aplicables o, en su defecto, según las instrucciones y órdenes de la autoridad o mando competente.
- ¿A qué principios se adecua la movilización? → Inmediatez en la respuesta, proximidad al lugar de la emergencia, disponibilidad de medios, profesionalización, especialización de los intervinientes, complementariedad de los medios y recursos y subsidiariedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los recursos movilizables se emplean según los planes aplicables o, en su defecto, por órdenes de la autoridad o mando competente, y su movilización sigue siete principios, desde la inmediatez hasta la subsidiariedad.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 171. Régimen de incompatibilidades
1. El personal empleado público vendrá obligado a observar estrictamente el régimen de incompatibilidades establecido en la legislación vigente, y las administraciones públicas vascas, a la exigencia de su cumplimiento. 2. El desempeño de cualquier actividad en el sector público o privado requerirá, en todo caso, la previa y expresa evaluación y, en su caso, la correspondiente autorización de compatibilidad, que únicamente se otorgará en los supuestos previstos en la vigente legislación y conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
Datos clave
- ¿Qué obligación tiene el personal empleado público respecto a las incompatibilidades? → Observar estrictamente el régimen de incompatibilidades establecido en la legislación vigente.
- ¿Qué requiere el desempeño de cualquier actividad en el sector público o privado? → La previa y expresa evaluación y, en su caso, la correspondiente autorización de compatibilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal empleado público debe observar estrictamente el régimen de incompatibilidades y las administraciones vascas, exigirlo; cualquier actividad pública o privada requiere evaluación previa y expresa y, en su caso, autorización de compatibilidad.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 174. Principios del régimen disciplinario
Los principios del régimen disciplinario serán los siguientes: a) Principio de legalidad y de tipicidad de faltas y sanciones: 1. El personal funcionario únicamente puede ser sancionado por las acciones u omisiones tipificadas como faltas en esta ley o en otras leyes. 2. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en los tipos de infracciones o sanciones establecidas en esta ley, sin alterar su naturaleza y límites. 3. Las normas definidoras de las infracciones y de las sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables a la persona presunta infractora. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia y derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. f) Principio de non bis in idem, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Datos clave
- ¿Por qué puede ser sancionado el personal funcionario? → Únicamente por las acciones u omisiones tipificadas como faltas en esta ley o en otras leyes.
- ¿Admiten aplicación analógica las normas que definen infracciones y sanciones? → No, no son susceptibles de aplicación analógica.
- ¿Qué dispone el principio de irretroactividad? → Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables a la persona presunta infractora.
- ¿Cuándo se aplica el principio non bis in idem? → Cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis principios rigen el régimen disciplinario: legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y non bis in idem.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 178. Faltas muy graves
Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto al ordenamiento jurídico vigente, en el ejercicio de funciones públicas.
b) Cualquier actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, así como el acoso moral, sexual o por razón de sexo.
d) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones del personal responsable o directivo referidas al desempeño del puesto de trabajo, cuando no sean constitutivas de falta grave.
e) Aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que se ofrezca en función de su condición de persona funcionaria y que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, cuando no sea constitutivo de falta grave y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
f) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo de las tareas o funciones que la persona empleada pública tiene encomendadas, siempre que esta circunstancia revista notoria gravedad.
g) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.
h) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
i) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
j) El incumplimiento del deber de guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones desempeñadas en el órgano al que se refiere el artículo 24 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, y en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, establecido en la legislación en materia de incompatibilidades de los cargos públicos.
k) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o de las funciones encomendadas.
l) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
m) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
n) La prevalencia de la condición de persona empleada pública para obtener un beneficio indebido para sí o para otra persona.
ñ) La obstaculización del ejercicio de libertades públicas y de derechos sindicales.
o) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga, así como la participación en huelgas de quienes lo tengan prohibido por ley.
p) La realización de actos limitativos de la libertad de expresión, de pensamiento, ideas y opiniones.
q) La comisión de una falta grave cuando en un período de un año hubiera sido objeto de sanción por otras dos faltas graves.
r) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
s) La incomparecencia injustificada a las comisiones de investigación del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales o, en su caso, de alguna de las cámaras de las Cortes Generales.
t) La falta injustificada de colaboración con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
u) El acoso laboral.
v) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, así como a impedir la asistencia al puesto de trabajo de quienes no quieran ejercer el derecho de huelga.
w) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuando se deriven riesgos o daños para el propio personal funcionario o terceras personas.
x) La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la normativa sobre contratos del sector público, cuando mediare, al menos, negligencia grave.
y) La realización dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro, de otro tipo de actividades personales o profesionales.
z) Causar daños muy graves por negligencia o mala fe en el patrimonio de la administración pública en la que desempeña sus funciones la persona empleada pública.
Aa) Causar daños graves para terceros, ya sean personas o bienes, por la inobservancia de medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Bb) Aquellas otras conductas que las leyes califiquen como falta muy grave.
Datos clave
- ¿Es falta muy grave la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior (letra m)? → Sí, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
- ¿Qué falta muy grave se refiere a la huelga (letra o)? → El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga, así como la participación en huelgas de quienes lo tengan prohibido por ley.
- ¿Cuándo es falta muy grave la comisión de una falta grave (letra q)? → Cuando en un período de un año se hubiera sido objeto de sanción por otras dos faltas graves.
- ¿Cuándo es falta muy grave incumplir las obligaciones de prevención de riesgos laborales (letra w)? → Cuando se deriven riesgos o daños para el propio personal funcionario o terceras personas.
- ¿Cuándo es falta muy grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades (letra r)? → Cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de faltas muy graves de la letra a) a la Bb): discriminación, acoso, desobediencia abierta, huelga, secretos, incompatibilidades, prevención de riesgos y reincidencia de faltas graves, entre otras.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 179. Faltas graves
Son faltas graves:
a) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones del personal responsable y/o directivo referidas al desempeño del puesto de trabajo, cuando no sean constitutivas de falta muy grave.
b) La falta grave de consideración, atención o respeto a la ciudadanía en su trato con el personal empleado público, así como no facilitar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus deberes.
c) Causar, por negligencia o mala fe, graves daños en los bienes y documentos de la Administración pública o adoptar conductas que no velen por su conservación.
d) Utilizar de forma reiterada indebidamente los medios, incluidos los telemáticos, que la Administración pública ha puesto a su disposición para el cumplimiento de las funciones propias del puesto de trabajo asignado.
e) Aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que se ofrezca en función de su condición de persona funcionaria y que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, cuando no sea constitutivo de falta muy grave y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
f) El incumplimiento del deber de discreción profesional y de reserva respecto de los asuntos que conozcan por razón del puesto de trabajo cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.
g) La tolerancia de las personas responsables de la unidad o del personal directivo público ante la comisión de faltas por el personal subordinado.
h) La emisión de informes y la formulación de propuestas manifiestamente ilegales, cuando causen perjuicio a la Administración o a la ciudadanía y no constituyan falta muy grave.
i) La falta grave de atención y respeto hacia el personal responsable, subordinado, directivo o hacia el resto de personal empleado público.
j) El incumplimiento de las disposiciones en materia de incompatibilidades, cuando no constituyan falta muy grave.
k) La falta de diligencia en el desempeño de sus tareas y la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
l) El abuso de autoridad en el ejercicio del puesto de trabajo.
m) La intervención en un procedimiento administrativo cuando existan causas de abstención legalmente establecidas, salvo que sea constitutivo de falta muy grave.
n) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que suponga un mínimo de diez horas al mes natural. A tal efecto, se entiende por mes natural el período comprendido desde el primer día hasta el último de cada uno de los doce meses que integran el año.
ñ) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario o a impedir que sean detectados los incumplimientos horarios.
o) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.
p) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuando no constituya falta muy grave.
q) El incumplimiento de las normas sobre bajas por enfermedad o accidente.
r) La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.
s) La ausencia injustificada del puesto de trabajo durante la jornada laboral.
t) Emplear o autorizar para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, salvo que por su escasa entidad constituya falta leve.
u) La falta de asistencia reiterada, sin causa justificada, a los programas de formación que estén inscritos, siempre que estos se desarrollen en horario laboral.
v) La negativa no motivada a participar como miembro de la junta electoral en las elecciones a representantes de personal.
w) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función, cuando no constituya falta muy grave.
x) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, desnaturalicen la misma valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, cuando desvirtuarla tenga por objeto la obtención de un beneficio propio o ajeno, o cause perjuicio a la Administración o a la ciudadanía.
Datos clave
- ¿Qué incumplimiento de jornada es falta grave (letra n)? → El incumplimiento injustificado que suponga un mínimo de diez horas al mes natural.
- ¿Cuándo es falta grave la tercera falta injustificada de asistencia (letra o)? → Cuando se produce en un período de tres meses y las dos anteriores fueron objeto de sanción por falta leve.
- ¿Cuándo es falta grave la simulación de enfermedad o accidente (letra r)? → Cuando comporte ausencia del trabajo.
- ¿Qué falta grave es el abuso de autoridad (letra l)? → El abuso de autoridad en el ejercicio del puesto de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de faltas graves: desobediencia, trato, daños, regalos, discreción, incompatibilidades, abuso de autoridad, jornada y control horario, asistencia, bajas, formación, informes sesgados y uso de medios oficiales, entre otras.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 180. Faltas leves
Son faltas leves: a) La falta de consideración, atención o respeto a la ciudadanía, a las personas superiores jerárquicas, compañeras o subordinadas, cuando no sea constitutiva de falta grave. b) No proporcionar a la ciudadanía la información debida, siempre que sea de la competencia de la unidad en la que presta sus funciones. c) Causar daños en los bienes y documentos de la Administración pública y no velar con la diligencia debida por su conservación, cuando tales conductas no sean constitutivas de faltas graves. d) Utilizar indebidamente los medios telemáticos que la Administración pública ha puesto a su disposición para el cumplimiento de sus funciones, cuando ello no constituya falta grave. e) Ausentarse injustificadamente del puesto de trabajo durante la jornada laboral, cuando no sea constitutiva de falta grave. f) No cumplimentar las encuestas que sobre los puestos de trabajo y sus funciones les sean remitidas por la Administración pública con el fin de racionalizar sus estructuras. g) Incumplir de forma injustificada el horario de trabajo, cuando no suponga falta grave. h) La falta de asistencia injustificada de un día. i) La falta de cuidado o la negligencia en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus tareas cuando tales conductas no sean constitutivas de falta grave. j) Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados públicos, así como de los principios éticos o de conducta, siempre que no sea calificado como falta grave o muy grave.
Datos clave
- ¿Qué falta de asistencia injustificada es falta leve (letra h)? → La de un día.
- ¿Cuándo es falta leve incumplir de forma injustificada el horario de trabajo (letra g)? → Cuando no suponga falta grave.
- ¿Qué incumplimientos genéricos son falta leve (letra j)? → Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones o de los principios éticos o de conducta, siempre que no sea falta grave o muy grave.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de faltas leves: casi todas son versiones menores de faltas graves («cuando no sea falta grave»), más dos propias: no rellenar las encuestas de puestos y faltar injustificadamente un día.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 182. Tipos de sanciones
Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio del personal funcionario, que en el caso del personal interino comportará la revocación de su nombramiento y la baja definitiva de las bolsas de trabajo. b) Despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo, sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, con funciones similares a las que desempeñaba. c) Revocación del nombramiento del personal funcionario interino o extinción del contrato laboral temporal con baja del derecho a ser llamado de las bolsas de trabajo durante el tiempo establecido en la sanción impuesta. d) Suspensión firme de las funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años. La suspensión firme de funciones conllevará en todo caso la pérdida de la totalidad de las retribuciones durante el período correspondiente al cumplimiento de la sanción impuesta. e) Traslado forzoso, con o sin cambio de centro orgánico, por el período que en cada caso se establezca. Dicho traslado forzoso podrá conllevar, en su caso, el cambio de localidad del centro de trabajo al que sea destinado el empleado público afectado. f) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. g) Apercibimiento. h) Obligación de realizar programas o cursos de formación sobre ética pública.
Datos clave
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme de funciones? → Seis años.
- ¿Qué conlleva en todo caso la suspensión firme de funciones? → La pérdida de la totalidad de las retribuciones durante el período de cumplimiento de la sanción.
- ¿En qué consiste el demérito? → En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- ¿Qué comporta el despido disciplinario del personal laboral? → La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocho tipos de sanciones disciplinarias, de la separación del servicio a los cursos de ética pública; la suspensión firme dura como máximo seis años y supone perder todas las retribuciones.
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Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco · Art. 183. Sanciones que pueden imponerse según el tipo de infracción
1. Por la comisión de faltas muy graves podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Separación del servicio del personal funcionario, que en el caso del personal funcionario interino comportará la revocación de su nombramiento y, en su caso, la baja definitiva de las bolsas de trabajo.
b) Despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo, sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, con funciones similares a las que desempeñaba.
c) Revocación del nombramiento del personal funcionario interino o extinción del contrato laboral temporal, con baja del derecho a ser llamado de bolsas de trabajo por un período entre dos años y un día y seis años.
d) Suspensión firme de funciones por un período entre dos años y un día y seis años.
e) Traslado forzoso a otro puesto y destino, con o sin cambio de centro orgánico o localidad, por un período como mínimo de un año y un día y máximo de tres años.
f) La pérdida de un nivel de desarrollo profesional ya acreditado.
g) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, con la suspensión de los efectos económicos del último grado alcanzado de desarrollo profesional o, en su caso, de un grado personal, o en la promoción o movilidad voluntaria, en la forma que reglamentariamente se determine, y con un máximo de cinco años.
2. Por la comisión de faltas graves podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión firme de funciones por un período entre treinta y un días y dos años.
b) Revocación del nombramiento en el caso del personal funcionario interino o extinción del contrato laboral temporal y suspensión del derecho a ser nombrado personal funcionario interino o laboral temporal por un período idéntico al previsto en la letra anterior.
c) Traslado forzoso a otro puesto y destino, con o sin cambio de centro orgánico, por el período máximo de un año.
d) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria, en la forma en que reglamentariamente se determine, y con un máximo de dos años.
3. Por la comisión de faltas leves podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión de funciones y retribuciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, por un período de uno a treinta días.
b) El apercibimiento, en función de la afectación a la imagen pública de la Administración.
c) La obligación de realizar programas o cursos de formación sobre ética pública y de cualquier otro contenido relacionado con la naturaleza de la infracción cometida.
4. El personal funcionario que haya sido sancionado con traslado forzoso con cambio de centro orgánico no podrá obtener nuevo destino por ningún procedimiento en el centro orgánico del que fue trasladado por un período desde un año y hasta tres años. Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó el traslado.
5. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.
Datos clave
- ¿Qué suspensión firme de funciones cabe por falta muy grave? → Por un período entre dos años y un día y seis años.
- ¿Qué suspensión firme de funciones cabe por falta grave? → Por un período entre treinta y un días y dos años.
- ¿Qué suspensión de funciones y retribuciones cabe por falta leve? → Por un período de uno a treinta días.
- ¿Qué duración tiene el traslado forzoso por falta muy grave? → Como mínimo un año y un día y como máximo tres años.
- ¿Cabe apercibimiento por falta leve? → Sí, en función de la afectación a la imagen pública de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concreta qué sanciones caben por faltas muy graves, graves y leves, con sus plazos: suspensión de 2 años y 1 día a 6 años, de 31 días a 2 años o de 1 a 30 días, traslados forzosos y deméritos.
Esquema
| Muy grave | Grave | Leve | |
|---|---|---|---|
| Duración | De 2 años y 1 día a 6 años | De 31 días a 2 años | De 1 a 30 días |
| Traslado forzoso | De 1 año y 1 día a 3 años | Máximo 1 año | — |
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 12/2023 de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento · Art. 30. Régimen disciplinario
El régimen disciplinario del personal funcionario de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento es el mismo que el del resto de las empleadas y los empleados públicos de la administración en la que se integren, con las peculiares tipificaciones que se contienen en los artículos siguientes derivadas del tipo de servicio.
Datos clave
- ¿Es un régimen disciplinario propio y distinto? → No, es el mismo que el del resto de empleados públicos de su administración, con tipificaciones peculiares añadidas.
- ¿De dónde derivan esas tipificaciones peculiares? → Del tipo de servicio, y se contienen en los artículos siguientes (faltas muy graves, graves y leves).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal funcionario de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento sigue el mismo régimen disciplinario que cualquier otro empleado público de su administración, pero con infracciones específicas añadidas por la naturaleza del servicio.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 12/2023 de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento · Art. 31. Faltas muy graves
Son faltas muy graves, además de las tipificadas en la legislación general del personal empleado público: a) No acudir a las llamadas de siniestros estando de servicio. b) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades o superiores de los que dependa, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones dadas por aquellos y aquellas. c) Consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o substancias psicotrópicas cuando repercuta o pueda repercutir en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes estando de servicio. d) La falsificación, sustracción, simulación o destrucción de documentos del servicio bajo custodia. e) La sustracción de material del servicio o de efectos del equipo personal. f) El hecho de solicitar o recibir gratificaciones por la prestación de cualquier tipo de servicio. g) Reiteración de faltas graves. Hay reiteración cuando al cometerse la falta, la persona infractora hubiera sido anteriormente sancionada mediante resolución firme por dos faltas graves que no hayan sido canceladas. h) El acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.
Datos clave
- El art. 31 tipifica 8 faltas muy graves (a-h), además de las de la legislación general de empleados públicos.
- ¿Cuándo hay reiteración de faltas graves (letra g)? → Cuando la persona hubiera sido antes sancionada por resolución firme por dos faltas graves no canceladas.
- ¿Qué falta muy grave es no acudir a las llamadas de siniestros (letra a)? → No acudir estando de servicio.
- ¿Qué se considera falta muy grave respecto al acoso (letra h)? → El acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 31 de la Ley 12/2023 enumera ocho conductas consideradas faltas muy graves para el personal de servicios de prevención y extinción de incendios, y define cuándo se produce la reiteración de faltas graves.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 12/2023 de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento · Art. 32. Faltas graves
Son faltas graves, además de las tipificadas en la legislación general del personal empleado público:
a) Los actos y las conductas que atenten contra la dignidad del funcionario o funcionaria, y contra la imagen y prestigio del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.
b) El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la superioridad de cualquier asunto que requiera de su conocimiento.
c) La actuación con abuso de las atribuciones, en perjuicio de la ciudadanía.
d) El uso del uniforme o del material del servicio en situaciones ajenas a la prestación del servicio.
e) Negarse a portar los equipos de protección individual que les sean requeridos en intervenciones o en la realización de prácticas.
f) El consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o substancias psicotrópicas, estando de servicio o negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
g) Negarse a facilitar un medio para ser localizados o localizadas fuera del horario laboral, ante posibles necesidades del servicio, o no atender de forma reiterada las llamadas por el medio facilitado.
h) El hecho de no comparecer estando franco de servicio cuando sean requeridos y requeridas para prestar auxilio en caso de incendio u otro siniestro, si la orden ha sido recibida por la persona interesada, salvo imposibilidad o causa justificada.
i) Negarse a someterse a las revisiones físicas y de medicina preventiva, y al reconocimiento médico específico de cada categoría.
j) Negarse a participar, sin causa justificada, en programas o cursos de formación de carácter obligatorio, o participar de manera que perturbe el correcto desarrollo de las acciones formativas.
k) El mal uso, o uso negligente del material y equipos del servicio.
l) Reiteración de faltas leves. Hay reiteración cuando al cometerse la falta, la persona infractora hubiera sido anteriormente sancionada mediante resolución firme por dos faltas leves que no hayan sido canceladas.
Datos clave
- El art. 32 tipifica 12 faltas graves (a-l), además de las de la legislación general de empleados públicos.
- ¿Cuándo hay reiteración de faltas leves (letra l)? → Cuando la persona hubiera sido antes sancionada por resolución firme por dos faltas leves no canceladas.
- ¿Qué falta grave supone no facilitar un medio de localización (letra g)? → Negarse a facilitarlo fuera del horario laboral, o no atender de forma reiterada las llamadas por ese medio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Doce faltas graves propias de los bomberos, que se suman a las de la legislación general del empleo público: dignidad e imagen, uniforme, EPI, alcohol y drogas, localización, no comparecer estando franco, formación y reiteración de leves.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 12/2023 de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento · Art. 33. Faltas leves
Son faltas leves, además de las tipificadas en la legislación general del personal empleado público: a) El descuido en la presentación personal. b) No presentarse al correspondiente relevo de turno debidamente uniformado, sin causa justificada. c) El incumplimiento de cualquiera de las funciones básicas, cuando no sea calificado como falta grave o muy grave.
Datos clave
- El art. 33 tipifica 3 faltas leves (a-c): descuido en la presentación personal, no presentarse uniformado al relevo sin causa justificada, e incumplimiento de funciones básicas no calificado como grave o muy grave.
- ¿Cuándo el incumplimiento de funciones básicas es falta leve (letra c)? → Cuando no sea calificado como falta grave o muy grave.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres faltas leves propias del personal de los servicios de incendios y salvamento, que se suman a las de la legislación general del empleo público: presentación personal, relevo sin uniforme e incumplimiento menor de funciones básicas.