Tema 9 — La Justicia de Paz. El Juez o Jueza de Paz, la Oficina de Justicia en el Municipio y las Agrupaciones

El art. 99 LOPJ, en la redacción dada por la LO 1/2025, dispone que en cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia habrá un juez o jueza de paz, con jurisdicción limitada al término municipal correspondiente.

La Justicia de Paz constituye así el escalón más elemental de la planta judicial: se organiza por exclusión, cubriendo únicamente aquellos municipios que carecen de un Tribunal de Instancia con sede propia, es decir, la generalidad de los municipios pequeños que no son capital de partido judicial. El ámbito territorial de la jurisdicción del juez de paz coincide exactamente con el término municipal, sin extenderse a otros municipios ni quedar limitado a una parte de aquél.

Esta configuración explica que el Juzgado de Paz no tenga la consideración de órgano profesionalizado de la Administración de Justicia en sentido estricto —sus titulares no pertenecen necesariamente a la Carrera Judicial, como se verá al tratar los requisitos de nombramiento—, sino que constituye una fórmula de proximidad y descentralización que garantiza presencia judicial en el ámbito local incluso donde no existe estructura judicial permanente.

El art. 100.1 LOPJ atribuye a los Juzgados de Paz, en el orden civil, la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine, así como el cumplimiento de las demás funciones que la ley les atribuya.

La remisión a «los procesos que la ley determine» significa que la competencia civil de los Juzgados de Paz no se define de forma cerrada en la propia LOPJ, sino que exige acudir a la legislación procesal específica (fundamentalmente la Ley de Enjuiciamiento Civil) para conocer el elenco concreto de asuntos que pueden sustanciarse ante ellos. Con carácter general, esta competencia se ha limitado tradicionalmente a asuntos civiles de escasa cuantía y complejidad, coherente con la naturaleza no necesariamente togada de sus titulares.

Además de la función jurisdiccional propiamente dicha, los Juzgados de Paz cumplen las demás funciones que las leyes les atribuyan, lo que históricamente ha incluido funciones de Registro Civil en los municipios donde no existe oficina propia, aunque esta materia se rige por su normativa específica.

El art. 100.2 LOPJ, modificado por la LO 1/2025, atribuye a los Juzgados de Paz el conocimiento, en el orden penal, en primera instancia, de los procesos por delito leve que les atribuya la ley.

Además de esta competencia de enjuiciamiento, los Juzgados de Paz pueden intervenir en actuaciones penales de prevención, o por delegación, así como en aquellas otras que señalen las leyes. Esta función de prevención es característica de la posición del juez de paz como primera autoridad judicial disponible en el municipio, con capacidad para realizar diligencias urgentes antes de que intervenga el órgano judicial competente en sentido pleno.

La competencia penal de los Juzgados de Paz se ha reducido progresivamente con las sucesivas reformas del Código Penal y de la LECrim, quedando ceñida en la actualidad a los delitos leves que expresamente les atribuya la ley, mientras que la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos más graves corresponden a las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia.

El art. 101.1 LOPJ dispone que los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recae, en todo caso, en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.

El art. 101.2 regula el procedimiento de esa elección municipal: los Jueces de Paz y sus sustitutos son elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera ningún solicitante, el Pleno elige libremente.

Esta doble intervención —elección municipal y nombramiento por la Sala de Gobierno del TSJ— refleja la naturaleza híbrida de la Justicia de Paz: la selección de la persona corresponde a la corporación local, expresión de la proximidad territorial de la institución, mientras que la investidura formal como titular de un órgano jurisdiccional corresponde al órgano de gobierno judicial competente, garantizando así su integración en la estructura del Poder Judicial.

El art. 101.3 LOPJ establece que, aprobado el acuerdo municipal de elección, éste será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno del TSJ para su nombramiento definitivo.

El art. 101.4 prevé una vía subsidiaria: si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta, la Sala de Gobierno del TSJ procederá a designar directamente al Juez de Paz. Se actúa del mismo modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reúna, a juicio de la Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones legalmente exigidas.

El art. 101.5 cierra el procedimiento: los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción en ese momento. Este mecanismo de subsidiariedad —designación de oficio por la Sala de Gobierno tras tres meses de inactividad municipal, o cuando el candidato propuesto no reúna los requisitos— asegura que ningún municipio quede sin Juez de Paz por falta de impulso del Ayuntamiento.

El art. 102 LOPJ permite ser nombrado Juez de Paz, tanto titular como sustituto, a quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la LOPJ para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales.

Este precepto contiene la excepción más característica del régimen de la Justicia de Paz: a diferencia de los Jueces y Magistrados de carrera —que forman un Cuerpo único de licenciados o graduados en Derecho seleccionados por oposición—, el Juez de Paz no necesita titulación jurídica, lo que es coherente con la naturaleza lega y de proximidad de la institución.

Se exceptúa expresamente una de las causas generales de incompatibilidad judicial: el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, que sí es compatible con el cargo de Juez de Paz, a diferencia de lo que ocurre con los miembros de la Carrera Judicial, sujetos al régimen de dedicación e incompatibilidad propio de su estatuto.

El art. 103.1 LOPJ dispone que los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y que tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

El art. 103.2 regula el cese: los Jueces de Paz y sus sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato —los cuatro años previstos en el art. 101.1— y por las mismas causas que afectan a los Jueces de carrera, en cuanto les sean de aplicación dada su condición no profesional.

Este régimen de retribución y tratamiento equiparado a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción, combinado con un mandato temporal de cuatro años sujeto a renovación mediante nueva elección municipal, cierra el estatuto jurídico de la Justicia de Paz tal y como resulta de los arts. 99 a 103 de la LOPJ.

El art. 439 ter LOPJ define las Oficinas de Justicia en los municipios como aquellas unidades que, sin estar integradas en la estructura de la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la prestación de servicios a la ciudadanía de los respectivos municipios. En cada municipio donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia existe una Oficina de Justicia, en la que el juez o jueza de paz dispone de recursos y espacios suficientes y adecuadamente señalizados (art. 439 ter.1-2).

Las instalaciones y medios instrumentales de estas oficinas corren a cargo del Ayuntamiento respectivo, salvo que convenga su gestión total o parcial por el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias asumidas; los sistemas y equipos informáticos los facilita el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma competente (art. 439 ter.3). Los Presupuestos Generales del Estado establecen un crédito para subvencionar a los ayuntamientos por la atención de estos conceptos y, en su caso, del personal que preste servicio en ellas, modulado en función del número de habitantes; en las comunidades autónomas con traspaso de funciones en materia de medios materiales y económicos, la subvención se dota y libra por la propia comunidad autónoma (art. 439 ter.4).

El art. 439 quater LOPJ enumera los servicios que se prestan en las Oficinas de Justicia: la asistencia al juez o jueza de paz en el ejercicio de sus funciones; la práctica de actos de comunicación procesal con residentes en el municipio que no se hayan podido realizar por medios electrónicos; y los servicios propios de oficina colaboradora del Registro Civil. Cuando el desarrollo de las herramientas informáticas lo permita, se prestan también otros servicios: actuaciones procesales mediante videoconferencia, recepción de solicitudes de justicia gratuita, gestión de peticiones ciudadanas dirigidas a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, colaboración con los medios adecuados de solución de controversias, y apoyo al desempeño ocasional de la actividad laboral del personal de la Administración de Justicia.

El art. 439 quinquies LOPJ dispone que las Oficinas de Justicia de municipios de más de 7.000 habitantes, y aquellas otras en las que la carga de trabajo lo justifique, están servidas por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, correspondiendo su determinación al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias asumidas. En todo caso, la Secretaría de estas Oficinas de Justicia es desempeñada por personal del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

El Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas competentes pueden establecer agrupaciones de Oficinas de Justicia de municipios limítrofes de un mismo partido judicial para la prestación de servicios a la ciudadanía, determinando el municipio cabecera de la agrupación. La Oficina de Justicia del municipio cabecera debe estar dotada con personal de la Administración de Justicia, que presta sus servicios en todas las Oficinas de Justicia integradas en la agrupación conforme al régimen de atención que se determine. Para la atención de las Oficinas de Justicia de municipios agrupados que no estén dotadas con personal de la Administración de Justicia, los ayuntamientos nombran personal funcionario, laboral o, en su defecto, persona idónea para auxiliar al personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, sin que este auxilio comprenda actuaciones reservadas a dicho personal. La designación debe recaer en personas mayores de edad no incursas en causas que impidan el ejercicio de un cargo público.

• Art. 99 LOPJ: juez o jueza de paz en cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia; jurisdicción limitada al término municipal.
• Art. 100.1 LOPJ: competencia civil en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine.
• Art. 100.2 LOPJ: competencia penal en primera instancia sobre delitos leves; intervención en actuaciones penales de prevención o por delegación.
• Art. 101.1 LOPJ: nombramiento por la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente, para un mandato de 4 años.
• Art. 101.2 LOPJ: elección por el Pleno del Ayuntamiento, con voto favorable de mayoría absoluta de sus miembros.
• Si no hay solicitantes, el Pleno del Ayuntamiento elige libremente (art. 101.2).
• Art. 101.3 LOPJ: el acuerdo municipal se remite al Juez de Primera Instancia e Instrucción, que lo eleva a la Sala de Gobierno.
• Art. 101.4 LOPJ: si el Ayuntamiento no propone en 3 meses desde la vacante, la Sala de Gobierno designa directamente al Juez de Paz.
• Art. 101.4 LOPJ: la Sala de Gobierno también designa de oficio si el propuesto no reúne los requisitos, oído el Ministerio Fiscal.
• Art. 101.5 LOPJ: juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción; toma de posesión ante quien ejerza la jurisdicción.
• Art. 102 LOPJ: no se exige licenciatura en Derecho; se exigen los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial salvo la titulación.
• Art. 102 LOPJ: se exceptúa la incompatibilidad de actividades profesionales o mercantiles, que sí es compatible con el cargo.
• Art. 103.1 LOPJ: tratamiento y precedencia equiparados a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
• Art. 103.2 LOPJ: cese por transcurso del mandato de 4 años o por las mismas causas que los Jueces de carrera.
• Art. 439 ter LOPJ: las Oficinas de Justicia en los municipios no están integradas en la estructura de la Oficina judicial; existen en todo municipio sin sede de Tribunal de Instancia.
• Art. 439 ter.3 LOPJ: instalaciones y medios a cargo del Ayuntamiento; equipos informáticos facilitados por el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma competente.
• Art. 439 quater LOPJ: entre sus servicios, la asistencia al juez de paz y la colaboración como oficina del Registro Civil.
• Art. 439 quinquies LOPJ: las Oficinas de municipios de más de 7.000 habitantes están servidas por funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia; la Secretaría corresponde siempre al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
• Art. 439 quinquies LOPJ: pueden constituirse agrupaciones de Oficinas de Justicia de municipios limítrofes de un mismo partido judicial, con un municipio cabecera.